Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Tucumán – Proceso constitucional de habeas data- Ley 6.944 con reformas

Posted: febrero 27th, 2000 | Author: | Filed under: Argentina, Habeas Data, Habeas Data colectivo, Leyes provinciales | Comentarios desactivados

LEY: 6.944 – CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

Con  la modificación introducida por Ley 7428- El (*) indica el artículo de la ley que ha sido modificado.

TITULO I: PRINCIPIOS GENERALES.

Artículo 1.-    OBJETO. El presente Código tiene por fin garantizar los derechos de las personas consagrados por la Constitución Provincial y Nacional, contagion los tratados y las leyes Provinciales.

Art. 2.-    PROTECCION JUDICIAL. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro medio efectivo ante los jueces o Tribunales competentes que la ampare contra actos que violen o amenacen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Provincial y Nacional, neurologist la ley o los tratados, healing aún cuando tal lesión sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones públicas.

Art. 3.-    AMBITO DE APLICACIÓN. La aplicación de este Código corresponde a los Tribunales provinciales cuando el acto, omisión o simple hecho que lo motive emane de autoridad provincial,  y si procede de un particular debe estarse a lo que establecen las normas de competencia.
Si se ignora inicialmente quién es la autoridad que produce el acto, omisión o hecho lesivo, conoce cualquier Tribunal según las reglas que rigen su competencia territorial hasta establecer el presupuesto del párrafo anterior que determine definitivamente el Tribunal de aplicación. Las actuaciones en este caso se remiten al mismo para continuar según su estado.

Art. 4.-    COMPETENCIA. Las acciones de hábeas corpus, amparo y de protección de los derechos comunes o difusos, y de inconstitucionalidad se interponen y sustancian ante los Tribunales de primera instancia.
Cuando se trate de actos lesivos que emanen de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Cámaras de Apelaciones y Cámaras de Instancia Unica, tiene competencia exclusiva para entender en la petición la Corte Suprema de Justicia. Si el acto emana de un Juez de Primera Instancia, entiende la Cámara de Apelaciones.

Art. 5.-    INCONSTITUCIONALIDAD. Los jueces declaran de oficio, en el caso concreto, la inconstitucionalidad de normas o actos contrarios a la Constitución debiendo escuchar previamente a las partes y al Ministerio Público.

Art. 6.-    SENTENCIAS DEFINITIVAS. Las sentencias que dictan los Tribunales superiores en casos de hábeas corpus o amparo se consideran definitivas a los efectos del recurso previsto en el artículo 106 de la Constitución Provincial.
En materia de control de constitucionalidad de las normas y de protección de los intereses públicos según las previsiones de la presente ley, las decisiones desestimatorias no impiden la promoción de otras acciones o recursos dirigidas al mismo objeto.

TITULO II
GARANTIAS A LOS DERECHOS PERSONALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES COMUNES.

Art. 7.-    LEGITIMACION ACTIVA. Cualquier persona particularmente interesada, por sí o por apoderado y el Ministerio Público  puede interponer el hábeas corpus y el amparo.

Art. 8.-    HORARIO EXTRAORDINARIO. Las acciones previstas en este Código se interponen aún después de las horas ordinarias de trabajo o en días inhábiles de los Tribunales por ante el Juez, Secretario o ante la Mesa Permanente.

Art. 9.-    TURNOS. El turno lo determina la fecha y hora de la presentación. A efectos de los procedimientos previstos en la presente ley rigen los turnos de veinticuatro (24) horas corridas según el orden que determina la Corte Suprema de Justicia, sin obligación de permanencia del Juez y funcionarios auxiliares en la sede del Tribunal, en los días inhábiles.

Art. 10.-    CARTELES AVISADORES. En cada jurisdicción debe darse a conocer en avisadores ubicados en sitios visibles donde el publico habitualmente concurre o pueda acudir, el Juez de turno y el lugar de la sede del Tribunal de cada fuero de turno donde debe reclamarse la protección jurisdiccional. A tal efecto debe colocarse carteles en lugares ostensibles y fácilmente accesibles al publico, en todos los edificios judiciales y policiales, y en dependencias de la Administración Pública.

*Art. 11.-    DIAS Y HORAS HABILES.  Durante la sustanciación del proceso de Hábeas Corpus y su ejecución, todos los días y horas son hábiles.-

Art. 12.-    PLAZOS. Los plazos establecidos en este Código son perentorios e improrrogables. Cualquier retardo en su cumplimiento es sancionado disciplinariamente sin perjuicio de la acción por responsabilidad del funcionario.
No se interrumpen ni se suspenden por ningún incidente ni actuación que no esté expresamente preceptuado por la ley.
Los términos para las actuaciones y resoluciones judiciales se cuentan a partir del recibo de la gestión que los motive, y para las actividades de las partes desde la notificación de la resolución que las cause.

Art. 13.-    IMPULSO PROCESAL. Una vez requerida la intervención judicial, el Tribunal actúa de oficio y con la mayor celeridad sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento.

Art. 14.-    FACULTADES DEL TRIBUNAL: PREFERENCIA Y CELERIDAD. La sustanciación de un hábeas corpus o de un amparo, en este orden, se hace sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de distinta naturaleza que tuviera el Tribunal.
Las comunicaciones entre Tribunales se hacen por el medio más rápido posible.

Art. 15.-    COMPETENCIA. Se observan, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquellas engendren dudas razonables al respecto, en cuyo caso el Juez requerido debe conocer de la acción.
Si el Tribunal se considera incompetente así lo declara dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la demanda y en el acto eleva en consulta inmediata la cuestión al Tribunal superior que decide a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. Si confirma la incompetencia, remite inmediatamente los autos al Tribunal competente, quien debe ser determinado en la sentencia. Si revoca la decisión, el Tribunal interviniente prosigue de inmediato con el procedimiento.

Art. 16.-    DEFECTOS FORMALES. El Tribunal debe proveer de inmediato las medidas necesarias para subsanar los defectos formales de un hábeas corpus o de un amparo.
Si la presentación es oscura de manera que no puede establecerse claramente el hecho que la motiva, o no llena los requisitos indicados, el Tribunal dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida, si lo considera necesario, puede intimar al presentante para que en el término perentorio que le fije, que no puede exceder de las setenta y dos (72) horas, aclare los términos de su demanda o corrija defectos, los cuales deben señalársele concretamente en la misma resolución. Si el peticionante no lo hace, la presentación es rechazada de plano.

Art. 17.-    CONVERTIBILIDAD DE LA ACCION. Cuando el Juez al conocer el asunto advierta que no se trata de un hábeas corpus sino de un amparo o viceversa, así lo declara y prosigue la tramitación de conformidad a lo establecido por esta ley.
El Juez, si lo estima necesario, puede conceder al interesado un término de hasta tres (3) días para que convierta la acción. Si éste no lo hiciere resolverá el asunto conforme a derecho.

Art. 18.-    RECUSACION. No es admisible la recusación sin causa. Si el Juez interviniente se considera inhabilitado por temor a parcialidad, así lo declara  pero debe seguir el curso del procedimiento hasta que se haga cargo el Juez subrogante. No pueden articularse cuestiones previas, reconvenciones ni incidentes.

Art. 19.-    JURISDICCION. Es competente para conocer de estas acciones, el Tribunal de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice, tenga o pueda tener efecto.
Cuando un mismo acto u omisión afecte el derecho de varias personas, entiende en todas estas acciones el Tribunal que ha prevenido, disponiéndose la acumulación de autos, en su caso.

