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JUEGOS POR INTERNET (LUDOPATIA)

Posted: febrero 2nd, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Internet | No Comments »

JUZGADO EN LO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

JUEGOS POR INTERNET (LUDOPATIA)

CAUSA 14.726-JC/001

AUTOS: “LEOPOLDO, pilule INES S/ INFRACCION A LOS ARTS. 3 Y 4 LEY 255.”

Buenos Aires, health care 6 de noviembre de 2001.-

Y VISTOS:

La presente causa n* ° 14.726-JC/2001, information pills sumario n* ° 3001 del registro del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional N* ° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a mi cargo, seguida por la presunta comisión de las conductas previstas en los arts. 3 y 4 de la Ley 255 contra INí‰S MARíA LEOPOLDO, argentina, nacida el 15 de enero de 1958 en esta ciudad, D.N.I. n* ° 11.703.585, de estado civil casada, hija de Osvaldo Jacinto y Esther Olga Merino, de profesión ingeniera electrónica, domiciliada en Billinghurst 2574 piso 4 depto. “A” de esta ciudad y constituido conjuntamente con sus defensores, Dres. Javier López Biscayart y Natalia Barbero, en Presidente Roque Saenz Peña 1219 piso 5, of. 501 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.-

DE LA QUE RESULTA:

a- Conforme el requerimiento de juicio obrante a fs. 160/163 y ampliación del mismo durante la audiencia (art. 381 CPPN en función del art. 6 LPC), el objeto del juicio quedó establecido de la siguiente manera: el Sr. representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Sergio Martí­n Lapadú, imputa a la epigrafiada la promoción, comercialización y oferta de sorteos y apuestas de distintos juegos (bingo, casino, black jack, etc.) a través del portal denominado “Terra.com.ar”, con la consiguiente promesa de premios no contando con la autorización o licencia pertinente otorgada por Loterí­a Nacional S.E., ello en forma continua desde el 24/03/2000 hasta el 19/12/2000. De igual manera, el desarrollo de sorteos, apuestas o juegos que, estando permitidos o autorizados por la leyes locales, no lo fueran en el lugar que la ley indica o que de cualquier modo violentaren reglamentaciones al respecto. La imputación comprende la promoción del denominado “Bingo Blitz” y otros juegos proveí­dos por la firma UPROAR, y el fomento de juegos de casino ofrecidos por “CASINO ON NET” desde un banner de publicidad. La calificación legal que postula es la prevista en los arts. 3 y 4 de la Ley 255.

b- A la hora de los alegatos, tal como se extrae del contenido del acta labrada al efecto y a la que me remito, el Sr. Fiscal mantuvo la acusación oportunamente formulada, mientras que la defensa solicitó la absolución de su prohijada.

c- Haciendo uso de la facultad prevista en el art. 409 segundo párrafo del CPPN, el suscripto ha deliberado y decidido que las cuestiones a tratar son las siguientes:1- Sobre la materialidad del hecho.-2- La participación y responsabilidad de la acusada.-3- La calificación legal.-4- Algunas consideraciones sobre el juego on-line o por internet y la libertad de expresión.-6- La sanción a imponer.-

Y CONSIDERANDO:

1.- Sobre la materialidad del hecho.
Se inician las presentes actuaciones con motivo de la denuncia instaurada por Loterí­a Nacional S.E., actuando en su representación la Dra. Adriana Edith Manassero, abogada instructora de la subgerencia de Sumarios de la citada entidad.
En su presentación obrante a fs. 2/3, da cuenta de la verificación por parte de la Gerencia de Promociones y Colectas de la entidad, al momento del lanzamiento de un nuevo portal en la web (terra.com) del funcionamiento de un BINGO en la página UPROAR, denominado “BINGO Blitz”. Que luego de sendas intimaciones, a fs. 26 del expediente n* ° 372.543/00 obra la respuesta de TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A., en la que explica que el juego es prestado y administrado por un tercero: la firma UPROAR, y que aquella no ejerce control alguno sobre su funcionamiento. El sumario administrativo concluye con la formalización de la presente denuncia.
í‰sta es ratificada a fs. 10, oportunidad en la que se adjuntan copias certificadas del expediente n* ° 372.543/00, agregadas a fs. 11/81.A través de una pericia informática practicada por orden del Sr. Fiscal (fs. 83 bis/94), se accedió al portal de ingreso del web site (URL: www.terra.com.ar), constatando la existencia de un banner en el buscador que bajo la rúbrica “Juego en lí­nea”, proponí­a “jugar ahora” a blackjack, ruleta, tragamonedas y videopoker a través de “Casino on net”;; grabándose en soporte magnético e imprimiéndose en papel todas las páginas iniciales de cada juego, incluyendo los denominados bacará y dados. El acceso por parte del perito al portal se produjo el 12 de febrero del año en curso. Ahora bien, por un lado el examen practicado por el perito no guarda relación con el encomendado por el titular de la investigación, ni su informe revela idoneidad suficiente para pronunciarse respecto de diversos aspectos atinentes al caso. Basta para ello mencionar que no supo explicar la razón por la cual no coincidí­a la impresión en papel con el contenido del soporte magnético, en el que no fue posible visualizar el banner de casino on net.
A fs. 102/149 se agrega un escrito presentado por la defensa, adjuntado copias certificadas y traducidas del contrato suscripto en idioma inglés entre UPROAR Ltd. y TELEFÓNICA INTERACTIVA DE CONTENIDOS (actualmente, TERRA NETWORKS S.A.), y del intercambio epistolar a consecuencia de la decisión de quebrar dicho ví­nculo a raí­z de las presentes actuaciones.
Durante la audiencia de juicio, se escuchó el descargo de Inés Marí­a Leopoldo, en el que expuso su trayectoria profesional, su relación con los hechos que se le atribuyen, su desconocimiento respecto de la ilegalidad de los juegos proveí­dos por UPROAR y su comportamiento posterior a la intimación cursada por Loterí­a Nacional S.E..Precisó que al asumir el control de la compañí­a le entregaron los contratos vigentes, entre ellos el suscripto por la sede corporativa con UPROAR, y pudo comprobar en él que la empresa asumí­a ser titular de todos los permisos y derechos, por lo que la relación que los uní­a era de buena fe; que efectivamente se promoví­an los juegos, pero que no habí­a apuestas; que los banners o publicidades de entretenimientos se encuentran en todos los portales; que apenas recibieron al nuevo domicilio la intimación, le exigieron a UPROAR la documentación correspondiente, y que al no recibir respuesta la corporación decidió concluir el contrato; y que tiene mil casos de ejemplos de productos que rechazó personalmente, sin tener que pedir permiso a España, por lo que podí­a tomar la decisión de no implantar un producto en la página; que no lo hizo en este caso porque entendí­a que estaba perfecto. También manifestó que TERRA solicita permisos a Loterí­a Nacional cuando desarrolla juegos por premios que superan los $ 6000 (pesos seis mil). En relación a CASINO ON Net dijo que era un producto distinto de aquel, siendo una publicidad externa que se factura. En definitiva, negó la comisión de los hechos y se mostró sorprendida y afligida por la sustanciación de la presente causa.
La prueba producida a posteriori permite sostener fundadamente que se encuentra acreditada la promoción del juego denominado “Bingo blitz” desde el portal de Internet perteneciente a TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A. (URL: www.terra.com.ar), durante el perí­odo comprendido entre el 24 de marzo y el 19 de diciembre de 2000, con el alcance que habrá de precisarse en los apartados siguientes.
Este criterio se basa en la ratificación del contenido del expediente n* ° 372.543/00, mediante el testimonio de los funcionarios que intervinieron en su labrado; a saber, Graciela Marino, Adriana Edith Manassero, Ena Silvia Venditto y Alberto Carbone; y la documentación obrante en él, particularmente la de fs. 2/15 que da cuenta del acceso al juego efectuado por Graciela Marino, y la glosada a fs. 54 y siguientes en la que se muestra la forma en que desde el portal de TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A. se privilegiaba la difusión de los juegos proporcionados por UPROAR entre los usuarios de aquella. De igual manera, la descripción del juego que se desprende de fs. 61/62.La cuestionada promoción no fue negada, en cuanto a su existencia durante el perí­odo imputado, por parte de la encausada, por lo que sus manifestaciones y las expuestas por el testigo que ofreciera, Germán Victorio Frassa, se erigen en elementos de juicio insoslayables para el presente análisis, sin perjuicio de la valoración que posteriormente se haga de ellas para la determinación de su trascendencia legal.
En igual sentido, las constancias documentales relacionadas con el ví­nculo contractual que uní­a a TERRA NETWORKS S.A. y UPROAR Ltd., contribuyen con aquel objeto, debiendo ponerse de resalto que los convertí­a en socios privilegiados para el enlace de contenidos, coparticipaban en la efectivización de los premios, y se repartí­an el 50 % de los ingresos netos (cláusula 13.2) por los contenidos Uproar, al tiempo que TERRA NETWORKS S.A. le abonaba honorarios por la cesión de los derechos de distribución y provisión de contenidos.
En definitiva, la materialidad del hecho bajo análisis no está controvertida y, por el contrario, se verifica con la prueba rendida durante la audiencia. Las quejas sobre la investigación preliminar pronunciadas por la defensa, si bien legí­timas, no alcanzan a modificar el criterio afianzado.
Diametralmente opuesta es la conclusión respecto a la acusación formulada en torno a la promoción de juegos de casino en lí­nea, vinculados a CASINO ON NET, regenteado por CASSAVA ENTERPRISES Ltd.. En primer lugar, no existe elemento de juicio alguno que permita sostener que tal conducta se desarrolló en el perí­odo contemplado en el requerimiento de juicio ampliado durante el debate, y en realidad que alguna vez se produjera. Si la base de la imputación era, como lo fue, el informe pericial, lo razonable era circunscribirla temporalmente a la fecha en que éste se desarrolló y no a un perí­odo anterior. En segundo lugar, la propia defensa se encargo de informar las circunstancias relativas a la promoción publicitaria efectuada en un perí­odo distinto del precisado en la imputación, sin que se hayan requerido diligencias persecutorias para sustentarla. Las consideraciones precedentes encuentran ratificación en el testimonio brindado por Martí­n Gonzalo Noe. En sí­ntesis, el suceso no ha encontrado acreditación durante este proceso, por lo que debe desvincularse definitivamente a la acusada en referencia al mismo.

2- La participación y responsabilidad de la acusada
Sólo debe ser castigado “quien” realiza la acción tipificada como infracción en los tipos incluidos en la Parte Especial del Código Penal o en su igual del Código Contravencional, o bien, quien omite realizar las conductas debidas previstas en ellos.
El legislador local ha establecido en el artí­culo 1 que se sancionan “conductas que, por acción u omisión, implican daño o peligro cierto para los bienes jurí­dicos individuales o colectivos”, delineando claramente así­ el sentido y objeto del Derecho Contravencional vigente, por lo que ninguna duda cabe que éste observa la manda constitucional inserta en el art. 13 inciso 9 CCABA y que la acción resulta fundamento de toda contravención, sin importar sus modos de exteriorización (esto es, que pueda presentarse en forma culposa o dolosa y activa u omisiva).Es indudable entonces que hablamos de conductas humanas y que el tipo legal es únicamente una acción tipificada por el derecho contravencional y relacionada con su idoneidad para lesionar o poner en peligro un bien jurí­dico que posee la especial protección de aquél. De ello se deduce que la conducta se encuentra en un plano sistemático anterior y que rige plenamente el principio societas delinquere non potest (o bien, universitas delinquere nequit), tal como ocurre mayoritariamente en el derecho penal comparado.
Por su parte, el art. 27 del Código Contravencional precisa que quien “actúe en representación de otro/a responde personalmente por la contravención aunque no concurran en él y sí­ en el representado/a las calidades exigidas por la figura para poder ser sujeto activo de la contravención”.Es decir, requiere que el “representante” (extraneus) lleve adelante la acción u omisión tí­pica, actuando culpable o dolosamente según el caso, para que se le transfieran las calidades requeridas por la norma para ser sujeto activo (intraneus). Tiene que detentar entonces el dominio social del hecho, entendido como “la relación de poder de un sujeto respecto de un determinado ámbito social” (Gracia Martí­n, “El actuar en lugar de otro en Derecho Penal”, Prensas Universitarias Zaragoza, 1985, Tomo I, pág. 361) en el que se encuentra el bien jurí­dico protegido, sustituyendo al único habilitado para su infracción.
Empero, la particular redacción de las normas contravencionales determina que no siempre se consignen expresamente aquellos especiales elementos objetivos de autorí­a que habilitarí­an la aplicación del instituto, debiendo inferirse de la propia norma a aplicar si nos encontramos frente a una contravención común o especial.
Tanto la doctrina cuanto la jurisprudencia han interpretado que la previsión legal alcanza, fundamentalmente, a todos aquellos casos donde una persona jurí­dica detenta las calidades para ser sujeto activo, exigiendo la intervención en carácter de imputados sólo de aquellos que tienen capacidad legal para obligarla y que actúan, en definitiva, por ella. A modo de ejemplo, únicamente puede violar la inhabilitación o ejercer ilegí­timamente una actividad aquel a quien se le haya revocado el permiso o licencia o haya sido inhabilitado por la autoridad administrativa -art. 48-; o sólo puede omitir la supervisión de un menor el padre, madre o encargado de la guarda, tenencia o custodia -art. 50-.Tal es lo que ocurre en la especie. Quien promociona u ofrece los juegos ilegales en esta Ciudad es la empresa TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A., al difundirlos desde su sitio en Internet (www.terra.com.ar) y permitir a través de un enlace o ví­nculo el acceso a ellos de sus propios usuarios. No obstante, careciendo de capacidad de acción y siendo representada por la acusada, quien por otra parte ha demostrado poseer el dominio social del hecho al extremo de afirmar que podí­a quitar -y efectivamente hizo- de la página aquellos contenidos que, según su particular criterio, no fueran convenientes para la marcha de los negocios o la imagen de su representada aún cuando ello significara el incumplimiento de contratos refrendados por la empresa titular del grupo corporativo, TERRA NETWORKS S.A., ninguna duda cabe que el hecho puede serle imputado objetivamente. La acusada detentaba el dominio social, en el sentido que tení­a el señorí­o sobre el desarrollo de los acontecimientos, y sólo ella podí­a consumar el hecho jurí­dico-penalmente relevante y agredir a través de él al bien jurí­dico protegido.
Debe admitirse que el reproche podrí­a configurarse de la siguiente manera: poseyendo la acusada un status o función derivada de su posición en la empresa, el ingreso ocasional en la órbita de su dominio social del bien jurí­dico protegido por la ley 255, la instituyó como único sujeto idóneo para garantizar la vigencia del mismo, o en su caso lesionarlo mediante la comisión de alguna de las conductas tí­picas. Promocionar y ofrecer ilegalmente un juego, en los términos del art. 3 de la ley, puede hacerlo cualquiera; ahora, en las especiales circunstancias del caso, la única en condiciones de asumir la calidad de sujeto activo de la acción desarrollada es la acusada, no sólo desde lo formal por ser la representante legal de la persona jurí­dica titular del dominio sino desde lo sustancial por haber actuado con pleno dominio social, con pleno conocimiento y voluntad para llevar a cabo la acción tí­pica.
La acusada dijo haber revisado los contratos internacionales suscriptos por la “corporación” que eran vinculantes para la filial que preside, como así­ también haber descartado autónomamente aquellos contenidos inconvenientes para la marcha social, al tiempo de haber recurrido al asesoramiento de cuerpos legales para ello en cuanto recibiera el primer cuestionamiento de Loterí­a Nacional. Posteriormente, precisó que esta afirmación sólo contemplaba el perfil editorial del portal, y no otras cuestiones como las que son objeto de análisis en el presente caso. De igual manera, dijo saber de la obligación de solicitar autorizaciones previas en relación a promociones especiales, al extremo de señalar un monto dinerario por debajo del cual aquellas no eran exigidas por la autoridad de contralor. Finalmente, no puede soslayarse que ante el progreso de la presente acción, TERRA NETWORKS S.A. concluyó unilateralmente el contrato suscripto con “UPROAR Ltd.” (ver fs. 109/113 y traducción en fs. 130/133), por considerar incumplida su obligación contractual de incluir entre los contenidos cedidos “material alguno factible de infringir cualquier ley”.En este marco, fuera de toda duda razonable, no existe fundamento alguno para explicar por qué TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A. se somete pací­ficamente a la reglamentación local atinente a la realización de promociones y, al propio tiempo, desconoce flagrantemente la relativa a la promoción y oferta ilegal de juegos de azar (bingo y juegos de casino).Acordado que Inés Leopoldo intervino directamente en los hechos y que lo hizo en representación de “TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A.”, resta hacer referencia al supuesto desconocimiento de la ilegalidad del juego promocionado y ofrecido que gobernaba su accionar. El párrafo antecedente se cierra con una afirmación que implí­citamente da respuesta a la incógnita en la que se basaba, y que encuentra í­ntima relación con la posible existencia de un error de prohibición. Este argumento debe ser descartado por dos razones: la primera por las condiciones socio-culturales de la nombrada, la segunda por el actuar contradictorio puesto de manifiesto supra. La Señora Leopoldo demuestra en el primer aspecto una calidad superlativa que la hace profunda conocedora de las bondades y los inconvenientes que la difusión y el uso de una red de comunicación global supone, como así­ también de las responsabilidades de los proveedores de servicios en cuanto a los contenidos ilegales y/o nocivos que se ponen a disposición de los millones usuarios del sistema -de hecho, cláusulas insertas en las “condiciones generales de uso del portal” dan cuenta del especial celo de su representada al respecto-.

La segunda razón se sustenta en su propio conocimiento profundo de la reglamentación vigente en materia de promociones, que se relaciona estrechamente con la sapiencia y celo profesional considerada anteriormente. Si entendemos por error de prohibición aquel que “impide exclusivamente la comprensión del carácter y entidad de injusto del acto” (Zaffaroni, Eugenio y ot., “Derecho Penal-Parte General, Ediar, pág. 700) y recae únicamente sobre la antijuridicidad de la conducta y no sobre las circunstancias del hecho, ya por la creencia de haber actuado lí­citamente ora por no haberse planteado siquiera la licitud o ilicitud de su hecho (Muñoz Conde, Teorí­a General del Delito, Temis, pág. 122), las razones precitadas permiten descartar completamente que tal extremo se verifique en la especie. Y aún suponiendo que Leopoldo hubiera creí­do sinceramente que la “legalidad” del material -juegos promocionales o de casino- dependí­an exclusivamente de UPROAR Ltd., dejando de lado que los ví­nculos contractuales con ellas fueron concertados por la sede corporativa, esa falsa creencia era perfectamente evitable de haber actuado diligentemente. Tan fácil como su comportamiento posterior lo demuestra, en la medida que se rechazó por orden de la encausada toda pauta publicitaria que se vinculara con juegos de azar.
Adviértase que al formulársele una segunda imputación vinculada a la publicidad de “Casino on net”, su explicación fue que al practicarse la pericia obrante en autos accidentalmente coincidieron las palabras insertas en el buscador para que apareciera la misma y mediante la utilización de un IP no nacional, dado que tal pauta era hacia el exterior. Sin embargo, la mera sustanciación de la presente causa motivó el rechazo de una segunda campaña publicitaria que incluí­a la Argentina como destino de visualización.

En sí­ntesis, la responsabilidad primaria en el acatamiento de las leyes vigentes en materia promoción y oferta de juego recae en cabeza de la encausada, en su carácter de representante legal de la persona jurí­dica que lleva adelante la explotación comercial y facilita a usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos que pone a disposición de éstos, o lo hacen terceros, en su portal de Internet. La pretendida excusa de desviar esa responsabilidad en los usuarios o en los terceros respecto de “la licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos” (cláusula 7.2.2 y otras, Condiciones generales de uso del portal), no puede constituir un concepto dogmático -error de prohibición- que impida afianzar el reproche jurí­dico-contravencional.

3- La calificación legal
El art. 3 de la ley 255 sanciona la promoción, el comercio y la oferta de sorteos o juegos que dependan preponderantemente del alea, la suerte o la destreza, careciendo de la autorización, habilitación o licencia para ello. Estos sorteos o juegos pueden ser realizados mediante procedimientos mecánicos, electromecánicos, electrónicos, informáticos o por cualquier otro; debiendo mediar la promesa de entrega de premios en dinero, bienes muebles o inmuebles, o valores.
En muchos casos, la acción desarrollada por el sujeto activo puede encuadrar en las tres previsiones tí­picas, más no siempre ello es así­. Tal es lo que acontece en el presente caso, donde sólo se atribuye la promoción en un sitio de internet de juegos creados y explotados comercialmente por terceros, mediando una relación contractual entre éstos y quien detenta la calidad de promotor.
Promover, en el sentido técnico-jurí­dico que contiene la norma prohibitiva, significa “fomentar”, “impulsar” o “promocionar” un ejercicio recreativo sometido a reglas en el que se gana o se pierde, y esta acción para ser tí­pica requiere en primer lugar que pueda ser aprehendido por terceros indeterminados, es decir que el medio utilizado debe ser idóneo para llegar a una pluralidad de personas; luego que las caracterí­sticas del juego o sorteos contemple las notas tí­picas enumeradas por el legislador.
En paralelo, la promoción es sinónimo de oferta, ya que la acción supone la presentación del producto, su exposición; en definitiva, su exteriorización “para que todos lo vean”. Ello se acentúa cuando se pone al alcance de un posible interesado la ví­a de acceso para acceder al objeto, en este caso el juego o sorteo, promovido.
Por lo demás, retomando los aspectos tí­picos contemplados en la norma, se exige que lo ofrecido consista en un juego o sorteo que entregue premios en dinero u otros bienes o valores, cuyos resultados dependan del alea, es decir de la casualidad o caso fortuito, o de la destreza o capacidad del competidor. El medio o procedimiento para determinar el triunfador o perdedor del juego, o el agraciado por el sorteo, debe responder a aquella exigencia, es decir que no puede depender de la manipulación o arbitrio de la persona humana, sino en forma preponderante de la suerte o capacidad del participante.
Finalmente, la norma admite cualquier tipo de procedimiento, sin perjuicio de enumerar a modo de ejemplo algunos en particular, entre ellos los procedimientos informáticos. En cuanto a su oferta o promoción, cualquier medio es admisible, aún un sitio de dominio de Internet, que por lo que se verá en el apartado siguiente, es un ámbito más que propicio para difundir la actividad lúdica.
Estos elementos objetivos del tipo se complementan con la inexistencia de la autorización, permiso o habilitación necesaria para su explotación, organización o comercio; aspecto í­ntimamente vinculado a la reglamentación que rija dichas actividades.
En nuestro medio, las particulares circunstancias institucionales de la Ciudad de Buenos Aires, en lo relativo a su progresiva autonomización, determinan que coexistan normas emitidas por su legislatura destinadas a regir plenamente cuando igual calidad tenga su autonomí­a institucional, con aquellas regulaciones sancionadas por el Congreso Nacional en el pasado.
La ley 538 establece que quedan sujetos a sus disposiciones todos los juegos de apuesta que se organicen, administren, exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (art. 1), y que la regulación, autorización, organización, explotación, recaudación, administración y control de ellos, como así­ también de las actividades conexas, es competencia exclusiva de la Ciudad (art. 2). En relación a su publicidad, exige que la promoción publicitaria se limite a la información básica sobre las modalidades y montos, el destino de su resultado económico, y a la advertencia de las consecuencias de la “ludopatí­a” (art. 12). En cuanto a los “bingos” y “casinos” prohí­be su instalación, respetando las salas de bingo ya existentes y declarando el carácter únicamente estatal que puede tener un casino, vedándose la participación privada en su explotación (arts. 9 y 10). Finalmente, decreta que los juegos de apuesta de otras jurisdicciones sólo pueden ser comercializados en la Ciudad, en los términos de los convenios que se celebren con dichos organismos extrajurisdiccionales y con los alcances previstos en la ley (art. 27).Por su parte, la ley 21.961 prohibí­a en la Capital Federal y demás territorios nacionales, toda propaganda relacionada con loterí­as, casinos, quinielas, tómbolas, rifas, pronósticos deportivos y/o apuestas de caballos, cualquiera sea el medio que se use para su difusión (art. 1), y establece sanciones de multa para sus infractores a aplicarse por los Jueces Nacionales en lo Correccional. Solamente su régimen contravencional, por la sanción de la ley 255, quedó implí­citamente derogado (en idéntico sentido, Fallos 322:142).En virtud de la ley 18.226 y el Decreto 598/90, Loterí­a Nacional Sociedad del Estado tiene a su cargo el poder de policí­a, administración y explotación de juegos de azar y apuestas mutuas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y la recaudación debe destinarse mejoras sociales y el bien común; manteniendo tal atribución a la fecha, dada la inexistencia del órgano de aplicación previsto en la ley 538 y a la falta de suscripción de los convenios o acuerdos necesarios entre el Gobierno Nacional y el local para el traspaso de esta función.
Por su parte, el decreto 588/98 reglamenta la necesaria obtención de una autorización previa, otorgada por Loterí­a Nacional Sociedad del Estado, para realizar operatorias promocionales (concursos, sorteos o competencias) que conlleven una elección aleatoria para determinar el ganador (quien puede participar onerosa o promocionalmente) y que se efectúen mediante la utilización de medios masivos de comunicación. Las condiciona a que quien las solicite reúna condiciones de idoneidad, solvencia moral y patrimonial, y cumpla con las exigencias que estipule Loterí­a Nacional SE. í‰sta, a través de la resolución 157/98 y modificatorias, debe otorgar dos autorizaciones: un permiso anual para realizar promociones (art. 5), y otro especí­fico de cada promoción, la cual debe ser anoticiada dentro de las 48 horas de producido su lanzamiento (art. 7). Ahora bien, las operatorias promocionales son de dos clases: a- Aquellas que no implican la obtención directa de recursos, sin perjuicio del eventual aumento que se obtuviere en las ventas de los productos o servicios que se pretendan promocionar; y b- Aquellas que suponen directa o indirectamente la obtención de recursos por parte del organizador, mensurables pecuniariamente y exclusivamente derivados de la propia operatoria (art. 2).
En conclusión, los hechos materialmente acreditados encuadran tí­picamente en las previsiones del art. 3 de la ley 255, consistiendo en la promoción u oferta sin la autorización correspondiente de juegos en los que se prometí­an premios en dinero, bienes muebles o inmuebles, o valores, y se ejecutaban mediante procedimientos informáticos, dependiendo preponderantemente del alea o suerte.
Debe desecharse que el juego denominado “bingo-blitz” constituya una modalidad promocional en los términos del Decreto 588/98 (ver dictamen de la Gerencia de Promociones y colectas -fs. 63- y el dictamen n* ° 1061/2000 de la Gerencia de Asuntos Jurí­dicos -fs. 65-, expediente 372.543/00 que corre por cuerda), dado que su difusión no perseguí­a la promoción de un producto o servicio en particular, aún cuando otorgara premios de “Amazon” -ver fs. 54 del expediente que corre por cuerda.
También debe descartarse el argumento que sostiene la defensa respecto de la falta de adecuación tí­pica del juego a los requisitos previstos en el art. 2 de la ley 255.En cuanto a este último argumento, a las consideraciones vertidas precedentemente resta agregar que en modo alguno puede suponerse que existí­a una autorización implí­cita ya que no se trataba de una modalidad promocional, por lo que carecí­an de permiso; que el medio utilizado era uno de los enunciados en la norma; y que el premio ofrecido era una “contraprestación que se paga en dinero, valores, bienes o servicios al o a los apostadores que han tomado parte en el juego de apuesta y obtuvieron o produjeron el o los resultados necesarios para adjudicárselo” (art. 3 inciso d Ley 538), no interesando su monto al principio de lesividad o de bagatela, ya que el mismo se vincula a la potencialidad lesiva del bien jurí­dico de la acción llevada a cabo por quien promociona una participación masiva de usuarios y no en función del valor económico en juego para un participante considerado individualmente. Por lo demás, a diferencia de los sostenido por la defensa, sólo era necesario un sorteo posterior entre los ganadores cuando fuera más de uno el que cantara “bingo” en una misma mano -ver fs. 61 del expediente que corre por cuerda-, caso contrario si uno sólo completaba la figura ganadora automáticamente se hací­a acreedor al premio, y si nadie ganaba éste se acumulaba con el ofrecido en la mano siguiente. Tampoco es real que el premio consistiera en “puntos virtuales”.Especial consideración merece la supuesta falta de configuración del restante requisito para considerar juego en los términos de la ley a la actividad promocionada, ante la posibilidad de manipulación del sistema informático utilizado para el desarrollo del juego. Resulta extremadamente grave y desagradable que aquel que difunde un juego en el que se promete un premio ponga en duda la legalidad o transparencia del proceso mediante el cual se determina al ganador, ya que si realmente fuera así­ estarí­a concientemente participando de un fraude o engaño a las expectativas que él mismo se encarga de generar en sus propios usuarios, y significarí­a una desleal práctica comercial, impropia del prestigio y perfil institucional sobre el que tanto se enfatizara durante la audiencia.
Por ello, sólo cabe considerar la excusa como un intento poco feliz para eludir el reproche jurí­dico-contravencional, en la medida que de las propias obligaciones contractuales asumidas se desprende que la sede corporativa de la representada debí­a “aprobar el diseño e integración de las Marcas de cada parte en las Páginas Compartidas por Ambas Marcas antes del lanzamiento” y “realizar publicidades, auspicios, ventas por comercio electrónico y servicio técnico en todas las instancias del Contenido de Uproar, a menos que Uproar asuma el derecho de llevar a cabo dichas ventas y servicio como se explica en la cláusula 6″ (cláusula 5 incisos c y d); que ambas se distribuyen el cumplimiento de los premios (cláusulas 4.h y 5.f), se reparten los ingresos (5.h y 6) y se trasmiten las estadí­sticas del perfil del jugador de contenidos de Uproar y la base de datos de los mismos (4.l). En suma, el derecho vigente para las partes que dimana de la relación contractual, lejos de está de coincidir con el cuadro exculpatorio ensayado por la defensa.
Finalmente no se erige en requisito tí­pico que la apuesta o participación en el sorteo o juego sea a tí­tulo oneroso, y la propia ley 538 aclara el punto considerando la apuesta como “el contrato mediante el cual un apostador participa en los juegos de apuesta” (art. 3 inciso “c”).Corresponde una última consideración relacionada con el cuestionamiento dirigido por la defensa al alegato formulado por el Sr. Fiscal.
Tal como quedara demostrado precedentemente, el contenido del requerimiento de juicio desmiente que la imputación por el art. 4 de la Ley 255 haya sido introducida recién en esa instancia procesal, sin perjuicio de la acertada crí­tica jurí­dica en cuanto a que ambas normas contemplan supuestos diferentes e inconciliables entre sí­; empero la vigencia del principio iura novit curia y la propia actuación de la defensa desautorizan toda presunción de una efectiva afectación al derecho de defensa en juicio. Lo propio ocurre en relación a la supuesta falta de precisión de la imputación, ya que tal defecto sólo alcanza al hecho vinculado a Casino On Net, y el mismo ha influido notoriamente para la decisión a adoptarse, conforme el análisis efectuado en el apartado 1.

4- Algunas consideraciones acerca del juego on-line o por internet y la libertad de expresión

a- Hasta aquí­ poco se ha dicho con relación al medio tecnológico utilizado para la comisión de los hechos, y los aspectos colaterales que el presente pronunciamiento roza.
Internet es un sistema de intercomunicación global cuya tecnologí­a permite vincular millones de computadores entre sí­, y acceder desde cualquier lugar del planeta a la información o servicios que se ofrezcan en ella desde cualquier remoto lugar. Un medio en el que no existen las distancias, no hay lí­mites ni obstáculos lingí¼í­sticos; en definitiva, una superautopista de la información que crea una nueva estructura social global, en palabras de Negroponte (citadas por Jorge Galdós en “Responsabilidad Civil e internet…”, JA, 4 de julio de 2001).
Es objeto de debate la posibilidad de regular el “ciberespacio”, cuestión que involucra “toda una visión sociocultural y polí­tica del desarrollo tecnológico, la que no puede soslayar que también gravitan intereses económicos sectoriales” (Galdós, ob. cit.); consecuentemente, habrá posturas “hiperlibertarias” (cibernautas), autorregulatorias (Comisión Europea), o regulatorias por cada Nación (doctrinarios, Parlamento Europeo -Comunicación 96-487-, Parlamento Australiano -Broadcasting Services Amendment Act-, Congreso de Estados Unidos -Communications Decency Act-, entre otros).

b- En nuestro paí­s, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 554/97 por el cual declaró de interés nacional el acceso a Internet, y caracterizó a ésta como un fenómeno con una configuración descentralizada, arquitectura abierta, acceso masivo y “autorregulación normativa”. De igual manera, que su carácter interactivo “despeja cualquier intento de manipulación sistemática sobre la opinión de las personas” y que “la libre elección de sus contenidos es condición propia de la democracia”. Posteriormente, dictó el decreto 1279/97 por el cual el servicio de Internet se encuentra “comprendido dentro de la garantí­a constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social”, citando entre sus fundamentos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos “Reno Attorney General of the Unites States et. Al. v. American Civil Liberties Union et. Al”, aún cuando paradójicamente el citado Tribunal diferenció justamente entre las trasmisiones de radio y televisión e Internet, por la posibilidad de “penetrar sorpresivamente” en los hogares que sólo tienen las primeras. Desde este punto de vista, resulta contradictorio el decreto aún cuando haya dejado a salvo que “una de las caracterí­sticas esenciales del servicio INTERNET es su interconectividad, por la cual los usuarios tienen la libertad de elegir la información de su propio interés”.En otro sentido, debe tenerse claro que los argumentos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para declarar la inconstitucionalidad de la norma que pretendí­a regular la trasmisión on line de material obsceno o indecente destinado a los menores, fueron no sólo las caracterí­sticas del medio sino fundamentalmente la falta de precisión sobre qué debí­a entenderse por material o comunicaciones “patentemente ofensivas”, es decir, la vaguedad o ambigí¼edad de los términos legales; la inaplicabilidad de los precedentes invocados por el gobierno para defender su posición; y la verificación que el teórico beneficio era altamente costoso para el interés de estimular la libertad de expresión en una sociedad democrática, estableciendo que aquel era más teórico que real.

c- Ahora bien, teniendo en cuenta la declaración del Poder Ejecutivo Nacional, y siendo uno de los argumentos esgrimidos por la defensa para cuestionar la legalidad de este proceso, debe recurrirse a la interpretación que, de la citada garantí­a, hace la CSJN para establecer qué tipo de contenidos y/o servicios encuentran amparo en ella. En tal sentido, sin pretender agotar tan álgida cuestión, consideró que “la libertad de expresión contiene, por lo tanto, la de dar y recibir información” y que el art. 13 inciso 1* ° de la Convención Americana de Derechos Humanos “al contemplar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, declara como comprensiva de aquella ‘la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda í­ndole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artí­stica o por cualquier otro procedimiento de su elección’ (considerando 4* ° in re ‘Poncetti de Balbí­n’ y considerandos 7* ° y 8* ° del voto del Juez Petracchi en la causa citada)…Que, no obstante, el aludido derecho a la libre expresión e información no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raí­z de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilí­citos civiles. Si bien en el régimen republicano la libertad de expresión en el sentido amplio expuesto en el considerando precedente, tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa (Fallos: 119:231; 155:57; 269:189, considerando 4* °; 269::195, considerando 5* °)” (Fallos 310:523; en concordancia, F: 164:284; 312:114, entre otros).Por lo demás, en paralelo con la facultad de legislar sobre delitos cometidos por medio de la prensa reconocida al Congreso Nacional, es dable reconocer la imposibilidad de someter tales asuntos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales federales (in re, Fallos 312:1114), ya que en palabras de Vélez Sarsfield “la reforma importa decir que la imprenta debe estar sujeta a las leyes del pueblo en que se use de ella. Un abuso de la libertad de imprenta nunca puede ser un delito, diré así­, nacional. El congreso dando leyes de imprenta, sujetarí­a el juicio a los Tribunales Federales, sacando el delito de su fuero natural” (Bertoni, Eduardo Andrés, “Libertad de expresión en el Estado de Derecho”, Editores del Puerto, pág.150). Si a lo expuesto se suma la exclusiva competencia en materia de juegos de azar (Fallos 322:1143), debe concluirse liminarmente que la justicia de la ciudad posee facultades jurisdiccionales autónomas en relación al medio utilizado -Internet-, en la medida que tampoco podrí­a encuadrarse la relación originada en una operación de comercio internacional (Fallos 323:1535).
Empero, el análisis precedente serí­a aplicable en la medida que la cuestión debatida signifique una forma de ejercicio de la libertad de expresión por parte de la prensa y no, como parece, un simple acto comercial por parte de una empresa multimedia que, a los efectos de prestar un mejor servicio, propone a sus usuarios una serie de entretenimientos o pasatiempos que, accesoriamente, les permite obtener un beneficio económico. Es la propia acusada quien ha distinguido entre “lí­nea editorial” o contenidos editoriales e informativos de cuestiones publicitarias y servicios anexos. Ha sido ella quien ha ordenado, a consecuencia de la presente, que no se incorporen al portal contenidos vinculados a los juegos de azar, incluso publicidades. Ha sido el ex director comercial de la empresa quien ha distinguido claramente entre publicidades incuestionables de aquellas que pueden ser inconvenientes por su vinculación a actividades ilegales, rechazando en relación a éstas su incorporación inmediata y automática a la carpeta publicitaria del portal.
Es tan ajena a la libertad de expresión o de prensa la presente cuestión, como la publicación de avisos clasificados en el tradicional y ya famoso “rubro 59″, que en la medida que se asocien a actividades ilegales autoriza la persecución penal contra los responsables de los medios gráficos involucrados (en tal sentido, CNCP, Sala IV, causa 254 “Berys, Benjamí­n y Rosenfeld, Mario s/recurso de casación”, rta. 6/12/1995).Y en este punto vuelve a cobrar relevancia el fallo “Reno” recogido en el Decreto 1279/97, ya que dentro de los precedentes cuya aplicación era propiciada por los defensores de su constitucionalidad se invocaba el fallo “Renton v. Playtime Tetares Inc.” (475 US 41). En éste, “la Corte habí­a sostenido la constitucionalidad de ciertas ordenanzas que prohibí­an la instalación de cines para adultos en determinados barrios, en el entendimiento de que ellas no se basaban en el ‘contenido’ del material que se exhibí­a sino en los ‘efectos secundarios’ (como el delito y el deterioro de ciertos valores) que su exhibición podí­a fomentar”. A diferencia de esto, la Communications Decency Act atacaba directamente los contenidos de la expresión y no esos efectos secundarios (Bertoni, Eduardo; ob. cit.), de lo que se desprende que no cualquier reglamentación que limite, aún indirectamente, el derecho a la libertad de expresión es inconstitucional, sino sólo aquella que signifique una indebida invasión del Estado al ámbito de libre ejercicio de los derechos fundamentales. Es tan legí­timo perseguir a quien fomente o promocione mediante avisos por la prensa el desarrollo de una actividad ilegal, cualquiera que fuere -desde la venta de drogas o armas hasta la práctica de abortos- como al que, por igual medio, publicita un juego de azar ilegal -sólo será diferente la reacción estatal en función de la mayor gravedad que significa apologizar un delito de consumar una contravención.- Tal ejercicio del poder no calla a la Prensa ni hace que ésta se autocensure, por lo que no se advierten diferencias entre exigir determinados requisitos previos para que una empresa comercial -periodí­stica, multimedial o de cualquier tipo- lance una promoción en la que prometa premios en dinero o bienes, con la decisión de prohibir la promoción de un juego de azar reputado ilegal; y sí­ son palmarias las distancias entre el pací­fico acatamiento a aquellas disposiciones y la inobservancia de la última, pretendiendo aún relacionar su vigencia con la libertad de expresión o con la supervivencia de Internet.
Dado que lo que se pretende con esta restricción son los “efectos secundarios” que su exhibición puede fomentar -afición a las actividades lúdicas (o ludopatí­a en los términos de la ley 538), y afectación de la recaudación estatal a través del juego legal para destinarlas a obras de bien público-, es ella perfectamente razonable e inocua para la libertad de expresión.

d- Por lo que llevo dicho, entiendo al igual que Falque-Pierrottin, que “el pasar por Internet no bautiza ni da la absolución de ninguna conducta. La conducta deberá ser enjuiciada tal y como lo serí­a si no se hubiera producido en Internet. Llámese corrupción de menores, pornografí­a, apologí­a del delito, incitación al consumo de drogas, paidofilia, estafa, a pologí­a del genocidio o del racismo” (citado por Villar Palasi, José Luis, en “Implicaciones Jurí­dicas de Internet”). Cualquiera sea la tipologí­a, “la punibilidad proveniente del derecho material no se cuestiona. Los comportamientos cuestionables en Internet son tan prohibidos como los son fuera de ella” (Hassemer, Winfried “Oportunidades para la privacidad frente a las nuevas necesidades de control y las tecnologí­as de la Información”, Nueva Doctrina Penal, Editores del Puerto, Bs. As. 1999 -el destacado me pertenece-).También, que cabe distinguir entre contenidos ilí­citos y contenidos nocivos en el sentido señalado por el Parlamento Europeo en la Comunicación 96-487, siendo los primeros “la información o comunicación ilegí­tima o ilegal porque infringe alguna norma jurí­dica, apuntando -más que a la protección del orden público- a la tutela de los derechos personales y personalí­simos, incluidos los delitos informáticos, tales como la inobservancia de leyes sobre marcas, propiedad intelectual, derechos de autor, publicidad comparativa, fraudes (vgr. con tarjetas de crédito), incitación a las perversiones sexuales (sadomasoquismo, esclavitud, pederastia, zoofilia), tráfico de seres humanos, racismo, o pornografí­a infantil)” (Galdós, ob. cit.).
El desarrollo precedente sugiere que aún cuando la velocidad del desarrollo tecnológico es sorprendente, la cyber sociedad requiere de regulación eficaz y adecuada para resolver los conflictos que en ella se suscitan y para proteger los derechos fundamentales.

dd- Al tratar sobre la competencia territorial del Tribunal, fue objeto de mención la sentencia del 20 de noviembre de 2000 del Tribunal de Gran Instancia de Parí­s, en el que se sancionara a Yahoo por promocionar y vender en su sitio web parafernalia nazi.
Sin perjuicio de haber resuelto la cuestión al tratar las preliminares (art. 376 CPPN), dada la insistencia de la defensa sobre el punto corresponde precisar que la particularidad del caso “yahoo” fue el alcance del pronunciamiento, al obligar al portal a impedir que los franceses accedan a una página con sede en otro paí­s, ya que el argumento del rechazo de la declinatoria postulada fue justamente que desde Francia se accedió a los contenidos y, en consecuencia, allí­ era donde se encontraba alojado el servidor, por lo que para no tornar ilusoria la sentencia debí­an disponerse filtros o sistemas de bloqueos de acceso, aún cuando estos no garantizaran más que el 80 % de eficacia.
Esta referencia solitaria, en modo alguna significa ignorar la existencia de otros casos judiciales que abonan la postura asumida en tal aspecto -la competencia territorial- por quien suscribe. Vale por caso mencionar el caso de la demanda de Minnesota a un casino de Nevada por juego ilegal en el Estado reclamante; el caso “ENTEL” de Chile, que se trata de la publicación en la página web de ésta de un aviso de ofrecimientos sexuales atribuido a la hija menor de edad del demandante; o el caso “Somm” en Alemania, por el que se condenó al nombrado a un año y diez meses de prisión por permitir el acceso a través de CompuServer/USA a foros de debate de grupos dedicados a la pedofilia, por ser filial de aquella la firma que presidí­a y por estar motivado en la búsqueda de un beneficio económico. También el caso “Faurisson”, resuelto por el TGI Parí­s el 13 de noviembre de 1998. Por lo demás, igual criterio se sostuvo implí­citamente en autos “El Sitio.com s/ley 255″ -causa n* ° 4041/2000 del registro del tribunal a mi cargo, donde frente a la denuncia de violación a la ley 24.199 (PRODE) a través del juego denominado “Cancha 13″, se absolvió al acusado.
Ahora bien, en materia de juego on-line, las cuestiones que aquí­ se discuten son tan trasnacionales como el propio ámbito en que discurren las conductas juzgadas. Desde la posibilidad de cada Estado de aplicar su reglamentación en la materia, hasta las implicancias económicas y de otro tipo que el incremento de la actividad tiene hoy dí­a, son objeto de estudio y propuestas. Basta mencionar al respecto que el juego en lí­nea generará, según “Christiansen Capital Advisors LLC”, $ 6.300 millones en 2003, duplicando los $ 3.100 millones previstos para este año (información difundida en la III Conferencia Anual de Juego y Turismo en el Caribe), y que según un estudio realizado por el Pew Internet and American Life Project, cerca del 5 % de los usuarios de Internet en Estados Unidos alguna vez hizo una apuesta online, y para la cuarta parte se convirtió en un vicio al efectuar apuestas diarias en alguno de los 1.300 sitios que existen en la red (“Las apuestas en Internet, el nuevo vicio americano”, en diario Clarí­n del dí­a lunes 2 de abril de 2001).
A lo dicho puede sumarse que la ley contra el Terrorismo Financiero aprobada recientemente por el Congreso de Estados Unidos prohí­be a los bancos aceptar tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, cheques o todo tipo de depósitos cuyo objetivo sea cubrir apuestas realizadas online, en virtud de informes del FBI y del Departamento de Justicia que indican que existe una conexión concreta entre el juego en internet y el lavado de dinero proveniente de actividades terroristas.
La conclusión inmediata es que, al contrario de lo que pueda parecer, el caso objeto de autos no es un tema menor, dado que se encuentra inmerso en una realidad que por novedosa no deja de ser inquietante.
La acción en reproche, como ha quedado dicho, se circunscribe a la promoción y oferta de juegos online contraviniendo las normas que reglamentan la explotación de juegos de azar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y nada tiene que ver con la libertad de expresión que debe garantizarse cuando se ejerza a través de cualquier medio de comunicación y especialmente por Internet. Entonces, dado que “el sitio de internet crea un casino virtual dentro de la computadora del usuario” o permite la participación en un juegos no autorizados legalmente -especialmente diseñados por una empresa proveedora extranjera para su difusión en los mercados de habla hispana y portugués a través del portal de TERRA-, no importa el lugar fí­sico donde se instale fí­sicamente el servidor ya que éste no puede convertirse en un escudo contra ley que reprima a aquellos que realicen tales actos ilegales (en idéntico sentido, State of New York v. World Interactive Gaming Corp., No. 404428/98, Supreme Court N.Y.Cty., del 22 de julio de 1999. El juez de Charles Edward Ramos sostuvo que es irrelevante que las apuestas por Internet sean legales en Antigua, dado que el acto de entrar una apuesta y trasmitir la información desde Nueva York ví­a Internet constituye una actividad de apuestas dentro del citado Estado).
En relación al caso de autos, debe sumarse que los juegos promocionados están dirigidos a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires (idem fallo anterior; concordante “Missouri v. Interactive Gaming Comunnications Corp”, “State of Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc.” ) por un portal de acceso a Internet, cuyo domicilio legal se asienta en el mismo ámbito geográfico.

e- En sí­ntesis, más allá de las notas particulares del medio de comunicación involucrado en autos, no se advierten razones fundadas para dispensar un tratamiento diferenciado en igualdad de circunstancias a los restantes medios de comunicación, sobre los cuales rigen indiscutida y pací­ficamente las reglas aplicables al caso. Ello en la medida que se verifica la comisión de una conducta idónea para afectar el bien jurí­dico protegido; entendido como el monopolio que detenta el Estado para regular, administrar y explotar los juegos de azar, restringiendo el que se desarrolle fuera del marco reglamentario y destinando los fondos que produzca el juego ilegal a las necesidades y exigencia de la beneficencia pública (en concordancia, CSJN Fallos 141:217; Juzgado en lo Contravencional N* ° 3, causa 3556/00, entre muchos otros).

