Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Condena por difundir y comentar comunicaciones telefonicas privadas. Daño moral.

Posted: mayo 16th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Escuchas telefónicas | Comentarios desactivados

DERECHO A LA PRIVACIDAD. Comunicaciones telefonicas. Difusión sin consentimiento del autor. Daños. Daño moral. Violación al derecho a la privacidad y a la identidad. Daños al honor.

Juzgado Civil no. 74, EXP 453/96, “QUANTIN NORBERTO JULIO c/ BENEDETTI JORGE ENRIQUE” (Buenos Aires, Argentina)

///nos Aires, Abril de 2006.
Y VISTOS: estos autos caratulados -Quantin, Norberto Julio c/ Benedetti, Jorge Enrique y otros s/ Derechos personalí­simos- (Expediente Nº 453/ 96) de los cuales

 

RESULTA:
a).- A fs. 265, con la complementación de fs. 487, 503, 532, 547, 551, 556, y los desistimiento de fs. 1473 de Editorial Amfin S.A.; fs. 1580 de Radio Libertad S.A. y fs. 1954 de América TV S.A., Norberto Julio Quantin, por si, promueve demanda contra Jorge Enrique Benedetti, Eliseo Aldo Roselló, Samuel Gelblung y Guillermo Jorge Cherasny reclamando: la prohibición definitiva a todos los demandados de continuar publicando o difundiendo las grabaciones de las conversaciones telefónicas privadas sea mediante la reproducción pública o privada de las cintas o cassettes o a través de la divulgación de las versiones escritas de ellas; y el cobro de un monto no inferior a $ 300.000 por daño moral, con más sus intereses, causado por la intromisión arbitraria en su vida privada producida por las grabaciones arriba referidas y la afectación de su derecho a la identidad y al honor mediante la difusión de informaciones falsas (cfr. fs. 2174vta.).-
Luego de hacer una breve descripción, según dice, de su personalidad (antecedentes laborales y profesionales) para demostrar como se habrí­a alterado ella por la difusión de informaciones falsas y violado su privacidad, relata que los codemandados Benedetti y Roselló son los artí­fices de una campaña tendiente a alterar su derecho a la intimidad, injuriándolo y acusándolo falsamente, de nazi y antisemita. Para ello el primero de los mencionados formuló las denuncias que relata (cfr. fs. 268 y ss. y fs. 487 y ss. -Sumario penal n º 37.323; denuncia realizada el 25/7/94 ante el Juzgado de Instrucción nº 24 Sec. Nº 131; otra realizada el 1/8/94 ante el Juzgado de Instrucción nº 6, el 10/8/95; ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal solicitando que le aplicaran sanciones disciplinarias-; etc., sumándose Roselló con dos denuncias en enero de 1996); recurriendo incluso a la circulación de sobres enviados a jueces y otro a diputados -“cfr. fs. 487vta.-; y difundiendo ambos, conversaciones telefónicas privadas por distintos programas y medios de prensa.-
A fs. 270, relata que el codemandado Jorge E. Benedetti el 21 de diciembre de 1995, recibió en su domicilio un mensaje anónimo junto con una grabación y su trascripción en dos juegos de hojas numeradas, que resultaron ser de una conversación que el actor mantuvo con el Dr. José Marí­a Campagnoli y otras personas, que hizo llegar a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional enviando otras copias a la Procuración General de la Nación, a los Juzgados de Instrucción a cargo de los Dres. Irigoyen y Ramond, a la Fiscalí­a de la Cámara Criminal y Correccional Federal, radios, diarios y canales de televisión.-
Sostiene que no solo se limitó a difundir las conversaciones privadas que habí­an sido grabadas sin su permiso, sino que difundió información falsa so pretexto de que ella ha sido transcripta de las grabaciones que circulan, intentándolo vincular con ideas nazi e incluso en varios medios se le endilgó procurar entorpecer la investigación del atentado a la AMIA (cfr. fs. 271), afectando así­ su derecho de privacidad (cfr. fs. 293 in fine) y a la identidad (cfr. fs. 293vta.).-
Aldo Elí­seo Roselló en la primera semana de 1996, relata el actor (cfr. fs. 272), se presentó ante el Juez Galeano (a cargo de la investigación del caso AMIA) aportando las cintas de las conversaciones privadas telefónicas de las que surgirí­a la existencia de elementos antisemitas, lo que fue desestimado (cfr. también fs. 488). Asimismo hubo también otra denuncia radicada ante el Juzgado Federal nº 4 del Dr. Cavallo, Secretarí­a nº 8 que también fue desestimada (cfr. fs. 488). El hecho por el que reclama a este codemandado es por la difusión de sus conversaciones telefónicas, violando así­ su derecho a la privacidad y el haberlo denunciado como antisemita y nazi (cfr. fs. 293 vta. y 493 punto IV).-
También en la primera semana de 1996 en Radio Libertad (cfr. fs. 274) en el programa que conduce Samuel Gelblung se transmitieron parte de las conversaciones telefónicas referidas que transcribe, haciendo el mencionado una serie de comentarios sobre el actor que lo injurian, sosteniendo que las conclusiones del codemandado fueron apresuradas, maliciosas e infundadas al tratarlo de nazi y antisemita (cfr. fs. 295 y 532/3).-
En cuanto al codemandado Guillermo Jorge Cherasny, también como el anterior, lo demanda por haber participado de la divulgación de sus conversaciones telefónicas ilegalmente obtenidas y por haber realizado respecto de las mismas comentarios difamantes e injuriantes (cfr. fs. 532 punto I. a y punto II) en el programa emitido por Radio Libertad el 5 de enero de 1996.-
Funda su derecho en los arts. 18, 19, y 43 de la Constitución Nacional, Tratado Interamericano de Derechos Humanos (art. 11 tercer párrafo), Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 12), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos de Naciones Unidas art. 17 inc. 1; Ley 19.798, 23.054; art. 1071 bis. y cc. del Código Civil jurisprudencia y doctrina aplicable y solicita se haga lugar a la demanda, con costas.-

b).- A fs. 583 Samuel Gelblung, por apoderado, se presenta allanándose a la pretensión de inhibición, aceptando la liberación en cuanto a la imposición de costas ofrecida por la parte actora respecto, entiende, de todo el pleito (cfr. fs. 265vta./6 y reiterado a fs. 1232vta/3) y opone excepción.-
Habiéndose resuelto esta última (cfr. fs. 1011), contesta la demanda a fs. 1232. Niega haber participado en la grabación de las conversaciones telefónicas, en su divulgación, la autenticidad de las cintas grabadas acompañadas, haber invadido de manera ilí­cita la intimidad del actor, haber afectado su privacidad, su derecho a la identidad; remitiéndome en honor a la brevedad, a lo demás expresado a fs.1233vta./4. Sostiene que sus expresiones se encuentran amparadas por el derecho constitucional de la libertad de prensa, que la información ha sido veraz o fiel (-exceptio veritatis-), que no ha hecho suyas las afirmaciones vertidas por otros, que no ha sido ni difamatorio ni injuriante, etc.. Solicita el rechazo de la demanda, con costas.-

