Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Caso Spinosa Melo – Privacidad de funcionario público

Posted: septiembre 8th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos | No Comments »

S. 331. XXXIX. S. 205. XXXIX. Spinosa Melo, pill Oscar Federico c/ E.N. -”M* ° de Relaciones Exter. Comer. Internacional y Culto-” s/ empleo público.

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2006.
Vistos los autos: “Spinosa Melo, Oscar Federico c/ E.N. -”M* ° de Relaciones Exter. Comer. Internacio-nal y Culto-” s/ empleo público”.
Considerando:
1* °) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fede-ral, al desestimar el recurso interpuesto por el ac-tor, confirmó la resolución 1430 de 1993, mediante la cual el ministro de Relaciones Exteriores aplicó al embajador extraordinario y plenipotenciario Oscar Federico Spinosa Melo (en situación de retiro) la sanción de exoneración prevista en el art. 41, inc. c, de la ley 20.957 de servicio exterior de la Na-ción. Contra esta decisión el interesado dedujo el recurso extraordinario parcialmente concedido a fs. 775 y denegado en lo atinente a la arbitrariedad de la sentencia apelada, lo que dio lugar a la respec-tiva queja.
2* °) Que, como fundamento, el tribunal de alzada comenzó por señalar que, como consecuencia del sumario instruido por resolución “S” 1453 de 1991, el funcionario aludido habí­a sido previamente sancionado con el retiro obligatorio (arg. del art. 41, inc. b, de la ley citada), con derecho a perci-bir los haberes de retiro correspondientes. Agregó que del sumario posterior instruido por resolución 195 de 1992 surgí­a que, durante su desempeño como embajador en la República de Chile, el diplomático habí­a violado los deberes de conducirse en forma honorable pública y privadamente, y de observar una conducta pública y privada ajustada a la más estric-ta honorabilidad en su actuación social y económica, previstos en los arts. 11, inc. c, y 21, inc. q, de la ley 20.957; extremos que justificaban su exonera-ción.
Sobre el particular, destacó que al emba-jador le habí­a sido imputada una tentativa de extor-sión en perjuicio de un conocido dirigente polí­tico chileno y otras personalidades que solí­an asistir a diversas reuniones llevadas a cabo en Santiago de Chile, de las que participaban miembros del cuerpo diplomático. Dicho suceso, ampliamente difundido por distintos medios periodí­sticos, dio lugar a la for-mación de la causa por extorsión oportunamente tra-mitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Co-rreccional N* ° 12, Secretarí­a N* ° 6, que concluyó por prescripción de la acción penal, sin que llegara a comprobarse la realización material de los hechos investigados.
En tal sentido, la cámara expresó que si bien una misma conducta puede constituir separada-mente motivo de reproche en el ámbito disciplinario y en el penal, este doble orden de reproches presu-pone la efectiva realización material de los hechos que infringen tales ordenamientos, circunstancia que en el caso no se dio. En consecuencia, descartó que los hechos investigados en el proceso penal indicado hubieran constituido una causal válida de exonera-ción.
No obstante, señaló que el embajador habí­a incurrido en otras conductas prohibidas por los arts. 11, inc. c, y 21, inc. q, de la ley 20.957, justificativas de la sanción apelada. Al respecto, expresó que el mucamo personal de la embajada, al ser expresamente interrogado sobre el punto, habí­a declarado que algunas veces, al entrar al dormitorio del embajador para llevarle el desayuno, habí­a nota-do que éste dormí­a acompañado de tres personas del sexo femenino. También agregó que el chofer, único testigo del episodio, declaró haber conducido al funcionario a establecimientos nocturnos de mala re-putación. Consideró que tales comportamientos no es-taban protegidos por la garantí­a del art. 19 de la Constitución Nacional, porque se trataba de acciones privadas ofensivas de la moral y del orden públicos.
En semejante orden de ideas, dijo que en la entrevista concedida al instructor del sumario, el vicecanciller de la República de Chile habí­a ma-nifestado su sorpresa ante diversas actitudes del embajador sumariado tales como, por ejemplo, los in-sultos dirigidos a otro embajador argentino en pre-sencia de diplomáticos chilenos; las que calificó de propias de una persona mentalmente desequilibrada. La cámara expresó que el tenor de estas manifesta-ciones habí­a sido corroborado por el embajador ar-gentino Faurie quien, a su vez, habí­a expresado que estas y otras actitudes similares motivaron que las autoridades chilenas tuvieran una opinión desfavora-ble del embajador. Concluyó que dichas circunstan-cias, unidas a la declaración prestada por ví­a de rogatoria diplomática por la señora Ludovica Gancia en la mencionada causa penal -”que dijo que el emba-jador sumariado le habí­a entregado tres misivas de contenido supuestamente extorsivo-” daban cuenta, en conjunto, de un comportamiento irregular, impropio de un diplomático, y justificativo de la sanción de exoneración aplicada al concluir el sumario corres-pondiente.
3* °) Que el recurso extraordinario es for-malmente admisible, toda vez que en el pleito se halla en tela de juicio la inteligencia de los arts. 11, 18, 41, 77 y concordantes de la ley 20.957, de naturaleza federal; en cuya exégesis el Tribunal no se encuentra limitado a los argumentos expuestos por las partes (Fallos: 318:445), y la decisión final del pleito ha sido adversa a los derechos que el apelante funda en aquélla (art. 14, inc. 3* °, ley 48). Por otra parte, los agravios contenidos en el recurso de hecho relativos a la arbitrariedad de la sentencia apelada deben ser tratados conjuntamente, por estar indisolublemente ligados a los puntos de derecho federal, stricto sensu, controvertidos en el recurso extraordinario concedido (Fallos: 324:4307).
4* °) Que los agravios del apelante relati-vos a que la prueba de cargo acumulada en el sumario se fundó básicamente en el contenido de notas perio-dí­sticas y trascendidos originados en la misma can-cillerí­a argentina, así­ como lo expuesto con rela-ción a que los 19 testigos interrogados en la emba-jada argentina en la República de Chile declararon ignorar completamente los hechos investigados, ex-cepto el chofer y el mucamo de la embajada argenti-na, cuyas declaraciones son ilegales por haber sido interrogados en tono afirmativo, en violación a lo dispuesto en el art. 61 del Reglamento de Investiga-ciones Administrativas, remiten al examen de cues-tiones de hecho, prueba y derecho procesal, ajenas a la instancia extraordinaria. Lo propio sucede con lo sostenido por aquél, en el sentido de que el testi-monio de un único testigo es insuficiente para fun-dar la sanción, que ésta no es razonable porque sir-vió 29 años en el servicio exterior y resolvió 22 cuestiones de lí­mites pendientes con la República de Chile, y que los hechos objeto del sumario son el resultado de una campaña difamatoria articulada en su contra.
