Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Santa Fe aprueba ley de videocamaras en espacios públicos

Posted: diciembre 21st, 2010 | Author: | Filed under: Argentina, Leyes provinciales, Videovigilancia, Voz y Fotografia | Comentarios desactivados

REGISTRADA BAJO EL Nº 13164

ARTÍCULO 1.– Objeto. La presente ley regula la instalación y uso de sistema de captación de imágenes y sonidos de personas físicas, ampoule obtenidas en lugares
públicos o privados de acceso público, hepatitis ya sean abiertos o cerrados y establece las reglas para el posterior tratamiento de la información colectada, con el
objetivo de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos y la prevención de los delitos y faltas sin poner en riesgo
las garantías individuales ni afectar derechos por efecto del tratamiento indebido de la información derivada de las captaciones reguladas por esta ley.

ARTÍCULO 2.– Ámbito de Aplicación. Las reglas establecidas en la presente ley son de aplicación a los sistemas de captación utilizados por el sector público
local y por los particulares, con excepción de las que resulten, por su naturaleza, de estricta aplicación al ámbito público.

ARTÍCULO 3.– Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:
-           Sector Público Local: Sectores provincial, municipal y comunal en todos los niveles de gobierno. En el caso del sector provincial quedan
incluidos expresamente, con carácter enunciativo, los siguientes:
A.-    Administración Provincial:
1.        Poder Ejecutivo.
1.   Administración Centralizada.
a)   Ministerios.
b)   Fiscalía de Estado.
c)   Secretarías de Estado.
11. Administración Descentralizada.
a)   Organismos de Seguridad Social. – Salud. – Previsión Social.
b)   Organismos de Servicios y Obras Públicas.
c)   Entes reguladores de organismos y servicios privatizados y de control
d)   Otros organismos.

2.        Poder Legislativo.
1.      Administración Centralizada.
11.    Administración Descentralizada.
111.  Tribunal de Cuentas.
3.        Poder Judicial.

B.-     Empresas, Sociedades y otros Entes Públicos.
1.        Empresas Públicas.
2.        Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria.
3.        Sociedades Anónimas del Estado.
4.        Sociedades de Economía Mixta.
5.        Sociedades del Estado.
6.        Entes Interestatales e Interjurisdiccionales.
7.        Empresas y Entes Residuales.
8.         Otros Entes Estatales. En el contexto de esta ley se entenderá por
entidad u organismo a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio; por jurisdicción a los Poderes Legislativo y Judicial, los
Ministerios, Secretarías de Estado, Fiscalía de Estado, Defensoría del Pueblo y Tribunal de Cuentas. En el sector municipal y comunal, quedan comprendidas
todas las reparticiones análogas a las descriptas.
-           Sistemas de Captación: Cámaras, videocámaras y cualquier otro medio técnico de captación o grabación de imágenes, o de imágenes y sonidos.
-           Tratamiento de Imágenes y Sonidos: Toda técnica de grabación, captación, edición, transmisión, conservación, almacenamiento y demás
actividades análogas que se apliquen respecto de imágenes y sonidos, incluida su reproducción o emisión en tiempo real y el tratamiento que resulte de los
datos personales relacionados con aquellas.
-           Responsable del Tratamiento: Persona a cargo del área en la cual se
realizan los tratamientos.
-           Datos Personales: Información de cualquier tipo referida a personas
físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
-           Datos Sensibles: Datos personales que revelan origen racial y
étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales,
afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

ARTÍCULO 4.– Licitud. El tratamiento de imágenes y sonidos de personas físicas, obtenidas en lugares públicos o de acceso público por parte del sector público
local será lícito cuando los sistemas que se utilicen, incluidos los de captación, cuenten con la autorización previa de la Autoridad de Aplicación y
se observen los principios establecidos por la presente ley, la Ley Nacional 25.326 y las reglamentaciones que se dicten respecto de ellas.
La Autoridad de Aplicación debe fijar los requisitos mínimos que deben reunir dichos sistemas, mediante disposición fundada.
Exceptúanse de esta disposición la toma de imágenes aéreas derivadas de relevamientos topográficos con fines catastrales, tributarios, urbanísticos o
análogos, en la medida en que sólo se capten los exteriores de lugares cerrados. Los sistemas de captación que cuenten con autorización provincial al momento de
entrada en vigencia de la presente ley se deben adecuar a las presentes disposiciones dentro del término que establezca la reglamentación.
Los particulares que coloquen sistemas de captación sólo pueden tratar imágenes de espacios públicos en la medida que no excedan los aledaños a las propiedades
respecto de las cuales sean poseedores y respetando los principios enumerados por el artículo siguiente. La Autoridad de Aplicación debe establecer, por vía
reglamentaria, las particularidades que deben observar estos sistemas. El sector público no puede utilizar sistemas de captación para tomar imágenes
del interior de propiedades privadas ni de recintos privados, fijos o móviles, salvo autorización judicial expresa.

