Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

* ¿Quo vadis? Iberoamérica fija un rumbo en protección de datos

Posted: junio 29th, 2006 | Author: | Filed under: América Latina, Doctrina, General | No Comments »

** ¿Quo vadis? Iberoamérica fija un rumbo en protección de datos.*
_por Pedro Dubié (miembro del “Foro de Habeas Data”:http://www.habeasdata.org/)_

*Introducción*
Nos centraremos en las naciones latinoamericanas y no tanto en España y Portugal, advice que por varios motivos históricos y polí­ticos gozan de un nivel superior de protección y de polí­ticas más desarrolladas. Utilizaré el término Iberoaméricano, recipe pero no seré tan Ibero.


Para dimensionar el mundo al que nos acercamos he escogido dos datos. En Iberoamérica viven más de 600 millones de personas, ampoule de las cuales unas 546 millones viven en América Central y del Sur y el resto en la pení­nsula ibérica.

El segundo dato es tecnológico: según la “Unión Internacional de Telecomunicaciones”:http://www.itu.int/home/index.html (UTI), en América Central y del Sur, aproximadamente unos 47 millones de habitantes tienen acceso a Internet y el promedio de crecimiento entre el año 2000 y 2004 es de 271%.[1]

Dividiré estas notas en un cuadrante: 1) Tendencias en modelos legislativos de leyes de protección de datos; 2) Contextos históricos distintos entre Europa e Latinoamérica; 3) Argentina, un paí­s con nivel de protección adecuado; 4) El objetivo de una legislación uniforme de protección de datos personales.

*Tendencias en los modelos de leyes*

Para entender como evoluciona la protección de datos en Iberoamérica y tener una visión de conjunto que nos permita descubrir tendencias, he creí­do oportuno comenzar con una buena noticia.

La novedad más importante de la región en este año 2004 es que la “República Oriental del Uruguay ha regulado la acción de Habeas Data”:http://www.habeasdata.org/uruguayleydatospersonales tras siete (7) años de marchas y contramarchas. La ansiada ley contiene además un estatuto de datos personales crediticios que consumió la mitad de otro debate parlamentario en los últimos cuatro (4) años.

-Habeas Data- es la denominación de origen que mejor representa a los temas de protección de datos personales en Iberoamérica, coloquialmente hablando, si bien desde el punto de vista técnico el hábeas data es una garantí­a procesal constitucional [2]. En rigor a la verdad, los estudiosos consideran también al habeas data como un derecho fundamental: unos hablan de un aspecto de la libertad informática y otros de autodeterminación informativa.

Lo cierto es que con una ley procesal, la acción de habeas data, y otra sectorial de datos crediticios, ambas fundidas en un mismo cuerpo, Uruguay viene a confirmar una tendencia en la región que comenzó su andadura en el 2001. Exceptuando “Chile”:http://www.habeasdata.org/ChileLeydePrivacidad y Argentina, los demás paí­ses están sancionando leyes verticales o sectoriales. Esta tendencia comenzó con la ley 27.489 de Perú de fecha junio de 2001 por la que se regula las Centrales Privadas de Información de Riesgos (Cepirs) y de Protección al Titular de la Información.

Y a Perú le sucedieron Paraguay (en Diciembre de 2001), México (en Enero de 2002), y Panamá (mayo de 2002). Mientras todos ellos sancionaron leyes que regulan únicamente los datos crediticios; paralelamente los procesos legislativos más avanzados en los que hay una expectativa de ver sancionadas leyes de tipo horizontal se ven hasta el presente sumidos en un ritmo más lento, como es el caso de Brasil, México y Colombia.

El legislador Iberoaméricano no ha encontrado conveniente sancionar leyes usando el modelo horizontal como la “Directiva Europea 95/46/EC”:http://www.habeasdata.org/DirectivaEuropeaPDP y las leyes de los paí­ses de la Unión Europea. No obstante, deseo anticipar una conclusión de este trabajo: no es que tampoco Iberoamérica esté siguiendo el sistema disperso de leyes verticales de los EEUU para cada sector, proceso legislativo que arrancó en la década de los `70 y que aún persiste.

Lamentablemente los Estados Unidos, tras la caí­da de las Torres Gemelas tiró por la borda varios años de debate en el Congreso que estaban concluyendo en una ley horizontal. Para quienes seguí­amos con interés este proceso legislativo vimos con estupor como de la noche a la mañana, la Patriot Act significó perder mucho.

