Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

CSJN – Empresa de Combustible Zona Común S.A. v. AFIP

Posted: abril 17th, 2009 | Author: | Filed under: Argentina, Habeas Data, Jurisprudencia | Tags: | Comentarios desactivados

Fallo en Extenso:

E. 268, L.XXXVII – “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Empresa de Combustible Zona Común S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos” – CSJN – 07/04/2009

S u p r e m a C o r t e :

-I-
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la sentencia de la instancia anterior, que hizo lugar a la acción de hábeas data promovida por “Empresa de Combustibles Zona Común S.A” contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, en adelante)) y ordenó que en el plazo de cinco días informara los datos referidos a aquélla y, en caso de ser falsos o erróneos, que se procediera a su supresión o rectificación.//-

-II-
Contra este pronunciamiento, la demandada interpuso el recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la presente queja.-

Sostiene que la sentencia viola derechos y garantías constitucionales al abrir sin fundamento legal una vía procesal que -a su entender- resulta improcedente, que no se ha probado la irregularidad a la que se alude en el proceso, que no () se acreditó la existencia de registro o banco de datos en el que pudiera existir la información requerida y que no se demostró la supuesta falsedad invocada.-

Con base en el art. 43, 3º párrafo, de la Constitución Nacional, destaca que la acción entablada por la actora, por la cual se solicita a la AFIP información relacionada con la realización de actos inherentes a la determinación y percepción de gravámenes, es improcedente debido a la falta de legitimación, tanto activa como pasiva. La primera porque la reclamante no acreditó la falsedad de la información o su carácter discriminatorio y la segunda porque la AFIP no constituye un registro o banco de datos públicos, sino que actuó como organismo recaudador en uso de las facultades conferidas por el art. 35 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones), las cuales la habilitan a comprobar e investigar hechos, actos, situaciones, explotaciones y demás circunstancias que integran o condicionan el hecho imponible. Al respecto, añade que, ante la verificación de ciertas maniobras que podrían resultar evasivas o al menos elusivas en la declaración y pago del tributo, se dispuso la verificación de la actividad de combustibles a nivel nacional y reitera que la información que recaba o la que pudiera obtener en ejercicio de su labor fiscalizadora respecto de cualquier contribuyente, no son parte de una base de datos de un registro público o privado destinado a brindar informes.-

Finalmente, se agravia en cuanto a la imposición de las costas.-

-III-
Considero que el recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible y, por lo tanto, que fue mal denegado, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia que cabe atribuir a una cláusula de la Constitución Nacional -art. 43- y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho fundado en aquélla (Fallos: 322:2139;; 324:567).-

-IV-
En cuanto al fondo del asunto, adelanto desde ya mi opinión en el sentido de que asiste razón al apelante en lo que atañe a la improcedencia de la acción impetrada, aunque los fundamentos sean sustancialmente diversos a los que invoca.-

En primer término, considero que la AFIP no carece de legitimación pasiva. Al respecto, cabe recordar que el hábeas data establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional protege la identidad personal y garantiza que el interesado tome conocimiento de los datos a él referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos públicos o los privados destinados a proveer informes. Constituye, por tanto, una garantía frente a informes falsos o discriminatorios que pudieran contener y autoriza a obtener su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización. Asimismo, se sostuvo en un precedente del Alto Tribunal que excluir de la protección reconocida por la Constitución a aquellos datos que organismos estatales mantienen fuera del acceso de los particulares, comporta la absurda consecuencia de ofrecer una acción judicial sólo en los casos en los que no es necesaria y vedarla en aquellos en los que el particular no puede sino recurrir, ineludiblemente, a la tutela judicial para ejercer su derecho. Sólo se preserva en forma eficiente el derecho de que se trata, en la medida en que se entienda por “registros o bancos de datos públicos” aquellos que obran en organismos del Estado, incluso, y en especial, los reservados con carácter secreto (v. Fallos: 322:2139, voto del ministro Petracchi).-

Sentado lo anterior, considero que no procede la defensa del organismo recaudador basada en el hecho de que la actora no acreditó que los datos sean falsos o discriminatorios, pues la distinción que efectúa la ley 25.326 entre el derecho de acceso a la información y el de rectificación, actualización o supresión (v. arts. 14, 15 y 16) implica, a mi modo de ver, que dicha exigencia sólo opera en la medida en que el interesado ya obtuvo el conocimiento de los datos e intenta, en consecuencia, ejercer las opciones que considera pertinentes -supresión, rectificación, confidencialidad o actualización- mas no cuando, como ocurre en la especie, el particular intenta acceder a los registros, por lo cual el requerimiento de que exista una lesión o perjuicio reparable resulta extraño a la vía.-

Al respecto, cabe señalar que, según surge de los términos de la demanda, los sucesivos procedimientos realizados por personal de la Dirección General Impositiva y de Aduanas -Delegación Mar del Plata- hacen presumir que existe en la AFIP información, datos y/o denuncias, que en forma directa o indirecta involucrarían a “Empresa de Combustible Zona Común S.A.” y, al ser desconocidos, llevan a suponer “que de alguna manera podrían perjudicar a ésta”.-

