Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Nuevo fallo sobre derecho al olvido del fuero contencioso administrativo federal

Posted: febrero 1st, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | No Comments »

CNCont Adm, nurse Sala IV, prothesis Causa N* ° 9.175/2005. -DIEZ MARIA ELVIRA c/ BCRA Base de Datos (CITIBANK) s/ habeas data-.
///nos Aires, side effects 25 de septiembre de 2006.
CONSIDERANDO:
I. Que la señora Marí­a Elvira Diez inició acción de habeas data contra el Citibank NA y el Banco Central de la República Argentina con el objeto de que se le exhibiera la totalidad de la información contenida en la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA y la justificación documentada de ella por parte de Citibank NA, reservándose el derecho de ampliar la demanda por rectificación, en los términos del artí­culo 42 de la ley 25.326, si lo consideraba pertinente (fs. 2/6).

II. Que, a fs. 191/198 vta., requirió la supresión de la información obrante en la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central con sustento en que si bien habí­a sido verdadera en su origen, correspondí­a retirarla atento a que habí­a transcurrido el plazo máximo de 5 años previsto en el artí­culo 26 inciso 4* ° de “la ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326. Aclaró que más allá de que la deuda respecto de la tarjeta de crédito se encontraba prescripta el Citibank NA habí­a informado dicha deuda en 1996 (fecha de la mora de la primera operación) y la calificación como deudor categorí­a 5 habí­a sido insertada en la Central de Deudores en 1997, manteniéndose incólume dicha información desde esa fecha sin que la entidad bancaria demandada hubiera demostrado su actualización. En ese contexto, y habiéndose cumplido el plazo de 5 años previsto en la aludida norma se configuraba en su favor el llamado -derecho al olvido-. Citó jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura.

III. Que, a fs. 241/243 vta., la señora juez de primera instancia declaró abstracta la acción respecto al derecho de acceso a la información, desestimó el planteo de improcedencia de la acción deducida por el Banco Central de la República Argentina, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Citibank NA e hizo lugar al habeas data respecto de esta entidad, ordenando al Banco Central de la República Argentina titular de la base de datos la eliminación de los datos que colocaban a la actora como deudora de la tarjeta Mastercard y de un préstamo personal individualizados en autos, en virtud del vencimiento del plazo previsto en el artí­culo 26 inciso 4 de la “ley 25.236″:http://www.habeasdata.org/ley25326 y su decreto reglamentario. Para decidir de ese modo sostuvo que:
A) La ví­a elegida por el actor resultaba procedente en atención a la naturaleza del derecho que con ella pretendí­a defenderse no siendo necesaria la existencia de una conducta manifiestamente ilegí­tima o arbitraria, recaudo propio de la acción de amparo, mas no del habeas data.
B) Debí­a desestimarse, asimismo, la falta de legitimación pasiva planteada por el Citibank NA en el entendimiento que no podí­a ser demandada pues no era titular de base de datos alguna toda vez que, si bien su finalidad no era la de proveer informes, se encontraba enumerada como legitimada pasiva en el artí­culo 35 de la ley 25.236, siendo ella la obligada a brindar la información al órgano rector del sistema financiero respecto de la calidad de deudores de sus clientes.
C) La acción deducida por la actora con el objeto de asegurar su derecho al acceso a la información habí­a devenido abstracta, en atención a la documental acompañada por la entidad financiera.
D) Sin perjuicio de que la información suministrada hubiera sido cierta o que las deudas no se encontraran prescriptas la acción deducida por la actora y dirigida a la supresión de esos datos de la mentada base debí­a acogerse ya que habí­a transcurrido con creces el plazo de 5 años previsto en el artí­culo 26 inciso 4* ° de la ley 25.326 desde que la información sobre ella habí­a sido volcada en dicho centro de datos.
Las costas las impuso en el orden causado (fs. 126/129 vta.).

