Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Comentario crí­tico al proyecto de ley de habeas data para Colombia

Posted: mayo 27th, 2007 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, Colombia, Doctrina, Habeas Data, Público en general | No Comments »

El presente es un comentario al proyecto de ley de habeas data que está por aprobarse en Colombia, page realizado por el experto en protección de datos Nelson Romolina.

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Red latinoamericana de habeas data y protección de datos personales

Posted: abril 17th, 2007 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, América Latina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Referencia, Uruguay | Comentarios desactivados

Habeas Data en América Latina

Habeas Data Argentina
http://www.habeasdata.org
Foro de Habeas Data – Dr. Pablo A. Palazzi

Habeas Data Brasil
http://www.habeasdata.org.br
Danilo Doneda

Habeas Data Chile
http://www.habeasdataorg.cl
Renato Jijena Leiva

Habeas Data Colombia
http://www.habeasdata.org.co/
Nelson Remolina Angarita

Habeas Data Uruguay
http://www.habeasdata.org.uy/
Dra. Ana Brian Nougreres

Habeas Data Perú
http://www.habeasdata.org.pe/
Próximamente


Proyecto de ley sobre habeas data presentado en dí­as recientes al Congreso colombiano

Posted: septiembre 18th, 2006 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, Colombia, Habeas Data, Proyecto de Ley | No Comments »

Proyecto de ley sobre habeas data presentado en dí­as recientes al Congreso colombiano

Senado de la República
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA No 27 DE 2006 S
-Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, viagra buy en especial la financiera y crediticia, y se dictan otras disposiciones-

El Congreso de Colombia

DECRETA:

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Reforma Código Penal de Colombia (2006)

Posted: julio 29th, 2006 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, Delitos, Normas | No Comments »

*Colombia – Ley 1032 del 22/06/2006 por la cual se modifican los artí­culos 257, side effects 271, prothesis 272 y 306 del Código Penal.*

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artí­culo 1* °. El artí­culo 257 d el Código Penal quedará así­:

Artí­culo 257. De la prestación, visit acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones. El que, sin la correspondiente autorización de la autoridad competente, preste, acceda o use servicio de telefoní­a móvil, con ánimo de lucro, mediante copia o reproducción de señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, o sus derivaciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y en multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mí­nimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá el que, sin la correspondiente autorización, preste, comercialice, acceda o use el servicio de telefoní­a pública básica local, local extendida, o de larga distancia, con ánimo de lucro.

Iguales penas se impondrán a quien, sin la correspondiente autorización, acceda, preste, comercialice, acceda o use red, o cualquiera de los servicios de telecomunicaciones definidos en las normas vigentes.

Parágrafo 1* °. No incurrirán en las conductas tipificadas en el presente artí­culo quienes en virtud de un contrato con un operador autorizado comercialicen servicios de telecomunicaciones.

Parágrafo 2* °. Las conductas señaladas en el presente artí­culo, serán investigables de oficio.

Artí­culo 2* °. El artí­culo 271 del Código Penal quedará así­:

Artí­culo 271. Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mí­nimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes:

1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, cientí­fico, artí­stico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a cualquier tí­tulo dichas reproducciones.

2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artí­stico.

3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas.< /o:p>

4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales.

5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las protegidas en este tí­tulo.

6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión.

7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción.

Artí­culo 3* °. El artí­culo 272 del Código Penal quedará así­:

Artí­culo 272. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mí­nimos legales mensuales vigentes, quien:

1. Supere o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no autorizados.

2. Suprima o altere la información esencial para la gestión electrónica de derechos, o importe, distribuya o comunique ejemplares con la información suprimida o alterada.

3. Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al público un dispositivo o sistema que permita descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legí­timo de esa señal; o, de cualquier forma, eluda, evada, inutilice o suprima un dispositivo o sistema, que permita a los titulares del derecho controlar la utilización de sus obras o fonogramas, o les posibilite impedir o restringir cualquier uso no autorizado de estos.

4. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación, liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos necesarios para estos efectos.

Artí­culo 4* °. El artí­culo 306 del Código Penal quedará así­:

Artí­culo 306. Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mí­nimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.

Artí­culo 5* °. Derogatoria y vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

La Presidenta del honorable Senado de la República,

Claudia Blum de Barberi.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Julio E. Gallardo Archbold.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL

Publí­quese y ejecútese.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2006.