5* °) Que resultan infundados los agravios del recurrente relativos a que una correcta inteli-gencia de los arts. 18 y 41 de la ley 20.957 lleva a concluir en que la exoneración es ilegí­tima, porque no pudo serle impuesta a quien se encontraba en si-tuación de retiro. En efecto, según el art. 2, inc. b, de la ley citada, el personal en situación de re-tiro, voluntario u obligatorio, forma parte del cuerpo permanente pasivo y posee estado diplomático. De acuerdo con el art. 25 de la ley 20.957, dicho estado se pierde en los supuestos de cesantí­a o exo-neración. Si bien el art. 22, inc. s, de la ley 20.957 establece que los funcionarios del cuerpo permanente pasivo están sujetos a las mismas obliga-ciones de los funcionarios en actividad cuando sean convocados a prestar servicios, el citado art. 25 de la ley en cuestión no deja margen de duda en cuanto a que (al menos, en determinadas circunstancias) los funcionarios en situación de retiro son susceptibles de ser sancionados con la cesantí­a o exoneración. Además, si bien es cierto que en la especie la san-ción de exoneración fue aplicada después de que el embajador habí­a pasado a situación de retiro obliga-torio, los hechos determinantes de su exoneración datan del tiempo inmediato anterior, cuando todaví­a formaba parte del servicio activo y cumplí­a funcio-nes como embajador en la República de Chile.
6* °) Que tampoco resultan atendibles los agravios del recurrente relacionados con la viola-ción del principio non bis in idem, vigente en mate-ria disciplinaria y que impide sancionar dos o más veces una misma falta de esa especie (confr. art. 39 de la ley 22.140, supletoriamente aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en el art. 1* °, in fine, de esa ley -”vigente al tiempo de los hechos que dieron lugar a la causa-” y, además, el art. 13 de la ley 21.383, que impone a la Fiscalí­a Nacional de Inves-tigaciones Administrativas proceder conforme a las normas del Código de Procedimientos en Materia Pe-nal; v. Fallos: 311:1451).
Es verdad que el examen de la prueba de cargo reunida en el sumario anterior, instruido en virtud de lo ordenado por la resolución ministerial 1453 de 1991 y que concluyó con la aplicación de la sanción de retiro obligatorio, revela que esta in-vestigación también involucró la conducta anterior del diplomático, como embajador en la República de Chile. Sobre el punto basta constatar lo expresado en el informe del funcionario instructor a fs. 525 de dicho sumario, con respecto a que las copias de las notas periodí­sticas agregadas a fs. 507 a 509 (todas ellas relativas al desempeño del embajador en la República de Chile, objeto del sumario posterior) se relacionan con “los hechos investigados en este sumario…”. Ello surge, también, de lo manifestado en la acusación formulada por el fiscal de Investi-gaciones Administrativas a fs. 532 del sumario orde-nado por la resolución “S” 1453 de 1991, que se re-fiere a la incorporación como prueba de cargo de las noticias aparecidas en el diario Clarí­n los dí­as 17 y 19 de enero de 1992 (referentes a la conducta del imputado como embajador en la República de Chile); esto es, a las mismas circunstancias de hecho espe-cí­ficamente investigadas en el sumario posterior instruido por la resolución “S” 195 de 1992, que concluyó con la exoneración.
Sin embargo, aunque sea posible suponer que la conducta del funcionario como embajador en la República de Chile pudo haber influido en el ánimo del instructor, del fiscal y, del órgano sancionador para imponerle la sanción de retiro obligatorio, esa posibilidad no excede el marco de lo hipotético. Ello es así­ porque tanto la resolución ministerial de apertura del sumario, como los cargos imputados al diplomático y su defensa y, además, la resolución que le aplicó la sanción de retiro obligatorio y las restantes actuaciones correspondientes al sumario ordenado por la resolución “S” 1453 de 1991 aluden a los hechos sucedidos en el barrio porteño de La Re-coleta el 14 de septiembre de 1991, y omiten refe-rirse explí­citamente a la conducta anterior del fun-cionario, durante su desempeño como embajador argen-tino en la República de Chile. En tales condiciones, la circunstancia de que algunas de las pruebas de cargo incorporadas al sumario que concluyó con el retiro obligatorio se refirieran, equí­vocamente, a los hechos investigados en el sumario que dio lugar a la exoneración no permite afirmar de manera indu-dable que el diplomático fue efectivamente sanciona-do dos veces por los mismos hechos, en violación del principio non bis in idem.
7* °) Que, en cambio, resultan atendibles los agravios del apelante referentes a que la exone-ración carece de causa legí­tima (esto es, se funda en antecedentes de hecho insuficientes para imponer-le tal sanción), y tampoco guarda la necesaria rela-ción de proporcionalidad de medio a fin exigida por el art. 7, inc. f, de la ley 19.549 como requisito esencial del acto administrativo sancionador.
8* °) Que, en tal sentido, los antecedentes de hecho tenidos en cuenta por la cámara para conva-lidar la sanción se refieren a la conducta observada por el embajador en la privacidad del recinto de su dormitorio en la residencia oficial, que no hubiera trascendido de no haber mediado la indagación al mu-camo de la embajada. Dicho comportamiento constituye una parte de los hábitos í­ntimos reservada a la con-ciencia del individuo, protegida por el art. 19 de la Constitución Nacional y, por tanto, exenta de la vigilancia y el castigo por parte de las autoridades administrativas y judiciales. Lo dispuesto en el art. 11, inc. c, de la ley 20.957 en el sentido de que el personal del servicio exterior está obligado a comportarse con honorabilidad, tanto en público como en privado, en modo alguno puede ser interpre-tado en el sentido de que, por el mero hecho de ser-lo, sus funcionarios están privados de la parte cen-tral de sus derechos individuales, entre ellos, el derecho de involucrase en las particulares conductas privadas, incluso fí­sicas, que sean de su elección. Pues ni es asunto del Gobierno indagar lo que de ma-nera soberana los individuos deciden hacer o dejar de hacer en el ámbito de su intimidad, ni el hecho de que ciertos grupos polí­ticos o religiosos pudie-ran condenar tales conductas o considerarlas repro-bables confiere al Estado el derecho de imponer los juicios morales de dichos grupos sobre la totalidad de sus habitantes.
