Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

La cámara comercial considera constitucional el decreto reglamentario en cuanto regula el derecho al olvido (y altera la ley)

Posted: febrero 21st, 2008 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | Tags: , | Comentarios desactivados

Si bien en el caso no fue planteado expresamente, website los jueces se pronuncian sobre el texto del decreto reglamentario y lo consideran constitucional y ajustado a la letra y espiritu de la norma, disinfection aunque en un tramo señalan la solución como opinable.

TEXTO DEL FALLO

CNCom, Sala D, 7/12/2007

En Buenos Aires a los 7 dí­as del mes de diciembre de 2007, reúnense los señores Jueces de la Sala D de la Excelentí­sima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa -Oderigo Romualdo íngel y otro contra The First National Bank of Boston N.A. y otro sobre Ordinario” Registro N* ° 14.432/02, procedente del JUZGADO N* ° 11 del fuero (SECRETARIA N* ° 21), donde está identificada como expediente 90.605, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debí­an votar en el siguiente orden, Doctores: Dieuzeide, Vassallo y Heredia.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
* ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Dieuzeide, dijo:


1. Que corresponde conocer el recurso de apelación promovido por la parte actora contra la sentencia definitiva dictada en fs. 923/937 que rechazó en todas sus partes la demanda que promoviera. La expresión de agravios fue agregada en fs. 1002/1011 y contestada por las codemandadas Bankboston National Association en fs. 1022/1032, Organización Veráz S.A. en fs. 1035/1042 y por la citada en garantí­a El Comercio Compañí­a de Seguros a Prima Fija S.A. en fs. 1017/1019.
Los antecedentes de la causa fueron adecuadamente reseñados en la sentencia apelada, por lo cual cabe remitirse a aquellos.
a) El señor juez “a quo” rechazó la pretensión promovida por Romualdo íngel Oderigo y Marí­a Rosa Graciela Moglia cuyo objeto mediato era obtener el cese de su inclusión como deudores morosos en los registros de deudores de acceso público por encontrarse vencido el plazo previsto por el art. 26 inc. 4 de la ley 25.326, como así­ también la reparación de los daños y perjuicios que la inclusión por un perí­odo mayor al permitido por la ley les habrí­a ocasionado.
I) El señor juez fundó su decisión sustancialmente en que no habí­a operado la caducidad del registro, puesto que el plazo previsto en el art 26 inc. 4to de la ley 25.326 debe computarse desde la última información atestada en el caso diciembre de 2001 y que por lo tanto no correspondí­a ordenar su supresión de la base de datos.
II) Con respecto a la pretensión del coactor Oderigo puntualizó particularmente que el reclamo debió dirigirse contra Organización Veráz S.A. único legitimado pasivo y que correspondí­a su rechazo puesto que su inclusión en el informe lo fue únicamente como cónyuge de la coactora Moglia, información que por otra parte puede obtenerse de cualquier registro público.
III) Corroborando los fundamentos descriptos precedentemente concernientes a la antijuridicidad y a la legitimación de las demandadas destacó además que la pretensión resarcitoria era infundada pues, sin perjuicio del examen de cada rubro en particular, el magistrado consideró que la postulación del reclamo era deficiente, los hechos en los se sustentó resultaban imprecisos, y que no se produjo prueba eficiente de los eventuales daños ni de la relación de causalidad entre los hechos imputados a los demandados y los daños denunciados (vid. fs. 932).
b) En su expresión de agravios el apelante en particular cuestionó: I) La interpretación que realizó el señor juez del art. 26 de la ley 25.326 a fin de determinar el “dies a quo” del plazo previsto en el inciso 4to.; II) La insuficiente apreciación en la sentencia de la trascendencia que posee la inclusión del coactor Oderigo como “relacionado” en el informe de Organización Veraz S.A.; III) La errónea valoración de la prueba atinente a los daños y perjuicios sufridos.