ARTÍCULO 5.– Principios. La utilización de sistemas de captación se rige por los
siguientes principios:
a)        proporcionalidad y razonabilidad, reconociéndose como límite
infranqueable el respeto ineludible a los derechos fundamentales y libertades
públicas de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y
Provincial, debiendo ponderarse para ello en cada caso particular, la relación
existente entre la finalidad perseguida y la posible afectación de los derechos
personalísimos, en especial a la imagen, a la voz y a la intimidad;
b)        procedencia, que implica que sólo podrán emplearse los sistemas de
captación cuando su uso resulte adecuado, en una situación concreta, para
asegurar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de las vías y
espacios públicos, la elaboración de políticas públicas de planificación urbana
y, la prevención de delitos, faltas e infracciones relacionadas con la
seguridad ciudadana y,
c)        intervención mínima, que exige la ponderación en cada caso, entre la
finalidad pretendida y la posible afectación de los derechos de las personas
por la utilización de los sistemas de captación.

ARTÍCULO 6.– Límites a la Instalación de Sistemas de Captación. La instalación
de sistemas de captación será admitida siempre que se realice de acuerdo con
los principios establecidos en la presente ley y no se afecte de forma directa
y grave los derechos de las personas.
Se prohíbe la instalación y funcionamiento de sistemas para la captación de
imágenes en todo lugar donde se pueda afectar la intimidad y privacidad de las
personas, sean estos públicos o de acceso público, como también, en lugares
privados de acceso público, salvo que medie autorización judicial expresa.
Las videocámaras instaladas en la vía pública no podrán captar sonidos, salvo
que medie autorización judicial expresa.

ARTÍCULO 7.– Seguridad de la Información. El responsable del sistema de
captación debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten
necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos
personales que puedan derivar de la información tratada, de modo de evitar su
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan
detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los
riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.
Queda prohibido registrar datos personales o sensibles en archivos, registros o
bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad. El
tratamiento de los datos personales estará sujeto a las normas emanadas de la
Ley Nacional N° 25.326 o de la que en el futuro la modifique o reemplace.
La Autoridad de Aplicación debe promover la cooperación entre sectores públicos
y privados a los efectos de la implementación de esta ley.

ARTÍCULO 8.– Deber de Secreto. Toda persona que intervenga en cualquier fase del
tratamiento de la información está obligada al secreto profesional. Tal
obligación subsiste aún después de finalizada la relación jurídica a cuyo
título intervino en el tratamiento, y se extiende además a cualquier persona
que en razón del ejercicio de sus funciones o de un modo accidental tenga
acceso a las imágenes, sonidos o datos obtenidos en virtud de las actividades
reguladas en la presente ley.
Cuando no haya lugar a exigir responsabilidades penales, las infracciones a lo
dispuesto en la presente deben ser sancionadas con arreglo al régimen
disciplinario correspondiente a los infractores y, en su defecto, con sujeción
al régimen de sanciones en materia de protección de datos personales.
El obligado a guardar secreto puede ser relevado de tal deber por resolución
judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la
defensa nacional o la salud pública.

ARTÍCULO 9.– Confidencialidad de la Información. La información obtenida tiene
carácter absolutamente confidencial y la misma sólo podrá ser requerida por
magistrados, fiscales o defensores, que se encuentren abocados a la
investigación o al juzgamiento de causas contravencionales o penales.
Las personas que sean responsables de los sistemas de seguridad basados en la
filmación o grabación, son garantes de la confidencialidad de los datos e
imágenes obtenidas, siendo civil y penalmente responsables por los daños
producidos por la difusión de las mismas, por otras vías que no sean las
determinadas por la presente norma.