9* °) Que similares consideraciones merecen las visitas nocturnas que el embajador realizaba a lugares de esparcimiento en los que se bebe, se bai-la, y en los que se ofrecen espectáculos de varieda-des; conducta que tampoco hubiera trascendido de no haber sido indagado su chofer al respecto. Es que el ámbito de privacidad protegido por el art. 19 de la Constitución Nacional no comprende exclusivamente las conductas que los individuos desarrollan en sus domicilios privados, sino que también alcanza a las que, de modo reservado, con la intención de no ex-hibirse, y sin que tengan trascendencia pública ni provoquen escándalo, aquéllos llevan a cabo fuera del recinto de aquél. Sostener lo contrario signifi-carí­a tanto como aceptar que la más fundamental de las libertades personales sólo está constitucional-mente protegida en la medida en que se la ejerza en el reducido espacio del ámbito domiciliario y debido a la circunstancia incidental de que los individuos no pueden ser vigilados mientras permanezcan en él.
10) Que, a lo precedentemente expuesto, cabe agregar que la mera indeterminación del concep-to de honorabilidad previsto en art. 11 de la ley 20.957 no habilita implí­citamente al órgano sancio-nador a llenarlo con el contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio. El razonable margen de discrecionalidad reconocido a la autoridad jerárqui-ca en materia disciplinaria (Fallos: 311:2128, con-siderando 5* °, y su cita) no significaba que ella es-tuviera exenta de proporcionar explí­citamente las razones concretas en virtud de las cuales considera-ba que la concurrencia a espectáculos de variedades configuraba, per se, una afrenta al honor incompati-ble con la conducta de un diplomático y al adecuado funcionamiento del servicio exterior. Ello es así­ porque, a pesar de que como regla se acepte que las infracciones disciplinarias no son susceptibles de ser tí­picamente descritas, en el sentido en que lo son los delitos del derecho criminal, tampoco resul-ta posible admitir que los funcionarios estén ex-puestos a ser separados forzadamente del servicio por el mero hecho de incurrir en conductas innomi-nadas, cuya descripción concreta depende exclusiva-mente del juicio formulado a posteriori por el órga-no sancionador, según el libre arbitrio de éste. Es-to último supondrí­a tanto legitimar la existencia de un poder legal en blanco como retornar, inexcusable-mente, al concepto de los delicta innominata del de-recho antiguo (cfr. Mattes, Heinz: “Problemas de De-recho Penal Administrativo”. Ed. Edersa, Madrid, 1979; í­dem, Nieto, Alejandro: “Problemas Capitales del Derecho Disciplinario”. Revista de la Adminis-tración Pública. Instituto de Estudios Polí­ticos, 1970. N* ° 63, pág. 39).
11) Que, en consecuencia, dos de las tres causas tenidas en cuenta para aplicar la sanción de exoneración no pudieron ser legí­timamente considera-das para juzgar la conducta investigada en el suma-rio. En otras palabras, las dos causales aludidas fueron falsamente invocadas para disponer la medida, por cuanto no constituyeron otra cosa que juicios de valor formulados sobre comportamientos personalí­si-mos del imputado, comprendidos en la esfera de su intimidad y amparados por el art. 19 de la Constitu-ción Nacional. Por tanto, de conformidad con lo dis-puesto en los arts. 7* °, inc. d, y 14, inc. b, de la ley 19.549, el acto sancionador debe ser dejado sin efecto y, de ser así­, corresponderí­a que las actua-ciones sumariales fueran devueltas al órgano sancio-nador a fin de que valore si la causal restante (la conducta poco protocolar) justificaba por sí­ sola la imposición de la sanción objetada.
12) Que, aunque no se compartiesen las ra-zones relativas a la extensión del ámbito de la in-timidad personal, en el caso concurre otra razón que, por sí­ misma, constituye motivo suficiente para invalidar el acto sancionatorio. Esta es la señalada falta de proporción de medio a fin entre las medidas que dicho acto involucra, y la finalidad tenida en mira por la ley al conferir al ministro la potestad disciplinaria sobre el personal del servicio exte-rior de la Nación.
En efecto, la necesaria relación de medio a fin aparece violentada en cuanto se advierte que el funcionario de que se trata ya habí­a sido releva-do de sus funciones como embajador en la República de Chile y le habí­a sido aplicada la sanción de re-tiro obligatorio prevista en el art. 41, inc. b de la ley 20.957. El art. 77 de dicha ley establece que los funcionarios que hubieran cesado en sus funcio-nes en virtud de lo dispuesto en el art. 18 de aqué-lla gozarán del retiro fijado en esa disposición, con excepción de los que hubieran cesado en virtud de lo establecido en el art. 18, inc. c, de la ley citada; esto es, por cesantí­a o exoneración. De ello resulta que el único efecto legal concretamente de-rivado de la exoneración ulterior del actor es la pérdida de los haberes de retiro que le habí­an sido reconocidos al sancionarlo, previamente, con el re-tiro obligatorio. Según el art. 14 bis de la Consti-tución Nacional, los beneficios de la seguridad so-cial tienen carácter imprescriptible e irrenunciable y el Estado tiene el deber de asegurar su presta-ción.
Al respecto, es conveniente recordar que las medidas disciplinarias tienen por objeto mante-ner el orden y la disciplina dentro de las relacio-nes de servicio, con el objeto de asegurar el debido cumplimiento de los deberes funcionales; por lo que la intensidad con que se castigan las infracciones del ordenamiento estatutario que rige los deberes y derechos del funcionario debe ser proporcional a la gravedad de la perturbación que la falta ocasiona en el funcionamiento del servicio. En el caso, la pri-vación del derecho a percibir haberes de retiro, im-puesta después de 29 años de servicio a un funciona-rio que, según el legajo personal agregado, tiene sesenta y un años de edad, aparece desproporcionada con la gravedad de las faltas que se le imputan (confr. Fallos: 313:153, considerando 6* °; 321:3103, considerandos 4* ° y 6* °), pues ni está destinada a asegurar el orden, ni tiene carácter correctivo sino que, virtualmente, constituye una pena pecuniaria de carácter accesorio cuya entidad resulta ser más gra-vosa que la sanción principal.