c) A fs. 648 Jorge Enrique Benedetti, por sí­, contesta demanda, oponiendo la defensa de falta de acción (falta de legitimación -cfr. fs. 668vta.-), basada en su inmunidad como legislador.-
No se opone a la pretensión de inhibición, solicitando ser eximido de las costas. Sostiene que no ha dado a publicidad las conversaciones telefónicas a los medios periodí­sticos. -…ya que nunca estuvo en mi (su) intención difundir a través de la prensa las conversaciones telefónicas del actor, sino que las mismas fueran conocidas de los Tribunales de Justicia…- (cfr. fs. 677 vta.). Por último se referirse a la personalidad pública del actor (cfr. fs. 678 vta. y ss.), al derecho a la intimidad sosteniendo que no fue afectado (cfr. fs. 686 vta.), y que las conversaciones grabadas se refieren a cuestiones de carácter público y a circunstancias de interés general. Ofrece prueba y solicita se rechace la demanda -con excepción de la acción de inhibición-, con costas.-

d) A fs. 700 Guillermo Jorge Cherasny, por sí­, se allana a la demanda por inhibición solicitando la exención de costas por todo el proceso, y opone excepción (resuelta a fs. 1011).-
Contesta demanda a fs. 1251, sosteniendo entre otros argumentos que: se trataba de conversaciones telefónicas de funcionarios públicos sobre cuestiones sensibles para la comunidad judí­a; que no constituí­an una noticia falsa razón por la cual fue difundida por diversos medios; que los comentarios fundados en ella no fueron con la intención de calumniar o perjudicar al actor, etc.. Solicita su rechazo con costas.-

e) A fs. 747 Eliseo Aldo Roselló (ya presentado a fs. 636) por apoderado, opone excepciones (resueltas a fs. 1011) y se somete a la pretensión de inhibición solicitando la exención de costas por todo el proceso. Contesta la demanda negando: haber difundido las conversaciones telefónicas del actor ya que solo las entregó a los Juzgados que consideró competentes y, haber alterado el derecho a la identidad a consecuencia de haber divulgado la condición de antisemita del accionante (cfr. fs. 717). Relata como llegó a su poder las grabaciones telefónicas el 4 de enero de 1996, y los hechos realizados en su consecuencia. Ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda con costas.-
f).- Luego de la determinación de los hechos que no quedaran admitidos en la etapa introductoria y que resultaban ser relevantes, en la audiencia de fs. 1334 se proveyó a la prueba ofrecida, y sobre el mérito de la producida, alegaron las partes a fs. 2174 (el actor), a fs. 2193 (el codemandado Gelblung) y a fs. 2197 (el codemandado Cherasny). Por lo que, consentido el llamado de autos, han quedado estos en estado de dictar sentencia.-

Y CONSIDERANDO:
I.- En cuanto al primero de los reclamos -“ -la acción de inhibición- -, por la que el actor solicita que se disponga la prohibición definitiva de continuar publicando o difundiendo las grabaciones de sus conversaciones telefónicas privadas sea mediante la reproducción pública o privada de las cintas o cassettes o a través de la divulgación de las versiones escritas de ellas referidas a lo que fuera materia de este pleito (cfr. fs. 265), el allanamiento vertido por todos los demandados a fs. 583 vta. (Gelblung); a fs. 672 (Benedetti); a fs. 700 (Cherasny), y a fs. 747 (Roselló), exime al juzgador de mayores consideraciones.-

II.- a) A fs. 668vta. y ss. Jorge E. Benedetti opone la defensa de falta de legitimación pasiva que fuera contestada por el actor a fs. 855 (diferida a fs. 1013vta.), basada en su inmunidad como legislador de conformidad con lo dispuesto por el art. 68 de la Constitución Nacional.-
Señala que, ya los constituyentes han considerado esencial la inmunidad de los legisladores no solo para asegurar la independencia de los poderes públicos entre sí­, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución Nacional. Sostiene que esta protege opiniones y discursos emitidos desde que el legislador se incorpora a la Cámara hasta que concluye el mandato. Efectuados en tal lapso, la inmunidad los cubre todaví­a después del cese en el cargo, o sea que lo expresado en el desempeño del mismo goza de -inmunidad vitalicia- (cfr. fs. 669). Cita, apoyando su postura, doctrina y jurisprudencia.-
b) En las naciones de lengua inglesa la palabra -privilege- denomina las inmunidades de los miembros de cualquiera de los poderes del Estado. Esta particularidad semántica, que nace por motivos históricos, se filtró en nuestra doctrina, a pesar de la inequí­voca proscripción de todo privilegio que señala el art. 16 de la Constitución. Privilegios parlamentarios, en el tecnicismo jurí­dico, son los derechos e inmunidades que el estatuto polí­tico del paí­s expresa o incidentalmente acuerda a las asambleas legislativas (cfr. González Calderón, Juan A. Derecho Constitucional Argentino tº III Pág. 473 o Curso de Derecho Constitucional del mismo autor 5ta. Ed. p. 365 ed. Kraft), con el objeto de proteger la vida autónoma del Congreso (cfr. arts. 68 a 70 de nuestra Constitución).-
Si bien Duguit sostení­a que las inmunidades parlamentarias, -son de carácter excepcional y deben ser interpretadas restrictivamente- con el argumento de que se trata de derogaciones a la ley común, (* «Traite* », ed. 1924, t. 4, p 216; se acercan a esta acepción José Manuel Estrada en -Curso de Derecho Constitucional-, Compañí­a Sud-Americana de…, 1902, T* ° III, ps. 210; Agustí­n de Vedia, en -Constitución Argentina-, Imprenta y Casa Editora de Coni Hnos., 1907, p. 209; Bidart Campos -Manual de Derecho Constitucional- p. 527 ed. Ediar; Loñ, Félix en LL del 12-12-05 pag. 8 y ss. etc.); la peculiaridad de nuestro régimen y la amplitud de nuestra Constitución, fuerzan a rechazar esta interpretación por un carácter absoluto de la inmunidad de expresión (cfr. la tradicional postura de la c.s.n. Fallos: 1:297; 248: 462; LL. del 12-12-05 pag. 7 y ss. etc.), que no implica con ello eximirlo de la responsabilidad que su accionar provoque, si fueron realizados sin conexión con sus funciones de legislador.-
Los autores de la Constitución Argentina se apartaron, en cuanto a su extensión y amplitud, del modelo de la Constitución de Estados Unidos por causas que la Corte Suprema, ha llamado -razones peculiares a nuestra propia sociabilidad- (cfr. González Calderón recordando el caso -Calvete-, Fallos: 1:800; Colautti, C. -Inmunidades de los Funcionarios Públicos- cap. V). En el texto norteamericano la inmunidad es sólo por los discursos o por la participación de los legisladores en los debates, no como en nuestro paí­s, en que lo es durante el -desempeño de su mandato-, de modo tal que también ellos están cubiertos por lo que digan fuera del Congreso y en cualquier lugar donde el legislador realizare actividad polí­tica. Claro esta que siempre que sean en el desempeño de su mandato. Es precisamente en estas circunstancias cuando hay mayores motivos para hacer valer y reconocer el privilegio, pues entonces es cuando la independencia de criterio y la libertad de acción de los representantes deben estar exentas de toda presión- (cfr. González Calderón ob. cit. pág. 503). Es la inmunidad más importante de todas las que corresponden a un miembro del Congreso, porque consiste en la libertad que tienen para expresar, sus ideas y juicios, sin temor a ninguna responsabilidad que pueda menoscabar su independencia (cfr. Joaquí­n V. González -Manual de la Constitución Argentina-, 26a edición, 1971, p. 359, entre otros).-
c) En su escrito de demanda a fs. 265/ vta. el actor solicitó, como ya fuera recordado, la prohibición definitiva a todos los demandados de continuar publicando o difundiendo las grabaciones de las conversaciones telefónicas privadas sea mediante la reproducción pública o privada de las cintas o cassettes o a través de la divulgación de las versiones escritas de ellas; y el cobro de una suma por daño moral causado por la intromisión arbitraria en su vida privada mediante al difusión que hicieron de las mismas en medios de difusión periodí­sticos.-
Como ya lo ha sostenido el distinguido magistrado que me precediera en este tribunal a fs. 1011, de conformidad con los términos de la pretensión (cfr. fs. 874vta. in fine), -si se han excluidos los hechos acaecidos durante el año 1994 y principios de 1995, lo es por haber sido enunciados como una introducción a lo que realmente es la materia fáctica del proceso, obsérvese que sobre ello, no se ha formulado construcción jurí­dica alguna-. Por ello, por ser los hechos que motivan la presente acción los acaecidos a partir del 21 de diciembre de 1995 según los que relata a fs. 270 y ss. (cfr. fs. 487/9) y el excepcionante ha dejado de ser diputado nacional el 9 de diciembre de 1995 (cfr. fs. 640) la defensa esgrimida debe ser desestimada.-
III.- Si bien es cierto que el codemandado Gelblung a fs. 1233 vta. negó la autenticidad de las cintas grabadas acompañadas por el actor correspondiente al programa emitido por Radio Libertad del 5 de enero de 1996 (obsérvese que la misma coincide con la arrimada por el codemandado Cherasny quien también junto con el arriba mencionado participó de ese programa radial en cuanto al tema que los trajera a juicio), aunque por otra parte sostiene la veracidad de todos sus comentarios realizados en dicho programa (cfr. fs. 1235); no lo es menos que, en virtud del principio de las cargas probatorias dinámicas, en razón del deber de colaboración con el tribunal, el mencionado -Gelblung- se encontraba en mejores condiciones de probar la falsedad o adulteración de aquellas.-
Enseña Peyrano que en esta categorí­a “le incumbe la carga probatoria a quien por las circunstancias del caso y sin que interese que se desempeñe como actora o demandada se encuentre en mejores condiciones para producir la probanza respectiva” (cfr. aut. cit., Soluciones Procésales, pág. 202). Así­ también la Corte Suprema de Justicia ha declarado que “corresponderán mayores cargas a quien dispone de mejores posibilidades en razón a la posesión de medios idóneos de prueba” (por ejemplo quien está -en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producirlas -cfr. aut. cit. Procedimiento Civil y Comercial, T. 3, pág.122/3, ed. Juris-).-
Como Gelblung se encontraba en mejor condición para demostrar la adulteración en su caso de la grabación del programa de radio acompañado por el actor, en que participara, y no obstante ello, ninguna prueba ha aportado, cabe tener a su negativa como un mero formalismo y por ende, por auténtica la cinta magnetofónica arrimada en autos.-