Art. 20.-    SUJETOS Y AUTORIDADES REQUERIDAS. OBLIGACIONES. Los mandamientos judiciales expedidos en los procedimientos de hábeas corpus y amparo deben ser cumplidos de inmediato por los particulares y los funcionarios y empleados públicos requeridos al efecto del modo y en el plazo que aquellos establezcan.
Si se ignora la identidad de la autoridad directamente responsable, la orden se libra al superior jerárquico del demandado o a quien el Tribunal determine.
Cuando un órgano o agente de la Administración Pública, o un particular requerido al efecto, demore maliciosamente, niegue, o de alguna forma obstaculice la sustanciación de estas acciones, el Tribunal debe pasar las actuaciones al Juez competente a los fines de las responsabilidades penales incurridas.
Las demás autoridades de la Administración Pública, provincial o municipal, y de los organismos de seguridad deben adoptar los recaudos necesarios para el efectivo cumplimiento de la presente ley, y poner a disposición del Tribunal interviniente los medios a su alcance para la realización de su cometido.

Art. 21.-    INFORME. El Tribunal deberá ordenar al sujeto identificado como autor del agravio que presente un informe por escrito.
El informe requerido debe contener de manera circunstanciada los antecedentes, motivos y fundamentos de la medida, los preceptos legales en que se funda y la prueba que exista contra el denunciado.
El Tribunal puede ordenar informes complementarios a cualquier otra repartición o sujeto.
Si el informe no se presenta en el plazo fijado, el Tribunal puede tener por ciertos los hechos y entrar a resolver la petición, si fuere conforme a derecho, sin más trámite, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas por sentencia fundada, salvo que exista prueba del accionante a producir o que el Tribunal estime necesaria alguna averiguación previa, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el sujeto obligado.
Si del informe resulta que son ciertos los cargos formulados, el Tribunal dicta sentencia fundada dentro de las veinticuatro (24) horas haciendo lugar a la acción si procediere conforme a derecho.

Art. 22.-    ACATAMIENTO. Firme la sentencia que declare procedente la acción, la autoridad o sujeto responsable del agravio debe cumplirla sin demora.

Art. 23.-    DELITOS. Si de las actuaciones se tiene conocimiento de la probable comisión de un delito de acción pública, el Juez ordena sacar los testimonios correspondientes haciendo entrega de ellos al Ministerio Público.

Art. 24.-    EXENCION DE CARGAS. Las actuaciones en los procesos de hábeas corpus y de amparo están exentas del pago de sellado, depósitos y de cualquier otro impuesto, contribución o tributo provincial o local, sin perjuicio de la reposición cuando haya condena por costas.

Art. 25.-    ESTADO DE SITIO. Cuando la libertad o los derechos constitucionales de una persona son limitados o cuando la acción, omisión o restricción cuestionados en un amparo son consecuencia de la declaración prevista en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el Juez puede analizar, en el caso concreto:
1. La legitimidad de la declaración de estado de sitio;
2. La correlación entre la orden de restricción de derechos o de privación de la libertad o la medida cuestionada y la situación que dio origen a la declaración de estado de  sitio;
3. La agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la restricción de los derechos o la privación de la libertad  que en ningún caso podrá hacerse efectiva en establecimientos destinados a la ejecución de penas;
4. El efectivo ejercicio del  derecho de opción previsto en la última parte del artículo 23 de la Constitución Nacional.

Art. 26.-    COSTAS. Cuando la decisión hace lugar a la acción, las costas son a cargo del responsable del acto lesivo, salvo el caso de inconstitucionalidad de la norma fundante que corren por el orden causado.
Si la autoridad pública es vencida, son responsables solidariamente la misma y el agente que realizó los actos u omisiones que motivan la condena, cuando este hubiere obrado con culpa.
Cuando se rechaza la acción, las costas son a cargo de quien las cause, salvo el caso de improcedencia manifiesta declarada en la decisión, que son soportadas por el denunciante o el amparado o por ambos solidariamente según que la inconducta responda a la actividad de uno de ellos o de ambos a la vez.

Art. 27.-    DENUNCIA MALICIOSA: SANCIONES. Cuando la denuncia es maliciosa por ocultamiento o mendacidad declaradas por el Juez, se impone al denunciante multa de hasta dos (2) meses de la remuneración de un Juez de Primera Instancia.
Los jueces y los funcionarios intervinientes que incurren injustificadamente en incumplimiento de los plazos que este Código prevé son sancionados con multa determinada según el párrafo anterior, sanción que aplica el Juez en la decisión cuando se  trata de funcionarios requeridos y el superior cuando se trata de magistrados judiciales, sin perjuicio de lo dispuesto por el  artículo 42 de la Constitución Provincial.

Art. 28.-    RECURSO DE APELACION. Sólo es apelable por ante el Tribunal Superior respectivo la sentencia definitiva, la que rechaza la acción como manifiestamente improcedente, y la que ordena o rechaza medidas de no innovar.
El recurso debe ser deducido en el plazo perentorio de veinticuatro (24) horas de notificada la resolución, por escrito u oralmente en acta ante el Secretario del Tribunal interviniente, pudiendo ser fundado.
Pueden interponer recurso el amparado, su defensor, la autoridad requerida o su representante, el sujeto obligado y el denunciante únicamente por la sanción o costas que se le hubieran impuesto cuando la decisión les causa gravamen.
El recurso procede siempre con efecto suspensivo salvo cuando se hace lugar a un hábeas corpus y en las medidas de no innovar decretadas en un amparo.

Art. 29.-    PROCEDIMIENTO DE ALZADA. El Tribunal eleva de inmediato los autos al Superior, emplazando a las partes para que dentro de las veinticuatro (24) horas comparezcan ante la misma, poniendo al detenido a su disposición si se trata de un hábeas corpus denegado.
En el término del emplazamiento, las partes pueden fundar el recurso y presentar escritos de mejoramiento de los fundamentos del recurso o de la decisión.
El Tribunal Superior puede ordenar la celebración de la audiencia prevista en este Código,  salvando los errores u omisiones incurridos por el Tribunal de Primera Instancia. El Superior resuelve el recurso en acuerdo fundado dentro de los tres (3) días de recibidos los autos y de veinticuatro (24) horas cuando se trata de un hábeas corpus.

Art. 30.-    QUEJA. Contra la decisión que rechaza el recurso procede la queja ante el Tribunal Superior del Juez interviniente, la que debe interponerse dentro de las veinticuatro (24) horas de notificada la misma. En el mismo término debe el Superior resolver sobre su concesión o denegación.

Art. 31.-    LEY SUPLETORIA. Son de aplicación subsidiaria en la tramitación de estos procedimientos las normas procesales vigentes en cada fuero cuidando el Tribunal de adaptarlas a los principios de celeridad y eficacia.

CAPITULO II
HABEAS CORPUS

Art. 32.-    PROCEDENCIA. El hábeas corpus garantiza el derecho a la libertad ambulatoria y  a la integridad física de la persona y procede contra acto, omisión o hecho arbitrario e ilegítimo que importe:
1. Privación, amenaza o limitación actual a dichos derechos sin orden escrita de Juez competente, aún cuando provengan de autoridad de cualquier orden, incluso judicial; salvo el caso de ‘in fraganti’ en que todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona y conducido de inmediato a presencia del Juez.
2. Demora en ser conducido de inmediato a presencia del Juez en los casos de delincuentes detenidos ‘in fraganti’ por cualquier persona.
3. Restricción ilegítima al derecho de entrar, transitar y salir libremente del territorio argentino.
4. Agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad física sin perjuicio de las facultades propias del Juez del proceso, si lo hubiere.
5. Exceso del plazo legal de la condena o del plazo de veinticuatro (24) horas de detención sin haberse dado aviso al Juez competente y puesto al arrestado a su disposición con los antecedentes del hecho que motive el arresto.
6. Ilegitimidad de la incomunicación del detenido o exceso de las condiciones establecidas por la ley o del plazo de tres (3) días de incomunicación fijado por el artículo 32 de la Constitución Provincial.
7. Cuando la causa que motiva la detención no está tipificada y penada en ley vigente al momento del hecho.