Si tenemos en cuenta las fuentes citadas en las exposiciones de motivos de los proyectos de ley en Iberoamérica y los discursos de los legisladores a partir de la década de los * ´90; si además comparamos los conceptos fundamentales de los cuales pende el sistema de protección de datos, derechos, obligaciones y sujetos, autoridad y sanciones, podemos afirmar que los legisladores Iberoaméricanos tienen un meridiano conocimiento respecto de la evolución del derecho fundamental de la protección de datos personales.

Todos citan el Convenio 108 del Consejo de Europa de 1981, todos comentan el extenso y ejemplar proceso de standardización legislativo en la “Unión Europea a partir de la Directiva”:http://www.habeasdata.org/DirectivaEuropeaPDP, la mayorí­a tienen en cuenta la Ley Orgánica de Protección de Datos de España (la antigua de 1992 y la nueva LOPD de 1999); y son conscientes que las primeras leyes en la región son “la ley Chilena de 1999″:http://www.habeasdata.org/ChileLeydePrivacidad y la ley Argentina de 2001; pero a la hora de decidir uno u otro modelo se inclinan por una ley sectorial, que sólo resuelve el problema que más le preocupa, y que hasta el momento es el de los datos comerciales o crediticios.

En los últimos años se han incrementado las iniciativas legislativas que regulan el spam y otras categorí­a de datos, y nos encontramos en pleno auge del debate intelectual.

Podrí­amos preguntarnos si no estamos asistiendo ante una práctica legislativa de mencionar antecedentes legislativos en forma mecánica sin entender ni considerar en profundidad el momento histórico que transitaron otros paí­ses desde fines de la década de los años sesenta. Sin dudas podemos afirmar que no se sienten responsables o partí­cipes de alcanzar una ley con efectos transfronterizos y de protección asimilable al de otros paí­ses del mundo.

Es verdad que muchas veces el legislador se ve superado en su capacidad de comprender el fenómeno tecnológico, y por lo tanto le es difí­cil comprender la potencialidad dañosa de vivir en una sociedad desprotegida. Además, en cuanto advierte que el proyecto de ley despierta el interés de numerosos sectores, tanto de la Administración como de varios sectores de la economí­a, como la banca, el marketing comercial, el marketing para medicamentos y el comercio en general, el efecto inmediato es una ralentización del proceso legislativo.

Finalmente, el análisis de la técnica legislativa nos demuestra que a pesar que el legislador rechaza la complejidad que supone escuchar a tantos lobbistas del sector público y privado, no deja de considerar la mejor doctrina y práctica legal europea y la instrumenta sólo para resolver un problema de alta sensibilidad social, cual es la información crediticia.

*Contextos históricos distintos entre Europa y Latinoamérica*

Entre las causas que aletargaron el desarrollo de los procesos legislativos en Iberoamérica, en comparación con Europa y Estados Unidos, desearí­a destacar dos: (i) el bajo nivel de desarrollo tecnológico en la década de los años setenta; y (ii) los gobiernos totalitarios que reinaban a principios de la década del ochenta.

Mientras las naciones Iberoaméricanas no se desarrollaron tecnológicamente, no invertí­an en el bases de datos, y por lo tanto no apareció la amenaza a los datos personales. Las clásicas normas que protegí­an el derecho a la intimidad, y la acción de amparo, de alguna forma dieron una respuesta, si bien rudimentaria, pero respuesta al fin.

Pero además era impensable que las naciones Iberoaméricanas bajo gobiernos totalitarios o de facto en los años -™70 y -˜80, estuvieran dispuestas a contagiarse con leyes que se inspiraran en el Convenio 108 de 1981. Eran tiempos difí­ciles donde estaba en juego antes que nada el derecho primario a la vida y libertad fí­sica, y en consecuencia no habí­a espacio polí­tico para desarrollar una sensibilidad hacia un derecho de tercera generación como el derecho a la protección de datos personales.

Y este aspecto histórico se puede ver plasmado en la reciente ley uruguaya. En el artí­culo 2 se puede leer: -Se exceptúan de esta ley, el tratamiento de datos que no sean de carácter comercial como por ejemplo: a) datos de carácter personal que se originen en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar… y b) datos sensibles sobre la privacidad de las personas, entendiéndose por éstos, aquellos datos referentes al origen racial y étnico de las personas, así­ como sus preferencias polí­ticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical…-.