íLVARO URIBE Ví‰LEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.
***


TEDH – Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden

Posted: julio 6th, 2006 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, DDHH, Europa, Público en general, Seguridad, TEDH, Unión Europea | Tags: | Comentarios desactivados

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
6.6.2006
Press release issued by the Registrar
CHAMBER JUDGMENT
SEGERSTEDT-WIBERG AND OTHERS v. SWEDEN

The European Court of Human Rights has today notified in writing its Chamber judgment1 in the case of Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden (application no. 62332/00).

Concerning four of the applicants (Per Nygren, symptoms Staffan Ehnebom, physiotherapist Bengt Frejd and Herman Schmid), visit this site the Court held unanimously that there had been:

* · a violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights;

* · a violation of Article 10 (freedom of expression) of the Convention; and

* · a violation of Article 11 (freedom of assembly and association).

Concerning all five applicants (including Ingrid Segerstedt-Wiberg), the Court held unanimously that there had been:

* · a violation of Article 13 (right to an effective remedy).

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Colombia: fracasa nuevo intento de aprobar proyecto de Ley de Habeas Data

Posted: junio 3rd, 2006 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, Habeas Data, Proyecto de Ley | No Comments »

*Colombia pospone tratamiento del proyecto de ley de Habeas Data*
_por Henry Plazas Figueroa_ hplazas@larepublica.com.co
Publicado originalmente en diario “La República”:http://www.la-republica.com.co/noticia.php?id_notiweb=57308&id_subseccion=11&template=noticia&fecha=2006-05-11 (Bogotá)

Los deudores colombianos tendrán que esperar para que el paí­s promulgue una ley estatutaria que reglamente el uso y el manejo de la información, treat en especial la que tiene que ver con el historial crediticio.

Ayer, health system luego de un *noveno intento para que fuera debatida por el Congreso*, la iniciativa que estaba en curso fue hundida por los parlamentarios de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que no asistieron al acto deliberatorio.

Por tratarse de la reglamentación de una ley estatutaria, ésta necesita surtir los cuatro debates que exige la Corporación, pero luego de varios intentos fallidos, el proyecto de Ley 214/2005 que regula el manejo de la información en las bases de datos, se hundió por no cumplir siquiera con una de las discusiones.

Para el Representante Luí­s Fernando Velasco, uno de los ponentes de la iniciativa, la muerte legislativa del proyecto se inició por una división al interior de la Comisión referente a otorgar una amnistí­a para los morosos financieros.

-Este tema dividió a los ponentes. En principio nosotros lo vení­amos defendiendo y nos llevamos una gran sorpresa cuando el Presidente ílvaro Uribe, a contrapedal de lo que indicaba el ministro de Hacienda, propuso lo que el mismo Gobierno nos pidió que retiráramos del proyecto como era la de dar una amnistí­a a los morosos del sistema financiero-, afirmó el parlamentario.

Aunque no hay ambiente para incluirla en lo que resta de este periodo legislativo, el representante espera que el próximo 20 de julio, los congresistas y el Gobierno lleguen a un acuerdo frente a una nueva fórmula que permita que los colombianos puedan tener un marco regulatorio para defenderse a la hora de que una entidad financiera les niegue un préstamo por sólo encontrarse reportado en estas bases.

-En la nueva propuesta vamos a mirar de qué manera sistematizada, dentro de la ley, permita que los ciudadanos que tuvieron estas dificultades económicas y que hicieron un esfuerzo y se pusieron al dí­a en sus obligaciones sean redimidos.

La idea es trabajar en una reglamentación general para que de hoy en adelante solo aparezcan en las centrales de riesgo y con reporte negativo las personas que están en mora. Aquellas que hagan un esfuerzo y se pongan al dí­a no aparecerán con reporte negativo-, explicó el congresista al referirse al proyecto.

En este nuevo proyecto se contempla mantener el reporte por 5 años, después de cancelar las obligaciones vencidas, sin importar el monto, el tiempo y la voluntad de pago.

Así­ mismo, aunque la información de incumplimiento permanecerá por este tiempo, no es para que se excluya del sistema financiero a quienes se han atrasado en sus obligaciones, sino se trata de una forma de mantener el historial crediticio de las personas, porque para quienes paguen de forma voluntaria el reporte negativo automáticamente será cambiado por uno positivo.