En respuesta a tales afirmaciones, la AFIP sostuvo que la actividad desplegada por sus agentes en oficinas de la empresa actora fue realizada en el marco de las atribuciones que le confiere el art. 35 de la Ley de Procedimiento Tributario, que establece la posibilidad de verificar el cumplimiento de las normas vigentes en la materia por parte de cualquier presunto responsable. Esta norma dispone que, a tales efectos, pueden realizar citaciones, exigir la presentación de comprobantes, inspeccionar libros y documentos, requerir el auxilio de la fuerza pública, gestionar órdenes de allanamiento y hasta disponer clausuras preventivas.-

Por otra parte, el art. 17, inc. 2º, de la ley 25.326 establece que la información sobre datos personales puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos públicos “cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales …La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado”. La circunstancia de que esta disposición no se encontrara vigente al contestar la AFIP las intimaciones de la actora -v. documentación obrante a fs. 4/9 que corresponde a octubre de 1999 y Boletín Oficial del 2 de noviembre de 2000- impide exigir la denegatoria fundada que prevé el citado art. 17, inc. 2º. Sin embargo, las manifestaciones de la demandada relativas a los motivos que habrían originado las inspecciones al expresar que “ante la importancia que la actividad de combustibles reviste para la economía nacional, y ante la verificación de determinadas maniobras que podrían resultar evasivas o al menos elusivas en la declaración y pago del tributo, se dispuso la verificación de tal actividad a nivel nacional” (v. fs. 49 vta., 74 y 74 vta.), habilitan a concluir que en el sub lite se configuran los extremos que prevé dicho precepto, ya vigente al momento de dictarse la sentencia apelada.-

En efecto, si bien la protección constitucional de que se trata se dirige a que el particular interesado tenga la posibilidad de controlar la veracidad de la información y el uso que de ella se haga (v. Fallos: 321:2767 y 322:2139, sendos votos del ministro Fayt), no debe perderse de vista que el alcance de dicha garantía encuentra su límite en ciertas circunstancias específicas que no pueden ser soslayadas, tales como el carácter de las funciones que desarrolla el organismo fiscal -ya que no se trata de meros datos o registros obtenidos fuera de un procedimiento legal sino que, tras rigurosos y complejos análisis técnicos, sustentan las conclusiones acerca del cumplimiento de las obligaciones tributarias- y la imposibilidad de que el contribuyente desconozca el fin con el que se recolectan y procesan los datos.-

Habida cuenta de ello, la pretensión de la actora no se compadece con el objeto y finalidad del instituto del que intenta valerse, pues resulta evidente que el organismo recaudador se encontraba realizando investigaciones tendientes a determinar si había cumplido sus obligaciones tributarias, función en la que subyace un interés público primordial (Fallos: 314:1376 [Fallo en extenso: elDial - AA1232]; 316:1190;; 324:3345) y, por otra parte, la empresa actora, sin mayor fundamento, sólo intenta anticipar la oportunidad en la que debe ejercer su derecho de defensa.-

Según manda el art. 17 de la ley 11.683, a los efectos de presentar su descargo, el organismo recaudador deberá proporcionar “detallado fundamento” de las impugnaciones y cargos que le formule, y brindar acceso a la totalidad de las actuaciones administrativas que ha labrado toda vez que, como ha sostenido V.E., para el cuestionamiento de una determinación impositiva, la ley ha previsto -de manera específica- un procedimiento y un órgano de decisión (arts. 17, 76, 144, 159 y concordantes de la ley 11.683) y la posibilidad de apelar ante los tribunales del poder judicial nacional (Fallos: 310:719, cons. 5º, y su cita).-

En estas instancias podrá, no sólo conocer y solicitar la corrección de los datos a él referidos y su finalidad, sino también demostrar la improcedencia de la hipotética pretensión fiscal, plantear todas sus defensas e invocar la posible nulidad de la pruebas colectadas en los procedimientos desarrollados los días 1º y 8 de octubre de 1999 (cfr. Fallos: 316:2764, consid. 5º y su cita), motivo por el cual cabe concluir que la decisión recurrida prescindió de la incidencia del mecanismo de determinación de oficio en la solución del sub lite y, de esta forma, adelantó -sin fundamento- etapas del procedimiento fijadas por la ley ritual tributaria, con riesgo de entorpecimiento de la labor fiscalizadora del ente recaudador.-

La solución que aquí se propugna torna innecesario pronunciarse sobre los agravios referidos a la imposición de las costas.-

-VI -
Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia de fs. 63/65.-

Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2003.-

Fdo.: Dr. Nicolás Eduardo Becerra

Buenos Aires, 7 de abril de 2009

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Empresa de Combustible Zona Común S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos”, para decidir sobre su procedencia.-

Considerando:

Que la cuestión debatida en los presentes autos ha sido adecuadamente tratada en el dictamen del señor Procurador General, que esta Corte comparte, y a cuyos fundamentos se remite por razón de brevedad.-

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito de fs. 80, notifíquese y remítase.-

Fdo.: Dr. Ricardo Luis Lorenzetti – Dra. Elena I. Highton de Nolasco – Dr. Carlos S. Fayt – Dr. Enrique Santiago Petracchi – Dr. Juan Carlos Maqueda – Dr. E. Raúl Zaffaroni – Dra. Carmen M. Argibay.-

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Declárese perdido el depósito de fs. 80.-

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se la desestima.-

Hágase saber, devuélvase el principal y archívese.-

 

 

 

 


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