Una de las razones más poderosas que lentificó el proceso legislativo en Uruguay fue el miedo que se suscitaba en la clase dirigente de que el habeas data fuera usado por los ciudadanos para conocer el paradero de familiares desaparecidos en los momentos más oscuros de la represión. Y no solamente el paradero, sino que el habeas data fuera usado para recabar del Estado todo tipo de información personal acerca de las convicciones polí­ticas de los ciudadanos que en el pasado enfrentó a la sociedad.

El miedo a que se volvieran a abrir viejas heridas, fue suficiente para que el legislador uruguayo no garantizara el derecho de acceso, rectificación y supresión a bases de datos públicas en el tipo de datos antes mencionado. Y de hecho, del otro lado del Rí­o de la Plata, en Buenos Aires, Argentina, el leading case en habeas data de la Corte Suprema de Justicia fue usado para averiguar antecedentes de desaparecidos. En 1998, en el “caso Urteaga”:http://www.habeasdata.org/Urteaga, se permite a un hermano de un desaparecido a recabar del Estado toda información relativa a la desaparición.[3]

Ubicados en la década de los años -˜90, las naciones Iberoaméricanas, y en general todas la naciones, se enfrentaron con la explosión del fenómeno de Internet. Ya el problema no eran las megabases de datos en poder del Estado y de algunos privados, sino que el acceso masivo a los ordenadores personales reverdeció toda la problemática de los datos personales. Apareció en forma ní­tida una nueva amenaza no ya a la intimidad, sino a la Privacidad.

Además, la consolidación de la democracia atrajo a la región un mercado de capitales sin precedentes. También el crédito al consumo se masificó y con ello las bases de datos personales crediticios cobraron un auge importantí­simo que atrajo la inversión de los principales Credit Bureaus del mundo. El fenómeno tecnológico modificó la realidad y el legislador reguló las consecuencias sociales que producí­an los servicios públicos y privados de información crediticia.

Es por ello que cuando nos proponemos realizar un diagnóstico acerca del rumbo que ha tomado la región en materia de protección de datos, y tratamos de establecer unas expectativas, es muy posible que nos puedan surgir conclusiones preliminares erróneas.

Una primera conclusión es pensar que Iberoamérica está atrasada respecto de Europa. No cabe duda que Europa está por delante y soy un admirador del proceso de uniformidad legislativo liderado por Bruselas, pero a juzgar por la técnica legislativa y el marco histórico dirí­a que Iberomérica está progresando desde una situación común diferente.

Una posible conclusión errónea es afirmar que el legislador Iberoaméricano no llega a comprender la gravedad y necesidad de proteger este nuevo derecho fundamental de la protección de datos.

Y es justamente todo lo contrario. La regulación de los datos comerciales y crediticios en los paí­ses mencionados ut supra supera en calidad a varias regulaciones europeas y al pensamiento del Grupo de Trabajo del art. 29[4], y en la actualidad no hay leyes más ecuánimes que las Iberoaméricanas en un contexto de derecho comparado.

El problema más acuciante, cual es el derecho al olvido, esto es el tiempo que deben permanecer los datos crediticios en una base de datos, más el problema inherente a la información comercial, cual es su rápida desactualización, está encontrando soluciones muy ingeniosas en varias naciones iberoamericanas que logran garantizar un óptimo equilibrio entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información.

La calidad de varias de estas leyes sectoriales es muy similar a la leyes nacionales europeas. Se asemeja a una Directiva traspuesta sólo en una categorí­a de datos: los comerciales.

Y aquí­ es donde se demuestra que el legislador y el juez latinoamericano son hombres con cultura en privacidad, porque tanto en la reciente ley uruguaya como en los demás antecedentes legislativos y jurisprudenciales se afirma que los derechos de los titulares son derechos fundamentales. Antes que los legisladores, fueron los jueces que resolviendo acciones de habeas data han sabido estar a tono con el pulso de aquellos paí­ses que sin dudas están varios años por delante en capacidad para proteger la globalidad de los datos personales en un mundo global, si se me permite jugar con las palabras.

Este creo que es el legado de Iberoamérica al resto de las naciones que están preocupadas por proteger la privacidad, y nuestra contribución a lo mucho que recibimos de Europa.