Como se acaba de expresar, la sanción im-pugnada no tiene otra consecuencia que despojar al funcionario de una prestación de naturaleza alimen-taria, especí­ficamente destinada a cubrir los ries-gos de subsistencia y ancianidad (Fallos: 311:1644, considerando 4* °), sustitutiva de la remuneración que aquél estaba en condiciones de percibir mientras se hallaba en actividad, en ese u otro empleo, público o privado (Fallos: 314:165, considerando 7* °, y 318:403, entre otros); razón por la cual ella resul-ta excesiva. Al respecto, no cabe argumentar que el ingreso del actor al servicio exterior de la Nación implicó su tácita aceptación a la totalidad de las disposiciones del régimen jurí­dico establecido por la ley 20.957, y con ella, la renuncia a percibir haberes en las condiciones del art. 77, pues se tra-ta de un derecho irrenunciable y, por ello, su acti-tud expresa o implí­cita era irrelevante para produ-cir, como efecto jurí­dico, la pérdida del derecho a recibir los beneficios de la seguridad social (cfr. Fallos: 312:2249 y 315:2584, considerando 12). Desde la perspectiva de la proporcionalidad de la sanción, el impedimento para obtener los beneficios estable-cidos en el art. 77 de la ley 20.957, sólo podrí­a justificarse en el supuesto de que la infracción disciplinaria comportara un delito del derecho cri-minal, penado con ese alcance, o una conducta de una aberración tal que resultarí­a un contrasentido que el Estado siguiera amparando al infractor, acordán-dole las prestaciones de la seguridad social (cfr. art. 19, inc. 4* °, del Código Penal).
Por las razones expresadas, cabe concluir que en el caso no se dan los requisitos necesarios para justificar la sanción cuestionada; en otras pa-labras, en el caso el órgano sancionador no cumplió con su deber constitucional de actuar razonablemente (Linares, Juan Francisco: “Poder Discrecional Admi-nistrativo”. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1958; esp. págs. 162 y 164; y Fallos: 321:3103). Por tal motivo, corresponde dejarla sin efecto, exclusiva-mente en la medida en que significó privar al actor de su derecho al retiro.
Por ello, se resuelve: Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y, en ejercicio de la facultad establecida en el art. 16, segunda par-te, de la ley 48, hacer lugar a la demanda en la me-dida en que se solicitó la declaración de nulidad de la sanción expulsiva. Costas por su orden, en a ten-ción a la novedad de las cuestiones planteadas. No-tifí­quese, agréguese la queja al principal, y remí­-tanse. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto) CARLOS S. FAYT (en disi-dencia) JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia) E. RAUL ZAFFARONI RICARDO LUIS LORENZETTI (en disi-dencia) CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia parcial) HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN (según su voto) LUIS CESAR OTERO (según su voto).
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VOTO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO Y DE LA SEÑORA CONJUEZ DOCTORA DOÑA HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN
Considerando:
Que las infrascriptas coinciden con los considerandos 1* ° a 7* ° del voto de la mayorí­a.
8* °) Que, en tal sentido, los antecedentes de hecho tenidos en cuenta por la cámara para conva-lidar la sanción se refieren a la conducta observada por el embajador en la privacidad del recinto de su dormitorio en la residencia oficial, que no hubiera trascendido de no haber mediado la indagación al mu-camo de la embajada. Dicho comportamiento constituye una parte de los hábitos í­ntimos reservada a la con-ciencia del individuo, protegida por la Constitución Nacional y, por tanto, exenta de la vigilancia y el castigo por parte de las autoridades administrativas y judiciales. Lo dispuesto en el art. 11, inc. c, de la ley 20.957 en el sentido de que el personal del servicio exterior está obligado a comportarse con honorabilidad, tanto en público como en privado, en modo alguno puede ser interpretado en el sentido de que, por el mero hecho de serlo, sus funcionarios están privados de la parte central de sus derechos individuales, entre ellos, el derecho de involucrase en las particulares conductas privadas, incluso fí­-sicas, que sean de su elección.
9* °) Que similares consideraciones merecen las visitas nocturnas que el embajador realizaba a lugares de esparcimiento en los que se bebe, se bai-la, y en los que se ofrecen espectáculos de varieda-des; conducta que tampoco hubiera trascendido de no haber sido indagado su chofer al respecto. Es que el ámbito de privacidad protegido por la Constitución Nacional no comprende exclusivamente las conductas que los individuos desarrollan en sus domicilios privados, sino que también alcanza a las que, de mo-do reservado, con la intención de no exhibirse, y sin que tengan trascendencia pública ni provoquen escándalo, aquéllos llevan a cabo fuera del recinto de aquél. Sostener lo contrario significarí­a tanto como aceptar que la más fundamental de las liberta-des personales sólo está constitucionalmente prote-gida en la medida en que se la ejerza en el reducido espacio del ámbito domiciliario y debido a la cir-cunstancia incidental de que los individuos no pue-den ser vigilados mientras permanezcan en él.
10) Que, a lo precedentemente expuesto, cabe agregar que la mera indeterminación del concep-to de honorabilidad previsto en art. 11 de la ley 20.957 no habilita implí­citamente al órgano sancio-nador a llenarlo con el contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio. El razonable margen de discrecionalidad reconocido a la autoridad jerárqui-ca en materia disciplinaria (Fallos: 311:2128, con-siderando 5* °, y su cita) no significaba que ella es-tuviera exenta de proporcionar explí­citamente las razones concretas en virtud de las cuales considera-ba que la concurrencia a espectáculos de variedades configuraba, per se, una afrenta al honor incompati-ble con la conducta de un diplomático y al adecuado funcionamiento del servicio exterior. Ello es así­ porque, a pesar de que como regla se acepte que las infracciones disciplinarias no son susceptibles de ser tí­picamente descritas, en el sentido en que lo son los delitos del derecho criminal, tampoco resul-ta posible admitir que los funcionarios estén ex-puestos a ser separados forzadamente del servicio por el mero hecho de incurrir en conductas innomi-nadas, cuya descripción concreta depende exclusiva-mente del juicio formulado a posteriori por el órga-no sancionador, según el libre arbitrio de éste. Es-to último supondrí­a tanto legitimar la existencia de un poder legal en blanco como retornar, inexcusable-mente, al concepto de los delicta innominata del de-recho antiguo (cfr. Mattes, Heinz: “Problemas de De-recho Penal Administrativo”. Ed. Edersa, Madrid, 1979; í­dem, Nieto, Alejandro: “Problemas Capitales del Derecho Disciplinario”. Revista de la Adminis-tración Pública. Instituto de Estudios Polí­ticos, 1970. N* ° 63, pág. 39).
11) Que, en consecuencia, dos de las tres causas tenidas en cuenta para aplicar la sanción de exoneración no pudieron ser legí­timamente considera-das para juzgar la conducta investigada en el suma-rio.
12) Que, aunque no se compartiesen las ra-zones relativas a la extensión del ámbito de la pri-vacidad, en el caso concurre otra razón que, por sí­ misma, constituye motivo suficiente para invalidar el acto sancionatorio. Esta es la señalada falta de proporción de medio a fin entre las medidas que di-cho acto involucra, y la finalidad tenida en mira por la ley al conferir al ministro la potestad dis-ciplinaria sobre el personal del servicio exterior de la Nación.