2. Las normas jurí­dicas que constituyen fuente de derecho para dirimir el recurso, y los hechos admitidos por las partes o acreditados en el proceso que se consideran relevantes para tal objeto son:
a) Los actores reconocieron la existencia de la deuda y que ésta no fue cancelada.
b) No se cuestionó la aplicación ni se planteó la inconstitucionalidad del art. 26 inc. 4to. de la ley 25.326 Protección de Datos Personales (B.O. 2/11/2000) ni del D. 1558/2001 (B.O. 3/12/2001). Interesa destacar la falta de todo planteo de inconstitucionalidad de este último decreto, resaltada también por el señor juez de la primera instancia en el punto 4.d4 de la sentencia, en razón de la conclusión expuesta “infra” 3.b.VI.
c) En lo que concierne al importe de la deuda, corresponde atenerse al informe pericial contable de fs. 661/661 vta., según el cual la coactora Moglia adeuda a Bankboston la suma de $ 10.926,10. Tal dictamen no fue impugnado oportunamente por los actores y se aprecia idóneo con la pauta de valoración del c.p.c. 477. Debe tenerse en cuenta que la prueba pericial se encuentra sometida a un régimen particular (c.p.c. 473:3) que impone a la parte la carga procesal de cuestionar su valor probatorio hasta la oportunidad de presentar el alegato, y que ante su incumplimiento corresponde aplicar la regla del c.p.c. 277, por cuanto los cuestionamientos a la idoneidad de dicho dictamen debe ser oportunamente propuesta al señor juez “a quo”, de modo que la tardí­a crí­tica expuesta en ocasión de expresarse agravios, excede los lí­mites del recurso planteado a este tribunal (CNCom, esta sala 11.7.03 “Gómez Elisa N. c/ HSBC Bank La Buenos Aires Seguros S.A. y otro s/ ordinario”).
d) Las partes tampoco cuestionaron la afirmación de la sentencia apelada acerca de que la última información fue brindada en noviembre de 2001 (punto 4.d5 de la sentencia).
e) Tampoco fue discutido que el coactor Oderigo consta como cónyuge únicamente en el informe de Organización Veraz S.A. como “dato relacionado”, sin que exista ninguna información relativa al cumplimiento de sus obligaciones.
3. En primer término examinaré la fundabilidad del agravio concerniente al “dies a quo” del plazo de caducidad establecido en el art. 26 de la ley 25.326 por tratarse de la cuestión sustancial de este recurso:
a) El apelante sostuvo que el cálculo realizado en la sentencia es erróneo y contrario el espí­ritu de la ley, pues de tal forma se posibilita que la información permanezca en las bases de datos por perí­odos que superan ampliamente a los que según su interpretación establecen las disposiciones legales. Afirmó que por el contrario el cómputo debió realizarse a partir del momento en que el dato se incluyó en el caso desde 1991 pues la ley 25.326: 4 establece que sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación debiéndose hacer constar dicho acto.
En esa lí­nea argumental agregó que de lo dispuesto en la norma derivan dos consecuencias: I) Que la información crediticia suministrada por todo depositante de datos personales en el caso una entidad financiera no debe exceder el término de cinco años precedentes a la fecha del suministro de la información; II) Que el responsable de la base de datos no puede ceder la información relativa a los antecedentes financieros personales registrados transcurridos cinco años desde la fecha de su recepción.
Para finalizar remarcó que de lo expuesto surge claramente que tanto Bankboston cuanto Organización Veraz procedieron en forma contraria a lo establecido en la ley 25.326, pues continuaron brindando y cediendo información de los actores una vez operada la caducidad de los datos circunstancia que los convierte en responsables por los daños provocados.
b) Con respecto a este agravio debe considerarse que:
I) La ley nro. 25.326 reconoce en los arts. 5to. y 16to. el derecho de los titulares de los datos de solicitar su rectificación, actualización o supresión.
II) Con relación a los prestadores de servicios de información financiera dispone el art. 26to.: “…sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento… o … datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúen por su cuenta o interés”.
En el mismo artí­culo, el inciso 4to. establece que solamente se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar tal hecho.
III) Sin embargo la ley no estableció desde cuando debí­a computarse el plazo de caducidad de cinco años en el caso de que la deuda no fuera cancelada. Por el contrario, el decreto reglamentario 1558/01: 26 dictado en ejercicio de la facultad conferida expresamente por el art. 45 de la ley fijó como “dies a quo” del mencionado plazo la fecha de la “última” información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible.
IV) Coincide la doctrina de los autores en que el artí­culo transcripto consagró el denominado “derecho al olvido”, es decir a que no continúen divulgándose los datos personales que, aún cuando hubieren sido de conocimiento publico, por el paso del tiempo resultan intrascendentes para la comunidad. Tal reconocimiento, en el caso de los informes comerciales tiene por finalidad posibilitar la reinserción económica de aquel que haya cancelado su deuda y que acredite haber modificado tal conducta, en protección a los derechos tutelados por la C.N. art. 14 (Ruiz Martí­nez, E. “Los informes comerciales y el derecho a la información”, pto 10.b., pgs. 106/110, ed. 2001).