Ahora bien, desde el análisis de la protección adecuada, la matriz jurí­dica de estas leyes sectoriales es sin duda europea. La sensibilidad de cómo el legislador reguló estos datos en los paí­ses que han dictado esa norma (Perú, México, Panamá, “Chile”:http://www.habeasdata.org/ChileLeydePrivacidad y Argentina) son una prueba de que se ha aprovechado de lo mejor del derecho comparado.

Personalmente creo que uno de los errores es medir el proceso Iberoaméricano con el proceso que vive la Unión Europea, su Directiva. No cabe duda que vemos en la adecuación un premio ejemplar al que todos deberí­amos aspirar.

Despejando a Chile y Argentina, la pregunta equivocada serí­a: * ¿cuántas y cuales leyes sectoriales debemos sancionar, para que al igual que los Estados Unidos, podamos aspirar a un tratado de Safe Harbor? Si proyectamos Iberoamérica en esta perspectiva nos dará como resultado una brecha cultural, que si bien existe, no es tan extensa como parece.

Personalmente, estoy convencido que los antecedentes de leyes de protección de datos crediticios, toda vez que tienen en cuenta el modelo europeo, son el antecedente más alentador hacia una uniformidad legislativa y no es el comienzo de una dispersión y complejidad de leyes verticales o sectoriales. Pero hay que trabajar mucho para concienciar que hay que quebrar esta inercia.

*Argentina: un paí­s con nivel de protección adecuado*

La Argentina sancionó su ley horizontal de protección de datos en el año 2000, y un año más tarde promulgaba su decreto reglamentario.

En contexto que venimos trazando, en junio de 2003, “la Argentina alcanzó la declaración de paí­s con nivel de protección adecuado por parte de la Unión Europea”:http://www.habeasdata.org/AdecuacionArgentina. Y es el único que ostenta esa calificación. El Grupo de Trabajo del art. 29 de la Directiva Europea coronaba un largo e intenso proceso legislativo[5].

El desafí­o de encarnar una nueva función en el Estado y en la sociedad no es fácil y nos llevará varios años. Un contexto polí­tico adverso dominado por una fuerte devaluación monetaria, que desencadenó una profunda crisis económica a fines de 2001, impactó negativamente en las partidas presupuestarias que necesitaba la nueva dirección para ponerse en funcionamiento. No obstante, la fuerza del proceso legislativo propulsado por las autoridades, secundado por algunos sectores privados y enriquecido por un importante grupo intelectual, antes de concluir con la sanción de la ley, continuó y la actividad se trasladó a la nueva autoridad.

En Septiembre de 2002, se designa el “primer Director Nacional de Protección de Datos Personales”:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/index.html (DNPDP) y a su vez la primera autoridad independiente en Latinoamérica. La estrategia de la polí­tica argentina sigue el norte establecido por sus homólogos. Además de la ley y un importante decreto reglamentario, tres disposiciones sostienen la estrategia de dirección:

-¢ Clasificación de infracciones y la graduación de las sanciones” (Disposicion 1/2003 BO 30/06/2003), “norma actualmente modificada por Disp. 7/2005″:http://www.habeasdata.org/sanciones.

-¢ El “Registro Nacional de Bases de Datos (Texto Infoleg)”:http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90557/norma.htm (Disposición 2/2003 BO 27/11/2003).

-¢ El “primer censo nacional de archivos, registros, bases o bancos de datos privados con carácter obligatorio”:http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93025/norma.htm (Disposición 1/2004 BO 26/02/2004)

El Censo Nacional ha resultado un éxito si tenemos en cuenta los pocos sectores privados que participaron del proceso legislativo. “Más de 6.000 bases de datos se han inscripto”:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/bases_privadas.html y serán el campo de experimentación que puede convertirse en el semillero de prácticas ejemplares para el resto de empresas cuyas bases de datos excede el uso interno o personal. Con el Censo se busca -conocer la composición cualitativa y sectorial de los actores que desarrollan el tratamiento de datos personales-. Además es una base concreta donde se puede y se debe ejercer la actividad de contralor.

En los últimos dos años se han iniciado en Argentina más de 300 expedientes investigando supuestas violaciones a la ley 25.326 y se han emitido más de 50 Dictámenes consultivos, con lo que paso a paso se va creando un cuerpo de doctrina invalorable que deberí­a imprimir mayor velocidad a la actividad administrativa en los próximos años.