En efecto, la necesaria relación de medio a fin aparece violentada en cuanto se advierte que el funcionario de que se trata ya habí­a sido releva-do de sus funciones como embajador en la República de Chile y le habí­a sido aplicada la sanción de re-tiro obligatorio prevista en el art. 41, inc. b de la ley 20.957. El art. 77 de dicha ley establece que los funcionarios que hubieran cesado en sus funcio-nes en virtud de lo dispuesto en el art. 18 de aqué-lla gozarán del retiro fijado en esa disposición, con excepción de los que hubieran cesado en virtud de lo establecido en el art. 18, inc. c, de la ley citada; esto es, por cesantí­a o exoneración. De ello resulta que el único efecto legal concretamente de-rivado de la exoneración ulterior del actor es la pérdida de los haberes de retiro que le habí­an sido reconocidos al sancionarlo, previamente, con el re-tiro obligatorio.
Al respecto, es conveniente recordar que las medidas disciplinarias tienen por objeto mante-ner el orden y la disciplina dentro de las relacio-nes de servicio, con el objeto de asegurar el debido cumplimiento de los deberes funcionales; por lo que la intensidad con que se castigan las infracciones del ordenamiento estatutario que rige los deberes y derechos del funcionario debe ser proporcional a la gravedad de la perturbación que la falta ocasiona en el funcionamiento del servicio. En el caso, la pri-vación del derecho a percibir haberes de retiro, im-puesta después de 29 años de servicio a un funciona-rio que, según el legajo personal agregado, tiene sesenta y un años de edad, parece desproporcionada con la gravedad de las faltas que se le imputan (Fa-llos: 313:153, considerando 6* °; 321:3103, conside-randos 4* ° y 6* °),. En tanto, virtualmente, constituye una pena pecuniaria de carácter accesorio cuya enti-dad resulta ser más gravosa que la sanción princi-pal.
Por las razones expresadas, cabe concluir que en el caso no se dan los requisitos necesarios para justificar la sanción cuestionada; en otras pa-labras, en el sub lite el órgano sancionador no cum-plió con su deber constitucional de actuar razona-blemente (Linares, Juan Francisco: “Poder Discre-cional Administrativo”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1958; esp. págs. 162 y 164; y Fallos: 321:3103). Por tal motivo, corresponde dejarla sin efecto.
Por ello, se resuelve: Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y, en ejercicio de la facultad establecida en el art. 16, segunda par-te, de la ley 48, hacer lugar a la demanda en la me-dida en que se solicitó la declaración de nulidad de la sanción expulsiva. Costas por su orden, en aten-ción a la novedad de las cuestiones planteadas. No-tifí­quese, agréguese la queja al principal, y remí­-tanse. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO HEBE L. CORCHUELO DE HUBERMAN.
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VOTO DEL SEÑOR CONJUEZ DOCTOR DON LUIS Cí‰SAR OTERO
Considerando:
Que el infrascripto coincide con el voto de la mayorí­a.
7* °) Que, por lo demás, según la descrip-ción de los hechos en que se apoya la sentencia y que ha sido aceptada en este aspecto por las partes, Spinosa Melo fue retirado del servicio el 15 de fe-brero de 1993 al aplicársele la sanción de retiro efectivo (art. 41.b de la ley 20.957). De acuerdo con lo que surge del fallo, al tomarse esta decisión se tuvo en cuenta que la sanción elegida permití­a separar a Spinosa Melo del servicio activo, sin que se viese afectada la percepción del haber de retiro (fojas 667/667 vta.).
El régimen general de este haber se en-cuentra establecido en el artí­culo 77 de la ley 20.957 el cual otorga ese derecho a todos los miem-bros del servicio exterior que, sin haber adquirido aún el derecho a la jubilación, dejasen de pertene-cer al cuerpo activo, excepto que lo hayan hecho por cesantí­a o exoneración. Por otra parte, el artí­culo 22, inciso n, establece que es un derecho subjetivo del agente percibir el haber correspondiente a la condición de retirado.
Por lo tanto, al ponérselo en situación de retiro, el 15 de febrero de 1993, Spinosa Melo ad-quirió el derecho al haber de retiro que le corres-pondí­a de acuerdo con las normas vigentes en ese mo-mento y que comenzó a percibir poco después. También debe concluirse que la exoneración aplicada en la Resolución 1430, el 11 de junio de 1993, tuvo el efecto de cancelar el derecho de Spinosa Melo a con-tinuar percibiendo el mencionado haber.
8* °) Que el artí­culo 17 de la Constitución Nacional protege aquellos derechos incluidos en su alcance mediante la restricción de los procedimien-tos aptos para privar de ellos a sus titulares. Por otro lado, es jurisprudencia de esta Corte que el derecho a obtener la jubilación o retiro se objeti-viza y consolida al momento de cesar en el servicio. (Fallos: 267:11; 276:255, entre otros) y que a par-tir de ese momento debe reputárselo un derecho in-corporado al patrimonio (Fallos: 266:19), protegido por el artí­culo 17 de la Constitución Nacional (Fa-llos: 210:808). Por lo tanto, sólo puede entenderse que no hay un derecho adquirido a la jubilación mientras el empleado se encuentra en actividad (Fa-llos: 210: 808).
A ello cabe agregar que si el derecho ad-quirido es de carácter previsional, tales procedi-mientos constitucionales deben otorgar la posibili-dad de examinar más rigurosamente la justificación fáctica y legal de su privación, pues se trata de un derecho especialmente protegido por el artí­culo 14 bis de la Constitución Nacional. En diversos prece-dentes, esta Corte exigió “máxima prudencia” cuando se trata de asignar a las leyes un significado tal que puede llevar al desconocimiento de derechos pre-visionales, (Fallos: 240:174, entre otros), siempre que tales leyes admitieran un criterio amplio de in-terpretación, (Fallos: 273:297, especialmente consi-derando 5* °, en el que dicho estándar no se aplicó a un caso en que el peticionante no cumplí­a con un re-quisito taxativamente exigido por la ley para obte-ner un reajuste del haber inicial de su haber jubi-latorio), es decir, cuando ese resultado no estuvie-se claramente determinado por el texto y el fin le-gislativo (Fallos: 248:115, en particular conside-randos 8* ° y 9* °, en el que la indeterminación de la ley, que no diferenciaba entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio para cobrar la pensión por el padre muerto, se resolvió a favor del derecho alega-do).
