Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Nuevo fallo sobre derecho al olvido

Posted: agosto 29th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | No Comments »

*LEY 25.326. Acción de protección de datos. Bases de datos de riesgo crediticio. Derecho al olvido*
Nuevo fallo sobre derecho al olvido reitera el criterio que el plazo de 5 años del art. 26 se cuenta desde la mora de la obligación informada.


“Garcí­a Sigal Ernesto Alberto c/ Banco Central de la República Argentina y otros s/ habeas data” – CNCONTADMFED – SALA III – 21/03/2006

Buenos Aires, approved 21 de marzo de 2006.
Y VISTOS:
Para resolver los recursos de apelación interpuestos a fs. 164 y fs. 172 contra la sentencia de fs. 159/160 y
CONSIDERANDO:
I. Que el señor Ernesto Alberto Garcí­a Sigal promovió acción de habeas data contra la Organización Veraz S.A., el Banco Supervielle Societe Generale S.A. y el Banco Central de la República Argentina con el objeto de tomar conocimiento de la información crediticia referida a su persona que constaba en los registros o bases de datos de las entidades demandadas y de lograr su supresión en caso de que excediera el plazo legal de 5 años establecido en el articulo 26, apartado cuarto de la “ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326.

II. Que el señor juez de primera instancia admitió la acción intentada contra el Banco Supervielle Societe Generale S.A. y la rechazó respecto del Banco Central y la Organización Veraz. Las costas las impuso a los vencidos.

Para decidir de ese modo tuvo en consideración que el actor habí­a renunciado expresamente a ejercer la facultad reconocida en el artí­culo 42 de la ley 25.326 por lo que, atento a que Veraz y el Banco Central habí­an contestado oportunamente los pedidos de información cursados mediante cartas documento e informado los datos obrantes en sus registros y su origen en información obtenida por el Banco Supervielle, la acción ejercida contra aquéllas habí­a carecido de objeto. Además puntualizó que la acción, en supuestos de supresión, rectificación o actualización de datos suministrados por entidades financieras en los términos del “artí­culo 5* °, inciso 2* ° de la ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326, debí­a ejercerse ante la entidad cedente que fuera parte de la relación jurí­dica a que se referí­a el dato impugnado.
En cuanto al Banco Supervielle sostuvo que esa entidad no habí­a contestado el requerimiento de información oportunamente cursado por el amparista, por lo que la iniciación de la presente causa habí­a tenido origen en su inactividad.

III. Que, contra esa decisión, la actora y el Banco Supervielle interpusieron sendos recursos de apelación (fs. 164/167 vta. y 172/173vta., respectivamente).

IV. Que la demandante indicó que ella no habí­a renunciado a pretender la supresión de la información y que no era menester ampliar su demanda dado que tal petición ya estaba contenida en la oportunamente presentada. Agregó que al manifestar que “no ha pretendido ejercer la facultad prevista por el artí­culo 42 de la ley 25.326″ simplemente habí­a expresado que su escrito no debí­a ser asemejado a un pedido de ampliación de demanda sino a un requerimiento de sentencia definitiva, por lo que la juez habí­a arribado a una conclusión apresurada e imprecisa sin mediar renuncia categórica del interesado a la petición original.
Agregó que las codemandadas habí­an contestado en sus informes ambas pretensiones, por lo que carecí­a de sentido presentar una ampliación de demanda.
Por otra parte entendió que aún cuando hubiera desistido del pedido de supresión de los datos tampoco correspondí­a el rechazo de la acción contra Veraz y el Banco Central dado que esas entidades sólo le habí­an comunicado el resultado de las evaluaciones por ellas practicadas de acuerdo a sus parámetros pero no el preciso origen y detalle de la información cuestionada, es decir, no habí­an expresado la causa, origen o año de la obligación en cuestión.
Finalmente se agravió por la imposición de las costas.

