Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Caso Lascano Quintana c/Organización Veraz – Fallo Cámara Civil (1999)

Posted: junio 29th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | No Comments »

Poder Judicial de la Nación- Cámara Civil de Apelaciones – Caso LASCANO QUINTANA GUILLERMO VICTOR C/ VERAZ S.A. S/ HABEAS DATA.
EXPTE Nº 113254/97.

*NOTA: Fallo revocado por la Corte Suprema de Justicia.*

Buenos Aires, febrero 23 de 1999.-

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

Que a fs. 119/21 se dicta la sentencia de grado, haciéndose lugar a la acción de habeas data deducida por el actor, en cuya virtud se condena a la demandada, a suprimir del registro personal del actor la inforrnación correspondiente a la Compañí­a de Seguros de la que el accionante es presidente.

Que la demandada apela el decisorio de primera instancia, fundando su recurso con el memorial de fs. 146/58, contestado a fs. 163/5.

Que los agravios de la. accionada consisten en: 1) que el decisorio cuestionado es arbitrario, en tanto que se ha violado la regla del art. 3 77 del C6digo Procesal, ya que no se habrí­an probado las circunstancias, que invoca el actor en su demanda; 2) que la acción entablada presenta manifiestos defectos formales, en tanto no se dan en la especie los recaudos previstos en el art. 1º de la ley 16986 de amparo, ví­a subsidiaria aplicable en la especie; 3) que del análisis de lo establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional, y la doctrina y jurisprudencia sobre la cuestión no se advierte un supuesto de falsedad o diserin~naci6n, objeto especifico del habeas data; 4) que el dato referente a la condición del actor como Presidente de una compañí­a de seguros es de carácter estrictamente comercial y público, que resulta de registros oficiales, por lo que existe un evidente error conceptual en la sentencia; 5) se invoca la arbitrariedad fáctica y normativa a que habrí­a incurrido la sentencia de grado.

Que un primer aspecto a considerar en esta causa es el referente al instituto del habeas data. Al respecto, se ha dicho que integra la categorí­a de derecho humano de tercera generación (Bergel, Salvador Darí­o, El Habeas Data: instrumento protector de la privacidad, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, ed. Rubinzal Culzoni, nº 7, Derecho Privado en la reforma constitucional, Santa Fe, 1994, pg. 2 10 y sgts. y sus citas), caracterizándosela corno comprensiva de aquellos “derechos, que tienden a una proteceión integral, plena, amplia, de la persona humana, eje y centro del derecho, tanto Público como Privado” (Mosset Iturraspe, Jorge: Los nuevos derechos * ¿meras declaraciones o derechos operativos?, en la publicaci6n citada precedentemente, pg. 90 y sgts.).

Y, muy recientemente Santos Cifuentes, comentando un fallo de la Corte Suprema (Acciones procesales del art. 43 de la Constitución Nacional, en diario La Ley, del 17.2.98, pg. 1 y sgts., en especial, pg. 4), llega a estas conclusiones fundamentales: “La conformación por tanto, de los elementos que caracterizan el derecho a los datos personales, no tiene similitud con cada uno de esos derechos personalí­simos, pues toma. de todos y se dirige a la defensa de aspectos variables, coincidente algunos y diferentes otros. Según la norma. constitucional, preservar la confidencialidad, corregir la falsedad, evitar la discriminación y obtener la actualización. Lo expuesto me lleva a ver en los datos personales un derecho personalisimo propio, como en su voto Fayt ha reconocido, y Petracchi, pienso que sin decirlo expresamente, también. La regla procesal del art. 43 consagratoria del habeas data, avizora una sustancia, un contenido humano, un derecho especí­fico. No se habí­a instituí­do esa. defensa para la intimidad a pesar del clásico art. 19 de la Constitución y del muy del siglo XX art. 1071 bis del Cód. Civil. En el transfondo de lo adjetivo de la norma, aparece un bien digno de tutela, que no tiene porqué ser confundido con otros bienes de naturaleza similar pero de estructura propia diferente.

Que los desarrollos precedentes, de caracterizada doctrina, nos llevan a lo que consideramos el nudo central de la cuestión: se lo considere un atributo del derecho general de la personalidad, o un derecho personalisimo en si mismo, es indudable que cada individuo tiene un poder reconocido, resultante de la noción de autodeterminación (libertad), de decidir él mismo, en primer lugar, y ante todo, cuando y en qué medida pueden ser divulgados los hechos relativos a su propia existencia, esto se trata de un derecho al “dominio” (“maí®trise” dicen los franceses) de los datos personales (conf. la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la Republica Federal Alemana a partir de 1983, citada por Rigaux, Francois: la protection de la vie priveé et des autres biens de la personalité, ed. E.M.B. y L. G.D.J., Bruxelles-Paris, 1990, biblioteca de la Facultad de Droit de la. Universidad Católica de Lovaina, pg. 589 y sgts.). Y aun asi si se lo considerara dentro del derecho constitucional de propiedad. bastaria para comprenderlo el amplio sentido que se ha dado del concepto de propiedad amparada por el art. 17 de la. Constitución Nacional (véase la jurisprudencia de la Corte Suprema, desde el caso Bourdieu, Pedro Emilio c/ Municipalidad de la Capital, del 16.12.25, Fallos 145:325; etc.).-

