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ECUADOR- Ley de Buros de información

Posted: enero 15th, 2007 | Author: | Filed under: Ecuador, Habeas Data, Honor, Informes comerciales, Normas | Comentarios desactivados

ECUADOR – LEY DE BUROS DE INFORMACION CREDITICIA Nº 2005-13

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el artí­culo 81 de la Constitución Polí­tica de la República, establece que el Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a
buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general,
que preserve los valores de la comunidad;

Que es necesario dictar una ley que permita a las instituciones del sistema financiero, a las del sistema de seguros privados, a las del sistema
nacional de seguridad social y a las del sector real de la economí­a, contar con información completa que les permita tomar adecuadas decisiones de
riesgo, con la finalidad de proteger los intereses de los depositantes y del público en general;

Que es fundamental proteger el derecho de los titulares de la información de crédito respecto a que ésta sea correcta y veraz, y, en adición, que no

lesione su derecho constitucional a la intimidad personal o familiar; y,En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente:

LEY DE BUROS DE INFORMACION CREDITICIA

TITULO I

DE LOS BUROS DE INFORMACION CREDITICIA

Art. 1.- Esta Ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de los burós de información crediticia, cuya
actividad exclusiva será la prestación de los servicios de referencia crediticia.

Art. 2.- Para efectos de aplicación de esta Ley, se entenderá como:

Burós de información crediticia (burós).- Son las sociedades anónimas cuyo
objeto social exclusivo es la prestación de servicios de referencias
crediticias del titular de la información crediticia.

Titular de la información crediticia.- Es la persona, natural o jurí­dica, a
la que se refiere la información de riesgos crediticios.

Fuentes de información.- Son las personas que, debido a sus actividades
poseen información de riesgos crediticios.

Cliente de los burós de información crediticia.- Es toda persona legalmente
autorizada que contrata con los burós la prestación de servicios de
referencias crediticias.

Información prohibida.- Es aquella que, por lesionar el derecho a la
intimidad personal o familiar garantizado por la Constitución Polí­tica de la
República, los burós no pueden recolectar, almacenar, organizar,
interconectar en sus bases de datos o, en general, incluir en un reporte de
riesgos.

Base de datos.- Es el conjunto de información de riesgos crediticios,
administrada por los burós, cualquiera que sea la forma o modalidad de su
creación, organización, almacenamiento, sistematización, seguridades o
acceso.

Información de Riesgos Crediticios.- Es aquella relacionada con obligaciones
o antecedentes financieros, comerciales, contractuales, de seguros privados
y de seguridad social, de una persona natural o jurí­dica, pública o privada,
que sirva para identificarla adecuadamente y determinar sus niveles de
endeudamiento y en general de riesgos crediticios.

Art. 3.- Los servicios de referencias crediticias, sólo podrán ser prestados
por los burós autorizados para operar por la Superintendencia de Bancos y
Seguros.

Los burós se constituirán como sociedades anónimas, cuyo objeto social
exclusivo debe ser la prestación de servicios de referencias crediticias. En
su denominación se incluirá obligatoriamente la frase: “Buró de Información
Crediticia”.

La aprobación de la constitución de los burós, que conlleva el permiso de
operación, corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros, a cuyo
control y vigilancia estarán sometidos en forma exclusiva.

Para aprobar la constitución de un buró la Superintendencia de Bancos y
Seguros calificará la idoneidad, responsabilidad y solvencia de los
accionistas, haciendo uso de las mismas normas legales y reglamentarias
aplicables a la calificación que hace de los accionistas de instituciones
financieras.

Igual calificación sobre idoneidad, responsabilidad y solvencia será
necesaria para la transferencia de acciones de un buró, en forma previa a su
inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas, siendo aplicables, para
este efecto, las disposiciones de la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero. Los clientes de un buró y las instituciones del sistema
financiero sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, no
podrán directa ni indirectamente, ni a ningún tí­tulo, ser accionistas,
socios o miembros de los burós de información crediticia.

Art. 4.- El capital social mí­nimo requerido para la constitución de los
burós, deberá estar í­ntegramente suscrito y pagado al momento de su
constitución. Su cuantí­a será fijada por resolución general de la
Superintendencia de Bancos y Seguros; pero en ningún caso será inferior a
cien mil dólares de los Estados Unidos de América.

TITULO II

DEL MANEJO DE LA INFORMACION
CREDITICIA

Art. 5.- La información de riesgos que obtengan y mantengan los burós tendrá
por exclusiva finalidad destinarla a la prestación del servicio de
referencias crediticias y deberán mantenerla en el paí­s.

La información histórica crediticia requerida sobre personas naturales y
jurí­dicas, no podrá exceder de 6 años, por tanto, a los burós de información
crediticia les está prohibido expresamente recabar y proporcionar
información anterior a este lí­mite.