V. Que, por su parte, el Banco Societé Generale S.A. se agravió de que el a quo hubiera considerado que no habí­a cumplido con el requerimiento de información cuando habí­a ofrecido prueba instrumental en poder de terceros y no se le habí­a hecho lugar. Indicó que el juez carecí­a de competencia para declarar la prescripción de la deuda y ordenar su supresión de la base de datos. También cuestionó la imposición de las costas.

VI. Que, ante todo, cabe recordar que el 28 de noviembre de 2001 el señor Ernesto Alberto Garcí­a Sigal promovió acción de habeas data con el objeto de obtener la información referida a su persona y lograr su supresión si los datos informados excedí­an los 5 años previstos en el “artí­culo 26 de la ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326 (conf. fs. 2/4 vta. y acápite I de este decisorio).
Señaló en esa oportunidad el actor que un informe emitido por Veraz lo calificaba como “irrecuperable” y que la información allí­ contenida provendrí­a de una obligación pendiente con el Banco Supervielle, con quien habí­a quedado desligado de todo ví­nculo contractual en julio de 1995, no habiendo sido jamás constituido en mora ni demandado por la obligación pendiente de cancelación. Por ello, aun desconociendo el origen certero de esa información, entendí­a que su antigí¼edad habilitaba la inmediata supresión.

VII. Que la entidad financiera mencionada, al producir su informe a fs. 76/80, señaló que la deuda obedecí­a a un saldo impago de la tarjeta Visa, que habí­a quedado constituido automáticamente en mora con el incumplimiento el 31 de julio de 1995 y que habí­a pasado a estado de “precontencioso” el 9 de abril de 1998. Hizo referencia, además, a las misivas que el deudor le habí­a cursado, indicando que en la segunda invocaba la prescripción liberatoria de la deuda, olvidando que con la primera habí­a interrumpido el curso de esa prescripción.
Por su parte el Banco Central manifestó que era un tercero ajeno a la cuestión debatida, no existiendo ví­nculo alguno con el actor (fs. 60/69).
Finalmente, Organización Veraz S.A. informó que el actor registraba una situación irregular informada por Radiocomunicaciónes Móviles S.A. concerniente a un atraso en factura impaga, informada en febrero de 2002, con origen en el mes anterior, que se excluirí­a una vez cancelado el atraso, y saldos impagos de créditos con el Banco Supervielle, datos éstos tomados de la central de deudores del Banco Central (fs. 131/143).

VIII. Que, corrido el pertinente traslado a la actora (fs. 149), ésta solicitó que se dictara sentencia (fs. 151). El tribunal le solicitó que aclarara si esa petición importaba ejercer la facultad prevista en el artí­culo 42 de la ley 25.326, atento a haber tomado conocimiento de las razones por las cuales se habí­a incluido la información cuestionada (fs. 152), a lo que respondió que no habí­a pretendido ejercer tal facultad, requiriendo el dictado de la sentencia de acuerdo a lo previsto en el artí­culo 43 de esa ley (fs. 154).

IX. Que, en primer término, se debe examinar si la manifestación del actor de fs. 154 importó desistir de su pretensión supresoria de la información contenida en el registro.
A tal efecto cabe indicar que en el artí­culo 42 de la ley 25.326 se dispone que “contestado el informe, el actor podrá, en el término de tres dí­as, ampliar el objeto de la demanda solicitando la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos personales, en los casos que resulte procedente a tenor de la presente ley, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se dará traslado al demandado por el término de tres dí­as”.
En el caso ha quedado claro que el señor Sigal inició la acción incluyendo en su objeto la eliminación de los datos que registraran origen superior a 5 años e individualizó especialmente el saldo deudor con el Banco Supervielle. A su vez, al contestar el traslado correspondiente, esa entidad brindó las razones por las que a su entender la deuda estaba incluida en la base de datos y fundó su posición acerca de la prescripción invocada.
En consecuencia, requerir a la actora una ampliación de demanda se presentarí­a en el caso, atento al modo que quedó trabada la litis y a las posiciones asumidas, como un excesivo rigor formal, incompatible con la garantí­a de defensa en juicio y el adecuado servicio de justicia.