ARTÍCULO 10.– Registro de Sistemas de Captación. Inscripción. Todo sistema de
captación, sea instalado por el sector público o por particulares, en espacios
públicos o privados con acceso público, debe inscribirse en el Registro que al
efecto habilite la Autoridad de Aplicación, en el que conste primordialmente la
localización, características y acto de autorización de todos los sistemas de
captación que se hayan instalado en todo el territorio provincial,
especificando su estado operativo y otros datos que puedan resultar de interés.
El registro debe comprender como mínimo la siguiente información:
a)        nombre y domicilio del responsable;
b)        características y finalidad del sistema;
c)        naturaleza de la información que se tratará;
d)        forma en la que se tratarán las imágenes, sonidos y la información
derivada de ellas;
e)        destino de la información que se recabará, de los datos que fueran su
consecuencia y de las personas físicas o de existencia ideal a las que pueden
ser transmitidos;
f)          modo de interrelacionar la información o datos registrados;
g)        medios utilizados para garantizar la seguridad de la información y de
los datos, debiendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento
de la información;
h)        tiempo de conservación de las grabaciones, y de los datos;
i)          forma y condiciones en que las personas pueden acceder a la
información y a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar
para garantizar el ejercicio de sus derechos, en particular la rectificación,
actualización, confidencialidad, etc., de los datos obtenidos. Dentro de los
doce meses de entrada en vigor de la presente ley, la Autoridad de Aplicación
debe relevar las instalaciones de sistemas de captación actualmente existentes,
y debe disponer la destrucción de las grabaciones que no reúnan las condiciones
legales para su conservación.
La Autoridad de Aplicación debe reglamentar la obligación contenida en este
artículo de modo tal de facilitar la inscripción al registro considerando la
cantidad y calidad de sistemas de captación, las posibilidades de afectación de
particulares, acorde a los principios de esta ley.

ARTÍCULO 11.– Creación, Modificación o Supresión de Sistemas de Captación. Las
normas sobre creación, modificación o supresión de sistema de captación y de
creación de archivos, registros o bancos de datos pertenecientes al sector
público deben hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín
Oficial.
Las disposiciones respectivas, deben indicar:
a)        características y finalidad del sistema y de los archivos;
b)        categoría de personas respecto de las cuales se pretenda obtener
información y datos;
c)        procedimiento de obtención de las imágenes y sonidos;
d)        características técnicas del sistema de captación y característica y
estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la
naturaleza de los datos personales que contendrán;
e)        las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;
f)          órganos responsables del sistema de captación y de los archivos de
datos que genere, precisando dependencia jerárquica en su caso;
g)        las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en
ejercicio de los derechos por parte de las personas físicas o de existencia
ideal que pudieran verse afectadas por el tratamiento de la información.
Previo a la instalación de videocámaras o de cualquier medio técnico análogo, la
Autoridad de Aplicación debe dictar un acto administrativo que autorice
formalmente su implementación, en el cual se deben detallar, además de los
ítems mencionados en el párrafo anterior, los fundamentos que llevaron a la
adopción de tal decisión; su tiempo en vigencia –que no podrá superar los 12
meses- y a cuyo término, y en caso de subsistir la circunstancia que la
motivaron, se tendrá que emitir un nuevo acto que renueve al primigenio; el
lugar concreto de su ubicación; su objeto de observación, como también, el
ámbito físico susceptible de ser grabado, y las condiciones de uso y la
autoridad encargada de procesar y almacenar la información recabada.
La Autoridad de Aplicación debe contar previamente con la autorización de la
Municipalidad o Comuna de la decisión de instalar videocámaras en su
jurisdicción, la que debe contener los recaudos exigidos en el artículo 5.
En las disposiciones que se dicten para la supresión de los sistemas de
captación y de los registros informatizados consecuentes, se debe establecer el
destino de los mismos o las medidas que se adopten para su destrucción.

ARTÍCULO 12.– Utilización de las Grabaciones. La obtención de imágenes y sonidos
realizada en el marco de la presente ley no tendrá por objeto la formulación de
denuncias judiciales por parte de la Autoridad de Aplicación.
Si se observara la comisión de algún delito de acción pública deberá formularse
la pertinente denuncia.

ARTÍCULO 13.– Destrucción de las Grabaciones. Las grabaciones deben ser
destruidas en el plazo que la Autoridad de Aplicación determine, que en ningún
caso puede superar el año ni ser menor de los treinta (30) días hábiles
contados desde su captación.
No deben destruirse las grabaciones que estén relacionadas con infracciones
penales o administrativas en materia de seguridad ciudadana, con un
procedimiento judicial o administrativo en curso. Los períodos de feria
judicial son considerados como días inhábiles.