V) Sin embargo, como señalé precedentemente (vid. “supra” sub. 3. b.III.), la ley no estableció el “dies a quo” de los últimos cinco años a los que alude en su art. 26 inc. 4to., sino que lo hizo el D. 1558/01: 26 que los fijó en la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. De acuerdo con destacada doctrina, tal solución recogió la tesis que entiende que la falta de cancelación durante ese perí­odo de una deuda resulta significativa para evaluar el estado actual de morosidad del titular, y que por lo tanto el dato debe considerarse pertinente y necesario, cualidades que conciernen a la calidad de la información que se suministra y que concuerda con lo dispuesto por la ley en su art. 4 inc. 1. (vid. Gils Carbó, A. “Régimen Legal de las Bases de Datos y el Habeas Data” nro. 6.1.5, pgs. 151/153, ed. 2001)
VI) La solución del decreto reglamentario merece ciertas ponderaciones;
A) La adopción de tal postura que cuenta con la significativa adhesión de la opinión citada por el señor juez “a quo” en el punto 4.d.2 de su sentencia provocó no obstante diversas crí­ticas en la doctrina de los autores (vgr. Palazzi, P. “La Protección de los datos personales en la Argentina”, p. 173; Schvartz, L. “Los informes comerciales” cit. por Palazzi, P., “El derecho al olvido en la ley 25.326 de protección de datos personales” en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, año 39, vol. 2006 A, p. 46).
B) Resulta opinable que si la ley 25.326 art. 26 inc. 4to. previó un plazo de caducidad de dos años de archivo, registro o cesión para quien cancelara o extinguiera la obligación, y asimismo previó un plazo de caducidad mayor para quien no lo hiciera, el decreto reglamentario se ajustó razonablemente a la “ratio” de la ley sin alterar su espí­ritu (C.N. 99 inc. 2do. vid. Gelly, M.A. “Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada” art. 99 inc. 2do., p. 693, ed. 2003). En efecto, aún cuando la ley no estableció el “dies a quo” de ninguno de los plazos, cuando la deuda se cancela fatalmente caducará el registro cuanto menos a los dos años de tal cancelación cualquiera sea la fecha de inicio del plazo que se considere aplicable puesto que “la última información adversa” a la que se refiere el D. 1558/01: 26 no podrí­a ser posterior a la fecha en que se extinguió la deuda. Por el contrario, si esta última permanece impaga, “la última información adversa” podrí­a ser renovada permanentemente por las entidades financieras proveedoras de la información.
C) Pero lo cierto es que la actora no planteó la inconstitucionalidad de la norma del decreto reglamentario examinado precedentemente ni se configuran en modo alguno en mi opinión ningún supuesto de gravedad excepcional que exceda el interés privado comprometido y que justifique apartarse de la clásica doctrina judicial de la C.S.J.N. que estableció que la declaración de inconstitucionalidad solo procede a pedido de parte (C.S.J.N. “Ganadera Los Lagos c/ Nación Argentina” Fallos 190:142). En consecuencia, cabe aplicar el texto del decreto reglamentario como la primera pauta de interpretación dada por el elemento gramatical de la norma (conf. Llambí­as, J.J. “Tratado de derecho civil Parte General”, t. I, nro. 117, p. 109, ed. 1973), en tanto exhibe suficiente claridad literal para descartar otras interpretaciones u otra “ratio” que lo inspire, al margen de si se ajusta o no al “espí­ritu” de la ley que reglamenta. En consecuencia, si el decreto reglamentario fijó con precisión el punto de partida para el computo del plazo de cinco años en el caso diciembre de 2001 (vid. “supra” sub. 2.d y 3.b.III) por lo tanto y como acertadamente se señaló en la sentencia apelada, la información cuya supresión se solicita caducó en diciembre de 2006 por lo tanto la cuestión resulta actualmente abstracta, sin perjuicio de que corresponde condenar a eliminar tal información a partir de esa fecha. Resta señalar, siquiera “obiter dicta”, que la reiteración permanente de toda “última” información adversa de las entidades financieras sobre deudas impagas podrí­a eventualmente constituí­r abuso del derecho (c.c. 1071) si es ejercitada al margen de toda finalidad razonable de la ley, pero tal cuestión excede el alcance del recurso examinado.
c) Todo lo expuesto permite concluir en que la conducta de las codemandadas no puede ser calificada como antijurí­dica, en tanto los datos que brindan se ajustan a lo dispuesto por la ley 25.326, arts. 4; 5 2da. p. incs. a) y e) y 26 y art. el 26 del D 1558/2001, por lo que corresponde rechazar el agravio sobre esta cuestión.