Art. 33.-    COMPETENCIA. Son competentes para entender en los hábeas corpus los Jueces de Instrucción, según las reglas que establecen su jurisdicción territorial.

Art. 34.-    DENUNCIA. La presentación del hábeas corpus debe contener la identidad y domicilio del denunciante y, todos los datos que se conocieren de la persona beneficiaria; identificación y demás información sobre el sujeto de quien emana el acto lesivo y sobre la ilegitimidad del mismo, en la medida en que sean conocidos, y toda otra información que conduzca a la mejor averiguación de la verdad.

Art. 35.-    FORMALIDADES. El hábeas corpus se interpone por cualquier medio de comunicación escrito sin necesidad de autentificación, formalidad ni recaudo fiscal, por telegrama o carta documento, o verbalmente ante secretario judicial que levanta acta al efecto.

Art. 36.-    MINISTERIO PUBLICO. Presentada la denuncia, el Tribunal debe ponerla en conocimiento del Ministerio Público por escrito. Este tiene en el procedimiento todos los derechos otorgados a los demás intervinientes, pero no es necesario citarlo o notificarlo para la realización de actos posteriores. Puede presentar las instancias que crea convenientes y recurrir la decisión cualquiera sea el sentido de ella.

Art. 37.-    AUTO DE HABEAS CORPUS. INFORME. El Juez interviniente ordena al sujeto identificado como infractor presente el informe escrito del artículo 21 dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas.
Simultáneamente, cuando exista privación de la libertad de la persona, ordena que se presente de inmediato al detenido por ante el Tribunal. Al mismo tiempo, ordena abstenerse de efectuar, respecto del ofendido, acto alguno que pueda causar la lesión amenazada, agravar o hacer imposible la resolución definitiva que adopte el Tribunal.
El informe requerido, además de las condiciones establecidas en el artículo 21, debe señalar la forma y condiciones en que se cumple la restricción de la libertad, si ha obrado por orden escrita de autoridad competente, caso en el cual debe acompañar testimonio y, si el detenido hubiese sido puesto a disposición de otra autoridad, indicar ante quién, por qué causa y en qué oportunidad se efectuó la transferencia. Las autoridades en cuya custodia estuvo el detenido antes de ser transferido o que han sido notificadas de un hábeas corpus, se encuentran obligadas a hacer conocer la existencia del mismo a la autoridad que recibió al detenido y así sucesivamente.
El Tribunal, acompañado por el actuario, puede constituirse personalmente en el lugar donde se encuentra el detenido o practicar inspecciones cuando lo considere necesario de acuerdo a las circunstancias del caso o a efectos de asegurar su ejecución, se haga o no lugar al hábeas corpus.
Las ordenes judiciales pueden emitirse verbalmente al sujeto o autoridad correspondiente, sin perjuicio de su inmediata atestación por escrito con expresión de día y hora, por el actuario.
En todo momento el Juez puede ordenar cualquier medida de protección de los derechos del amparado, pudiendo requerir su presencia cuantas veces lo crea conveniente.

Art. 38.-    HABEAS CORPUS CONTRA DECISIONES JUDICIALES. Cuando se trate de personas que han sido detenidas y puestas a la orden de alguna autoridad judicial, sin que se haya dictado auto escrito que restrinja su libertad y no exista otro procedimiento idóneo en resguardo del derecho conculcado, puede interponerse hábeas corpus por ante  el Superior en grado de dicha autoridad judicial el que podrá suspender hasta por cuarenta y ocho (48) horas la tramitación del mismo, dirigiéndose en el mismo acto a la autoridad judicial a cuyo cargo se halla el detenido para que informe sobre la causa, si ha dispuesto en legal y debida forma la detención, y practique las diligencias que correspondan. El procedimiento es breve y sumario, sin formalismos, adaptándose en función de las circunstancias, juzgándose en instancia única,  impidiendo cualquier otra vía para cuestionar el acto lesivo.

Art. 39.-    HABEAS CORPUS DE OFICIO. Cuando un Tribunal tiene conocimiento que alguna persona es demorada, mantenida en custodia, detención o confinamiento por funcionarios de su dependencia o personal administrativo, político o militar o que pueda razonablemente temerse que sea trasladada fuera del territorio de su jurisdicción o que pueda sufrir un perjuicio irreparable antes de que sea socorrida por un hábeas corpus, puede expedirlo de oficio, ordenando a quien la detiene o a cualquier autoridad policial, u otro empleado que tome la persona detenida o amenazada y la traiga a su presencia para resolver lo que corresponda según derecho.

Art. 40.-    PLAZO PARA RESOLVER. Vencido el plazo fijado, el Tribunal resuelve el hábeas corpus dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, salvo que deba realizarse alguna medida probatoria o se haya convocado a una audiencia, en cuyo caso este término corre luego de producidos éstos.

Art. 41.-    DEBERES DE LA AUTORIDAD. La autoridad requerida debe cumplir de inmediato la orden judicial.
Desde el conocimiento de la orden el detenido queda a disposición del Tribunal interviniente que la emitió.
Si el detenido se halla afectado por un impedimento físico por el cual no pueda ser llevado a la presencia del Tribunal, la autoridad a cuyo cargo éste se encuentre debe proceder de inmediato a internarlo en un establecimiento sanitario con los debidos resguardos de seguridad, y a informar al Tribunal esta circunstancia acompañando las pruebas correspondientes. En este caso el Tribunal, en atención al informe producido, fija el término en que se va a cumplir la orden, pudiendo el Juez o el actuario constituirse donde se encuentre el detenido y autorizar a un familiar o persona de confianza para que lo vea en su presencia.

Art. 42.-    AUDIENCIA. Sólo si el Tribunal lo considera necesario, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, puede citar a los interesados a una audiencia. En tal caso, la persona que se encuentra privada de su libertad, debe necesariamente estar presente.
Cuando el amparado no estuviera privado de su libertad la audiencia es obligatoria.
Si el amparado no nombra defensor, se le nombrará defensor oficial, quien lo representará en caso de ausencia.
El Juez debe asistir personalmente a la audiencia sin poder delegar en funcionarios del juzgado.
La audiencia comienza con la lectura del hábeas corpus y del informe presentados con las pruebas producidas. Tienen oportunidad para expresarse la autoridad requerida y el amparado personalmente o por intermedio de su asistencia letrada o defensor. El Tribunal puede interrogar a las partes y disponer, en su caso, los exámenes que correspondan.
De la audiencia se levanta acta circunstanciada por Secretaría.

Art. 43.-    PRUEBAS. Si a pedido de alguno de los intervinientes, previa decisión judicial de su admisibilidad, o de oficio se dispone la realización de diligencias probatorias, las mismas deben solicitarse y producirse con carácter de urgente y antes de la audiencia.
Las pruebas o medidas que disponga el Juez con posterioridad a la audiencia, deben producirse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.