Dos provincias argentinas, de las 22 que tiene el estado federal, ha adoptado la “ley nacional de protección de datos 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326 (Neuquen y Entre Rí­os) comenzando de esta forma a satisfacerse una necesidad que habí­a remarcado Bruselas en el Dictamen previo a la declaración de adecuación. Esto es fruto de la Red Argentina de Protección de Datos Personales que consiste en proponer un sistema de estructuras administrativas provinciales para asegurar la protección de los datos personales en todo el territorio Nacional. Cada estructura se desempeñará como nodo de Red independiente y serán creadas según el criterio de cada provincia, trabajando en conjunto con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

Integrante además de la “Red Iberoaméricana de Protección de Datos”:https://www.agpd.es/index.php?idSeccion=349 y de otros foros, Argentina trata de fomentar los beneficios de legislar entre los paí­ses vecinos, sabiendo que la uniformidad legislativa es la solución mí­nima y necesaria en un mundo globalizado donde no existen fronteras para el tráfico de datos personales.

Un noticia trascendente será la finalización de la implementación de las primeras medidas de seguridad al sector de las empresas de marketing para medicamentos. Un sector clave donde circulan millones de datos sensibles está por alcanzar una regulación uniforme con la colaboración de la cámara que representa a las empresas.

Otra práctica anterior a la ley y que ahora continúa con más eficiencia en la atención al ciudadano es el trabajo conjunto de la “Dirección de Protección de Datos Personales”:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/index.html con las oficinas gubernamentales de atención a los derechos del Consumidor, tanto a nivel nacional (Buenos Aires) como en la provincias. Ello permite atender con agilidad, rapidez y bajos costos los problemas entre ciudadanos y empresas responsables de tratamiento de datos, especialmente los suscitados con los datos crediticios.

La reciente (2004) homologación del Código de Conducta de la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de la Argentina no es una noticia menor. No se trata de un mero acto facultativo que la ley da al sector, sino no más bien el fruto del compromiso de la asociación más importante de marketing directo para con el cumplimiento de la ley.

Y la trascendencia de la noticia se explica justamente en el Decreto Reglamentario 1558/2001. Cuando se reglamenta el artí­culo 27, relativo a los archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad, el párrafo cuarto de la reglamentación establece que para garantizar el derecho de información a los ciudadanos, sólo se inscribirán en el registro de bases de datos, las cámaras, asociaciones y colegios profesionales del sector del marketing que dispongan de un código de conducta homologado por la autoridad. Al inscribirse la cámara, asociación o colegio deberán acompañar una nómina de sus asociados.[6]

Por ello, deseo volver a relacionar esta noticia con la declaración de nivel de protección adecuado de Argentina. Podemos afirmar que los éxitos y aciertos han sucedido gracias a un intenso trabajo que vivió la sociedad antes de la sanción de la ley y a la sensibilidad de España, a que estaremos siempre agradecidos.

* ¿Cuales son las claves de Argentina que modificó su Constitución en 1994, incluyó una cláusula de habeas data (ver art. 43 tercer párrafo) y diez años más tarde cuenta con una ley de protección de datos, una extensa jurisprudencia y con sectores públicos y privados comprometidos con la aplicación de la ley?.

Una conducta social responsable, un objetivo común consensuado y un debate intenso de tres sectores generalmente divorciados: las autoridades, las universidades y las empresas.

*El objetivo de una legislación uniforme para Iberoamérica*

Como muchos de Uds. saben, la Agencia de Protección de Datos de España está cumpliendo un rol vital en Iberoamérica para alcanzar una legislación que comulgue con el modelo europeo.

De conformidad con la “Declaración de La Antigua (Guatemala) con motivo del II Encuentro Iberoaméricano de Protección de Datos Personales”:http://www.habeasdata.org/Antigua, del 6 de junio de 2003, las naciones Iberoaméricanas están trabajando bajo principios de cooperación y han delegado la secretarí­a en España.

Se pone de manifiesto que no obstante los avances que en la protección de datos se han realizado en Iberoamérica, continúan produciéndose situaciones que impiden o dificultan el ejercicio efectivo de tal derecho. Es necesario insistir en que las leyes nacionales deberí­an tomar en consideración los principios esenciales de protección de datos reconocidos en los instrumentos internacionales.

De allí­ que todos los esfuerzos que pueda hacer la Red Iberoaméricana en divulgar las prácticas de protección de datos sigue siendo el mejor vehí­culo para debatir y concienciar en el único objetivo que debe ser su desvelo: la regulación bajo imperio de una autoridad independiente que tenga competencia en todas las categorí­as de datos personales.