IV.- El actor alega a lo largo de su demanda la violación de derechos personalí­simos amparados por la Constitución:
a) La intimidad, es la esfera reservada de la persona, constituyendo el derecho personalí­simo que permite sustraerla de la publicidad y de otras turbaciones a la vida privada, el cual esta limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos (cfr. Santos Cifuentes en -Derechos Personalí­simos-, pág. 339 y 544, o ED.57-832 entre muchos otros). Es el ámbito comúnmente reservado de la vida, de las acciones, de los asuntos, de los sentimientos, creencias y afecciones de un individuo. Es lo más personal, privado, lo que no se desea dar a conocer.-
Garantiza a su titular el desenvolvimiento de su vida y de su conducta dentro de aquel ámbito privado, sin injerencias ni intromisiones que pueden provenir de la autoridad o de terceros, y en tanto dicha conducta no ofenda al orden y la moral pública, ni perjudique a otras personas. Es el derecho del individuo a una vida retirada y anónima; a no ser importunado, de llevar su propia existencia como estime más conveniente, a asegurarse la falta de información o ejercer un control directo sobre ella. Concede una facultad de exclusión, es decir, le da la atribución de excluir a terceros de la intromisión en aquello que constituye la zona nuclear de la personalidad. Dentro del ámbito tutelado por este derecho, el más trascendente es el secreto o reserva de los actos de la vida privada, que involucra la vida personal, sentimental, profesional, etc. (cfr. entre otros Molina Quiroga, E. -Los datos de salud…- Lexis Nexis del 28-4-04 nº especial Pág. 39 y ss.).-
Esta consagrado en forma genérica en el art. 19 de la Constitución Nacional y especificado respecto de alguno de sus aspectos en los arts. 18, 43 y 75 inc. 22 y ha sido definido por la Corte Suprema -como aquel que protege jurí­dicamente un ámbito de autonomí­a individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, … la salud mental y fí­sica y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vidas aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad- (Fallos: 316:703 considerando 8º; “Ponzetti de Balbí­n c. Editorial Atlántida” [ED, 112-242]; JA. 1985-1-513, y en posteriores pronunciamientos).-
El Código Civil en el art. 1071 bis -“que no distingue entre personas de actuación pública y las otras- señala que el hecho que da lugar a la protección legal es el entrometimiento arbitrario en la vida ajena que perturbe de cualquier modo su intimidad (cfr. en el mismo sentido: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques -Declaración de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas -“1948 art. 12; similar al art. 11 inc. 2 y 3 de la Convención Americana sobre derechos Humanos (-Pacto de San José de Costa Rica ratificado por ley 23054- el que difiere en que se refiere a injerencias arbí­trales o abusivas y ataques ilegales), estableciendo que puede dar lugar a : 1) cesación de la actividad perturbadora, si ésta aún persistiera y 2) a pagar una indemnización que fijara equitativamente el juez.-
Si bien en el caso de personas públicas, personajes célebres, funcionarios públicos, y todo aquel que desarrolla su actividad fuera del ámbito í­ntimo (en especial de interés general, de trascendencia pública – el actor es una persona de amplia exposición a partir del cargo que desde hace muchos años desempeña como Fiscal ante al Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal aunque su vida privada no tiene tal connotación.-), y expuesto a la consideración y opinión públicas, en comparación con cualquier otro particular, el derecho a la protección de su intimidad se atenúa (cfr. ‘Triacca, Alberto J. c. Diario La Razón y otros, ED. 157-357, Fallos, 316:2417; “Espinosa, Pedro F. c. Herrera de Noble E. y otros” del 27/10/94 ED, 161-606, Fallos, 317:1448; “Bruno, A. c. S. A. La Nación” del 23/8/01 Fallos: 324:2419; ED. 201-364, Fallos, 325:60); ello no puede avasallar ciertos bienes particulares sobre la base de la negligencia justificada en el derecho-deber de informar (cfr. diario LL del 24-10-05). Máxime cuando las conversaciones telefónicas fueron grabadas ilegí­timamente y no fueron expuestas públicamente por el actor.-
Es que la violación de la intimidad requiere, como ya se ha recordado, que haya existido un entrometimiento arbitrario (cfr. Belluscio-Zannoni Código Civil-¦ t* ° 5 pág. 78/81); que es lo que ha habido en el caso -
En efecto, en autos se trataron de grabaciones de conversaciones telefónicas privadas ilegalmente obtenidas, ya que solo se permite, bajo recaudos severos, interceptar y grabarlas por orden y control del juez instructor (ver leading cases “Kruslin” y “Huvig-; y entre muchos autores Kent, Jorge y Figueroa, F., “Las grabaciones telefónicas subrepticias. Conculcación de los derechos a la privacidad y defensa en juicio. La inexcusable dispensa judicial”, LL. 1991-B, 273; Kielmanovich, Jorge, “La prueba en el proceso civil”, ps. 13 y ss. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985; del mismo autor LL. 1984-B-731; la doctrina del “fruto del árbol venenoso” -la valoración de la prueba ilegí­timamente obtenida, por violar el derecho a la intimidad-, ver Cafferata Nores, José I., “Los frutos del árbol envenenado -La prueba obtenida por quebrantamientos constitucionales-”, Bs. As. Ed. Depalma, 1986, p. 491; Carrio, Alejandro en LL. 1988-B, 445; JA 1992-1-445-), que en el caso, como señalaré más abajo no se ha dado.-
Aún cuando las escuchas telefónicas pretendan obtener la verdad material esta no se puede conseguir a cualquier precio, cualquier modo no es válido. Por tanto esta medida, que implica una restricción al derecho de la intimidad, para que esté justificada y la intromisión no sea arbitraria, debe ordenarse con los presupuestos impuestos por el principio de legalidad. El principio emanado de la Constitución Nacional de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas (cfr. art. 18) sólo contempla como lí­mite, la autorización judicial.-
En los presentes actuados se ha violado la privacidad, pues se desprende claramente que la intervención del teléfono no obedeció a una orden judicial fundada competente para ello. Por lo que, como surge de las constancias de autos, las conversaciones telefónicas privadas del actor (que así­ fueron reconocidas por este) que dieran origen a esta demanda fueron grabadas de forma ilegí­tima (cfr. expediente nº 2124 a fs. 1514/68). Y si bien no se ha acreditado quien las ha efectuado, se ha violado este derecho a la intimidad (cfr. Cifuentes -Elementos de Derecho civil- & 43 pág. 87y ss. ed. Astrea) con el reconocimiento de los demandados que fueron ilegí­timamente obtenidas (cfr. por ejemplo Benedetti a la posición nº 36 de fs. 1381vta. pliego de fs. 1377/80, fs. 672/3, fs.1584, cassette de audio identificado con (II) reportaje del periodista Bonelli; a fs. 701 y audio del programa de Radio Libertad en donde expresamente dice Cherasny: -…para que se investigue en el parlamento no como lo grabaron, sino…-, -respecto de Gelblung escúchese las grabaciones del programa identificado como (I) -; y fs. 757, video del Noticiero de América 2, y confesión ficta a la posición octava del pliego que obra agregado a fs. 2205 respecto de Roselló); y su difusión por parte de ellos (cfr. las diferentes denuncias formuladas por Benedetti y Roselló -“cfr. fs. 1419/30, fs. 1486/1513, fs. 1569, fs. 1584, fs. 1597 y fs. 1648/54- este último siguiendo las instrucciones del primero -“cfr. fs. 673vta./4, y 757 vta.-; lo expuesto por Cherasny a fs. 701 punto 2.2.3 en cuanto a de quien habí­a obtenido la cinta magnetofónica; el programa de radio Libertad del 5 de enero de 1996 en que interviene este último con Gelblung -ver también considerado V punto d-), etc..-
b) El honor es el conjunto de relaciones de reconocimiento que se derivan de la dignidad y del libre desarrollo de la personalidad (cfr. Verdugo Gómez de la Torre, Ignacio -Honor y libertad de expresión- ed. Tecnos Madrid 1987). Cifuentes (en “Revista del Notariado”, separata nº 723 pag. 721) al definirlo hace suya la conclusión del autor italiano Adriano de Cupis: “la dignidad personal refleja en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma”.-
Está en contacto directo con la participación del individuo en la comunidad ya que los ataques ilegí­timos a este derecho se producen por expresiones proferidas en descrédito o menosprecio que generan el desmerecimiento en la consideración ajena; diferenciándose de la intimidad, porque en esta se pretende garantizar un ámbito de no intervención activa en la vida social lo que no supone necesariamente un juicio de descrédito hacia la ví­ctima, aunque en ocasiones, la vulneración al bien jurí­dico intimidad puede constituir una forma de ataque a la honorabilidad de las personas.-
En el caso de autos se ha afectado, el honor del actor por la falsa imputación de antisemita y/o nazi, injuriándolo, como más abajo se analizará, y su “derecho a la identidad”, afectando su vida, su patrimonio cultural y vital de la personalidad, (cfr. LL. 1999-F-1230), lo que quiere, siente y piensa. La violación importa una falsificación de esa personalidad, su desnaturalización o desfiguración de la verdad, adulteración o su equí­voco, ya que si algún rasgo propio de dicha personalidad es comentado sin distorsión, no hay ofensa a la identidad personal (cfr. Cifuentes -Autonomí­a de los Derechos personalí­simos-¦- en LL. 1998-B-702 y ss.; Fernández Sessarego, “Derecho a la identidad personal”, págs. 14 y ss.).-
Entiendo también que se ha violado este derecho, al sostener que el actor es antisemita y nazi, cuando ello no se desprende según surge de la prueba aportada ni puede obtenerse esa conclusión de la conversación privada ilegalmente grabada (cfr. considerandos siguientes)