4. Corresponde examinar el agravio del coactor Oderigo en cuanto sostiene que el señor juez de la instancia precedente no tomó en consideración que aparecer como “relacionado” con la deudora en los registros de Organización Veraz S.A. resulta en la práctica estar equiparado a la calificación crediticia de aquella.
a) Cabe puntualizar en primer término que la inclusión del apelante como cónyuge de la deudora no puede ser motivo de agravio toda vez que el estado civil, junto con otros elementos (nombre, apellido, filiación, domicilio) tienen por objeto individualizar a la persona como sujeto de relaciones jurí­dicas y no están destinados a ser secretos (Bustamante Alsina, Responsabilidad Civil y otros estudios, cap. “La informática y la responsabilidad civil” nro. II, p. 237, ed. 1992), a punto tal que la ley nro. 25.326 en su art. 5 inc. 2.a excluye la necesidad de conformidad del titular para el tratamiento de estos datos.
b) En consecuencia no está configurado el primer presupuesto de responsabilidad imputable a la codemandada pues su conducta no puede calificarse como antijurí­dica en tanto se ajustó a las disposiciones legales vigentes (vid “supra” 3.c), circunstancia que condiciona la atribución de responsabilidad (Llambí­as, J.J. “Código Civil Anotado” t. II B, art. 1067 nros. 13/17, págs. 277/288 y 430, ed. 1992) y determina el rechazo del recurso interpuesto.
c) Tampoco se aprecia que figurar como “relacionado” posea la trascendencia que el apelante le atribuye, puesto que la sóla existencia del dato carece de entidad suficiente para crear convicción acerca de una supuesta calificación desfavorable que incidirí­a en su acceso al crédito. Más aún cuando contrariamente con lo afirmado por el apelante de los elementos de convicción incorporados al proceso surge que el coactor Oderigo, luego de ser incluí­do como “relacionado” con la deudora accedió a distintos servicios financieros (vgr. vid. fs. 620 febrero de 2002, cuenta en Citibank con tarjeta de crédito Diners Club). Por lo tanto, la valoración conjunta de las pruebas aportadas con el criterio previsto por el c.p.c. 386 no permite arribar a una conclusión diferente de la expuesta por el señor juez de la instancia que antecede sobre las consecuencias de tal inclusión.
Por lo expuesto, normas y doctrina judicial y de los autores citada propongo que, en caso de compartirse mi voto, se modifique parcialmente la sentencia apelada condenando a los codemandados a eliminar la información cuestionada de sus registros de 2006 (v. punto 3.b.VI.C precedente), confirmándola en todo lo demás resuelto. Propongo imponer las costas de esta instancia en el orden causado, en tanto las razones expuestas en el punto 3.b.VI pudieron inducir razonablemente a los actores a creerse con derecho a demandar (c.p.c. 68 2da. p.).
El Señor Juez de Cámara, Doctor Vassallo adhiere al voto que antecede.
El Señor Juez de Cámara, Doctor Heredia dijo:
1* °) Coincido sustancialmente con el voto del apreciado colega preopinante, Dr. Dieuzeide, pero me permito formular las siguientes precisiones:
(a) El criterio que en el año 1941 fijara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso -Ganadera Los Lagos c/ Gobierno Nacional- (Fallos 190:142), no conserva vigencia en la actual composición del Alto Tribunal.
