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Proyecto del Senado sobre regulación y protección jurí­dica del correo electrónico

Posted: junio 26th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Proyecto de Ley, Spam | No Comments »

Proyecto de Ley del Senado Nacional sobre regulación y protección jurí­dica del correo electrónico.

Ver “proyectos presentados en Diputados”:http://www.habeasdata.org/ProyectosDelitosInformaticos2006


(S-1628/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, medicine ..

Artí­culo 1: La regulación y protección jurí­dica del correo electrónico, psychiatrist en el territorio de la República Argentina y en los lugares sometidos a su jurisdicción, se regirá por esta ley y por los tratados internacionales en que la Nación sea parte.

Artí­culo 2: A los efectos de esta ley, entiéndase como
a) Correo Electrónico: todo mensaje, dato o información
transmitido a través de dispositivos electrónicos;
b) Correo Electrónico Comercial: todo Correo Electrónico transmitido con el fin publicitar, comercializar, ofrecer o demandar bienes o servicios;
c) Correo Electrónico Comercial No Solicitado: todo Correo Electrónico Comercial dirigido a un Receptor con quien el Emisor no tiene una relación comercial o personal existente y transmitido sin que medie un pedido expreso del Receptor o sin su previo y expreso consentimiento;
d) Dirección de Correo Electrónico: toda dirección o casilla electrónica expresada mediante cualquier tipo de caracteres, explicitados o no en la pantalla, a la cual se puede enviar un Correo Electrónico;
e) Emisor: toda persona que trasmite un Correo Electrónico;
f) Receptor: toda persona titular de una Dirección de Correo Electrónico al cual un Correo Electrónico fue enviado o recibido
g) Información del Encabezamiento: fuente, destino e información de direccionamiento adjunta a un Correo Electrónico, incluyendo el nombre de dominio y Dirección de Correo Electrónico originarios o cualquier otra información que tenga por objeto identificar a la persona que inicia la transmisión de un Correo Electrónico;
h) Prestador de servicios de correo electrónico: toda persona que presta a sus clientes y usuarios un servicio que permite el enví­o, recepción y almacenamiento de Correo Electrónico;
i) Transmitir incluye pero no se limita al enví­o y reenví­o de Correo Electrónico o cualquier otro acto u operación que consista o tenga por efecto el enví­o de un Correo Electrónico.

Artí­culo 3: El Correo Electrónico se equipará a la correspondencia epistolar, a los efectos legales de resguardar la inviolabilidad de su contenido.

Artí­culo 4: Cuando la Dirección de Correo Electrónico sea provista por el empleador para uso del empleado, se deberá notificar fehacientemente la polí­tica respecto del acceso y uso de dicha dirección de correo electrónico.

Artí­culo 5: El Correo Electrónico Comercial deberá contener y exhibir de forma sencilla, clara y completa:
Datos de identificación del Emisor, incluyendo nombre y apellido o razón social, domicilio fí­sico, teléfono y Dirección de Correo Electrónico;
Una descripción breve, precisa y representativa del contenido del Correo Electrónico y la leyenda “publicidad”; “anuncios”; “circulares”; “ofrecimiento”; “propuesta”; o “invitación”, en el campo del objeto o asunto
Un aviso en que el Receptor pueda declinar la recepción de otros Correos Electrónicos transmitidos por el Emisor; y
Una Dirección de Correo Electrónico de respuesta válida a la que el Receptor pueda transmitir un correo electrónico para notificar su voluntad de no recibir adicionales correos del Emisor.

Artí­culo 6: El Correo Comercial No Solicitado y su Emisor deberán cumplir con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del Artí­culo anterior con más:
a) El tamaño máximo del Correo Electrónico no superará lo regulado por la Autoridad de Aplicación
b) Incluir un aviso en forma clara, simple y visible manifestando que el Receptor puede solicitar expresamente la recepción futura de otros Correos Electrónicos Comerciales enviados por el Emisor, con la inclusión de una Dirección de Correo Electrónico a la que el Receptor puede enviar un Correo Electrónico para notificar su voluntad de seguir recibiendo adicionales Correos Electrónicos Comerciales de parte del Emisor.