V.- a) En la colisión entre la libertad de prensa y la protección de los bienes personalí­simos hay quienes se han inclinado por la tesis de la primací­a de la primera con fundamento en que como los medios de comunicación tienen un rol decisivo en la información, formación y orientación de la opinión pública, el valor jerárquico asignado a la libertad de prensa esta por encima de los derechos personalí­simos (cfr. Badeni, Gregorio -Libertad de prensa y las opiniones polí­ticas- JA 1988-IV-744; ver asimismo ED. 125-676). No debemos olvidar tampoco, la necesidad de preservar esta libertad en el rol pluralista que ella desempeña en un sistema polí­tico, democrático y constitucional. Otra corriente de pensamiento ha considerado que la dignidad de las personas esta por encima del derecho a la información (cfr. Jornadas de Responsabilidad por daños en homenaje al Dr. Jorge Bustamante Alsina, Bs. As., 1990).-
Sin embargo la tesis que cuenta con profuso respaldo es la que propugna la armonización entre la actividad informativa (libertad de prensa que como otras libertades no es absoluta en relación a las consecuencias que depara su ejercicio) y, los demás derechos personalí­simos que procura salvaguardar todos los intereses comprometidos y reputa trascendente el daño inferido a cualquiera de ellos con fundamento en que, una colectividad libre, está amenazada cuando se viola la libertad de prensa, pero el ejercicio abusivo de dicha libertad produce consecuencias no menos chocantes que aquella violación. Por ello las hipótesis de conflicto deben resolverse en función de las circunstancias concretas del caso, no resultando posible formular una jerarquización apriorí­stica.-
El criterio para evaluar la responsabilidad jurí­dica debe ser acorde con la función que le asigna el sistema polí­tico a la libertad de prensa, no para otorgar un privilegio inadmisible a quien ejerce esta, sino para preservar la vigencia de la estructura democrática constitucional. La dificultad básicamente se plantea cuando entra en conflicto la libertad de expresión pública y el honor, la intimidad o la privacidad de la persona.-
b) La libertad de expresión contiene la de dar y recibir información, y tal objeto ha sido especialmente señalado por el art. 13, inc. Io, de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que, al contemplar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, declara como comprensiva de aquélla -la libertad de buscar, recibir y difundir información o ideas de toda í­ndole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artí­stica o por cualquier otro procedimiento de su elección- (cfr. también E. D. 198-35, f. 51.506).-
Pero -el derecho a la libre expresión e información- no es absoluto, como ya se adelantara, en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raí­z de los abusos producidos mediante su ejercicio, ya que el honor, la intimidad o la identidad de las personas no sólo puede verse afectado a través de delitos cometidas por medio de la prensa, sino también puede existir una injustificada lesión que resulte de un acto meramente culpable o aún del ejercicio abusivo del derecho de informar. Por lo que, el que da a conocer falsas imputaciones no puede quedar exento -al igual que cualquier habitante de la Nación- de la responsabilidad civil emergente de tales actos (cfr. CS. “Campillay, Julio César c. La Razón y otros” del 15/5/86, ED 118-305; Fallos: 308: 789). Es que, si bien la libertad de prensa es una necesidad de la comunidad, y reviste caracteres de deber más que de derecho o prerrogativa no puede extenderse en detrimento de la necesaria armoní­a que debe guardar con los restantes derechos constitucionales (Fallos: 308: 789).-
No es que la prensa no pueda efectuar análisis o emitir pareceres, ello está constitucionalmente protegido (art. 14 C.N. dice: “publicar ideas sin censura previa”), pero si la opinión deja de ser un parecer para convertirse en un modo de descalificar a una persona, no están eximidos de ser responsables civilmente de los daños que tales descalificaciones produzcan, ni gozan de reglas especiales de responsabilidad. La prensa no goza de impunidad sino de seguridad en la función que desempeña (cfr. Fallos 310:508; “Ponzzetti de Balbí­n c. Editorial Atlántida” ED. 112-242, L.L. 1985-B-121; “Vago c/ Ediciones La Urraca” J.A.1992-I-558 y ss.; Fallos, 308:789; etc.).-
Su actuar no debe escapar a las reglas de la responsabilidad civil. No ignoro la llamada doctrina de la “real malicia” -”New York Times vs. Sullivan” (376 US 254, del año 1964)- que supone la posibilidad de reproche al medio de comunicación en el supuesto en que un funcionario o figura pública que se viese afectado en su honor, agraviado o injuriado por noticias periodí­sticas debe acreditar que tal información fue comunicada con dolo o con indiferente desconsideración acerca de si era o no falsa (culpa grave, aunque en nuestro derecho el art. 512 del Cód. Civil no establece grados); mientras que a los particulares, les basta -en principio- probar la culpa para que proceda su indemnización. Pero ello se opone a la doctrina de la responsabilidad profesional (cfr. art. 902 del Cód. Civil), e invierte la carga probatoria (admisible solo en supuestos especiales), creando una presunción a favor de quienes, por su profesionalidad, se encuentran obligados a emplear mayor cautela (cfr. diario LL. del 24/10/2005 pág. 9; CNCiv. Sala D 15-9-05 JA.2006-I. fas. nº3; De los Santos, Mabel -La doctrina de la Real Malicia….- disertación de agosto de 2000 en el IV Seminario sobre Poder Judicial y Prensa- organizado por ADEPA y AMFJN: -una negligencia común para cualquier persona, se convierte en algo así­ como una culpa grave para la empresa periodí­stica…lo que conduce a soluciones análogas a las que propugna la doctrina de la real malicia-), no obstante lo que se expondrá en los últimos párrafos del punto c. de este considerando.-
Pero aun en el ámbito de la real malicia, los jueces deben sopesar que a mayor gravedad de la imputación vertida, mayor será la diligencia que habrá de exigir a quien la formula amparado en la libertad de informar y publicar ideas por la prensa, y que en tanto que elementos subjetivos, grandes serán las dificultades de los afectados para probar el conocimiento por el imputado de la falsedad de la información o su temeraria despreocupación por averiguar el grado de certeza, lo que amplí­a el juego de la actividad probatoria de ambas partes y el grado de aprovechamiento judicial de la prueba indiciaria. Así­, ninguna inversión rigurosa de la carga de la prueba; por el contrario, el medio periodí­stico no está eximido de allegar los elementos de juicio necesarios para acreditar la improcedencia de la demanda, aunque sin llegar al extremo de probar la veracidad de lo divulgado, su fin lí­cito o que no se tení­a conciencia de su falsedad. Pero sí­ incumbiéndole la demostración de que actuó responsablemente y con diligencia en la obtención de la noticia (cfr. el dictamen del Procurador ante la Corte Suprema de Justicia emitido el 28 de abril de 2004, en el recurso de hecho D. 401. XXXIX , en los autos “Donatti, Claudio c/ Editorial Jornada S.A. y/u otro” citando a Carlos S. Fayt en su obra “La Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre comunicación y periodismo- p. 196/7).-