Ya en el precedente “Mill de Pereyra” (Fallos 324:3219) la Corte mostró que la doctrina que exigí­a el pedido de parte para estimular el control de constitucionalidad de las leyes, podí­a ser puesta en tela de juicio bajo diversos argumentos. Y aunque en ese caso no parece haber existido una mayorí­a clara a favor de la admisibilidad del control constitucional de oficio, ciertamente constituyó un fuerte apoyo a esa orientación (conf. Bianchi, A., Control de constitucionalidad, Buenos Aires, 2002, ps. 332/334; Bianchi, A., * ¿Se ha admitido finalmente el control constitucional de oficio?, LL 2002 A, p. 31; Gómez, C., Control de constitucionalidad de oficio en la C.S.J.N., LL 2003 A, p. 230; Comadira, J. y Canda, F., * ¿Control de constitucionalidad de oficio de las normas?, rev. El Derecho Administrativo, vol. 2001/2002, p. 181; Bestard, A., El caso ‘Mill de Pereyra y la declaración de inconstitucionalidad de oficio, LL 2001 F, p. 886).
Fue en el precedente “Banco Comercial Finanzas S.A.” (Fallos 327:3117) en el que el Alto Tribunal mostró una ní­tida mayorí­a favorable al control constitucional de oficio al decir con la firma de seis de sus miembros que “…Si bien los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de la parte interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente iura novit curia incluye el deber de mantener la supremací­a de la Constitución (art. 31 de la Constitución Nacional) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, la constitucional, desechando la de rango inferior…”. A lo cual agregó la Corte Suprema que “…No puede verse en la declaración de inconstitucionalidad de oficio la creación de un desequilibrio de poderes en favor del judicial y en mengua de los otros dos, ya que si la atribución en sí­ no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí­ cuando no la hay…” (véase sobre este último precedente: Comadira, J. y Canda, F., La CS reafirma el control judicial de oficio de las normas. ‘Banco Comercial de Finanzas’ un fallo en lí­nea con ‘Mill de Pereyra’, rev. El Derecho Administrativo, vol. 2004, p. 629; Kodella, G., La Corte Suprema como poder polí­tico y el control de constitucionalidad por su oficio, JA 2005 III, p. 450; Ibarlucí­a, E., El control de oficio de constitucionalidad. (A propósito de los fallos ‘Banco Comercial de Finanzas S.A.’ y ‘Cabrera’), ED t. 209, p. 1016; Bonina, F., Lo que los jueces dicen que hacen y lo que efectivamente hacen. A modo de juego metodológico, LL 2005 B, p. 842; Berardi, F., De la articulación de la cuestión federal en tiempos de control de constitucionalidad de oficio, JA 2005 III, p. 446).
Es de observar que el apuntado criterio admisivo del control oficioso de constitucionalidad es el sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual integración (conf. L. 568. XXXVII. “Lapadu, Oscar Eduardo c/ Estado Nacional (Dirección Nac. de Gendarmerí­a) s/ daños y perjuicios”, sentencia del 23/12/04, Fallos 327:5723; S. 1767. XXXVIII. “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegí­tima de la libertad, etc. (Poblete) causa N* ° 17.768″, sentencia del 14/6/05).
Tal particularidad brinda cauce para las conclusiones que siguen.
(b) El art. 26, inc. 4, de la ley 25.326, prescribe que –¦Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho-¦-.
Esta norma legal, junto con el art. 4* °, inc. 7, de la misma ley consagra el denominado -derecho al olvido-, que ha sido definido por la doctrina como el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado espacio de tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado (confr. Gozaí­ni, O., El derecho de Amparo. Los nuevos derechos y garantí­as del art. 43 de la Constitución Nacional, Buenos Aires, 1995, p. 186). En otros términos, constituye la facultad de las personas de exigir que las entidades informantes eliminen de sus registros datos que, aún exactos, son de vieja data (confr. Wetzler Malbrán, G., Algunos aspectos de la información crediticia, LL 2002 F, p. 1368).
Es claro que al reglamentar dicho art. 24, inc. 4, el legislador contaba con diversas alternativas (conf. Palazzi, P., Informes comerciales, Buenos Aires, 2007, p. 199) y, entre ellas, eligió la siguiente: –¦En el cómputo de cinco (5) años, estos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo de reducirá a dos (2) años. Para los datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación. A los efectos del cálculo de dos (2) años para conservación de los datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda-¦- (art. 24 del Anexo A del decreto 1558/01).