6- La sanción a imponer.- La “individualización de la pena es, junto a la apreciación de la prueba y a la aplicación del precepto jurí­dicopenal a los hechos probados, la tercera función autónoma del juez penal y representa la cúspide de su actividad resolutoria. En esa labor, el juez debe liberarse de prejuicios personales, las simpatí­as y las emociones, y orientar su sentencia exclusivamente conforme a criterios objetivos de valoración.” (Jescheck, pág. 787).El art. 24 del Código Contravencional señala las pautas objetivas y subjetivas a considerar para establecer la clase y grado de respuesta estatal a la conducta disvaliosa, en concordancia con el mandato constitucional de respetar el principio de proporcionalidad que, como derivado del principio de culpabilidad, impone que “la pena en ningún caso excede la medida del reproche por el hecho. Así­, las circunstancias del hecho y el daño causado, la conducta anterior y posterior a su producción, y las calidades sociales, culturales y económicas de la acusada, deben ser contempladas en su conjunto para seleccionar adecuadamente la sanción a imponer, en aras de convertirlas en razón eficaz para prevenir la reiteración de la conducta y reparar el daño provocado.
En la especie, la calidad de representante de un ente por el que actuara es un aspecto a considerar, dado que propicia la selección de alguna o algunas de las penas previstas en el art. 10 que puedan ser soportadas no sólo por el sujeto activo sino también por su representado.
Sin que se entienda como una contradicción con lo sustentado al tratar la cuestión relativa a la participación de la encausada y la vigencia del principio societas delinquere non potest , debe contemplarse al escoger la clase de pena lo afirmado por Brí­cola (Citado por Terradillos Basoco, Juan en “Derecho Penal de la Empresa”, Edit. Trotta, 1995) en el sentido que cuando se trata de delitos cometidos por administradores en ejecución de directrices de polí­tica empresarial o por decisiones de la asamblea, castigar en estos casos sólo al administrador serí­a dejar impune al centro decisional.
De igual manera, la inmediata decisión de extraer del portal aquellos contenidos generadores de la actuación judicial, también deben ser considerados favorablemente, al igual que la excelente impresión personal obtenida durante el desarrollo del debate, que muestra a la encausada como una persona celosa de su tarea profesional, plenamente responsable y comprometida con los intereses sociales.
En ese marco, y dado el carácter no vinculante de la petición fiscal, resulta adecuada proporcionalmente al caso la aplicación de la pena de multa de pesos cinco mil ($ 5000), a razón de diez (10) dí­as multa de quinientos pesos ($ 500) cada uno, ello en virtud de la extensión temporal de la contravención cometida y en la capacidad económica de la actuante y su representada. Conjuntamente, habrá de imponerse la pena de instrucciones especiales, consistente en el sometimiento a un plan de conducta que reside en la inclusión por el término de dos (2) meses en la página principal de acceso al sector “juegos” del portal de TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A. -localizado en la URL: www.terra.com.ar-, de un aviso y/o leyenda destacada que advierta a los usuarios del contenido de la ley 255 vigente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y de las consecuencias perjudiciales de la afición a las actividades lúdicas.
En cuanto a los honorarios de los letrados intervinientes, habrá de diferirse su regulación hasta tanto den cumplimiento a la carga de aportar el bono de ley correspondiente y aportar la clave de identificación tributaria (CUIT).A consecuencia de todo lo expuesto;

RESUELVO:

DECLARAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL de este Tribunal en la presente causa n* ° 14.726-JC/2001.

-2- CONDENAR a INí‰S MARíA LEOPOLDO por considerarla autora contravencionalmente responsable, actuando en representación de TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A., de la PROMOCION Y OFERTA de juegos de azar -Bingo Blitz- careciendo de autorización legal para ello -art. 3, en función del art. 2, de la Ley 255;; arts. 1, 5 y 27 del Código Contravencional- a la PENA CONJUNTA de MULTA de PESOS CINCO MIL ($ 5000), a razón de diez (10) dí­as multa de pesos quinientos ($ 500) cada uno, e INSTRUCCIONES ESPECIALES, consistentes en un plan de conducta que reside en la inclusión por el término de dos (2) meses en la página principal de acceso al sector “juegos” del portal de TERRA NETWORKS ARGENTINA S.A. -localizado en la URL: www.terra.com.ar- de un aviso y/o leyenda destacada que advierta a los usuarios del contenido de la Ley 255 y de las consecuencias perjudiciales de la adición a las actividades lúdicas (art. 12, Ley 538). Con costas.

-3- ABSOLVER a INí‰S MARíA LEOPOLDO de la promoción y oferta de juegos de casino prevista en el art. 3 de la Ley 255, en relación a la publicidad de “Casino On Net”, que le fuera imputada.

-4- Tener presente la reserva de la CUESTIÓN FEDERAL.-Notifí­quese, tómese razón, oportunamente regúlense los honorarios y, firme que se encuentre, cúmplase con las comunicaciones de rigor y ejecútese.-


Nuevo programa de radio: Identidad Online

Posted: febrero 2nd, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Blogs, Público en general, Referencia | No Comments »

*Comienza Identidad Online, erectile un nuevo programa de radio sobre Protección de Datos Personales*

A partir de febrero y todos los miércoles de 21 a 22 por 92.1 FM Identidad (www.fmidentidad.com), comienza Identidad Online, el primer programa sobre Protección de Datos Personales y Nuevas Tecnologí­as.

La conducción del programa estará a cargo del periodista especializado Italo Daffra. Roberto Mónaco y Daniel Monastersky, lo acompañaran como columnistas.

El programa tendrá como foco _difundir, educar y prevenir al ciudadano en materia de protección de datos personales_. Con la aparición de las nuevas tecnologí­as, potenciadas por Internet, cada vez resulta más sencillo acceder a información sobre las personas, que no siempre es obtenida en forma legal ni proporcionada por los individuos de manera voluntaria.
Una de las novedades que tendrá el programa será la posibilidad para las personas fí­sicas de acceder a su propio informe comercial tal como pueden verificar bancos y entidades financieras, y -“con absoluta reserva de la identidad conocer detalles y la opinión del panel profesional en el momento.
Identidad Online tendrá un lenguaje equilibrado y comprensible, para acercar los temas de complejidad técnica, al manejo y entendimiento de cualquier persona.

El programa podrá escucharse por Internet, desde la página web de la radio: “www.fmidentidad.com”:http://www.fmidentidad.com/

Todos los miércoles, a partir del 7 de febrero
Por “FM Identidad 92.1 Mhz”:http://www.fmidentidad.com/
Conducción: Italo Daffra
*Columnistas: Lic. Roberto Mónaco y Dr. Daniel Monastersky*

Ver “archivo de audio del primer programa”:http://www.identidadrobada.com/1.mp3.


Nuevo fallo sobre derecho al olvido del fuero contencioso administrativo federal

Posted: febrero 1st, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | No Comments »

CNCont Adm, nurse Sala IV, prothesis Causa N* ° 9.175/2005. -DIEZ MARIA ELVIRA c/ BCRA Base de Datos (CITIBANK) s/ habeas data-.
///nos Aires, side effects 25 de septiembre de 2006.
CONSIDERANDO:
I. Que la señora Marí­a Elvira Diez inició acción de habeas data contra el Citibank NA y el Banco Central de la República Argentina con el objeto de que se le exhibiera la totalidad de la información contenida en la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA y la justificación documentada de ella por parte de Citibank NA, reservándose el derecho de ampliar la demanda por rectificación, en los términos del artí­culo 42 de la ley 25.326, si lo consideraba pertinente (fs. 2/6).

II. Que, a fs. 191/198 vta., requirió la supresión de la información obrante en la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central con sustento en que si bien habí­a sido verdadera en su origen, correspondí­a retirarla atento a que habí­a transcurrido el plazo máximo de 5 años previsto en el artí­culo 26 inciso 4* ° de “la ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326. Aclaró que más allá de que la deuda respecto de la tarjeta de crédito se encontraba prescripta el Citibank NA habí­a informado dicha deuda en 1996 (fecha de la mora de la primera operación) y la calificación como deudor categorí­a 5 habí­a sido insertada en la Central de Deudores en 1997, manteniéndose incólume dicha información desde esa fecha sin que la entidad bancaria demandada hubiera demostrado su actualización. En ese contexto, y habiéndose cumplido el plazo de 5 años previsto en la aludida norma se configuraba en su favor el llamado -derecho al olvido-. Citó jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura.

III. Que, a fs. 241/243 vta., la señora juez de primera instancia declaró abstracta la acción respecto al derecho de acceso a la información, desestimó el planteo de improcedencia de la acción deducida por el Banco Central de la República Argentina, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Citibank NA e hizo lugar al habeas data respecto de esta entidad, ordenando al Banco Central de la República Argentina titular de la base de datos la eliminación de los datos que colocaban a la actora como deudora de la tarjeta Mastercard y de un préstamo personal individualizados en autos, en virtud del vencimiento del plazo previsto en el artí­culo 26 inciso 4 de la “ley 25.236″:http://www.habeasdata.org/ley25326 y su decreto reglamentario. Para decidir de ese modo sostuvo que:
A) La ví­a elegida por el actor resultaba procedente en atención a la naturaleza del derecho que con ella pretendí­a defenderse no siendo necesaria la existencia de una conducta manifiestamente ilegí­tima o arbitraria, recaudo propio de la acción de amparo, mas no del habeas data.
B) Debí­a desestimarse, asimismo, la falta de legitimación pasiva planteada por el Citibank NA en el entendimiento que no podí­a ser demandada pues no era titular de base de datos alguna toda vez que, si bien su finalidad no era la de proveer informes, se encontraba enumerada como legitimada pasiva en el artí­culo 35 de la ley 25.236, siendo ella la obligada a brindar la información al órgano rector del sistema financiero respecto de la calidad de deudores de sus clientes.
C) La acción deducida por la actora con el objeto de asegurar su derecho al acceso a la información habí­a devenido abstracta, en atención a la documental acompañada por la entidad financiera.
D) Sin perjuicio de que la información suministrada hubiera sido cierta o que las deudas no se encontraran prescriptas la acción deducida por la actora y dirigida a la supresión de esos datos de la mentada base debí­a acogerse ya que habí­a transcurrido con creces el plazo de 5 años previsto en el artí­culo 26 inciso 4* ° de la ley 25.326 desde que la información sobre ella habí­a sido volcada en dicho centro de datos.
Las costas las impuso en el orden causado (fs. 126/129 vta.).

IV. Que, contra esa decisión, la parte actora y el Citibank NA interpusieron y fundaron sendos recursos de apelación (fs. 247/249 vta. y 251/258, respectivamente).
La actora se agravió del modo en que habí­an sido impuestas las costas respecto del Citibank NA. Entendió que la demandada habí­a resultado vencida respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta y con relación a la rectificación de datos ordenada, no existiendo razones para apartarse del principio general en la materia. Al efecto no podí­a soslayarse que no se habí­an cumplido en autos los recaudos establecidos en el artí­culo 14 de la ley de amparo, aplicable al caso, toda vez que el acto que habí­a motivado la demanda seguí­a subsistiendo, no habiéndose modificado la base de datos hasta la fecha.
El Citibank NA, por su parte, expresó, al contrario de lo sostenido por la a quo, que no era sujeto pasivo de la acción intentada pues su objeto no era proveer información como actividad principal.
Consideró, asimismo, errónea la interpretación dada por la magistrada al artí­culo 26 inciso 4* ° de la ley de habeas data en cuanto al comienzo del plazo allí­ fijado para que se configurara el derecho al olvido. Sostuvo, al respecto que de la interpretación de las normas aplicables surgí­a que mientras una deuda se encontrara vigente y fuera, por ende exigible, la información podí­a ser brindada a entidades con registros de información crediticia y sólo a partir de que la deuda dejara de ser exigible podí­a comenzar a computarse el plazo de 5 años para que operara la caducidad del registro.
Además señaló que desde 1996 la actora mantení­a con su mandante una deuda proveniente de un préstamo personal de $ 221,51 y otra deuda de $ 4.364,08 en concepto de capital por el uso de la tarjeta Mastercard que arrastraba desde 1997 y que dichos importes nunca habí­a sido reintegrados por ésta. Por ello, en estricto cumplimiento de la normativa vigente habí­a informado tal circunstancia al BCRA. Si tales registros no habí­an sido cuestionados tampoco podí­a serlo que el banco cumpliendo con la obligación que le imponí­an las comunicaciones -A- 2216 y -A- 2927 del BCRA hubiera comunicado a dicho organismo la existencia de dichos créditos ni que continuara haciéndolo en tanto aquéllas siguieran siendo exigibles.
A ello debí­a agregarse que de tomarse como punto de partida del plazo la última información archivada en la respectiva base, en el caso, como la información al BCRA se renovaba mensualmente, dicho plazo no se encontraba vencido.

V. Que el señor Fiscal General dictaminó en favor del rechazo de la excepción de legitimación pasiva interpuesta por el Citibank NA.
En otro orden de ideas entendió que el plazo previsto en el artí­culo 26 inciso 4* ° de la ley 25.326 no se encontraba vencido no pudiendo el deudor moroso ampararse en él, ni en ninguna otra defensa basada en el transcurso del tiempo, a efectos de que se acogiera su pretensión (fs. 273/275).

VI. Que, en primer término, cabe señalar que la falta de legitimación pasiva opuesta por la entidad financiera demandada debe ser desestimada.
Ello es así­ toda vez que la legitimación surge expresamente de lo dispuesto en el artí­culo 16 del decreto 1558/01, no habiendo sido dicha norma cuestionada por el recurrente.

VII. Que, en otro orden de ideas en el artí­culo 26, apartado 4* ° de la ley 25.326 se prevé que -(s)ólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho-.
Se consagra así­ en la norma el -derecho al olvido- tanto del deudor moroso que no ha cancelado la deuda sin distinguir según sea exigible o no como de aquél que la ha saldado, previéndose diferentes plazos para uno u otro supuesto (conf. en este sentido, CNCiv. y Com. Fed., Sala 3, -Napoli Carlos Alberto c/ Citibank N.A.-, 3 11 05; esta Cámara, Sala III, -Girella, Juan José c/ BCRA-, 4 2 05 y -Gross, Rodolfo Remigio-, 7 2 05). Se ha intentado de este modo preservar el honor o buen nombre del sujeto que se ha visto en alguna de las situaciones descriptas. Se trata de un derecho reconocido objetivamente, sin que sea necesario más que demostrar la existencia del transcurso del plazo respectivo.
En efecto, para que comience a correr el plazo de cinco años no es necesario que la deuda haya sido cancelada o extinguida.
Esa interpretación resulta correcta, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, pues si solamente se pudiera solicitar la supresión en los términos de la mentada norma de los datos referentes a deudas no exigibles, carecerí­a de sentido que el mismo artí­culo luego fijara un plazo menor dos años para solicitar la supresión de aquella información que se refiere a deudas ya extinguidas.
En el caso sub examine las deudas no fueron canceladas por lo que el plazo aplicable para poder ejercer el derecho mencionado es el de cinco años.
Siendo ello así­, debe determinarse entonces el momento desde el cual debe comenzar a computarse dicho plazo.
Al respecto en las partes pertinentes del decreto 1558/2001 se dispone …para apreciar la solvencia económico financiera de una persona … se tendrí­a en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco años, éstos se contarán a partir de la fecha de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible…-.
Si bien se han pronunciado diferentes criterios al interpretar esta norma, debe buscarse aquél que sin desvirtuar el derecho que reglamenta tenga en cuenta la letra de la norma.
En tal sentido, ella resulta clara en cuanto a que no toma para el cómputo del plazo ni el momento en que se originó la deuda, ni la última actividad que realizó el acreedor con miras a obtener su cumplimiento, sino la fecha de la última información archivada.
En ese contexto no puede dejar de advertirse que si bien la interpretación literal de la ley llevarí­a a borrar todo dato que tuviera más de cinco años de antigí¼edad debe considerarse que la norma dice que se podrán informar los datos que sean significativos para evaluar la solvencia económica financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Si durante ese lapso no se ha pagado la deuda que es anterior ése en un dato significativo para evaluar el estado actual de morosidad del deudor debiendo el acreedor actualizar la comunicación acerca de la vigencia de la deuda pues su falta de diligencia opera en favor del titular de los datos y el registro debe ser suprimido aún cuando la deuda sea exigible. Ello ha llevado a las empresas y entidades financieras a suministrar mensualmente la información sobre incumplimientos, pues de ese modo el plazo de caducidad se empieza a contar desde que la entidad deja de informar que la deuda está vigente. El mantenimiento actualizado de la información, torna improcedente el blanqueo del historial bancario del deudor pues es legí­timo el derecho de los interesados de conocer su solvencia patrimonial, que no es pasada sino actual.
Si bien podrí­a decirse que tal interpretación restringe en cierto modo el -derecho al olvido- pues lo hace depender de la diligencia del acreedor en mantener la información permanentemente actualizada, lo cierto es que la norma lo dispone, y no resulta una reglamentación irrazonable toda vez que, en definitiva, refleja una situación patrimonial del deudor que se mantiene vigente.
En sí­ntesis, si bien se intenta proteger el derecho a la intimidad de las personas, ello debe ser compatibilizado con el derecho de los acreedores o potenciales acreedores de tener acceso a aquellos datos que permitan evaluar la solvencia económica de las personas. Además no se está condenando a los deudores a que sus datos permanezcan a perpetuidad en diferentes registros, pues cuando las deudas dejen de ser exigibles (por prescripción o cualquier otro modo de extinción) comenzará a regir el plazo de dos años (que se computa desde el momento preciso en que se extingue la obligación); mientras ello no ocurra, si el acreedor mantiene actualizados los datos, el plazo de caducidad no operará.

VIII. Que, en ese contexto, y teniendo en cuenta que la entidad bancaria recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en las Comunicaciones -A- 2216 y -A- 2729 del BCRA renueva mensualmente la información sobre sus deudores hecho que no fue controvertido por la actora no puede considerarse que el citado plazo de caducidad haya empezado a computarse.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada y rechazar la acción de habeas data incoada.

IX. Que no obstante lo resuelto, teniendo en cuenta la particularidad de la cuestión debatida en autos y que la actora pudo razonablemente creerse con derecho a litigar, las costas de ambas instancias deben imponerse en el orden causado.

Por todo lo expuesto SE RESUELVE: REVOCAR el pronunciamiento apelado y. por consiguiente, rechazar la acción intentada, con costas en el orden causado en ambas instancias.

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase.

GUILLERMO PABLO GALLI

ALEJANDRO JUAN USLENGHI

LUIS Cí‰SAR OTERO


Antecedentes Parlamentarios de la Ley de Protección de los Datos Personales

Posted: enero 30th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Documento | No Comments »

Debate en el Senado Nacional (Argentina)

Ver debate de la “ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326 en la “Cámara de Diputados”:http://www.habeasdata.org/Debate-legislativo-habeas-data-diputados

*Antecedentes Parlamentarios de la Ley de Protección de los Datos Personales*

*Debate en la Cámara de Senadores*
*SESION DEL 4 DE OCTUBRE DE 2000*

Sr. Presidente (Genoud). Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, approved de Legislación General, drugs de Libertad de Expresión, viagra 100mg de Derechos y Garantí­as y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión sobre protección de los datos personales.

Por Secretarí­a se dará lectura.

Sr. Secretario (Pontaquarto). (Lee:)

-” Se lee el proyecto de ley.
.
Sr. Presidente (Genoud). En consideración.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. Señor presidente: este proyecto de ley, que si Dios quiere hoy vamos a sancionar, tuvo un recorrido bastante extenso y conflictivo en este Parlamento, ya que hubo distintas alternativas parlamentarias que se dieron desde 1996 cuando este Congreso sancionó la primera ley reglamentaria de hábeas data hasta hoy.

En efecto, la iniciativa que habí­a sido del Senado fue enviada a la Cámara de Diputados, la cual modificó sustancialmente la propuesta de esta Cámara. Luego, el Poder Ejecutivo vetó aquella sanción del Congreso, y la iniciativa volvió a la Cámara de Diputados. Pero luego caducó por cuanto no hubo insistencia por parte de las Cámaras del Congreso, de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional.

Posteriormente, tomando como base los fundamentos del veto del Poder Ejecutivo referidos, precisamente, a la sanción originaria del Senado , se volvió a dar a esta iniciativa estado parlamentario a través de un proyecto del señor senador Menem y sobre la base del trabajo que profundamente efectuó la Comisión de Asuntos Constitucionales; de haber sido receptado por la Cámara de Diputados, seguramente hoy ya estarí­a la ley sancionada.

Pero todo ese trabajo del señor senador Menem, de nuestra bancada, quien reitero presentó el proyecto de ley respectivo, si bien tuvo una rápida sanción en el Senado, en la Cámara de Diputados fue modificado. En realidad, dicha Cámara no modificó sustancialmente nuestra sanción. Incorporó algunas cosas y hubo algunos artí­culos que no habí­an estado incluidos en el dictamen ni en el proyecto originario del Senado pero sí­ en la sanción que fueron incorporados en el recinto que los eliminó. Por ejemplo, el nuevo artí­culo 47, que establece una suerte de amnistí­a para todos aquellos millones de argentinos que hoy están prácticamente inhabilitados para acceder al crédito y al giro comercial normal como consecuencia del abuso que las entidades de información crediticia o los bancos de datos comerciales hicieron y hacen de los datos de las personas. Por eso, ese artí­culo 47 señala que toda persona que al momento de sancionada la ley tenga cancelada su obligación comercial tiene derecho a ser borrada o eliminada de los llamados registros de información crediticia.

Dicho artí­culo ha sido apoyado, unánimemente, por todas las organizaciones de defensa de los usuarios y consumidores y por las pequeñas y medianas empresas de todo el paí­s, las cuales se han dirigido en reiteradas oportunidades a este Congreso para solicitar la sanción de esta ley y, particularmente, para apoyar esa norma, la cual reitero de manera incomprensible fue eliminada en la sanción dada en la Cámara de Diputados.

Esa eliminación que hizo la Cámara de Diputados del artí­culo 47 es inexplicable porque era quizás el punto que habí­a recogido mayor adhesión de todos por la profunda connotación social que tení­a al incorporar de nuevo al crédito o al giro comercial a millones de argentinos que, como consecuencia de las sucesivas coyunturas recesivas de nuestro paí­s, habí­an quedado afuera del giro comercial. Sin embargo, inexplicablemente, dicho artí­culo fue eliminado por parte de la Cámara de Diputados.

Por eso, hicimos un trabajo importante en la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar en segunda revisión la sanción originaria del Senado, que es la que hoy estamos considerando, y hemos llegado a un consenso prácticamente unánime en esa comisión en el sentido de aprobar con mayorí­a calificada más de dos tercios de votos la sanción de este proyecto que le permitirá al paí­s contar con una herramienta fundamental inscripta en el marco de la defensa del derecho a la intimidad, establecido por el artí­culo 43 de la Constitución Nacional, y que aún no pudo ser reglamentado.

Algunos autores plantean a través de la doctrina que, en realidad, el recurso de hábeas data es un capí­tulo de la ley del recurso de amparo y que se hace mal en tratarlo separadamente de aquél. De allí­ que indican que, tal vez, el proyecto en tratamiento vaya mucho más allá del recurso de hábeas data que prevé la Constitución Nacional, que de acuerdo a ese sector de la doctrina fue entendido como una variante del recurso de amparo.

En realidad, quizás tengan razón los autores que plantean esta alternativa. Pero sucede que el proyecto en tratamiento va mucho más allá del mero recurso de hábeas data y, tal como lo dice su tí­tulo, será una ley de protección de datos personales. Reitero, va más allá del solo recurso de hábeas data y de allí­ que este Senado, que tuvo la iniciativa en ambos temas hábeas data y amparo , lo separa del recurso de amparo, a pesar de que ambos están contenidos en una misma cláusula de la Constitución.

Por eso reitero que el proyecto en tratamiento no comprende el estricto instituto de hábeas data sino que es un proyecto de ley integral de protección de los datos personales.

Este Senado, preocupado por la posibilidad de que caduque nuevamente esta iniciativa tan importante y reclamada por sectores amplios del pueblo argentino, la producción, el trabajo y la doctrina constitucional, se dirigió en reiteradas oportunidades al Poder Ejecutivo para que incluya este asunto en los temas a tratar en el perí­odo de sesiones extraordinarias y a la Cámara de Diputados para que no deje caducar el proyecto de modo tal de llegar a esta instancia. Es decir que este Senado permanentemente tuvo iniciativas, luego de su sanción, tendientes al impulso de este tema, que finalmente tratamos postergadamente, para cubrir este verdadero reclamo en materia constitucional relativo al derecho de las personas.

Si analizamos el derecho comparado vemos que hay un número elevado de paí­ses que ya han intentando limitar el uso de los avances informáticos en lo que hace al llamado derecho a la intimidad. Entre otros se encuentran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Reino Unido, Nueva Zelanda, Portugal, entre otros. Estos paí­ses han avanzado en distinta legislación vinculada con la protección de datos personales.

En trámite parlamentario de leyes similares a la que está en tratamiento, obviamente además de nuestro paí­s, podemos citar a Corea, República Checa, Eslovenia, Italia, Grecia y México. Sus respectivos parlamentos están tratando diversos proyectos y previendo diferentes mecanismos de protección de la intimidad y de los datos personales.

En el derecho público provincial, como siempre, algunas provincias se adelantaron a la Nación en materia constitucional y legislativa y, como en este caso, en materia de algunos institutos que, en efecto, fueron consagrados en la Constitución de 1994 luego de haber sido desarrolladas en el derecho público provincial. Por ejemplo, las formas de democracia semidirectas. Estas fueron desarrolladas ampliamente en las constituciones provinciales y en la nacional se incorporó recién a partir de la reforma de 1994.

En nuestro paí­s este asunto también fue contemplado por el derecho público provincial. Pero solamente una provincia, la de Jujuy puntualmente, incorpora la acción judicial mediante la ley de hábeas data. Concretamente, lo hizo a través de la ley 4.444. Pero hay ordenamientos provinciales que incorporan al hábeas data en el marco del derecho a la intimidad o como el derecho al acceso a la fuente de información, que serí­a lo mismo. En este sentido, podemos mencionar a la provincias de Córdoba, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, San Juan, San Luis, Rí­o Negro y Buenos Aires. Los distintos regí­menes constitucionales reitero de estas provincias han incorporado al hábeas data en sus dos matices: como derecho a la intimidad o como el derecho al acceso a las fuentes de información.

Hay documentos internacionales al respecto, como el de las Naciones Unidas de 1991: “Las directrices para la regulación de ficheros automáticos de datos personales”; el del Consejo de Europa en 1985, que celebró un convenio sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos con carácter personal; el de la Unión Europea de 1999. Es decir, también en la comunidad internacional se ha llevado adelante este tipo de legislación.

En cuanto a la forma como se define al hábeas data, podemos observar la doctrina española. En el libro La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional de datos personales, de Olga Estadella Yuste, se dice que “la fundamentación jurí­dica del derecho a la protección de datos personales cabe relacionarla con el tradicional derecho a la intimidad”. Es decir, la ubicación constitucional o la naturaleza jurí­dica de este derecho hay que encontrarla en la defensa del derecho a la intimidad. En el mismo libro, cuando habla del derecho a la protección de datos, se dice que “está relacionado con aquellos datos que hacen referencia a una persona fí­sica identificada o identificable y que han sido objeto de una actividad realizada, en parte o en su totalidad, con ayuda de procedimientos automatizados, es decir, operaciones de registro de datos, aplicaciones a esos datos de operaciones lógicas aritméticas, su modificación, borrado, extracción o difusión”.

En la doctrina tradicionalmente se han utilizado dos modelos para resguardar el derecho a la protección de datos personales. Están las leyes de carácter sectorial y las leyes ómnibus. En nuestro paí­s nos estamos enrolando en la segunda corriente, la que utiliza las llamadas leyes de carácter ómnibus, que son leyes mucho más completas. Como dije antes, avanzan mucho más allá del hábeas data.

En cuanto al contenido de este proyecto de ley que estamos tratando, decí­a recién que en la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos hecho un trabajo importante, de consenso, para analizar las modificaciones que llevó adelante la Cámara de Diputados. Han sido innumerables los sectores que se han acercado con objeciones y propuestas, tanto del Poder Ejecutivo como de organizaciones vinculadas a bancos de datos. Nos hicieron llegar sus particulares objeciones, algunas de las cuales hemos podido tomar en cuenta. Dado que el tratamiento de este proyecto de ley se encuentra en la etapa de la segunda revisión es muy poco lo que pudimos contemplar.

Voy a nombrar un par de cuestiones que merecieron especial debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales; seguramente, muchos de estos temas se van a tocar en este debate.

Una se refiere al artí­culo 1 del proyecto de ley. La Cámara de Diputados modificó la sanción del Senado, creemos que con una mala técnica legislativa y una incorrecta comprensión del espí­ritu y de la letra del proyecto que estamos tratando, incorporando dentro de los bancos de datos privados los destinados a dar informe a los bancos de datos de los archivos periodí­sticos. En ese sentido, los bancos de datos, según la sanción del Senado, tanto en su espí­ritu como en la letra, que se refieren a archivos periodí­sticos integran la fuente de información periodí­stica y no están destinados a dar informe. Entonces la Cámara de Diputados, en un exceso, incorpora comete no dirí­a un error, pero sí­ una sobreabundancia y, primero, divide lo que son bancos de datos de fuentes de información periodí­stica. Esto, en la sanción del Senado, y no hay ninguna duda que en la doctrina, está integrado. El banco de datos de los archivos periodí­sticos está integrado a las fuentes de información periodí­stica. Y eso es lo que estableció la sanción del Senado. Además, no están destinados a dar informes los bancos de datos de las fuentes de información periodí­stica, de modo que no están regulados por este proyecto de ley.

Pero la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que la gente de ADEPA y de otras entidades que agrupan a organizaciones de prensa hizo el planteo en la comisión, incluyó una modificación al artí­culo 1, en la cual se deja expresa reserva de que los bancos de datos de las fuentes de información periodí­stica no estarí­an contenidos en esta ley.

De todos modos, en función de que la Cámara de Diputados modificó con dos tercios este proyecto de ley, se requiere la misma mayorí­a para que el Senado insista en su sanción anterior.

En homenaje al consenso con el que hemos trabajado en la comisión sobre este tema y, en realidad, a pesar de que no estoy de acuerdo con esta modificación que introdujo la Cámara baja porque, reitero, es de mala técnica legislativa, sobreabunda y aclara lo que no es necesario porque no está regulado por este proyecto de ley, teniendo en cuenta lo que propone el bloque de la Alianza, entre las modificaciones que se van a plantear en particular está especí­ficamente la de aceptar el artí­culo 1 tal como viene de Diputados. Para mantener el clima de consenso, creo que no habrí­a problemas en aceptar este artí­culo, que reitero creo que es defectuoso desde el punto de vista de la técnica legislativa y sobreabundante desde el aspecto práctico.

Hay otro tema que contempla esta iniciativa y que voy a leer con la anuencia de la Cámara para aquellos legisladores que no son miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata de una sí­ntesis de los principales tópicos que trata este proyecto de ley, que es bastante complejo. Va más allá del hábeas data, pero tiene una gran profundidad.

Ya dijimos que el objeto de la ley está en el marco de la defensa del honor y la intimidad de las personas. El proyecto establece que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. * ¿Qué son datos sensibles? Los que se refieren a su filiación polí­tica, ideológica, gremial, filosófica, a sus convicciones religiosas o morales, sindicales, o información referente a su salud o a su vida sexual. Estos serí­an datos sensibles que ninguna persona está obligada a proporcionar. La ley sólo lo autorizarí­a cuando este tipo de datos tienen como objeto estadí­sticas o alguna finalidad cientí­fica y no puedan ser individualizados sus titulares. Reitero que la única manera en que se autoriza a establecer bancos de este tipo de datos sensibles de la persona es que tengan carácter cientí­fico o estadí­stico y que no sea posible identificar a quienes poseen esas caracterí­sticas.

Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1 del H. Senado, senador Luis A. León.

Sr. Yoma. La recolección de datos no puede hacerse obviamente por medios desleales o fraudulentos, ni estos pueden ser utilizados con una finalidad distinta o incompatible con aquella que motivó su obtención.

* ¿Cuándo es ilí­cito el tratamiento de datos de carácter personal? Cuando el titular no hubiese prestado su consentimiento expreso. No hace falta el consentimiento expreso cuando los datos se obtengan de fuentes accesibles al público. Allí­ no es necesario dicho consentimiento. Tampoco cuando esos datos se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado ni cuando se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, ocupación, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono de las personas, ni cuando se deriven de una relación contractual y resulten necesarios para su cumplimiento ni cuando se trate de operaciones que realicen las entidades financieras y de informaciones que reciban de sus clientes conforme con las disposiciones de la ley 21.526, de entidades financieras.

* ¿Qué derechos tienen los titulares de los datos en virtud de esta ley? Tienen derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal, incluidos los bancos de datos públicos o privados destinados a dar informes. El requerido deberá cumplir con la obligación de suministrar dicha información. De no acceder a la requisitoria formulada por el titular de los datos, quedará para éste expedita la ví­a de la acción judicial.

Por otra parte, toda persona tiene derecho a obtener la rectificación, actualización, supresión o el sometimiento a confidencialidad de los datos personales de los que sea titular. La rectificación es sin cargo alguno para el titular de los datos.

En la prestación de servicios de información crediticia que es un tema que ha sido motivo de opinión de organizaciones intermedias y comunitarias en el tratamiento en comisión sólo pueden brindarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito. Es decir, en virtud de esta norma, en la prestación de servicios de información periodí­stica sólo pueden ser incorporados datos de carácter patrimonial que tengan que ver con la solvencia económica de las personas, y obtenidos de fuentes de acceso público o procedentes de información facilitada por el propio interesado.

Existen también dos aspectos importantes que fueron motivo de tratamiento en el Senado. En ese sentido vamos a aceptar la modificación planteada por la Cámara de Diputados en el artí­culo 26, inciso 4). El Senado habí­a establecido originariamente que los bancos de datos de información crediticia sólo podí­an contener los datos acerca de la potencialidad crediticia de una persona durante cinco años. La Cámara de Diputados modificó la redacción de este artí­culo, reduciendo ese plazo a dos años cuando la persona hubiese cancelado su obligación comercial. En consecuencia, los bancos de datos de información crediticia sólo pueden tener los datos personales de una persona durante un término de dos años una vez cancelada su obligación comercial.

Por último, señor presidente, el artí­culo 47 incorporado por el Senado e insólitamente eliminado por la Cámara de Diputados ha generado una gran expectativa en millones y millones de pequeños y medianos empresarios, comerciantes y empleados que hoy se ven prácticamente inhabilitados de acceder al crédito porque sufren una suerte de sanción penal en virtud del abuso que las organizaciones de información crediticia han llevado adelante con su accionar.

Sin ir más lejos, en el diario Clarí­n de hoy aparece un fallo de la Justicia que condena a una de estas organizaciones de información crediticia creo que es Veraz a pagar una indemnización a una persona cuyos datos mantuvo en forma incorrecta durante un cierto lapso. Es decir, existen ya fallos judiciales al respecto, y en dichos fallos se le pide al Congreso la sanción de esta norma para poder establecer así­ un marco regulatorio de la protección del derecho a la intimidad y para terminar reitero con esta verdadera sanción penal en el sentido de que a millones y millones de argentinos se los somete a través de estas organizaciones de información crediticia.

Por último, quiero decir algunas palabras respecto de este artí­culo 47. Quizá, la redacción que incluimos en oportunidad de sancionar la norma en el Senado no haya contemplado la totalidad del espí­ritu que tiene este artí­culo. * ¿Por qué digo esto? Porque la redacción dice que toda aquella persona que haya cancelado y utiliza esta palabra su obligación comercial al momento de la sanción de esta ley tiene derecho a ser borrada o a pedir ser borrada de los bancos de datos de información crediticia.

La palabra “cancelado” no incluye solamente el significado de que la obligación comercial haya quedado extinguida, sino que abarca también y este es el espí­ritu de la ley, y quiero que quede como una interpretación cabal de la voluntad del legislador a aquel que haya regularizado una situación de mora al momento de la sanción de esta ley. Entonces, la palabra “cancelación” no sólo comprende reitero al que haya extinguido la obligación comercial y tiene derecho a ser eliminado de las bases de datos de información crediticia, sino también a aquel que haya regularizado una situación de mora y, entonces, tenga derecho a ser eliminado de estos bancos de datos.

Como sé que el término obviamente en el futuro puede prestarse a ser interpretado por los jueces de manera restrictiva y no amplia, como es la voluntad y el espí­ritu del legislador, junto con el senador Molinari Romero, que me acompaña en este proyecto, propongo que inmediatamente después de votada esta norma, votemos un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo, al momento de reglamentarla y, especí­ficamente en el artí­culo 47, contemple el espí­ritu con el cual el Senado la ha votado. Reitero que tiene que ver no solamente con quien cancela o extingue su obligación crediticia sino también con aquel que la ha regularizado. Vamos a proponer que se vote este proyecto de comunicación inmediatamente después de sancionada esta norma

Con esto finalizo mi exposición en general. En particular, hay una serie de artí­culos sobre los que vamos a aceptar modificaciones propuestas, que nos han hecho llegar algunos legisladores. Anticipo que no vamos a aceptar demasiadas modificaciones, porque han sido muchí­simos los sectores públicos y privados que se han acercado a sugerirlas, y si nuevamente abrimos el consenso logrado de manera excesiva corremos el riesgo de frustrar otra vez la sanción de esta norma.

Por estas razones vamos a acercar a Secretarí­a la lista de artí­culos con modificaciones que los distintos senadores y bancadas han hecho llegar al proyecto que estamos tratando que, básicamente, es la sanción originaria del Senado.

Sr. Presidente (León). Tiene la palabra el senador Molinari Romero. Lo sigue en la lista el senador Branda.

Sr. Rodrí­guez Saá. * ¿Me anota en la lista, señor presidente?

Sr. Presidente (León). Primero, el senador Molinari Romero; después el senador Branda y, luego, seguirá el senador por San Luis.

Sr. Molinari Romero. Señor presidente: realmente es un lujo que usted me conceda el uso de la palabra esta tarde.

Después de esta exposición tan meticulosa que ha hecho el senador Yoma, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, es poco lo que podemos agregar en esta fundamentación en general. Por supuesto, adelanto el voto afirmativo del bloque de la Unión Cí­vica Radical.

Antes de pasar a hacer algunas consideraciones, quiero destacar el trabajo que en distintas etapas y tiempos hicieron los dos senadores por La Rioja; originalmente, el señor senador Menem y, en este momento, el senador Yoma como presidente de la Comisión. Se trata de un tema que, tal como bien él lo ha señalado, es novedoso después de la reforma constitucional de 1994; además abre abanicos de posibilidades y roza una cantidad de intereses, por supuesto muchos de ellos legí­timos dentro del paí­s. Es por ello que es muy difí­cil la tarea de buscar consenso y de encontrar una norma que encuentre un punto de equilibrio. Por eso reitero destaco públicamente la tarea de la Comisión.

La reforma constitucional de 1994 incorporó expresamente la protección de los datos personales en el artí­culo 43, por todos conocido. Como bien lo ha señalado el senador Yoma, acá estamos yendo más allá de lo que la propia Constitución establecí­a al regular la acción de hábeas data. Estamos llenando un vací­o de la legislación argentina en cuanto hace a la regulación de todo aquello relativo a la información, a los datos personales.

Sabido es que el desarrollo y el avance de las tecnologí­as informáticas que impactan hoy dí­a a dí­a a todo el mundo ponen en riesgo uno de los aspectos del derecho a la intimidad o a la reserva de la propia vida privada, que es el relativo al control sobre la información personal, que nos pertenece a cada uno de nosotros. Por lo tanto, toda esta legislación ha tenido que discurrir entre dos andariveles: regular aquel derecho y no impedir el desarrollo del comercio que implica hoy el avance de esas tecnologí­as informáticas.

Los datos personales de cada uno de nosotros, una vez consignados en algún registro, con nuestro consentimiento o sin él, ingresan en un ámbito en el cual el titular de esos datos no puede controlarlos, ni siquiera acceder a ellos. No sabe para qué son utilizados, ni siquiera si en el registro de qué se trata los datos de nuestra persona constan exacta o acertadamente, si son erróneos o han quedado absolutamente desactualizados.

Estos datos, y esta es una caracterí­stica de estos tiempos, son utilizados para muy diversos fines. Uno de ellos, tal vez el más frecuente hoy, es aquel que tiene que ver con determinar el perfil de una persona como consumidor o como deudor, y en función de esos perfiles, seguramente se le acordará o negará créditos; se celebrarán contratos o no con la persona de que se trate o se lo desechará lisa y llanamente como contraparte, o tal vez incluso como algo visto últimamente se lo designará o no en algún puesto de trabajo, de acuerdo reitero con esa información que consta en la base de datos.

Este proyecto de ley que vamos a sancionar esta tarde viene a llenar ese vací­o normativo de nuestra legislación argentina. Genera un marco regulatorio que es apto para garantizar la protección de los datos personales y el derecho de las personas al control sobre la propia información y, al mismo tiempo, como decí­amos recién, brinda un marco adecuado para el desarrollo de las actividades empresariales que estén vinculadas con este sector.

