Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Nuevo dictamen de la Dirección de Datos Personales sobre derecho al olvido

Posted: octubre 17th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | No Comments »

Como informamos con anterioridad “en este blog”:http://www.habeasdata.org/Dicamen-2007-PTN, viagra la “Procuración del Tesoro de la Nación”:http://www.habeasdata.org/Dicamen-2007-PTN, medicine a diferencia de la DNPDP (ver “dictamenes”:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/dictamenes/2005/D2005_061.pdf), health care sostuvo que a efectos de establecer si un dato debe ser informado por una entidad bancaria a la Central de Deudores del Sistema Financiero, administrada por el Banco Central de la República Argentina, sólo corresponde atender a la fecha en que la deuda se tornó exigible y, a partir de allí­, computar los cinco o dos años que establece el artí­culo 26, inciso 4* °, de la Ley N* ° 25.326, según corresponda.

Ahora la DNPDP, a pedido del BCRA, en un nuevo dictamen cuya copia se adjunta en este post sostiene una nueva tesis sobre el derecho al olvido.

Ver en “este sitio”:http://www.habeasdata.org/documentos/Dict2007150.pdf y “DNPDP – Dictamen 150/2007, sobre derecho al olvido”:http://www.pablopalazzi.net/wp-content/uploads/2007/11/dict_2007_150.pdf

Ref.: Actuación 366/1381 B.C.R.A.

DICTAMEN DNPDP Nº /07

BUENOS AIRES,

SEÑORES GERENTE Y SUBGERENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con relación a las actuaciones de referencia, por las que se adjunta, para conocimiento y opinión de esta Dirección Nacional, el Dictamen S.E.F.y C. Nº 178/07, emitido por el servicio jurí­dico permanente del BANCO CENTRAL DE LA REPíšBLICA ARGENTINA con relación a la interpretación del artí­culo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, de Protección de Datos Personales.

I

En primer lugar, corresponde hacer una reseña de los presentes actuados.

El dictamen a que se ha hecho referencia precedentemente ha sido elaborado por el servicio jurí­dico permanente del BANCO CENTRAL DE LA REPíšBLICA ARGENTINA a pedido de la GERENCIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, en su carácter de administradora de la CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO.

Asimismo, lo ha sido como consecuencia de lo dictaminado por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, en el Dictamen Nº 388 de fecha 20 de noviembre de 2006, el que oportunamente fuera girado por esta Dirección Nacional a la entidad bancaria mencionada a fin de que tomara conocimiento de sus términos.

En esta ocasión, se someten a consideración de esta Dirección Nacional las conclusiones que, respecto de la interpretación del citado artí­culo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, efectuara el referido servicio jurí­dico a tenor de lo dictaminado por la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

En consecuencia, corresponde ahora emitir opinión en cuanto al fondo del asunto sometido a consulta.

1. La postura de este Órgano de Control ha sido puesta de manifiesto en los Dictámenes DNPDP Nos. “61″:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/dictamenes/2005/D2005_061.pdf y “185″:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/dictamenes/2005/D2005_185.pdf, ambos del año 2005 y reposa en el fundamento que tanto el artí­culo 26 de la Ley 25.326, como de su homónimo de la reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01, deben ser interpretados en forma armónica, ya que una de las principales reglas de la hermenéutica obliga a que frente a dos interpretaciones posibles, una que opte por la integración entre dos normas y otra por su contradicción, habrá de estarse a la primera de ellas.

Por ello se concluyó que mientras la deuda sea exigible, la fuente puede seguir renovando la información de que la deuda sigue vigente. Ello, dado que el plazo de cinco años se cuenta desde la última información adversa que revele la vigencia de la deuda. De esta manera se integran los postulados del artí­culo 26 de la Ley Nº 25.326 y del artí­culo 26 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1558/2001.

Dicho de otra manera, el plazo de 5 años de la información archivada por la empresa de riesgo crediticio se computará a partir de la última información difundida por fuente legí­tima (el titular del dato, el acreedor, fuentes de acceso público), siempre y cuando la información se produzca mientras la obligación se encuentre vigente.

Se arribó a dicha conclusión teniendo en cuenta que la reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01 goza de los caracteres de presunción de legitimidad y de fuerza ejecutoria, de conformidad con el artí­culo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Ley 19.549). Existiendo un modo de interpretar en forma armónica Ley y Decreto, no hay nulidad manifiesta, siguiendo la regla de hermenéutica antes señalada, que justifique a la Administración dejar de cumplir lo dispuesto por un acto administrativo.

En virtud de ello, la DNPDP, en su carácter de órgano administrativo, está obligada a regirse no sólo por los preceptos de la Ley 25.326, sino también con lo dispuesto por la reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01.

2. Por otro lado, no debe perderse de vista que el artí­culo 26 de la Ley Nº 25.326 implica una excepción al principio del consentimiento del titular para tratar sus datos, autorización permitida por un lapso de cinco años, el que se reduce a dos, en el caso que se extinga la obligación.

Ese plazo de caducidad de la información debe ser aplicado sin perder de vista otros principios que rigen la protección de datos personales.