IV. Que, contra esa decisión, la parte actora y el Citibank NA interpusieron y fundaron sendos recursos de apelación (fs. 247/249 vta. y 251/258, respectivamente).
La actora se agravió del modo en que habí­an sido impuestas las costas respecto del Citibank NA. Entendió que la demandada habí­a resultado vencida respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta y con relación a la rectificación de datos ordenada, no existiendo razones para apartarse del principio general en la materia. Al efecto no podí­a soslayarse que no se habí­an cumplido en autos los recaudos establecidos en el artí­culo 14 de la ley de amparo, aplicable al caso, toda vez que el acto que habí­a motivado la demanda seguí­a subsistiendo, no habiéndose modificado la base de datos hasta la fecha.
El Citibank NA, por su parte, expresó, al contrario de lo sostenido por la a quo, que no era sujeto pasivo de la acción intentada pues su objeto no era proveer información como actividad principal.
Consideró, asimismo, errónea la interpretación dada por la magistrada al artí­culo 26 inciso 4* ° de la ley de habeas data en cuanto al comienzo del plazo allí­ fijado para que se configurara el derecho al olvido. Sostuvo, al respecto que de la interpretación de las normas aplicables surgí­a que mientras una deuda se encontrara vigente y fuera, por ende exigible, la información podí­a ser brindada a entidades con registros de información crediticia y sólo a partir de que la deuda dejara de ser exigible podí­a comenzar a computarse el plazo de 5 años para que operara la caducidad del registro.
Además señaló que desde 1996 la actora mantení­a con su mandante una deuda proveniente de un préstamo personal de $ 221,51 y otra deuda de $ 4.364,08 en concepto de capital por el uso de la tarjeta Mastercard que arrastraba desde 1997 y que dichos importes nunca habí­a sido reintegrados por ésta. Por ello, en estricto cumplimiento de la normativa vigente habí­a informado tal circunstancia al BCRA. Si tales registros no habí­an sido cuestionados tampoco podí­a serlo que el banco cumpliendo con la obligación que le imponí­an las comunicaciones -A- 2216 y -A- 2927 del BCRA hubiera comunicado a dicho organismo la existencia de dichos créditos ni que continuara haciéndolo en tanto aquéllas siguieran siendo exigibles.
A ello debí­a agregarse que de tomarse como punto de partida del plazo la última información archivada en la respectiva base, en el caso, como la información al BCRA se renovaba mensualmente, dicho plazo no se encontraba vencido.

V. Que el señor Fiscal General dictaminó en favor del rechazo de la excepción de legitimación pasiva interpuesta por el Citibank NA.
En otro orden de ideas entendió que el plazo previsto en el artí­culo 26 inciso 4* ° de la ley 25.326 no se encontraba vencido no pudiendo el deudor moroso ampararse en él, ni en ninguna otra defensa basada en el transcurso del tiempo, a efectos de que se acogiera su pretensión (fs. 273/275).

VI. Que, en primer término, cabe señalar que la falta de legitimación pasiva opuesta por la entidad financiera demandada debe ser desestimada.
Ello es así­ toda vez que la legitimación surge expresamente de lo dispuesto en el artí­culo 16 del decreto 1558/01, no habiendo sido dicha norma cuestionada por el recurrente.