En nuestro paí­s hemos sido testigos del abuso en muchos casos por parte de bancos de datos que registran información incorrecta, luego la difunden y, ante el reclamo de los afectados, dificultan tanto el acceso a la información como la posibilidad efectiva de corrección o eliminación de los datos erróneos, dejando a la persona en un verdadero estado de indefensión, que esta ley aspira a superar.

La ley garantiza el derecho de acceso a la propia información, el derecho de rectificación de los datos erróneos incompletos, el derecho de confidencialidad frente a los datos sensibles, como aquellos vinculados con las creencias religiosas o polí­ticas o, incluso, con las orientaciones sexuales, y el derecho a la actualización de los datos.

La ley que estamos por aprobar, señor presidente, prevé además un mecanismo procesal ágil y eficaz para la defensa de los derechos de los titulares de la información. Creo que estamos dando un paso muy importante dentro de la legislación argentina, saldando como bien lo relataba el señor senador Yoma una deuda pendiente de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, con la certeza de que estamos incorporando a la legislación argentina un instrumento a la altura de las legislaciones más avanzadas del mundo en esta materia. Por eso reitero nuestro pedido de aprobación para este proyecto.

Sr. Presidente (León). Tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. Señor presidente: voy a ser muy breve porque ya es la segunda vez que tratamos este proyecto de ley en el recinto.

Bien lo ha dicho el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales: se trata de una deuda que tiene el Congreso de la Nación en un tema tan sensible como es el de los bancos de datos personales.

Por eso me parece que hoy estamos cumpliendo con la sanción de una de las veinte leyes que necesariamente debí­a sancionar el Congreso luego de la reforma constitucional. Quedan algunas pendientes. Espero que nos pongamos a trabajar y finalmente tengamos todas las leyes ejecutivas necesarias también están las programáticas en la Constitución para que la Nación cuente con las normas adecuadas en este sistema democrático.

Luego voy a pedir una inserción porque fui autor de un proyecto sobre este tema, que fue considerado para hacer el dictamen que resultó aprobado y girado a la Cámara de Diputados.

Con respecto a este proyecto de ley venido en revisión al Senado, debo decir que coincido con el bloque de la Unión Cí­vica Radical para obtener los dos tercios necesarios e insistir en el proyecto original. En largas conversaciones de consenso, hemos coincidido en bastantes temas.

La propuesta que realiza la Comisión coincide en parte con la que yo formulara. Propongo aceptar algunas modificaciones de la Cámara de Diputados, más concretamente las realizadas en el artí­culo 5, apartados 1 y 2, inciso c), en coincidencia con la propuesta del bloque radical.

Además, propongo aceptar las modificaciones de la Cámara de Diputados a los artí­culos 19, 21 último párrafo y 25 in fine. En el tratamiento en particular voy a fundamentar este pedido.

Por economí­a legislativa voy a pedir una inserción porque fui quien informó el proyecto de ley anterior, vetado por el Poder Ejecutivo.

Sr. Branda. Es una alegrí­a poder votar este proyecto de ley para que hoy tenga la sanción que, estoy seguro, le va a dar el Senado de la Nación.

La aprobación de este proyecto es una necesidad porque muchas veces la población se ve en listas negras. En esta economí­a, en la que evidentemente no hay ningún control sobre la base de datos, los ciudadanos muchas veces se ven impedidos del acceso al crédito y de la posibilidad de adquirir a crédito algunos elementos necesarios; y esto es realmente una discriminación que no se merece el sector más humilde de nuestra población.

Por eso voy a votar con alegrí­a este proyecto, a través del cual en última instancia también se va a restaurar a aquellos muertos civiles quienes están en algunas listas son verdaderos muertos civiles que no tienen acceso al crédito y están excluidos de los beneficios de una economí­a moderna y de avanzada.

Por estas razones, señor presidente como decí­a , voy a votar con mucha alegrí­a este proyecto de ley.

Sr. Presidente (León). Tiene la palabra el señor senador Rodrí­guez Saá.

Sr. Rodrí­guez Saá. Señor presidente: este proyecto de ley tuvo sanción del Senado hace más de un año, según creo. Luego, se produjo la sanción de Diputados y ahora viene en revisión.

No tuve oportunidad de expresarme cuando la iniciativa fue sancionada por el Senado porque no me habí­a incorporado a este Cuerpo. Así­ que ahora quiero manifestar mi pensamiento sobre la norma. Sé que el proyecto tendrá sanción definitiva solamente si aceptamos las modificaciones introducidas por Diputados. Yo quiero expresar que mi voto que será negativo es en realidad en contra de esta ley. Pensaba votar en contra y después de escuchar a los miembros informantes, a los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, he ratificado mi convicción de votar en contra, porque es una norma que retrocede sobre lo establecido en la Constitución y en los tratados y pactos internacionales. Es un retroceso, no un avance.

La Constitución tiene un capí­tulo de Derechos y Garantí­as. En realidad, todos los derechos de la Constitución generalmente vienen a proteger al ciudadano de los avances y abusos que pueda cometer el Estado. Y las garantí­as son las formas de procedimiento que se establecen precisamente y valga la redundancia para garantizar el fiel cumplimiento de estos derechos; sobre todo, para poder ejercerlos cuando el Estado comete abusos.

En ese sentido, hay tres garantí­as especiales, que son: el amparo, el hábeas corpus y el hábeas data. Algunos consideran que del amparo se desprende el hábeas data.

De todas maneras, algo hay que empezar a tener en claro: estas garantí­as constitucionales pertenecen al campo del derecho procesal constitucional, del procedimiento constitucional. Algunos autores consideran que se trata ya de un derecho autónomo, porque realmente comprende la mejor parte de los derechos humanos y la que está más olvidada , que es la defensa y el ejercicio en plenitud de todos los derechos humanos que nos conceden la Constitución y las leyes.

* ¿Cuál es el defecto de esta norma? Observe, señor presidente, que tiene para ser preciso 49 artí­culos, de los cuales, los primeros 32 no se refieren al hábeas data, no son una garantí­a constitucional, no son reglas de procedimiento constitucional. Recién comienza a hablarse del hábeas data a partir del artí­culo 33, y yo considero que muy pobremente, lo que significa además un retroceso sobre la Constitución, porque la defensa que se le otorga al ciudadano que ha sido invadido en su intimidad, respecto de cuya persona se ha falseado la verdad, es el juicio sumarí­simo; y todos sabemos que un juicio sumarí­simo que establece el Código Procesal Civil, en el mejor de los casos dura meses y, en el peor, dura años. Entonces, más que un remedio, este procedimiento parece una condena procesal.

* ¿Por qué lo considero un retroceso? Al respecto, recuerdo un artí­culo del profesor de Derecho Administrativo Agustí­n Gordillo en la revista La Ley, que se titulaba algo así­ como: Un paseo por el Foro. El profesor Gordillo escribe este artí­culo a raí­z de la incorporación de los tratados internacionales, y el tema al que se referí­a era el amparo. Y dice que a partir de la incorporación de los tratados internacionales no sólo rige para nuestro paí­s la ley de amparo argentina, sino que rigen todos los institutos: el que establece la Constitución y además las referencias al amparo que establecen los tratados internacionales, como el de Derecho Polí­tico, de Nueva York, el Tratado de San José de Costa Rica, etcétera.

Respecto del hábeas data sucede lo mismo. No sólo tenemos la garantí­a que da la Constitución Nacional sino los tratados internacionales. Entonces, al poner plazos tan contrarios a las expectativas de las partes, como son los plazos de los juicios sumarí­simos, prácticamente estamos retaceando los derechos de la Constitución. Más que un avance, esta norma sostengo constituye un retroceso.

Si nosotros revisamos el juicio de amparo y esto es lo grave , debemos preguntarnos contra qué actos o contra quién se hace dicho juicio. Este juicio se lleva a cabo cuando se menoscaban los derechos constitucionales de una persona, cuando existen abusos por parte del Estado.

Cuando dictemos la ley de amparo, con la que estamos en deuda esto ocurrirí­a la próxima semana o dentro de poco tiempo , a nadie se le ocurrirá legalizar los abusos del Estado. A nadie se le ocurrirá dictar una ley ómnibus sobre todo lo que es la administración pública y, al final, incluir un capí­tulo sobre el amparo.

En oportunidad de la regulación del hábeas corpus, que es un remedio frente a la detención ilegal por parte de un organismo del Estado aquí­ no corresponde incluir el caso de los individuos, que se encuadrarí­a en la figura de un delito como es el secuestro , o sea los abusos que el Estado pueda cometer sobre la libertad de una persona deteniéndola, a nadie se le podrí­a ocurrir agregar un capí­tulo anterior o toda una legislación referida a la detención ilegal de las personas. Es algo imposible de legalizar o legitimar.

En el caso del hábeas data estamos poniendo juntas dos instituciones totalmente distintas. Por un lado, el derecho procesal constitucional al hábeas data, que es un resguardo al artí­culo 19 del derecho a la intimidad y a la verdad de cada uno acerca de su persona. De hecho, es un asunto muy fácil de solucionar, porque generalmente un dato al menos en el 90 por ciento de los casos se comprueba por la simple presentación de una documentación fehaciente. No requiere apertura a prueba ni nada por el estilo. Entonces, con la existencia de una ley de procedimiento de hábeas corpus corriendo traslado al banco de datos en un término de 48 horas, el juez, una vez emitido el informe, ordenará con la documentación fehaciente en su mano, la inscripción del dato correcto, y así­ estarí­amos solucionando el problema. Además, por supuesto, es sumamente correcto establecer los daños y perjuicios, porque así­ terminarí­amos con este tipo de instituciones que hoy, con el argumento de combatir, estamos legalizando.

Por supuesto, debemos tener en cuenta el derecho a la información, que serí­a la contracara que estamos regulando. En lo personal, considero que se trata de un derecho que habrí­a que dejar absolutamente en libertad. Nosotros no tenemos que regularlo. Cometerí­amos un terrible error al hacerlo, ya que lo estarí­amos legalizando o legitimando.

Este derecho que es subjetivo, por supuesto, y ha cobrado auge con el tema de la informática era bastante peligroso en el caso de las listas negras a las que hizo referencia el señor senador Branda, sobre todo cuando esos datos están en manos del Estado. * ¡Y observe, señor presidente, que de lo que menos se preocupa este proyecto de ley es del problema de los datos que tiene y maneja el Estado! * ¡En las épocas de las dictaduras militares cuántas personas hubieran tenido otro final si hubiese existido un remedio así­ y jueces que lo aplicaran! Habrí­a sido posible revisar los archivos monstruosos de la SIDE y de otros organismos del Estado, que realmente vuelcan datos sensibles menoscabando, por supuesto, el derecho a la intimidad y a la persona humana; y este proyecto de ley no se refiere a nada de esto.

Señor presidente: las garantí­as constitucionales se han creado para defender al ciudadano frente al Estado. Frente a un particular, como serí­an estos datos de personas, grupos o asociaciones que se dedican a informar, invadiendo muchas veces la intimidad y falseando los datos, el problema se remedia muy fácilmente mediante un recurso rápido que ordene la rectificación del caso y, además, con una condena por daños y perjuicios. De esa forma, tendrí­amos una ley absolutamente razonable, mucho más rápida, mucho más segura y evitarí­amos la legalización de este tipo de organismos.

Por eso, señor presidente, no quiero entrar ahora en mayores consideraciones porque en realidad, cuando leo este proyecto de ley, hasta el artí­culo 33, estoy en desacuerdo con toda esta legalización de todos estos organismos que se dedican a invadir la intimidad de las personas, a controlar la vida económica de los ciudadanos y a controlar los contratos muchas veces en forma extorsiva y abusiva generalmente en forma extorsiva y abusiva .

Señor presidente: nosotros estamos legalizando esos procedimientos. Esto es lo horroroso de este proyecto de ley: es una norma de controles, cuando estamos viviendo la era no sólo de la informática sino de la libertad.

Por ello, señor presidente, voy a votar en contra de este proyecto de ley. Creo que con estas manifestaciones dejo en claro que estoy absolutamente en contra de todo el proyecto de ley. Desearí­a, si es posible, que se analice la posibilidad de volver esta iniciativa a comisión para que caduque, cuando llegue el momento, o para que se dicte un proyecto de ley absolutamente distinto al que estamos considerando.

Sr. Presidente (León). Tiene la palabra el señor senador Romero Feris.

Sr. Romero Feris. Señor presidente: voy a ser lo más breve posible con respecto a este tema, teniendo en cuenta sobre todo que trataremos de terminar hoy con la consideración de este proyecto de ley que viene en revisión de la Cámara de Diputados.

Cuando se trató en este Honorable Senado el proyecto de ley cuya revisión estamos considerando, señalé que la iniciativa presentaba un excesivo reglamentarismo y que, en sustancia, estaba destinada a regular aspectos que excedí­an la acción de hábeas data.

En 1995 presenté un proyecto reglamentario de esta acción. Consideraba que ello implicaba colaborar con la sanción de una de las leyes que manda sancionar la reforma constitucional de 1994.

Mi proyecto estaba diseñado de una manera bastante clara y concisa. Lo redacté de forma tal que en sólo cinco artí­culos se establecí­a el marco operativo necesario para que todos los habitantes de nuestro paí­s tanto las personas fí­sicas como las jurí­dicas pudieran ejercer esta garantí­a y proteger adecuadamente sus derechos.

El objeto era normar en forma integral sobre los archivos y bancos de datos electrónicos. Advertí­ que la regulación resultaba en extremo casuí­stica y, en definitiva, podí­a tener como efecto demorar la implementación del hábeas data, que es la garantí­a que debemos asegurar a todos los habitantes.

Debo insistir, señor presidente, en que la doctrina de nuestros constitucionalistas Bidart Campos, Ekmedjian, Vanossi, entre otros afirma que la norma constitucional vigente debe considerarse operativa aún sin norma que la reglamente, dado que constituye una nueva garantí­a constitucional dentro del género del amparo que debe ser aplicada por los jueces con los elementos procesales que prevé la legislación vigente.

Los tribunales de la Nación también se han pronunciado sobre su directa operatividad desde el caso “Rosetti c/ Dunn & Bradstreet”, de1995.

El proyecto, en cuanto dispone que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro del plazo de 180 dí­as artí­culo 48 y nada dice acerca de las numerosas sanciones que están tramitándose en la actualidad, está demorando la implementación de la garantí­a.

Reitero, señor presidente, que es imprescindible que una cláusula transitoria o, en su caso, una norma complementaria aclare en forma inequí­voca que la acción de hábeas data es directamente operativa y que en ninguna circunstancia podrán paralizarse las acciones en trámite.

Desde mi punto de vista el Capí­tulo VII “de la tutela judicial” aprobado por la Cámara de Diputados, aunque continúa siendo extremadamente casuista, ha simplificado el trámite procesal previsto en la sanción del Senado y, en ese sentido, merece mi apoyo.

Advierto también…

Sr. Menem. * ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Romero Feris. …que el proyecto ha reformulado y aclarado el tema de la competencia.

Sr. Presidente (León). El señor senador Menem le solicita una interrupción, * ¿se la concede?

Sr. Romero Feris. Sí­.

Sr. Presidente (León). Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. Señor presidente: me parece haber escuchado que el señor senador dice que la sanción de Diputados ha simplificado la del Senado.

Es totalmente al revés.

Sr. Romero Feris. Dije que es casuí­stico.

Sr. Menem. Señor presidente: es al revés.

Mientras el Senado prevé una acción, Diputados la complica previendo tres acciones.

No sólo es casuí­stico, sino que además la sanción de Diputados complica todo el procedimiento al establecer distintos tipos de acciones, que en muchos casos las van a tener que ejercer en forma acumulativa. Además podrí­an ser rechazadas, precisamente por no tener la debida claridad.

Esto se evitarí­a con la establecido en la sanción del Senado, es decir con una sola acción, ya sea para rectificar, actualizar o suprimir los datos.

Me permití­ interrumpirlo porque consideré que traí­a confusión decir que la sanción de Diputados simplificaba la del Senado.

Contrariamente, es al revés; la complica.

Muchas gracias, señor senador.

Sr. Presidente (León). Continúa en uso de la palabra el señor senador Romero Feris.

Sr. Romero Feris. Señor presidente: le digo con todo respeto a mi amigo el señor senador Menem que soy respetuoso de todas las opiniones. Pero esta es la postura que he adoptado, teniendo en cuenta el análisis que hemos efectuado con el doctor Carlos Colautti y otros asesores.

Por eso es que fijo esta posición, independientemente de que el senador Menem pueda tener razón o no. No me adjudico tener la razón de todo lo que afirmo. Es una opinión, y soy respetuoso de todas las opiniones.

Prosigo, señor presidente.

Advierto también que el proyecto ha reformulado y aclarado el tema de la competencia, estableciendo en forma expresa que los tribunales ordinarias en lo Civil serán competentes para entender en las acciones de conocimiento, de prevención y de reparación y que será el actor quien, a su elección, pueda optar entre iniciarlas en su domicilio, en el del demandado o en el del lugar de la amenaza, violación o intromisión ilegí­tima.

Esto debe ser considero un avance, aunque continúa prevista la jurisdicción federal respecto de los registros, archivos, bases y bancos de datos interconectados en redes de alcance nacional.

Debo reiterar, señor presidente, que la misma í­ndole de la actividad y los progresos de la informática hacen que las redes estén en la mayor parte de los casos interconectadas a nivel nacional.

De tal forma que la mayor parte de las acciones de hábeas data serán de competencia de la justicia federal, lo que significa un menoscabo para las autonomí­as provinciales y su servicio de justicia, debido a una nueva concentración de poder en manos del gobierno federal.

Considero también que la presunción de la existencia de perjuicio indemnizable que establece el artí­culo 46 del proyecto constituye un elemento disuasorio frente a las lesiones que pudieran realizarse a través de los bancos de datos.

También encuentro acertado que se haya establecido una suma mí­nima de cinco mil pesos como piso de la indemnización. Pero estimo que en realidad se debió haber previsto el reajuste de este monto de acuerdo con depreciaciones monetarias, si las hubiere.

Finalmente y para terminar, un breve comentario acerca del último párrafo del artí­culo 1, que establece que en ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de la información periodí­stica.

Considero que haber establecido esta garantí­a para la libertad de prensa constituye un acierto de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados.

En efecto, el artí­culo 43 de la Constitución Nacional, al dar rango constitucional a la acción de hábeas data, que como dijimos es directamente operativa, determina que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodí­stica. Esto me parece de gran trascendencia.

La regla del artí­culo 1 del proyecto de ley ratifica y especifica esa garantí­a. La interpretación judicial deberá respetar no sólo la fuente de la información sino también las informaciones que consten en las bases de datos.

De tal forma que, por la ví­a de una acción judicial, los medios no podrán ser obligados a modificarlas.

Debo subrayar que ello constituye una garantí­a esencial para la libertad de prensa. Si los medios estuvieran sujetos a la modificación de los datos que constan en sus archivos, eso implicarí­a que no podrí­an ser dados a conocer, lo cual generarí­a censura previa o autocensura.

Por las razones expuestas, señor presidente, manifiesto que no apoyo el dictamen de comisión que estamos considerando.

Sr. Presidente (León). Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. Señor presidente, distinguidos colegas: esta Cámara de Senadores está tratando por tercera vez la iniciativa sobre protección de datos, más conocida como ley de hábeas data. Y las tres veces lo ha hecho con un carácter procesal distinto.

La primera vez que la tratamos lo hicimos como Cámara revisora de una sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.

La segunda vez lo hicimos como Cámara iniciadora de este proyecto.

Y la tercera ahora como Cámara revisora.

Los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra han explicado cuál fue la suerte que corrió el proyecto de ley anterior. Es decir, sancionado por la Cámara de Diputados, fue modificado sustancialmente por el Senado. Entonces, volvió a la Cámara de Diputados, la cual insistió en su sanción originaria y pasó al Poder Ejecutivo, el cual la vetó totalmente.

Luego presentamos este proyecto, que fue modificado en la Cámara de Diputados y, por eso, hoy viene nuevamente a nuestra consideración.

Hago esta introducción, porque indudablemente a esta altura ya hemos hablado bastante acerca de esta iniciativa sobre protección de datos, más conocida como ley de hábeas data. Es decir, ya fundamentamos el proyecto en general, por lo menos dos veces. Por lo tanto, me parece que serí­a sobreabundante volver a hacer una exposición en general sobre lo que significa este proyecto de ley, sobre todo después de la meticulosa y profunda exposición efectuada por el miembro informante.

De todos modos, como en esta instancia vamos a insistir en nuestra sanción anterior en la mayorí­a de los casos en que la norma ha sido modificada por la Cámara de Diputados, estimo pertinente efectuar algunas reflexiones, sobre todo con relación al aspecto teleológico del proyecto, para que se pueda interpretar mejor cuál es el sentido de las posiciones que adopte esta Cámara, ya sea al aceptar las modificaciones de la Cámara baja o al insistir en nuestra sanción original.

Permí­taseme decir, en ese sentido, que este proyecto se inscribe en el ya mencionado carácter garantista de la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994.

Lo que nosotros sancionamos es una garantí­a que tiende a proteger ciertos y determinados derechos de la Constitución. Porque de nada bastarí­a la proclamación de los derechos, que con tanta amplitud y generosidad hace nuestra Constitución, si detrás de ello no existieran las garantí­as y los medios para su protección. Esto ya lo decí­a Alberdi en sus célebres Bases al afirmar que las garantí­as individuales proclamadas con tanta gloria, conquistadas con tanta sangre, se convertirí­an en palabras vanas, en mentiras relumbrosas si no se hacen efectivas por medio de las garantí­as públicas.

En este sentido, el artí­culo 43 de la Constitución Nacional es un verdadero núcleo de garantí­as constitucionales. Por ejemplo, están las garantí­as de la libertad personal por medio del hábeas corpus, la garantí­a general de los derechos con el amparo y, por supuesto, la protección de datos a través de la ley que hoy sancionaremos.

Recordemos que hábeas data es una expresión que tiene una manifestación hí­brida porque se integra con una palabra latina, hábeas, y con una inglesa, data. Pero la traducción de ahí­ que debemos entender de qué se trata es tener los datos. Así­ como el hábeas corpus es tener el cuerpo traer el preso a la presencia del juez para analizar la privación de la libertad , aquí­ de lo que se trata es de tener los datos para protección de quien es el titular de tales datos.

El objeto de la ley se puede sintetizar en varios aspectos principales.

En primer lugar, establecer como premisa me parece que en algún caso no se la ha entendido bien la protección integral de los datos de una persona. Este es el objeto general de la ley.

En este caso, hablamos de los datos que hacen a los derechos fundamentales de la persona: el derecho a la intimidad, al honor, a la honra, a la dignidad; ese verdadero núcleo fundamental previsto en el artí­culo 19 de la Constitución en lo que hace al derecho a la intimidad y los que están en las declaraciones de principios, derechos y garantí­as de la Constitución, enriquecidos con el capí­tulo incorporado en la reforma de 1994.

* ¿Cómo se hace efectivo ese derecho? * ¿Cuáles son los medios, las ví­as y las acciones que tiene el ciudadano para poder garantizar esos derechos a través de esta acción de hábeas data? * ¿Cuáles son los derechos que tiene el individuo en esta materia?

En primer término, tiene el derecho de acceder a la información que existe en un registro. Todo ciudadano tiene derecho a conocer qué es lo que se dice de él en un registro destinado a dar información al público. Esto hay que señalarlo: hablamos de los registros destinados a dar información y no a cualquier registro o cualquier base de datos.

En segundo término, el ciudadano tiene derecho a que se actualicen esos datos, porque muchas veces la recopilación en las bases de datos no se actualiza y el dato no actualizado puede valer tanto como un dato erróneo.

En tercer término, tiene derecho a que se rectifiquen los datos erróneos que existen en esas bases o archivos de datos, en cuanto sean inexactos.

En cuarto término, tiene derecho a que se asegure la confidencialidad de aquellos datos que hacen a ciertos aspectos de la intimidad, de la vida privada, que no tienen por qué ser públicos.

En quinto término, y es importante, se prohí­be el registro de la información sensible. Los denominados datos sensibles son los relativos a la caracterí­stica de la persona, que no tienen por qué figurar en un registro destinado a dar información, como serí­an las creencias religiosas, las inclinaciones sexuales, etcétera.

Estos serí­an los aspectos fundamentales y los medios por los cuales se pretende que esta ley proteja los datos de las personas.

En esta filosofí­a de no hacer de nuevo una exposición general sobre el hábeas data me remito a la que hice al presentar el proyecto de ley cuando lo tratamos como Cámara iniciadora , quiero manifestar que esta ley se torna mucho más imprescindible indudablemente por la presencia o magnitud que ha tomado la informática, potenciada por los avances en las telecomunicaciones, que coloca a los individuos en una situación de absoluta exposición de sus atributos de la personalidad a merced del uso incontrolado e incontrolable que quiere hacerse de ellos.

También quiero expresar que el objeto de la ley es el resguardo de la información personal respecto de toda actividad invasiva ilegí­tima de la esfera privada, de modo que sea efectiva la garantí­a de los derechos a la intimidad y al honor de las personas y a no ser injustamente discriminado.

En esta ley se señaló mucho que se trata de una protección de los derechos de las personas. No estamos hablando de la protección del crédito ni del derecho de informar de las instituciones o del funcionamiento libre del mercado. Esto no es la protección de las agencias de información sino de la persona. Algunos creen que el tema es al revés, que primero está el derecho de informar y en base a eso hay que defender a la persona. Es al revés. La ley, en base a la filosofí­a constitucional, protege los derechos de las personas. Por supuesto, también merece protección el derecho de comerciar, el derecho de la formación de archivos, pero tiene que haber un equilibrio entre ambos derechos. En caso de conflicto, tiene que prevalecer sin lugar a dudas el derecho de las personas.

Hago esta aclaración, que si mal no recuerdo también la hice cuando expuse el proyecto en su oportunidad: muchas veces se pone énfasis en prohibir que figuren los datos sensibles. Me parece bien que sea así­ porque se usan, como aquí­ se ha dicho, para atacar a las personas. Pero no tiene menos valor el derecho a que se informe correctamente de la solvencia y situación patrimonial de una persona, porque el patrimonio es también un atributo de la persona. En muchas ocasiones se puede causar más daño difundiendo un dato falso, inexacto sobre la situación patrimonial de una persona que difundiendo un dato sensible. A una persona puede no causarle tanto daño que se diga a qué religión pertenece o qué religión profesa como que se informe que es un insolvente y se lo convierta en un muerto civil, porque no podrá acceder al crédito. Y lo pueden condenar, de esa forma, a un estado de miseria y de pobreza permanentes. Por eso no es menor la protección que se debe dar a la persona frente a las bases de datos tendientes a informar situaciones patrimoniales.

Hechas estas aclaraciones voy a manifestar, señor presidente, que este proyecto de ley necesariamente tení­a que referirse a la cuestión de los archivos, a las bases de datos, porque es una forma de coadyuvar al derecho consagrado en el artí­culo 43 de la Constitución Nacional.

Admito que puede haber opiniones distintas, en el sentido de que habrí­a que haber regulado nada más que el hábeas data. Inclusive admito que algunos digan que, por ser operativo el artí­culo 43, no hace falta ninguna regulación. Con ese criterio no habrí­a por qué haber regulado el amparo ni el hábeas corpus. Algunos olvidan que hay una ley sobre hábeas corpus que sancionó este mismo Congreso allá por el 84 u 85. Recuerdo unas célebres discusiones que tení­amos con el hoy presidente Fernando de la Rúa, que era el autor de ese proyecto que se convirtió en ley. Discutí­amos acerca de si el hábeas corpus procedí­a contra actos de particulares. Yo sostení­a que sí­ y el doctor de la Rúa que no. Parte de la doctrina me da la razón a mí­ y otra parte de la doctrina le da la razón a él. íšltimamente creo que se está imponiendo la primera interpretación, es decir que también corresponde contra actos de los particulares, lo que lamentablemente no está en el proyecto que sancionamos. Adelanto que voy a proponer un proyecto de ley actualizando la ley sobre hábeas corpus.

Dicho esto, señor presidente, llegamos a esta instancia en que tenemos que expedirnos sobre las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados. Creo que no han sido muy felices las modificaciones introducidas por la Cámara baja a nuestro proyecto. Y pienso que está mal desde el comienzo. Cuando modifican el artí­culo 1 desvirtúan el proyecto, porque le sacan una expresión que define la teleologí­a de la ley, cuál es su finalidad. Los diputados la sacan y dan una serie de pautas pero no dicen, como lo hace claramente la sanción del Senado, que tiene por objeto la protección integral de los datos asentados en archivos, registros, destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así­ como también el acceso a la información, etcétera.

La sanción de Diputados no dice nada de eso. Dice directamente que la presente ley tiene por objeto regular el uso y tratamiento de estos datos. O sea, se olvidan, eliminan en forma indebida el núcleo interpretativo de la ley, el objeto de la norma, que es la protección integral de los datos personales. Por eso nosotros insistimos en la sanción del artí­culo 1.

Diputados agrega, yo dirí­a en una sobreactuación, porque siempre se quiere quedar bien con el sector periodí­stico, que en ningún caso se podrán afectar las bases de datos ni las fuentes de información periodí­stica. Eso está fuera de discusión. Los archivos periodí­sticos no son objeto de la regulación de esta norma, porque no están destinados a dar datos. Son para manejo del propio medio.

* ¿Para qué vamos a hablar de la fuente de información periodí­stica? Es una sobreactuación. Es como querer quedar bien diciendo: “A ustedes siempre los tenemos en cuenta”. * ¡Pero si ya los tuvimos en cuenta cuando sancionamos la reforma de la Constitución de 1994! Ahí­ está el resguardo del secreto de la fuente de información periodí­stica. En el artí­culo 40 de la norma también decimos que no se podrán afectar las fuentes de información periodí­stica.

Está bien, el miembro informante ha dado una razón; yo la acepto. También lo ha dicho el distinguido colega por Córdoba. Pero creo que es totalmente sobreabundante. No hay forma de interpretar que la aplicación de esta ley puede afectar el secreto de la fuente de información periodí­stica.

No me voy a referir a todos y cada uno de los puntos que ha modificado la Cámara de Diputados y sobre los que nosotros insistimos. El miembro informante ya ha dicho qué es lo que aceptamos. Estoy de acuerdo. Explicó en forma muy clara y contundente, inclusive, por qué aceptamos la insistencia en el artí­culo 47, que no estaba contenido en mi proyecto de ley. Fue introducido en el recinto y me terminaron de convencer de que es posible y correcto incluirlo.

Quiero referirme a la interrupción que hice al senador Romero Feris. Realmente, debemos haber leí­do proyectos distintos. í‰l dice que la Cámara de Diputados ha simplificado la acción de hábeas data con relación a lo establecido por el Senado. Es absolutamente lo contrario. Fí­jense que Diputados, al regular la acción propiamente dicha de hábeas data, habla de tres tipos de acciones que el interesado, el titular de los datos, puede utilizar. Cito: acciones especiales de hábeas data; acciones de conocimiento, acción de prevención y acción de reparación. * ¿Para qué esta distinción de distintos tipos, si la acción es una sola? Al plantear la demanda, el interesado dirá: “Es para que se rectifique el dato; es para actualizarlo; es por la confidencialidad; es para que se eliminen los datos sensibles”. * ¿Qué objeto tiene el estar discriminando las acciones, si ya conocemos los problemas que siempre tuvimos los abogados para determinar qué acción es la que corresponde? Muchas veces se pierden juicios por no elegir bien cuál es la acción. Si bien se dice que pueden ser acumuladas, yo digo para qué determinar qué tipo de acción, complicando la ley. La acción es una sola, así­ como lo es el amparo. * ¿O alguien ha visto que hay amparo para la restricción de derecho y otro para la violación de derecho? No, hay una sola acción. Y recordemos las enseñanzas de Couture el famoso, célebre procesalista del cual estudiamos tanto, que hablaba de la unicidad de la acción , que decí­a siempre que la acción es una sola.

Por eso creo que la sanción de Diputados lo único que hace es complicar el aspecto procesal. Me permito discrepar con la posición del señor senador por San Luis en cuanto hace al trámite procesal. Se le ha dado el trámite más rápido posible: cinco dí­as para contestar el informe, tres dí­as para ampliar. Además, se aplican las disposiciones del juicio sumarí­simo. Si esto no se regulara, se tramitarí­a como un amparo y yo creo que esta acción, por sus caracterí­sticas, deberí­a tener inclusive menos requisitos que la acción de amparo, porque se trata de un objeto mucho más especí­fico, más preciso y que requerirí­a en ese caso una acción realmente rápida, sencilla, como dice el Pacto de San José de Costa Rica, que habla de este derecho con una acción sencilla y rápida. El tema de la rapidez está perfectamente contemplado. No voy a entrar en aquella discusión de si la acción de hábeas data es una especie de amparo, es un subamparo, si tiene la misma o distinta naturaleza. Hay una acción de hábeas data que la estamos regulando, que tiene su fundamento en la Constitución Nacional, que le damos un trámite distinto y creo que de esta forma vamos a dar una sanción adecuada como una garantí­a constitucional en una ley que además regula debidamente, como lo hacen otras leyes en el derecho comparado conjuntamente, el tema de la organización de los registros y la forma en que el titular de los datos puede acceder a esos registros y puede conseguir las rectificaciones y supresiones que corresponda.

Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José Genoud.

Sr. Menem. Por ese motivo, señor presidente, escuchando que hay murmullos en la sala, como decí­an antes los presidentes cuando presidí­an las sesiones de las Cámaras seguramente porque hay apuro en votar esta ley y también habrá mucho interés por escuchar al jefe de Gabinete , voy a pedir la inserción, una por una, de las posiciones respecto a los casos en que insistimos o que aceptamos las modificaciones de la Cámara de Diputados.

Debemos votar esta ley, tal como ha pedido el miembro informante, porque creo que de esta forma agregamos un arma más al arsenal de la democracia respecto de las garantí­as que son indispensables para la protección de los derechos consagrados por nuestra Constitución.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Villarroel, del Frente Cí­vico por Catamarca.

Sr. Villarroel. Señor presidente, colegas: voy a ser telegráfico, no precisamente por los murmullos de la sala sino porque quiero ahorrar palabras que no serí­an sino reiteración de otras que ya se han dicho en anteriores oportunidades. Bien ha manifestado el señor senador por La Rioja que han sido tres con ésta las veces que él se aboca a este asunto.

Yo dirí­a que no es cierto que estemos en deuda respecto a este tema; más bien, en todo caso, hay otros que están en deuda con el Senado, aunque últimamente no tenga muy buena prensa reivindicar la tarea del Senado. Porque lo cierto es que acá la última vez que se debatió esto fue el 26 de noviembre de 1998. En esa oportunidad hubo no menos de unos siete u ocho proyectos diferentes sobre ley de hábeas data y algunas disidencias que fueron formando complementos del así­ llamado orden del dí­a principal, que lo era el número 1006, de octubre de ese año 98. El complemento número 1 y no es porque lo ponga al frente, de gusto nomás, sino porque ese es el orden eran las disidencias de mi parte, que eran no sólo en general sino en particular, con una crí­tica pormenorizada del articulado del proyecto, que básicamente era el que recogí­a el proyecto del doctor Menem. Y habí­a complementos 2, 3 y 4, que recogí­an disidencias de varios senadores de la Unión Cí­vica Radical, además de los proyectos que habí­a de los senadores Romero Feris y Aguirre Lanari.

O sea que el Senado ha trabajado de modo bastante acucioso en el asunto, lo que debe ser reivindicado más allá de las diferencias.

Yo participo de algunas de las crí­ticas que aquí­ ha expuesto el señor senador por San Luis doctor Rodrí­guez Saá, principalmente porque me hubiera parecido mejor digo esto sin ser tan drástico como ha sido él en la crí­tica que se hubiese hecho un régimen circunscripto al andamiento de la garantí­as, vale decir las normas necesarias para dar andamiento a las garantí­as, dejando para un régimen aparte una cuestión que es bastante compleja y engorrosa, como obviamente es en rigor el negocio de la venta de datos. Pero se ha obrado de otra manera.

Además en esto disiento con el señor senador por San Luis , no es que este régimen legal legalice a esas organizaciones que venden datos sino que simplemente trata de normarlas con mayor o menor fortuna, porque de hecho esa actividad existe y es lí­cita desde el momento que son entidades privadas y ya sabemos que todo lo que no está jurí­dicamente prohibido está jurí­dicamente permitido.

En tren de cumplir con lo prometido, simplemente voy a decir que apoyo en general el proyecto y que en particular mantengo las disidencias que han sido puntualmente explicadas en el complemento 1 del orden del dí­a 1006, tratado en este Senado en 1998, que supongo va a formar parte del Diario de Sesiones una vez que se ponga al dí­a espero que sea pronto , razón por la cual no voy a pedir una inserción.

Con estas palabras, doy por terminada mi intervención.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador López.

Sr. López. Señor presidente: en oportunidad del tratamiento de este tema en noviembre de 1998 fui miembro informante de esta bancada del proyecto que hoy viene en revisión.

Con la aclaración de que en muchí­simos aspectos la sanción de la Cámara de Senadores es superior a la que está en tratamiento y el procedimiento constitucional de sanción de las leyes nos mete en una encerrona al tener que insistir o no, voy a pedir una inserción. Pero dejando a salvo que tengo mis observaciones con respecto al método que vamos a utilizar, sobre la aprobación de capí­tulos o artí­culos o de artí­culos dentro de capí­tulos con mayorí­as especiales, lo cual hace que la legislación pueda ser corregida por vetos parciales por el Poder Ejecutivo, con lo cual quizás pierdan coherencia las ideas originales tenidas en cuenta para armar la estructura de una ley.

En dicha inserción dejo complementado todo mi pensamiento respecto del tema que nos ocupa. Entonces, solicito la inserción atento al apuro en sancionar este proyecto y escuchar el informe del jefe de Gabinete de Ministros.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Alasino.

Sr. Alasino. Señor presidente: tenemos una nueva oportunidad de tratar uno de los temas clave del proceso de democratización del paí­s, es decir el proyecto de ley en revisión que nos ocupa, sobre hábeas data, consagrado en la Constitución Nacional en su artí­culo 43.

Debo decir que esto tiene su origen, sin ninguna duda, en el sistema de supranacionalidad que la Constitución Nacional de Santa Fe Paraná incorporó cuando le dio rango constitucional a las normas de los pactos internacionales sobre derechos humanos, especí­ficamente el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles y Polí­ticos, lo que automáticamente implicó la operatividad inmediata de todos los derechos reconocidos y de las garantí­as consagradas para su defensa.

También debo decir, para no repetir conceptos que se han expresado con toda precisión, que el hábeas data en alguna medida apunta a la libertad de información, que se entiende como derecho a informar y como deber de informar, y que se traduce, según los términos del Pacto de San José de Costa Rica, en que la información debe ser abierta, pública, accesible y, especialmente, veraz. Y tal como está establecido en la Constitución, obviamente tiene que estar vinculada sin ninguna duda, en el fondo de la cuestión, al tema del hábeas data y especí­ficamente a los bancos de datos.

Voy a pasar por alto las cuestiones técnicas y me voy a limitar, simplemente, a hacer algunas consideraciones respecto de ciertos aspectos que entiendo están absolutamente cambiados en el proyecto que viene de Diputados; y según nos ha anunciado el presidente de la comisión, a los efectos de que la Alianza nos acompañe, debemos votar condicionados algunos artí­culos.

Especí­ficamente, hablaré en general del artí­culo 1 y de la confusión que trae la norma que viene de Diputados, cuando el párrafo que supuestamente vamos a incorporar dice que no estarán alcanzadas por la ley la base de datos ni la fuente de información periodí­stica.

Por lo que yo entiendo, el último párrafo del artí­culo 43, que protege la fuente, en manera alguna puede estar relacionado directamente con la base de datos que puede tener una empresa periodí­stica. Por ejemplo, si una base de datos de un diario importante dice que una persona tiene cuatro registros de automotor y se prueba que tiene uno, el diario puede decir toda la vida que tiene cuatro registros porque eso dice su base de datos y no se le puede pedir que la corrija. Si la base de datos de una empresa periodí­stica dice que una persona tiene 10 millones de dólares de capital y se prueba que la persona tiene un millón, la base de datos de la empresa periodí­stica no podrá corregirse, porque la ley la asimila a la fuente de información.

Me parece que una cosa es la base de datos y otra cosa es la fuente de información periodí­stica. Una, hace a la libertad de expresión o de prensa y la otra, hace a la libertad de la empresa, que protege de esa forma difundir permanentemente, tal vez, datos falsos que nadie tiene el derecho a corregir.

Sin embargo, creo que la incorporación de este párrafo suelto al texto de la iniciativa va a entrar en colisión inmediata con el artí­culo 33 de la misma norma, que es el que dice cuándo procede la acción: si procede cuando se presuma la falsedad, inexactitud y desactualización de la información de que se trata, si esta es la procedencia de la acción, entonces va de contrapelo con una base de datos falsa que puede repetir incesante y alegremente el error, sin que de alguna manera alguien tenga derecho a que realmente allí­ se diga la verdad.

Creo que confundir la base de datos, que es una cuestión fí­sica y material, que es el recipiente en donde se acumula información, con la fuente de información periodí­stica es un grave error que estamos por cometer.

Si los diputados lo hicieron y el Senado cuando discutió el tema en comisión advirtió el error pero igualmente hoy nos encontramos en esta especie de chantaje donde la norma se vota así­ o no se vota; si esto, como decí­a al principio, tiene su origen en la democratización del paí­s y su respuesta en la decisión argentina de incorporar su trasnacionalidad a sus normas, sin ningún lugar a dudas considero que en este aspecto estamos retrocediendo.

Sr. Presidente (Genoud). Senador Alasino: le solicitan una interrupción los señores senadores Molinari Romero y Yoma. Usted verá…

Sr. Alasino. Cómo no, señor presidente.

Concedo la interrupción a los dos senadores, en el orden que a usted le parezca, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Gracias, señor presidente.

He solicitado una interrupción para expresar solamente una curiosidad.

El senador Alasino se refirió a esta votación como en un estado similar al del chantaje. Al respecto, yo quisiera saber de dónde provendrí­a ese chantaje. Realmente me queda una gran duda ante la gravedad de la afirmación que está haciendo el señor senador Alasino.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). * ¿Va a responder las dos interrupciones juntas o por separado, senador Alasino?

Sr. Alasino. Las dos juntas, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). Bien.

Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. Primero, señor presidente y con todo respeto por mi colega de bancada y de bloque , de ninguna manera puedo aceptar que hubo chantaje por parte de ningún legislador ni grupo de presión en el tratamiento de este proyecto de ley.

Es más; creo que si hay algo de lo que me enorgullezco es de que este tipo de normas que reglamentan cláusulas constitucionales expresas siempre lograron el consenso de la Comisión de Asuntos Constitucionales. A veces hemos tenido que ceder o conceder, pero las leyes reglamentarias de la Constitución, por lo menos las que sancionó este Senado, han sido producto del consenso; absolutamente todas.

Por otra parte, en el caso especí­fico de este artí­culo 1, lo que pasa es que la interpretación respetable, por supuesto del senador Alasino difiere de la interpretación de la mayorí­a de la comisión; por lo menos, de la de sus miembros justicialistas y, obviamente, creo que también de los de la Alianza.

Digo esto porque para nosotros la base de datos y las fuentes de información periodí­stica son lo mismo. Digámoslo de esta manera: las bases de datos integran las fuentes de información periodí­stica. El senador Alasino dice que son dos cosas distintas; ahí­ está quizá la diferencia. Su opinión es respetable, pero no ha sido compartida por la mayorí­a de la comisión.

Nosotros creemos que el espí­ritu de esta ley lo dije yo; también lo ratificó el señor senador Menem en su exposición y lo manifestaron algunos otros senadores tiene que ver con lo que dice su artí­culo 1. Pero la Cámara de Diputados lo dice de manera incorrecta y sobreabundante. Esta ley lo que hace es diferenciar algo que no es diferenciable. Esta ley diferencia las bases de datos de la fuente de información periodí­stica.

Por otra parte, lo que esta ley regula son las bases de datos destinadas a dar informes; y ese no es el caso de la base de datos de la fuente de información periodí­stica.

Nosotros no tenemos problemas en acompañar el pedido de la bancada de la Alianza. Pero debemos decir que si bien respeta el espí­ritu de la ley, es pésimo desde el punto de vista de la técnica legislativa, sobreabundante y sobreactuante inclusive por parte de quienes lo impulsaron en la Cámara de Diputados.