c) Los codemandados concluyen que el actor es nazi y antisemita a partir de la grabación telefónica que reproducen, y el conocimiento que ellos mismos dicen tener de este. En efecto, así­ dice Cherasny: -… Quantin pertenecí­a a la extrema derecha,-¦ parecí­a que habí­a cambiado, -¦ es sabido que era un nazi confeso y conocido…-, -…tiene antecedentes nazis…-, -…por el 84 habí­a gente que decí­a que era nazi…-, -…pero tení­a mucha fama de nazi…- y Gelblung:-…el antisemitismo no se cura…terrible…lapidario-, consintiendo lo manifestado por el primero. -
Se es responsable de la falsedad sustancial de las noticias expuestas asertivamente y como propias, que afecten la reputación de una persona. De ahí­ que no lo es cuando: 1) utilice un tiempo de verbo potencial, ya que faltarí­a el mencionado carácter asertivo (cfr. Ancarola, comentando el fallo de la CS del 18-2-03 -B., F. A. c/ Diario El Sol- ED. 203-384, dice con razón que el condicional no es mágico, y señala que “el contenido de todo del discurso debe ser conjetural y no asertivo” -cfr. asimismo -Cuidar la propia honra- de Alberto Jorge Gowland ED 6-10-04 Pág. 1 y ss.-); o 2) cuando omite la identidad de los implicados, puesto que estarí­a ausente la afectación señalada; o 3) cuando atribuye sinceramente la noticia a una fuente, dado que aquélla dejarí­a de ser propia del medio (cfr. también -Granada, Jorge H. c. Diarios y Noticias S.A. s/ daños y perjuicios- del 26/10/93 ED. 157-379; Fallos, 316: 2395; Campillay -Fallos 308:789, LL, 1986-C-411; se ha sostenido que opera como causal de justificación con jerarquí­a constitucional impediente de considerar una conducta como antijurí­dica “in re” “Acuña”, Fallos 319:2959-). En el caso no se da ninguno de los tres supuestos.-
El tiempo de verbo en potencial, resulta necesario en caso en que se haya omitido designar una fuente de información, por cuanto bien podrí­a decir la noticia que es una opinión de quien la escribe o dice, o bien como no se tiene certeza sobre aquello que se va a afirmar, ello genera en el lector una duda en cuanto a que lo que se dice sobre alguien no es verdadero, y así­ se protege a quien se refiere la nota aludida.-
No se utilizó el potencial, ni se formula en forma conjetural, ni -“contrariamente a lo sostenido por los codemandados- de opinión, sino que se afirma que es antisemita y nazi (ver este punto c.), resultando tal afirmación agraviante.-
Por lo demás no sólo no se ha reservado la identidad del implicado, sino que tampoco se ha citado alguna fuente pertinente, ya que decir que -habí­a gente que decí­a que era nazi- o -que tení­a mucha fama de nazi-, no es fuente identificable (por lo que corresponde atribuirle al informante la versión de los hechos); y tampoco puede tenerse como fuente las escuchas telefónicas ilegalmente obtenidas de las que, por otra parte, tampoco se desprende las conclusiones a las que arriban los codemandados porque nada dice del antisemitismo y nazismo que intentan endilgarle al actor.-
En efecto, como sostuve no deviene de ninguna manera fuente informativa, sino que es la conclusión a la que arriba la parte demandada luego de analizar una sola circunstancia de hecho: las escuchas telefónicas ilegales referidas al pedido de que el actor promueva un amparo para que una persona no sea atendida en el Hospital Israelita. Me pregunto, * ¿qué se hubiera dicho entonces del actor de haber promovido ese amparo?.-
Si bien es fundamental la protección de la más amplia discusión de los asuntos de interés público, en el caso no solo no se trata de esto (prueba de ello es también el resultado de las denuncias formuladas por los codemandados Benedetti y Roselló y que a diferencia de los restantes su accionar fue calificado por el actor como una -campaña-), sino que se agravia al accionante, invadiendo su esfera privada sin fundamento (arts. 1071 bis, 1089, 1109 y cc. Cód. Civil). Obsérvese que -“como ya se adelantara en este considerando- no se ha emitido una simple opinión o comentario, sino más bien una conclusión sobre este que, en rigor, en orden a la función que desempeña, no puede siquiera estar sospechado públicamente.-
Por otra parte, este tipo de material así­ obtenido (grabaciones telefónicas ilegales y del que ya he tratado en general) no puede servir como fuente de información periodí­stica aunque resulte ser tentador (cfr. también dentro del ámbito periodí­stico a Eduardo Garcí­a Hamilton, director del diario Siglo XXI de San Miguel del Tucumán. y Andrew Graham Yool, del The Buenos Aires Herald –No se le puede dar visos de aceptable a lo ilegal, porque es criminalizarse”-, nota publicada en Adepa, Noticiario de la Prensa Argentina nº 174, julio de 1998). En un mismo sentido de respeto por la intimidad y cautela frente a la información provista por fuentes anónimas se expresó Garcí­a Hamilton, recomendando, como paso ineludible, chequear la información con otra fuente, porque “si la información es chequeable, esa fuente dejó de ser ilegal” (cfr. Adepa Noticiario… ya citado).-
No existe elemento alguno que permita considerar que se ha chequeado la información que se ha dado al público, ni se ha producido en autos prueba alguna por parte de los codemandados tendientes a probar el supuesto antisemitismo y/o nazismo del actor, no existiendo circunstancias suficiente para deslindar de responsabilidad al informante, especialmente respecto de la llamada -real malicia- (cfr. este considerando punto b). Por el contrario en la divulgación de la información existió un comportamiento ilegí­timo, desaprensivo, despreocupado por confirmar la veracidad o no de aquella, en contradicción con los deberes de prudencia y diligencia que impone el art. 902 del Cód. Civil (cfr. también art. 512 del citado cuerpo legal); por lo que aún aplicando la doctrina arriba mencionada, los codemandados deberán responder por el perjuicio causado al actor. Obsérvese que no se arbitró ningún mecanismo para considerar la veracidad de tal afirmación -que por ser un hecho de tal gravedad importaba una afrenta, afectando el derecho de honor y reputación- que aparece desvanecida en cuanto se analice la prueba aportada por Quantin. Así­ se desprende de las declaraciones de los testigos que declaran a fs. 1469 -Sivori.-; fs. 1472 -Monner Sans-; fs. 1606/9 -Munilla Lascano-; fs. 1688/93 -“Narvaiz-; fs. 1695/7 -“Ribas-; fs.1622 -Argibay Molina- y fs. 1888/9 -Aní­bal Ibarra-; como de los informes de: fs. 1485 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, fs. 1613/4 de la Secretarí­a de Auditores Judiciales de la C.S.J.N., fs. 1704 de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, fs. 1861/2 de Procuración General de la Nación; como así­ también el de fs. 1824 y el resultado de las diferentes denuncias efectuadas por los restantes codemandados.-
Es cierto que no se puede exigir a los órgano de prensa, que antes de dar una información verifiquen la verdad absoluta de ella, pues ello podrí­a ser tan dificultoso que en los hechos restringirí­a o limitarí­a en exceso el derecho de informar, pero si es necesario que el informador pueda probar que trató de verificar la verdad de los hechos de manera diligente y razonable agotándo las fuentes disponibles con insistencia suficiente, para que un profesional honesto pueda llegar a la convicción que lo que publica es verdad (cfr. Zannoni, Eduardo, -El factor de atribución de la responsabilidad de los medios de comunicación- en Responsabilidad por daños- Homenaje a Jorge Bustamante Alsina t. II 1990; CNCiv., Sala A LL.1986-D-379; ED. 123:128; Muñoz-Machado -Libertad de prensa y procesos por difamación- pág. 154/5). Lo que no se ha hecho, como lo demuestra la ausencia de toda prueba al respecto. Ello sin perjuicio de la aportada por el actor para probar lo falso de las imputaciones (cfr. párrafo anterior).-
d) En el caso que nos ocupa, se ha invadido el ámbito del derecho de privacidad, que constituye un lí­mite externo a la libertad de información, en la medida en que la intimidad sustrae a la persona individual de las relaciones de comunidad y de organización a las que responde el reconocimiento de la libertad de expresión. El derecho a la intimidad, opera con frecuencia como lí­mite al derecho de la libertad de expresión.-
Los hechos, aún los verdaderos, si son lesivos a la intimidad de las personas afectadas, no deben divulgarse, la exceptio veritatis carece de virtualidad en estos casos. No excluye la antijuricidad la prueba de la verdad de los hechos, este derecho no se preocupa por la verdad o la falsedad, no se busca un remedio para lesionar a los individuos sino para evitar la violación a la vida privada (cfr. Belluscio -Zannoni Código Civil-¦ t* ° 5 pág. 79 y su cita). Por lo que la misma y no obstante lo arriba expuesto, no podrá ser atendida.-