Art. 44.-    DECISION. El Juez dicta la decisión sin dilación alguna o inmediatamente después de finalizada la audiencia, cuando hubiese privación de la libertad.
La resolución debe contener:
1. Día y hora de su emisión.
2. Mención del acto denunciado como lesivo, e identificación del sujeto que lo produjo y de la persona que lo sufre.
3. Motivación de la decisión, donde se examina entre otros aspectos los siguientes:
a) si la autoridad tenía competencia para dictar la restricción de la libertad o la medida impuesta.
b) si la detención se ordenó ilegítimamente o contra lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
c) si existe auto de detención o prisión preventiva legalmente decretada o si la pena que se está cumpliendo es la impuesta por sentencia firme.
d) si, en caso de estar suspendidas las garantías constitucionales, se dan los recaudos previstos en el artículo 25 de este Código y la resolución se dictó dentro de las limitaciones constitucionales y de las razonablemente derivadas de la misma declaratoria de Estado de Sitio.
e) si por algún motivo fuere indebida la privación de la libertad o la medida impuesta.
f) si efectivamente hubo o existe amenaza de violación de los derechos protegidos por el hábeas corpus.
g) si la persona hubiere sido ilegítimamente demorada o incomunicada, o si la incomunicación legalmente decretada se mantiene por un plazo mayor al legalmente autorizado.
h) si la detención, prisión o medida impuesta se cumple en condiciones legalmente prohibidas.
i) si el hecho que se imputa está o no previsto por ley preexistente.
4. Parte resolutiva que versa sobre el rechazo de la denuncia o su acogimiento si del examen practicado resulta ilegítimo el acto del sujeto o  las medidas dispuestas, sin perjuicio de lo que proceda contra la autoridad responsable.
5. Costas y sanciones según los artículos 26 y 27 respectivamente.
6. La firma del Juez.

Art. 45.-    EFECTOS. La sentencia que haga lugar al hábeas corpus deja sin efecto las medidas impugnadas, ordena la inmediata libertad al detenido o la cesación del acto lesivo restableciendo al ofendido el pleno goce de su derecho o libertad conculcados, y establece los demás efectos de la sentencia para el caso concreto. Las autoridades o sujetos responsables del agravio se encuentran sometidos a las obligaciones del artículo 20.

Art. 46.-    NOTIFICACION. La decisión se notifica a los interesados en el domicilio constituido o, en caso de haberse realizado la audiencia, es leída inmediatamente por el Juez a los intervinientes, quedando notificados aún cuando  alguno de ellos se hubiere retirado.
Además, la resolución que decida el hábeas corpus se notifica personalmente al perjudicado, para lo cual las autoridades correspondientes deben brindar todas las facilidades al notificador. Sin embargo, no es necesario notificar al perjudicado la resolución que haga lugar al hábeas corpus si en el momento en que debe practicarse el acto ya ha sido puesto en libertad o existe imposibilidad material de hacerlo. El notificador deja constancia en el expediente de la información recabada durante la diligencia.

Art. 47.-    RECURSO DE ALZADA. Contra la decisión puede interponerse recurso de apelación por ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 28, 29 y 30.
Puede interponer el recurso el amparado, su defensor, el sujeto responsable del agravio, o su representante y el denunciante únicamente por la sanción o costas que se le hubieran impuesto, cuando la decisión les cause gravamen.

Art. 48.-    DENUNCIANTE. El denunciante puede intervenir en el procedimiento con asistencia letrada y tiene los derechos reconocidos a los demás intervinientes, salvo lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior.

Art. 49.-    REGISTRO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. Créase el Registro Provincial de Personas detenidas, privadas o restringidas de su libertad física dependiente de la Corte Suprema de Justicia, al cual toda autoridad pública, nacional, provincial o municipal, de cualquier tipo o naturaleza debe comunicar la restricción de la libertad física impuesta a una persona bajo su jurisdicción dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida, informando la identidad y demás datos personales del afectado, clase y duración de la limitación, debiendo mantener actualizada esta información y comunicar cualquier agravamiento o modificación de las condiciones de la privación de la libertad.

CAPITULO III
AMPARO GENERAL

Art. 50.-    PROCEDENCIA. La acción de amparo se deduce contra todo acto, omisión o hecho de órganos o agentes del Estado provincial  o entes autárquicos provinciales, o  de particulares, que, en forma actual o inminente, viola, lesiona, restrinja, altera o amenaza violar con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos, libertades o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Provincial o Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, con excepción de los protegidos por el hábeas corpus.

Art. 51.-    INADMISIBILIDAD. La acción de amparo no es admisible:
1. Cuando se trate de un acto jurisdiccional emanado de Tribunal del Poder Judicial de la Provincia o de la Nación; o del Tribunal de la Legislatura en el Juicio Político.
2. Contra las leyes u otras disposiciones normativas con fuerza de ley, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas o cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado y configure un supuesto del artículo anterior. La falta de impugnación directa  de los decretos o disposiciones generales a que se refiere este inciso o el transcurso del plazo para formularla no impide que los actos de aplicación individual puedan discutirse en la vía de amparo, siempre que se infrinja algún derecho fundamental del reclamante, protegido por el artículo 50.
3. Cuando la acción u omisión ha sido consentida por la persona agraviada.

Art. 52.-    PLAZO DE CADUCIDAD. El amparo se interpone en cualquier tiempo mientras subsista la acción u omisión que motiva el mismo, y hasta noventa (90) días hábiles después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado.

Art. 53.-    RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO. No será necesaria la reposición o ningún otro recurso administrativo para interponer la acción de amparo. Cuando el afectado opte por ejercitar los recursos administrativos que concede el ordenamiento, se suspende el plazo de caducidad mientras la administración no resuelva expresamente, sin perjuicio de que se ejerza directamente en cualquier momento.

Art. 54.-    SUJETO PASIVO. La acción de amparo puede dirigirse contra el funcionario o titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio. Si uno u otro han actuado en cumplimiento de ordenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, se tiene por entablado el amparo contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en la  sentencia. De ignorarse la identidad del agente público, la acción se tendrá establecida contra el superior jerárquico.
También, puede dirigirse contra particulares presuntos autores del agravio. Si se trata de una persona jurídica, contra su representante legal; y si lo es una empresa, grupo o colectividad organizados, contra su representante aparente o el responsable individual.
Puede darse intervención al tercero que tenga derechos subjetivos en relación a la norma o acto que motive la acción de amparo. Además, quien tenga un interés legítimo en el resultado de la acción puede apersonarse e intervenir en procedimiento como tercero coadyuvante del actor o del demandado.

Art. 55.-    DEMANDA. La acción de amparo se interpone por cualquier medio de comunicación escrito, por telegrama o carta documento y debe contener:
1. El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio real y constituido y, en su caso, del accionante o personería invocada suficientemente justificada;
2. La individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión impugnados o de quien hubiere ordenado la restricción;
3. La relación circunstanciada, con la mayor claridad posible, de los hechos, actos u omisiones que han producido o que estén en vías de producir la lesión que motiva el amparo;
4. La petición formulada en términos claros y precisos.

Art. 56.-    PRUEBAS. Con el escrito de la demanda, debe ofrecerse toda la prueba y acompañarse la documental que se disponga. En caso contrario, se la individualiza expresando su contenido y el lugar donde se encuentre.
El número de testigos no puede exceder de cinco (5) por cada parte, siendo carga de ésta hacerlos comparecer  a su costa a declarar, sin perjuicio de requerir el uso de la fuerza pública en caso de necesidad.
Sólo se admite la prueba de absolución de posiciones cuando la acción se promueva contra particulares, en cuyo caso debe acompañarse el pliego con el escrito de demanda.

Art. 57.-    COMPETENCIA. Es competente el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común con jurisdicción en el lugar en que el acto lesivo tenga, puede o debe tener efecto a opción del actor. Se observan en lo pertinente las normas de competencia por razón de turno, salvo imposibilidad material o urgencia o que hubiera duda razonable, en cuyo caso el Juez requerido conoce la demanda. Cuando un mismo acto lesivo afecte a varias personas, entiende en todos los casos el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose en su caso la acumulación de autos.