Además, señor presidente, debemos tener en cuenta una cuestión práctica: para insistir en el artí­culo 1 del Senado necesitamos dos tercios. Como no lo vamos a reunir sin el consenso de la Alianza y la Alianza ya anticipó que no lo va a otorgar, de hecho quedará confirmada la sanción de Diputados. Entonces, para qué entablar una discusión en un tema respecto del cual la mayorí­a interpreta dejo a salvo, reitero, la posición respetable del senador Alasino que es el espí­ritu de la norma que estamos tratando.

Gracias señor senador.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Alasino.

Sr. Alasino. Al señor senador Molinari Romero dejo que le responda la Constitución.

Al senador Yoma, debo decirle que esto no es lo que pasó en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En la reunión ocurrió lo contrario. De allí­ surge el dictamen que se trajo a votación, donde solamente se acepta la modificación y se mantiene lo que al respecto habí­a definido el proyecto del Senado. No es así­. Ahora nos encontramos con esta especie de chantaje. * ¿Por qué digo esto? Porque al final de su exposición el senador Yoma sostiene que si no votamos de esa forma no habrá dos tercios. Lo que estoy intentando es llamar a la reflexión porque el bloque justicialista, sin duda, tiene un pensamiento muy cercano a lo que estoy diciendo. Todos los miembros del bloque, en la reunión que convocó el presidente de la comisión, suscribimos el dictamen y ahora llamo a la reflexión al bloque de la Alianza para ver si conseguimos los dos tercios necesarios para votar este artí­culo tal como está redactado originalmente por el Senado. Esta es mi intención.

Si no resulta claro lo que estoy diciendo, reitero que la Constitución dice en el anteúltimo párrafo del artí­culo 43 que toda persona puede interponer acción contra bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes en el caso de falsedad o discriminación. Y no establece de qué empresa se trata: si es farmacéutica, periodí­stica o de calzados, sino que habla de todas las empresas privadas. Y, aparte, establece una excepción para la fuente de información periodí­stica, estableciendo que no es lo mismo y fijando una protección. Estamos desvirtuando la razón misma de ser del periodismo, avanzamos y seguimos confundiendo. Ahora que podemos distinguir, separar y establecer diferencias, no lo hacemos y nos rendimos. * ¿Por qué nos rendimos? Porque y pido que se me permita esta licencia hay una especie de chantaje, según lo cual se vota como viene de la Cámara de Diputados o no se prestan los votos necesarios y, entonces, queda tal como vino de esa Cámara.

Evidentemente, comparto la encendida defensa que en la Comisión de Asuntos Constitucionales hizo de este artí­culo el presidente de la comisión y los otros senadores inclusive, los de la oposición que por lo menos allí­ manifestaron este tema como se presenta hoy aquí­ en el recinto.

Este es el meollo y la “Cocoa” uno le echa más “Cocoa” para que el chocolate quede más oscurito . No avanzo en los otros temas, pero quiero dejar perfectamente en claro que la Constitución protege sólo las fuentes de información y los bancos de datos pueden ser fuente de información o no. Y, a veces, los bancos de datos más que de información son fuente de elementos que quedan allí­ y que, después, cuando el periódico tiene que acudir por la “A”, Alasino, va a la información que esté allí­, sea cierta o mentira y uno nunca la puede corregir. Ese no es el espí­ritu de la Constitución.

El señor senador Yoma me solicita otra interrupción, que se la concedo.

Sr. Presidente (Genoud). Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. Agradezco al señor senador que me permita esta interrupción.

Voy a señalar dos cosas. En primer lugar, quiero decir que disiento en cuanto a que este artí­culo sea el meollo de la discusión, sino todo lo contrario. Este artí­culo ha sido el que menos discusión tuvo como tal, a no ser por la presencia de ADEPA, que concurrió a la comisión a exponer sobre este tema. Los que impulsan la sanción de esta iniciativa son las asociaciones de usuarios y consumidores, que representan a millones de argentinos que están esperando esto para el acceso al crédito. Este es el profundo sentido social que tiene este proyecto de ley. Lo otro forma parte de una discusión doctrinaria, que es muy respetable y que se dio en la Convención Constituyente. Más aún, cada vez que se tocaba el tema de la fuente de información periodí­stica y esto lo va a reconocer el señor senador Alasino habí­a al comienzo, inmediatamente de sancionada la reforma constitucional, una corriente doctrinaria que decí­a que las fuentes de información periodí­stica que preservaba la Constitución estaban referidas únicamente a los efectos del hábeas data.

Es decir que restringí­an la interpretación constitucional a la preservación de las fuentes de información periodí­stica al solo efecto del hábeas data.

Quizás a esta parte de la doctrina es a la que adhiere muy respetablemente, porque muchos juristas se expresaron de esa forma al momento de la sanción de la Constitución el señor senador Alasino.

Lo que sucede es que esa interpretación restrictiva respecto de la fuente de información periodí­stica ha cedido en doctrina y en jurisprudencia a una interpretación más amplia y genérica, que excede al hábeas data.

Por otra parte, * ¿cómo podemos escindir el banco de datos de una fuente de información periodí­stica que no está destinado a dar informes de la fuente de información?

O mejor dicho, * ¿ustedes creen que si ingresamos en la base de datos es posible no conocer la fuente de información?

Si uno ingresa en la base de datos, inmediatamente accede al origen y a la fuente de información periodí­stica. Es imposible escindir la base de datos de la fuente de información periodí­stica.

Esta ley es taxativa. No regula las bases de datos que no estén destinadas a dar informes.

Quizás sea correcto lo que dice el señor senador Alasino, pero en base a otra ley y a otra interpretación constitucional. En esta ley, el artí­culo 1 votado por el Senado establece la regulación de las bases de datos destinadas a dar informes, lo que no es el caso de las fuentes de información periodí­stica, porque no están destinadas a dar informes.

La única forma de disentir con el senador Alasino serí­a en una discusión de fondo acerca de cuál es la naturaleza de la ley que estamos considerando.

Por último, señor presidente, no es la primera vez que de un dictamen de comisión enviado al recinto hay propuestas de modificación por parte de los señores legisladores. Y no se viola ninguna regla del Reglamento ni nada que se le parezca.

Del debate en comisión al recinto es obvio que puede haber legisladores que incorporen sugerencias o propuestas. Este accionar siempre ha sido contemplado y las modificaciones son aceptadas o no en el recinto.

Por eso reitero que quizás esta discusión se deberí­a haber dado. O quizás se dio y se agotó al momento de la sanción del artí­culo 43 de la Constitución.

Sr. Presidente (Genoud). Continúa en uso de la palabra el señor senador Alasino.

Sr. Alasino. Señor presidente: esto parece un diálogo de sordos, no sé de qué ley estamos hablando.

Si el artí­culo 1 dice: “La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas”, no sé cómo puede decir el senador Yoma que esta ley es solamente para sacar créditos. O que esto tiene que ver solamente con los derechos de los usuarios y los consumidores. Con todo respeto, es una tonterí­a.

Esta ley regula una parte del derecho a la información. El artí­culo 42 dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a una información adecuada y veraz.

Y resulta que nosotros estamos votando una ley a contrapelo del 42, diciendo que puede existir y no se puede cambiar un registro privado que está relacionado con la intimidad y el honor de las personas. O sea que si está equivocado, no se lo puede corregir. * ¿Por qué? Porque es una empresa periodí­stica.

Esto no tiene nada que ver con la fuente de información, que es el especialí­simo secreto profesional del periodista.

La Constitución, respecto del tema del secreto profesional del periodista, fue mucho más allá.

Y así­ como el secreto profesional lo puede revelar el juez, cuando hay algún interés superior para proteger, aparentemente la Constitución aun va más lejos y no deja forma de que el periodista pueda revelar su fuente.

Pero digo aparentemente, porque supongamos que a un periodista le avisan que van a poner una bomba en una embajada, que le dicen quién es y la bomba explota. Yo no sé si un juez no lo puede revelar después, para buscar al culpable de la bomba. No sé si aun en ese caso la Constitución o un juez no deben ceder, frente a la gravedad del hecho y frente a esa aparente situación absoluta del periodista. Lo señalo como un ejercicio teórico.

Por eso, señor presidente no me quiero extender sobre el tema insisto en que el artí­culo 1 debe ser el original del dictamen del Senado. No estoy de acuerdo en que se incorpore el párrafo que trae la sanción de la Cámara de Diputados y que hace esta discriminación. De todos modos, considero que de quedar así­, realmente tenemos el remedio de la inconstitucionalidad, no solamente en virtud del artí­culo 42 sino porque además este proyecto de ley, que tiene por objeto proteger la intimidad y el honor de las personas entre otras cosas , va a dejar un compartimiento estanco donde la intimidad y el honor no podrán tener protección.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Yoma. En realidad, serí­a para una interrupción, porque está primero el señor senador Villaverde…

Sr. Villaverde. Se la concedo, señor presidente.

Sr. Yoma. Señor presidente: tan fuerte es el espí­ritu del proyecto de ley en cuanto a dejar de lado o excluir de los alcances de este proyecto a las fuentes de información periodí­stica que en el artí­culo 40 de la sanción del Senado que también estamos considerando hoy se dice que los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que se les requiere, salvo en el caso en que se afecten las fuentes de información periodí­stica. Por eso decimos, señor presidente…

Sr. Alasino. * ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Genoud). Serí­a una interrupción de una interrupción. * ¿Se la concede, senador?

Sr. Yoma. Sí­

Sr. Villaverde. Sí­, señor presidente.

Sr. Alasino. Señor presidente: la ley habla de confidencialidad, que no es lo que dice el artí­culo 1. La confidencialidad tiene, en cualquier lado en que se estudie, un régimen que la ampara distinto al secreto absoluto de las fuentes de información periodí­stica. La confidencialidad está vinculada a la difusión o al tratamiento reservado del tema. Pero no a la reserva absoluta que puede tener una persona del origen de una información. Y esto, en mi opinión, en este proyecto de ley es admisible. Pero no tiene nada que ver con la norma de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Villaverde.

Sr. Villaverde. Señor presidente: voy a solicitar la inserción de algunas observaciones que iba a plantear, en homenaje a la brevedad y a los efectos de no entrar quizás a polemizar también con otros senadores, ni a reiterar algunos argumentos ya vertidos que comparto.

Considero que el procedimiento de hábeas data, al igual que el amparo, debe ser concreto, preciso y lo más breve posible. Pero acá se están incorporando dos institutos. Uno referido al almacenamiento y registro de datos y otro al procedimiento del hábeas data.

También comparto, no sólo con el autor del proyecto original sino que me remito a los fundamentos de un proyecto de mi autorí­a que están incorporados, la necesidad de cumplir con la Constitución, con la cual estamos en falta desde 1994.

Por lo tanto, solicito la inserción en el Diario de Sesiones de estas observaciones.

El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Señor presidente: estamos cumpliendo con un mandato constitucional conforme lo establece el art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994.

A tal efecto, agregaré algunas consideraciones a los fundamentos expuestos en el proyecto de mi autorí­a, conforme consta en el orden del dí­a que estamos considerando.

HABEAS DATA, significa que “tengas posesión”, por lo tanto si HABEAS CORPUS es “traer el cuerpo”, HABEAS DATA es “traer el dato”.

El HABEAS DATA, es una garantí­a constitucional en defensa del hombre afectado en su dignidad, no garantiza el derecho a la información que encuentra su protección por la ví­a del amparo, garantiza la dignidad de las personas, su prestigio, su moral, su honor, afectadas por informaciones ocultas, almacenadas a veces por error o malicia en los registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes.

El procedimiento de HABEAS DATA, semejante al procedimiento de amparo debe ser claro, efectivo, de fácil lectura, lo más preciso y corto posible.

A partir de la década del 70 en los paí­ses nórdicos y sucesivamente en el resto de Europa, comenzó a reglamentarse por ley, que datos y en que forma debí­an de recopilarse por quiénes estaban legalmente en condiciones de conocer los mismos. Se difundió así­ la regularización del almacenamiento de datos, pero esto, no es la garantí­a de HABEAS DATA. El almacenamiento de datos y la garantí­a constitucional de HABEAS DATA corren por distintos andariveles.

El proyecto que viene de diputados trata ambas cosas en forma confusa y difusa. Regula la compilación de datos en forma extensa, no lo suficientemente clara y lo trata en relación directa con la garantí­a de habeas data sin la suficiente diferenciación.

En mi criterio, este proyecto se puede desglosar en dos leyes perfectamente diferenciadas una que trata sobre los datos, las formas y condiciones de su compilación e información y la otra que se refiere a la garantí­a de HABEAS DATA que tiende a preservar la dignidad de las personas afectadas por informaciones manipulada en archivos o bancos de datos del estado o particulares, tal como viene el proyecto de HABEAS DATA, serí­a igual que presidir un proyecto de habeas corpus, con el derecho y las condiciones prolijamente enumeradas que podrí­an dar lugar a la acción de habeas corpus.

Una ley anterior sancionada en este congreso sobre habeas data fue vetada por el ejecutivo y postergó durante dos años el tratamiento de la nueva ley que nos ha llegado de diputados ahora, con el mismo error de pretender regular por un lado el registro de datos y conjuntamente la garantí­a de habeas data. La ley vetada provocó serias observaciones de los distintos organismos del estado y particulares que compilan los datos, que de reiterarse nuevamente se corre el riesgo de quedarnos sin LEY DE GARANTIA de HABEAS DATA, conforme lo planteé oportunamente.

Y a tal efecto en el proyecto de mi autorí­a propongo un procedimiento previo que acredite la negativa del demandado para evitar poner en movimiento la instancia judicial en los casos que los requerimientos fueran atendidos satisfactoriamente.

En cuanto al procedimiento judicial propongo algunas pautas que entiendo necesarias, remitidas en general al procedimiento de AMPARO.

Además debemos de advertir que el tema de la regulación, compilación y publicación de los datos puede sufrir variadas y discutidas modificaciones siendo en cambio, duradera una ley de habas data que en forma clara, precisa y breve regule la garantí­a constitucional.

Por todo lo expuesto solicito la vuelta a comisión para que se ponga a consideración de este senado en forma breve, clara y precisa una ley de HABEAS DATA exclusivamente sin el proyecto que trate la forma y condiciones en que se deben compilar datos para ponerlos a disposición de los que requieran esa información.

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace uso de la palabra, se van a votar todos los pedidos de inserción formulados por los señores senadores a lo largo del debate.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Se procederá en consecuencia.

Corresponde pasar a la votación…

Sr. Maglietti. Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. Señor presidente: voy a ser muy breve dado que las circunstancias de este debate se han alargado más de lo previsto.

En primer lugar, quiero decir lo que Alberdi en algún momento escribió en las Bases y que consta en la página 247 de la edición que tengo en mi banca.

Decí­a lo siguiente: “No basta que la Constitución contenga todas las libertades y garantí­as conocidas. Es necesario, como se ha dicho antes, que contenga declaraciones formales de que no se dará ley que con pretexto de organizar y reglamentar el ejercicio de esas libertades las anule o falsee con disposiciones reglamentarias.”

Señor presidente: coincido en que este proyecto, en cierta medida, no es un proyecto de hábeas data sino una reglamentación de los archivos o bancos de datos juntamente con la inclusión de lo establecido por la Constitución en el tema del hábeas data.

Por ello, creo que muchas de las crí­ticas aquí­ formuladas se ajustan a la realidad. Pero no voy a repetir lo que ya se ha dicho.

Solamente quiero tocar breve y rápidamente dos puntos de los que considero importante quede la respectiva constancia.

En primer lugar, al órgano que se crea por este proyecto se le han dado facultades de controlar y de exigir documentos, programas y otros elementos, de juzgar y sancionar, de reglamentar y hasta de querellar que, a mi criterio, son excesivas respecto de lo que debe ser objeto de normas reglamentarias, ya que al mismo tiempo que se le dan este tipo de facultades nos encontramos con que también las que tiene el Poder Ejecutivo para reglamentar la ley.

Puede considerarse, a mi criterio, que esto implica la violación de algunos principios constitucionales, tal el caso del artí­culo 76, que prohí­be la delegación legislativa, y lógicamente de otros principios respecto de los cuales no me voy a extender en este momento.

Sr. Presidente (Genoud). Señor senador: le solicita una interrupción el señor senador Rodrí­guez Saá. * ¿La acepta?

Sr. Maglietti. No, señor presidente, porque voy a ser muy breve.

Sr. Presidente (Genoud). No se la concede, señor senador Rodrí­guez Saá.

Continúa en uso de la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. Además, este órgano controla, juzga y aplica sanciones, lo que evidentemente excede las facultades de un órgano de administración.

En segundo lugar, el otro punto que puede ser objeto de una crí­tica está vinculado a la reforma del Código Penal.

Se establecen sanciones penales dentro del Tí­tulo II del Código Penal en los delitos contra el honor, referidos a la calumnia y la injuria.

Sostengo, señor presidente, que evidentemente se ha incurrido en una modificación del Código Penal, concretamente en lo relacionado con el artí­culo 117 bis, que no era necesaria y que, al contrario, en lugar de aclarar la situación lo que provoca es una invasión de una jurisdicción que tendrí­a que estar reservada a las modificaciones del Código Penal por parte de una comisión que estudie detalladamente este delito, el de calumnias e injurias.

En este caso, cuando se legisla ese delito, en realidad, hay que tener en cuenta que ya está legislado en el Código Penal y aquí­ no se hace más que modificar la figura en algunos aspectos que, a mi entender, no tienen ningún resultado feliz.

Por ejemplo, cuando dice que se inserte o se haga insertar maliciosamente datos falsos en un archivo, si el hecho constituye un delito, ya está legislado es calumnia e injuria , si no lo constituye, son datos inofensivos y no configuran delito.

Perdón por hacer esta disquisición muy apresurada, pero como entiendo la impaciencia reinante en el recinto para terminar con este asunto, concluyo agregando que, pese a no estar de acuerdo con algunos aspectos de este proyecto, voy a respetar el criterio de la mayorí­a y del miembro informante de esta bancada. De ahí­ que, a pesar de tener algunas disidencias voy a votar en forma afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Arnold.

Sr. Arnold. Señor presidente: adelanto mi voto afirmativo en general. Pido que se inserten en el Diario de Sesiones las modificaciones que tengo redactadas para la discusión en particular.

Asentimiento.

Sr. Presidente (Genoud). Así­ se hará.

Se va a votar el proyecto. No corresponde votarlo en general toda vez que fue aprobado por la Cámara de Senadores y luego la Cámara de Diputados aprobó un texto por mayorí­a de dos tercios.

Por lo tanto, corresponde que se vote artí­culo por artí­culo, consignando la mayorí­a obtenida, simple o dos tercios, para determinar si prevalece la sanción del Senado o el texto de la Cámara de Diputados.

En consideración el artí­culo 1.

Tiene la palabra el senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Señor presidente: solicito que se insista en la redacción originaria del artí­culo 1 con la inclusión como último párrafo del siguiente texto: “En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodí­sticas”.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. Señor presidente: quisiera decir dos cosas. Primero quiero aclarar cuál es el sentido de la votación. Lo que se pone en consideración es la sanción del Senado que consta en el dictamen de comisión. Necesitamos los dos tercios para aprobar los artí­culos del dictamen de comisión, que es la sanción del Senado. En ese sentido, tal cual lo dijimos al informar el proyecto de ley, la comisión acepta la modificación que viene de la Cámara de Diputados en el artí­culo 1.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Alasino.

Sr. Alasino. Señor presidente: me opongo a que se introduzca el párrafo que propuso el señor senador Molinari Romero.

Quiero intentar un último esfuerzo haciendo un ejercicio. Supongamos que del párrafo que quieren incorporar sacamos la parte que dice “ni las fuentes”. Ese párrafo se refiere a dos cosas: los datos y las fuentes, como que son distintas ni datos ni fuentes . De esta manera el párrafo queda así­: “En ningún caso se podrá afectar la base de datos de información periodí­stica”. Pido que observen la enormidad que estamos votando.

Creo que hay una confusión. Voy a tratar de realizar un ejercicio que se hace cuando se estudia la prueba en derecho procesal. Una cosa es el elemento de prueba, lo que se introduce al proceso, que es el dato, y otra cosa es el origen o el vehí­culo mediante el cual se trae el dato. Cuando se hace referencia a fuente de información lo que está diciendo la ley afecta al agente que le dio la información y la confidencialidad se mantiene. No se puede decir. No ocurre lo mismo con el dato equivocado. Este es el error. El error es asimilar el elemento con el vehí­culo de cómo ingresa a conocimiento de alguien una información. Eso es el vehí­culo. La fuente es secreta. El dato si es erróneo puede ser corregido. De lo contrario queda la alternativa que ha propuesto la Cámara de Diputados: aunque sea un dato errado, en ningún caso podrá afectar la base de datos de una información periodí­stica. Me parece una enormidad. En esas condiciones hago constar mi voto negativo.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Menem

Sr. Menem. Señor presidente: simplemente quisiera establecer en forma clara cómo se vota. Insistimos en el artí­culo de la sanción del Senado tal como habí­a sido sancionado por este cuerpo y se acepta como un agregado a este artí­culo la sanción de Diputados en lo que hace al secreto de la fuente de información periodí­stica. Esto es la última parte del artí­culo 1 de la sanción de Diputados.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador por Entre Rí­os.

Sr. Alasino. Señor presidente: * ¿no se puede votar primero el dictamen original y, si no tiene mayorí­a, se le agrega el párrafo que introdujera la Cámara de Diputados? * ¡Quién le dice que el artí­culo original del Senado obtiene mayorí­a de dos tercios! Y si no la tiene, se pone el párrafo que le van a agregar ahora al dictamen. Tenemos un dictamen de mayorí­a para votar, donde figura el artí­culo tal como estaba redactado. Y ahora hay un agregado. Creo que se deberí­a votar primero ese dictamen, que es de mayorí­a, y después la modificación.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el presidente de la comisión.

Sr. Yoma. Valoro el esfuerzo que está haciendo el senador Alasino para tratar de consensuar su postura doctrinaria o, en todo caso, ganar una votación. Pero creo que es un exceso pretender violentar la práctica parlamentaria de quince años, que consiste en someter a consideración de la comisión la modificación del dictamen o de un artí­culo, luego la comisión lo aprueba o no y, finalmente, se somete el artí­culo a votación. Repito que valoro el exceso, pero de ninguna manera es aceptable esa propuesta por inconducente y, además, improcedente.

De todos modos es bueno precisar una vez más la discusión está dada alrededor de si las bases de datos integran la fuente de información periodí­stica o no. Este proyecto de ley dice que la integran, en todo su articulado. Diputados se equivoca al separar bases de datos de información, en un exceso, sobreabundancia o sobreactuación frente a un pedido de los sectores vinculados a la prensa.

Pero como el espí­ritu del proyecto es que no se puede preservar la fuente si no se lo hace también con la base de datos esto es lo que dice la iniciativa sancionada por el Senado, inclusive por el senador Alasino , no tenemos problemas en aceptar ese agregado innecesario que hizo la Cámara de Diputados, para contribuir a este consenso. De ninguna manera vamos a conceder, señor presidente, que se altere absolutamente el Reglamento o las prácticas para el tratamiento de los temas por lo que ya, a esta altura, constituye un capricho del senador Alasino.

Sr. Presidente (Genoud). La Presidencia va a someter a votación la moción que explicitara el senador Menem, que acaba de fundamentar nuevamente el presidente de la comisión y que acepta el bloque de la Alianza.

Tiene la palabra el senador Alasino.

Sr. Alasino. Creo que es cierto lo que dice el senador Yoma, que el presidente habitualmente, en este Senado, representa a la comisión. Esto sirve para el senador Yoma y para todas las comisiones. Porque hace muy pocos dí­as discutimos en este recinto donde aparentemente todos asienten este sistema al que hace referencia el senador Yoma porque van a votar así­ , con respecto a otro dictamen, se dijo de la misma forma y generó sospechas. Este ha sido el mecanismo según el cual el presidente de la comisión es como si fuera la comisión. Y el presidente de la comisión, de alguna manera, lleva adelante el dictamen, hace su estudio y lo hace firmar. Digo esto porque repito hace pocos dí­as tuvimos otro dictamen en discusión y se usó este sistema.

Sr. Presidente (Genoud). Si me permite, senador…

Sr. Alasino. No, déjeme terminar, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). Está haciendo una interpretación que no es exacta.

Sr. Alasino. Señor presidente: creo que es así­. Esto es así­. Si no, la comisión debe aceptar. Y en la comisión somos quince miembros.

Sr. Presidente (Genoud). Se le cede la palabra al presidente de la comisión, que es el vocero o el miembro informante del dictamen de la mayorí­a. Si hay un dictamen de la minorí­a…

Sr. Alasino. Entonces, convengamos, señor presidente, que no es la comisión.

Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Alasino. Respecto del otro dictamen no hubo ningún problema y todos se rasgaron las vestiduras alertando que habí­a un presidente que habí­a hecho lo de siempre.

Siempre se hace esto. Esta es la historia de cómo se hicieron los dictámenes de comisión en el Senado.

Sr. Presidente (Genoud). El presidente no puede sustituir un cuerpo colegiado. Lo que sucede es que actúa como vocero y miembro informante. Además, la práctica es que se somete a votación en primer lugar el dictamen de la mayorí­a, en este caso expresada por el presidente de la comisión.

Tiene la palabra el senador Losada.

Sr. Losada. Señor presidente: simplemente, es para ratificar que el bloque de la Unión Cí­vica Radical va a votar según la propuesta expresada por el senador Molinari Romero.

Por otra parte, creo que nadie más que el propio plenario sirve para ratificar la opinión del presidente de la comisión, que ha sido siempre quien definí­a la postura de la comisión.

Creo que se debe votar de esta manera.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. Señor presidente: es hasta por un problema práctico y de sentido común; el proyecto viene en segunda revisión; si el artí­culo que se va a votar no reúne la mayorí­a necesaria, queda confirmado lo que vino de Diputados, textualmente.

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artí­culo 1 según el texto del Senado, con el agregado de la fuente de información, como se explicitó al momento de formularse la moción por el señor senador Molinari Romero. Se requiere mayorí­a de dos tercios.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Queda aprobado por mayorí­a de dos tercios..

Se enuncian y aprueban los artí­culos 2 y 3.

Sr. Presidente (Genoud). Quedan aprobados por unanimidad.

Sr. Rodrí­guez Saá. Señor presidente: no voté afirmativamente los dos últimos artí­culos, y creo que el senador Varizat tampoco. Por eso no comprendo lo de “unanimidad”.

Sr. Presidente (Genoud). A la Presidencia le pareció que era por unanimidad. Hace bien en consignar su voto negativo. Quedan entonces registrados los votos negativos en los artí­culos 2 y 3de los senadores Varizat, Rodrí­guez Saá y Romero Feris.

En el futuro, voy a decir “más de dos tercios” o “dos tercios” y no “unanimidad”, para evitar equí­vocos.

Tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. Señor presidente: es al solo efecto de pedir una aclaración al senador Rodrí­guez Saá. * ¿í‰l vota en contra de todo el articulado o sólo de estos últimos dos artí­culos?

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Rodrí­guez Saá.

Sr. Rodrí­guez Saá. Quiero expresar mi disconformidad hacia una ley que es un retroceso respecto de la Constitución y de los pactos internacionales. Por eso voto todos los artí­culos del proyecto en forma negativa.

Sr. Presidente (Genoud). Queda entonces consignada la opinión para todos los artí­culos que se voten en el futuro tanto del senador Rodrí­guez Saá como del senador Varizat.

Se enuncia y aprueba el artí­culo 4.

Sr. Presidente (Genoud). Queda aprobado por mayorí­a de dos tercios.

Se enuncia el artí­culo 5.

Sr. Molinari Romero. Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Señor presidente: es solamente para solicitar que se acepten las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados en el apartado 1. y en los incisos b) y c) del apartado 2.

Sr. Yoma. Que se lea, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). Se va a leer por Secretarí­a.

Sr. Branda. Pido la palabra.

Sr. Secretario (Pontaquarto). (Lee:) “Artí­culo 5. (Consentimiento)1. El tratamiento de datos personales es ilí­cito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.

“El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos, de la información descrita en el artí­culo 6 de la presente ley.”

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. Señor presidente: voy a apoyar también el inciso c) del apartado 2, en la insistencia, dado que es un requerimiento que habí­a hecho la comisión para que se elimine el número telefónico como dato del cual no se requiera el consentimiento del titular para su tratamiento. Con lo cual se le requerirá el consentimiento al titular para suministrar del archivo de datos la información del número telefónico.

Esta modificación también fue propuesta por la Unión Cí­vica Radical. Así­ que en ese sentido la voy a acompañar.

Sr. Villarroel. Señor presidente: voto por la negativa este artí­culo, porque me parecen demasiado amplias las excepciones y ya lo señalé cuando se trató la primera vez en el Senado.

Sr. Presidente (Genoud). Se consigna el voto negativo del señor senador Villarroel.

Por Secretarí­a se leerán los incisos b) y c).

Sr. Secretario (Pontaquarto). (Lee:) “b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal …”

Sr. Yoma. Para que se entienda, hay que comenzar leyendo el encabezamiento del artí­culo.

Sr. Secretario (Pontaquarto). (Lee:) “2. No será necesario el consentimiento cuando: a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto.” Ese no se modifica. “b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio.”

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). El artí­culo ha quedado aprobado por mayorí­a de dos tercios.

Sr. Yoma. * ¿Me permite, señor presidente? Querí­a aclarar que la Cámara de Diputados lo que hizo fue eliminar dentro de los datos el número de teléfono.

Sr. Branda. A eso me referí­a, señor presidente, cuando hice la propuesta de aprobar el texto.

Se enuncia y aprueba el artí­culo 6* °.

Sr. Presidente (Genoud). Ha quedado aprobado por mayorí­a de dos tercios.

Se enuncia el artí­culo 7:

Sr. Villarroel. Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. Señor presidente: dejo constancia de mi voto negativo.

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Ha quedado aprobado por mayorí­a de dos tercios.

Se enuncia el artí­culo 8:

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Señor presidente: pido que se acepte la redacción de la Cámara de Diputados, que creemos que es la mejor lograda desde el punto de vista de técnica legislativa.

Sr. Presidente (Genoud). Por Secretarí­a se dará lectura.

Sr. Secretario (Pontaquarto). (Lee:) “Artí­culo 8. (Datos relativos a la salud) Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud fí­sica o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional.”

Sr. Yoma. La verdad es que no tiene ningún sentido la modificación, pero la aceptamos.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Molinari Romero para darle sentido a su moción.

Sr. Yoma. Si me permite, señor presidente, para que el senador Molinari Romero se pueda explayar en su explicación quiero decir que la sanción del Senado habla de hospitales y demás instituciones sanitarias públicas o privadas. La Cámara de Diputados dice: establecimientos destinados a la salud, o algo similar.

Me parecen demasiado generosas con los diputados las palabras del senador Molinari Romero de que es mucho más prolija y correcta la redacción de la Cámara de Diputados. De ninguna manera. Esta es técnicamente superior, pero lo vamos a aceptar.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Señor presidente: el senador Yoma se olvida de los antecedentes que tiene como diputado.

Esto tiene que ver fundamentalmente con una descripción que hace la Cámara de Diputados sobre ciencias de la salud y no sobre ciencias médicas, lo que hace que la norma sea más comprensiva de todas las actividades que pueden tener acopio de información o de datos. Por eso solicitamos que se respete la redacción de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Vaquir, presidente de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública.

Sr. Vaquir. Señor presidente: me parece que los conceptos médicos que ha vertido el señor senador Molinari Romero son una muy buena interpretación jurí­dica. Primero, porque los establecimientos ya no son sanitarios públicos o privados. Hay una tercera variante que es la de los establecimientos de autogestión, que son mixtos, y que no están incluidos en la norma. En este sentido, los diputados no estuvieron muy ilustrados.

Por otra parte, cuando se hace referencia a las ciencias, aseguro que las ciencias médicas abarcan todo aquello que sea salud. Incluso el concepto médico en muchos paí­ses es el odontológico, el bioquí­mico, etcétera. Entonces, daba lo mismo decir “médico”.

No rescata para sí­ el concepto del secreto, no sólo del profesional sino también de los paramédicos y de los técnicos, que también tienen acceso a la base de datos, por lo cual también deberí­an haber quedado incluidos, porque no va a ser él quien vaya a buscar a la base de datos la historia clí­nica de un paciente con HIV sino que lo hará su asistente. Entonces, esto también tendrí­a que haber sido incluido.

Por otra parte, no se usa más el concepto mental…

Sr. Presidente (Genoud). Dirí­jase a la Presidencia, señor senador Vaquir…

Sr. Vaquir. Discúlpeme.

Sr. Presidente (Genoud). … para evitar el diálogo.

Sr. Vaquir. Lo que pasa es que los diputados siempre nos castigan y cada tanto los cuatro o cinco colegas queremos “poner algún botoncito” médico.

Sr. Molinari Romero. * ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Genoud). Le pide una interrupción el señor senador Molinari Romero. * ¿Se la concede?

Sr. Vaquir. Cómo no.

Sr. Presidente (Genoud). Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Lo que el señor senador está criticando es exactamente la sanción que en su momento hizo la Cámara de Senadores. Por eso le pido que no me considere abogado defensor de los diputados porque insisto las observaciones que usted está haciendo corresponden a la sanción original del Senado. Me refiero a si están incluidos los paramédicos o no, al secreto profesional, al hospital público, a la autogestión, etcétera. Todo esto tiene que ver con la sanción original del Senado. Entonces, distingamos dónde están los errores.

Sr. Presidente (Genoud). Continúa en uso de la palabra el señor senador Vaquir.

Sr. Vaquir. En primer lugar, deseo puntualizar al señor senador Molinari Romero que yo serí­a incapaz de adjudicar a un colega responsabilidades que no tiene. La responsabilidad de esto es mí­a. Públicamente lo acepto.

Sr. Molinari Romero. A confesión de parte…

Sr. Presidente (Genoud). No dialoguen, señores senadores.

Sr. Vaquir. Digo que la responsabilidad es mí­a como presidente de la Comisión de Salud porque quizás debimos haber analizado este artí­culo.

Para terminar, cuando se refiere al estado fí­sico o mental, en el concepto moderno de la Organización Mundial de la Salud se habla de psicofí­sico o psicosomático.

Cuando dice “bajo tratamiento que acudan”, debe decir “que consulten”.

Y al final, donde dice “respetando los principios del secreto profesional” debe decir “respetando estrictamente el secreto profesional”.

Me hago absoluto y único responsable de no haber hecho las correcciones a tiempo. No tiene nada que ver el señor senador Molinari Romero. Pero dado que se están haciendo consideraciones, que quede en claro que este cuerpo advirtió estas cuestiones.

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artí­culo 8 con las modificaciones propuestas por el señor senador Molinari Romero y aceptadas por el presidente de la comisión.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Queda aprobado por mayorí­a de dos tercios.

Se enuncia el artí­culo 9:

Sr. Menem. Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. Señor presidente: pido a los colegas que tratemos de aceptar las modificaciones que realmente sean conducentes y positivas. * ¿Por qué? Porque hay una unidad de pensamiento en la autorí­a de la iniciativa. En este caso, hemos hecho una modificación para ser muy ortodoxos o exquisitos, pero sugiero que tratemos de no proponer modificaciones que no conduzcan realmente a mejorar la norma en lo que hace a su funcionamiento, a su eficacia, porque los diputados han introducido muchas modificaciones que son innecesarias y superficiales; no le agregan nada a la ley, como ocurre más adelante, cuando se habla del cumplimiento de las obligaciones y se hace la aclaración de que el incumplimiento será cuando se trate de obligaciones lí­quidas, exigibles, como si hubiera incumplimiento de obligaciones que no sean exigibles. O sea que hubo un intento o un propósito de modificar inclusive aquello cuya modificación no tení­a ninguna razón de ser.

Entonces, para que no hagamos un sancochado, sugiero que tratemos de respetar al máximo nuestra sanción, porque así­ evitaremos algún tipo de dispersión en la futura interpretación de la ley.

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artí­culo 9.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). El artí­culo ha sido aprobado por mayorí­a de dos tercios de los votos.

Se enuncian y aprueban los artí­culos 10 a 12.

Sr. Presidente (Genoud). Los artí­culos 10 a 12 han sido aprobados por mayorí­a de dos tercios.

Sr. Arnold. Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Arnold.

Sr. Arnold. Señor presidente: solicito que conste mi voto negativo respecto del artí­culo 12.

Sr. Presidente (Genoud). Se deja constancia del voto negativo del senador Arnold respecto del artí­culo 12.

Se enuncia y aprueba el artí­culo 13.

Sr. Presidente (Genoud). El artí­culo ha sido aprobado por mayorí­a de dos tercios.

Se enuncia el artí­culo 14:

Sr. Molinari Romero. Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Señor presidente: sin el ánimo del sancochado, término muy común se ve en la provincia originaria del senador…

Sr. Menem. Puede decir La Rioja y no tiene necesidad de ponerse de pie. (Risas.)

Sr. Molinari Romero. …lo que acá solicitamos justamente para sancionar una ley que sea motivo de orgullo , es la insistencia en la redacción original del Senado y la aceptación del apartado 4, propuesto por Diputados, que contempla una hipótesis que no habí­a sido prevista por la Cámara de Senadores cuya lectura por Secretarí­a solicito, para que se entienda y que tiene que ver con el derecho de acceso y sobre todo con el ejercicio que corresponde a los sucesores en el caso de que los titulares hubieran fallecido.

Sr. Presidente (Genoud). Antes de la lectura por Secretarí­a, tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. Señor presidente: creo importante aclarar lo que propone el bloque de la Unión Cí­vica Radical como agregado a este inciso. En principio no se protege la privacidad del causante. Se tiene más interés en lo que hace a las cuestiones de datos de personas desaparecidas. Me parece que ese es el sentido que se le quiere dar; no en cuanto a que tengan acceso a ello los sucesores universales. Creo que a eso se apunta y hay que decirlo con todas las letras.

Entiendo que ese es el significado del agregado del apartado 4 a la sanción original de la Cámara de Senadores.

Sr. Presidente (Genoud). Que se lea por Secretarí­a, como se ha solicitado.

Sr. Secretario (Pontaquarto). (Lee:) Punto 4 del artí­culo 14: “El ejercicio del derecho al cual se refiere este artí­culo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales.”

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero. No sé si he comprendido bien al senador Branda por eso hice algún gesto de no haberlo comprendido . Supongo que cuando habló de desaparecidos lo hizo en los términos de aquellas personas que no viven más. Porque el concepto de fallecido involucra todas las situaciones, incluso lamentablemente aquellas de la historia argentina respecto de las cuales se ha adoptado la denominación de “desaparecidos”. Pero lo que estamos planteando es el concepto de sucesor de cualquier persona que haya fallecido, * ¿está claro?

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Menem. * ¿Puedo hacer uso de la palabra, señor presidente?

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Yoma y, luego, el senador Menem.

Sr. Yoma. Concedo la interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. Señor presidente: no es para oponerme. Simplemente, quiero señalar que el tema ya está previsto en el artí­culo 34, cuando dice que la acción de protección de los datos personales podrá ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas fí­sicas, sean en lí­nea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí­ o por intermedio de apoderado. O sea, si están legitimados para accionar, desde luego que les corresponde el derecho. De modo tal me parece que serí­a innecesario agregar ese inciso 4 porque ya está previsto en el artí­culo 34.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. Señor presidente: demoré en hacer uso de la palabra porque estaba buscando precisamente el artí­culo que mencionó el senador Menem. Ahora observo que el dictamen que tengo en mi poder pasa del artí­culo 33 al 38, y no se encuentra la hoja correspondiente al artí­culo 34. Por eso no lo encontraba. De todos modos, coincido con el señor senador Menem. El proyecto de ley prevé este agregado en el artí­culo 34. De cualquier manera, no hay problema en aceptarlo.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Solamente, es para aclarar un concepto.

El artí­culo 14, que estamos tratando, tiene que ver con el derecho de acceso del titular frente a quien posea un banco de datos o una información a la cual se pretende acceder. Lo que está planteando el señor senador Menem sobre el artí­culo 34 tiene que ver con una legitimación procesal activa; es decir, cuando le han denegado algún derecho. Entonces, a mi modo de ver, son dos situaciones distintas. En el artí­culo 14 se está hablando de un derecho normalmente ejercido sin situación de controversia, mientras que en el artí­culo 34 hay una situación de controversia.

Sr. Yoma. Lo aceptamos.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. Creo que si está legitimado para accionar, con mucho mayor razón le comprende el derecho en este caso; no obstante, vamos a aceptar la modificación. Creo que en derecho no ocurre lo mismo que en la vida diaria: a veces, lo que abunda, daña. Pero en este caso creo que no tiene ese carácter.

Sr. Presidente (Genoud). Se va a votar el artí­culo 14, con el agregado propuesto.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Ha sido aprobado por los dos tercios de los votos.

Se continúa con la votación en particular.

Se enuncian y se aprueban los artí­culos 15 y 16.

Sr. Presidente (Genoud). Resultan aprobados por los dos tercios de los votos.

Se deja constancia del voto negativo de los señores senadores Villarroel y Arnold en el artí­culo 16.

Informo que el Cuerpo está sesionando con quórum estricto de 37 señores senadores.

Se continúa con la votación en particular.

Se enuncian y aprueban los artí­culos 17 y 18.

Sr. Presidente (Genoud). Quedan aprobados por los dos tercios de los votos

Se enuncia el artí­culo 19:

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. El artí­culo 19 se encuentra dentro del Capí­tulo III, titulado “Derecho de los titulares de datos”. La Cámara de Diputados ha realizado un pequeño agregado. En efecto, la sanción del Senado decí­a lo siguiente: “Artí­culo 19. (Gratuidad) La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos se efectuará sin cargo alguno para el interesado.”

Y Diputados agrega la expresión “que obren en registros públicos o privados”.

Considero acertada la modificación, ya que allana eventuales interpretaciones respecto de los tipos de archivo a los que se aplica la gratuidad.

En consecuencia, propongo que se acepte la modificación en el sentido de la gratuidad para actualizar o suprimir datos inexactos, ya sea respecto de los archivos públicos o privados.

Que quede en claro entonces la voluntad del legislador, respecto de que sea para ambos casos.

Por lo tanto, propongo que se acepte la modificación introducida por Diputados al artí­culo 19.

Sr. Yoma. Señor presidente: solicito que por Secretarí­a se lea el artí­culo 19 con la modificación introducida por la Cámara de Diputados.

Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Genoud). No corresponde que se lea el artí­culo, salvo que lo pidan.

Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. Señor presidente: como autor del proyecto quiero aclarar que esa es la interpretación.

No cabe duda de que se refiere tanto a lo público como a lo privado. Además, hace a la naturaleza del derecho del ciudadano el que se rectifique un dato sin ningún costo.

Incluso está el principio de que donde la ley no distingue, no debemos distinguir.

De todos modos, si esto tranquiliza a algunos espí­ritus, se lo puede dejar.

Sr. Presidente (Genoud). Por Secretarí­a se leerá el artí­culo tal como vino de Diputados.

Se lee nuevamente el artí­culo 19.

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artí­culo 19 de la sanción de Diputados.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Por dos tercios, queda aprobado el artí­culo 19.

Se enuncia y aprueba el artí­culo 20.

Sr. Presidente (Genoud). Por dos tercios, queda aprobado el artí­culo 20.

Se enuncia el artí­culo 21:

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. Señor presidente: el artí­culo 21 en su apartado 2 establece los requisitos que deben reunir los registros de archivos de datos, como son las caracterí­sticas y finalidad del archivo, la naturaleza de los datos, la forma y recolección de los mismos, los medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, etcétera.

Diputados agrega en el apartado 3 de este artí­culo:”El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a las sanciones administrativas previstas en el capí­tulo VI de la presente ley”.

Considero que dicha modificación agrega a la norma una especie de imposición de sanción, lo cual me parece acertado.

Ello no obstarí­a, por otra parte, para que la autoridad de aplicación imponga las sanciones previstas en el capí­tulo VI, ya que el artí­culo 29, sobre órgano de control, establece entre sus atribuciones la de “imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia”.

Por lo tanto, voy a pedir al presidente de la comisión que acepte el agregado que hace Diputados.

Sr. Yoma. Lo aceptamos.

Sr. Presidente (Genoud). Se va a votar el artí­culo 21 respondiendo al texto de Diputados, tal como lo solicitara el señor senador Branda.

Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. Señor presidente: se va a votar el artí­culo 21 del Senado con el agregado propuesto por Diputados, tal como sucedió con el artí­culo 1.

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artí­culo 21.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Por los dos tercios, queda aprobado el artí­culo 21.

Se enuncian y aprueban los artí­culos 22 al 24.

Sr. Presidente (Genoud). Por los dos tercios, quedan aprobados los artí­culos 22 al 24.

Se enuncia el artí­culo 25:

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. Señor presidente: es para aceptar una modificación hecha por la Cámara de Diputados. Creo que es atinada. Dicha Cámara modificó el plazo para conservar los datos una vez cancelada la deuda o cumplido el contrato, de los cinco años previstos originariamente en el Senado a dos. Creo que esto es acertado y va a proteger al deudor cuando estén canceladas las obligaciones. Así­ que pido que se vote aceptándose esta modificación.

Sr. Presidente (Genoud). * ¿El presidente de la comisión tiene algo que acotar?

Sr. Yoma. En primer lugar, quiero ver si la numeración que tengo es correcta. Es el artí­culo 25 in fine, * ¿no?

Sr. Presidente (Genoud). Sí­.

Sr. Yoma. Señor presidente: también vale la pena aclarar aquí­ el espí­ritu o la voluntad del legislador que vamos a establecer en el artí­culo 47. Es decir, no solamente los dos años corren a partir de la cancelación de la obligación, sino desde la regularización de la misma.

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en esa dirección el artí­culo 25.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Aprobado por los dos tercios.

Se enuncia y aprueba el artí­culo 26.

Sr. Presidente (Genoud). Aprobado por los dos tercios.

Se enuncia el artí­culo 27:

Sr. Del Piero. Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador por la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Del Piero. Señor presidente: me quiero permitir insistir en que mantengamos la sanción de la Cámara de Diputados en este artí­culo, referido a los archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad.

En este caso, la Cámara de Diputados agregó la posibilidad de ceder a terceros la información emergente de un banco de datos en forma total o parcial cuando se cuente con el consentimiento expreso y previo del titular de los datos, lo cual defiendo en dos sentidos.

En primer lugar, porque creo que desde el punto de vista del titular de los datos no podemos restringir su posibilidad de una aceptación genérica para que sus propios datos sean transmitidos a terceros a fin de recibir información publicitaria.

Y desde el punto de vista del comercio electrónico, que es una actividad en expansión muy importante y que tiene un futuro promisorio, creo que esta inclusión abaratarí­a sensiblemente su expansión.

Por lo tanto, me permito insistir en que aprobemos la sanción de la Cámara de Diputados y solicito a los señores senadores que la voten favorablemente.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

Sr. Yoma. Señor presidente: no vamos a aceptar la modificación.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Arnold.

Sr. Arnold. Señor presidente: si bien se ha votado, quiero que conste mi voto negativo con relación al artí­culo 26.

Sr. Presidente (Genoud). Constará.

Tiene la palabra el señor senador Carbonell.

Sr. Carbonell. Señor presidente: quiero manifestar que coincido con la propuesta formulada por el señor senador Del Piero y que comparto su criterio apuntado con relación a la conveniencia de que baste una sola autorización genérica para que los datos puedan ser usados con fines publicitarios.

Por lo tanto, dejo constancia de mi voto en ese sentido y de que no comparto el dictamen de la comisión en este punto.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Del Piero.

Sr. Del Piero. Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo para el caso de que se insista en la sanción de la Cámara de Senadores y reiterar que creo que la ley no puede ir más allá del derecho de libre disponibilidad del titular sobre sus propios datos.

Es decir, si nosotros no aceptáramos esta inclusión para que se puedan ceder los datos, estarí­amos frente a la necesidad de que cada vez que se van a ceder datos a terceros haya que pedir expresamente la autorización a su titular, aunque éste quiera que genéricamente se disponga de sus datos libremente.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Molinari Romero. Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley realmente complejo y en un procedimiento de insistencia de esta Cámara, aceptando diversas modificaciones.

Por lo que, para que quede perfectamente claro cómo quedó el artí­culo 26, que ya se ha votado, voy a pedir que por Secretarí­a se dé lectura al texto.

Sr. Presidente (Genoud). Por Secretarí­a se dará lectura.

Sr. Secretario (Pontaquarto). (Lee:) Artí­culo 26. Apartado 4. “Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho.”

Sr. Molinari Romero. Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Genoud). Se va a votar el artí­culo tal como fue leí­do por Secretarí­a…

Varios señores senadores. Ya se votó ese artí­culo.

Sr. Presidente (Genoud). Perdón. Así­ es.

Se va a votar el artí­culo 27.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Resulta aprobado por dos tercios de los votos el texto de la sanción del Senado.

Se enuncia el artí­culo 28:

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Señor presidente: hay una incorporación que hizo la Cámara de Diputados que completa el excelente trabajo que hizo el Senado oportunamente en relación con las mediciones y estadí­sticas relevadas conforme la ley 17.622.

Solicito concretamente que se acepte el agregado.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. Señor presidente: lo que se estarí­a aceptando es una excepción a la ley 17.622.

Voy a apoyar la modificación sugerida.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. Señor presidente: aunque no tiene la excelencia de la sanción del Senado, lo vamos a aceptar. (Risas.)

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artí­culo 28 con la modificación propuesta por el señor senador Molinari Romero.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Resulta aprobado por dos tercios de los votos.

Se enuncia el artí­culo 29:

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Señor presidente: este artí­culo trata de los órganos de control, y hay una incorporación a la sanción del Senado realizada oportunamente por la Cámara de Diputados, cuya aceptación voy a solicitar.

Concretamente, me refiero a la modificación realizada al apartado 3), segundo y tercer párrafos.

Si me permiten, la leeré directamente para evitar confusiones. La redacción del Senado dice: “El Director tendrá dedicación exclusiva en su función, encontrándose alcanzado por las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos y podrá ser removido por el Poder Ejecutivo por mal desempeño de sus funciones.” Pero el agregado serí­a: “… funciones, incapacidad sobreviniente o condena por delito doloso.” y continúa agregando: “El Director, así­ como también el resto del personal, están obligados a guardar secreto de los datos de carácter personal que conozcan en el desarrollo de su función.”

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. Señor presidente: pedirí­a al señor senador por Córdoba que obviara la modificación que acaba de proponer.

En esto de la insistencia o de la aceptación hemos hecho una aplicación extensiva relacionada con el tema del veto parcial, en el sentido de que se puede aceptar o insistir parcialmente en cuanto haya una autonomí­a normativa de las normas.

En este caso, estamos haciendo una mezcla; estamos modificando e intercalando expresiones. Creo que este no es el espí­ritu de la ley. Creo sinceramente que podemos caer en una causa de nulidad. Me parece que en este caso no estamos respetando la normativa constitucional. Una cosa es que se acepten párrafos separados, otra que se modifique un plazo y otra que se mezclen de esta forma las sanciones de una y otra cámara. Pienso que estamos haciendo una mala interpretación de la cláusula constitucional, que la estamos haciendo extensiva por el tema del veto.

Por eso pedirí­a que dejemos el artí­culo como está, evitando de esa manera eventuales nulidades.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Señor presidente: iba a solicitar la opinión del presidente de la comisión ante esta observación importante que hace el senador Menem.

Lo que sucede es que está previendo situaciones realmente complicadas. Es valioso el agregado que estamos planteando, de que el director, como el resto del personal, están obligados a guardar secreto de lo que conozcan en razón de sus funciones. No es un agregado que pudiéramos perder de vista.

Comprendo la observación que hace el senador Menem. Pero le pedirí­a al presidente de la comisión que diga cuál es la interpretación que le da.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. Señor presidente: de todos modos, al prever la sanción del Senado el mal desempeño en las funciones, se puede considerar que abarca los otros dos supuestos: la condena por delitos dolosos, obviamente, y la incapacidad sobreviniente.

Lo que podrí­amos hacer para salvar la previsión que atinadamente plantea el senador Menem es tomar el párrafo final, que sí­ tiene autonomí­a normativa el relativo al director y al resto del personal y obviar lo de incapacidad sobreviniente o condena por delito doloso. O sea, no aceptarí­amos esa modificación de la Cámara de Diputados porque ya estarí­a contemplada dentro del “mal desempeño de sus funciones”, y tomar el último párrafo, que sí­ tiene autonomí­a normativa, y dice: “El director así­ como también el resto del personal están obligados guardar secreto de los datos de carácter personal que conozcan en el desarrollo de sus funciones”.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Menem.

Sr. Menem. Señor presidente: me parece que deberí­amos tener mucho cuidado en hacer este tipo de inserciones porque vamos a sentar un mal precedente para casos futuros. Considero que deberí­amos mantener el criterio. Creo que se está cambiando el espí­ritu de la normativa, sobre la cual lo único que podemos hacer es aceptar o insistir.

No es un prejuicio constitucional. En estos casos estamos transitando por un terreno que ha sido muy discutido. Incluso algunos rechazan la posibilidad de que parcialmente se pueda hacer este tipo de aceptaciones o insistencias.

No le niego importancia al tema, pero en todo caso creo que debemos tomar conciencia de que estamos limitados en esta segunda revisión a aceptar o rechazar la sanción de la Cámara de Diputados. Por eso le pedirí­a que dejemos de lado esta modificación para salvar la posibilidad de que en el dí­a de mañana se pueda utilizar como precedente para otros casos.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Molinari Romero.

Sr. Molinari Romero. Señor presidente: solamente para contribuir a que podamos sancionar esta ley, y que sea la mejor que podamos tener hoy, retiro la propuesta en atención a lo que señaló el senador Menem.

Sr. Menem. Gracias.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. Señor presidente: más allá del retiro de la propuesta del senador Molinari Romero, que es elogiable, quiero decir que disiento cordialmente con mi colega de bancada y de provincia. Si aplicamos el criterio que plantea el senador con este artí­culo son cuestionables la mayorí­a de las modificaciones que aceptamos de Diputados, empezando por el artí­culo 1. Además, hay un acta firmada por los presidentes de ambas cámaras, donde se establece taxativamente que la insistencia puede ser por la totalidad de la norma o por perí­odo legislativo. Esto fue firmado por los presidentes de ambas cámaras en 1995. Por eso no creo que sea cuestionable la legalidad o el carácter reglamentario de las modificaciones que estamos aceptando.

De todos modos, para no alargar más la discusión, si el senador Molinari Romero la quiere retirar, lo aceptamos. Pero, reitero, no creo que lo planteado por el senador Menem sea aplicable en todo su contexto, porque esto invalidarí­a la mayor parte de los artí­culos que estamos tratando.

Sr. Presidente (Genoud). No tiene objeto continuar con la discusión si se acaba de retirar la moción.

Tiene la palabra el senador Menem.

Sr. Menem. Simplemente, la modificación que se quiere hacer no constituye técnicamente un perí­odo. Por eso no corresponde. El artí­culo 1 en la última parte sí­ constituye un perí­odo. Pero, de todos modos, yo dirí­a que esta discusión tendrí­amos que saldarla en una reunión, convocada a tal efecto, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, para sentar precedente con el fin de que en casos futuros hagamos una interpretación adecuada y para que no tengamos este tipo de diferencias durante el debate de una ley.

Sr. presidente (Genoud). Entonces, vamos a someter a votación…

Sr. Yoma. Pido la palabra.

Sr. presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. Es importante dejar en claro que de ninguna manera comparto el hecho de que esto no se considera perí­odo. Si aceptamos este criterio, abrimos la puerta para que se persiga la nulidad de cláusulas que se han votado en este sentido. Pero nos comprometemos a tratar el tema.

Sr. presidente (Genoud). Se va a votar el artí­culo 29 de acuerdo con la sanción originaria, del Senado.

La votación resulta afirmativa.

Sr. presidente (Genoud). Queda aprobado por los dos tercios.

Se enuncian y aprueban los artí­culos 30 a 32.

Sr. presidente (Genoud). Por los dos tercios, quedan aprobados.

Tiene la palabra el senador Arnold.

Sr. Arnold. Que conste mi voto negativo.

Sr. presidente (Genoud). Queda consignado su voto negativo.

Tiene la palabra el senador Branda.

Sr. Branda. Señor presidente: quiero hacer constar mi voto negativo en el artí­culo 29, órganos de control.

Lo hago debido a lo que pedí­, en su oportunidad, cuando voté en disidencia, porque yo modificaba totalmente este artí­culo. Y no coincide con lo que propuse originariamente.

Sr. Presidente (Genoud). Se consigna el voto negativo respecto del artí­culo 29, aunque esos votos negativos tienen que hacerse en el momento de la votación. De lo contrario, si se aplica un criterio retroactivo, se pone en duda que la aprobación haya sido por los dos tercios o no. Pero, como la mayorí­a para ese artí­culo fue holgada, su voto negativo no modifica el resultado.

Se enuncian y aprueban los artí­culos 33 a 40.

Sr. Presidente (Genoud). Por los dos tercios, quedan aprobados.

Tiene la palabra el senador Arnold.

Sr. Arnold. Señor presidente, que conste mi voto negativo respecto del artí­culo 40.

Sr. Presidente (Genoud). Así­ se hará.

Se enuncian y aprueban los artí­culos 41 y 42.

Sr. Presidente (Genoud). Por los dos tercios, quedan aprobados.

Tiene la palabra el senador Arnold.

Sr. Arnold. Que conste mi voto negativo respecto del artí­culo 42.

Sr. Presidente (Genoud). Nos están sobrando votos, por eso no modifica el resultado.

Tiene la palabra el senador Menem.

Sr. Menem. Para evitar nulidades, señor presidente, y para que no se pueda cuestionar, cuando el senador dice con posterioridad a la votación “que conste mi voto negativo”, no corresponde que se diga “por holgada mayorí­a”. Porque cuando usted contó, ese senador no habí­a levantado la mano.

El dí­a de mañana puede interpretarse que cómo sabe que ha sido holgada, cuántos votos han sido.

No. Cuando usted somete a votación un artí­culo, los senadores hacen la aclaración a posteriori pero en ese momento no levantaron la mano y usted contó bien que eran los dos tercios.

Sr. Presidente (Genoud). Exactamente; vale. De todos modos, estoy permanentemente observando el número de los presentes, el número de personas que levantan la mano y cada vez que digo “dos tercios” es, prácticamente, unanimidad, salvo los votos de los senadores Rodrí­guez Saá y Varizat, y algunos otros votos negativos que se han consignado puntualmente.

Se enuncian y aprueban los artí­culos 43 a 46.

Sr. Presidente (Genoud). Quedan aprobados por los dos tercios.

Sr. Arnold. Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Arnold.

Sr. Arnold. En el mismo sentido, dejo constancia de mi voto negativo en el artí­culo 46.

Sr. Presidente (Genoud). Entonces, hay tres votos negativos en el artí­culo 46. Queda aprobado por los dos tercios.

Se enuncia el artí­culo 47:

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el senador Yoma.

Sr. Yoma. Señor presidente: me referí­ a este artí­culo en ocasión de la exposición en general; fue incluido en la votación en particular cuando esta norma fue sancionada; no figuraba ni en el dictamen de la comisión ni en el proyecto originario. La Cámara decidió incluirlo y, al no haber sido producto del análisis de comisión, quizá no hemos utilizado la terminologí­a correcta que mejor se ajustase al espí­ritu del legislador.

Concretamente, dice: “Los bancos de datos prestadores de servicios de información crediticia deberán suprimir, o en su caso, omitir asentar, todo dato referido al incumplimiento o mora en el pago de una obligación, si ésta hubiere sido cancelada al momento de la entrada en vigencia de la presente ley”.

Sr. Branda. Es un blanqueo.

Sr. Yoma. Quiero expresar cuál es la voluntad del legislador al sancionar esta norma. La palabra “cancelada” es abarcativa de una situación de regularización de una obligación comercial, no solamente de su extinción sino que incluye también a aquella persona que ha regularizado una obligación en mora, que tiene el mismo derecho que aquel que hubiese extinguido la obligación de que se supriman o se omitan asentar los datos referidos al incumplimiento o a la mora en la obligación.

Si la Cámara está de acuerdo con esta interpretación, como lo dije al comienzo, voy a solicitar que, con posterioridad a la votación de este proyecto de ley se apruebe un proyecto de comunicación que creo que ya obra en Secretarí­a dirigido al Poder Ejecutivo para que la futura reglamentación recoja esta interpretación de la voluntad del legislador que acabo de exponer, que será acompañado con la versión taquigráfica del debate o, por lo menos, del relacionado con este artí­culo.

De más está decir que este artí­culo utilizando las palabras del senador Alasino sí­ constituye el meollo o el núcleo más reclamado por amplios sectores de la sociedad en lo que hace a las distintas coyunturas recesivas y crisis recurrentes que ha sufrido nuestro paí­s, desde el “tequila” en 1995 en adelante. Como consecuencia de ellas, han quedado millones de argentinos inhabilitados por cuentas cerradas, por retrasos en sus obligaciones comerciales o por cualesquiera otras circunstancias han quedado virtualmente inhabilitados para el acceso al crédito o para el giro normal de sus negocios, debiendo utilizar muchas veces nombres sustitutos de empleados o de personas allegadas para operar en cuenta corriente, por ejemplo.

Por eso, cuando se debatió en comisión este tema, convocamos a las asociaciones de usuarios y consumidores y a representantes de pequeñas y medianas empresas de todo el paí­s, quienes han reclamado, yo dirí­a apasionadamente, la sanción de este artí­culo. Reitero que implica incorporar al circuito productivo, al circuito comercial, a millones de argentinos hoy sancionados por el abuso que hacen las empresas encargadas de informes crediticios que, prácticamente, condenan a una inhabilitación permanente por el solo hecho de que en algún momento un ciudadano se atrasó en el pago de una obligación.

Estas organizaciones han llegado, inclusive, hasta el abuso de tener empleados en las mesas de entrada de los tribunales de comercio donde el solo ingreso de una demanda comercial ya implica el aviso a dichas organizaciones; es decir que se incluye al comerciante o empleado por el solo hecho de que ha ingresado una demanda en su contra por incumplimiento de una obligación, sin siquiera esperar el resultado del juicio.

Entonces es tal el abuso de estas organizaciones de informes crediticios que esta ley viene a poner justicia, a restringir y a poner coto a este indiscriminado manejo de datos personales que han hecho estas organizaciones las que, reitero, son virtuales sanciones penales que recaen sobre millones de argentinos, pequeños y medianos comerciantes o empleados.

Lo importante es que quede claro que si al momento de la sanción de la ley una persona que estuvo en mora ha regularizado su situación comercial, tiene derecho a que se suprima o se omita asentar sus datos en los registros de morosos. Ese es el sentido del término cancelación. Obviamente para aquél que haya cancelado su obligación es exactamente lo mismo. Por lo cual voy a pedir que se vote inmediatamente y sobre tablas el proyecto que está en Secretarí­a.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. Señor presidente: como bien aclaró el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, este artí­culo no estaba en el proyecto original, sino que fue incorporado en el debate en el curso de la primera sanción del proyecto de ley.

Quiero decir que realmente el término que debió haber sido utilizado, en lugar de “cancelada” es “extinguida”, porque la forma de dar por terminada una obligación en el Derecho Civil se llama extinción de las obligaciones. Porque cuando se habla de cancelar muchas veces la gente cree que automáticamente es el pago, pero hay otras formas de terminar con las obligaciones, como la novación, la compensación, la remisión de la deuda; es decir que hay otros medios de extinción de las obligaciones. Que quede claro que el pensamiento del autor de la norma cuando habla de cancelación, se está refiriendo a todos los modos de extinción de las obligaciones; es decir pago, novación, compensación, remisión de la deuda y todas las otras formas contempladas en el Código Civil.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. Sí­, con el agregado de que no solamente es extinción lo que queremos interpretar con la palabra cancelación; es la extinción en los términos planteados por el senador Menem; con la aclaración de que, además, la regularización de una obligación comercial coloca a la persona con los mismos derechos de aquel que ha extinguido la obligación por las distintas ví­as ya señaladas. Este es el sentido de la voluntad del legislador.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Branda.

Sr. Branda. Señor presidente: lo que se refiere al tema cancelación es a sus efectos. Por eso se pide que se vote de esta forma; es decir que ante la cancelación de la obligación, también se puede producir la depuración de los archivos existentes. Esta es la intención que tuvo esta modificación que se hizo en el recinto; es cierto lo que dice el senador, porque no estaba en el dictamen. Se trata de una incorporación que se hizo en el recinto y, como miembro informante, yo la acepté en aquella oportunidad la primera vez que se votó. Se quiere tener el efecto de la cancelación y no hacer una distinción de cómo se extinguen las obligaciones. Me parece que éste es el sentido que le quiso dar el senador Yoma cuando pidió que se introdujera esto.

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artí­culo 47.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Queda aprobado por los dos tercios.

El artí­culo 48 es de forma.

Sr. Presidente (Genoud). Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Corresponde a continuación someter a votación las inserciones solicitadas.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Quedan aprobadas.

Sr. Menem. Pido la palabra.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. Señor presidente: no sé si han tomado nota de que hay una fe de erratas de la Cámara de Diputados sobre la sanción que se habí­a enviado. Lo digo para que quede constancia y se tome nota.

Sr. Presidente (Genoud). La fe de erratas está en Secretarí­a.

Sr. Presidente (Genoud). Antes de avanzar en el tratamiento de otros temas, la Presidencia entiende que corresponderí­a tratar sobre tablas el proyecto de comunicación que anunciara el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales vinculado con la interpretación de la norma que se acaba de votar. (S. 2188/00)

Por Secretarí­a se dará lectura.

Sr. Secretario (Pontaquarto). (Lee:)

-” Se lee el proyecto de comunicación.

Sr. Presidente (Genoud). En consideración el tratamiento sobre tablas.

Tiene la palabra el señor senador Rodrí­guez Saá.

Sr. Rodrí­guez Saá. Señor presidente: yo creí­ que el artí­culo que habla de la reglamentación era el 41, pero se ve que es otro. Este proyecto de comunicación es emblemático de lo que estamos sancionando.

No conozco ninguna ley que establezca un régimen procesal constitucional para defender una garantí­a, y que le dé autorización al Poder Ejecutivo para que la reglamente.

Tampoco conozco ninguna ley, como serí­a esta, que dé facultades al Poder Ejecutivo para la reglamentación. El Poder Ejecutivo solamente podrí­a reglamentar el artí­culo referido a los controles.

Por eso, este proyecto de comunicación está absolutamente de más; de lo contrario, se le estarí­a dando al Poder Ejecutivo un cheque en blanco o una ley abierta para que la llene como quiera. Si hemos aprobado el hábeas data, nada tiene que hacer el Poder Ejecutivo en cuanto a su reglamentación.

Sr. Presidente (Genoud). Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. Señor presidente: voy a ser muy breve.

Las facultades del Poder Ejecutivo para dictar la reglamentación de las leyes sancionadas por el Congreso son ampliamente reconocidas por la Constitución, obviamente siempre que se lo haga sin alterar el espí­ritu de la norma aprobada por el Poder Legislativo. Con el lí­mite establecido por la Constitución, el Poder Ejecutivo puede reglamentar la ley. Y el lí­mite, precisamente, es no alterar el espí­ritu de la ley sancionada por el Congreso.

Entonces, pido que se vote el proyecto.

Sr. Presidente (Genoud). Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Queda aprobado por los dos tercios.

En consideración en general el proyecto de comunicación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

La votación resulta afirmativa.

En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Genoud). Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.


Renovación de inscripciones en el Registro Nacional de Bases de Datos

Posted: enero 29th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Noticias, Público en general | No Comments »

*Renovación de inscripciones en el Registro Nacional de Bases de Datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales*

El área de Sistemas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, there está dando los últimos ajustes al sistema de renovación de bases de datos de tal manera que renovar las inscripciones sea simple, hospital ágil y con una reducción sustancial en el soporte papel que se maneje, aprovechando la virtualidad que brinda Internet.


Ley de telecomunicaciones de argentina

Posted: enero 26th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Ecuador, Normas | No Comments »

LEY NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

LEY Nº 19.798

Bs. As. 22/8/72

Ver Antecedentes Normativos

En uso de las atribuciones conferidas por el artí­culo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina, capsule

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

Ley Nacional de Telecomunicaciones

TITULO I

Disposiciones Generales

Artí­culo 1º -” Las telecomunicaciones en el territorio de la Nación Argentina y en los lugares sometidos a su jurisdicción, order se regirán por la presente ley, por los convenios internacionales de los que el paí­s sea parte y por la reglamentación que en su consecuencia se dicte.

Art. 2º -” A los efectos de esta ley y su reglamentación se define como:

Telecomunicación: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por medio de las ondas radioeléctricas.

Telegrafí­a: Sistema de telecomunicación que permite obtener una transmisión y reproducción a distancia del contenido de documentos tales como escritos, impresos o imágenes fijas o la reproducción a distancia en esa forma de cualquier información.

Telefoní­a: Sistema de telecomunicación para la transmisión de la palabra o, en algunos casos, de otros sonidos.

Servicio de Radiodifusión: Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género.

Servicio telefónico: Servicio que permite a sus usuarios comunicarse directa o temporalmente entre sí­, por medio de aparatos telefónicos y circuitos de la red telefónica pública.

Servicio telegráfico público: Servicio que asegura la aceptación y remisión de despachos y telegramas con brevedad y a corta o larga distancia a través de los telégrafos.

Servicio télex: Servicio telegráfico que permite a sus usuarios comunicarse directa o temporalmente entre sí­ por medio de aparatos arrí­tmicos y circuitos de la red telegráfica pública.

Servicio de radioaficionados: Servicio de instrucción individual, de intercomunicación y de estudios técnicos efectuado por aficionados, esto es por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotécnica con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

Servicio espacial: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrestres y estaciones espaciales, o entre estaciones espaciales, o entre estaciones terrenas cuando las señales son retransmitidas por estaciones espaciales o transmitidas por reflexión en objetos situados en el espacio, excluyendo la reflexión o dispersión en la ionósfera o dentro de la atmósfera de la Tierra.

Servicio especial: Servicio de telecomunicación no definido en forma especí­fica en otra parte de la presente ley o su reglamentación destinado a satisfacer determinadas necesidades de interés general y no abierto a la correspondencia pública.

Servicio limitado: Servicio de telecomunicación ejecutado por estaciones no abiertas a la correspondencia pública y que está destinado al uso exclusivo de personas fí­sicas o jurí­dicas determinadas.

Servicio interno: Servicio de telecomunicación entre oficinas o estaciones de telecomunicación de cualquier naturaleza, que se hallen dentro del territorio de la Nación y en los lugares sometidos a su jurisdicción.

Servicio internacional: Servicio de telecomunicación entre oficinas o estaciones de cualquier naturaleza del servicio interno con las de otros paí­ses.

Correspondencia de telecomunicaciones: Toda comunicación que se efectúe por los medios de telecomunicaciones públicos o privados autorizados.

Sistema nacional de telecomunicaciones: Es el conjunto de estaciones y redes de telecomunicaciones integradas, alámbricas o inalámbricas abierto a la correspondencia pública para el tráfico interno e internacional.

Todo vocablo o concepto no definido en esta ley, tiene el significado establecido en los convenios y reglamentos nacionales e internacionales.

Art. 3º -” Son de jurisdicción nacional:

a) Los servicios de telecomunicaciones de propiedad de la Nación.

b) Los servicios de telecomunicaciones, que se presten en la Capital Federal y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

c) Los servicios de telecomunicaciones de una provincia interconectados con otra jurisdicción o con un estado extranjero.

d) Los servicios de radiocomunicaciones de transmisión y/o recepción cualquiera fuera su alcance.

Art. 4º -” Es competencia del Poder Ejecutivo Nacional:

a) Establecer y explotar los servicios de telecomunicaciones de jurisdicción nacional.

b) Autorizar o permitir a terceros, con carácter precario, la instalación y prestación de servicios de telecomunicaciones.

c) Fiscalizar toda actividad o servicio de telecomunicaciones.

d) Administrar las bandas de frecuencias radioeléctricas.

e) Fijar tasas y tarifas de los servicios de jurisdicción nacional.

Art. 5º -” La recepción directa de telecomunicaciones recibidas desde satélites de la Tierra queda sujeta a la jurisdicción nacional.

Art. 6º -” No se podrán instalar ni ampliar medios ni sistemas de telecomunicaciones sin la previa autorización pertinente. Se requerirá autorización previa para la instalación y utilización de medios o sistemas de telecomunicaciones, salvo los alámbricos que estén destinados al uso dentro de los bienes del dominio privado. Las provincias o municipalidades no podrán expropiar las instalaciones de telecomunicaciones, ni suspender, obstaculizar o paralizar las obras o los servicios de jurisdicción nacional.

TITULO II

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Art. 7º -” Créase en jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos -”Comunicaciones-” el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Art. 8º -” La misión del CONATEL será orientar, coordinar, promover, fomentar el desarrollo, intervenir en la autorización y fiscalización de las actividades de telecomunicaciones dentro del ámbito de aplicación y competencia de la presente ley, con excepción de los sistemas de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; de los servicios comprendidos en el Capí­tulo V y otros que expresamente excluye esta ley.

Art. 9º -” Compete al CONATEL:

a) Participar en la elaboración de la polí­tica nacional de telecomunicaciones;

b) Coordinar y fiscalizar las actividades de telecomunicaciones que realizan los entes estatales, privados y mixtos, para obtener el mayor rendimiento y economicidad de los sistemas, en estricta coherencia con las polí­ticas y estrategias nacionales;

c) Proyectar las normas legales referentes a telecomunicaciones incluida la reglamentación de la presente ley y el estatuto del CONATEL:

d) Participar en la aprobación de los reglamentos de servicio;

e) Intervenir en la coordinación de los planes de telecomunicaciones para servir a las polí­ticas y estrategias nacionales;

f) Participar en el dictado de las normas para instalación y explotación de equipos de telecomunicaciones. Participar en la fijación y certificación de los í­ndices de calidad a que deben ajustarse la fabricación de materiales y equipos;

g) Promover el desarrollo de la industria nacional de telecomunicaciones;

h) Asesorar en la promoción para la incorporación de la mayor cantidad de profesionales y técnicos argentinos de la especialidad de telecomunicaciones y de las afines en los entes estatales, privados o mixtos, para desempeñar funciones acordes con sus capacidades;

i) Participar en el fomento de la investigación y asistencia técnica para el progreso y perfeccionamiento de las telecomunicaciones;

j) Proponer la ejecución de medidas que aseguren eficientes telecomunicaciones, con aquella parte o partes del paí­s que sean declaradas Teatro de Operaciones o Zonas de Emergencias;

k) Participar en el asesoramiento y coordinación en materia de censura, interferencias u otras limitaciones en el empleo de los sistemas de telecomunicaciones, en caso de guerra, conmoción interna y situaciones que afecten la seguridad nacional;

l) Participar en el otorgamiento y cancelación de permisos, autorizaciones y licencias para la instalación, explotación, uso, ampliación, modificación y traslado de los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones y, recomendar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional en los casos que corresponda, excepto lo previsto en el Capí­tulo V de Radiodifusión;

ll) Participar en la aprobación, según corresponda, de los estatutos y reglamentos de los organismos y empresas que desarrollen actividades de telecomunicación;

m) Proponer la representación de la Administración Nacional en las conferencias, reuniones, congresos y organizaciones nacionales o internacionales; participar en la elaboración y proposición de las ponencias a presentar y asesorar con respecto a los tratados, acuerdos y convenios en los que el paí­s sea parte;

n) Participar en la realización y coordinación de estudios y formulación de recomendaciones relativas a telecomunicaciones, para servir a los organismos nacionales e internacionales;

ñ) Administrar las bandas de frecuencias para los diferentes servicios de radiocomunicaciones y asignar las frecuencias correspondientes;

o) Proponer las medidas necesarias para impedir las interferencias y otros perjuicios en el uso y explotación de los sistemas de telecomunicaciones;

p) Participar en la determinación de los requisitos que deberá satisfacer el personal afectado al establecimiento, operación y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones y en el otorgamiento de las habilitaciones y certificaciones cuando corresponda;

q) Intervenir en los proyectos de tarifas, tasas y gravámenes a las actividades de telecomunicaciones;

r) Asesorar con respecto a las sanciones a aplicar a las que infrinjan las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Art. 10. -” El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) se constituirá con Un (1) Presidente, que será el Subsecretario de Comunicaciones y Un (1) representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos -”Comunicaciones-”, del Ministerio de Cultura y Educación, de los Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Secretarí­a de Planeamiento y Acción de Gobierno.

Art. 11. -” El CONATEL funcionará en forma permanente y de acuerdo con las normas que fije su estatuto orgánico y la reglamentación de esta ley; pudiendo constituir las comisiones especiales que juzgue necesarias integradas por representantes de intereses oficiales y/o privados. Las decisiones del Consejo se adoptarán por mayorí­a de votos. En caso de empate el voto del Presidente se computará doble, acompañando en todos los casos el dictamen de la minorí­a.

Art. 12. -” Los miembros del Consejo deberán satisfacer los siguientes requisitos:

a) Ser argentinos nativos o por opción, mayores de edad y de antecedentes intachables;

b) Tener experiencia en materia de telecomunicaciones y nivel universitario o conocimientos equivalentes, cuando se trate de miembros civiles;

c) Tener la especialidad u orientación afí­n con telecomunicaciones y ser preferentemente oficiales superiores en actividad cuando se trate de miembros militares;

d) No estar en ninguna forma vinculados con intereses privados de telecomunicaciones, que sean nacionales o internacionales mientras permanezcan en sus cargos.

Art. 13. -” Los miembros civiles tendrán una permanencia de Cinco (5) años en sus funciones mientras pertenezcan a los organismos que representan y al término de su mandato podrán ser nombrados nuevamente. Los miembros militares se designarán por el término que disponga cada Fuerza.

TITULO III

Servicio de Telecomunicaciones

CAPITULO I

Disposiciones comunes

Art. 14. -” En ningún caso se otorgarán autorizaciones o permisos de explotación que importen el establecimiento de exclusividades o monopolios incompatibles con la soberaní­a, desarrollo y seguridad nacional. La existencia de tales situaciones faculta a la autoridad de aplicación para disponer la caducidad de las respectivas autorizaciones o permisos. Se autorizará o permitirá la instalación de entes telefónicos privados (cooperativas) cuyo fomento satisfaga requerimientos de desarrollo regional, con las limitaciones que determina el párrafo precedente y la reglamentación de esta ley.

Art. 15. -” Toda persona tiene derecho de hacer uso de los servicios de telecomunicaciones abiertos a la correspondencia pública, de conformidad con las leyes y reglamentaciones pertinentes.

Art. 16. -” Las clases y categorí­as de los servicios de telecomunicaciones que prestan las oficinas abiertas a la correspondencia pública serán fijadas por la reglamentación, que también determinará las prioridades para su curso.

Art. 17. -” No se cursará telecomunicación alguna que pueda afectar la seguridad nacional, las relaciones internacionales, la vida normal de la sociedad y sus instituciones, la moral y las buenas costumbres.

Art. 18. -” La correspondencia de telecomunicaciones es inviolable. Su interceptación solo procederá a requerimiento de juez competente.

Art. 19. -” La inviolabilidad de la correspondencia de telecomunicaciones importa la prohibición de abrir, sustraer, interceptar, interferir, cambiar su texto, desviar su curso, publicar, usar, tratar de conocer o facilitar que otra persona que no sea su destinatario conozca la existencia o el contenido de cualquier comunicación confiada a los prestadores del servicio y la de dar ocasión de cometer tales actos.

Art. 20. -” Las personas afectadas a los servicios de telecomunicaciones están obligadas a guardar secreto respecto de la existencia y contenido de la correspondencia, de que tengan conocimiento en razón de su cargo.

Art. 21. -” Toda persona que de cualquier manera tenga conocimiento de la existencia o contenido de la correspondencia de telecomunicaciones, está obligada a guardar secreto sobre la misma con las excepciones que fija la presente ley.

Art. 22. -” Los prestadores de los servicios de telecomunicaciones deberán contar con los medios más adecuados y poner la debida diligencia para asegurar el eficaz cumplimiento de los servicios que realizan.

Art. 23. -” Para la mayor eficacia y economí­a de la prestación podrán celebrarse convenios entre entidades prestadoras, tendientes a compartir servicios, redes, equipos y edificios de análogos o diferentes servicios públicos. Tales convenios, para tener validez, deben ser aprobados por la autoridad de aplicación Ministerio de Obras Y Servicios Públicos -”Comunicaciones.

Art. 24. -” Toda instalación de telecomunicaciones deberá ser interconectada con las redes del servicio interno o internacional en la oportunidad y forma que lo determine la autoridad de aplicación Ministerio de Obras y Servicios Públicos-”Comunicaciones.

Art. 25. -” La responsabilidad de los prestadores de los servicios públicos de telecomunicaciones por errores, alteraciones o demoras en los despachos, se limita a la devolución del importe de aquellos, salvo que de los mismos surja un perjuicio de magnitud a causa de irresponsabilidad comprobada, circunstancia que motivará una investigación para determinar las medidas a adoptar.

Art. 26. -” Las instalaciones de telecomunicaciones sólo podrán ser operadas por quienes posean autorización, licencia o certificado, otorgado de conformidad con lo que establece la presente ley y su reglamentación.

Art. 27. -” Las instalaciones de servicios de telecomunicaciones deben ser habilitadas por la autoridad de aplicación antes de entrar en funcionamiento, asimismo no podrán ser modificadas sin previa autorización de la misma. Los servicios de telecomunicaciones aeronáuticos o marí­timos de carácter público, prestados por las Fuerzas Armadas, destinados a la protección de las navegaciones aérea y marí­tima, serán reglamentadas por los respectivos Comandos en Jefe, quienes coordinarán con la autoridad de aplicación las modalidades de aquélla, cuando correspondiere.

Art. 28. -” No podrá instalarse ni operarse ningún sistema, equipo o instrumento capaz de recibir señales directas de telecomunicaciones emitidas por satélites de la Tierra.

Art. 29. -” El Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar la instalación y operación de los sistemas, equipos o instrumentos mencionados en el artí­culo anterior, con carácter de excepción, cuando lo considere justificado, previo dictamen del CONATEL.

Art. 30. -” Los aparatos, maquinarias o instalaciones de cualquier naturaleza que pudieran dificultar, interferir o perjudicar las telecomunicaciones, deberán estar provistos de los dispositivos necesarios para suprimir tales perturbaciones.

Art. 31. -” El usuario titular de un servicio de telecomunicaciones es responsable del uso que se haga del mismo, así­ como del pago de los cargos que correspondan.

Art. 32. -” Las autorizaciones, licencias, permisos o titularidad de un servicio de telecomunicaciones no podrán ser transferidos, arrendados ni cedidos total o parcialmente sin autorización del Ministerio de Obras y Servicios Públicos -”Comunicaciones, previo dictamen del CONATEL, excepto las correspondientes a los servicios de radiodifusión, en cuyo caso el dictamen será de competencia del Comité Federal de Radiodifusión.

Art. 33. -” Los titulares de autorizaciones, licencias y permisos de servicios de telecomunicaciones y sus usuarios están obligados a colaborar con el Estado en los casos y en la forma que establezca la presente ley y su reglamentación.

Art. 34. -” Los titulares permisionarios y usuarios de cualquier servicio de telecomunicaciones están obligados a facilitar toda tarea de fiscalización que realice el organismo competente.

Art. 35. -” La caducidad, suspensión o inhabilitación de la titularidad de un servicio de telecomunicaciones, como así­ también su rehabilitación, se llevará a cabo en las condiciones y plazos que establece la presente ley y disposiciones complementarias.

Art. 36. -” Las instalaciones y equipos de telecomunicaciones que funcionen sin la autorización formal correspondiente se consideran clandestinos.

Art. 37. -” Es obligación y facultad exclusiva de los prestadores de los servicios públicos de telecomunicaciones, publicar y distribuir en forma gratuita las guí­as y nóminas de sus respectivos usuarios titulares, de acuerdo con las normas que establece la presente ley y su reglamentación.

El usuario titular del servicio telefónico podrá exigir, sin costo ni cargo alguno, su inclusión y/o exclusión de las guí­as telefónicas y del servicio de información al cliente. (Párrafo incorporado por art. 1º de la Ley Nº 25.288 B.O. 18/08/2000)

Art. 38. -” Los plazos para el archivo de la documentación de telecomunicaciones serán fijados por la reglamentación, salvo los establecidos expresamente en la presente ley.

Vencidos tales plazos la documentación será destruida.

Art. 39. -” A los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o permanente, previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción territorial para la ubicación de las instalaciones y redes. Este uso estará exento de todo gravamen.

Art. 40. -” Podrán utilizarse los bienes del dominio privado, nacional, provincial o municipal, sin compensación alguna, para el tendido o apoyo de instalaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones, siempre que se trate de simple restricción al dominio y no perjudique el uso o destino de los bienes afectados.

Art. 41. -” Los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones tendrán derecho a establecer sus instalaciones en o a través de inmuebles pertenecientes a particulares.

En todos los casos se tratará de obtener de los propietarios la conformidad que permita la utilización de sus inmuebles por parte del prestador del servicio público.

Dicho acuerdo tenderá a lograr la conciliación debida para alcanzar el cumplimiento del servicio a prestar y a satisfacer los intereses de los propietarios de los inmuebles.

De no materializarse la conformidad de partes, el prestador del servicio público podrá gestionar la expropiación de las fracciones de inmuebles indispensables para establecer las instalaciones.

Si la expropiación fuese considerada innecesaria podrá establecerse, sobre las fracciones referidas, una servidumbre de uso obligatoria, en favor del prestador del servicio público, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia.

La reglamentación de la presente ley establecerá en qué circunstancia podrá el prestador del servicio público solicitar la expropiación del inmueble de que se trate o en su caso las pautas a que deberán someterse el prestador del servicio y el propietario del inmueble para posibilitar la constitución sobre el predio de una servidumbre de uso.

Art. 42. -” Los prestadores del servicio público de telecomunicaciones tendrán derecho a utilizar los bienes inmuebles del dominio nacional, provincial o municipal para la conservación o inspección de sus instalaciones. Tratándose de inmuebles del dominio privado el acceso podrá efectuarse para la realización de aquellas tareas absolutamente indispensables.

Las meras incomodidades que se ocasionen y que no constituyan un perjuicio positivo no serán indemnizables. En cualquier caso se adoptarán las precauciones y garantí­as necesarias para causar las menores molestias y en caso de oposición se requerirá orden de la autoridad judicial competente.

Art. 43. -” Cuando, para la realización de obras o servicios públicos nacionales, provinciales o municipales u obras particulares nuevas o de ampliación de las existentes, fuere necesario el traslado, remoción o modificación de instalaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones ubicadas en el dominio público, el gasto que origine estará exclusivamente a cargo del interesado en la ejecución de la obra o servicios.

Art. 44. -” Cuando por demoliciones, ampliaciones, modificaciones o construcciones nuevas de propiedad privada, sea necesario remover o reconstruir instalaciones de los servicios públicos de telecomunicaciones ubicados en el dominio privado, el propietario del inmueble estará exento de todo gasto que se origine por tales causas.

Art. 45. -” En los casos que sean de aplicación los artí­culos 43 y 44, se deberá solicitar a los prestadores del servicio público de telecomunicaciones pertinentes, con la anticipación que fije la reglamentación, la remoción de las instalaciones que obstaculizaren la realización de las obras proyectadas.

Art. 45 bis -” Todo prestador de servicios de telecomunicaciones deberá disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán soportar los costos derivados de dicha obligación y dar inmediato cumplimiento a la misma a toda hora y todos los dí­as del año.

El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las condiciones técnicas y de seguridad que deberán cumplir los prestadores de servicios de telecomunicaciones con relación a la captación y derivación de las comunicaciones para su observación remota por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público.

(Artí­culo incorporado por art. 1* ° de la Ley N* °25.873 B.O. 9/2/2004)

Art. 45 ter -” Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones cursadas por los mismos para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente. La información referida en el presente deberá ser conservada por los prestadores de servicios de telecomunicaciones por el plazo de diez años.

(Artí­culo incorporado por art. 2* ° de la Ley N* °25.873 B.O. 9/2/2004)

Art. 45 quáter -” El Estado nacional asume la responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros, de la observación remota de las comunicaciones y de la utilización de la información de los datos filiatorios y domiciliarios y tráfico de comunicaciones de clientes y usuarios, provista por los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

(Artí­culo incorporado por art. 3* ° de la Ley N* °25.873 B.O. 9/2/2004)

CAPITULO II

Telegrafí­a

Art. 46. -” Las oficinas abiertas a la correspondencia telegráfica pública tienen la obligación de aceptar todo despacho que les sea presentado en las condiciones previstas en la presente ley y su reglamentación.