X. Que, por tanto, corresponde examinar los restantes agravios del actor.
En primer término debe destacarse que la información que brinda la Central de Riesgo e Información Crediticia del Banco Central tiene origen en los datos y calificación que efectúan las diversas entidades financieras respecto de sus clientes (confr. circulares B.C.R.A. A 2216 y A 2389).
Por lo tanto, el organismo rector del sistema financiero sólo puede proceder a cambiar los datos acerca del actor en la medida en que el banco que se haya vinculado con el deudor haya brindado nueva información acerca de la situación y calificación (a pedido del interesado o de oficio). Ello es así­, dado que de la normativa aplicable al caso no surge que el Banco Central tenga facultades para modificar por sí­ o revisar los datos aportados por las distintas entidades bancarias o financieras (conf. esta Sala, “Barravecchia, Santos José c/ B.C.R.A.)”, 25 8 98).
En consecuencia, el Banco Central no resulta responsable por la inclusión de la información en la base de datos, toda vez que no compete a ese organismo procesar y evaluar lo informado por las entidades financieras.
Sin embargo, esa circunstancia no implica que sea un tercero ajeno a la litis, toda vez que es él quien, en definitiva, debe quitar de la base la información que ha sido considerada equivocada, irrazonable o falsa.
Semejantes consideraciones cabe efectuar respecto de la Organización Veraz S.A. toda vez que, en el caso, ella se limitó a dar a conocer la información que surgí­a del registro del Banco Central.

XI. Que, ello asentado, se debe determinar si corresponde ordenar la supresión de la información referida al saldo impago de la tarjeta de crédito de la base de datos del organismo rector del sistema financiero y por tanto también de Veraz S.A.
Al respecto es dable precisar que en el artí­culo 26, apartado 4 de la ley 25.326 se prevé que “(s)ólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho”.
De este modo el legislador ha consagrado el derecho al olvido de quienes registran o registraron una deuda en una base de datos, independientemente de su exigibilidad, fijando plazos diferentes para uno u otro supuesto (conf. en este sentido, CCYCFed, Sala 3, “Napoli Carlos Alberto c/ Citibank N.A.”, 3 11 05; esta Cámara, Sala III, “Girella, Juan José c/ BCRA”, 4 2 05 y “Gross, Rodolfo Remigio”, 7 2 05)
No se trata como parecerí­a entenderlo el Banco Societé Generale de la prescripción de la deuda sino simplemente de su antigí¼edad a los efectos de su mantenimiento en en el registro de datos. Adviértase que aún cuando la deuda hubiera sido saldada deberí­a figurar en el sistema aunque por un plazo menor.
En consecuencia, no se trata de que el tribunal examine la relación contractual entre el actor y la entidad demandada y la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones pendientes. Simplemente se debe determinar si la información respecto de esa deuda hállese prescripta o no debe figurar en los registros en cuestión atento a la antigí¼edad que registra.
Y, en tal sentido, parece claro que si la deuda se originó y devino exigible el 31 de julio de 1995 tal como lo sostiene la demandada al momento de iniciación del presente juicio se hallaba cumplido el plazo de 5 años previsto en el artí­culo transcripto supra.

Por todo lo expuesto SE RESUELVE: modific la sentencia apelada, manteniendo lo decidido en la anterior instancia y ordenando al Banco Central de la República Argentina y a la Organización Veraz que retiren de la base de datos de riesgo crediticio al señor Garcí­a Sigal. Costas de ambas instancias a cargo de la la co demandada Banco Societé Generale y por su orden respecto del BCRA y Organización Veraz.
La Dra. Marí­a Jeanneret de Pérez Cortés no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regí­strese, notifí­quese y devuélvase.//



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