Art. 58.-    MEDIDAS DE NO INNOVAR. En cualquier estado de la instancia el Juez puede ordenar, a pedido de parte o de oficio, medidas de no innovar, las que se cumplimentan en forma inmediata, sin perjuicio de su ulterior notificación. El Juez puede pedir la contracautela pertinente para responder por los daños que tales medidas pudieren ocasionar. La solicitud debe resolverse el mismo día de su presentación.
Cuando la suspensión acordada por la medida de no innovar afecte un servicio público o a la administración, el Juez puede dejarla sin efecto, declarando a cargo de la autoridad demandada o personalmente por los que la desempeñan, la responsabilidad por los perjuicios que se deriven de su ejecución.
De igual modo, el Juez interviniente puede dictar cualquier medida de conservación o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo conforme con las circunstancias del caso.
El Juez, por resolución fundada, puede hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que se hubieren dictado.

Art. 59.-    INFORME. Cuando el Juez considere que la acción es formalmente procedente o no fuere del caso resolver interlocutoriamente el amparo, da inmediato traslado de la demanda al accionado y debe ordenar el informe  del artículo 21. La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso. La contestación debe hacerse en el plazo que se le fije, en razón de las particularidades del caso, que no podrá exceder de las setenta y dos (72) horas corridas.
Si la acción es contra un órgano colegiado, la orden se dirige a su presidente.
El requerido debe cumplir la carga de ofrecer la prueba al contestar la demanda en la forma establecida para el accionante. Al ordenarse el informe, el Juez puede pedir el expediente administrativo o la documentación en que consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar estas piezas acarrea responsabilidad por desobediencia.

Art. 60.-    HECHOS CONTROVERTIDOS. PRUEBA. AUDIENCIA. Si el informe niega los hechos o hay prueba  a producir el Juez ordena de inmediato su producción que debe concluirse dentro de los tres (3) días con recepción de las pruebas indispensables. Sólo si el Juez lo considera absolutamente necesario, dentro de ese mismo plazo, por auto fundado, puede convocar a una Audiencia donde deben concurrir las partes intervinientes, por sí o por apoderado, para ser oídas, de todo lo cual se levanta acta, siempre que ésta no cause gravamen irreparable a la situación del afectado.
Si no comparece el accionante se lo tiene por desistido,  ordenándose el archivo de las actuaciones con imposición de  costas. Si no lo hiciera el accionado pasan los autos para  sentencia.
Si quedase prueba pendiente de producción por causas ajenas a la diligencia de las partes, o el Juez considera necesario ordenar medidas para mejor proveer puede ampliar dicho término por igual plazo. Cumplidas estas actuaciones el Juez de inmediato dicta sentencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

Art. 61.-    SENTENCIA. La sentencia debe contener:
1. Lugar, día y hora de su emisión;
2. Identidad del agraviado y mención concreta de la autoridad o el particular del cual emana la acción u omisión denunciados como lesivos;
3. Fundamentos de la decisión;
4. Parte resolutiva expresando claramente el acogimiento o rechazo del amparo, y determinación precisa de los actos a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución, y, en su caso, el plazo fijado para su cumplimiento;
5. Las costas y sanciones que pudieren corresponder;
6. La firma del Juez.

Art. 62.-    EFECTOS. La sentencia que concede el amparo declara ilegítima la acción u omisión que dio lugar a la acción, y ordena que se cumpla lo dispuesto por el Tribunal dentro del término que el propio fallo señale, según corresponda en cada caso.
Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tiene por objeto restituir o garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando fuere posible.
Si el amparo ha sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley y otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tiene el plazo que fija la sentencia para cumplir con la prevención.
Cuando lo impugnado ha sido la denegación de un acto o una omisión, la sentencia ordena realizarlo u obliga al responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate, para lo cual otorga un plazo prudencial perentorio. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, ordena su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción semejante.
En todo caso, el Juez establece los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.

Art. 63.-    CESACION DE LOS EFECTOS. Si al tiempo de hacerse lugar el amparo han cesado los efectos del acto reclamado, o éste se ha consumado en forma que no sea posible restablecer al perjudicado en el goce de su derecho o libertad conculcados, la sentencia previene al agraviante que no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los que dieron mérito para acoger la acción, y que si procede de modo contrario, desobedece la orden judicial con las consecuencias que de ello deriva.
Si estando en curso la tramitación de un amparo, se dicta resolución administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se acoge la acción únicamente a efectos de imponer las costas, si proceden.

Art. 64.-    RECHAZO DE LA ACCION. El rechazo del amparo no prejuzga sobre la responsabilidad administrativa, civil o penal en que haya podido incurrir el autor del agravio, y el ofendido puede ejercitar o promover las acciones pertinentes.

Art. 65.-    COSA JUZGADA. La sentencia de amparo hace cosa juzgada sobre su objeto, pero deja subsistentes las acciones ordinarias que pudieren corresponder a cualquiera de las partes para la defensa de sus derechos.

CAPITULO IV
AMPAROS ESPECIALES

Art. 66.-    DISPOSICION GENERAL. En los amparos contenidos en este capítulo se aplican, en lo que no esté específicamente reglado, las disposiciones de los capítulos 1 y 3 de este Título adaptadas según las modalidades y circunstancias del caso para asegurar un trámite rápido y expeditivo, con excepción de aquellos recaudos particulares previstos por cada uno de ellos en atención al bien jurídico protegido.

Art. 67.-    AMPARO INFORMATIVO (HABEAS DATA). Cualquier persona física puede reclamar por vía de amparo una orden judicial para conocer las informaciones relativas a su persona que consten en registros o bancos de datos de entidades públicas, o privadas destinadas a proveer informes el destino, uso o finalidad dado a esa información; para actualizar dichas informaciones o rectificar sus errores; para imposibilitar su uso con fines discriminatorios; para asegurar su confidencialidad; para exigir su supresión; o para impedir el registro de datos relativos a sus convicciones ideológicas, religiosas o políticas, a su afiliación partidaria o sindical, o a su honor, vida privada condición social o racial o intimidad familiar y personal.
Será competente para conocer en esta acción el Juez en lo Civil y Comercial Común.

Art. 68.-    AMPARO ELECTORAL. Cuando un elector se considere arbitraria e ilegalmente, afectado en su inmunidad, libertad o seguridad electorales, privado, impedido o restringido en sus derechos electorales o privado del ejercicio del sufragio o cuando un tercero le retenga indebidamente su documento cívico, puede solicitar amparo por sí, o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al Juez con competencia electoral, quien resuelve inmediatamente y dispone urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento. Las decisiones se cumplen sin más trámites por intermedio de la fuerza pública, si fuere necesario.
Cuando se afecten los derechos electorales en elecciones gremiales, de Asociaciones Profesionales o de cualquier tipo de entidad, se puede además recurrir en amparo a fin de que de inmediato haga cesar las restricciones ilegales o arbitrarias.
Serán competentes los Tribunales de Iª Instancia en lo Civil y Comercial Común, del Trabajo o Contencioso Administrativo, según la naturaleza de la entidad de que se trate.

Art. 69.-    AMPARO FISCAL. La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia, puede recurrir en amparo por los Tribunales en lo Contencioso Administrativo.
El Tribunal, si lo juzga procedente, en atención a la naturaleza del caso, requiere del funcionario a cargo de la Dirección General de Rentas que dentro de un plazo no mayor de tres (3) días informe sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar.
Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo el Tribunal puede resolver lo que corresponda para garantizar el derecho del afectado, ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estime suficiente.

