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CABA: Propuesta de reforma de ley 104 de acceso a la información.

Posted: noviembre 18th, 2011 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, América Latina, Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Proyecto de Ley | Tags: | Comentarios desactivados

PROYECTO DE LEY

 

Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 1º de la ley 104, clinic el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 1º.- Derecho a la información.

Toda persona tiene derecho, more about de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, capsule a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, Descentralizada, Entes Autárquicos, Organismos Interjurisdiccionales integrados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación Estatal mayoritaria, Sociedades de economía mixta, todas aquellas otras organizaciones Empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo, Judicial, Entes Públicos no Estatales, en cuanto a su actividad Administrativa, y de los demás Órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Las empresas concesionarias de servicios públicos están obligadas a brindar, en los términos de la presente ley, toda la información relacionada con el servicio público que prestan”.

 

Art. 2º.- Modifíquese el artículo 2º de la ley 104, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 2º.- Alcances.

Debe proveerse la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido o que se encuentre en su posesión y bajo su control. Se considera como información a los efectos de esta ley, cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales”.

 

Art. 3º.- Incorpórese el siguiente texto como artículo 6º bis de la ley 104:

Artículo 6º bis.- Sistematización.

Los organismos y dependencias públicas deberán sistematizar, en los casos que resulte necesario, la información solicitada en virtud de la presente ley.

Asimismo, deben crear bases de datos fácilmente accesibles para que la información se encuentre disponible en todo momento al público.

Los pedidos de información realizados por particulares, y sus contestaciones, deben estar al alcance de cualquier persona y publicarse en el sitio web de la Ciudad. Para ello se realizará un registro temático para facilitar su búsqueda.”

 

Art. 4º.- Incorpórese el siguiente texto como artículo 6º ter de la ley 104:

Artículo 6º ter.- Capacitación.

El Poder Ejecutivo promoverá la capacitación a sus funcionarios y empleados respecto de los alcances de la presente ley y los mecanismos a implementar para asegurar su cumplimiento.”

 

Art. 5º.- Modifíquese el artículo 7º de la ley 104, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 7º.- Plazos.

Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano requerido debe comunicar y fundamentar por escrito, antes del vencimiento del plazo de diez (10) días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.”

 

Art. 6º.- Incorpórese a la ley 104 el artículo 9º ter, el que quedará redactado con el siguiente texto:

Artículo 9º ter.- Responsable.

En cada organismo alcanzado por la presente ley, según lo establecido en el Art. 1º, se deberá designar un/a responsable a cargo del cumplimiento de las previsiones de la misma.”

 

Art. 7º.- Modifíquese el artículo 10º de la ley 104, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 10º – Infracciones a la ley. Responsabilidades.

Se considerarán infracciones a esta Ley la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido en el artículo 7º, o la denegatoria injustificada o arbitraria a brindar la información solicitada, la demora en la publicación, falsedad u ocultamiento de su contenido y todo acto u omisión que afecte el regular ejercicio del derecho que esta Ley establece.

Sin perjuicio de las consecuencias civiles y penales que correspondan, el funcionario público o agente responsable que su conducta encuadre en las prescripciones descriptas en el párrafo anterior u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, es considerado incurso en falta grave y puede ser considerada causal de remoción del cargo.

Las empresas de servicios públicos que no cumplan con las obligaciones exigidas en la presente Ley, serán pasibles de las sanciones previstas en las normas o contratos que regulan la concesión del servicio público correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder.”

 

Art. 8º.- Incorpórese a la ley 104 el artículo 13º, el que quedará redactado con el siguiente texto:

Artículo 13º.- Educación.

Se deberá promover, tanto por medios formales como no formales, la difusión del Derecho a la Información como un principio básico de todo sistema republicano de gobierno.

La máxima dependencia del Poder Ejecutivo en materia educativa incorporará en la capacitación de los docentes como en los programas de educación la temática del Derecho a la Información.-”

 

Art. 9º.- Comuníquese, etc.