VI.- Contra los demandados (con los que en definitiva decidió el actor dentro de su facultad, accionar), invoca la solidaridad que recién exterioriza a fs. 713/vta., o 719/ vta. (ver fs. 1013 vta. segundo párrafo).-
Ahora bien, el caso de autos se trata de responsables por hechos distintos (como así­ también fue reconocido por el actor a fs. 720 segundo párrafo). Por un lado los codemandados Benedetti y Roselló y por otro Gelblung y Cherasny. Ello por no haber acciones conjuntas entre los primeros mencionados y los segundos, por lo que no hay concausalidad conjunta ni concurrente, ni superposición de causas (cfr. asimismo lo sostenido a fs. 298 vta.). Entiendo que si bien han violado los derechos arriba analizados, el actuar de cada uno (Benedetti y Roselló por un lado y los restantes por el otro) aisladamente no han producido el mismo daño -“cfr. Alterini y otros -Derecho de Obligaciones- pág. 227 ed. Abeledo-Perrot-); han sido hechos diferenciados (cfr. fs. 298vta.), sus conductas han sido muy disí­miles, no lo fueron con los mismos medios, intensidad, métodos y extensión. Por lo que los unos y los otros han de responder por sus propios hechos porque no ha existido entre los primeros y los segundos participación en un hecho único sino, reitero, hechos distintos. Aunque entre Benedetti y Roselló, como también entre Gelblung y Cherasny, ha habido acción conjunta (cfr. aut. cit. pág. 227 & 512 nº 1).-
Entre Benedetti y Roselló han actuado, como así­ lo han reconocido, en forma conjunta, al haber difundido las escuchas ilegales como ya se expresara más arriba realizando públicamente acusaciones al actor en cuanto a que es nazi y/o antisemita, etc.(cfr. por ejemplo video del noticiero de América 2 y cassette identificado con II ), por distintos medios ya sea mediante denuncias -“todas desestimadas-, presentaciones ante oficinas públicas del Poder Judicial (cfr. fs. 720), televisión, radio, etc., lo que ha calificado el actor como una -campaña-. Por lo que deberán indemnizar en forma solidaria a Quantin (cfr. art. 1081 del Código Civil), con la suma que más abajo se fijará.-
Los restantes codemandados Gelblung y Cherasny solo han participado, y en forma conjunta, en un programa de radio en donde en un segmento del mismo se pasan parcialmente las conversaciones privadas del actor que después le permiten concluir que es antisemita y nazi. Atento el obrar negligente exteriorizado en el desinterés por obtener la veracidad de las imputaciones que formularan y lo demás expuesto en los considerandos anteriores, deberán responder por la suma que más abajo se determinará en forma solidaria (cfr. art. 1109 del Cód. Civil).-
Por lo que la condena será impuesta siguiendo las pautas aquí­ establecidas.-