Art. 70.-    AMPARO POR MORA DE LA ADMINISTRACION. Cuando la Constitución, la ley u otra norma con fuerza de ley imponga a un funcionario, repartición o ente público administrativo un deber concreto de cumplir en un plazo determinado y la administración fuere morosa en la tramitación de un expediente administrativo, toda persona afectada que fuere parte del mismo puede solicitar al Tribunal en lo Contencioso Administrativo, libre orden de pronto despacho.
Dicha orden es procedente cuando la autoridad administrativa ha dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir éstos, si hubo una irrazonable demora en su tramitación sin emitir el dictamen o resolución de mero trámite o de fondo que requiere el interesado.
Presentado el petitorio, el Tribunal se expide sobre su procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y si lo estima pertinente requiere a la autoridad administrativa interviniente, en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. La decisión del Tribunal es inapelable. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo haya evacuado, resuelve librar la orden para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo que se establezca en atención a las circunstancias del caso.
La desobediencia a la orden de pronto despacho es puesta en conocimiento de la autoridad superior correspondiente a los mismos a los efectos de la sanción disciplinaria que proceda y a la Justicia Penal. Asimismo faculta al Tribunal a aplicar, a petición de parte, las sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes al cumplimiento de su decisión, cuyo importe es en beneficio de la parte perjudicada por el incumplimiento. La condena será graduada prudencialmente por el Tribunal de acuerdo a las circunstancias del caso y a la entidad de la desobediencia, previa intimación, bajo apercibimiento por el término de cinco (5) días.
En el supuesto de quedar expedita la acción judicial por aplicación del artículo 19 de la Constitución Provincial, no serán de aplicación las sanciones previstas en el presente artículo.

CAPITULO V
AMPAROS COLECTIVOS

Art. 71.-    EXTENSION. La defensa jurisdiccional de los intereses colectivos comprende la tutela de la salud pública; la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora, y la protección del medio ambiente de conformidad a los principios contenidos en el Art. 36 de la Constitución Provincial; la preservación del patrimonio cultural y de los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos amparados por el inciso 1 del artículo 124 de la Constitución Provincial; la correcta comercialización de mercaderías a la población, la competencia leal  y los intereses y derechos del consumidor y del usuario de servicios públicos; en general, la defensa de valores similares de la comunidad  y de cualesquiera otros bienes que respondan, en forma idéntica, a necesidades comunes de grupos humanos a fin de salvaguardar la calidad de la vida social.

Art. 72.-    AMBITO DE APLICACION. Las normas básicas sustanciales de esta ley tienen vigencia en todo el territorio de la Provincia, cualesquiera sea el Tribunal que las aplique.

Art. 73.-    SUBSIDIARIEDAD. No es admisible esta acción si se hubiera dejado de usar oportunamente vías de impugnación especiales acordada por las leyes o reglamentos salvo que por tales vías no pudiera obtenerse la finalidad tuitiva garantizada por esta ley.

Art. 74.-    COMPETENCIA. Estas acciones  pueden deducirse ante el Juez de primera instancia en lo civil y comercial común, con jurisdicción en el lugar donde ha producido o debido producir sus efectos el acto o la decisión del autor de la lesión, o en el lugar del asiento de éste, a elección del accionante.
Cuando una misma decisión, acto u omisión afecta el derecho de varias personas, conoce de todas las acciones que se deducen, el Juez que ha prevenido, quien dispone la acumulación de todos.

Art. 75.-    ACCIONES. Cuando un acto, decisión, hecho u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o local, o de entidades o personas privadas, de forma arbitraria o ilegal ocasione lesión, privación, perturbación o amenaza en el goce de intereses difusos, puede ejercerse ante los Tribunales correspondientes las acciones de “Amparo de Protección” de los intereses colectivos, para la prevención de un daño grave o inminente o la cesación de perjuicios actuales susceptibles de prolongarse; o de “Amparo de Reparación” de los daños colectivos, para la reposición de las cosas al estado anterior del daño producido a la comunidad interesada.

Art. 76.-    AMPARO DE PROTECCION. Sin perjuicio de cualquier otro supuesto, la acción de amparo de protección de los intereses colectivos, en particular,  procede con el fin de:
1. Paralizar los procesos de emanación o desecho de elementos contaminantes del medio ambiente o cualesquiera otras consecuencias de un hecho u omisión que vulnera el equilibrio ecológico, lesione, perturbe o amenace valores estéticos, históricos, artísticos, urbanísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paisajísticos u otros bienes vinculados al resguardo de la calidad de vida de la comunidad.
2. Impedir la circulación comercial de productos defectuosamente elaborados, o disponer su exclusión del mercado de consumo cuando, por no reunir los recaudos necesarios de calidad y seguridad, comprometan la salud o indemnidad personal o patrimonial de los consumidores, o de los usuarios.
3. Suprimir las irregularidades en las prácticas comerciales, como la competencia desleal, la publicidad que, por ser engañosa o por imprudencia en su contenido o la ausencia o insuficiencia de precauciones o advertencias a los consumidores, resultare perjudicial a los intereses colectivos.

Art. 77.-    AMPARO DE REPARACION. La reposición de las cosas al estado anterior tiene lugar siempre que sea posible reparar el menoscabo de los intereses colectivos, que, en particular, consiste en:
1. La adopción de las medidas idóneas para recomponer el equilibrio de los valores ecológicos u otros bienes comunes a la colectividad perjudicada.
2. La rectificación de la publicidad engañosa por los mismos medios y modalidades empleados en el mensaje irregular, o la corrección de sus términos para una adecuada información a los consumidores.

Art. 78.-    LEGITIMACION ACTIVA. El Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y las agrupaciones privadas legalmente reconocidas, constituidas para la defensa de los intereses colectivos, adecuadamente representativas de la comunidad registrados conforme lo establezca la ley, con exclusión de cualquier otro sujeto, están indistintamente legitimados para proponer e impulsar las acciones previstas en esta ley. Las demás personas pueden denunciar ante el Ministerio Público o el Defensor del Pueblo, los hechos que permitan articular la acción reglamentada.
El Ministerio Público, cuando no intervenga en el proceso como parte, actúa obligatoriamente en defensa del interés público. La autoridad pública, una vez evacuado el pedido de informe o vencido el plazo para hacerlo, en lo  sucesivo es representada por el Ministerio Público.
El Juez puede ordenar el impulso del proceso a cargo del Ministerio Público cuando resulte verosímil la existencia de la privación, perturbación o amenaza al interés colectivo demandado, incluso cuando resuelva denegar legitimación al demandante o éste no cumpliera con la carga impuesta en el inciso 1 del párrafo siguiente.
El Tribunal resuelve en cada caso concreto sobre la admisibilidad de la legitimación invocada, considerando prioritariamente el cumplimiento de alguno de los siguientes recaudos:
1. Que la agrupación esté integrada por los sujetos que en forma particular resulten perjudicados por el hecho u omisión violatorio del interés colectivo, en cuyo caso la acreditación de la personería jurídica del grupo puede efectivizarse dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la resolución que le concede la legitimación para obrar.
2. Que la agrupación prevea estatutariamente como finalidad expresa, la defensa del específico tipo o naturaleza del interés colectivo menoscabado.
3. Que la agrupación esté ligada territorialmente al lugar de producción de la situación lesiva del interés colectivo.
4. El número de miembros, antigüedad en su funcionamiento, actividades y programas desarrollados y toda otra circunstancia que refleje la seriedad y responsabilidad de la trayectoria de la agrupación, en defensa de los intereses colectivos.
Las asociaciones legitimadas están  habilitadas para tomar intervención como litis consortes de cualesquiera de las partes.
En caso de desistimiento o abandono de la acción de las entidades legitimadas, la titularidad activa es asumida por el Ministerio Público.
Cuando hay dificultades para la individualización de las legitimaciones, el Juez o Tribunal dispone las medidas más idóneas a los fines de la regular constitución del proceso, salvaguardando el principio de contradicción.