VII. Que, en otro orden de ideas en el artí­culo 26, apartado 4* ° de la ley 25.326 se prevé que -(s)ólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho-.
Se consagra así­ en la norma el -derecho al olvido- tanto del deudor moroso que no ha cancelado la deuda sin distinguir según sea exigible o no como de aquél que la ha saldado, previéndose diferentes plazos para uno u otro supuesto (conf. en este sentido, CNCiv. y Com. Fed., Sala 3, -Napoli Carlos Alberto c/ Citibank N.A.-, 3 11 05; esta Cámara, Sala III, -Girella, Juan José c/ BCRA-, 4 2 05 y -Gross, Rodolfo Remigio-, 7 2 05). Se ha intentado de este modo preservar el honor o buen nombre del sujeto que se ha visto en alguna de las situaciones descriptas. Se trata de un derecho reconocido objetivamente, sin que sea necesario más que demostrar la existencia del transcurso del plazo respectivo.
En efecto, para que comience a correr el plazo de cinco años no es necesario que la deuda haya sido cancelada o extinguida.
Esa interpretación resulta correcta, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, pues si solamente se pudiera solicitar la supresión en los términos de la mentada norma de los datos referentes a deudas no exigibles, carecerí­a de sentido que el mismo artí­culo luego fijara un plazo menor dos años para solicitar la supresión de aquella información que se refiere a deudas ya extinguidas.
En el caso sub examine las deudas no fueron canceladas por lo que el plazo aplicable para poder ejercer el derecho mencionado es el de cinco años.
Siendo ello así­, debe determinarse entonces el momento desde el cual debe comenzar a computarse dicho plazo.
Al respecto en las partes pertinentes del decreto 1558/2001 se dispone …para apreciar la solvencia económico financiera de una persona … se tendrí­a en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco años, éstos se contarán a partir de la fecha de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible…-.
Si bien se han pronunciado diferentes criterios al interpretar esta norma, debe buscarse aquél que sin desvirtuar el derecho que reglamenta tenga en cuenta la letra de la norma.
En tal sentido, ella resulta clara en cuanto a que no toma para el cómputo del plazo ni el momento en que se originó la deuda, ni la última actividad que realizó el acreedor con miras a obtener su cumplimiento, sino la fecha de la última información archivada.
En ese contexto no puede dejar de advertirse que si bien la interpretación literal de la ley llevarí­a a borrar todo dato que tuviera más de cinco años de antigí¼edad debe considerarse que la norma dice que se podrán informar los datos que sean significativos para evaluar la solvencia económica financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Si durante ese lapso no se ha pagado la deuda que es anterior ése en un dato significativo para evaluar el estado actual de morosidad del deudor debiendo el acreedor actualizar la comunicación acerca de la vigencia de la deuda pues su falta de diligencia opera en favor del titular de los datos y el registro debe ser suprimido aún cuando la deuda sea exigible. Ello ha llevado a las empresas y entidades financieras a suministrar mensualmente la información sobre incumplimientos, pues de ese modo el plazo de caducidad se empieza a contar desde que la entidad deja de informar que la deuda está vigente. El mantenimiento actualizado de la información, torna improcedente el blanqueo del historial bancario del deudor pues es legí­timo el derecho de los interesados de conocer su solvencia patrimonial, que no es pasada sino actual.
Si bien podrí­a decirse que tal interpretación restringe en cierto modo el -derecho al olvido- pues lo hace depender de la diligencia del acreedor en mantener la información permanentemente actualizada, lo cierto es que la norma lo dispone, y no resulta una reglamentación irrazonable toda vez que, en definitiva, refleja una situación patrimonial del deudor que se mantiene vigente.
En sí­ntesis, si bien se intenta proteger el derecho a la intimidad de las personas, ello debe ser compatibilizado con el derecho de los acreedores o potenciales acreedores de tener acceso a aquellos datos que permitan evaluar la solvencia económica de las personas. Además no se está condenando a los deudores a que sus datos permanezcan a perpetuidad en diferentes registros, pues cuando las deudas dejen de ser exigibles (por prescripción o cualquier otro modo de extinción) comenzará a regir el plazo de dos años (que se computa desde el momento preciso en que se extingue la obligación); mientras ello no ocurra, si el acreedor mantiene actualizados los datos, el plazo de caducidad no operará.

VIII. Que, en ese contexto, y teniendo en cuenta que la entidad bancaria recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en las Comunicaciones -A- 2216 y -A- 2729 del BCRA renueva mensualmente la información sobre sus deudores hecho que no fue controvertido por la actora no puede considerarse que el citado plazo de caducidad haya empezado a computarse.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada y rechazar la acción de habeas data incoada.

IX. Que no obstante lo resuelto, teniendo en cuenta la particularidad de la cuestión debatida en autos y que la actora pudo razonablemente creerse con derecho a litigar, las costas de ambas instancias deben imponerse en el orden causado.

Por todo lo expuesto SE RESUELVE: REVOCAR el pronunciamiento apelado y. por consiguiente, rechazar la acción intentada, con costas en el orden causado en ambas instancias.

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase.

GUILLERMO PABLO GALLI

ALEJANDRO JUAN USLENGHI

LUIS Cí‰SAR OTERO



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