De lo contrario, a partir de que se deje de informar a una persona porque se venció ese término de cinco años, las ulteriores consultas que se efectúen sobre ella dejarán de cumplir con el principio de calidad contemplado en el artí­culo 4º de la Ley Nº 25.326, pues se informará que no debe quien en realidad todaví­a es deudor.

De ese modo, la información suministrada no será cierta. Pero, la falta de calidad del dato que cederán las bases de datos de riesgo crediticio estarí­a -“entonces justificada por el inciso 4º del artí­culo 26 de la Ley 25.326.

3. No obstante lo hasta aquí­ expuesto, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACION ha esbozado en su Dictamen Nº 338/06 una interpretación que, a la vez de armonizar las normas bajo examen, es más favorable para el titular del dato, sujeto de protección de la Ley Nº 25.326.

Dicho de otra manera, la hermenéutica desarrollada en esa opinión, compatibiliza los postulados del inciso 4º del artí­culo 26 de la Ley Nº 25.326 con el artí­culo homónimo de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1558/01, al igual que la postura de esta Dirección Nacional manifestada en los ya citados Dictámenes DNPDP Nos. 61 y 185 del año 2005, pero que resulta más favorable para el sujeto de derecho de la Ley 25.326 que es el titular del dato.

Por ello, a la luz de la interpretación del artí­culo 26 de la reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01 que habilita la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, este Órgano de Control entiende que debe adecuar el criterio expuesto en los mencionados dictámenes, en el sentido que debe computarse el plazo de los cinco años que establece el artí­culo 26, inciso 4º, de la Ley Nº 25.326, desde que la obligación se tornó exigible, por considerarse que esta es la última información adversa que revela que dicha deuda era exigible, en los términos del artí­culo 26 de reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01.

4. Ahora bien, la GERENCIA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN del BANCO CENTRAL DE LA REPíšBLICA ARGENTINA consulta la opinión de esta Dirección Nacional adjuntando el Dictamen S.E.F.y C. Nº 178/07 producido por la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

En dicho informe, que toma en consideración los términos del “Dictamen Nº 338/06 de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN”:http://www.habeasdata.org/Dicamen-2007-PTN, que a la sazón resulta obligatorio y vinculante para esa dependencia opinante (conf. Dictamen PTN 192:52), se lleva adelante una distinción entre las obligaciones con vencimiento único y las obligaciones con vencimiento en cuotas.

El fundamento tomado en consideración para efectuar la diferenciación aludida, radica en entender que el dictamen de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, sentó una norma general de interpretación y aplicación del artí­culo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, derivado del análisis de una obligación con un solo vencimiento, que además no presentó dudas en cuanto al momento en que la deuda se tornó exigible, pero -“según indica no surge de tal dictamen el modo de computar el plazo del derecho al olvido en los supuestos de pagos en cuotas, los que tienen particularidades que no fueron consideradas, en razón de no corresponder a la consulta concreta sometida a consideración de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.

Conforme la distinción efectuada, la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes del BANCO CENTRAL DE LA REPíšBLICA ARGENTINA termina concluyendo que:

a) Si se trata de obligaciones con vencimiento único o en cuotas, el plazo del denominado derecho al olvido comienza a correr a partir de la fecha en la que la deuda se tornó exigible, es decir, con prescindencia de la prescripción.

b) En los casos de obligaciones con vencimiento único la mora se configura en el momento estipulado para el cumplimiento del total de la obligación y la información susceptible de ser incluida en la central de deudores serí­a la relacionada con el total de lo adeudado.

c) En los casos de obligaciones en cuotas, la mora y, consecuentemente, el inicio del plazo del derecho al olvido se produce con el vencimiento de la primera cuota impaga y se interrumpe y reinicia con cada nuevo vencimiento en tanto el banco acreedor no haga uso de la facultad de dar por decaí­dos todos los plazos y exigir el pago de la totalidad de la deuda. Dentro de ese plazo y en virtud del principio de integridad del pago, se puede informar la totalidad de la deuda existente desde el inicio de la obligación.

Al respecto, entiende esta Dirección Nacional que el criterio esbozado con respecto a las deudas de pago en cuotas se adecua al temperamento analizado.

En efecto, no cabrí­a darle otro sentido a la frase -la última información adversa que revela que la deuda era exigible- ya analizada, en tanto que mientras se sigan sucediendo los consecutivos vencimientos de las cuotas, habrá distintas fechas de exigibilidad parciales correspondientes a cada cuota vencida, siempre y cuando el acreedor no exija el pago de la totalidad de la deuda, momento desde el cual la obligación se tornará exigible en su totalidad y dará comienzo al plazo del derecho al olvido.

En lo que hace a lo manifestado para las obligaciones de pago único, no cabe duda que el criterio esbozado se adecua a lo analizado en la presente opinión, así­ como al Dictamen Nº 338/06 de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.

II
En virtud de lo expuesto precedentemente, esta Dirección Nacional en lo que es materia de su competencia no tiene observaciones que formular al criterio manifestado por el servicio jurí­dico permanente del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en el Dictamen S.E.F.y C. Nº 178/07.

Saluda a Ud. muy atentamente.

A LOS SEÑORES GERENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y

SUBGERENTE DE OPERACIÓN TECNICO CONTABLE

DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

D. Gustavo O., BRICCHI y Oscar A. DEL RIO

S / D



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