Pues bien, es sabido que las normas reglamentarias son válidas sólo en la medida en que se ajusten al texto, espí­ritu y finalidad de la ley a reglamentar (CSJN, Fallos: 311:2339; í­d. O. 180. XXXVI. -Organización Veraz S.A. c/ E.N. P.E.N. M* ° E. y O.S.P. s/ amparo ley 16.986-, sentencia del 6 de marzo de 2007, considerando 8* °); bien entendido ello, que la invalidez de un decreto no se configura necesariamente porque no exista coincidencia textual entre él y la ley que reglamenta, sino cuando aquél es contrario al espí­ritu de la ley en sentido formal (CSJN, Fallos 322:752), siendo claro, por tanto, que no vulneran el principio establecido en el art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional, los reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes, cuando la norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido con que la ley reglamentada haya sido sancionada (CSJN, doctrina de Fallos 151:5; 178:224; 318:1707; etc.).
En el caso, no creo que la norma antes transcripta del decreto 1558/01 desconozca el texto o el espí­ritu de la ley 25.326, al menos en el aspecto que aquí­ interesa, cual es el referente al dies a quo del plazo de cinco años, que aquél ubica en la –¦fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible-¦-.
Obsérvese, en tal sentido, ante todo, que la ley 25.326 no aclaró a partir de cuándo se debí­a computar ese plazo de cinco años, por lo que, consiguientemente, el Poder Ejecutivo Nacional contaba con amplia libertad para definir lo propio dentro del espacio de lo razonable.
Y, en ese orden de ideas, al haber dispuesto que el plazo de cinco años para deudas en mora se contase desde que la información es volcada al centro de datos (conf. CNFed. Cont. Adm., Sala IV, causa n* ° 10.691/04 “Morabito Adriana Graciela c/Banco Central de la república Argentina y otro s/ hábeas data”, sentencia del 28/11/05; íd. Sala V, causa n* ° 17.445/04 -Rodrí­guez Ricardo Raúl c/ BCRA Base de Datos (Citibank) s/ Habeas Data”, sentencia del 27/02/06), no creo que el Poder Ejecutivo Nacional excediera de lo razonable art. 28 de la Constitución Nacional pues es evidente que ese tipo de deudas merece un tratamiento especial y naturalmente más riguroso que el que merecen los deudores que honran regularmente sus compromisos.
En efecto, la referencia a la -ultima información adversa archivada- a la que recurre el decreto 1558/01, permite el ingreso de nuevos datos adicionales referentes a la deuda que revelen que ella es todaví­a exigible (vgr. una nueva calificación mensual, pase a contencioso, inicio de juicio, traba de embargo, sentencia, ejecución, remate, etc.), lo cual, en la práctica, permite extender este plazo mes a mes más allá inclusive de los cinco años, pero ello en el entendimiento de que lo propio no es sino la consecuencia del mantenimiento de la realidad del dato, pues en tanto haya alguna novedad para ingresar en la base de datos, la información seguirá teniendo vigencia (conf. Palazzi, P:, ob. cit., p. 187), lo que, a mi juicio, se aprecia como perfectamente viable respecto de deudores morosos que no han procedido a extinguir su obligación, toda vez que si se admitiese que, pese al ingreso de nuevos datos adicionales, igualmente se borran los datos de los deudores en mora por el mero paso de cinco años, se estarí­a equiparando a tales deudores con los que cumplen en tiempo sus obligaciones, lo que es contrario a un obvio sentido de justicia.
En todo caso, y puesto que como bien lo señala el Dr. Dieuzeide en su voto la posibilidad precedentemente descripta podrí­a ser vehí­culo de prácticas abusivas por parte de las entidades financieras, la cuestión se resuelve exigiendo que los referidos nuevos datos adicionales sean -significativos- en orden a la apreciación de la evolución de la solvencia económico financiera del sujeto informado, condición esa (la del carácter -significativo- del dato) que resulta expresis verbis del art. 26, inc. 4, de la ley 25.326.
En otras palabras, los nuevos datos adicionales que nada agregan a la información original, no surten el efecto descrito en el párrafo anterior (vgr. el cambio de titularidad del crédito; la discontinuidad de la publicación; etc.), ya que, como lo ha destacado un fallo de esta cámara, lo contrario supondrí­a caer en la incongruencia de otorgar a los acreedores la facultad de evitar sine die el denominado -derecho al olvido- (conf. CNCom. Sala E, 7/11/2007, -Segretin, Carlos Alberto c/ BN Amor Bank Suc. Arg. s/ sumarí­simo-).
Mas cumplido el referido recaudo relativo al carácter -significativo- del dato, la reglamentación del decreto 1558/01 en el aspecto aquí­ considerado, no se presenta como negatoria del -derecho al olvido- consagrado en el art. 26, inc. 4, de la ley 25.346, pues se concilia razonablemente la falta de diligencia del acreedor en renovar su informe mediante el aporte de datos -significativos- con el derecho del deudor a la caducidad del dato.