Art. 47. -” Las oficinas abiertas a la correspondencia telegráfica pública exigirán la comprobación de la identidad del remitente del despacho, de conformidad con las normas reglamentarias y otorgarán recibo por la correspondencia que acepten.

Art. 48. -” El intercambio de telegramas internos entre distintos prestadores se hará con la intervención de la Nación y a través de su red de telecomunicaciones. El tráfico internacional telegráfico de cualquier naturaleza, se encaminará por el Sistema Nacional de Telecomunicaciones al centro de conmutación internacional correspondiente con las excepciones que prevea la reglamentación.

Art. 49. -” La correspondencia telegráfica podrá ser anulada por el remitente antes que haya sido entregada al destinatario.

Art. 50. -” La correspondencia telegráfica se entregará a su destinatario o representante, en la forma y condiciones que fije la reglamentación, salvo el caso que mediare orden escrita de juez competente disponiendo su interceptación.

Art. 51. -” Se considerará que existe demora cuando, en condiciones normales y por causas imputables a los prestadores, la correspondencia telegráfica pública no fuera entregada en un término compatible con las caracterí­sticas del servicio.

Art. 52. -” La correspondencia telegráfica que, por causas ajenas a la voluntad de los prestadores del servicio no pueda ser entregada, será destruida en el término que fije la reglamentación.

Art. 53. -” El remitente y el destinatario tendrán derecho a obtener copias autenticadas de la correspondencia telegráfica que se hubiera impuesto, como así­ también a que se les exhiban los originales dentro de los plazos fijados para su archivo.

Art. 54. -” Los telegramas expedidos se archivarán por tres años salvo los colacionados, expedidos y recibidos, que se conservarán durante cinco años.

(Artí­culo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 24.687 B.O. 17/09/1996)

Art. 55. -” Los servicios tales como el télex, facsimilados, telefotografí­a, transmisión de datos, y otros existentes o por existir o que se definan en la reglamentación como de las mismas caracterí­sticas, se regirán por las normas que se establecen para el servicio telefónico y en la reglamentación.

CAPITULO III

Telefoní­a

Art. 56. -” El servicio interno será urbano e interurbano. El primero es el establecido entre usuarios vinculados a una misma área de servicio local y el segundo entre usuarios de distintas áreas.

Art. 57. -” Las comunicaciones telefónicas se establecerán de aparato a aparato o de persona a persona. El personal afectado al servicio no podrá intervenir en la conferencia ni realizar retransmisiones.

Art. 58. -” El servicio domiciliario se presta por tiempo indefinido en el domicilio del usuario titular y se retribuye con el pago de una tarifa.

Art. 59. -” El servicio al público se presta desde oficinas, u otros medios habilitados para tal fin.

Art. 60. -” En caso de interrupción del servicio, el usuario podrá reclamar la deducción del importe pertinente, a tenor de la reglamentación.

Art. 61. -” El servicio telefónico podrá ser operado bajo el régimen de agencia, dentro de los lí­mites y modalidades que fije la reglamentación.

Art. 62. -” El servicio urbano será prestado sin cargo adicional sobre la tarifa establecida para el área de cada localidad. Cuando para conectar un abonado que se encuentre fuera del área haya necesidad de instalaciones y trabajos especiales, se aplicará un régimen diferencial hasta su integración al área.

Art. 63. -” El prestador suspenderá o rescindirá el servicio domiciliario por falta de pago conforme a la reglamentación; o por orden de autoridad competente, administrativa o judicial según corresponda.

Art. 64. -” Cuando el abonado titular de más de una lí­nea o servicio en un mismo domicilio sea pasible de incomunicación u otra sanción más grave por falta de pago, el ente prestador del servicio podrá intimarlo al pago por un medio fehaciente.

En el caso de que producida la intimación y transcurrido un perí­odo máximo de treinta (30) dí­as corridos, el abonado no cancelare la deuda, la medida de incomunicación podrá extenderse a todas las lí­neas o servicios del cual el mismo sea titular en ese domicilio.

Art. 65. -” Toda área de servicio urbano deberá contar, como mí­nimo, con una cabina para uso del público, capaz de asegurar el secreto de las comunicaciones.

Art. 66. -” Cuando por error sustancial no imputable al abonado no figuren éste o el número de su teléfono correctamente en guí­a, la responsabilidad del prestador se limitará al descuento del porcentaje de la tarifa que establezca la reglamentación y hasta tanto se subsane la deficiencia.

Art. 67. -” El tráfico telefónico internacional deberá encaminarse por el Sistema Nacional de Telecomunicaciones a los centros de conmutación internacional establecidos, con excepción del fronterizo que podrá cursarse por enlaces autorizados exclusivamente a tal fin.

CAPITULO IV

Radiocomunicaciones

Art. 68. -” Las radiocomunicaciones se efectuarán, cualquiera sea el servicio que cumplan, utilizando las frecuencias, potencias, clases de emisión y señales distintivas que se les asignen conforme a la presente ley y su reglamentación.

Art. 69. -” Las frecuencias serán asignadas dentro de cada banda, de acuerdo con las especificaciones de los convenios y reglamentos nacionales e internacionales.

Art. 70. -” La autoridad competente, podrá cambiar o cancelar las frecuencias autorizadas, sin que ello dé derecho a indemnización alguna.

Art. 71. -” Toda emisión de radiocomunicaciones no excederá los niveles aceptados en cuanto a irradiaciones no esenciales y mantendrá su frecuencia dentro de las tolerancias admitidas por los convenios nacionales e internacionales.

Art. 72. -” La potencia que en cada caso se asigne y se utilice, será la mí­nima necesaria para el normal cumplimiento del servicio, pudiendo ser superada únicamente en caso de emisiones de socorro.

Art. 73. -” Las señales distintivas se adjudicarán de acuerdo con las especificaciones de los convenios y reglamentos nacionales e internacionales. Será facultad de la autoridad competente establecer otros procedimientos de identificación cuando razones especiales lo justifiquen.

Art. 74. -” Las estaciones de radiocomunicaciones deberán identificarse con su señal distintiva, de manera tal que no sean necesarios equipos terminales especiales para la recepción.

Quedan exceptuadas las que por su naturaleza o caracterí­sticas de los servicios que prestan hagan innecesaria su identificación.

Art. 75. -” Los buques, aeronaves y artefactos navales, aéreos y espaciales argentinos, o los extranjeros que se encuentren en jurisdicción nacional, deberán estar provistos de las estaciones radioeléctricas que establecen los convenios y reglamentos nacionales e internacionales, según corresponda. Dichas instalaciones deberán estar habilitadas y en un estado de funcionamiento que asegure el servicio que cumplen. La autoridad competente no permitirá la salida de aquellos que no reúnan tales requisitos.

Art. 76. -” Podrán establecerse zonas de protección contra cualquier tipo de perturbación que afecte a las radiocomunicaciones, cuando exigencias técnicas lo justifiquen.

Art. 77. -” En las zonas de protección, cuando resulte ineludible o conveniente, podrán imponerse limitaciones al dominio en cuanto a edificaciones o estructuras de cualquier naturaleza construidas o a construirse, que pudieran dificultar o interrumpir las comunicaciones.

CAPITULO V

Radiodifusión

(Capí­tulo derogado por art. 115 de la Ley Nº 22.285 B.O. 19/09/1980)

CAPITULO VI

Servicios Especiales

Art. 114. -” El Servicio Subsidiario de Frecuencia Modulada tiene por objeto transmitir información a personas fí­sicas o jurí­dicas determinadas, utilizando los subcanales incluidos al efecto, en los canales de transmisión de las estaciones radiodifusoras de frecuencia modulada.

Dicha información puede comprender: música ambiental, programas educativos, cientí­ficos, comerciales y de cualquier otra actividad de interés general.

La reglamentación respectiva establecerá la forma en que se adjudique y explote este servicio.

Art. 115. -” El servicio de antena comunitaria tiene por objeto la recepción y distribución de las señales provenientes de una o más estaciones radiodifusoras, a los adherentes o abonados de una o más comunidades.

El permisionario que preste el servicio, estará obligado a distribuir las señales de las estaciones que pueda recibir en condiciones técnicamente aceptables, sin preferencia o exclusividad para ninguna de ellas y en los canales que establezca la reglamentación respectiva.

Art. 116. -” El servicio de circuito cerrado comunitario tiene por objeto la teledifusión de programas rurales y/o visuales mediante ví­nculo fí­sico, a los adherentes o abonados de una o más comunidades.

El permisionario que preste el servicio deberá distribuir las señales de los programas originados localmente o en otros centros de producción, de acuerdo a las normas técnicas nacionales y en los canales que establezca la reglamentación respectiva.

Art. 117. -” La reglamentación establecerá las normas a las cuales deberá ajustarse la realización de los servicios especiales no considerados en el presente capí­tulo y cuya explotación sea requerida.

Art. 118. -” El Comité Federal de Radiodifusión será la autoridad de aplicación para todo lo previsto en el presente capí­tulo, sin perjuicio de la intervención que compete al Consejo Nacional de Telecomunicaciones en el aspecto técnico.

CAPITULO VII

Radioaficionados

Art. 119. -” El servicio de radioaficionados constituye una actividad de interés nacional.

Los requisitos que deben reunirse para optar a la licencia de radioaficionados y a la autorización para instalar la estación, son los que establecen la presente Ley y su reglamentación.

Art. 120. -” La licencia de radioaficionados y la autorización para instalar su estación se podrá otorgar a argentinos nativos o por opción, a argentinos naturalizados con más de Cinco (5) años de ciudadaní­a y a argentinos naturalizados que no teniendo esa antigí¼edad como tales, hayan renunciado a la opción del artí­culo 21 de la Constitución Nacional y que sean capaces civilmente.

Art. 121. -” La autoridad competente otorgará también licencia de radioaficionados y la correspondiente habilitación de estaciones a las entidades que los agrupen y a las vinculadas con esta actividad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y su reglamentación.

Art. 122. -” El radioaficionado extranjero, en tránsito o que resida temporariamente en territorio nacional, podrá ser autorizado para instalar y operar su estación en categorí­a igual o equivalente a la reconocida en su paí­s de origen, cuando existan convenios de reciprocidad con su propio Estado y en las condiciones que en los mismos se establezcan.

Art. 123. -” También podrá autorizarse, excepcionalmente a un radioaficionado extranjero a instalar y operar temporariamente su estación, aún cuando no exista convenio de reciprocidad con su paí­s de origen.

Art. 124. -” La estación de radioaficionados no puede destinarse a otro uso que el especí­fico. La comunicación se establecerá únicamente con aficionados, del paí­s y de cualquier parte del mundo, salvo que exista expresa prohibición de hacerlo.

Art. 125. -” El contenido de toda comunicación de radioaficionado debe ajustarse a las normas de la presente Ley y su reglamentación; no puede versar sobre temas religiosos, polí­ticos o raciales ni tampoco tener finalidad comercial o lucrativa, sea en forma manifiesta o encubierta.

Art. 126. -” El radioaficionado deberá colaborar con su estación individualmente o integrando redes, para efectuar comunicaciones en casos de desastre, accidente o cualquier otra emergencia y toda vez que le fuera requerida su intervención por la autoridad competente.

Art. 127. -” El radioaficionado está facultado para instalar en el inmueble donde se encuentra su estación el sistema irradiante imprescindible, siempre que adopte las debidas precauciones para evitar molestias y riesgos.

TITULO IV

Tasas, Tarifas y Gravámenes

CAPITULO I

Telecomunicaciones

Art. 128. -” Las tasas y tarifas de telecomunicaciones serán fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de la autoridad de aplicación de esta Ley. Deben ser justas y razonables, cubrir los costos de una explotación y prestación eficientes y financiar el desarrollo de las telecomunicaciones. Para la fijación de las correspondientes al servicio con el exterior se tendrá en cuenta, además, los principios y recomendaciones internacionales y los convenios en que el paí­s sea parte.

Art. 129. -” Las tasas y gravámenes para establecer sistemas y estaciones de telecomunicaciones no abiertos a la correspondencia pública se determinarán de acuerdo con las caracterí­sticas de los mismos, la importancia de sus instalaciones y la evaluación del tráfico previsible, conforme a lo previsto en la reglamentación.

Art. 130. -” Los ingresos provenientes de la parte de las tarifas asignadas al desarrollo de los servicios de telecomunicaciones excepto radiodifusión, deben ser empleados exclusivamente en la expansión y modernización de los sistemas de jurisdicción nacional, de acuerdo con los planes que determine el Ministerio de Obras y Servicios Públicos -”Comunicaciones.

Art. 131. -” Podrán establecerse a tí­tulo precario exenciones o reducciones de tasas, tarifas y gravámenes de telecomunicaciones cuando la í­ndole de determinadas actividades lo justifiquen.

Art. 132. -” Del total de ingresos provenientes de tasas y gravámenes de telecomunicaciones se destinará una proporción adecuada para el desarrollo de los sistemas y mejoramiento de los servicios.

Art. 133. -” Las empresas prestadoras del servicio público y las de interés público de telecomunicaciones presentarán los balances y estados de cuentas en la forma y oportunidad que lo establezca el Ministerio de Obras y Servicios Públicos -”Comunicaciones o el Comité Federal de Radiodifusión, según corresponda.

CAPITULO II

Radiodifusión

(Capí­tulo derogado por art. 115 de la Ley Nº 22.285 B.O. 19/09/1980)

TITULO V

Desarrollo de las Telecomunicaciones

Art. 141. -” Los usuarios de los servicios de telecomunicaciones no podrán realizar instalaciones sin previa autorización, salvo el caso de las Fuerzas Armadas.

Art. 142. -” Los entes oficiales que de alguna manera realizan actividades de telecomunicaciones, con excepción de Fuerzas Armadas, deberán elaborar, anualmente, planes de compras por un perí­odo mí­nimo de Tres (3) años y máximo de Cinco (5) años, orientados a promover y consolidar la industria nacional de equipos y materiales de telecomunicaciones. Dichos planes se coordinarán por intermedio del CONATEL y el Comité Federal de Radiodifusión, con el fin de propender a una normalización que permita reducir costos y asegurar un mayor porcentaje de repuestos de fabricación nacional.

Art. 143. -” Créase el Departamento de Promoción de Investigaciones y Desarrollo en Telecomunicaciones, en jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos -”Comunicaciones.

Art. 144. -” El Departamento de Promoción tendrá las siguientes funciones:

a) Promover e incentivar en los laboratorios existentes, investigaciones cientí­ficas y tecnológicas en materia de telecomunicaciones y propiciar normas, especificaciones y métodos con el objeto de promover transferencias tecnológicas a los sectores productivos públicos y privados.

b) Promover programas multiinstitucionales de actividades, en base a requerimientos concretos emergentes del sector telecomunicaciones, evitando de esta forma cualquier innecesaria multiplicidad de esfuerzos.

c) Evaluar la capacidad técnica y de producción de las fábricas de equipos y material de telecomunicaciones, propiciando a través de los organismos competentes que se otorguen a su pedido, certificados de calificación.

d) Propiciar la creación de laboratorios, que realicen aquellas actividades de investigación y desarrollo en telecomunicaciones, que hayan superado la capacidad de los laboratorios existentes.

TITULO VI

Disposiciones referidas a la Seguridad Nacional

Art. 145. -” Las actividades de telecomunicaciones deben contribuir a la seguridad y adecuarse a las exigencias que la defensa nacional imponga.

Art. 146. -” El planeamiento en materia de telecomunicaciones deberá contemplar la adecuada preparación y alistamiento de los medios del potencial militar y la conducción de sus eventuales operaciones, en estricta coherencia con las polí­ticas nacionales.

Art. 147. -” Los entes estatales, privados o mixtos y las demás personas que realizan actividades de telecomunicaciones, están obligados a facilitar, por intermedio del CONATEL la información que le sea requerida, para servir a necesidades de la defensa nacional. Igual obligación les cabe a las empresas industriales que fabriquen o intervengan en el proceso de importación o comercialización de partes, componentes y equipos de telecomunicaciones.

Art. 148. -” A los fines de la seguridad nacional, podrán establecerse restricciones al uso y prestación de los servicios de telecomunicaciones. Tales restricciones tendrán carácter transitorio y se limitarán al mí­nimo indispensable.

Art. 149. -” Así­gnase prioridad a los servicios de telecomunicaciones situados dentro de la parte o partes del territorio nacional que sean declaradas Teatro de Operaciones y los que conecten a éstas con el resto del paí­s. Iguales prioridades son aplicables a las Zonas de Emergencia.

Art. 150. -” En caso de guerra o conmoción interior, así­gnase a las Fuerzas Armadas prioridades en el uso del Sistema Nacional de Telecomunicaciones.

Art. 151. -” Las Fuerzas Armadas y eventualmente las de Seguridad podrán conectar sus sistemas fijos, móviles y de campaña con el Sistema Nacional de Telecomunicaciones, en las debidas condiciones técnicas y cuando circunstancias particulares que hagan a la seguridad nacional lo justifiquen.

Art. 152. -” En caso de guerra o conmoción interior el Presidente de la Nación podrá dejar transitoriamente en suspenso las autorizaciones y permisos otorgados para la explotación o uso de los servicios de telecomunicaciones internos o internacionales.

Art. 153. -” Los permisos y autorizaciones para desarrollar las actividades previstas en la presente ley dentro de las Zonas de Seguridad, se otorgarán previo dictamen del CONASE (Comisión Nacional de Zonas de Seguridad), que versará exclusivamente sobre la conveniencia de los proponentes desde el punto de vista de la seguridad nacional.

Art. 154. -” Las instalaciones destinadas a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones sólo son requisables a tí­tulo de uso o de dominio y siempre que no signifique alteraciones al funcionamiento técnico de los sistemas que integran.

Art. 155. -” La requisición a cualquier tí­tulo de equipos, emisoras o materiales para desafectarlos de los sistemas de que forman parte, sólo es procedente con aquéllos destinados a servicios no abiertos a la correspondencia pública.

Art. 156. -” Las limitaciones a que se hace referencia en los artí­culos 154 y 155, podrán dejar de ser aplicables cuando haya estado de guerra públicamente declarado, exista de hecho, o en los Teatros de Operaciones y Zonas de Emergencia.

TITULO VII

Disposiciones Transitorias

(Nota Infoleg: Por art. 115 de la Ley Nº 22.285 B.O. 19/09/1980, se derogan todas las disposiciones del presente Tí­tulo, referidas a radiodifusión.)

Art. 157. -” El Poder Ejecutivo Nacional integrará el CONATEL y el Comité Federal de Radiodifusión dentro de los Treinta (30) dí­as contados a partir de la vigencia de la presente Ley. En dicho plazo designará sus autoridades y procederá a la transferencia al CONATEL y Comité Federal de Radiodifusión de los bienes que actualmente pertenecen o se encuentran afectados a servicios de organismos que prestan funciones que, por esta ley, se atribuyen al CONATEL y al Comité Federal de Radiodifusión.

El personal no jerarquizado actualmente dependiente de esos organismos será reubicado dentro de la Administración Pública Nacional.

Art. 158. -” El Poder Ejecutivo Nacional dentro de los Noventa (90) dí­as de la vigencia de la presente ley actualizará el Plan Nacional de Telecomunicaciones y el Plan Nacional de Radiodifusión.

Art. 159. -” Dentro de los Noventa (90) dí­as de la vigencia de esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional dictará el decreto reglamentario de la misma.

Art. 160. -” Hasta tanto sea reglamentada se regirá el accionar en la materia, por las leyes y decretos vigentes a la fecha, que no se opongan al espí­ritu de la presente.

Art. 161. -” Las Fuerzas de Seguridad que, sin perjuicio de los propios servicios radioeléctricos han sido autorizadas para prestar servicios públicos de telecomunicaciones en lugares desprovistos de los mismos, continuarán en el ejercicio de tal autorización hasta que el Estado Nacional sirva con sus propias redes los mencionados lugares.

Art. 162. -” (Artí­culo derogado por art. 10 de la Ley Nº 20.180 B.O. 27/02/1973)

Art. 163. -” La emisora LS82 TV Canal 7 de Buenos Aires, será considerada como comercial, hasta tanto el Comité Federal de Radiodifusión defina las medidas necesarias para su adecuación dentro de los términos establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad (Ley 19.039); el que debe expedirse en el plazo de ciento ochenta (180) dí­as, contados a partir de la promulgación de la presente Ley.

Art. 164. -” Las emisoras pertenecientes a Universidades Nacionales que actualmente posean autorización para comercializar sus espacios, deberán constituirse en Sociedades Anónimas con mayorí­a estatal, previstas en los artí­culos 308 al 314 de la Ley 19.550, dentro del plazo de Trescientos (300) dí­as a contar de la fecha de promulgación de esta Ley, bajo apercibimiento de caducidad de la licencia para comercializar sus espacios. A partir de la fecha de constitución en las Sociedades arriba indicadas dentro de dicho plazo, las emisoras aludidas se considerarán titulares de una licencia para transmitir comercialmente, en los mismos términos y condiciones que correspondan a las emisoras indicadas en el inciso a) 1 del artí­culo 80 de esta Ley.

Art. 165. -” Las emisoras provinciales y municipales deberán ajustarse a lo dispuesto en el artí­culo 80, inciso b) 2 de la presente, en plazo no superior a los ciento ochenta (180) dí­as a contar de la puesta en vigencia de esta Ley.

Art. 166. -” Los servicios o instalaciones de telecomunicaciones que se encuentren en funcionamiento en jurisdicción provincial o municipal, que no hubieren sido autorizados por autoridad competente según las previsiones de la presente Ley, deberán solicitar su aprobación técnica a fin de regularizar la situación de aquellos en un plazo no mayor de ciento Ochenta (180) dí­as a contar de la puesta en vigencia de la misma.

Art. 167. -” Los titulares de licencias de radiodifusión otorgadas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, mantendrán las mismas según perí­odos y regí­menes por los cuales les fueron asignadas.

Art. 168. -” La vigencia del artí­culo 109 regirá a partir de los ciento ochenta (180) dí­as de promulgada la presente Ley; hasta esa fecha se regirá, por las disposiciones vigentes, con excepción de la promoción interna de cada emisora, la que será computada como publicidad.

Art. 169. -” (Artí­culo derogado por art. 10 de la Ley Nº 20.180 B.O. 27/02/1973)

Art. 170. -” Derógase toda disposición que se oponga a la presente ley.

Art. 171. -” Comuní­quese, publí­quese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí­vese.

Antecedentes Normativos

- Artí­culo 80, inciso a), punto 2, derogado por art. 1º de la Ley Nº 20.180 B.O. 27/02/1973;

- Artí­culo 91 sustituido por art. 1º de la Ley Nº 19.814 B.O. 07/09/1972;

- Artí­culo 91 sustituido por art. 1º de la Ley Nº 19.801 B.O. 25/08/1972.


Caso CABASE v PEN

Posted: enero 25th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Ecuador | No Comments »

C. NAC. CONT. ADM. FED., search sala 1* ª, case 11/07/2006 Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Lí­nea v. Estado Nacional

2* ª INSTANCIA. Buenos Aires, julio 11 de 2006.

El Licht dijo:

1. Apela la demandada y funda su recurso a fs. 99/105 replicado a fs. 134/156 contra la sentencia de fs. 93/96 por la que el juez de primera instancia al hacer lugar, con costas, a la presente acción de amparo, decretó la inconstitucionalidad de la ley 25873 (1) y del decreto 1563/2004 (2) y la invalidez de las obligaciones que ella impone a las empresas de telecomunicaciones.

2. Para así­ resolver, tras expedirse en torno a diversas pautas emergentes de la ley 25873 en cuanto incorpora modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y al decreto reglamentario 1563/2004 e invocar mediante reproducción de algunos párrafos un trabajo doctrinario relativo a “La Informática y la Protección del Secreto de la Vida Privada”, y sostener que “hoy la normativa nacional tiene una regulación constitucional y legal del hábeas data (art. 43 párr. 3º CN. [3] y ley 25326 [4]). Estas garantí­as y normas no pueden afectar los derechos y garantí­as reconocidos en la Constitución Nacional (art. 28 CN.)”, y reparar en la garantí­a de la inviolabilidad del ámbito de las actividades privadas y la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados, concluyó que las normas impugnadas en la causa constituyen una inconstitucional intromisión en los aspectos vedados, no pudiendo habilitarse la intromisión y/o registro de datos privados bajo la argumentación de una posible prevención o posible investigación posterior.

Considera que se está en presencia de una de las situaciones en que no caben las “censuras o registros previos”, tal como se definen para el caso de la libertad de prensa, “que no pueden ser habilitados bajo la pretensión de una prevención a eventos futuros, ni pueden sanearse con que la autoridad judicial serí­a la que podrí­a analizar los registros, puesto que ya se habrí­a cometido la intromisión indebida en los ámbitos privados”.

Sobre tales bases concluyó en la legitimación activa de la actora, en tanto representa los legí­timos derechos de los afiliados a no ser obligados a cometer actos de injerencia indebida, así­ como por su propio derecho como remitente y destinataria de las comunicaciones; añadiendo que no mengua la vigencia de las consideraciones expuestas la suspensión de los efectos del decreto 1563/2004 en virtud del dictado del decreto 357/2005 (5) toda vez que, según lo entiende, tal medida no es definitiva y, por otro lado, se mantiene la ley 25873.

3. Ello sentado procede puntualizar que, mediante el dictado de la ley 25873 se dispuso modificar la ley 19798 (6) en relación con la responsabilidad de los prestadores respecto de la captación y derivación de comunicaciones para su observación remota por parte del Poder Judicial o Ministerio Público, estableciendo:

Art. 1. Incorpórase el art. 45 bis a la ley 19798 con el siguiente texto:

“Todo prestador de servicios de telecomunicaciones deberá disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente.

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán soportar los costos derivados de dicha obligación y dar inmediato cumplimiento a la misma a toda hora y todos los dí­as del año.

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará las condiciones técnicas y de seguridad que deberán cumplir los prestadores de servicios de telecomunicaciones con relación a la captación y derivación de las comunicaciones para su observación remota por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público”.

Art. 2. Incorpórase el art. 45 ter a la ley 19798 con el siguiente texto:

“Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones cursadas por los mismos para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente. La información referida en el presente deberá ser conservada por los prestadores de servicios de telecomunicaciones por el plazo de diez años”.

Art. 3. Incorpórase el art. 45 quater a la ley 19798 con el siguiente texto:

“El Estado Nacional asume la responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros, de la observación remota de las comunicaciones y de la utilización de la información de los datos filiatorios y domiciliarios y tráfico de comunicaciones de clientes y usuarios, provista por los prestadores de servicios de telecomunicaciones”.

A su turno se dictó el decreto 1563/2004 por el cual se reglamentaron los arts. 45 bis, 45 ter y 45 quater de la ley 19798 y sus modificaciones, con la finalidad de establecer las condiciones técnicas y de seguridad que deberán cumplir los prestadores de servicios de telecomunicaciones en relación con la captación y derivación de las comunicaciones para su observación remota por parte del Poder Judicial o del Ministerio Público; estableciéndose las obligaciones de los operadores y licenciatarios de servicios de telecomunicaciones y normando en torno a eventuales reclamos administrativos y la ví­a judicial. Se previó asimismo, la adecuación del equipamiento y tecnologí­as que se utilizan para la prestación de servicios de telecomunicaciones, a efectos de la presente normativa, estableciéndose plazos referidos a los requerimientos de interceptación y de información que se efectúen y regulando acerca de las sanciones. Se reglamentó asimismo, el art. 34 de la citada ley en relación con la competencia del órgano del Estado legalmente encargado de las verificaciones e inspecciones.

4. A su turno se dictó el decreto 357/2005 (B.O. del 25/4/2005) por el cual, sobre la base de reparar que la ley 25873 incorporó a la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19798 los arts. 45 bis, 45 ter y 45 quater, los que oportunamente fueron reglamentados a través del decreto 1563/2004; reglamentación dictada “en el marco de los objetivos tenidos en mira por ese cuerpo legal, esto es combatir el delito y servir al esquema de seguridad colectivo de la Nación, mediante la utilización de modernas herramientas de captación y monitoreo de comunicaciones de las redes públicas y/o privadas de telecomunicaciones, cualquiera sea su naturaleza, origen o tecnologí­a, en tanto operen en el territorio nacional” y considerar que “razones que son de público conocimiento aconsejan suspender la aplicación del citado decreto, a los fines de permitir un nuevo análisis del tema y de las consecuencias que el mismo implica”, dispuso su suspensión sine die.

5. En tales condiciones se impone atender al principio de vieja cuña del alto tribunal en tanto enuncia que las decisiones en los juicios de amparo deben atender a la situación existente al momento de ser dictadas (Fallos 300:844; 304:1020 [7]).

En la especie, el dictado del decreto 357/2005, cuadra señalarlo, vací­a de operatividad a la ley 25873 de modo tal que deviene inoficioso, en la especie y en el marco del remedio escogido, confrontar como si se exhibieran en pugna los objetivos que subyacen en el dictado de la norma legal (combatir el delito y servir al esquema de seguridad colectivo de la Nación, mediante la utilización de modernas herramientas de captación y monitoreo de comunicaciones de las redes públicas y/o privadas de telecomunicaciones, cualquiera sea su naturaleza, origen o tecnologí­a, en tanto operen en el territorio nacional) con la necesidad de preservar la inviolabilidad del ámbito de las actividades privadas y, en especial, la correspondencia y papeles privados.

Formulada como ha quedado esta observación, procede recordar, una vez más, que la acción de amparo, debe corresponderse con los postulados que gobiernan este remedio excepcional, centrados sustancialmente en la concreta demostración de un gravamen de tal magnitud que ponga en peligro efectivo e inminente el derecho constitucional invocado (Fallos 244:68, LL 96 709 , voto del juez Boffi Boggero).

Precisamente, según se desprende de los términos en que se encuentra concebida la demanda, ella se encuentra articulada, en la especie, en función de los mecanismos establecidos en el decreto 1563/2004, cuya suspensión obsta, a la luz de aquellos postulados, al progreso de la demanda por ausencia de gravamen.

Por lo demás y en refuerzo de lo expresado cabe consignar que la acción promovida en estos autos data del 21/12/2004, siendo que la ley 25873 se presenta publicada en el Boletí­n Oficial del 9/2/2004; aspecto éste que traduce no sólo que el gravamen invocado apareció con posterioridad al dictado del decreto reglamentario, sino también de la extemporaneidad del remedio escogido en función de lo preceptuado en el art. 2 inc. e ley 16986 (8). Tales circunstancias, cuadra puntualizarlo me llevan a coincidir, en lo pertinente, con las consideraciones formuladas por el Dr. Buján en el acáp. VI pto. 2 ab initio de su voto.

Por lo expuesto, corresponde revocar el pronunciamiento de fs. 93/96, con costas en ambas instancias en el orden causado en atención a los motivos de la solución a la que se arriba. Así­ lo voto.

El Dr. Coviello dijo:

1) Que la cuestión que es materia del presente amparo, lejos de haberse tornado abstracta en virtud del dictado del decreto 375/2005, que suspendió la aplicación del decreto 1563/2004, mantiene, empero, su larvada vigencia, habida cuenta de que lo que está aquí­ de por medio es la ley que dio razón al dictado de este último decreto, reglamentario de la ley 25873.

1. Así­, en los términos de la ley 16986, y, muy principalmente, del art. 43 CN., la afectación a los derechos invocados por la amparista, aunque no sean actuales, hay una inminencia en ciernes que no son mera posibilidad hipotética. Es decir, de no neutralizarse los efectos de la ley 25873, vano será el esfuerzo para sustentar que la cuestión se tornó abstracta. Obsérvese, precisamente, que en un punto que sirve de muestra al efecto la amparista sostiene: “La ley 25873 es inconstitucional porque permite lo que la Constitución prohí­be. Permite que todas las telecomunicaciones puedan ser registradas e intervenidas en cualquier caso. No detalla en qué casos y con qué justificativos puede producirse la intromisión” (el destacado es del original).

2. En concreto: existe una ley vigente que, aunque no se ejecute por los órganos competentes si bien no está en la arena del debate, podrí­a llegar hasta a sostenerse que su vigencia va más allá de que se reglamente o no , se encuentra presente en el ordenamiento jurí­dico y su observancia y aplicación por el Poder Ejecutivo es una obligación que debe cumplir, puesto que es una manda legal a él dirigida. Y así­ como suspendió su ejecución, podrí­a levantarla. El peligro, aunque se sostuviera que es larval, interpreto que está circunvolando sobre los eventuales afectados. En definitiva, bastarí­a la simple derogación del decreto 357/2005 para que en forma casi instantánea volviera a ser realidad el peligro temido para la parte actora. Por ello es necesario el pronunciamiento buscado, aunque sólo limitado a la constitucionalidad de la norma legal formal.

3. De allí­ que concuerde con mi distinguido compañero de primera instancia, quien dice al efecto que no “mengua la vigencia de las consideraciones expuestas [para declarar procedente el amparo], que el PEN. haya `suspendido’ los efectos del decreto 1563/2004 (ver decreto 357/2005), por cuanto dicha medida no es definitiva y se mantiene la ley 25873″.

2) Que, ello establecido, debe tenerse presente que la actora invoca su calidad de titular de una lí­nea telefónica para justificar la defensa de su derecho a la privacidad, virando así­ el plan inicial de la acción, enderezado fundamentalmente a la inconstitucionalidad de la ley y el decreto “al obligarles a prestar un servicio altamente oneroso en forma gratuita, por lo que resulta confiscatorio y, por ende, inconstitucional”, constituyendo una “interferencia a la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones al excluir a un grupo importante de empresas que no estarí­an en condiciones de solventar las inversiones necesarias para prestar el servicio”, resultando a su vez “contrarias a la privacidad de la correspondencia y papeles privados”, afectando, finalmente, “el derecho de las empresas del sector a trabajar, comerciar libremente y ejercer industrias lí­citas al imponerle onerosos servicios gratuitos a favor del Estado nacional” (conf. fs. 3 vta.).

Sólo en la ampliación del amparo (conf. fs. 17/28), la titularidad de una lí­nea telefónica de la asociación sirvió como argumento legitimatorio para sustentar el amparo en la protección de la intimidad personal.

3) Que, remitiéndome a la exposición de los fundamentos del decisorio apelado, hecha por mi compañero Licht, considero, no obstante conveniente puntualizar que mi distinguido compañero de primera instancia (conf. fs. 93/96 del expte. 37549, agregado por cuerda) reprodujo párrafos de una conferencia pronunciada en el año por el recordado profesor Jorge Bustamante Alsina quien fue conjuez de esta Cámara sobre la incidencia de la informática sobre la privacidad de las personas.

1. Así­, partiendo del principio de la inviolabilidad de las actividades privadas, amparadas por nuestra Constitución (art. 19) y la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados (art. 18), concluye directamente que “las normas impugnadas en la causa constituyen una inconstitucional intromisión en aspectos vedados. No puede habilitarse la intromisión y/o registro de datos privados bajo la argumentación de una prevención posible de una investigación posterior”.

2. Agrega que “ésta es una de las situaciones en que no caben las `censuras o registros previos’ tal como se definen para el caso de la libertad de prensa (art. 14 CN.), que no pueden ser habilitados bajo la pretensión de una prevención de eventos futuros, ni pueden sanearse con que la autoridad judicial serí­a la que podrí­a analizar los registros, puesto que ya se habrí­a cometido la intromisión indebida en los ámbitos privados”.

4) Que los agravios de la demandada (conf. fs. 99/105) pueden así­ sintetizarse: a) el a quo omitió analizar la existencia de los presupuestos básicos de la ley de amparo; b) no se acreditó la existencia de un perjuicio económico en el amparista; c) la medida legislativa adoptada reconoce como antecedente una real situación de emergencia relacionada con la necesidad de combatir el delito y de servir a la seguridad colectiva de la Nación; además, ello ocurre dentro del marco de la ley, como lo establece el art. 1 ley 25837; d) frente a lo dispuesto en dichas normas “dirigido a atender el interés general” el decisorio recurrido “ha privilegiado intereses particulares en oposición al bien común”; e) el dictado del decreto 357/2005 ha tornado abstracta la cuestión; f) el a quo omitió expedirse sobre el plazo de caducidad de la acción, toda vez que la ley 25873 fue sancionada el 17/12/2003, quedando promulgada de hecho el 6/2/2003 (la acción fue presentada el 30/11/2004; conf. fs. 7 expte. 37549, agregado por cuerda).

5) Que la cuestión sometida a la decisión del tribunal comprende dos aspectos: primero, establecer la validez de la norma que obliga a las empresas prestadoras del servicio a afrontar por su cuenta los gastos que significa la instalación de los equipos necesarios para llevar a cabo la obligación impuesta por la ley impugnada; en segundo término, la constitucionalidad de la inmisión en la privacidad de las comunicaciones que significa la normativa impugnada.

Ahora bien, el primer tópico no fue tratado por el a quo, lo cual no impide, por ví­a del principio de eventualidad, referirse a él, habida cuenta de que en sus agravios la amparista lo trató. De otro lado, no fue puesta en duda la legitimación de la entidad actora. Igualmente, la apelación de la demandada contiene el tratamiento suficiente del decisorio apelado, habida cuenta de que los fundamentos de éste han sido demasiado escuetos para el tratamiento de una cuestión de la importancia de la presente.

6) Que como bien plantea la amparista, más allá de la suspensión del decreto aplicativo de la ley 25873, ésta mantiene su vigencia y la afectación a la garantí­a de los arts. 18 y 19 CN., como se expuso en el consid. 1 pto. 1, precedente (conf. fs. 142 vta.).

Asimismo, invoca como fundamento para cuestionar lo dispuesto en la ley 25873 que la observación remota puede ser ordenada por el Ministerio Público, cuando éste, de acuerdo con la ley recibe instrucciones del Poder Ejecutivo.

7) Que, en primer lugar corresponde considerar la admisibilidad de la acción de amparo deducida.

1. Tiene razón la demandada cuando sostiene que el amparo fue deducido fuera de término, máxime que el peligro inminente era el contenido de la ley y su reglamentación era la consecuencia de lo en aquélla dispuesto. Basta la demostración de lo que digo el hecho que la suspensión del decreto reglamentario en nada impide a la amparista sostener el decisorio apelado en el hecho de que el cuestionamiento se ajusta al contenido de la ley.

En este punto, debe tenerse presente que así­ como la reforma del año 1994, al erigir al rango constitucional a la acción de amparo, en nada cambió en lo sustancial los principios rituales de la ley 16986, por lo cual se mantiene la estrictez que su apertura exige (conf. Fallos 307:2419; esta sala in re “Asociación Bancaria”, del 11/10/1996, entre muchos otros. Conf. asimismo, Fallos 274:13 [9]; 300:1231; y también Fallos 263:371; 270:176; 274:13; 293:580; 294:452 [10]; 297:73; 300:844; 301:801; 303:419 y 2056), situación que no ha variado con la incorporación formal del amparo en el art. 43 CN. (conf. esta sala, in re “Soñes”, del 22/12/1994; “Ositiansky”, del 26/10/1995; “Toscano” y “Ruiz de Arechavaleta”, ambas del 22/12/1995; “Aydin”, del 22/5/1996; “Asociación Bancaria”, del 11/10/1996; “Francica”, del 30/12/1998, entre muchas otras. Criterio que ha sido confirmado en Fallos 317:1658 [11], voto en disidencia de los jueces Levene, Fayt y López; 319:893 [12], voto del juez Bossert; 319:2955, consid. 4; 321:751; 321:1252 [13], consids. 30 del voto mayoritario, y en los votos concurrentes de los jueces Boggiano, consid. 15, Belluscio y Bossert, consid. 10, Fayt, consid. 9, y Petracchi, consid. 12; y causa N.50 XXXIV, “Neuquén para el Mundo”, del 3/11/1998), entre ellas el plazo para su deducción (conf. plenario “Capizano de Galdi”, del 3/6/1999 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; esta sala, in re “Zabala”, del 12/5/2000), que sigue siendo de quince dí­as hábiles, y, cuando se cuestionan normas de alcance general la fecha corre por ví­a de principio a partir de su publicación (conf. Fallos 307:1054; 317:655 [14]; conf. también mi voto in re “Miling”, del 25/9/2003), lo cual no quiere decir que en determinadas situaciones se pueda considerar las particularidades de cada caso, circunstancia que no concurre en el presente, puesto que se trata de una institución que por su carácter de experta en la materia se supone suficientemente informada en el menester que la ocupa tanto a ella como a sus entidades asociadas (conf. mi voto in re “Miling”, cit.).

2. Sin embargo, pese a que el a quo nada dijo al respecto como debió haberlo hecho explí­citamente al tratar la admisibilidad implí­citamente, pese a tal falencia formal, admitió la ví­a. En este contexto, como esta sala lo advirtió en otras oportunidades, de la forma en que llegó la cuestión hasta esta alzada, se advierte que el derecho invocado y los argumentos desplegados hasta aquí­, no han afectado la defensa estatal, en cuanto a la amplitud de debate de las cuestiones planteadas, máxime cuando en la instancia precedente las partes han contado con la efectiva oportunidad de formular las alegaciones pertinentes y obtener las medidas de prueba conducentes (Fallos 307:2174 [15]; 314:1091 [16], 315:2386 [17]; 316:1551 [18]), con lo cual se revela que la ví­a del amparo no ha reducido las posibilidades de la demandada en cuanto a la extensión de la discusión (Fallos 313:1371; 320:1339 [19]).

3. Por lo tanto, la ví­a elegida inicialmente permitió reunir los elementos de juicio y promover el debate necesario para emitir un pronunciamiento en el presente caso, de modo que exigir el retorno a las ví­as comunes supondrí­a un dispendio procesal que se opone a las garantí­as efectivas de los derechos y garantí­as de los administrados (conf. esta sala, in re “Fund Patron”, del 21/3/1997, votos de los jueces Buján y Licht y concurrente del juez Coviello).

4. En consecuencia, corresponde admitir el remedio intentado, con el alcance que se dará en el considerando siguiente.

8) Que, al respecto, el primer aspecto de la cuestión se evade del tratamiento de esta acción de amparo, en la medida en que se observe que no es posible determinar mediante esta ví­a la validez del deber impuesto a las empresas prestadoras de instalar a su costo los equipos necesarios para llevar a cabo la actividad impuesta por la nueva normativa.

No descarto que tal imposición podrí­a ser aparentemente cuestionable. Sin embargo, el amparo no se instituye para lo que pueda ser aparentemente arbitrario o ilegí­timo, sino que en forma manifiesta debe merecer tal tacha jurí­dica. Es decir, se trata, conforme lo ha señalado nuestra Corte y reiterado por la jurisprudencia del fuero, de una de aquellas situaciones que descartan acudir a la ví­a del amparo porque son opinables o requieren un amplio marco de debate y prueba (Fallos 300:844).

Por lo tanto, la admisión del amparo sólo quedará ceñida al tratamiento del segundo aspecto señalado, esto es la constitucionalidad de la intervención y del registro instituido por la ley.

9) Que sin perjuicio de lo dicho, el rechazo parcial del remedio intentado adelanto desde ya no variarí­a igualmente. En efecto, pese a haber sido tratado por mi compañero Buján al formular su voto, al que adherí­, en la medida cautelar dictada en estos autos (conf. fs. 80/95 del incidente que corre por cuerda), es conveniente volver sobre el contenido de las normas impugnadas.

1. El art. 1 ley 25873, incorpora como art. 45 bis a la ley 19798 (Ley Nacional de Telecomunicaciones) y en lo que aquí­ interesa el siguiente:

“Todo prestador de servicios de telecomunicaciones deberá disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que trasmiten, para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente”.

De su lado, el art. 2 de la ley incorpora como art. 45 ter el siguiente:

“Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones cursadas por los mismos para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente. La información referida en el presente deberá ser conservada por los prestadores de servicios de telecomunicaciones por el plazo de diez años”.

2. Aunque está suspendido, en el decreto reglamentario se leen cuáles fueron los fundamentos de la ley, que es:

“Combatir el delito, y a la par servir al esquema de seguridad colectivo de la Nación, ello mediante la utilización de modernas herramientas de captación y monitoreo de comunicaciones de las redes públicas y/o privadas de telecomunicaciones, cualquiera sea su naturaleza, origen o tecnologí­a, en tanto operen en el territorio nacional, orientado a desbaratar las amenazas que resultan factibles de vislumbrar.

Que las actividades ilí­citas son un flagelo que se vale de múltiples herramientas para su ejecución, entre las cuales sobresale el uso de sistemas de telecomunicaciones de la más variada gama, evidenciando en la utilización de modernas tecnologí­as, particularmente, y a sólo tí­tulo de ejemplo, en los casos de secuestros extorsivos y narcotráfico.”