Artí­culo 7: Sé prohí­be que toda persona:
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado, con la intención de engañar, por el medio que fuere, a los Receptores acerca de la identidad del Emisor:
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado, desde una Dirección de Correo Electrónico cuyo titular proveyó información falsa, engañosa o incompleta acerca de su identidad;
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado, que incluya una dirección de respuesta distinta a la utilizada para enviar dicho Correo Electrónico;
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado conteniendo información falsa, engañosa o incompleta en el campo del asunto o que no coincida con el contenido del Correo Electrónico;
Transmita Correo Electrónico Comercial a un Receptor que hubiere formulado el pedido para que no se le enví­e dicho Correo Electrónico o no hubiera manifestado su voluntad para una recepción futura.
Falsifique la Información de Encabezamiento en Correos Electrónicos Comerciales e intencionalmente inicie su transmisión;
Omita cualquiera de las condiciones previstas en los Artí­culos 5 y 6 anteriores.

Artí­culo 8: Todo Prestador de servicios de correo electrónico procurará:
Emplear todas las medidas tecnológicas viables tendientes a evitar la transmisión, a través de sus servicios, de Correo Electrónico en infracción a la presente Ley y su reglamentación.
Incluir en los contratos de servicio celebrados con sus clientes, cláusulas especí­ficas que prohí­ban la utilización de su servicio para el enví­o de Correo Electrónico en infracción a esta Ley.
Cancelar, de forma inmediata, el servicio prestado a todo cliente que enví­e Correo Electrónico en infracción a la presente Ley y su reglamentación;
Impedir la transmisión masiva de Correos Electrónicos de acuerdo a lo regulado por la Autoridad de Aplicación desde una misma Dirección de Correo Electrónico salvo que el Prestador de servicios de correo electrónico en cuestión hubiere obtenido fehaciente y verosí­mil evidencia de que dichos enví­os se ajustan a las disposiciones de la presente Ley.

Artí­culo 9: La Autoridad de Aplicación podrá aplicar una multa de pesos tres mil ($3000) a pesos ochenta mil ($80.000) a toda persona que incurriere en alguna de las conductas prohibidas en el artí­culo 7 de la presente ley. Asimismo podrá ordenar el decomiso del equipamiento utilizado en cualquiera de las conductas previstas en el artí­culo 7.

Las sanciones aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente artí­culo serán apelables por ante los Juzgados Nacionales en lo Civil y Comercial Federal en la Capital Federal y por ante los Juzgados Federales con competencia en lo Civil y Comercial en la Provincia de que se trate.

El recurso deberá interponerse por escrito y fundado en el mismo acto por ante la Autoridad de Aplicación, en el plazo de quince (15) dí­as contados a partir de la notificación de la sanción.

La Autoridad e Aplicación remitirá las actuaciones al tribunal competente dentro del quinto dí­a de interpuesto el recurso, debiendo el tribunal dictar resolución en el plazo de quince (15) dí­as.

El recurso se concederá en efecto suspensivo.

Artí­culo 10: Sin perjuicio y en adición de las acciones y sanciones aquí­ previstas, la Autoridad de Aplicación, el Receptor damnificado y el Prestador de servicios de correo electrónico, tendrán derecho a promover contra el Emisor las acciones legales que pudiere corresponder a causa del incumplimiento de lo normado en la presente ley.

Artí­culo 11: La Secretarí­a de Comunicaciones de la Nación será la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Artí­culo 12: Comuní­quese al Poder Ejecutivo.

Guillermo R. Jenefes. -“ Roxana Latorre. -“ Juan C. Marino. -“ Mario D. Daniele. -“ Jorge M. Capitanich.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Hoy constituye una realidad incuestionable tanto los beneficios que genera el uso de la Internet y el correo electrónico, como el grado virtualmente ilimitado que podrí­a experimentar su crecimiento. De forma unánime se reconoce que dicho medio de comunicación se ha convertido en significativo instrumento para el desarrollo humano.

En este entendimiento, en el año 2005, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de este Honorable Cuerpo consideró y analizó distintas iniciativas legislativas. Las mismas fueron ampliamente debatidas en diferentes reuniones y sometidas a consideración de diversas entidades del ámbito académico y empresarial, que expresaron sus puntos de vista sobre el particular.