Con esto lo que se busca es que cuando se recurra a las centrales de riesgo (“DataCrédito”:http://ciudadanos.datacredito.com.co/home/index2.php y “Cifin”:http://www.suleasing.com/deSuInteres/cifin.aspx – ver “website”:http://cifin.asobancaria.com/cifin/index.html), éstas deberán afirmar que el historial del futuro deudor es positivo.

*Deudores*
-Los bancos pueden consultar la historia crediticia de las personas, pero una historia completa porque no es lo mismo una persona que tiene más de dos créditos y está en mora que una que ha tenido un problema con un celular o se ha colgado en una cuota bancaria. No se les puede dar el mismo tratamiento-, dijo el representante Velasco.

Agregó que el paí­s urge de esta Ley para que los ciudadanos que se encuentran en estos momentos con malos reportes en las bases de datos, puedan tener una segunda oportunidad en el sistema financiero. Según cifras de las centrales de riesgo en el paí­s existen más de 18 millones de historias crediticias.


Inconstitucionalidad de incluir deudas impositivas en informes comerciales

Posted: mayo 23rd, 2006 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, Casos, Colombia, Informes comerciales | Comentarios desactivados

NOTA: la presente decisión trata sobre la inconstitucionalidad de la pretensión de la Dirección de Impuestos de remitir a las centrales de riesgo privadas la información de los contribuyentes morosos y nos fue facilitada por la Dra. Karin Kuhfeldt.

Colombia – Sala Plena de la Corte Constitucional
Sentencia C-993/04
Referencia: expediente D-5134

Demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 31 de la Ley 863 de 2003

Actor: Karin Irina Kuhfeldt Salazar

Magistrado ponente:
Dr. JAIME ARAíšJO RENTERíA

Bogotá, life D. C., for sale doce (12) de octubre de dos mil cuatro (2004).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, store en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

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Reglas de Heredia

Posted: noviembre 7th, 2003 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, América Latina, Anonimato, Blogs, Buscadores, Datos sensibles, Documento, Google, Habeas Data, Honor, Internacional | Comentarios desactivados

REGLAS MÍNIMAS

PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN JUDICIAL EN INTERNET

Reglas de Heredia

Finalidad

Regla 1. La finalidad de la difusión en Internet de las sentencias y resoluciones judiciales será:

(a) El conocimiento de la información jurisprudencial y la garantía de igualdad ante la ley;

(b) Para procurar alcanzar la transparencia de la administración de justicia.

Regla 2. La finalidad de la difusión en Internet de la información procesal será garantizar el inmediato acceso de las partes o quienes tengan un interés legitimo en la causa, generic a sus movimientos, citaciones o notificaciones.

Derecho de oposición del interesado

Regla 3. Se reconocerá al interesado el derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de difusión, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. En caso de determinarse, de oficio o a petición de parte, que datos de personas físicas o jurídicas son ilegítimamente siendo difundidos, deberá ser efectuada la exclusión o rectificación correspondiente.

Adecuación al fin

Regla 4. En cada caso los motores de búsqueda se ajustarán al alcance y finalidades con que se difunde la información judicial.

Balance entre transparencia y privacidad

Regla 5. Prevalecen los derechos de privacidad e intimidad, cuando se traten datos personales que se refieran a niños, niñas, adolescentes (menores) o incapaces; o asuntos familiares; o que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos; así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad; o victimas de violencia sexual o domestica; o cuando se trate de datos sensibles o de publicación restringida según cada legislación nacional aplicable o hayan sido así considerados en la jurisprudencia emanada de los órganos encargados de la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales.

En este caso se considera conveniente que los datos personales de las partes, coadyuvantes, adherentes, terceros y testigos intervinientes, sean suprimidos, anonimizados o inicializados, salvo que el interesado expresamente lo solicite y ello sea pertinente de acuerdo a la legislación.

Regla 6. Prevalece la transparencia y el derecho de acceso a la información pública cuando la persona concernida ha alcanzado voluntariamente el carácter de publica y el proceso esté relacionado con las razones de su notoriedad. Sin embargo, se considerarán excluidas las cuestiones de familia o aquellas en los que exista una protección legal específica.