 

FUNDAMENTOS

 

Sr. Presidente:

La Reforma Constitucional de 1994 introdujo algunos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que mencionan expresamente el derecho a la información en sus textos.

En efecto, con la normativa proveniente de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía Constitucional, sus contenidos se convierten en pautas de interpretación obligatoria para los poderes públicos. De esta forma podemos considerar que no habría inconveniente en invocar en justicia el derecho al libre acceso a la información pública, ya que éste tiene su regulación expresa dentro del llamado “bloque de constitucionalidad” al cual estos tratados pertenecen.

Así, el derecho a la información fue universalmente reconocido mediante la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de Diciembre de 1948 (LA 1994-B-1611), por la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU).-

La libertad de expresión se encuentra íntimamente relacionada con el derecho al acceso a información. Ya en 1946, la Asamblea General de la ONU había declarado que la libertad de información es un derecho humano fundamental, la piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas.

Otro documento internacional que recepta este derecho es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (LA 1994-B-1639) que establece el derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

El derecho de libre acceso a la información también goza de jerarquía constitucional al estar comprendido en el artículo 13, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, incluyendo por supuesto a la relacionada con el medio ambiente.

Sabido es que nuestro sistema democrático representativo ha generado, a partir de la reforma constitucional del año 1994, formas semidirectas de democracia -iniciativa popular y consulta popular- que tienden a una participación mayor de la sociedad en la toma de decisiones de los gobernantes.

En este sentido, corresponde manifestar el derecho de acceso a la información integra un concepto más amplio pero de indudable importancia constitucional que se levanta desde el bastión de la “Participación” en la defensa de los derechos civiles y sociales.

Si participar es actuar, intervenir, real, efectiva y responsablemente en una cosa, debe estimularse la participación individual y la cooperación social en la atención de las necesidades colectivas, mas aún con la complejidad vital moderna que requiere una participación más activa de los cuerpos o entidades intermedias, vecinales, ambientalistas, etc., para dar sustento a una democracia pluralista, con mecanismos semidirectos, de “soberanía compartida”, conforme dimana de la Constitución Nacional de 1994. (conf. arts. 37, 38, 39, 40, 42, 86 CN. “En la democracia de la opinión pública, el sentido colectivo -el poder de la gente- se canaliza funcionalmente en una participación directa” Augusto M. Morello).

Por ello creo necesario realizar algunas reformas de la ley 104 producto de la experiencia que se desprende de la aplicación de tan valiosa normativa. En el mismo sentido considero indispensable la introducción de nuevos artículos que ayudarán para que el derecho a la información consagrado obtenga aún mayor virtualidad.

Para ello se buscará crear una “cultura de la información” en los/as funcionarios/as obligando a su capacitación en esta temática.

También de la experiencia surge la necesidad de modificar el artículo 7 de la ley, con el objetivo de que las razones por las cuales se pueda prorrogar la entrega de información, deban ser fundamentadas por escrito. De esta manera evitamos un uso abusivo de la prorroga y reafirmamos la premisa que todo acto de gobierno debe ser fundamentado.

Otra deficiencia que se intenta solucionar con el presente proyecto es la falta de previsión de la designación de un/a responsable en cada organismo que esté a cargo de brindar esa información.

Con respecto al tema de los pedidos de informes realizados anteriormente –tanto de particulares como de la Legislatura-, se establece que dichos pedidos como sus contestaciones se encuentren a disposición de la totalidad de la población garantiza una mayor realización del derecho que la ley 104 garantiza. Además ayuda a despejar dudas compartidas y evita la reiteración de informes por la entidad gubernamental atento que muchas inquietudes de la ciudadanía seguramente van a ser evacuadas con la consulta de informes ya realizados.

Asimismo, resulta útil destacar que el presente proyecto intenta enfrentar la ausencia de una cultura de la información en nuestro país atento que los textos escolares no tratan este tema y la falta de capacitación de los docentes.

Por último, cabe agregar que este proyecto y sus fundamentos reconocen como antecedente el proyecto presentado por el Diputado (MC) Facundo M. Di Filippo, que tramitó por Exp. Nº 1372-D-2007.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Ley.


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