Fruto de todo ese intenso intercambio de ideas e informaciones, la comisión elaboró, en forma concertada, un dictamen, en el cual se dieron cabida a numerosas observaciones formuladas por los especialistas consultados. Cabe destacar que por imperio de la Ley 13.640, la propuesta ha perdido vigencia, por lo cual considero pertinente volver a abordar la materia dada la importancia de la misma, presentado como texto del citado trabajo, oportunamente consensuado.

La preservación de Internet y del correo electrónico como poderoso instrumento para el desarrollo humano y el crecimiento económico de la sociedad depende, fundamentalmente, de su confiabilidad.

Lamentablemente, esta confiabilidad se halla seriamente amenazada por el constante aumento del correo electrónico comercial no solicitado, conocido como -spam-.

Se calcula que, en la actualidad, aproximadamente 15.000 millones de mensajes -spam- son enviados cada dí­a. Dicha cifra representa aproximadamente el setenta por ciento (70%) de todo el tráfico de correo electrónico, cuando hace sólo cuatro años representaba el 8%.

La mayorí­a de estos mensajes son fraudulentos o engañosos en su contenido. Asimismo, algunos mensajes de correo electrónico comercial no solicitado contienen material que muchos receptores pueden considerar de naturaleza vulgar o pornográfica. El spam se ha convertido en el método elegido por quienes distribuyen pornografí­a y es necesario encontrar mecanismos legales para proteger a los consumidores, y especialmente a los menores, de este tipo de correo.

La recepción de correo electrónico comercial no solicitado genera una serie de inconvenientes para el receptor, quien no puede negarse a aceptar el mensaje y de ese modo incurre en gastos. Asimismo disminuye la utilidad del correo electrónico, tanto comercial como no comercial. Así­, muchos de ellos se pierdan, se pasen por alto o se eliminen en medio de un gran volumen de mensajes no deseados, reduciendo así­ la confianza y utilidad del correo electrónico para el receptor.

En este orden de ideas, recientemente el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº3 de la Capital Federal, en la causa “Tanus Gustavo Daniel y otro c/Cosa Carlos Alberto y otro s/Habeas Data”:http://www.habeasdata.org/spam ha considerado el –¦significado del término SPAM y del daño que se ocasiona a los receptores de los mensajes… Ello genera, además, la necesidad de implementar sistemas para bloquear y, aún lograr, la protección de los virus que pueden dispensar-. El tribunal señaló además, que: –¦Por su parte, el experto explica el proceso de fragmentación que tiene lugar el almacenamiento y la eliminación de archivos y el perjuicio que ello irroga, que se traduce en una notable disminución de la velocidad de almacenamiento y obtención de información. Asimismo, puntualiza que los correos electrónicos son archivos de pequeño tamaño y, consecuentemente, su excesiva grabación y borrado produce una mayor fragmentación del disco rí­gido de la computadora-¦-.

Si bien algunos remitentes de correo electrónico comercial ofrecen al receptor mecanismos simples y confiables para rechazar la recepción de otros correos electrónicos comerciales enviados por esos mismos remitentes, otros remitentes no ofrecen ningún mecanismo de este tipo o se niegan a cumplir el pedido de los receptores de no recibir correo electrónico de tales remitentes en el futuro.

Así­ lo “señaló el Juez de los autos”:http://www.habeasdata.org/spam ut-supra citados –¦además del daño apuntado precedentemente, la actividad de los demandados comporta una invasión en la esfera de la intimidad de los actores y de su tranquilidad, por cuanto se ven sometidos a la intromisión en sus datos personales que se ve reflejada en el enví­o masivo de mensajes no solicitados y la oferta de comercialización de esos datos que efectúan a terceros, cuando ya habí­an requerido el cese del enví­o y el bloqueo de esa información de la base respectiva, conforme lo previsto en el ya citado art. 27 de la ley 25.326.-

También, un correo electrónico, entendido como mensaje, dato o información transmitido a través de dispositivos electrónicos, es muchas veces entendido como una correspondencia privada protegida por el derecho al secreto de las comunicaciones postales, derecho reconocido en la Constitución Nacional. La cláusula constitucional es muy clara: -…El domicilio es inviolable, como también lo es la correspondencia epistolar y los papeles privados….-