9* °) Que las condiciones de aplicación de esta doctrina se configuran en el caso, porque, por un lado, se trata de la privación de un derecho sub-jetivo de carácter previsional y, por otro lado, la habilitación que el artí­culo 41 de la ley 20.957 otorga a la administración para aplicar la sanción de exoneración es genérica: no se refiere expresa-mente a quien se encuentra en situación de retiro y es ya titular de los derechos derivados de esa con-dición. Otorgar, como lo hace la cámara, atribucio-nes a la administración para cancelar el derecho del actor constituye, entonces, una interpretación ex-tensiva de las facultades disciplinarias estableci-das en la ley 20.957.
A su vez, ninguna cláusula en la ley 20.957 establece de manera taxativa la exoneración y las señaladas consecuencias patrimoniales y previ-sionales como sanción para una cierta y determinada clase de faltas, sino que la selección de esa pena ha sido, como acertadamente la calificó el tribunal apelado, una decisión discrecionalmente adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores. Dicho de otro modo, la elección de la sanción aplicada no encuen-tra su fundamento en la ley federal citada, sino en el juicio de conveniencia llevado a cabo por el mi-nistro.
10) Que un examen riguroso de razonabili-dad hubiera revelado que las circunstancias tomadas en cuenta por la administración no muestran una ne-cesidad pública que hiciese impostergable el dictado de la Resolución 1430/93 con su efecto cancelatorio del derecho de Spinosa a percibir su haber de reti-ro. La sanción impuesta por esta resolución el 11 de junio de 1993, según el tercer párrafo de su motiva-ción, estuvo vinculada a la necesidad de expulsarlo del servicio permanente activo y no se ha demostrado que tal necesidad subsistiese en ese momento, es de-cir, cuando hací­a ya cuatro meses que el actor habí­a sido puesto en retiro en virtud de la Resolución 289/93. Por lo tanto, tampoco se ha demostrado la concurrencia de ningún interés del Estado en supri-mir el derecho de Spinosa Melo a continuar perci-biendo el haber que le correspondí­a.
Cabe poner de resalto que la imposibilidad de sancionar a Spinosa Melo con la exoneración y consiguiente cancelación del haber de retiro que se encontraba percibiendo no se debe a los comporta-mientos elusivos del mismo sumariado para sortear su responsabilidad, como pareciera sugerirlo la senten-cia apelada (fojas 672 vta.), sino a la misma con-ducta de la administración que, en conocimiento de todos los hechos (fojas 671, apartado 9), resolvió sancionarlo con el retiro para pretender, luego, agravar la sanción a costa de los derechos previsio-nales del agente vinculados con su condición de re-tirado y que ya habí­an puesto un techo a la potestad sancionatoria administrativa.
Por ello, se resuelve: Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada y, en ejercicio de la facultad establecida en el art. 16, segunda par-te, de la ley 48, hacer lugar a la demanda en la me-dida en que se solicitó la declaración de nulidad de la sanción expulsiva. Costas por su orden, en aten-ción a la novedad de las cuestiones planteadas. No-tifí­quese, agréguese la queja al principal, y remí­-tanse. LUIS CESAR OTERO.
ES COPIA

DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT, DON JUAN CARLOS MAQUEDA Y DON RICARDO LUIS LORENZETTI
Considerando:
Que el recurso extraordinario y la queja son inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, se desestima el recurso extraordina-rio (expte. S.331.XXXIX), con costas, y también el recurso de hecho presentado en el expediente S.205.XXXIX. Notifí­quese y oportunamente devuélvase el expediente S.331.XXXIX y archí­vese la queja. CARLOS S. FAYT JUAN CARLOS MAQUEDA RICARDO LUIS LORENZETTI.
ES COPIA

DISIDENCIA PARCIAL DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
1* °) Oscar Federico Spinosa Melo, parte ac-tora en este proceso, interpuso recurso extraordina-rio contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que fue concedido parcialmente en relación con el derecho fundado por el recurrente en la ley 20.957 y denegado respecto del agravio basado en la arbitra-riedad de la sentencia, lo cual dio origen a la que-ja que corre agregada al expediente principal.
El fallo dictado por la Cámara de Apela-ciones, al confirmar el de primera instancia, recha-zó la nulidad de la Resolución N* ° 1430/93, dictada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, que impuso al actor la sanción de exoneración, pre-vista en el artí­culo 41.c de la ley 20.957. Esta úl-tima establece la organización y el funcionamiento del Servicio Exterior de la Nación.
2* °) Es necesario comenzar por hacer una descripción de los aspectos del caso no controverti-bles en esta instancia y relevantes para la solución que propondré, según ellos surgen de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones.
Hacia 1991, el actor, Oscar Federico Spi-nosa Melo, se desempeñaba como embajador plenipoten-ciario de la República Argentina ante la República de Chile. El 11 de octubre de 1991, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto inició un sumario ad-ministrativo N* ° 1453/91, en el que se imputó al nom-brado diversos comportamientos que también fueron materia de investigación en dos causas penales que concluyeron en sendos sobreseimientos. El sumario administrativo dio lugar al dictado de la resolución ministerial N* ° 289/93, de fecha 15 de febrero de 1993, por la cual se aplicó a Spinosa Melo la san-ción de retiro obligatorio, establecida en el artí­-culo 41.b de la ley 20.957. Se dejó constancia de que la selección de esta sanción respondí­a a la ne-cesidad de apartar a Spinosa Melo del servicio acti-vo, pero no privarlo del haber de retiro (Apartado III.1 de la sentencia).
A su vez, el 7 de febrero de 1992, el mi-nistro del ramo, habí­a dispuesto la apertura de un segundo sumario administrativo, N* ° 195/92, por otros hechos, atribuidos a Spinosa Melo en noticias perio-dí­sticas publicadas entre los dí­as 13 y 17 de enero de 1992. Este procedimiento administrativo terminó el 11 de junio de 1993 con el dictado de la resolu-ción N* ° 1430/93 que exoneró al actor (Apartado III.2 de la sentencia).
Es dificultoso establecer con precisión cuáles habrí­an sido las conductas de Spinosa Melo que fueron objeto de imputación en el sumario admi-nistrativo N* ° 195. El apartado IV de la sentencia, bajo el anuncio de “hechos que dieron fundamento a la sanción”, introduce una serie de acciones que re-miten en definitiva a las siguientes: a] intento de extorsionar al polí­tico chileno Julio Dittborn y a otras personas (apartado IV, nros. 1, 2, 3, 4, y 5) y b] realización de “conductas equí­vocas” que bási-camente habrí­an consistido en escapadas nocturnas del embajador a cabarés de “dudosa reputación” y compartir su dormitorio con más de una persona [apartado IV, nro. 6].