En ese sentido, el proyecto que originariamente habí­a presentado el diputado José M. Dí­az Bancalari señalaba que en la investigación de los delitos:

“La Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretarí­a de Inteligencia del Estado, ve dificultada la realización de las diligencias encomendadas por los jueces, debido a la cierta falta de colaboración o reticencia por parte de las empresas licenciatarias de servicio de telecomunicaciones”.

En oportunidad de su tratamiento en la Cámara de Senadores, en la fecha que fue sancionada la ley 17/12/2003 el senador Pichetto dijo que se trataba de un proyecto cuya iniciativa habí­a sido del Poder Ejecutivo, sancionada por la Cámara de Diputados,

“Que apunta a fortalecer la lucha contra el delito organizado, fundamentalmente en lo que se refiere a la logí­stica para la captación de las lí­neas telefónicas en los secuestros extorsivos. El Estado requiere de esta ley para que las compañí­as puedan actuar con celeridad en la captación de las lí­neas. …Con la aprobación de este proyecto estamos dando un primer paso. Están pendientes muchos temas en cuanto a la seguridad… El Congreso está en deuda con los temas de seguridad… Creo que con este tema, además de dar una primera respuesta importante, le estamos dando al Estado mismo este instrumento para que las compañí­as pueden responder con rapidez, a fin de avanzar en las investigaciones contra las bandas organizadas que se dedican a los secuestros extorsivos en el paí­s”.

10) Que, en primer lugar, corresponde recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como ultima ratio del orden jurí­dico, y sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (conf.: Fallos 312:122; 314:424 [20]; 323:2409 [21]; 324:3345; 325:1981, entre muchos otros).

De ello se sigue que sólo en la medida en que se configure tan grave repugnancia de la norma legal en su confronte con el contenido de nuestra Constitución, podrá procederse a tal declaración. En este sentido, también debe recordarse que las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, y de la manera que mejor se compadezca con los principios y garantí­as constitucionales en tanto con ellos no se fuerce indebidamente la letra o el espí­ritu del precepto que rige el caso (doctr. de Fallos 310:1012; 318:630 [22]).

Y, en ese contexto, corresponde determinar si el objetivo del legislador es constitucionalmente adecuado frente a la garantí­a de la inviolabilidad y privacidad que contemplan los arts. 18 y 19 CN.

11) Que la intervención que aquí­ está en juego se refiere a la posibilidad de que el Estado, a través de determinados órganos suyos, pueda interceptar y tener acceso al registro de las comunicaciones (en sentido lato) efectuadas por los particulares e instituciones lo que se denomina técnica del pen register, comptage, “tarifador”, “recuento” o “contador” (conf. Carbone, Carlos A., “Grabaciones, escuchas telefónicas y filmaciones como medios de prueba”, 2005, p. 236) registro que deben llevar a cabo las empresas prestadoras del servicio respectivo.

1. Ciertamente, las normas constitucionales y los tratados internacionales que en el caso se invocan, amparan y garantizan el derecho natural del individuo (también rotulados “derechos humanos”, en el constitucionalismo europeo; conf.: Pérez Luño, Antonio E., “Derechos humanos. Estado de derecho y Constitución”, 1991, Madrid, p. 324. Alexy, Robert, “Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teorí­a de los principios”, 2003, Bogotá, p. 21 y ss.) al respeto a la privacidad o intimidad (se tomen como referentes a la misma situación o ámbito de la persona o distinto, como lo hací­a el recordado Nino, Carlos S., “Fundamentos de Derecho Constitucional”, 2000, p. 327 y ss. Conf. asimismo, en cuanto a los distintos grados de intimidad o privacidad: Sagí¼és, Néstor P., “Elementos de Derecho Constitucional”, 2000, t. 2, p. 314, parágr. 907. Nuestra Corte en los precedentes de Fallos 296:15 y 302:604 habí­a hecho la distinción entre acciones que sólo quedan en el fuero í­ntimo y son, por no exteriorizarse “ajurí­dicas”, y que serí­an las especí­ficas del art. 19 parte 1* ª, de las que revisten, por su exteriorización, relevancia jurí­dica. Esto fue destacado por el juez Petracchi en su voto in re “Ponzetti De Balbí­n”, Fallos 306:1892, consid. 16).

2. Pero ese derecho garantizado constitucionalmente no es absoluto, sino que, al igual que el resto en cuanto por su exteriorización, ostenta relevancia jurí­dica encuentra sus lí­mites en el marco de la ley (conf. art. 14 CN.). No se trata, por cierto, de cualquier limitación legal, sino de aquella que encuentre su quicio en la legalidad y en la razonabilidad del dispositivo, de cara a lo dispuesto en la Constitución.

12) Que nuestra Corte en dos pronunciamientos relevantes dio pautas basilares en la materia.

1. En el precedente “Ponzetti de Balbí­n”, a través del voto de los jueces Carrió y Fayt, sostuvo que la fuente del derecho a la privacidad e intimidad encontraba su fuente en el art. 19 CN., y en lo que aquí­ interesa “nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen” (consid. 8; el énfasis me pertenece).

2. A su vez, también nuestro alto tribunal sostuvo in re “Dessy” (Fallos 318:1894 [23]), refiriéndose a la garantí­a de la inviolabilidad de la correspondencia extensible, por cierto, al resto de las comunicaciones , dijo en el voto concurrente de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano, que:

“Lo que la Ley Fundamental ha admitido expresamente es que el señalado derecho sea susceptible de reglamentación, y, por ende, de limitaciones, ya que, como reiteradamente fue dicho, reglamentar es limitar. A ello podrí­a agregarse que, en todo caso, dicha legislación deberá ser `razonable’, máxime cuando `los principios, garantí­as y derechos… no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio’ (art. 28 CN.)”.

Dichos magistrados también sostuvieron que:

“En contextos como el presente (donde estaba en juego la interceptación por la autoridad penitenciaria de la correspondencia de los reclusos), que importan severas restricciones a derechos humanos amparados por la Constitución Nacional, el estudio no se agota en el solo esclarecimiento de si los fines se corresponden o no con materias sobre las que pueda versar la legislación, o con intereses que el Estado deba tutelar. Han de estructurarse, asimismo, las causas desencadenantes de la reglamentación. Son éstas, si se quiere, los hechos antecedentes de la norma al tiempo que los propósitos, el consecuente…

Este examen particularizado se proyecta, asimismo, sobre la apreciación de la proporcionalidad y de la adecuación de la medida restrictiva, pues ello menta una suerte de cotejo entre los dos aspectos de esta última con las señaladas `causas’ y `fines’ que configuran lo que darí­a en llamarse las `circunstancias del caso’ para el legislador.

Apreciaciones, cotejos y escrutinios, cuyas modalidades de aplicación traducen, bueno es advertirlo, respuestas arregladas a la especificidad de los conflictos y al diferente emplazamiento de los diversos derechos y garantí­as que viene dado, principalmente, del sistema de valores consagrados por la Ley Fundamental. Ello supone, entre otras consideraciones de í­ndole constitucional, las atinentes al emplazamiento, naturaleza y vinculación de los concretos derechos y garantí­as comprometidos, a los intereses estatales alegables, y a la relación entre éstos y aquéllos” (consid. 17).

3. Como se puede apreciar, el nudo de la cuestión está en determinar la razonabilidad o proporcionalidad de la medida dispuesta por el legislador en su confronte con las otras libertades en juego.

13) Que la invocación de la jurisprudencia europea por la actora para dar apoyo a su defensa, lleva a la necesidad de efectuar un estudio particular en punto a determinar no sólo si ella es aplicable al caso, sino también si el alcance que dicha actora atribuye a su contenido es el que le asigna.

Reiteradamente invocan el caso “Klass”, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del 6/9/1978, en donde cinco ciudadanos alemanes cuestionaban la legislación alemana que admití­a la intervención en las conversaciones telefónicas, considerando sus cláusulas violatorias de lo establecido en los arts. 8, 13 y 6.1 Convenio Europeo para la Protección de los de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (se utiliza la publicación oficial del pronunciamiento, individualizada como BJC 22, 1978, ps. 470/485).

Antes de exponer los antecedentes del citado pronunciamiento, conviene exponer, en lo pertinente, la normativa europea sobre el particular.

1. El art. 8 del citado Convenio reconoce el derecho a la privacidad de su correspondencia, y, en particular, en el párr. 2º dispone:

“No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del paí­s, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y las libertades de los demás” (se usó la versión reproducida en la publicación Textos básicos de derechos humanos, Navarra, 2001).

La directiva 95/46/CE. del Parlamento Europeo y del Consejo, del 24/10/1995, “relativa a la protección de las personas fí­sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”, también exceptúa de la protección en los supuestos señalados (conf. arts. 3.2, 13), con las salvaguardas necesarias para los derechos de las personas (conf. arts. 6.1.e, 7.e, 17 y 22, entre otros).

Otro tanto ocurre con la directiva 97/66/CE. del Parlamento Europeo y del Consejo del 15/12/1997, “relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones”, en sus arts. 5.2, y 14.1, y en la directiva 2002/58/CE. del Parlamento Europeo y del Consejo del 12/7/2002, “relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas” (directiva sobre la Privacidad y las Comunicaciones Electrónicas), en su art. 15.1.

El último documento europeo importante en la materia es su propia Constitución, que en el art. II 68, bajo el epí­grafe “Protección de datos de carácter personal”, dispone:

“1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legí­timo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a obtener su rectificación.

3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente” (el énfasis me pertenece).

2. Ello expuesto, en primer lugar corresponde poner de relieve que el propio tribunal europeo resalta en la causa “Klass” que los actores:

“No rebaten al Estado el derecho de recurrir a las medidas de vigilancia previstas por la legislación: atacan esta última en lo que permiten estas medidas sin obligar a las autoridades a avisar a posteriori, y en todos los casos, a los interesados y que ella (la ley) excluya todo recurso a los tribunales contra la adopción y ejecución de medidas semejantes” (pto. 10; destaco que la traducción es defectuosa en su precisión).

Tuvo en cuenta que el art. 10 Ley Fundamental de Bohn, modificado por la ley del 24/6/1968 estableció:

“1. El secreto de la correspondencia, de los enví­os postales y de las telecomunicaciones es inviolable.

2. Las restricciones no pueden ser ordenadas más que sobre la base de una ley. Si ellas vienen a proteger el orden fundamental liberal y democrático o la existencia o seguridad de la Federación o de un Land, la ley puede disponer que no se ha dado aviso al interesado y que el control por los órganos y órganos auxiliares designados por la representación del pueblo reemplaza el recurso jurisdiccional” (pto. 16; la cita reproducida es la que aparece en el fallo).

3. La ley regulatoria de la norma constitucional, individualizada como “G 10″, habilitó las intervenciones en los casos infracciones contra la paz o la seguridad del Estado, el orden democrático, la seguridad exterior y la seguridad de las fuerzas armadas aliadas. El punto clave es que la orden de intervención las dan la autoridad suprema del Land, o un ministro federal habilitado al efecto por el canciller. El control se someta a la “Comisión G 10″, cuyos miembros pueden decidir si le hacen o no conocer a los interesados las intervenciones que han sufrido, y también a un Comité del Parlamento. Asimismo, un funcionario especial es el que controla la ejecución de las medidas ordenadas.

Es más, uno de los artí­culos de la ley contempla que la adopción y la ejecución de medidas restrictivas no son susceptibles de recurso alguno. Además el tribunal hace referencia a que el proyecto de ley habí­a previsto que la intervención fuera ordenada por el juez; sin embargo se dispuso que la responsabilidad fuera del Ejecutivo, “para respetar una clara separación de poderes” (pto. 22).

4. Luego de tratar la legitimación de los impugnantes, el tribunal pasó al estudio de la cuestión fundamental. En lo referente, en primer lugar a la violación que los recurrentes, que sostení­an que la legislación “falla principalmente en que el interesado no es avisado de las medidas de vigilancia y no puede recurrir a los tribunales”, reproduce el art. 8 del Convenio. En este punto, dice el tribunal:

“Las sociedades democráticas se encuentran amenazadas en nuestros dí­as por formas muy complejas de espionaje y por el terrorismo, de suerte que el Estado debe ser capaz, para combatir eficazmente estas amenazas, de vigilar en secreto los elementos subversivos que operan en su territorio. (Tales disposiciones) son, ante una situación excepcional, necesarias en una sociedad democrática en la seguridad nacional y/o en la defensa del orden y en la prevención de infracciones penales” (pto. 48).

5. Pero cuando trata el tema fundamental, que es la imposibilidad de acudir ante los jueces, el tribunal ponderó la necesidad de que los procedimientos previstos en la ley “proporcionen en sí­ las garantí­as apropiadas y equivalentes para la salvaguarda de los derechos del individuo”.

Sin embargo, pese a reconocer que para evitar excesos se deberí­a asegurar como último recurso la intervención del Poder Judicial, consideró, empero, que las garantí­as que ofrece la ley llevan a considerar que “la exclusión del control judicial no transgrede los lí­mites que han de predominar necesariamente en una sociedad democrática” (pto. 56). Esas garantí­as se dan por la Comisión G 10, el comité de cinco parlamentarios que controla y el funcionario especial designado, las ofrecen además de su destacada independencia , entre ellas la posibilidad que el cuestionamiento lo formule el interesado ante la Comisión o de presentar un recurso constitucional sólo ante la Corte Constitucional (otras dos cuestiones ocuparon al tribunal, referentes a la posibilidad de recurrir ulteriormente ante la Justicia según el art. 13 del Convenio, cuando sus derechos han sido violados, y del art. 6 de éste, que recepta el derecho de acudir ante un tribunal independiente. En ambos casos, consideró que como derivación de lo dicho respecto del art. 8 del Convenio, no cabí­a entender que habí­a en el caso violación a dichos artí­culos; máxime que de acuerdo con una decisión de la Corte Constitucional alemana se habí­a declarado que luego del cese de las intervenciones se debí­a notificar a los interesados, momento a partir del cual tení­an abiertos los remedios previstos en el derecho alemán).

14) Que me he detenido a considerar ese precedente porque, según mi apreciación, muestra en realidad todo lo contrario de lo que pretende la empresa amparista.

1. A mi modo de ver lo que se demuestra es en primer término que en ella se contienen afirmaciones que en modo alguno se podrí­an invocar en nuestro derecho. Obsérvese que las medidas de intervención son dispuestas y controladas no por un juez, sino por el propio Poder Ejecutivo.

En la ley en pugna con los intereses de la actora nada de ello ocurre: las medidas deben ser dispuestas por las autoridades judiciales; lo cual, por lo demás es coherente con nuestro sistema que es para estos casos netamente judicial (conf. art. 236 CPPN. [24]).

2. Es decir, se aprecia, haciendo uso del juicio de proporcionalidad que es equivalente a nuestro tradicional juicio de razonabilidad , que el tribunal europeo toma en cuenta para valorar la adecuación de la norma y los medios aplicados a los fines propuestos el marco histórico y coyuntural que vive la sociedad al momento de dictarse las normas. En el caso europeo ha sido el terrorismo, que es una trágica realidad aún presente. En el caso argentino la otra realidad, que sólo quien no la conoce lo puede negar, es la ola diaria de secuestros (quizás mayor de la que se publica en los medios de comunicación social) y otras acciones delictivas.

Por ello, fácil puede ser criticar las medidas si no se tiene en cuenta cuáles son los otros intereses en juego. En efecto, entre una relativa intimidad como la que nuestro mundo vive en la actualidad, donde nuestras referencias se encuentran en cualquier banco de datos, que aún nosotros desconocemos; donde nuestro estado financiero llega al conocimiento de cualquiera por ví­a de la internet, a través del “Veraz”; donde hay entrecruzamientos de información que muestra la facilidad de la obtención que tienen quienes las buscan (baste como ejemplo las llamadas periódicas que recibimos en nuestros domicilios u oficios para promocionar productos de distinta í­ndole, o los “correos basura” por internet), y así­ en muchí­simos otros ejemplos que se podrí­an enumerar, todo ello, en definitiva, demuestra que por el hecho de vivir en esta época del desarrollo de la humanidad, hemos dejado de ser personas desconocidas para el resto.

3. Ciertamente, hay márgenes de nuestra intimidad que no tienen por qué trascender, en la medida en que queden en el ámbito reservado por el art. 19 CN. Nuestras conversaciones privadas, por ejemplo, y en lo que aquí­ interesa, no pueden ser motivo de grabación o escucha si no existe un motivo fundado legalmente, y mediante la orden de un juez. Piénsese que en el caso pretendidamente paradigmático de “Klass” se justificó que el ejecutivo dispusiera la intervención telefónica. Ello en nuestro derecho serí­a graví­simo, y, además, un delito.

4. En consecuencia, el problema serí­a entonces establecer si la interceptación y el registro previstos en la ley constituyen una violación a la intimidad, o en todo caso, si puede constituir una injerencia tolerable en nuestras vidas en aras de un bien mayor, mediante un balance de los intereses en juego.

15) Que los precedentes comparados que tanto la parte como otros autores han tomado como modelo para sustentar la crí­tica a la intercepción y al registro instaurado por la norma impugnada, muestran que: i) no se ha considerado que vulnere el derecho a la privacidad de las comunicaciones que ellas se intercepten de acuerdo con los términos de la ley que lo autorice; ii) tampoco se ha considerado violatorio a los derechos de las personas que se registren sus llamadas, mas no que el contenido se conserve.

1. En ese orden, el objetivo que el legislador tuvo en cuenta se vincula a la necesidad de facilitar la prevención e investigación de delitos, algo que es similar a lo que dio motivo al dictado de normas análogas en Europa, pero con relación a los delitos de sabotaje terrorista. Se trate de delitos de tipo terrorista, como de delitos comunes (éstos, por ser tales, no dejan de ser menos sangrientos que aquéllos), lo cierto es que el fin es impedir la comisión o facilitar la investigación delictiva. Así­ se expuso en el debate legislativo, y ello aparece, a ojos vista, razonable.

2. Precisamente, es la comparación con lo que ocurre en esos paí­ses el parámetro que puede ser útil para su confronte con lo que aquí­ ocurre; mas no para copiar o extrapolar a nuestro derecho, sin cribar previamente la normativa foránea con nuestro ordenamiento jurí­dico y realidad institucional, sino para verificar si aquéllos, cuya experiencia en materia de derechos humanos ostenta antigí¼edad y sólido fundamento jurí­dico en cuestiones como la aquí­ estudiada.

16) Que en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se destaca sobre el “registro” la sent. del 2/8/1984 recaí­da en el caso “Malone” (extraí­do de la publicación oficial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Jurisprudencia 1984 1987, p. 188 y ss.).

1. Se trataba de la validez, a la luz de lo dispuesto en el art. 8 de las intercepciones y registros que habí­an llevado a cabo las autoridades policiales por orden del ministro del Interior británico a fin de comprobar los ilí­citos de que se acusaba a aquél.

Estaba también en juego lo dispuesto en el art. 8 Convención Europea de Derechos Humanos.

2. Al tener presente el citado tribunal que de acuerdo con el art. 8 las injerencias, sea bajo la forma de interceptación como de “registro” debí­an estar previstas en la ley, y en el caso ello no ocurrí­a, se entendió que se habí­a violado el dispositivo de la Convención.

Pero es importante destacar que el propio tribunal reconoció respecto de una y otra forma de inmisión en la vida privada de las personas, que:

“el recuento es distinto, por su propia naturaleza, de la interceptación de las comunicaciones, la cual y en principio, no es deseable ni lí­cita en una sociedad democrática” (n. 84 de la sentencia).

De donde podrí­a extraerse que menos grave es el conteo o registro que la intercepción; pero su validez, según se sigue de su discurso, es que, como dice el art. 8, la injerencia “esté prevista por la ley y sea una medida necesaria en una sociedad democrática” para asegurar su defensa, entendida ésta en su sentido más amplio.

3. De esta forma, se puede decir que para el ordenamiento europeo, tomado de referencia por la actora, lo que importa es que exista una previsión legal, y que existan motivos valederos, aparte de la proporcionalidad o razonabilidad de la injerencia.

17) Que los precedentes europeos citados muestran el ejercicio del control de lo que ellos denominan “proporcionalidad” y que en realidad equivale a nuestro juicio de razonabilidad, para declarar si la norma cuestionada se aparta de los términos de la norma constitucional en juego.

1. Dicho juicio importa un cotejo o comparación entre la protección de los bienes en juego que la medida impugnada ampara y los derechos que se oponen a ella que se suponen vulnerados. En este caso, frente a la necesidad de indagar sobre la intercepción y el registro de las llamadas, se le opone el derecho a la privacidad. Hay, entonces, dos derechos en pugna que son igualmente válidos.

En el debate parlamentario, más allá de que se lo pueda considerar de breve discusión (las leyes, por imperio constitucional no se motivan, ni tampoco es necesario que sean presididas por un debate previo a su votación), lo cierto es que quedaron claros los objetivos, que apuntan a la seguridad individual, en concreto, contra la acción delictiva. Es indudable para cualquier habitante del paí­s y de los grandes núcleos urbanos que la acción delictiva pone en juego diariamente la vida, la salud, la libertad y la propiedad de todos los habitantes, sin distinción de edad, sexo o nivel social. Todos somos ví­ctimas reales o potenciales de la acción de los delincuentes.

2. No aparece entonces irrazonable que se exijan a los prestadores de los servicios de comunicaciones que estén en condiciones de suministrar a las autoridades entendiéndose a las judiciales los medios y los datos necesarios y en tiempo oportuno para la detección o prevención de hechos delictivos. Frente a la afectación, real o presunta, de la intimidad de la correspondencia, se opone la necesidad de dar seguridad jurí­dica a las personas.

Como escribió Alcorta: “En el orden social, la libertad no existe sin la noción del derecho; y limitar las libertades para conciliar los derechos, es limitar o poner un lí­mite a los derechos, desde que es su ejercicio mismo el que se limita… No es posible quitar a la sociedad el poder de reglamentar los derechos, o más bien, de coordinarlos, fijando el lí­mite o la órbita en que respectivamente debe girar, porque éste es precisamente su rol preponderante. El equilibrio social, base de la existencia de la sociedad, no puede existir de otra manera” (Alcorta, Amancio, “Las garantí­as constitucionales”, 1881, ps. 28/29).

18) Que si se toma por ví­a de principio que el procedimiento tanto de la intercepción como del registro o conteo de las llamadas, es constitucionalmente correcto, en la medida en que sean dispuestos conforme al ordenamiento, ello no significa que el método no deba tener lí­mites adecuados en su puesta en práctica. Sin embargo, el propio Alcorta, sobre la base del pensamiento de Alberdi en sus Bases (cap. XXXIII; se utilizó la versión incorporada a la obra “Organización de la Confederación Argentina”, t. I, 1913, Madrid, p. 188, prólogo de Adolfo Posada), puntualizó que si bien al legislador corresponde reglamentar el ejercicio de las libertades, “en la facultad de reglamentación no le es lí­cito obrar caprichosamente de modo de destruir lo mismo que se ha querido amparar o sostener” (ob. cit., p. 32).

Partiendo de la base que el derecho en juego está dentro de la garantí­a de la inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados (en la época de la redacción de la cláusula, que es reproducción de la Constitución norteamericana de 1787), la cuestión está en determinar si el alcance con que ese derecho es limitado supone una neutralización que lleva a surprimirlo inmotivadamente.

19) Que de la forma en que está redactada la norma, y de acuerdo con lo dicho, la registración de la llamada, por sí­ sola, no afecta en principio la intimidad de la persona, siempre que se confieran a la persona las salvaguardas necesarias para que no trasciendan sin su consentimiento. En primer término, quien ordena la intercepción y es el destinatario de ese registro sólo pueden ser el Poder Judicial o el Ministerio Público, “de conformidad con la legislación vigente”.

1. Se cumple mediante la norma la advertencia que ya en su momento habí­a puesto Estrada, al exponer que el allanamiento de la correspondencia “no puede ser ordenado sino por los jueces y con las formalidades prescriptas por la ley” (Estrada, José M., “Curso de Derecho Constitucional”, en Obras completas, t. VI, 1927, p. 142).

2. Precisamente, en el art. 236 CPPN. se lee:

“El juez podrá ordenar, mediante auto fundado, la intervención de comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio de comunicación del imputado, para impedirlas o conocerlas”.

Obsérvese que, además, la intervención o el “otro medio”, necesitan de un auto motivado; no basta la simple orden (D’ílbora, Francisco, “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado, comentado y concordado”, 2002).

Es más, en la reforma hecha por el art. 7 ley 25760 (25) a dicho artí­culo, se agregaron dos párrafos al artí­culo, que dicen así­:

“Bajo las mismas condiciones, el juez podrá ordenar también la obtención de los registros que hubiere de las comunicaciones del imputado o de quienes se comunicaran con él.

En las causas en que se investigue alguno de los delitos previstos en los arts. 142 bis y 170 CPPN. (secuestros extorsivos), o que tramiten en forma conexa con aquéllas, cuando existiese peligro en la demora, debidamente justificado, dichas facultades podrán ser ejercidas por el representante del Ministerio Público Fiscal, mediante auto fundado, con inmediata comunicación al juez, quien deberá convalidarla en el término improrrogable de veinticuatro horas, bajo pena de nulidad del acto y consecuente ineficacia de la prueba introducida a partir de él” (el énfasis me pertenece).

Con lo cual, se trate de una orden emanada del juez o del representante del Ministerio Público Fiscal, lo cierto es que ella debe estar motivada, y, en el caso de que lo disponga esta última autoridad, el control judicial es inmediato.

3. A ello se agrega que en virtud de lo dispuesto en el art. 5 ley 25520 (26) de Inteligencia Nacional:

“Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsí­mil o cualquier otro sistema de enví­o de objetos o trasmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así­ como cualquier otro tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario” (el énfasis también me pertenece).

4. Es decir, de esta forma se diseña un sistema en el cual las garantí­as de la privacidad o intimidad del registro de las comunicaciones sólo puede exhibirse a requerimiento judicial, salvo el supuesto especí­fico de los secuestros extorsivos, que puede ser dispuesto por el Ministerio Fiscal.

5. Respecto al cuestionamiento hecho por la actora sobre la pertenencia institucional y falta de independencia del Ministerio Público Fiscal, me remito a lo sostenido por el fiscal general en su dictamen, que responde acabadamente a tan aventurada aseveración.

6. Por ello, me atrevo a decir que si se cuestiona lo dispuesto por la ley 25873, también habrí­a que impugnar la constitucionalidad de las normas citadas, sobre todo el art. 236, citado, puesto que, en definitiva, propenden, aunque sin decirlo, a lo mismo. Es decir, nada nuevo hay acerca de que es el juez quien ordena la intercepción y requiere el registro, y, salvo el caso especí­fico del representante fiscal, nadie puede disponer ni aquella medida ni ésta.

Precisamente, es esa norma ritual la que se ha invocado en punto al enlace que correspondí­a dar a la posibilidad de una legí­tima interferencia en las comunicaciones privadas, en la medida en que ello tuviere motivación suficiente y sustancial, puesto que de lo contrario se violarí­a la garantí­a amplí­sima del sistema democrático que obliga a los órganos de poder a expresar los fundamentos de sus decisiones, y más aun cuando están destinadas a limitar derechos personales como son las escuchas telefónicas (conf. Gelli, Marí­a A., “Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada”, 2003, p. 177).

20) Que, llegado el estudio de la cuestión a esta altura, conviene tener presente algunas conclusiones parciales a las que se arriba.

1. En primer término frente a la invocación de que la ley es inconstitucional al permitir que todas las telecomunicaciones puedan ser registradas e intervenidas en cualquier caso, sin detallar, como lo manda la Constitución, en qué casos y con qué justificativo puede producirse la intromisión, lo cierto es que la remisión al ordenamiento vigente, hecha por la ley, permite advertir que sólo es el juez el que la ordena.

Y, es más, el auto respectivo debe ser fundado. Es decir, volviendo a ideas antes expuestas, no basta la simple orden; es necesario dar un fundamento que se justifique a la luz de la preceptiva constitucional. Si se busca lo que la Constitución estatuye, que se diga en qué casos, la respuesta es simple: cuando lo disponga fundada o motivadamente el juez. Allí­ está cumplido, según lo creo, el recaudo constitucional. Caso contrario, también habrí­a que impugnar la validez del art. 236 CPPN., cuestionamiento que la actora no formuló.

2. La norma, consecuentemente, no necesitaba dar mayores precisiones, por lo que la remisión era suficiente.

3. La reglamentación a la que la norma remite no significa ni requiere mayor precisión. Se trata simplemente de la reglamentación administrativa prevista en el art. 99 inc. 2 CN., puesto que el detalle de cuestiones tan técnicas como las de que se trata en la norma legal, precisan de ese completamiento que se lleva a cabo mediante los denominados reglamentos de ejecución, respetando el espí­ritu de la ley. Por lo demás, la remisión al ordenamiento vigente confiere pautas suficientes de lo que se debe hacer.

21) Que establecido que en los términos en que está redactada la norma y en relación al resto del ordenamiento, ella no deviene inconstitucional per se, en la medida en que, conforme a las pautas dispuestas por la Constitución exista la orden previa motivada y el control de parte de los jueces, corresponde evaluar ahora, en particular, si el lapso de conservación del registro se adecua a esas pautas.

1. Para ello hay que partir de la experiencia internacional en la materia, donde los que están en juego son los derechos de las personas, y, al efecto, el modelo de la Unión Europea se torna señero.

En tal sentido, la directiva 95/1946, citada en el consid. 13, pto. 1, establece en su art. 6 pto. 1 ap. e que los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean:

“conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un perí­odo no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente (conf. vgr., art. 13 de la directiva). Los Estados miembros establecerán las garantí­as apropiadas para los datos personales archivados por un perí­odo más largo del mencionado, con fines históricos, estadí­sticos o cientí­ficos”.

Una norma de similar contenido aparece en la directiva 2002/1958, que en el art. 15 pto. 1, que la limitación de la privacidad que ella garantiza tiene su razón:

“cuando tal limitación constituya una medida necesaria proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional (es decir la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de los delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el ap. 1 del art. 13 de la directiva 95/46/CE. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar, entre otras, medidas legislativas en virtud de las cuales los datos se conserven durante un plazo limitado justificado por los motivos establecidos en el presente apartado”.

2. Un tema que mueve a profundos debates en el seno de la Unión Europea se refiere al lapso de guarda de dichos registros. Una noticia relativamente reciente, informa bajo el epí­grafe “Almacenará la UE. datos de llamadas telefónicas”, que los ministros de Justicia de la Unión Europea acordaron que los datos se conservarán durante un lapso comprendido entre seis a veinticuatro meses (La Nación, del 3/12/2005; según pudo averiguar el suscripto, no habrí­a aún una precisión uniforme en el punto).

Aparece, entonces, una pauta que, en la consideración de las autoridades europeas serí­a razonable o proporcional a la restricción del derecho garantizado, más allá del cual la disposición serí­a í­rrita.

3. Precisamente, la ley española 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, establece que los datos del registro del tráfico se guardará por un perí­odo máximo de doce meses (art. 12 pto. 1).

22) Que, a la luz de los ejemplos del derecho comparado aparece claro que en el confronte del equilibrio buscado entre bienes concretos de las personas que ampara el derecho, como es la vida, la salud, la libertad y la propiedad, no se llegue a afectar otros como lo es el derecho a la privacidad de las comunicaciones, de modo que unos y otro encuentren su delicado equilibrio dentro del marco constitucional, y que el amparo de uno no frustre al otro (conf., Nino, “Fundamentos de Derecho Constitucional” cit., ps. 484/485).

1. No puede dejarse de lado que los derechos tienen un fin al que tienden, que les dé su valor y dignidad en el ordenamiento jurí­dico, pues han sido reconocidos con un sentido determinado: ser el medio técnico jurí­dico para que la persona y la comunidad obtengan o preserven determinado bien fundamental (Serna; Pedro y Toller, Fernando, “La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos”, 2000, ps. 66/67).

Mas aunque se considere que no toda regulación significa por sí­ una limitación o restricción a los derechos (autores cits., p. 67), lo cierto es que toda reglamentación de derechos ostenta lí­mites impuestos por el propio ordenamiento y los valores y principios í­nsitos a él, puesto que cuando el legislador va más allá de los fines tenidos en mira lo que hace es, como han apuntado los distintos autores hasta ahora citados, desnaturalizar aquello que pudo ser originariamente legí­timo por los fines y los bienes en juego.

2. Por ello, el constituyente incluyó en el art. 28 CN., una cláusula bien clara tendiente a prevenir dicha desnaturalización u obliteración injustificada de los derechos que se pretenden reglamentar.

En ese sentido, se ha apuntado que entra en juego en éste como en otros temas en que se restringen derechos la noción de razonabilidad, que tiene perpetua vigencia, puesto cuanto mayor o menor sea la gravedad que quiere solucionar la ley y la mayor o menor jerarquí­a del interés tutelado, en relación con la cuantí­a del sacrificio exigido a los derechos individuales, darán la medida de la razonabilidad; de allí­ que ésta es, en primer término, una cuestión de proporción, y, luego, un mí­nimo de adecuación de la ley con el fin que se propone obtener (Valiente Noailles, Carlos, “Manual de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, 1970, p. 103. Ver también: Sánchez Viamonte, Carlos, “Manual de Derecho Constitucional”, 1956, p. 124).

No puede olvidarse que en materia de limitación de las libertades, más allá del reconocimiento de la necesidad de que ellas no sean absolutas, puesto que de lo contrario se afectarí­a el ejercicio de las de otras personas, por lo cual ella no es absoluta sino relativa (conf. al efecto lo escrito por Segundo V. Linares Quintana, “Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional argentino y comparado”, t. 4, 1978, p. 126 y ss.), no puede tampoco dejarse de lado que en el ámbito constitucional, al lado de los grandes principios que garantizan las libertades, se conforma la regla in dubio pro libertate, donde es preciso favorecer la libertad más que su restricción (conf. Badeni, Gregorio, “Tratado de Derecho Constitucional”, t. I, 2004, ps. 105/106), de modo tal que es necesario, en cada caso ponderar la existencia de un motivo que dé razón al alcance de la restricción de la libertad concreta de que se trate.

23) Que, de acuerdo con lo expuesto precedentemente, se observa que el hecho de que jurí­dicamente puede rotularse válida la registración de las llamadas dispuesta por la norma en cuestión, no significa dar la misma categorí­a al término de la guarda del registro. En efecto, la guarda por un término de diez años excede notoriamente no sólo los estándares internacionales, sino que se torna irrazonable a la luz de los fines tenidos en cuenta por el legislador.

1. Así­, no parece razonable que los registros sean guardados por un lapso tan prolongado, habida cuenta de que la justificación de la limitación del derecho a la privacidad tiene su razón en la necesidad de prevenir e indagar acciones delictivas, para lo cual la celeridad constituye un elemento fundamental para la averiguación en término de los hechos. Una averiguación que no se lleva a cabo en los momentos próximos al ilí­cito, aleja la posibilidad de la individualización o detención de los responsables.

Dicho criterio se torna, según lo interpreto, en elemento a tener en cuenta en punto a la merituación de la razonabilidad de dicho plazo. La experiencia nacional e internacional lo demuestra. Es decir, la celeridad en el hallazgo de los autores o la evitación del daño depende, en realidad, en la celeridad con que se llevan a cabo las medidas tendientes a la averiguación policial y judicial. Perdida la oportunidad inicial, el resultado se diluye.

2. Consecuentemente, si son esos primeros momentos luego de los hechos, que son los relevantes de la investigación criminal, y que depende de la eficiencia con que se lleve a cabo, el mantenimiento del registro correspondiente de las llamadas pierde el sentido que tiene.

Pero junto con esa pérdida de valor, aumenta, a mi modo de ver, el peligro que representa la conservación de dichos datos por tan extenso tiempo. La tecnologí­a avanza a un paso tal que la intimidad de los datos personales conservados en esos archivos se ve afectada por la falta de seguridad que, por la evolución de los procesos tecnológicos, ellas puedan salir a la luz indebidamente, o, aún más, que la seguridad de su guarda se vea afectada por el mero transcurso del tiempo.

No se trata, ciertamente, de negar que por un lapso se pueda conservar el registro. Pero más allá de un plazo prudencial su mantenimiento se torna en un riesgo que no es razonable poner en cabeza de la persona.

3. Por lo tanto, a la luz de lo expuesto, aparece claro que no existe razón que justifique que por tan extenso plazo se guarde el registro de las llamadas o comunicaciones de las personas. Así­, el bien buscado para los afectados por la acción delictiva, perjudica, por el innecesario plazo de conservación del registro, al resto de las personas. No es, entonces proporcional dicho plazo con los fines buscados por el legislador, que, por el exceso ponen en riesgo la privacidad que la Constitución ampara.

4. Para finalizar, es preciso tener en cuenta que nuestra Corte señaló desde antiguo que la medida de los intereses y principios de carácter público a tutelar determinará la medida de las regulaciones en cada caso (Fallos 171:360; 199:483 [27]). Y por ello, la reglamentación legislativa no debe ser infundada o arbitraria, sino justificada por los hechos y las circunstancias que le han dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido, y proporcionado a los fines que se procura alcanzar con ella (Fallos 118:278; 172:21 [28]; 199:483; 247:121 [29], entre otros).

En el caso concreto, el plazo de guarda resulta bajo esa óptica, excesivo y pone en riesgo la privacidad de las personas.

24) Que, en conclusión, considero:

1. La ley 25873 no afecta la privacidad garantizada por los arts. 18 y 19 CN., en cuanto dispone la intervención y el registro del tráfico de las comunicaciones, y que ellas sólo las puede ordenar el juez.

2. Sin embargo, resulta inconstitucional al establecer que dicho registro se guardará por diez años.

3. Corresponde, por lo tanto, que se haga parcialmente lugar a la acción de amparo, y se declare la inconstitucionalidad del art. 3 ley 25873, en cuanto dispone la guarda del registro por diez años.

4. Propongo que las costas se distribuyan en el orden causado en atención a que las razones por las que propicio que se declare procedente la acción.

El Dr. Buján dijo:

I. Que por razones de orden, corresponde en primer lugar considerar el pedido de suspensión del procedimiento que la actora formulara a fs. 178/179, a cuyo respecto considero que él no puede ser admitido, toda vez que, si bien es cierto que la sala 2* ª de esta Cámara, al confirmar una sentencia estimatoria de igual pretensión a la incoada en autos, atribuyó expresamente efectos erga omnes a su pronunciamiento (conf. “Halabi, Ernesto”, del 29/11/2005, cuya copia obra a fs. 165/177), lo cierto es que éste no se encuentra firme, habida cuenta de que según surge del sistema informático se encuentra pendiente de dilucidación el recurso extraordinario que contra él interpusiera el Estado Nacional el 29/12/2005.

II. Que ello sentado, análogas razones obligan a considerar en segundo término el “cuarto agravio” de la demandada, en el cual cuestionando lo expuesto por el a quo en el consid. IX de su sentencia, donde señaló que “no mengua la vigencia de las consideraciones (antes) expuestas (relativas a la inconstitucionalidad que atribuyó tanto a la ley 25873 como al decreto 1563/2004) que el Poder Ejecutivo Nacional haya `suspendido’ los efectos del decreto 1563/2004 (ver decreto 357/2005), por cuanto dicha medida no es definitiva y se mantiene la ley 25873″ sostuvo que dado que la sanción del decreto 357/2005 ha determinado que las “disposiciones (impugnadas) han quedado en suspenso, lo cual torna abstracto el thema decidendum, pues el poder de juzgar ha de ejercerse en la medida en que perdure una situación de conflicto de intereses contrapuestos en el marco de un `caso o controversia’, lo que impide su ejercicio cuando estas circunstancias desaparecen” (ver fs. 102 vta.).

Al respecto, dado que el actor cuestionó la validez constitucional de las normas contenidas tanto en la ley 25873 como en su decreto reglamentario 1563/2004, entiendo que corresponde diferenciar entre una y otra impugnación:

1. La circunstancia que, durante la sustanciación de la litis, por el decreto 357/2005 (B.O. del 23/4/2005), se haya “suspendido” la aplicación del decreto 1563/2004, no produjo efecto jurí­dico alguno en cuanto a la vigencia de las normas de la ley 25873, también impugnadas por el actor, que por aquél fueran reglamentadas, por lo que no corresponde considerar abstracto como lo pretende la demandada pronunciarse sobre la inconstitucionalidad que el actor atribuye en forma directa a estas normas legales, no afectadas por aquella “suspensión”, más allá de la incidencia que esta “suspensión” podrí­a tener sobre la subsistencia de los requisitos jurí­dicos que habilitarí­an la dilucidación de la hipotética invalidez de esas normas legales a través de la presente ví­a de amparo.

2. Distinta se presenta, en cambio, la situación respecto de la impugnación de las normas del decreto 1563/2004, habida cuenta de que:

2.1. Aunque el decreto 357/2005 hable de que por él se “suspende” la aplicación sine die del decreto 1563/2004, lo cierto es que, en tanto aquél privó a éste de la calidad de producir efectos jurí­dicos inmediatos, el decreto 357/2005, en rigor, tradujo una derogación lisa y llana del decreto 1563/2004, el cual, para producir aquellos efectos jurí­dicos obligatorios, torna jurí­dicamente necesaria la sanción y publicación de un tercer y nuevo decreto que, derogando al 357/2005, restablezca expresamente la vigencia del 1563/2004 tal como resultarí­a suficiente aun para el caso de que este último hubiese sido derogado (conf. en relación al decreto 4070/1955, por el que se declaró en suspenso la disposición del art. 31 ley 14394, en cuanto permití­a la disolución del ví­nculo matrimonial por divorcio Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Familia”, t. I, 1993, Ed. Perrot, p. 647).

2. De todos modos, aun cuando no compartiéndose lo anterior se entiende tal como lo hizo la sala 2* ª en la sentencia dictada el 29/11/2005 in re “Halabi, Ernesto” (conf. consid. 5), pto. 5, párr. 2º que el decreto 1563/2004, por no haber sido expresamente derogado, sino sólo “suspendido” por tiempo indeterminado, no ha sido expulsado del plexo normativo vigente, lo cierto es que él, actualmente, y hasta que su vigencia sea restablecida por un nuevo decreto, por no producir efectos jurí­dicos inmediatos, no es susceptible de ocasionar una afectación “actual o inminente” en los derechos del actor, tal como lo exigen tanto el art. 43 CN. como el art. 1 ley 16986 como presupuesto de admisibilidad de la tutela jurisdiccional a través de la excepcional y restrictiva ví­a de la acción de amparo.

3. Por ello, tanto en uno como en otro caso, dada la inexistencia de esa afectación actual o inminente de derechos, y teniendo en cuenta que tal como reiteradamente lo ha puesto de relieve la Corte Suprema de Justicia de la Nación las decisiones a dictarse en los juicios de amparo deben atender a la situación existente al momento de ser dictadas (conf., entre otros, Fallos 298:33; 300:844; 304:1020 y 1649; 312:555), corresponde en este aspecto acoger los agravios del demandado y, en su consecuencia, rechazar la acción de amparo incoada por el accionante en cuanto por ella se pretende la declaración de inconstitucionalidad de las normas contenidas en la reglamentación de la ley 25873 que fuera establecida por el hoy “suspendido” decreto 1563/2004.

III. Que ello sentado, y dado que al contestar los agravios de la accionada, el actor afirmando que el Estado Nacional sólo apeló parte de la sentencia recurrida, consintiendo el resto de lo en ella decidido solicitó que se considerase firme y, consecuentemente, fuera del objeto de la apelación las cuestiones concernientes al reconocimiento de su legitimación activa y a la invalidez de las obligaciones que la ley 25873 impuso a las empresas de telecomunicaciones las que consideró resueltas en el pronunciamiento recurrido y no rebatidas por la apelante (ver fs. 134/135 vta.), corresponde al respecto poner de relieve que:

1. Para sustentar la sentencia apelada por la que declaró “…la inconstitucionalidad de la ley 25873 y del decreto 1563/2004 y la invalidez de las obligaciones que ella impone a las empresas de telecomunicaciones, en los términos de la presente” (el destacado me pertenece) , el a quo, en cuanto aquí­ importa, sostuvo que:

1.1. El sistema instrumentado a través de la ley y decreto citados “…constituye una intromisión estatal en las comunicaciones privadas” (ver consid. VII párr. final) que vulnera “…la Constitución Nacional (que) estableció la garantí­a de la inviolabilidad del ámbito de las actividades privadas (art. 19 CN.) y la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados (art. 18)”, constituyendo “…una inconstitucional intromisión en aspectos vedados…, (ya que) no puede habilitarse la intromisión y/o registro de datos privados bajo la argumentación de una prevención o posible investigación posterior”, en tanto “ésta es una situación que no caben las `censuras o registros previos’…, que no pueden ser habilitados bajo la pretensión de una prevención y eventos futuros, ni pueden sanearse con que la autoridad judicial serí­a la que podrí­a analizar los registros, puesto que ya se habrí­a cometido la intromisión indebida en los ámbitos privados” (ver consid. IX).