Frente a tan presente como acuciante fenómeno, la legislación argentina vigente no tiene respuestas expresas y especí­ficas. Los redactores de la Carta Magna de 1853 nunca pudieron imaginar la existencia de los sistemas informáticos actuales, ni de la posibilidad de recibir correspondencia ví­a dispositivos electrónicos. A tales fines, entonces, en la propuesta legislativa, se tiene presente la garantí­a constitucional y se equiparan ambas modalidades de correspondencia, otorgando de esta manera protección a la nueva modalidad.

En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal el dí­a 4 de marzo de 1999 en la causa Lanata, Jorge c/ s/ sostuvo -…El avance de la tecnologí­a en este sentido pareciera haber dejado en la obsolescencia el bien jurí­dico que tutela el Capí­tulo III, Tí­tulo V del Código Penal, en especial a los artí­culos que se ocupan de la protección de los papeles privados y la correspondencia. Pero queda claro que el tan difundido -e-mail- de nuestros dí­as es un medio idóneo, certero y veloz para enviar y recibir todo tipo de mensajes, misivas, fotografí­as, archivos completos, etc.; es decir, amplí­a la gama de posibilidades que brindaba el correo tradicional al usuario que tenga acceso al nuevo sistema.-

En este orden, los esfuerzos legislativos de otros paí­ses en esta materia son amplios y variados. Dentro del listado de los -tipos de delitos informático- elaborado por la Organización para la Naciones Unidas se encuentra la violación de la intimidad de un individuo a través, por ejemplo, de la lectura o publicación de su correo electrónico. El Parlamento Europeo, aprobó en el año 1995, la directiva relativa a la protección de las personas fí­sicas, en lo que respecta a la circulación de datos, y crea un marco armonizado de normas que permiten proteger la confidencialidad del correo electrónico. Por su parte, el Congreso de las Estados Unidos, luego de un debate extenso sancionó la -Ley de Control de Mensajes de Publicidad y Pornografí­a No Solicitados- o -Ley Can-Spam- por la cual se reglamenta especí­ficamente a los mensajes comerciales no solicitados, imponiendo lí­mites y sanciones a la transmisión de este través de dispositivos electrónicos. Similares leyes fueron sancionadas por diversos paí­ses, como lo son Japón, Australia, Perú o Rusia, para mencionar solo algunos de los más de treinta piases que desde la legislación promovieron herramientas para cooperar en la lucha de este flagelo en las comunicaciones.

Se adelanta que pese a los más diversos esfuerzos de los gobiernos y el sector privado, no existe una solución simple, completa y definitiva a este fenómeno. Toda respuesta a este problema es minimizada por una inagotable innovación financiada por los más diversos intereses económicos y estratégicos. De ahí­ que la experiencia internacional y los consejos de los técnicos más reconocidos sean unánimes en reconocer que la eficacia de cualquier polí­tica requiere del esfuerzo mancomunado del Estado, la industria y los usuarios.

Asimismo la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI) en el apartado especí­ficamente creado en el marco de la Cumbre de la Sociedad de la Información referido a la lucha contra el -spam-, propone distintas acciones que deben encarar los paí­ses para combatirlo, y considera necesario un accionar conjunto entre los distintos actores, la sanción de la legislación correspondiente a cada Nación, como así­ también la cooperación bilateral y multilateral entre las mismas.

En esas circunstancias, entiendo que el presente proyecto establece las bases legislativas necesarias para establecer y promover un legí­timo y eficiente uso de esta nueva modalidad de las comunicaciones electrónicas. Corresponderá, luego, a la administración y a todos los sectores de la comunidad continuar este esfuerzo en la defensa de este medio de comunicación.

Por las razones expuestas, y ante la necesidad de dar respuesta a una problemática mundial que afecta a los habitantes de la República Argentina, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto de ley.

Guillermo R. Jenefes. -“ Roxana Latorre. -“ Juan C. Marino. -“ Mario D. Daniele. -“ Jorge M. Capitanich.
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