En estos casos podrán mantenerse los nombres de las partes en la difusión de la información judicial, pero se evitarán los domicilios u otros datos identificatorios.

Regla 7. En todos los demás casos se buscará un equilibro que garantice ambos derechos. Este equilibrio podrá instrumentarse:

(a) en las bases de datos de sentencias, utilizando motores de búsqueda capaces de ignorar nombres y datos personales;

(b) en las bases de datos de información procesal, utilizando como criterio de búsqueda e identificación el número único del caso.

Se evitará presentar esta información en forma de listas ordenadas por otro criterio que no sea el número de identificación del proceso o la resolución, o bien por un descriptor temático.

Regla 8. El tratamiento de datos relativos a infracciones, condenas penales o medidas de seguridad, sólo podrá efectuarse bajo el control de la autoridad pública. Sólo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de los poderes públicos.

Regla 9. Los jueces cuando redacten sus sentencias u otras resoluciones y actuaciones, harán sus mejores esfuerzos para evitar mencionar hechos inconducentes o relativos a terceros, buscaran sólo mencionar aquellos hechos y datos personales estrictamente necesarios para los fundamentos de su decisión, tratando no invadir la esfera íntima de las personas mencionadas. Se exceptúa de la anterior regla la posibilidad de consignar algunos datos necesarios para fines meramente estadísticos, siempre que sean respetadas las reglas sobre privacidad contenidas en esta declaración. Igualmente se recomienda evitar los detalles que puedan perjudicar a personas jurídicas (morales) o dar excesivos detalles sobre los moda operandi que puedan incentivar algunos delitos. Esta regla se aplica en lo pertinente a los edictos judiciales.

Regla 10. En la celebración de convenios con editoriales jurídicas deberán ser observadas las reglas precedentes.

Definiciones

Datos personales: Los datos concernientes a una persona física o moral, identificada o identificable, capaz de revelar información acerca de su personalidad, de sus relaciones afectivas, su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio físico y electrónico, número nacional de identificación de personas, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad o su autodeterminación informativa. Esta definición se interpretara en el contexto de la legislación local en la materia.

Motor de búsqueda: son las funciones de búsqueda incluidas en los sitios en Internet de los Poderes Judiciales que facilitan la ubicación y recuperación de todos los documento en la base de datos, que satisfacen las características lógicas definidas por el usuario, que pueden consistir en la inclusión o exclusión de determinadas palabras o familia de palabras; fechas; y tamaño de archivos, y todas sus posibles combinaciones con conectores booleanos.

Personas voluntariamente públicas: el concepto se refiere a funcionarios públicos (cargos electivos o jerárquicos) o particulares que se hayan involucrado voluntariamente en asuntos de interés público (en este caso se estima necesaria una manifestación clara de renuncia a una área determinada de su intimidad)

Anonimizar: Esto todo tratamiento de datos personales que implique que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable.

Alcances

Alcance 1. Estas reglas son recomendaciones que se limitan a la difusión en Internet o en cualquier otro formato electrónico de sentencias e información procesal. Por tanto no se refieren al acceso a documentos en las oficinas judiciales ni a las ediciones en papel.

Alcance 2. Son reglas mínimas en el sentido de la protección de los derechos de intimidad y privacidad; por tanto, las autoridades judiciales, o los particulares, las organizaciones o las empresas que difundan información judicial en Internet podrán utilizar procedimientos más rigurosos de protección.

Alcance 3. Si bien estas reglas están dirigidas a los sitios en Internet de los Poderes Judiciales también se hacen extensivas —en razón de la fuente de información— a los proveedores comerciales de jurisprudencia o información judicial.

Alcance 4. Estas reglas no incluyen ningún procedimiento formal de adhesión personal ni institucional y su valor se limita a la autoridad de sus fundamentos y logros.

Alcance 5. Estas reglas pretenden ser hoy la mejor alternativa o punto de partida para lograr un equilibrio entre transparencia, acceso a la información pública y derechos de privacidad e intimidad. Su vigencia y autoridad en el futuro puede estar condicionada a nuevos desarrollos tecnológicos o a nuevos marcos regulatorios.

Heredia, 9 de julio de 2003.