Sólo con el conocimiento pleno y la autorización previa del titular de la
información crediticia, en cada operación, los burós de crédito podrán
obtener y mantener en sus archivos la

nueva información crediticia distinta de aquella proveniente de la Central
de Riesgos. En este caso, los clientes de los burós pondrán en conocimiento
de los titulares de la información crediticia, lo siguiente:

a) La existencia de las bases de datos que administran los burós, su
finalidad y los potenciales destinatarios de la información;

b) La identidad y dirección de los burós que recepten la información;

c) Las posibles consecuencias del uso de la información; y,

d) Los derechos que les asisten.

El buró de crédito que obtenga y archive esa información, con la simple
solicitud del titular de la información y sin ningún otro trámite,
obligatoriamente, deberá entregársela tantas y cuantas veces la requiera, de
forma irrestricta y totalmente gratuita.

La información crediticia será lí­cita, exacta y veraz, de forma tal que
responda a la situación real de su titular en determinado momento. En cada
reporte los burós deberán especificar la fecha a la que corresponde la
información.

Los titulares de información crediticia pueden proporcionar directamente a
los burós su propia información, en cuyo caso los burós deberán informarles
previamente lo señalado en las letras a), b), c) y d) de este artí­culo.

La información proveniente de la Central de Riesgos, no requiere
autorización.

Art. 6.- Los burós solo podrán recolectar, acopiar, almacenar, actualizar,
grabar, organizar, sistematizar, elaborar, seleccionar, confrontar,
interconectar en sus bases de datos, información referente al riesgo
crediticio.

En consecuencia, no podrán manejar la siguiente información:

a) Aquella que, por afectar el derecho a la intimidad personal o
familiar, lesione las garantí­as previstas en los numerales 8, 11 y 21 del
artí­culo 23 de la Constitución Polí­tica de la República, a través de la
difusión de caracterí­sticas fí­sicas, morales o emocionales de una persona o
cualquier otra información relacionada con circunstancias de su vida
afectiva o familiar, hábitos personales y de consumo, ideologí­as, opiniones
polí­ticas, creencias o convicciones religiosas, estados de salud fí­sico o
psicológico, vida sexual o información genética; así­ como toda violación a
las garantí­as previstas por las leyes, tratados y convenios internacionales;
y,

b) La información que de conformidad con la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, se encuentre protegida por el sigilo
bancario, así­ como la información del patrimonio personal y familiar, las
cuales solo pueden ser entregadas por expresa orden judicial.

El buró no podrá recolectar, procesar o difundir la información prohibida
expresamente en este artí­culo, aunque cuente con la autorización del titular
de la información; en todo caso, quien se considere afectado por la
violación del presente artí­culo podrá iniciar las acciones civiles y penales
a que hubiere lugar.

Art. 7.- Los burós sólo podrán prestar servicios de referencias crediticias
a clientes debidamente identificados.

Solo podrán ser clientes de los burós de información crediticia:

a) Las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y
Seguros;

b) Las personas jurí­dicas, empresas, fundaciones y otras sociedades
legalmente autorizadas y que otorguen crédito; y,

c) Las personas naturales que se dediquen a actividades económicas, que
cuenten con el Registro Unico de Contribuyentes actualizado y que otorguen
crédito.

Los burós no podrán comercializar a tí­tulo universal sus bases de datos ni
entregar toda la información crediticia contenida en las mismas, ni podrán
dar a conocer esta información por medios de comunicación colectiva tales
como radio, prensa, televisión u otros medios.

TITULO III

DE LA DEFENSA DE LOS TITULARES DE LA INFORMACION CREDITICIA

Art. 8.- Los clientes de los burós y cualquier otra persona que por diversas
causas lleguen a tener acceso a reportes emitidos por los burós (incluyendo
a funcionarios, empleados, agentes, entre otros), deberán obligatoriamente
guardar confidencialidad sobre la información contenida en ellos, siendo
prohibido utilizarla para fines distintos del análisis de riesgo crediticio.

Quien empleare o divulgare indebidamente la información contenida en un
reporte de crédito o alterare la información proporcionada por la fuente,
estará sujeto a las sanciones establecidas en el artí­culo 201 del Código
Penal, sin perjuicio de las acciones y responsabilidades civiles a las que
hubiere lugar.

Art. 9.- El titular de la información crediticia tendrá derecho a:

a) Conocer si en la base de datos de un buró existe información sobre
sí­ mismo y acceder a ella sin restricción alguna; y,

b) Exigir de la fuente de información crediticia, la rectificación de
la información ilegal, inexacta o errónea y comunicarla al buró para que
éste, de ser el caso, la rectifique.