La resolución 1430/93, entendió que tales comportamientos eran contrarios a los que exigí­an de un embajador los artí­culos 11.c, 21.q y 40 de la ley 20.957 que se refieren al deber de guardar constan-temente una conducta honorable, moral y ética.
3* °) Contra la decisión administrativa de exonerarlo, el actor promovió demanda con el fin de que se declarase la nulidad de la Resolución (MRECIC) 1430/93, se condenase a la demandada a pa-gar las diferencias salariales no abonadas y se re-parasen los daños y perjuicios ocasionados. La sen-tencia de primera instancia rechazó la pretensión sobre la base de que “tratándose de la potestad dis-ciplinaria de la Administración, el Tribunal tiene limitada su jurisdicción al control de la legalidad del procedimiento y del acto que se ataca” y que “la apreciación de los hechos que configuran las faltas disciplinarias, su encuadre normativo y la gradua-ción de las sanciones aplicables pertenecen al ámbi-to de las facultades discrecionales de la Adminis-tración” cuyo ejercicio en el caso no podí­a tildarse de arbitrario, pues el incumplimiento de las obliga-ciones legalmente impuestas al funcionario importó la pérdida de confianza en el agente. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instan-cia, sobre la base de argumentaciones similares. Ninguna de las dos sentencias trató el agravio basa-do en la violación de los derechos previsionales del actor derivados de su condición de retirado (intro-ducido en la ampliación de demanda de fojas 38 y si-guientes -”especialmente, fojas 51 52 y fojas 57, se-gundo párrafo-” y señalado con la letra “f” en la sentencia de cámara -”fojas 666 vta.-”).
4* °) El recurso extraordinario se apoyó en diversos argumentos, a saber: 1) la arbitrariedad en la selección y valoración de la prueba sobre cuya base se tuvieron por ciertas las acciones de Spinosa Melo que fueron sancionadas con la exoneración; 2) que parte de los hechos imputados correspondí­an a la vida í­ntima del actor y por ende no podí­an ser obje-to de castigo; 3) la afectación de sus derechos ali-mentarios (arts. 17 y 14 bis CN), pues la exonera-ción implicó la pérdida del haber de retiro; 4) que dicha sanción le fue impuesta cuando ya revistaba en el servicio pasivo, mientras que la ley prevé la exoneración solamente para expulsar a quienes se en-cuentran en actividad; 5) inoponibilidad de la reso-lución N* ° 1430/93 y 6) violación de los artí­culos 17 y 18 de la Ley Nacional de Procedimientos Adminis-trativos, al haberse revocado, mediante la imposi-ción de la exoneración, una resolución anterior que habí­a colocado a Spinosa Melo en condición de retiro y generado así­ el derecho al haber jubilatorio.
El representante del Estado Nacional, al contestar el traslado, se opuso a la procedencia del recurso extraordinario. En primer término, adujo que el recurrente no habí­a demostrado la vinculación en-tre la cuestión federal, el relato de los hechos y su discrepancia jurí­dica con el criterio adoptado por el tribunal apelado. Por otro lado, negó que el recurso contuviese una fundamentación autónoma, pues se ha omitido toda crí­tica de los argumentos en que se apoyó la sentencia dictada por la cámara. En re-lación con los argumentos basados en la ley nacional de procedimientos administrativos, replicó que habí­-an sido introducidos tardí­amente.
5* °) Fuera de los cuestionamientos a los aspectos probatorios, que resultan ajenos al recurso extraordinario, la objeción que el recurrente dirige contra la sentencia se resume en que dicho fallo convalidó un castigo por conductas que se hallan de-ntro del ámbito protegido por el artí­culo 19 de la Constitución Nacional y se lo ha privado del haber de retiro o jubilación garantizado por los artí­culos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, más allá de lo que permite la ley del Servicio Exterior de la Nación, número 20.957. Sobre ambos puntos, la Cámara de Apelaciones se ha expedido en sentido contrario al derecho que el recurrente fundara en dichas cláu-sulas constitucionales. Por otra parte, la Cámara entendió que la inteligencia de la ley federal 20.957 habí­a tenido un papel decisivo en la resolu-ción del caso contraria al derecho invocado por el actor, pues concedió el recurso extraordinario in-terpuesto (fojas 775).
6* °) En primer lugar, debe determinarse cuál es el efecto que persigue la resolución N* ° 1430/93, (considerando 7* °). En segundo lugar, co-rresponde establecer si está dentro de las faculta-des del ministro dictar actos administrativos con ese efecto, de acuerdo con lo establecido en la ley 20.957 y las normas constitucionales que el recu-rrente ha invocado en su favor (considerandos 8* °, 9* ° y 10).
7* °) Según la descripción de los hechos en que se apoya la sentencia y que ha sido aceptada en este aspecto por las partes, Spinosa Melo fue reti-rado del servicio el 15 de febrero de 1993 al apli-cársele la sanción de retiro efectivo (art. 41.b de la ley 20.957). De acuerdo con lo que surge del fa-llo, al tomarse esta decisión se tuvo en cuenta que la sanción elegida permití­a separar a Spinosa Melo del servicio activo, sin que se viese afectada la percepción del haber de retiro (fojas 667/667 vta.).
El régimen general de este haber se en-cuentra establecido en el artí­culo 77 de la ley 20.957 el cual otorga ese derecho a todos los miem-bros del servicio exterior que, sin haber adquirido aún el derecho a la jubilación, dejasen de pertene-cer al cuerpo activo, excepto que lo hayan hecho por cesantí­a o exoneración. Por otra parte, el artí­culo 22, inciso n, establece que es un derecho subjetivo del agente percibir el haber correspondiente a la condición de retirado.
Por lo tanto, al ponérselo en situación de retiro, el 15 de febrero de 1993, Spinosa Melo ad-quirió el derecho al haber de retiro que le corres-pondí­a de acuerdo con las normas vigentes en ese mo-mento y que comenzó a percibir poco después. También debe concluirse que la exoneración aplicada en la Resolución 1430, el 11 de junio de 1993, tuvo el efecto de cancelar el derecho de Spinosa Melo a con-tinuar percibiendo el mencionado haber.