Que, por consiguiente, el actor, como cualquier otra persona. fí­sica, (no viene al caso entrar a la cuestión respecto de las personasjuridicas) tiene un derecho personalisimo de “dominio” respecto de sus datos personales,(“habeas data” “eres duño de tus datos” o “tiene tus datos”) que la demandada no pudo colectar sin su aquiescencia previa, o como minimo, anoticiándolo de inmediato sobre la confección de una ficha informatizada de sus datos personales, a los efectos que pudieran corresponder. Y menos aun, estableciendo una “base de relación” con los datos de otras personas fisicas o juridicas. Cierto es, que desde hace bastante tiempo, como es notorio, se realizan actividades como la que ejerce la demandada, sin que exista una reglamentación legal especí­fica. Pero, ello no empece a que resulta muy dudoso, desde la perspectiva jurí­dica, que pueda ejercitársela libremente, en tanto la licitud a que hace referencia del art. 14 de la Constitución no puede abarcar actividades que comprometen el manejo de los datos que pertenecen a terceros. No solamente porque no se trata de archivos públicos (lo que es otra cuestión), sino porque tampoco se advierte sobre la base de que facultades un particular puede lucrar con datos que se puedan extraer de archivos p4bUcos, sin resguardarse los derechos de los afectados. Y, justamente la tendencia dentro del derecho comparado es hacia un estricto control del manejo de los datos personales. Baste como ejemplo citar la directiva 95/46 de la Comunidad Europea sobre la protección de los individuos en relación con el procesamiento de datos personales y sobre la libre circulación de esos datos, del 24 de octubre de 1995, que en sus arts. 8 y 2 inc. G, entre otras circunstancias , exige para la legitimidad del procesamiento de datos personales que cuente con el inequivoco consentimiento del interesado, que sólo es válido cuando se le ha notificado previamente la finalidad de la recolección y los potenciales receptores de los datos, y pueda ser posteriormente revocado (ver Secretaria de Investigación de Derecho Comparado, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Investigaciones (1998), pg. 130).-

Que el criterio aqui propugnado no resulta extraño a nuestro derecho lo refleja el voto del Dr. Fayt, Mnistro de la Corte Suprerna, in re Urteaga, Facundo R c/ Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del 15.10.98, La Ley 1998 F 236, fallo n* 98131, cuando señalara que “la garantí­a del habeas data dirigida a que el particular interesado tenga la posibilidad de controlar la veracidad de la información y el uso que de ella se haga-, forma parte de la vida privada y se trata, como el honor y la propia imagen, de uno de los bienes que integran la personalidad.”

Que este Tribunal, como es obvio, no puede desconocer la existenciade archivos públicos que recogen ciertos datos de las personas fisicas (baste con ejemplificar con el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas), pero ellos hacen a ciertas circunstancias que exige el interés superior del Estado, aspecto que no se da en la especie.-

Que en el decisorio recurrido no se advierte ilegalidad, arbitrariedad, ni ninguna otra tacha que lo descalifique , puesto que el proceder de la accionada no resulta justificado al proporcionar datos colectados, no sólo sin consentimiento del actor, sino que establecen una relación con otra persona juridica, sujeto de derecho “distinto del demandante, aunque el actor fuere su presidente, y sin que quien acciona haya debido probar cualquier otra circunstancia conducente a la viabilidad de la pretensión (art.377 del Código Procesal), toda vez que arbitrariamente su utilizan los datos personales del actor y su vinculación con una persona juridica, causándole, por ese solo hecho, un desmedro a su derecho personalí­simo de “dominio” sobre sus datos personales.-

Que por otra parte, debe desecharse el argumento de la demandada acerca de los recaudos exigidos por la ley 16986, ya que la misma no es aplicable en la especie, por ser la accionada un particular.-

Que, por lo desarrollos precedentes, los agravios de la demandad no serán recibidos.-

Por lo expuesto, y oí­do el Sr. Fiscal de Cámara, SE RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 119/21; con costas; por la actuación en la Alzada se regulan los honorarios del DR. GUILLERMO LASCANO QUINTANA, letrado en causa propia, en la suma de ciento cincuenta pesos ($150) y en igual cantidad los del letrado apoderado de la demandada, DR. RICARDO JORGE ABECASSIS.- Dev. sin más trámite encomendándose al Sr. Magistrado de grado proveer las diligencias ulteriores y las notifiacaciones pertinentes.-



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