Sólo resta señalar que la desigualdad que, según el apelante, provoca la aplicación del decreto 1558/01 en orden al momento en que los deudores pueden obtener el -olvido- que la ley 25.326 consagra como derecho, no tiene la significación constitucional que propone. Esto es así­, porque la garantí­a constitucional de la igualdad ante la ley no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegí­tima persecución o indebido privilegio de personas o de grupos de personas, aunque su fundamento sea opinable (CSJN, Fallos 310:849; 310:1080; 311:394; 311:1042; 313:1513; 322:2346; 323:2054; entre muchos otros), pues ella radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias (CSJN, Fallos 311:1602, voto de los jueces Petracchi y Bacqué); y es obvio, que la situación del deudor moroso no es equiparable a la de quien no lo es, de donde se sigue la posibilidad de discriminar entre ellos, tal como lo ha hecho el decreto 1558/01 en el aspecto aquí­ examinado.
(c) La pretensión del recurrente de que el plazo de cinco años se compute desde –¦la primera información efectuada-¦- (fs. 1006 vta.), no tiene apoyo en la letra expresa del art. 24 del anexo A del decreto 1558/01 que, por el contrario, se refiere –¦a la última información adversa-¦-. El apelante, pues, pretende reescribir la norma de manera antojadiza, lo que no puede ser admitido.
Cabe consignar, asimismo, que si bien los afectados tienen derecho a que se suprima por caducidad la vieja información asentada en la base de datos en su oportunidad por los acreedores interesados, ese derecho no puede pretenderse cuando los acreedores han mantenido actualizados los datos de sus créditos, pues la actualización de los datos da lugar a un nuevo asiento y por lo tanto a un nuevo plazo de caducidad. De otra manera no se cumplirí­a con la previsión del decreto 1558/01, en el sentido de que se debe incluir en los registros o bases de datos toda información relevante para evaluar la solvencia patrimonial del titular de los datos. El mantenimiento actualizado de la información es, en suma, lo que torna improcedente el blanqueo del historial bancario, pues es legí­timo el derecho de aquellos interesados a conocer la solvencia patrimonial del sujeto informado, que no es pasada sino actual (conf. CNFed. Cont. Adm., Sala V, causa n* ° 17.445/04 -Rodrí­guez Ricardo Raúl c/ BCRA base de datos (Citibank) s/ habeas data”, sentencia del 27/02/06, voto del juez Otero, consid. V; CNFed. Cont. Adm., Sala V, causa n* ° 14.919/05 “Paiva, Rita de los íngeles c/ BCRA base de datos y otro-).
2* °) En el sub lite la última información -significativa- es la ingresada en diciembre de 2001 (véase contestación de agravios, fs. 1036 vta.).
Por ello, al tiempo en que el presente pronunciamiento es dictado, el registro informativo ingresado por la demandada a la base de datos del Banco Central de la República Argentina, se encuentra caduco en razón de haber transcurrido con exceso el plazo de cinco años establecido por la normativa aplicable.
Es de observar que tal caducidad se produjo durante la sustanciación del proceso, por lo que constituye un hecho sobreviniente que debe ser ponderado en los términos del art. 163, inc. 6* °, segundo párrafo, del Código Procesal.
Así­ pues, como bien lo dispone el voto que ha abierto este acuerdo, corresponde modificar parcialmente el fallo apelado a fin de que se condene a los codemandados a eliminar la información cuestionada en autos.
3* °) En lo demás, comparto plenamente las conclusiones del juez Dieuzeide dadas en su voto, según las cuales la conducta de las demandadas no pueden calificarse de antijurí­dicas, bastando advertir ello para omitir toda consideración sobre los daños reclamados, ya que no se dan los presupuestos necesarios para hacer jugar la responsabilidad civil de aquellas.
Coincido también con el vocal preopinante en el desarrollo que hace en el considerando 4* ° de su voto con relación al coactor Oderigo.
4* °) Con los alcances indicados, doy mi voto al acuerdo, proponiendo al igual que los colegas que me preceden en el uso de la palabra, que se modifique parcialmente la sentencia recurrida con el alcance de condenar a las demandadas a eliminar la información cuestionada en autos, confirmándosela en todo lo demás resuelto.
