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Ley de reincidencia. Art. 8 Acceso a datos personales

Posted: septiembre 14th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Delitos, Normas | No Comments »

1. El Registro Nacional de Reincidencia y Estadí­stica Criminal creado por ley 11.752 funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación y centralizará la información referida a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción, conforme al régimen que regula esta ley.

2. Todos los tribunales del paí­s con competencia en materia penal remitirán al Registro, dentro de los cinco dí­as de quedar firme, dejando copia en la causa, testimonio de la parte dispositiva de los siguientes actos procesales:
a) Autos de procesamiento u otra medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
b) Autos de prisión preventiva u otra medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
c) Autos de rebeldí­a y paralización de causa;
d) Autos de sobreseimiento provisional o definitivo, con indicación de las normas legales que lo fundaren;
e) Sentencias absolutorias;
f) Sentencias condenatorias, indicando la forma de su cumplimiento y acompañando la ficha de antecedentes con fines estadí­sticos;
g) Sentencias que otorguen libertades condicionales o rehabilitaciones;
h) Sentencias que concedan o denieguen extradiciones;
i) Sentencias que establezcan medidas de seguridad;
j) Sentencias que declaren la nulidad de cualquiera de los actos precedentes, los revoquen o los dejen sin efecto;
k) Sentencias que hagan lugar a impugnaciones contra informes del Registro en los términos del artí­culo 10.
Igualmente, los tribunales que correspondieren, dentro de los cinco dí­as de recibida la pertinente comunicación, remitirán al Registro testimonio de la parte dispositiva de los decretos que concedan indultos o conmutaciones de penas.

3. Las unidades penitenciarias del paí­s comunicarán al Registro, dentro de los cinco dí­as, el egreso de todo condenado por delito.
Cuando el egreso se produjere por haberse acordado la libertad condicional, se indicará el tiempo de privación de libertad cumplido y el que faltare cumplir.
En ambos casos deberán informar la fecha de la sentencia, el tribunal que la dictó y el número de causa.

4. La Policí­a Federal Argentina hará saber al Registro, dentro de los cinco dí­as, los pedidos de captura que le hayan sido dirigidos por la Organización Internacional de Policí­a Criminal y las comunicaciones que les dejen sin efecto.

5. Todos los tribunales del paí­s con competencia en materia penal, antes de dictar resoluciones en las cuales, según las leyes deban tenerse en cuenta los antecedentes penales del causante, requerirán del registro la información correspondiente, dejando copia en la causa del pedido respectivo, el que deberá contestarse en el término de cinco dí­as. El término será de veinticuatro horas cuando del informe dependiere la libertad del causante, circunstancia que se consignará en el oficio, en el cual podrá solicitarse la respuesta por servicio telegráfico o de télex.

6. Con las comunicaciones y los pedidos de informes remitidos al Registro, se acompañará la ficha de las impresiones digitales de ambas manos del causante, y se indicarán las siguientes circunstancias:
a) Tribunal y secretarí­a interviniente y número de causa;
b) Tribunales y secretarí­as que hubieren intervenido con anterioridad y número de causas correspondientes;
c) Nombres y apellidos, apodos, pseudónimos o sobrenombres;
d) Lugar y fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Estado civil y, en su caso, nombres y apellidos del cónyuge;
g) Domicilio o residencia;
h) Profesión, empleo, oficio u otro medio de vida;
i) Números de documentos de identidad y autoridades que los expidieron;
j) Nombres y apellidos de los padres;
k) Números de prontuarios;
l) Condenas anteriores y tribunales intervinientes;
m) Fecha y lugar en que se cometió el delito, nombre del damnificado y fecha de iniciación del proceso;
n) Calificación del hecho.

7. Las comunicaciones y fichas dactiloscópicas recibidas de conformidad con lo establecido en los artí­culos 2, 3, 4, 6 y 11, integrarán los legajos personales, que bajo ningún concepto podrán ser retirados del Registro.
Estos sólo serán dados de baja en los siguientes casos:
a) Por fallecimiento del causante;
b) Por haber transcurrido cien años desde la fecha de nacimiento del mismo.