Dentro del plazo de quince dí­as desde la presentación de la solicitud, las
fuentes de información crediticia obligatoriamente la resolverán, por
escrito, admitiéndola o rechazándola motivadamente y poniendo en
conocimiento de los burós autorizados para operar. Hasta tanto, sin
perjuicio de continuar incluyéndola en los reportes de riesgos que emitan,
los burós anunciarán que la información materia de la solicitud está siendo
revisada a pedido del titular.

Si se concluye que la información materia de impugnación del titular es
ilegal, inexacta o errónea, el buró, por cuenta de la fuente de información
crediticia, inmediatamente enviará comunicaciones rectificatorias a todos
quienes hubieren recibido reportes conteniéndola.

Art. 10.- Los burós y las fuentes de información crediticia serán legalmente
responsables por los daños ocasionados al titular como consecuencia de la
transmisión de información ilegal, inexacta o errónea y, por tanto, no
estarán exonerados alegando ausencia de dolo o de culpa.

La responsabilidad de las fuentes es entregar información a los burós de
manera exacta y legal; la responsabilidad de los burós es reportarla sin
alteración o modificación alguna.

Sin perjuicio de lo anterior, en los procesos promovidos contra los burós,
éstos podrán pedir que se cite también con la demanda a la o las fuentes de
las que hubieren obtenido la información crediticia materia del proceso,
siguiendo el procedimiento establecido en el artí­culo 94 del Código de
Procedimiento Civil.

También responderán por los daños causados al titular de la información
crediticia, quienes utilicen dolosa o culposamente informaciones o reportes
provenientes de los burós. El afectado podrá demandar indemnización, cuando
la información errónea no ha sido rectificada por los burós.

TITULO IV

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Art. 11.- Corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros imponer
sanciones administrativas y disponer medidas correctivas a los burós que
infrinjan las disposiciones de esta Ley y las normas emitidas por la Junta
Bancaria.

Art. 12.- Son infracciones administrativas:

a) Cualquier violación de las prohibiciones contenidas en el artí­culo 6
de esta Ley; y,

b) El desconocimiento de cualquiera de los derechos de los titulares de
la información crediticia determinados en esta Ley.

Art. 13.- En caso de que un buró violare las disposiciones de esta Ley o de
la normativa expedida por la Junta Bancaria o no acatare las instrucciones
de la Superintendencia de Bancos y Seguros, ésta impondrá las siguientes
sanciones:

a) Multas de entre tres mil y veinte mil dólares por cada caso;

b) En caso de reincidencia, suspensión por hasta seis meses del permiso
de operación; y,

c) Si es nuevamente reincidente, cancelación del permiso de operación,
lo que conlleva la orden de disolver y liquidar al respectivo buró.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las personas naturales y jurí­dicas, empresas, fundaciones y otras
sociedades vinculadas a las instituciones controladas por la Superintendecia
de Bancos y Seguros, no podrán directa ni indirectamente ni a ningún tí­tulo,
ser accionistas, socios o miembros de los burós de información crediticia.

SEGUNDA.- Cuando la Superintendencia de Bancos y Seguros tuviere noticias de
que otras personas naturales o jurí­dicas, distintas a los burós, han
realizado o están realizando operaciones reservadas a éstos, efectuará las
investigaciones del caso de acuerdo a lo establecido en el artí­culo 121 de
la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y de ser necesario
ordenará la suspensión inmediata de dichas operaciones, para cuyo efecto
podrá contar con el auxilio de la fuerza pública. El Superintendente de
Bancos y Seguros pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Público.

TERCERA.- Corresponde a la Junta Bancaria dictar las normas de carácter
general para la organización, funcionamiento, control y demás aspectos
relacionados con los burós, incluyendo su liquidación.

CUARTA.- En todo lo no previsto en esta Ley, regirán supletoriamente la Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero, Ley de Compañí­as y otras
leyes aplicables.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- Los burós de información crediticia creados al amparo de las
normas emitidas por la Junta Bancaria, deberán ajustar sus estatutos
sociales, su organización y funcionamiento a lo previsto en esta Ley, en el
plazo de noventa dí­as contados desde su publicación en el Registro Oficial;
caso contrario, la Superintendencia de Bancos y Seguros ordenará de oficio
su disolución y liquidación.

SEGUNDA.- Los clientes de los burós de información crediticia que
actualmente sean accionistas de los mismos, deberán efectuar la respectiva
desinversión dentro de los ciento ochenta dí­as contados desde la publicación
de esta Ley en el Registro Oficial.

ARTICULO FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la
Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte y nueve dí­as del mes de
septiembre del año dos mil cinco.

f.) Dra. Cynthia Viteri de Villamar, Primera Vicepresidenta, Encargada de la
Presidencia.

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Secretario General.

Palacio Nacional, en Quito, a cinco de octubre del dos mil cinco.

PROMULGUESE.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Luis Herrerí­a Bonnet, Secretario General de la Administración Pública.


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