En cuanto a las costas, si bien la sentencia de primera instancia resulta modificada con el efecto de condenar a los demandados en un aspecto de la demanda, no puede dejar de advertirse que ello es así­ exclusivamente por haberse configurado durante el desarrollo del proceso un hecho sobreviniente que conduce a ese resultado, pero sin que ello signifique que los actores hubieran tenido razón en su pretensión tal como la plantearon. Es de notar que, para tales supuestos de sentencias basadas en hechos sobrevivientes, a los fines de la imposición de las costas debe estarse a la fundabilidad o no de la pretensión al tiempo en que ella se propuso (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1989, t. 4, p. 411). Y en el caso, es evidente que la pretensión de los actores no fue fundada, por lo que la imposición de las costas de primera instancia a ellos, que es la solución del fallo apelado, no merece ser modificada según lo previsto por el art. 279 del Código Procesal.
Las costas de alzada entiendo justificado imponerlas por su orden, habida cuenta el resultado del recurso (art. 68, segunda parte, del Código Procesal).
Concluí­da la deliberación los Señores Jueces de Cámara acuerdan:
(a) Modificar parcialmente la sentencia apelada condenando a los codemandados a eliminar la información cuestionada y confirmarla en todo lo demás resuelto.
(b) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, en tanto las razones expuestas en el punto 3.b.VI pudieron inducir razonablemente a los actores a creerse con derecho a demandar (c.p.c. 68 2da. p.).
(c) En tanto la letrada Marí­a Cecilia Fernández, carece de legitimación para apelar por baja la cuantí­a del honorario fijado en fs. 923/937 en favor de la letrada Silvia L. Haurie, declárase mal concedido el recurso de fs. 968.
En atención a la naturaleza, importancia y extensión de las tareas desarrolladas y las etapas procesales efectivamente cumplidas; elévanse los honorarios regulados en fs. 923/937 a $ 722 (pesos setecientos veintidos) para el letrado patrocinante de la parte actora, Luis Carlos Rodrí­guez, a $ 692 (pesos seiscientos noventa y dos) para el apoderado de la codemandada Bankboston National Association, Miguel A. Sciurano, a $ 1.732 (pesos mil setecientos treinta y dos) para el letrado patrocinante de la misma parte, Jorge H. Palmieri, a $ 3.669 (pesos tres mil seiscientos sesenta y nueve) para el letrado apoderado de la codemandada Organización Veráz S.A., Cristian J. Mendez, a $ 1.704 (pesos mil setecientos cuatro) para la letrada apoderada de la misma parte, Mónica P. Schammas, y a $ 4.093 (pesos cuatro mil noventa y tres) para la letrada apoderada de la citada en garantí­a, Marí­a Cecilia Fernández.
Por estar apelados solo por altos, confí­rmanse los honorarios regulados en el citado pronunciamiento en $ 6.500 (pesos seis mil quinientos) para el letrado patrocinante de la parte actora, Jorge Alberto Daer, y en $ 200 (pesos doscientos) para la letrada apoderada de la citada en garantí­a, Silvia Haurie (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432).
Ponderando las labores realizadas desde la aceptación del cargo de fs. 853 vta. (v. experticia de fs. 661), y en observancia a la debida proporción que se debe guardar en relación a los estipendios correspondientes a los restantes profesionales intervinientes en autos, redúcese el honorario regulado en el pronunciamiento de mención a $ 910 (pesos novecientos diez) para la perito contadora, Mariel E. Arias, (arg. cpr. 478).
Asimismo y por las tareas desplegadas desde la aceptación de cargo de fs. 432 (v. experticia de fs. 672/679 y escritos de fs. 746/749 y 751/754) y de fs. 800 (v. experticia de fs. 706/708 y escrito de fs. 738/739), y en observancia a la debida proporción que se debe guardar en relación a los estipendios correspondientes a los restantes profesionales intervinientes en autos, redúcense los honorarios establecidos en el pronunciamiento de mención a $ 1.819 (pesos mil ochocientos diecinueve) para la perito psicóloga, Ana M. Kosack, y a $ 1.819 (pesos mil ochocientos diecinueve) para el perito psiquiatra, Mario Rubinstein (arg. cpr. 478).

Gerardo G. Vassallo

Juan José Dieuzeide

Pablo D. Heredia

Fernando M. Pennacca
Secretario


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