VII.- Se caracteriza el daño moral como la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales (cfr. Rezzónico, Obligaciones, 9a. ed. act. vol. II, pág. 233), o mejor quizás como el que no menoscaba el patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley (cfr. Orgaz, “El Daño Resarcible”, 3a. ed. act. 1977, Nro. 6, pág. 23). Si bien en principio no se contempla una presunción legal genérica de la existencia del daño moral (los arts. 522 y 1078 del Código Civil no consagran tal presunción); hay autores que así­ lo entienden en casos especiales como el previsto en el art. 1071 bis (cfr. Roland Arazi, -Prueba del Daño moral- Pág. 104 Revista de Derecho de Daños- Daño Moral 6 ed. Rubinzal-Culzoni; cfr. para el delito contra el honor Fallos:327:184); o como por su parte sostiene Trigo Represas, el mismo -el daño moral- se infiere al violarse algunos de los derechos personalí­simos o de la personalidad que protegen como bien jurí­dico o de sus atributos; como los que constituyen la seguridad personal, como serí­an la privacidad, la salud y la integridad psicofí­sica de los seres humanos, y los que son las afecciones legí­timas como serí­an el honor, el pudor, entre otros. (cfr. aut. cit. Daño moral, en Responsabilidad Civil. Presupuestos, Advocatus Córdoba 1997 pag. 206).- Compartiendo el criterio que sostiene la naturaleza resarcitoria del daño moral, este no requiere prueba directa de la existencia y extensión del daño -“ya que se infiere a partir de la calidad objetiva de la ofensa en correlación con las circunstancias particulares de la ví­ctima-, gozando el suscripto de un amplio arbitro para su determinación, teniendo en cuenta los padecimientos sufridos, por lo que basta una prueba indirecta (cfr. Belluscio-Zannoni Código Civil-¦ T* ° 5 Págs. 83/4, 114 y ss. comentario a los arts. 1071 bis y 1078; CNCiv. Sala F octubre 11 de 2005 L.420.635 entre muchos otros).-
El daño moral implica una lesión susceptible de causar lo que una aguda fórmula se ha llamado “modificación disvaliosa del espí­ritu” (cfr. Pizarro, Daniel “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, JA del 17.09.86 especialmente pág. 6 y doctrina allí­ citada). Al indemnizarlos no se le está poniendo un precio a los sentimientos, sino que se trata de compensar a quien sufre injustamente por el actuar de un tercero. Ello porque la afección aní­mica no es consecuencias del daño, sino el daño mismo (cfr. De la Fuente, “Concepto jurí­dico patrimonial y daño moral”, ED 87 – 915 y ss.; LL-, 1989-E-270; DJ, 1990-1-762; LL 24-10 05 nota de Gerardo Ancarola entre otros-).-
El art. 1071 bis adopta una posición más amplia, de manera que no será siempre necesario que haya difusión, ni publicación, para que haya violación a la intimidad. La toma de conocimiento, la intromisión, constituyen violaciones en si mismas. La mayor o menor divulgación que se haga de la vida privada deberá tenerse en cuenta en el momento de cuantificar el daño, sin embargo la sola acción de tomar conocimiento de algo que es propio y reservado de una persona implica ya la configuración de la conducta prevista por el artí­culo citado (cfr. Bueres-Highton, -Código Civil y Normas Complementarias, Análisis Doctrinario y …- Tomo 3-A, pág. 137 y nota nº 43). Aún cuando se pudiera probar que la publicación no produjo desmedro de la buena fama, siempre quedarí­a a la vista que la parte actora sufrió en su dignidad (cfr. CNCiv. Sala E 12-11-97 LL. 1998-C-956).-
No puede exigirse a los funcionarios públicos que soporten estoicamente cualquier afrenta a su honor sin poder reclamar la reparación del daño injustamente sufrido, máxime cuando al actor se le atribuyó la condición de nazi y antisemita con repercusión en el ámbito de sus funciones, además de la cobertura periodí­stica y difusión en los cí­rculos laboral y social (cfr. arg. C.S.N. LL 2004-D-747, con nota de Félix Loñ).-
Teniendo en cuenta los derechos personalí­simos violados (intimidad, honor e identidad), la difusión que han tenido las conversaciones telefónicas ilegalmente grabadas al actor en cuanto a los aquí­ hoy demandados (cfr. fs. 673/4 de la contestación de demandada de Benedetti y las denuncias efectuadas por este según surgen de fs. 1486, 1497, 1584 entre otras; y el codemandado Roselló a fs. 1419/30, y fs. 1648/52; el codemandado Cherasny del cassette con la grabación del programa emitido en Radio Libertad el 5 de enero de 1996 -cfr. fs. 1251/2- igual que respecto de Gelblung -“ver considerando III-); la declaración del testigo Ribas de fs. 1695/7 que no sabe si se dio difusión a las grabaciones; el reconocimiento de los demandados al conocer el origen ilegí­timo de las grabaciones telefónicas (cfr. respecto de Benedettti fs. 1584, en cuanto a Roselló en el videocasete adjuntado en la demandada referido a declaraciones que realiza en Canal 2 y la confesión ficta a la posición octava obrante a fs. 2205, y Cherasny y Gelblung de la propia grabación del programa de Radio Libertad del 5 de enero); lo declarado por los testigos: Sivori a fs. 1470 (a la tercera), Munilla Lascano a fs. 1606/9 (especialmente a la quinta, sexta y novena); Narvaiz a fs. 1688/93; Ribas a fs. 1695/7 (especialmente a la primera repregunta de fs. 1696/vta); la personalidad del afectado; el ámbito en que se desenvuelve; la naturaleza de la intrusión; la finalidad perseguida y los medios empleados para propalar por cada uno de los codemandados (especialmente la repercusión que tiene la divulgación por canales de televisión abierta -cfr. CNCiv. Sala C 14-12-04 -Honores c/ Goldfarb-, JA.2005-III fas. 1-; la órbita en que se desempeña el actor y lo expuesto también en el considerando anterior); la entrevista radial que a continuación -luego del Dr. Gutiérrez- se hace a Aní­bal Ibarra en el programa en que participara los codemandados Gelblung y Cherasny y en donde se hace una defensa del actor, sosteniendo que no le consta que tenga antecedentes o simpatí­as antisemitas; de conformidad con lo dispuesto por el art. 165 del Cód. Procesal estimase justo y equitativo, dadas las circunstancias y peculiaridades de este caso, reconocer a favor del actor, la suma $ 60.000 a cargo de los codemandados Benedetti y Roselló, y de $ 20.000 a cargo de los Sres. Gelblung y Cherasny (ver considerando VI).-