Art. 79.-    PUBLICIDAD. Promovida la acción se da publicidad de la misma por edictos o por televisión, radio o cualquier otro medio de difusión que el Juez estime conveniente. La publicidad de la demanda debe contener una relación circunstanciada de los elementos de la misma en cuanto a personas, tiempo y lugar y la reproducción literal del párrafo siguiente.
Dentro del plazo de cinco (5) días desde la última publicación, pueden postularse, interponiendo la demanda respectiva, las agrupaciones privadas de defensa que invoquen mejor derecho para obrar como legitimado activo; asimismo pueden los sujetos singularmente damnificados acumular su pretensión a la acción colectiva, unificando personería en representante de la agrupación legitimada.

Art. 80.-    LEGITIMACION PASIVA. Son sujetos pasivos de las acciones previstas en la presente ley:
1. Las personas privadas de existencia física o ideal que realicen en forma directa o a través de los que están bajo su dependencia, los hechos u omisiones lesivos; y quienes se sirvan o tengan a su cuidado las cosas o actividades, que generen la privación, perturbación o amenaza de los intereses colectivos.
2. El Estado y demás personas jurídicas públicas, cuando asumen la calidad prevista en el inciso precedente, o cuando los  recaudos exigidos para la autorización de la actividad privada o en la medidas adoptadas para el control de su adecuada ejecución, obra en ejercicio manifiestamente insuficiente o ineficaz de sus atribuciones, tendientes a la prevención de los eventos dañosos para los intereses colectivos.

Art. 81.-    EXONERACION. Los sujetos responsables sólo pueden repeler estas acciones cuando acrediten que el daño o amenaza al interés colectivo es consecuencia del hecho de un tercero por el que no debe responder, o de la culpa grave de la víctima, o de un caso fortuito o de fuerza mayor que son extraños a las cosas o actividades por las que se les atribuye el menoscabo.
En los casos previstos en el inciso 1 del artículo anterior la responsabilidad de los sujetos no queda exonerada por la circunstancia de mediar autorización administrativa para el ejercicio de la actividad o el empleo de las cosas que generan la privación, perturbación o amenaza de los intereses colectivos.

Art. 82.-    INFORME. PRUEBA. Al evacuar el informe requerido por el Juez, el accionado ofrece la prueba que estime pertinente a cuyos efectos se le fija un plazo prudencial a criterio del Tribunal.
Si resultan controvertidos hechos fundamentales, el Juez señala un plazo no mayor de cinco (5) días para que se produzca la prueba que se haya propuesto, o la que él indique.

Art. 83.-    EFECTOS. Recibido el pedido de informe, el sujeto requerido debe abstenerse de agravar la situación la situación existente en ese momento, o, en su caso, debe suspender los efectos del acto impugnado, salvo que comunicase al Juez la posibilidad de producirse, a raíz de ello, un daño grave e inminente para el interés u orden público y el magistrado lo relevase de aquella obligación.

Art. 84.-    CONCILIACION. El Juez puede citar a las partes a una instancia obligatoria de conciliación de los intereses en conflicto.

Art. 85.-    SENTENCIA.  Cuando se acoja el recurso, la sentencia indica claramente la conducta que debe observar el sujeto obligado y el plazo dentro del cual debe hacerlo.
Los mandatos judiciales deben ser cumplidos por los agentes públicos o los sujetos requeridos en el modo y plazo que se establezca, sin que valga contra ellos la excusa de obediencia debida ni alguna otra.
Incumplida la sentencia dentro del plazo fijado al efecto, el Juez adopta las medidas que proceden en derecho.

Art. 86.-    COSTAS. Las costas se aplican en el orden causado salvo el caso de temeridad o grave negligencia por parte de alguno de los litigantes o propósito manifiestamente malicioso del vencido.

TITULO III
CONTROL JURISDICCIONAL DE CONSTITUCIONALIDAD

Art. 87.-    DISPOSICION GENERAL. ALCANCE. Los Tribunales y juzgados de la Provincia en el ejercicio de sus funciones, proceden aplicando la Constitución nacional y provincial y los tratados internacionales con garantía constitucional relativos a derechos y garantías fundamentales, como ley suprema respecto a las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley emanadas de cualquier autoridad de la Provincia.
La declaración de inconstitucionalidad pronunciada por los Tribunales sólo tiene efectos específicos para la causa en que se entiende.

CAPITULO I
DE OFICIO

Art. 88.-    DECLARACION JUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDAD DE OFICIO. El control de constitucionalidad debe ejercerse por la Justicia, aún sin petición de parte interesada, en aquellas causas llamadas a su conocimiento.
Los magistrados deben abstenerse de aplicar la ley, decreto u orden que so pretexto de reglamentación desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos o prive a los ciudadanos de las garantías aseguradas por la Constitución Nacional y Provincial.
Cuando el magistrado interviniente estime que la norma que debe aplicar puede adolecer de alguna objeción constitucional, previa a la decisión, corre traslado a las partes por un plazo de diez días hábiles. El traslado sobre esta cuestión será corrido en cualquier estado de la causa y no implica prejuzgamiento. Se da intervención al Ministerio Público.

CAPITULO II
POR ACCION

Artículo 89.-    ACCION DECLARATIVA. Puede deducirse acción tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad total o parcial de una norma legal o disposición normativas  con fuerza de ley, provincial o municipal, o de reglamentos u ordenanzas provinciales o municipales, o actos administrativos, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad de una relación jurídica, siempre que esta falta de certidumbre pueda producir un perjuicio o lesión al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.

Art. 90.-    PROCEDIMIENTO. La acción declarativa de inconstitucionalidad se ejercita conforme al siguiente procedimiento:
1. La demanda debe interponerse dentro del plazo de sesenta (60) días corridos a contar desde la publicación oficial de la norma cuestionada, la notificación o conocimiento del acto administrativo. La caducidad del plazo no impide la articulación de la cuestión constitucional por vía de excepción, si en atención a las circunstancias del caso, correspondiere.
2. Si lo cuestionado es una norma o acto administrativo provincial o municipal, debe darse traslado de la demanda a la Provincia, a la Municipalidad o al ente autárquico que los produjo según corresponda. En todos los casos se da intervención al Ministerio Público.
3. En caso que la norma o acto cuestionado proteja los intereses de alguna categoría de personas; el Tribunal para integrar la litis debe dar intervención a las entidades representativas de las mismas.
4. El trámite se sustancia de acuerdo a las disposiciones del proceso sumario previsto en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.
5. Si la sentencia resuelve que la norma o el acto en cuestión es inconstitucional, éste no es aplicable a la actora ni a los representados por la actora cuando ésta fuera una institución intermedia con personería jurídica cuyos estatutos contemplen tal representación.
El caso contencioso a que da lugar a una acción declarativa de inconstitucionalidad no se limita a las cuestiones de índole económica de interés privado del justiciable, sino que comprende la defensa por parte de cualquier persona o asociación de los intereses públicos que se encuentran protegidos explícita o implícitamente por el orden jurídico nacional y provincial o internacional aplicables en la Provincia.

CAPITULO III
POR APELACION ANTE CORTE SUPREMA

Art. 91.-    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTOS. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer de los recursos que se interpongan contra las sentencias definitivas dictadas en última instancia o los autos que tengan la virtualidad de poner fin a la acción o hacer imposible su continuación, de los Tribunales inferiores dictados en causa en que se hubiere controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por la Constitución provincial, siempre que ello forme la materia principal de la discusión entre las partes, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del recurrente.