Recomendaciones aprobadas durante el Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la ciudad de Heredia (Costa Rica), los días 8 y 9 de julio de 2003 con la participación de poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y académicos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay.


La provincia de Buenos Aires aprueba ley de acceso a la información pública

Posted: agosto 30th, 2000 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, América Latina, Argentina | Comentarios desactivados

Ley 12475 del 29 de Agosto de 2000.

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de

Artículo 1.- Se reconoce a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo, prescription el derecho de acceso a los documentos administrativos, drugs según las modalidades establecidas por la presente ley.

Artículo 2.- Se consideran documentos administrativos toda representación gráfica, seek fotocinematográfica, electromagnética, informática, digital o de cualquier otra especie, que contenga datos o informaciones provenientes de órganos públicos del Estado provincial cuya divulgación no se encuentre prohibida expresamente por la ley.

Artículo 3.- El derecho de acceso se podrá ejercer mediante el examen y/o extracción de copias de los documentos administrativos, con las modalidades indicadas en la presente ley y su respectiva reglamentación, el examen de los documentos es gratuito.

Artículo 4.- La expedición de copias de cualquier naturaleza estará subordinada al pago del arancel que establezca la reglamentación y que no podrá ser superior a los gastos operativos que demande la obtención de las mismas.

Artículo 5.- La solicitud de acceso a los documentos debe ser fundada. Ella se presentará por escrito firmado en el que consten los datos identificatorios personales del solicitante y ante la dependencia oficial que ha conformado el documento o lo retiene en su poder.

Artículo 6.- El derecho de acceso a los documentos no se otorgará cuando se trate del examen de actos preparatorios, en los casos explícitamente establecidos por leyes especiales, y cuando la divulgación de ellos pudiere perjudicar el derecho de privacidad de terceros a afectar su honor.

Artículo 7.- Transcurridos 30 días hábiles sin que la autoridad se haya expedido, la solicitud se considerará denegada.

Artículo 8.- Contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos, o en el caso previsto en el artículo 7, podrán interponerse las acciones de amparo o hábeas data, según corresponda.

Artículo 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


Textos constitucionales de Habeas data

Posted: febrero 20th, 2000 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, América Latina, Argentina, Constitucion, Habeas Data, Honor | Comentarios desactivados

ARGENTINA


Provincia de Buenos Aires

Artículo 20.- Se establecen las siguientes garantías de los derechos constitucionales:

1-      Toda persona que de modo actual o inminente, cardiology sufra en forma ilegal o arbitraria, pharm cualquier tipo de restricción o amenaza en su libertad personal, podrá ejercer la garantía de Habeas Corpus recurriendo ante cualquier juez.

Igualmente se procederá en caso de agravamiento arbitrario de las condiciones de su detención legal o en el de desaparición forzada de personas.

La presentación no requerirá formalidad alguna y podrá realizarse por sí mismo o a través de terceros, aún sin mandato.

El juez con conocimiento de los hechos y de resultar procedente, hará cesar inmediatamente y dentro de las veinticuatro horas, la restricción, amenaza o agravamiento, aún durante la vigencia del estado de sitio. Incurrirá en falta grave el juez o funcionario que no cumpliere con las disposiciones precedentes.

2-      La garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos.

El Amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable y no procediese la garantía de Habeas Corpus.

No procederá contra leyes o contra actos jurisdiccionales emanados del Poder Judicial.

La ley regulará el Amparo estableciendo un procedimiento breve y de pronta resolución para el ejercicio de esta garantía, sin perjuicio de la facultad del juez para acelerar su trámite, mediante formas más sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada.

En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivos.

3-      A través de la garantía de Habeas Data que se regirá por el procedimiento que la ley determine, toda persona podrá conocer lo que conste de la misma en forma de registro, archivo o banco de datos de organismos públicos, o privados destinados a proveer informes, así como la finalidad a que se destine esa información, y a requerir su rectificación, actualización o cancelación. No podrá afectarse el secreto de las fuentes y el contenido de la información periodística.

Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios ni será proporcionado a terceros, salvo que tengan un interés legítimo. El uso de la informática no podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos.

Todas las garantías precedentes son operativas. En ausencia de reglamentación, los jueces resolverán sobre la procedencia de las acciones que se promuevan, en consideración a la naturaleza de los derechos que se pretendan tutelar.

Córdoba

Salta