Y esto hay que decirlo así­ de claro. Y este es el mensaje que debe recibir el legislador.

Pero al mismo tiempo es necesario decir lo siguiente. Si hemos afirmado que el desarrollo tecnológico precede a la regulación, que existe una intima relación de causalidad en el incremento de las nuevas tecnologí­as y el aumento de la amenaza a la privacidad, debemos ser pacientes y permitir que el proceso de maduración se complete. No se puede pretender acelerar etapas, aunque deberemos ser muy exigentes que las polí­ticas transformen la realidad sin pausa.

Debemos recordar la lección de la historia: entre la creación de la primera autoridad alemana en el Lí¤nd de Hesse y el Convenio 108 del Consejo de Europa transcurrieron 11 años y entre el Bayerl Report y la “Directiva 95/46/EC”:http://www.habeasdata.org/DirectivaEuropeaPDP transcurrieron 16 años.

Veintiocho (28) paí­ses suscribieron el Convenio 108 en Enero de 1981 y entró en efecto en 1985 con la suscripción del quinto paí­s. Actualmente 38 paí­ses han suscripto el convenio, pero en sus veintitrés años de existencia la incorporación al derecho interno ha sido gradual. Y esto ha sido un éxito!

En los primera década 9 fueron los paí­ses que cumplieron con el tratado. En los noventa fueron 11 paí­ses y en lo que va del año 2000 en adelante otros 11 nuevos paí­ses cuentan con leyes de protección de datos. A su ritmo, cuanto bien ha hecho el Convenio 108.

En Iberoamérica, el control jurisdiccional a través de la acción de habeas data y de la acción de amparo ha sido el motor del progreso. Si consideramos el proceso de reforma de las constituciones latinoamericanas, con la inclusión de fórmulas de habeas data o declaraciones de protección de la vida privada, la aparición de las primeras leyes y la jurisprudencia más temprana, nos damos cuenta que también ha transcurrido entre diez y quince años según los casos. Si a ello le agregamos una producción legislativa en expansión, podemos darnos por satisfechos que nos encontramos dentro de parámetros normales de crecimiento desde un punto de vista comparativo.

[1] Ver “www.itu.int”:http://www.itu.int/home/index.html

[2] Ver discusión doctrinaria acerca de la naturaleza jurí­dica del hábeas data en la obra de Oscar Puccinelli, “El Habeas Data en Indoiberoamérica”:http://www.habeasdata.org/OscarLibroTemis, Editorial Temis, 1999, pag. 103.

[3] “Urteaga, Facundo c/ Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”:http://www.habeasdata.org/Urteaga, C.S., 15/10/1998, comentado por Alberto B. Bianchi, -El habeas data como remedio de protección del derecho a la información objetiva en un valioso fallo de la Corte Suprema-, La Ley, Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo (27/12/98).

[4] Ver Comisión Europea, DG Mercado Interior, Dirección de Libre Circulación de la Información y Protección de Datos; Grupo de trabajo del artí­culo 29 de la Directiva 95/46/CE, WP 65 “Documento de trabajo sobre las listas negras (Archivo PDF externo)”:http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp65_es.pdf, Adoptado el 3 de octubre de 2002, 11118/02/ES/Final.

[5] El “GT29 se pronunció favorablemente en relación con el nivel de protección otorgado por la Ley sobre protección de datos personales de Argentina”:http://www.habeasdata.org/AdecuacionArgentina, de 4 de octubre de 2000 (WP 63). La Agencia española ha colaborado intensivamente con el Ministerio de Justicia de aquél paí­s prestando su asesoramiento, apoyo y experiencia en la elaboración de dicha norma legal. El instrumento por el que la Comisión Europea, una vez consultado el grupo gubernamental del Protección de Datos y el Parlamento Europeo, declara la adecuación es laDecisión de 30 de junio de 2003 , publicada en el Oficial de del 5 de julio de 2003.El Gobierno de la República Argentina solicitó a la Comisión Europea que determinara si dicho paí­s garantiza un nivel de protección adecuado con arreglo a lo dispuesto en el “artí­culo 25 de la Directiva 95/46 , de Protección de Datos”:http://www.habeasdata.org/DirectivaEuropeaPDP.

[6] Oscar Puccinelli, Protección de datos de carater personal, Editorial Astrea, 2004, página 398 y ss.
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