8* °) El artí­culo 17 de la Constitución Na-cional protege aquellos derechos incluidos en su al-cance mediante la restricción de los procedimientos aptos para privar de ellos a sus titulares. Por otro lado, es jurisprudencia de esta Corte que el derecho a obtener la jubilación o retiro se objetiviza y consolida al momento de cesar en el servicio. (Fa-llos: 267:11; 276:255, entre otros) y que a partir de ese momento debe reputárselo un derecho incorpo-rado al patrimonio (Fallos: 266:19), protegido por el artí­culo 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 210:808). Por lo tanto, sólo puede entenderse que no hay un derecho adquirido a la jubilación mientras el empleado se encuentra en actividad (Fallos: 210: 808).
A ello cabe agregar que si el derecho ad-quirido es de carácter previsional, tales procedi-mientos constitucionales deben otorgar la posibili-dad de examinar más rigurosamente la justificación fáctica y legal de su privación, pues se trata de un derecho especialmente protegido por el artí­culo 14 bis de la Constitución Nacional. En diversos prece-dentes, esta Corte exigió “máxima prudencia” cuando se trata de asignar a las leyes un significado tal que puede llevar al desconocimiento de derechos pre-visionales, (Fallos: 240:174, entre otros), siempre que tales leyes admitieran un criterio amplio de in-terpretación, (Fallos: 273:297, especialmente consi-derando 5* °, en el que dicho estándar no se aplicó a un caso en que el peticionante no cumplí­a con un re-quisito taxativamente exigido por la ley para obte-ner un reajuste del haber inicial de su haber jubi-latorio), es decir, cuando ese resultado no estuvie-se claramente determinado por el texto y el fin le-gislativo (Fallos: 248:115, en particular conside-randos 8* ° y 9* °, en el que la indeterminación de la ley, que no diferenciaba entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio para cobrar la pensión por el padre muerto, se resolvió a favor del derecho alega-do).
9* °) Las condiciones de aplicación de esta doctrina se configuran en el caso, porque, por un lado, se trata de la privación de un derecho subje-tivo de carácter previsional y, por otro lado, la habilitación que el artí­culo 41 de la ley 20.957 otorga a la administración para aplicar la sanción de exoneración es genérica: no se refiere expresa-mente a quien se encuentra en situación de retiro y es ya titular de los derechos derivados de esa con-dición. Otorgar, como lo hace la cámara, atribucio-nes a la administración para cancelar el derecho del actor constituye, entonces, una interpretación ex-tensiva de las facultades disciplinarias estableci-das en la ley 20.957.
A su vez, ninguna cláusula en la ley 20.957 establece de manera taxativa la exoneración y las señaladas consecuencias patrimoniales y previ-sionales como sanción para una cierta y determinada clase de faltas, sino que la selección de esa pena ha sido, como acertadamente la calificó el tribunal apelado, una decisión discrecionalmente adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores. Dicho de otro modo, la elección de la sanción aplicada no encuen-tra su fundamento en la ley federal citada, sino en el juicio de conveniencia llevado a cabo por el mi-nistro.
10) No obstante, tampoco resulta constitu-cionalmente ajustada la interpretación de la ley 20.957 según la cual dicho cuerpo normativo otorga discrecionalidad a la administración para imponer la sanción de exoneración, incluso en casos como el presente que involucran la privación de un derecho adquirido.
Semejante discrecionalidad implica que los jueces deberí­an revisar el acto administrativo con una marcada deferencia hacia los motivos o fines de la autoridad que lo dictó, pues la competencia es en principio de la administración y no podrí­a ser asu-mida o sustituida por la de los jueces que llevan a cabo la revisión judicial. Este es el marco en que se dan las sentencias de primera y segunda instancia (fojas 677 vta., apartado XI).
Sin embargo, ello es difí­cilmente conci-liable con el texto del artí­culo 17 de la Constitu-ción Nacional que, entre los procedimientos válidos para privar de la propiedad, incluye el proceso ju-dicial, al referirse a la “sentencia fundada en ley”, pero no el procedimiento administrativo. Esta restricción constitucional no se corresponde a mi entender con un control deferente de la actividad administrativa, sino con otro mucho más estricto en el cual los jueces deben asumir como propia la deci-sión que resuelve privar de sus derechos a una per-sona. Si, como está presupuesto en la decisión ape-lada, la ley 20.957 hubiera otorgado facultades dis-crecionales a la autoridad administrativa y, por otra parte, los jueces practicasen un control defe-rente de esas atribuciones, entonces la privación del derecho quedarí­a librada a una decisión tomada por el único de los tres poderes que no está autori-zado a hacerlo según el artí­culo 17 de la Constitu-ción Nacional.
Un examen riguroso de razonabilidad hubie-ra revelado que las circunstancias tomadas en cuenta por la administración no muestran una necesidad pú-blica que hiciese impostergable el dictado de la Re-solución 1430/93 con su efecto cancelatorio del de-recho de Spinosa a percibir su haber de retiro. La sanción impuesta por esta resolución el 11 de junio de 1993, según el tercer párrafo de su motivación, estuvo vinculada a la necesidad de expulsarlo del servicio permanente activo y no se ha demostrado que tal necesidad subsistiese en ese momento, es decir, cuando hací­a ya cuatro meses que el actor habí­a sido puesto en retiro en virtud de la Resolución 289/93. Por lo tanto, tampoco se ha demostrado la concurren-cia de ningún interés del Estado en suprimir el de-recho de Spinosa Melo a continuar percibiendo el haber que le correspondí­a.
Cabe poner de resalto que la imposibilidad de sancionar a Spinosa Melo con la exoneración y consiguiente cancelación del haber de retiro que se encontraba percibiendo no se debe a los comporta-mientos elusivos del mismo sumariado para sortear su responsabilidad, como pareciera sugerirlo la senten-cia apelada (fojas 672 vta.), sino a la misma con-ducta de la administración que, en conocimiento de todos los hechos (fojas 671, apartado 9), resolvió sancionarlo con el retiro para pretender, luego, agravar la sanción a costa de los derechos previsio-nales del agente vinculados con su condición de re-tirado y que ya habí­an puesto un techo a la potestad sancionatoria administrativa.
11) En razón de que las consideraciones hasta aquí­ vertidas son suficientes para propiciar la revocatoria del fallo apelado, resulta innecesa-rio el tratamiento de los restantes argumentos in-troducidos por la parte actora en su escrito de in-terposición del recurso extraordinario.
Por ello, propongo que se desestime la queja, se declare procedente el recurso extraordinario vin-culado con la interpretación de la ley 20.957 y se revoque la sentencia debiendo devolverse el expe-diente a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo de conformidad con el modo en que han sido resueltos los puntos constitucionales. Notifí­-quese, devuélvase el recurso extraordinario y archí­-vese la queja. CARMEN M. ARGIBAY.



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