8. El servicio del Registro será reservado y únicamente podrá suministrar informes:
a) A los jueces y tribunales de todo el paí­s;
b) Cuando las leyes nacionales o provinciales lo determinen;
c) [A la Gendarmerí­a Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policí­a Federal Argentina y policí­as provinciales para atender necesidades de investigación.] (Texto segun ley 23.312.)
d) A las autoridades extranjeras en virtud de lo establecido en el artí­culo 10;
e) Cuando lo dispusiere el Ministerio de Justicia de la Nación a solicitud fundada de otras autoridades nacionales, provinciales o municipales;
*f) A los particulares que, demostrando la existencia de un interés legí­timo, soliciten se certifique que ellos no registran condenas o procesos pendientes. El certificado se extenderá con los recaudos y tendrá validez por el tiempo que fije el decreto reglamentario.*
g) [A los señores legisladores de la Nación senadores y diputados exclusivamente, cuando resulten necesarios a los fines de la función legislativa y/o administrativa, los cuales deberán ser fundados como requisito de procedencia del mismo.
En los casos de los incisos b), c), d), e), f) y g) del presente artí­culo, el informe deberá ser evacuado en el término de hasta diez dí­as corridos, si no se fijare uno menor.] (Agregado por ley 24.263.)

9. Los informes del Registro harán plena fe, pudiendo ser impugnados sólo judicialmente por error o falsedad.

10. El Poder Ejecutivo Nacional promoverá el intercambio de información con paí­ses extranjeros sobre antecedentes penales de las personas.

11. Los representantes del ministerio público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el paí­s, tendrán a su cargo vigilar el cumplimiento de la presente ley, a cuyo efecto deberán ser notificados, en todos los casos, antes de la remisión al archivo de los procesos.
Los respectivos tribunales de superintendencia dispondrán que no se admitan en sus archivos judiciales procesos penales en los cuales no existan constancias de haberse efectuado las comunicaciones a que se refiere el artí­culo 2.

12. El Registro Nacional de Reincidencia y Estadí­stica Criminal y Carcelaria percibirá como tasa por cada información que suministre en cumplimiento de lo dispuesto por el inc. e), del artí­culo 8, la suma de cinco mil pesos más la de trescientos pesos por cada fotocopia que se anexe al informe.
En el supuesto del inc. f) del artí­culo 8 la suma de diez mil pesos por informe con más la de trescientos pesos por cada fotocopia que se anexe a él.
Facúltase al Ministro de Justicia para establecer el sistema de recaudación de las tasas precedentes y actualizarlas cada seis meses en función de la variación del í­ndice de precios al por mayor nivel general que publique el Instituto Nacional de Estadí­stica y Censos.

13. [Todos los tribunales del paí­s con competencia en materia penal, así­ como los representantes del Ministerio Público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el paí­s, la Policí­a Federal Argentina, las policí­as provinciales, las demás fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios y, en su caso, las Fuerzas Armadas de la Nación, remitirán a la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar anualmente la estadí­stica general sobre la criminalidad en el paí­s y el funcionamiento de la justicia.
El requerimiento de datos será realizado trimestralmente por resolución fundada del director del organismo. Los datos requeridos, que no serán personales en caso alguno, sólo podrán ser utilizados con fines estadí­sticos-criminales.
El requerimiento deberá ser preciso procurando que no obstaculice la tarea cotidiana del personal de los organismos requeridos. A tal efecto, el requerimiento podrá estar acompañado de planillas de recolección de datos con una indicación precisa del mecanismo a utilizar para ser completadas.
Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar información estadí­stica deberán disponer lo necesario para que, eventualmente y con el único fin de verificar la exactitud de los datos brindados, la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal pueda acceder a los registros pertinentes.
Sobre esta base, y la información que le suministre el Registro Nacional de Reincidencia, la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, confeccionará anualmente la estadí­stica general sobre la criminalidad en el paí­s y el funcionamiento de la justicia, única que será considerada estadí­stica criminal oficial de la Nación.] (Texto según ley 25.266.)

13 bis. [Será reprimido con multa de uno a tres de sus sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar establecido en el artí­culo precedente, no proporcione la información estadí­stica requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardí­o, siempre que no cumpla correctamente con el deber de informar dentro de los cinco dí­as de haber sido interpelado de la falta por la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal a través de cualquier forma documentada de comunicación.] (Incorporado por ley 25.266.)

14. Esta ley se tendrá como complementaria del Código Penal.

15. Derógase la ley 11.752.

16. Esta ley comenzará a regir a los ciento ochenta dí­as de su publicación.



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