ARTÍCULO 14.– Derecho de Acceso y Cancelación. Cualquier interesado que
razonablemente considere que ha sido objeto de grabación, puede ejercer los
derechos de acceso y cancelación o destrucción. El ejercicio de estos derechos
puede ser denegado, por resolución judicial.

ARTÍCULO 15.– Derecho de información. Instalación de carteles indicadores de
observación remota. Los ciudadanos deben ser informados por medio de colocación
de carteles gráficos que especifiquen, de manera clara y permanente, el
emplazamiento en los lugares público o de acceso público, de videocámaras o
cualquier otro medio análogo, excepto orden judicial en contrario.
Los carteles indicativos que adviertan que determinados sectores están sujetos a
observación remota, deben especificar además la autoridad responsable de su
aplicación ante la que pueden recurrir los afectados para ejercer sus derechos.
La Autoridad de Aplicación debe establecer las características y ubicación de
dichos carteles indicadores, que deben ser claramente visibles y estar ubicados
de forma que no dejen lugar a dudas el inicio y culminación de los sectores
captados por los sistemas instalados.
La cartelería debe contener un teléfono de acceso gratuito, la dirección
electrónica y la dirección postal de los lugares u oficinas para presentar
reclamos y quejas.

ARTÍCULO 16.– Instalaciones que requieran la afectación de propiedades privadas.
Todo propietario o poseedor por cualquier título de los bienes que pudieran
verse afectados por las instalaciones reguladas en la presente ley, está
obligado a facilitar y permitir su colocación y mantenimiento, sin perjuicio de
la necesidad de obtener, de parte de la autoridad de aplicación, en su caso, la
autorización judicial correspondiente, y de las indemnizaciones que procedan
según las leyes vigentes.

ARTÍCULO 17.– Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determina, de
conformidad con las competencias emergentes de la ley de Ministerios, el
Ministerio que se debe desempeñar como Autoridad de Aplicación.
Los funcionarios que ejerzan las funciones previstas en la presente ley deben
ser designados considerando expresamente sus antecedentes personales. El
funcionario responsable del área debe ser una persona que no cuente o haya
contado con estado policial o militar.

ARTÍCULO 18.– Comisión de Garantías de Videovigilancia. Créase la Comisión de
Garantías de Videovigilancia, la que estará compuesta por:
1.      Los presidentes de las Comisiones de Derechos y Garantías de la Cámara
de Diputados y de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores de la Provincia,
o las que en el futuro las reemplacen con competencia en materia de seguridad
pública;
2.      Un representante del Poder Ejecutivo y un representante del Poder
Judicial.
La Comisión tiene las siguientes facultades:
a)        emitir informes sobre las solicitudes de instalaciones fijas de
sistemas de captación;
b)        ser informada de las resoluciones de autorización de sistemas de
captación móviles y de la utilización que se haga de ellas;
c)        recabar en cualquier momento el soporte físico de las grabaciones
efectuadas por videocámaras móviles y emitir un informe al respecto;
d)        solicitar la destrucción de las grabaciones cuando consideren que se
han cumplido las prescripciones legales de su procedencia;
e)        requerir de las autoridades responsables la información necesaria para
el ejercicio de sus funciones y,
f)          formular cuantas recomendaciones estime oportunas en el ámbito de
sus competencias.

ARTÍCULO 19.– Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente
ley dentro de los ciento veinte (120) días de su publicación.

ARTÍCULO 20.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A LOS
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
Firmado:     Eduardo Alfredo Di Pollina – Presidente Cámara de Diputados
                   Griselda Tessio – Presidenta Cámara de Senadores
                   Lisandro Rudy Enrico – Secretario Parlamentario Cámara de
Diputados
                   Ricardo H. Paulichenco – Secretario Legislativo Cámara de
Senadores

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 20 DIC 2010

De conformidad a lo prescripto en el Artículo 57 de la Constitución Provincial,
téngasela como ley del Estado, insértese en el Registro General de Leyes con el
sello oficial y publíquese en el Boletín Oficial.
Firmado: Antonio Juan Bonfatti – Ministro de Gobierno y Reforma del Estado.


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