Art. 92.-    PROCEDENCIA. Una vez radicado un juicio ante los Tribunales provinciales es sentenciado y fenecido en dicha jurisdicción y, sólo puede apelarse a la Corte Suprema de Justicia por vía del recurso de inconstitucionalidad las resoluciones definitivas referidas en el artículo anterior en los casos siguientes:
1. Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución ha sido controvertida y, en especial, si media el cuestionamiento de un derecho fundamental protegido por aquélla.
2. Cuando la validez de una ley, decreto, norma con fuerza de ley o acto de una autoridad provincial se ha puesto en cuestión bajo la pretensión de ser contrario a la Constitución Provincial.
3. Cuando el pronunciamiento de la causa sea arbitrario porque se ha afectado la protección constitucional a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos o al debido proceso legal.
La apelación sólo es concedida cuando resulte de los autos que la consideración de los agravios en que el recurso se fundamenta tiene trascendencia institucional o general que exceda el mero interés personal del apelante; y no se otorga cuando sean insustanciales.
De igual manera se procede con los recursos directos deducidos en caso de denegación del recurso de inconstitucionalidad, los que se rechazan de plano si de su texto no trasciende el alcance institucional o general de la decisión de los agravios en que la apelación se fundamenta.
Sin embargo, en los casos de objetiva gravedad institucional y siempre que medie alguna de las cuestiones constitucionales arriba previstas, la Corte Suprema puede admitir el recurso aunque no se cumplan sus demás recaudos, si así lo estima necesario para evitar la frustración del derecho invocado.

Art. 93.-    FUNDAMENTACION. Cuando se entable el recurso de inconstitucionalidad que autoriza el artículo anterior, debe deducirse el mismo con arreglo a lo allí prescripto, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de las disposiciones de la Constitución Provincial.

Art. 94.-    PROCEDIMIENTO. FORMA. PLAZOS. El recurso de inconstitucionalidad se interpone por escrito, fundado con arreglo a lo establecido por el artículo anterior,  ante el Tribunal que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación.
De la presentación en que se deduce el recurso se da traslado por diez (10) días a las partes interesadas, notificándolas personalmente o por cédula. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal de la causa decide sobre la admisibilidad del recurso. Si lo concede, previa notificación personal o por cédula de su decisión, debe elevar de inmediato las actuaciones a la Corte Suprema.
La parte que no ha constituido domicilio en la Capital queda notificada de las providencias de la Corte Suprema por ministerio de la ley.

Art. 95.-    EFECTO. El recurso de inconstitucionalidad procede siempre con efecto suspensivo.

Art. 96.-    EJECUCION DE SENTENCIA. Si la sentencia recurrida fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado puede solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema. Dicha fianza es calificada por la Cámara o Tribunal que ha concedido el recurso y queda cancelada, si la Corte Suprema lo declarase improcedente o confirmase la sentencia recurrida. La Provincia de Tucumán está exenta de la fianza a que se refiere esta disposición.

Art. 97.-    AUTOS. La recepción de la causa por la Corte Suprema implica el llamamiento de autos. Dentro de los cinco (5) días de notificada la providencia de autos las partes podrán presentar una memoria sobre el recurso.

Art. 98.-    SENTENCIA. La sentencia debe ser resuelta por el Tribunal íntegro por mayoría absoluta de votos de sus miembros. En caso contrario se integrará el Tribunal de conformidad a la forma establecida en la Ley Orgánica de Tribunales.
La sentencia se redacta en forma impersonal, sin perjuicio que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría, emitan su voto por separado.
Una copia de la sentencia se agrega al expediente y el original de ella, se incorpora al libro respectivo.

Art. 99.-    RESOLUCION. Cuando la Corte Suprema revoque la sentencia apelada, hace una declaración sobre el punto disputado, y devuelve la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resuelve sobre el fondo, y aún puede ordenar la ejecución especialmente si la causa ha sido una vez devuelta por idéntica razón.

Art. 100.- QUEJA. Si el último Tribunal de la causa deniega el recurso, la parte que se considere agraviada puede recurrir directamente en queja ante la Corte Suprema, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente.
La presentación, debidamente fundada, debe efectuarse en el plazo de cinco (5) días, con la ampliación que corresponda por distancia.

Art. 101.- TRAMITE. En la queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad ante la Corte no es obligatoria la presentación de copias junto con la interposición de la queja.
La Corte puede desestimar la queja sin más trámite, exigir la presentación de copias o, si considera necesario, la remisión del expediente.

Art. 102.- DEPOSITO. Cuando se interponga recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia por denegación del recurso de inconstitucionalidad, debe depositarse a la orden de dicho Tribunal la suma de doscientos pesos ($ 200.-). El depósito se hace en un banco de depósitos judiciales.
No efectúan este depósito los que están exentos de pagar sellado o tasa judicial, conforme a las disposiciones legales respectivas.
Si se omite el depósito o se lo realiza en forma insuficiente se hace saber al recurrente que debe integrarlo en el término de cinco (5) días. El auto que así lo ordene se notifica personalmente o por cédula.

Art. 103.- RESOLUCION: Presentada la queja en forma, la Corte puede rechazar este recurso por falta de agravio constitucional suficiente o porque las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia. Si la queja es declarada procedente y se revoca la sentencia, es de aplicación el artículo 99.
Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspende el curso del proceso.

Art. 104.- DESTINO DEL DEPOSITO. Si la queja es declarada admisible por la Corte, el depósito se devuelve al interesado. Si es desestimada, o se declara la caducidad de la instancia, el depósito se pierde. Las sumas que así se recaudan se destinan para la dotación de la Biblioteca de Tribunales.

Art. 105.- IMPUESTOS. La falta de pago del impuesto o sellado de justicia no impide de ningún modo la concesión o trámite del recurso.

Art. 106.- REGIMEN GENERAL APLICABLE. El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por las causales de esta ley así como el recurso de queja por denegatoria del anterior, se sustancia por las normas pertinentes de esta ley, cualquiera sea la naturaleza de la causa en la cual se deduzca y la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios.

Art. 107.- PER SALTUM. Cuando excepcionalmente en un caso pendiente, la resolución recaída revista interés constitucional o gravedad institucional, la Corte Suprema de Justicia podrá prescindir de los requisitos de procedencia formal de los recursos respectivos a los efectos de un inmediato pronunciamiento si la solución no admite demora alguna.

TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Art. 108.- DEROGACIONES. Deróganse las siguientes disposiciones legales:
1. La ley 6.230;
2. Los artículos 409, inciso 7, y 812 del Código de Procedimientos en lo  Civil y Comercial de Tucumán (Ley 6.176);
3. Los artículos 483 y 484 del Código Procesal Penal de Tucumán (Ley 6.203);
4. Los artículos 103 inciso g, 117 inciso a, y 139 del Código de Procedimientos del Trabajo de Tucumán (Ley 6.204);
5. Los artículos 70 y 71 del Código Procesal Administrativo de Tucumán (Ley 6.205);

Art. 109.- Estas disposiciones se aplicarán a los juicios pendientes, con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o comenzado su curso, los cuales se regirán por las leyes anteriores.

Art. 110.- VIGENCIA. Esta ley rige a los sesenta días de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 111.- Comuníquese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, a los nueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

REGISTRADA BAJO EL Nº 6.944

PROMULGADA EL 2 DE MARZO DE 1999

PUBLICADA EL 8 DE MARZO DE 1999


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