VIII.- El actor demandó: (A).- la acción de inhibición y (B).- una condena indemnizatoria (cfr. fs. 265), solicitando a fs. 265vta. -…también la imposición de costas a los demandados, con excepción de aquellos que no se opongan a la acción de inhibición reseñada en (A). Todos los demandados (cfr. fs. 584, 672, 700 y 756) se sometieron a la pretensión de inhibición solicitando la exención de costas por todo el proceso.-
Queda aquí­ interpretar el alcance de la exención de costas propuesta por el actor en una redacción que, por lo menos da lugar a dudas. En efecto si los demandados, como lo hicieron se someten a la primera de las pretensiones, * ¿ello los eximí­an de las costas por las dos, esto es por todo el proceso, o solo respecto de aquella, que es lo que entiende el accionante? (cfr. por ejemplo fs. 851/3, 882 y 902).-
El art. 874 del Código Civil prevé que -la intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva-. La renuncia comprende estrictamente los derechos que su autor tuvo en vista y no pueden extenderse a otros aunque estuvieren con aquellos en una relación mas o menos estrecha (cfr. Salas-Trigo Represas Código Civil… t º 1 pág. 433 comentario al art. 874 & 2 A; CN. Civil Sala E LL. 94 -216 sum. 2).-
Cuando la renuncia es gratuita (a diferencia de la onerosa), el art. 874 es categórico y no da lugar a dificultades. Por cualquier duda que se tenga, sobre la extensión de las facultades renunciadas debe entenderse en sentido de la ausencia de renuncia, ya que la intención de despojarse del derecho en cuestión sólo puede aceptarse como establecida cuando está configurada a través de hecho inequí­vocos y claros que no dejan dudas al intérprete. La duda favorece al posible renunciante, para que no se lo tenga como tal (cfr. LLambí­as Jorge J. Código Civil Anotado t* ° II-A pag. 869 ed. Abeledo-Perrot).-
Si respecto del reclamo indemnizatorio no ha habido contraprestación por parte de los codemandados al no haberse sometidos estos a la pretensión, es de aplicación lo recordado en el párrafo anterior. Por lo que el sometimiento a la primera (A) no lo eximen del pago de las costas por la segunda.-

IX.- Las sumas indicadas en el considerando VII habrán de incrementarse con los intereses que se calcularán hasta la de su efectivo pago, según la tasa pasiva promedio a treinta dí­as que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (cfr. Cám. Civ. en pleno in re: “Vázquez, Claudia c/ Bilbao, Walter s/ ds. y ps.” del 2/8/93).-

Por estos fundamentos y disposiciones legales, tanto implí­cita como explí­citamente citadas, FALLO: Haciendo lugar a la demanda. En consecuencia, se dispone la prohibición definitiva de publicar o difundir las grabaciones de las conversaciones telefónicas privadas del actor sea mediante la reproducción pública o privada de las cintas o cassettes o a través de la divulgación de las versiones escritas de ellas referidas a lo que fuera materia de este pleito, y condeno a Jorge Enrique Benedetti y Eliseo Aldo Roselló, a pagar la suma de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000); y a Samuel Gelblung y Guillermo Jorge Cherasny a pagar la suma de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) a Norberto Julio Quantin dentro del plazo de 10 dí­as con más sus intereses que deberán ser liquidados conforme a lo establecido en el considerando
IX. Con las costas por su orden respecto de la primera de las pretensiones y a los vencidos respecto del reclamo indemnizatorio en un 75% a cargo de Benedetti y Roselló y el 25% restante a cargo de Gelblung y Cherasny (cfr. Considerando VI y VIII).-
……

A dichos importes, el condenado en costas deberá adicionar el 1% previsto por el art. 62 de la ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Fí­jase el plazo de diez dí­as para el pago de los honorarios regulados precedentemente.-
Cópiese, regí­strese, notifí­quese a las partes, profesionales y, oportunamente archivase.-
Firma: JUAN ALBERTO CASAS
Fecha Firma: 03/04/2006


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