1.2. Es conforme a ello que “…es admitida la legitimación activa de la actora, por cuanto representa los legí­timos derechos de los afiliados a no ser obligados a cometer actos de injerencia indebida, así­ como por su propio derecho como remitente y destinataria de telecomunicaciones” (ver consid. X).

2. En definitiva, a la luz de los escuetos fundamentos que dan sustento a la sentencia apelada, en ella tal como bien lo destacó el fiscal general en su dictamen (ver fs. 159 vta./160 pto. 1) sólo puede tenerse por decidida la inconstitucionalidad de la ley 25873 y del decreto 1563/2004 sobre la base de haberse considerado que tales normas violaban las garantí­as individuales establecidas por los arts. 18 y 19 CN., siendo en consecuencia de ello que, reconociéndose a la actora legitimación para cuestionar tales preceptos normativos, no sólo “por su propio derecho”, como “afectada” en esas garantí­as, en su condición de usuaria “remitente y destinataria”, precisó el a quo de los servicios de telecomunicaciones, sino también como “representante” de sus “afiliados”, en tanto, como “prestadores de los servicios de telecomunicaciones” carácter que, sin explicitarlo expresamente, el magistrado de grado debió haber presumido que revestí­an , los obligan “a cometer actos de injerencia indebida”, se declaró, “en los términos de (ese pronunciamiento) “, “la inconstitucionalidad de la ley 25873 y del decreto 1563/2004 y la invalidez de las obligaciones que ella impone a las empresas de telecomunicaciones”.

3. Así­ las cosas, en la medida en que tanto el reconocimiento de legitimación en la actora para cuestionar la impugnada ley 25873 como la declaración de invalidez de la misma y de las consecuentes obligaciones que ella impone a los prestadores de los servicios de telecomunicaciones que fuera decidida en la sentencia de primera instancia, en definitiva, encuentran en ella último sustento en la violación de las garantí­as de los arts. 18 y 19 CN. que el a quo consideró que las disposiciones de aquella norma legal configuraba, y dado que por las razones que expondré en el próximo considerando de este voto debe tenerse por suficientemente cuestionado ese fundamento del fallo apelado, no puede válidamente sostenerse que el Estado Nacional haya consentido las cuestiones pretendidas por el accionante.

IV. Que así­ las cosas, cabe ahora destacar que, frente al escueto fundamento de la sentencia apelada en la cual, sobre el fondo de la cuestión, sin demostración lógica jurí­dica del aserto en función del contenido y alcance de las normas impugnadas, sostuvo que ellas vulneraban las garantí­as consagradas en los citados arts. 18 y 19 CN. sobre la sola base de la dogmática afirmación de que “no puede habilitarse la intromisión y/o registro de datos privados bajo la argumentación de una prevención o posible investigación posterior” , el memorial de la apelante en el cual, además de plantearse que la cuestión se habí­a tornado abstracta y afirmarse la inadmisibilidad formal del amparo (tanto por su extemporaneidad como por la existencia de otras ví­as procesales aptas para obtener la tutela judicial por él pretendida), se sostiene: 1) que el a quo “no consideró el tema de fondo a dilucidar”, ya que a su respecto omitió “analizar debidamente los alcances de la ley 25873 y del decreto 1563/2004, que de por sí­ goza de presunción de legitimidad”, y, asimismo, si se daba “…la existencia de los presupuestos básicos comprendidos en el (art. 43 CN. y en el art. 1 ley 16986…)”, no valorándose “…si en el caso se configura (la) lesión, restricción, alteración o amenaza requerida para la procedencia de la acción (y) si la alegada invalidez reviste carácter manifiesto, recaudo que en modo alguno se da en el presente”; 2) que “…no se ha demostrado que el obrar impugnado produzca sobre (los) `representados’ (de la actora) una lesión constitucional, cierta, actual, directa y manifiesta”, dado que “…el eventual daño forma parte simplemente de una conjetura de los actores que, sin fundamento alguno, sostienen que la decisión adoptada por el legislador y el poder administrador, podrí­a poner en riesgo el derecho a la intimidad o el de propiedad”; 3) que “la medida adoptada reconoce como antecedente una real situación de emergencia” vinculada con la seguridad pública, “particularmente… en los casos de secuestros extorsivos y narcotráfico”, siendo su “objetivo… combatir el delito”, otorgando en el “marco de una investigación” y sólo ante el “requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público”, modernas herramientas tecnológicas necesarias a tales fines para desbaratar las amenazas que aquel flagelo plantea, atendiendo así­ “el interés general que prevalece sobre los intereses individuales o sectoriales”, que la sentencia ha privilegiado , si bien lacónico, cumple suficientemente con la crí­tica concreta y razonada del fallo apelado en los términos exigidos por el art. 265 CPCCN., habida cuenta de que rebate razonadamente el único argumento que constituyó la idea dirimente del discurso del sentenciante y formó la base lógica de su decisión, sin que pueda válidamente sostenerse que el apelante se encuentra obligado a hacerse cargo de argumentos que el a quo no sostuvo. En su consecuencia, no corresponde acceder a la deserción del recurso pretendida por la parte actora.

V. Que así­ las cosas, en cuanto a la legitimación activa que para cuestionar la impugnada ley 25873 el juez de grado reconoció a la asociación actora como “representante” de sus afiliados, cabe poner de relieve que:

1. Mientras la accionante dentro de los “dos grandes grupos de derechos constitucionales y supralegales” que consideró afectados por las normas impugnadas se atribuyó esta legitimación para actuar en defensa de intereses ajenos en relación “con el derecho de propiedad y de comerciar de los prestadores de telecomunicaciones” (ver fs. 18 in fine) a cuyo efecto sostuvo que el alto costo “en programas y equipos” que (sin efectuar una mí­nima cuantificación) afirmó (y nunca demostró) que resultarí­a necesario para satisfacer las medidas impuestas por las normas legal y reglamentaria por él impugnadas, en la medida en que sólo podrí­a ser afrontado por las “grandes empresas”, sacarí­a del mercado a las “pequeñas y medianas que no están en condiciones de absorberlo”, acentuando así­ la concentración y distorsión de aquel mercado con manifiesto incumplimiento del mandato de defender la competencia a que se encuentra obligado por el art. 42 CN. (conf. fs. 26 y vta.) , el magistrado de primera instancia se la reconoció a efectos de la tutela del derecho de aquéllos “a no ser obligados a cometer actos de injerencia indebida”.

2. De cualquier manera, tanto aquel interés económico como este derecho a no ser ilegí­timamente obligado a violar el derecho a la intimidad de los habitantes de la Nación, no son susceptibles de ser encuadrados, en los términos del art. 43 CN., como “derechos de incidencia colectiva en general” como lo son los relacionados con el ambiente o similares bienes, tales como los vinculados con el urbanismo, la cultura, el patrimonio histórico, etc., en la medida en que la tutela dirigida a prevenir la lesión y asegurar el goce, tanto de uno como del otro, es susceptible de ser escindida en forma autónoma respecto de cada uno de los que pudiesen revestir el carácter de directos afectados por las normas de la ley 25873 impugnada en autos (conf., entre otros, mi voto in re “Asociación de los Derechos Civiles [ADC.]) y otros”, del 23/5/2006; ver, en particular, consid. IV).

3. La circunstancia de que el pto. 2.3. del art. 2 del Estatuto de la asociación civil demandante establezca como uno de sus “objetivos fundamentales” el de “actuar en defensa de los legí­timos derechos de sus asociados” (ver fs. 9 vta.), carece de relevancia a efectos de acordarle tal legitimación, ya que las normas de Derecho Privado por la que los administrados ejecuten el derecho a asociarse con fines útiles que les reconoce la Constitución Nacional no pueden válidamente extender el alcance del derecho a accionar en defensa de intereses ajenos que a esas asociaciones les ha sido otorgado por esa Ley Fundamental.

4. Por lo demás, la asociación actora no ha acreditado que alguno de sus “asociados” revista el carácter de “prestador de servicios de telecomunicaciones”, que son a los únicos a los que los arts. 1 y 2 ley 25873 impone las obligaciones que ellos establecen, sin que tal carácter surja como necesaria consecuencia de lo dispuesto en su estatuto, el cual no establece expresamente tal condición como requisito de acceso a la condición de “socio activo”, para la que sólo exige que se dediquen “a la organización, administración y/o distribución de datos, organizados en bases propias o de terceros, así­ como servicios en lí­nea” (ver art. 7), actividad que, por su amplitud, aun cuando pueda hipotéticamente aceptarse que comprende a parte de la que corresponde realizar a algunos de los “prestadores” de los servicios de telecomunicaciones regulados por la ley 19798, permite incluir a quienes, sin prestar tales especí­ficos servicios, son también organizadores, administradores y/o distribuidores de datos.

5. En su consecuencia, por lo precedentemente expuesto, no corresponde reconocer que a la actora, en representación de los eventuales derechos de sus asociados, le asista legitimación activa para cuestionar judicialmente las normas que impugnó.

VI. Que entrando ahora en el análisis de la invalidez que la accionante, en su carácter de usuaria de los servicios de telecomunicaciones, atribuye a las distintas normas contenidas en la ley 25873, complementando lo ya adelantado en el pto. 1 del consid. II de este voto donde, si bien concluí­ que la circunstancia de que por el decreto 357/2005 se hubiese “suspendido” de la aplicación del decreto 1536/2004 no autorizaba considerar abstracto el pronunciarse sobre la inconstitucionalidad que el actor atribuyó a las normas de la ley 25873, no afectadas por aquella “suspensión”, advertí­ que ésta podrí­a tener incidencia sobre la procedencia de que, en tales circunstancias, tal hipotética invalidez pudiera ser actualmente dilucidada a través de la presente acción de amparo , es de destacar que:

1. El art. 1 de la citada ley 25873 por el cual, incorporándoselo como art. 45 bis ley 19798, se estableció que “todo prestador de servicios de telecomunicaciones deberá disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente” (párr. 1º), con la aclaración de que “los prestadores de los servicios de telecomunicaciones deberán soportar los costos derivados de dicha obligación y dar inmediato cumplimiento a la misma a toda hora y todos los dí­as del año” (párr. 2º), en su párr. 3º, establece que “el Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones técnicas y de seguridad que deberán cumplir los prestadores de servicios de telecomunicaciones con relación a la captación y derivación de las comunicaciones para su observancia remota por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público”, de lo que se deriva que, no encontrándose actualmente en vigencia la reglamentación de la ley 25873 que fuera establecida por el “suspendido” decreto 1563/2004, esa obligación de disposición de recursos para la captación de comunicaciones para su observación remota no resulta hoy operativa para serlo requerirí­a el restablecimiento de la vigencia de la reglamentación “suspendida” o la entrada en vigencia de una nueva reglamentación , por lo que también falta a su respecto la ausencia de la afectación “actual o inminente” constitucionalmente requerida para la procedencia de la acción de amparo, la cual, consecuentemente, no resulta admisible para la tutela judicial de los derechos que la empresa actora invocó conculcados en su carácter de usuaria de los servicios de telecomunicaciones.

2. Similar ausencia de afectación actual o inminente, como requisito constitucional de procedencia de la acción de amparo, se da respecto del art. 2 de la mentada ley 25873 por el cual, incorporándosela como art. 45 ter de la citada Ley de Telecomunicaciones, se dispuso que “los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones cursadas por los mismos para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial o del Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente”, precisándose que “la información referida en el presente deberá ser conservada por los prestadores de servicios de telecomunicaciones por el plazo de diez años” , habida cuenta de que, aunque la norma no lo establezca expresamente, surge de su contenido que, para que ella pueda resultar operativa, se deberá establecer por ví­a de reglamentación hoy inexistente, ante la “suspensión” de la aplicación de la que fuera aprobada por el decreto 1563/2004 que fuera dispuesta por el decreto 357/2005 cuáles son los concretos “datos filiatorios y domiciliarios” que se deberán “registrar” y la forma en que ellos se deberán “sistematizar”, y, asimismo, y fundamentalmente, el alcance que deberá darse a la expresión “registros de tráfico de comunicaciones cursadas”, a cuyo respecto cabe poner de relieve que:

2.1. La objeción constitucional que a esta norma le formula la accionante en el pto. 4.1.5.1. del escrito de demanda donde sostiene que la registración que el art. 2 ley 25873 ordena efectuar a los prestadores de servicios de telecomunicaciones “constituye un exceso inaceptable” (ver fs. 24 y vta.), se basa en la premisa de que los “registros de tráfico de comunicaciones cursadas” a que ella alude “constituye un archivo viviente del contenido de las comunicaciones de todos” (el resaltado me pertenece), lo cual no surge como necesaria consecuencia de la interpretación gramatical que cabe atribuir a la acepción “registro de tráfico”.

2.2. En la resolución interlocutoria dictada el 21/4/2005 dí­a anterior a aquel en que fuera emitido el decreto 357/2005 en el incidente de medida cautelar tramitado bajo el n. 4398/2005 en la que, por no tenerse por configurada la verosimilitud del derecho invocado por el accionante, se denegó la suspensión de las normas impugnadas que él solicitara , al dar una primera y provisoria opinión sobre el punto, señalé que el citado art. 2 de la ley parecí­a contemplar una situación bien distinta de la de la “captación” y “derivación” de las comunicaciones para su “observación remota” a que se referí­a el art. 1 de ella, que era respecto de las cuales el art. 2 de la hoy “suspendida” reglamentación establecida por el decreto 1563/2004 exigí­a la disposición de los recursos técnicos necesarios para permitir la observación “en tiempo real” del “contenido de la telecomunicación” (conf. inc. j pto. 3; asimismo, en tanto hacen referencia al “contenido” de la llamada o telecomunicaciones, ver los ptos. 4 y 9 del mismo inciso), advirtiendo que el art. 3 del citado decreto 1563/2004, que es el que reglamentaba al art. 2 ley 25873 (art. 45 ter ley 19798), en cambio, en momento alguno aludí­a al “contenido” de la comunicación como objeto del registro que la norma legal ordena.

2.3. Mantengo actualmente tal apreciación, la que hoy sostengo en forma definitiva, habida cuenta de que la circunstancia de que por el posterior decreto 357/2005 se haya “suspendido” la aplicación de la reglamentación que fuera establecida por el referido decreto 1563/2004, no modifica las cosas, en la medida en que esta reglamentación reflejó el alcance que aquella acepción le otorgó el órgano que, por haber promovido el dictado de la ley, constituye elemento de primer orden a tener en cuenta para escudriñar la voluntad que el legislador tuvo en cuenta al sancionarla.

2.4. Avala lo expuesto el hecho de que la demandada, al contestar el informe del art. 8 ley 16986 que le fuera requerido, en expresiones que no fueran refutadas por la asociación demandante, manifestó que el art. 2 de la ley establecí­a la obligación de dos tipos de archivos, el de los datos filiatorios y domiciliarios de los usuarios o clientes y el “registro de tráfico”, y, señalando que este último el “registro de las comunicaciones cursadas”, el conocido “quién con quién” aclaró , sostuvo que él era “de uso habitual en nuestro paí­s y en el mundo” y “resulta necesario para la facturación de las prestadoras a sus usuarios cuando se trata de servicios con tasación por distancia o servicios de valor agregado, como así­ también para la facturación de las empresas entre sí­ por terminación de llamada, por servicios de cobro revertido, servicios prestado por acceso a la RTP. por medio de tarjetas prepagas, etc.” (ver fs. 55 in fine), agregando que “esta información también es utilizada habitualmente por los jueces, quienes… solicitan el `cruzamiento’ de llamadas (…que) es realizado desde su creación por la Comisión Nacional de Comunicaciones mediante una oficina especializada y con la plena colaboración de las prestadoras de telecomunicaciones”, no habiéndose nunca tildado como inconstitucional la existencia de estos registros que constituyen una “…excelente herramienta para el esclarecimiento de algunos delitos que han aparecido o se han incrementado a partir del avance tecnológico” (ver fs. 55 vta.).

VII. Que en tal orden de consideraciones, teniendo en cuenta las que ya vertiera en el voto que por adherirse a él el Dr. Coviello sustentara la resolución mayoritaria que esta sala emitiera el 21/4/2005 en el ya referido incidente de medida cautelar tramitado bajo el n. 4398/05, con relación a la norma contenida en el art. 1 ley 25873 la que se limita a imponer a los prestadores de servicios de telecomunicaciones la obligación de “…disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o del Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente” , entiendo conveniente destacar que no es cierto que ella como lo afirma el actor “permite lo que la Constitución no permite” (conf. ptos. 4.1.2. fs. 20/21 vta. y 4.1.3. fs. 21 vta./23 del escrito de inicio; en particular, ver fs. 21) y, en ese contexto, que ella “permite que todas las telecomunicaciones puedan ser registradas e intervenidas en cualquier caso” y que ella tendrí­a que haber detallado “en qué casos y con qué justificativos puede producirse la intromisión” como también dogmáticamente lo asevera el accionante , habida cuenta de que:

1. El art. 18 CN., al establecer la garantí­a a la inviolabilidad de la “correspondencia epistolar y papeles privados” la que el art. 18 ley 19798 ha extendido en forma expresa a la “correspondencia de telecomunicaciones”, la cual, en mi criterio, en razón de la definición que de éstas trae el art. 2 de la citada norma legal, comprende a las informaciones electrónicas que se transmiten por medio de una red de interconexión entre computadoras, como lo es la red mundial internet, cuyo acceso ha sido declarado de interés nacional (ver decreto 554/1997) y su servicio comprendido dentro de la garantí­a constitucional que ampara la libertad de expresión (ver decreto 1279 y ley 26032 [30]) , cuya relación con el art. 19 de ella que consagra el derecho a la intimidad o privacidad es harto evidente, no lo hizo en términos “absolutos” carácter que no reviste ninguna garantí­a ni derecho constitucional, el goce de los cuales se encuentra sujeto a las leyes reglamentarias de su ejercicio en los términos emergentes de los arts. 14 y 28 CN. , sino que habilitó su “interceptación” “allanamiento y ocupación” en la palabras de la Ley Fundamental por orden de “autoridad competente”, exigiendo que los “casos” y los “justificativos” en que podrí­a procederse a ello fuesen determinados por “ley”.

2. En tal orden de ideas, en el marco del sistema federal de gobierno que fuera adoptado por nuestra Constitución y a la luz de las competencias que por ella se distribuyó entre la Nación y las provincias, debe distinguirse entre la jurisdicción con facultades para regular lo relativo a los servicios de telecomunicaciones la cual, como principio, es de resorte nacional, salvo que se trate de servicios de propiedad de una provincia que, además, no se encuentren conectados con otra jurisdicción territorial o con un Estado extranjero (ver art. 3 ley 19798) y la jurisdicción a la que, por ví­a de ley, le corresponde establecer la “autoridad competente” para ordenar su interceptación, los “casos” y “justificativos” necesarios para que ella pueda ser válidamente dispuesta, lo cual, según el caso, puede ser de competencia nacional o provincial.

3. Esta segunda cuestión, en el ámbito nacional en materia penal, con independencia de lo dispuesto en otras distintas normas legales (ver, entre otras: art. 18 ley 19798 de Telecomunicaciones; art. 88 inc. 6 LCQ. 24522 [31]; etc.) , ha sido regulada en el Código Procesal de la Nación (32) (ver arts. 234, 235 y 236), el cual, como requisito de validez de la orden de interceptación, requiere utilidad de ella para la comprobación del delito, calidad de imputado en el afectado por la medida y auto fundado por parte de la autoridad competente para disponerla, facultad ésta que atribuye, como regla, a los jueces del Poder Judicial, y existiendo peligro en la demora debidamente justificado, a los representantes del Ministerio Público, con inmediata comunicación al juez para que éste la convalide (conf. párrs. 2º y final del citado art. 236 que fueran introducidos por la ley 25760).

4. Así­ como la Nación, sin violentar la Constitución Nacional que no exige que la interceptación tenga que ser ordenada por un juez (conf. Sagí¼és, Néstor P., “Elementos de Derecho Constitucional”, t. 2, 1993, Ed. Astrea, p. 86) , facultó a los representantes del Ministerio Público para disponerla en determinados casos, del mismo modo pueden hacerlo las provincias en el marco de sus propias atribuciones.

5. Nada de lo anterior aparece comprometido por la norma contenida en el art. 1 del régimen instituido por la ley 25873 que fuera reglamentado por el hoy “suspendido” decreto 1563/2004 , en cuyo contexto debe distinguirse entre: i) la “autoridad competente” para ordenar la interceptación de la telecomunicación, sobre la cual el referido régimen nada dice, remitiendo a los “requerimientos” que al respecto puedan formular el “Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente” en cada jurisdicción; ii) el órgano del Estado encargado de ejecutar la interceptación de la telecomunicación ordenada por aquella autoridad el cual, de conformidad con lo establecido en el art. 21 Ley de Inteligencia Nacional 25520, es la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretarí­a de Inteligencia Nacional, tal como fuera recordado en el antepenúltimo párrafo del art. 1 del citado decreto ; y iii) el prestador del servicio de telecomunicaciones que, ante el requerimiento de la interceptación que, en cumplimiento de la orden impartida por la autoridad competente para disponerla, le efectúe el órgano de ejecutarla, debe proceder a la “captación” es decir, en los términos de las definiciones contenidas en el art. 1 de la “suspendida” reglamentación, “la obtención e individualización, a través de medios técnicos, del contenido de una comunicación” y “derivación” modificando su ruta, pero no su contenido y caracterí­sticas originales, de conformidad a lo establecido en esas mismas definiciones de la comunicación a fin de permitir su “observación remota” es decir, a distancia, desde sus centros de monitoreo por parte del órgano al que le compete ejecutar la orden de interceptación impartida por la autoridad competente para disponerla.

6. En tales condiciones, el art. 1 ley 25873 que, insisto, se limita a imponer a los prestadores de servicios de telecomunicaciones la obligación de “…disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o del Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente” carece de toda posibilidad de afectar la garantí­a constitucional relativa a la inviolabilidad de la “correspondencia epistolar y papeles privados”, ya que no establece cuál es la “autoridad competente” para ordenar la interceptación ni los “casos” y los “justificativos” bajo los cuales ella puede ser válidamente dispuesta, sino que en tales cuestiones remite en forma expresa a lo que surja “de conformidad con la legislación vigente” en cada una de las jurisdicciones (nacional o provinciales), que son las que se encuentran constitucionalmente habilitadas para regularlas.

7. De ello resulta que será otra norma legal la que en cada caso deberá ser tenida en cuenta a efectos de determinar, sobre la base de ella, si el que ordenó la interceptación de la comunicación fuere un juez o un fiscal tení­a competencia para así­ resolverlo, y, en su caso, si tal mandato fue válidamente emitido respecto de casos en que procedí­a y bajo motivos que lo justificaban.

8. En este orden de ideas, no obstante su irrelevancia frente a lo anteriormente expuesto ya que, en todo caso, el cuestionamiento constitucional no tendrí­a que haber sido dirigido contra la ley 25873 sino contra “legislación vigente”, a que ella remite, que habilite a los fiscales a ordenar la interceptación de la correspondencia , ante la negación de la “independencia” del Ministerio Público tan enfáticamente afirmada por el actor, sin perjuicio de dar aquí­ por reproducida la fundada réplica que le efectúa el fiscal general en su dictamen de fs. 159/163, remitiendo en lo aplicable a las consideraciones que vertiera el 14/2/2006, in re “Basile, Dante y otros”, cabe poner de relieve que:

8.1. Tal como se destacó en los debates de la Convención Constituyente de 1994, en la República Argentina existí­a una fuerte controversia sobre la ubicación institucional del Ministerio Público (nota), discutiéndose en razón de las dudas que suscitaron tanto las fuentes histórico polí­ticas de la institución como la ausencia de una legislación orgánica que precisase su situación y organización interna (nota) sobre el lugar que deberí­a ocupar en la trí­ada del poder.

8.2. La Convención Constituyente de 1994 en ejercicio de la habilitación de tratar el tema del “Ministerio Público como órgano extra poder” que fuera establecida por la ley 24309 (art. 3 pto. G) , en un solo artí­culo, el 120 integrante de una nueva Sección (la Cuarta) del tí­t. I (sobre el Gobierno Federal) de la parte 2* ª (relativa a las autoridades de la Nación) , otorgó rango constitucional al Ministerio Público, diseñándolo como un órgano bicéfalo, integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y demás miembros que por ley se establecieren, al que definió como “independiente con autonomí­a funcional y autarquí­a financiera”, asignándole “en coordinación con las demás autoridades de la República” la función de “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad”, y estableciendo que sus miembros gozarí­an de “inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”.

8.3. Ello así­, sea que se considere que el Ministerio Público constituye actualmente un órgano extra poder tal como fue caracterizado por la postura triunfante en la Convención Constituyente de 1994, en interpretación que ha sido adoptada por la mayorí­a de la doctrina o un cuarto poder que habrí­a sido agregado a la trí­ada clásica, constituida por el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (nota) , lo relevante para el caso es que aquél, hoy, no sólo que tiene rango constitucional revistando sus miembros en el carácter de autoridades de la Nación (parte 2* ª de la Constitución) integrantes del Gobierno Federal (tí­t. I de esa parte 2* ª) , sino que ostenta “independencia”, siendo precisamente ésta el principal atributo que la reforma de 1994 le otorgó al igual que lo hizo con el Defensor del Pueblo de la Nación (ver art. 86) a este nuevo órgano constitucional, ya que todos los otros órganos administrativos de carácter constitucional (jefe de Gabinete, ministros, Auditorí­a General de la Nación) expresamente dependen de algún Poder del Estado.

8.4. Por cierto que el reformador constituyente no estableció las consecuencias de tal jerarquización institucional; sin embargo, ha sido el legislador, en uso de sus exclusivas facultades reglamentarias, el que, a través de la Ley Orgánica del Ministerio Público (24946), precisó los alcances de la independencia, autonomí­a funcional y autarquí­a financiera constitucionalmente atribuidas al Ministerio Público, estableciendo su organización, composición, funciones, etc., y equiparando expresa o implí­citamente a sus miembros con los magistrados del Poder Judicial ante cuya instancia actúan, tanto en cuanto a los requisitos para el nombramiento (art. 7), procedimientos para su designación y remoción (arts. 5 y 18), incompatibilidades (art. 9), estabilidad (art. 13), y, asimismo, remuneraciones (art. 12), disponiendo para los fiscales y defensores públicos de primera instancia una retribución equivalente a la del juez de ese grado, con expresa aclaración de que la equiparación se extiende a todos los efectos patrimoniales, previsionales, tributarios, jerarquí­a, protocolo y trato.

9. Asimismo, el art. 1 ley 25873 tampoco cercena el principio a un debido proceso en sentido sustantivo y adjetivo tal como lo plantea el accionante en el pto. 4.1.4. del escrito de demanda, donde señala que por obra de las normas cuestionadas se podrí­an escuchar las conversaciones de los justiciables con sus abogados sin previa orden de autoridad judicial, cercenándosele el derecho a comunicarse privadamente con sus letrados tanto en ésta como en otras causas, y manifiesta no tener siquiera la certeza de que su contraparte no oiga sus comunicaciones y lea sus correos electrónicos (ver fs. 23 y vta.) , toda vez que él por lo precedentemente dicho no permite en modo alguno inferir que faculte a las autoridades administrativas en general, y a la Secretarí­a de Inteligencia en particular, a ordenar la interceptación de las comunicaciones de la actora en general, y con sus letrados en particular, dejando de lado claro está el supuesto que la realización de tal interceptación le hubiese sido ordenada a ese órgano de ejecución por la “autoridad competente” en la jurisdicción (nacional o provincial) de que se trate de “conformidad con la legislación (en ella) vigente”, lo que constituye una cuestión que resulta totalmente ajena al régimen instituido por la cuestionada ley 25873.

VIII. Que en el mismo orden de consideraciones, en cuanto a la norma contenida en el art. 2 ley 25873, descartado ya el carácter manifiesto de que la guarda de los datos de “tráfico de comunicaciones cursadas” que ella obliga a los prestadores de comunicaciones a “registrar” y “sistematizar” posibilite la confección de “un archivo viviente del contenido de las comunicaciones” (ver lo expuesto en los distintos apartados del pto. 2 del consid. VI de este voto), sólo resta considerar al respecto lo atinente a que la fijación del plazo de la guarda de la información emergente de esos “registros de tráfico” en diez años pudiese presentarse como excesiva, y, por ello, irrazonable.

Al respecto, no comparto que la manifiesta irrazonabilidad de tal extensión en el grado constitucionalmente requerido para que la tutela judicial pretendida pueda ser brindada a través de la ví­a de la acción de amparo pueda tenerse por configurada como lo pretende el actor sobre la sola base del menor plazo promedio que a los mismos efectos ha sido establecido por similares regulaciones existentes en otros paí­ses, habida cuenta de que:

1. Una rápida lectura del Código Penal revela que existen numerosos delitos respecto de los cuales, en función del máximo de la pena que les ha sido atribuida, el plazo de prescripción de la acción punitiva excede largamente aquel término decenal de guarda.

2. Aun en materia civil, en la que el plazo general de prescripción de las acciones por responsabilidad contractual es de diez años, la guarda de esos “registros de tráfico de comunicaciones” podrí­an servir para la acreditación de la concertación de un contrato celebrado a través de los medios comprendidos en los servicios de telecomunicaciones, permitiendo de tal manera hacer efectiva a su respecto aquella responsabilidad contractual.

3. Ello basta para sustentar la ausencia de irrazonabilidad manifiesta en el plazo de guarda establecido, descartando la arbitrariedad de la concreta extensión temporal que le asignara el legislador en el marco de facultades que, preservado el principio de razonabilidad, se presentan como de ejercicio discrecional de su parte y susceptibles de ser fundadas en razones de oportunidad, mérito o conveniencia que son de su exclusiva incumbencia e insusceptibles de revisión judicial.

IX. Que en razón de todo lo precedentemente expuesto, voto por el acogimiento de los agravios del demandado y, en su consecuencia, por la revocación de la sentencia apelada y por el rechazo de la acción de amparo promovida por el actor, con costas en el orden causado en atención a que, existiendo un fallo de una sala de esta Cámara que acogiera similar pretensión a la incoada en autos, cabe objetivamente aceptar que el actor pudo creerse con razonable derecho a litigar.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal resuelve: revocar el pronunciamiento apelado, con costas en ambas instancias en el orden causado.

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase. Bernardo Licht. Pedro J. J. Coviello. Néstor H. Buján. (Sec.: Silvia Lowi Klein).

NOTAS:

(1) LA 2004 A 130 (2) LA 2004 D 4750 (3) LA 1995 A 26 (4) LA 2000 D 4363 (5) LA 2006 A 650 (6) ALJA 1972 B 1004 (7) JA 1983 II 68 (8) ALJA 1967 A 500 (9) JA 4 1969 35 (10) JA 1977 II 37 (11) JA 1995 III 208 (12) JA 2000 I, sí­ntesis (13) JA 2001 II, sí­ntesis (14) JA 1994 IV 288 (15) JA 1986 I 96 (16) JA 1991 IV 253 (17) JA 1993 III, sí­ntesis (18) JA 1995 II, sí­ntesis (19) JA 1998 II 41 (20) JA 1991 III 392 (21) JA 2001 I 768 (22) JA 1995 IV 667 (23) JA 1995 IV 251 (24) LA 1991 C 2806 (25) LA 2003 C 2779 (26) LA 2001 D 4738 (27) JA 1944 III 793 (28) JA 48 698 (29) JA 1960 V 405 (30) LA 2005 B 1693 (31) LA 1995 B 1547 (32) t.o. 1981, LA 1981 B 1472.

Convención Nacional Constituyente, 34* ª Reunión, 3* ª Sesión Ordinaria, 19/8/1994. Informe del despacho de la mayorí­a, p. 4671; en particular, ver discurso de los convencionales Miguel I. Alegre (p. 4682) y Jorge de la Rúa (inserción, p. 4744).

Debe recordarse al respecto que mientras la Constitución sancionada en 1853, al organizar el Poder Judicial, dispuso que serí­a ejercido por una Corte Suprema compuesta por nueve miembros y dos fiscales (art. 91), la reforma de 1860 eliminó no sólo el número de miembros que debí­a tener la Corte sino también toda referencia a los fiscales (art. 94; actual art. 104), no obstante lo cual, la ley 27 promulgada el 16/10/1862 estableció que la justicia nacional serí­a desempeñada por una Corte Suprema de cinco miembros y un procurador general (art. 6), manteniendo al Ministerio Público en la órbita del Poder Judicial. Esta situación fue reiterada en la ley 13998 (art. 21) y en el decreto 1258/1985 (art. 21), y a ella se volvió luego de la ley 15271, que elevó a siete el número de miembros de la Corte con la ley 16895 por cuyo art. 1 se modificó el art. 21 decreto 1285/1958 , llegándose así­ a la ley 23774 que modificando una vez más el citado art. 21 decreto ley 1285/1958 , además de elevar a nueve los miembros de la Corte, al disponer que el procurador general de la Nación actuarí­a ante la Corte, implí­citamente estableció que no la componí­a. Cabe aclarar que, con anterioridad, la ley 23498, modificando el art. 22 del tantas veces citado decreto ley 1285/1958, dejó sin efecto su art. 1, el que establecí­a que el procurador general de la Nación era el subrogante legal de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, la tradición de considerar al Ministerio Público como perteneciente al Poder Judicial fue interrumpida por la decisión del presidente Menem de no solicitar el acuerdo del Senado para el nombramiento del procurador general de la Nación quien, por imperio de la ley 24309, cayó bajo la dependencia del Poder Ejecutivo.

Por todos, conf. Bidart Campos, Germán, “Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino”, t. VI, “La reforma constitucional de 1994″, 1995, Ed. Ediar, p. 487; Sagí¼és, Néstor P., “Constitución de la Nación Argentina”, “Introducción”, 1995, Ed. Astrea, p. 28; Loñ, Félix, R., “Enfoque sistémico de la división de poderes después de la reforma constitucional de 1994″, LL 1998 B 1115; Gelli, Marí­a A., “Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada”, 2003, Ed. La Ley, p. 841 y ss., n. 3).


Nuevo dictamen de derecho al olvido de la Fiscalí­a ante la cámara comercial

Posted: enero 24th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | No Comments »

Juz. 23 -“ Sec. 45 Sala C nº 52462/05
-Torri Marta Laura c/ Bankboston N.A. s/ Amparo- (FG n* ° 94813)

Excma. Cámara:
1. El juez de primera instancia, cystitis a fs. 173/6 hizo lugar parcialmente a la acción de habeas data y condenó a Bankboston N.A. a suprimir aquellos datos de la actora vinculados a la cuenta informada en autos que excedan los dos años de la fecha en que se extinguió la obligación.
2. Ambas partes apelaron.
La actora expresó agravios a fs. 181/5. Negó la existencia de la deuda, a la vez que destacó que aún en el supuesto de que la misma hubiera existido en el año 2000, a la fecha corresponderí­a la supresión de los informes por haber transcurrido el plazo de caducidad de cinco años que surge del art. 26 inc. 4º de la ley 25326.
La demandada expresó agravios a fs. 187/92. Manifestó que el banco no brinda información superior a los dos años y que por ello la sentencia resulta imposible de cumplir.
3. Considero que el recurso articulado por la actora debe ser admitido mientras que el de la demandada debe ser desestimado.
En el caso, se trata de determinar si transcurrió el plazo de caducidad respecto de la deuda que de acuerdo a los informes del Banco demandado se habrí­a originado el 28 de noviembre de 2000. Para ello, será dirimente determinar la fecha a partir de la cual ha de computarse el plazo de caducidad.
El art. 26.4 LPDP dice -“en lo pertinente que sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años.
Por su parte, el decreto reglamentario 1558/01 agrega, al referirse al plazo de caducidad, que el cómputo de cinco años será a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible.
De los informes reunidos en autos surge que el banco informó de la existencia de la deuda a partir del mes de noviembre de 2000, repitiendo en lo sucesivo esa información hasta el mes de enero de 2006 (v. informes de fs. 144 y de fs. 161/163).
En ese contexto, considero que el plazo de caducidad de cinco años al que se refiere el art. 26.4 LPDP comenzó a operara partir del 28 de noviembre de 2000 cuando el banco verificó la mora del deudor.
Es que el plazo de caducidad debe computarse a partir de la fecha de la última información significativa que revele que existencia de una deuda exigible. En ese sentido no basta la mera repetición de la información original respecto de la deuda.
De admitirse la interpretación contraria, la norma permitirí­a al banco informante postergar sine die el transcurso del plazo de caducidad a través de la utilización de un recurso tan simple como lo es repetir mensualmente la información registrada.
Tal interpretación es claramente inadmisible porque tendrí­a la virtualidad de neutralizar el derecho al olvido consagrado por la ley de protección de datos personales.
El decreto 1558/01 no puede en ningún caso derogar ni desnaturalizar la ley que reglamenta. Por lo tanto, debe entenderse que cuando el decreto establece que el plazo de caducidad se cuenta a partir de la fecha de la última información adversa registrada, se refiere a la última información significativa en los términos del art. 26 LPDP y no a datos que nada agregan a la información original.
Por lo tanto, toda vez que el plazo de caducidad debe computarse a partir del 28 de noviembre de 2000, a la fecha los datos referidos a esa deuda han caducado, debiendo por ende ser suprimidos.
Por las razones expuestas opino que V.E. debe admitir el recurso de apelación deducido por la actora y revocar la resolución apelada.
Dejo así­ contestada la vista conferida.
Buenos Aires, febrero de 2007.


Caso Matimport

Posted: enero 4th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Habeas Data | No Comments »

Matimport S.A. s/ medida precautoria
Publicado: JA 2000 II 37. Fallos 322:259.

AMPARO Hábeas data Registro de un pedido de quiebra rechazado

Buenos Aires, treat marzo 9 de 1999. Considerando: 1. Que contra la sentencia de la sala E de la C. Nac. Com. que al confirmar la de 1* ª instancia rechazó la acción de hábeas data deducida por la firma actora para que se suprimiera la anotación de un pedido de quiebra inscripto en el Registro de Juicios Universales, cialis 40mg la vencida dedujo el recurso extraordinario que fue concedido a f. 45.

2. Que la recurrente alega que la alzada no ha ponderado debidamente el instituto del hábeas data y su reconocimiento por el art. 43 Ley Fundamental, que incluye en su ámbito de aplicación la tutela de los derechos de raigambre constitucional a la privacidad y al honor y aduce, además, que la decisión ha consagrado una discriminación en el tráfico comercial en su perjuicio, a raí­z de la información emanada del Registro.

3. Que, asimismo, la demandante tacha de arbitraria a la sentencia apelada con sustento en que no resultaba necesario requerir prueba de la configuración del daño alegado que, en realidad, emana de la existencia misma de la anotación registral y porque ninguna de las disposiciones del decreto ley 3003/1956 autoriza la inscripción inalterable de un mero pedido de quiebra que fue desestimado por el respectivo juez comercial en el año 1984.

4. Que contra la decisión que rechazó el recurso de apelación, la actora dedujo el recurso del art. 14 ley 48 y planteó agravios que suscitan cuestión federal para su examen en la ví­a intentada, pues se ha puesto en tela de juicio la inteligencia que cabe atribuir a determinadas cláusulas de la Constitución Nacional y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria a la validez del derecho invocado por la recurrente sobre la base de dichas normas (Fallos 315:2780).

5. Que el art. 43 Ley Fundamental ha consagrado en lo que al caso se refiere el derecho de toda persona a interponer una acción expedita y rápida para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, contenidos en registros o bancos de datos públicos, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir su supresión, rectificación, actualización y confidencialidad.

6. Que la actora ha admitido que los datos inscriptos en el Registro de Juicios Universales atinentes al pedido de quiebra rechazado por el tribunal comercial se corresponden con las constancias del expediente judicial (ver f. 8, punto. I y f. 9 vta. párrs. 1º y 2º), de modo que no se presenta en el sub examine el presupuesto fáctico de la falsedad previsto en la norma citada para hacer procedente el instituto del hábeas data.

7. Que, finalmente, la tacha de arbitrariedad formulada respecto de la sentencia apelada resulta también inadmisible, toda vez que el a quo ha dado argumentos bastantes respecto de la consideración de la letra y del fin del decreto ley 3003/1956 para considerar que procede la anotación del mero inicio de todo juicio de quiebra, razón por la cual corresponde desestimar el intento de la apelante en lo que se refiere a la interpretación de dicha norma de derecho común.

8. Que lo expuesto precedentemente no importa pronunciamiento de esta Corte sobre el fondo de la cuestión procedencia de suprimir la anotación cuestionada sometida a su consideración, sino sólo desestimarla por haber sido canalizada por una ví­a procesal que no resulta apta para su tratamiento.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Julio S. Nazareno. Eduardo Moliné O’Connor. Guillernmo A. F. López. Adolfo R. Vázquez. Con su voto: Augusto C. Belluscio. Gustavo A. Bossert. Enrique S. Petracchi. Antonio Boggiano.

VOTO DE LOS DRES. BELLUSCIO Y BOSSERT. Que los infrascriptos coinciden con los consids. 1 a 6 del voto de la mayorí­a.

7. Que las restantes consideraciones formuladas en el remedio federal respecto al alcance del art. 43 CN. con el objeto de tutelar los invocados derechos al honor y a la privacidad de la sociedad anónima actora y a la protección respecto de la discriminación supuestamente sufrida por terceros a raí­z del dato suministrado por el mencionado registro no refutan los fundamentos dados en el pronunciamiento recurrido para rechazar la acción de hábeas data intentada.

8. Que, finalmente, la tacha de arbitrariedad formulada respecto de la sentencia apelada resulta también inadmisible, toda vez que el a quo ha dado argumentos bastantes respecto de la consideración de la letra y del fin del decreto ley 3003/1956 para considerar que procede la anotación del mero inicio de todo juicio de quiebra, razón por la cual corresponde desestimar el intento de la apelante en lo que se refiere a la interpretación de dicha norma de derecho común.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada.

VOTO DEL DR. PETRACCHI. 1. Que la firma Matimport S.A. inició acción de hábeas data a fin de que se suprimiera la anotación, en el Registro de Juicios Universales, de un pedido de quiebra de dicha empresa que fuera oportunamente rechazado. Contra la decisión de la sala E de la Cámara Nacional de Apels. en lo Comercial que confirmó la de 1* ª instancia que habí­a desestimado la solicitud, Matimport S.A. interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a f. 45.

2. Que el rechazo del hábeas data fue fundado por la alzada en la inexistencia de datos falsos o desactualizados, así­ como en la necesidad del registro, dados los objetivos perseguidos por el decreto ley 3003/1956. Dicha norma se dijo ordena el registro no sólo de los antecedentes de concursados y fallidos, sino que debe asentarse ya el mero inicio de un pedido de quiebra, lo cual favorece el saneamiento y la protección del crédito.

3. Que, contra ello, la recurrente afirma que la Cámara ha interpretado erróneamente el decreto ley citado y de este modo, ha convalidado la conservación de un dato irrelevante a los fines registrales y permitido así­, en contra de lo establecido por el art. 43 CN., que la firma continúe siendo discriminada en el tráfico comercial, a través de una distorsión de su imagen empresaria y de obstáculos para su acceso al crédito.

4. Que sostiene, asimismo, la arbitrariedad de lo resuelto por el a quo, por no configurar su decisión una derivación razonada del derecho vigente. Ello, por cuanto se apoya en la aserción dogmática de una supuesta protección del crédito, que no serí­a suficiente como para justificar el registro de pedidos de quiebra rechazados, cuando del decreto ley 3003/1956 en modo alguno se desprende tal consecuencia.

5. Que los agravios invocados habilitan la apertura de la instancia extraordinaria, en tanto se ha sometido a examen de esta Corte la interpretación que cabe asignar al art. 43 párr. 3º CN., y la decisión impugnada ha sido contraria al derecho que en dicha cláusula fundara la recurrente (art. 14 párr. 3º ley 48).

6. Que el instituto del hábeas data (art. 43 párr. 3º CN.) constituye un instrumento destinado a evitar las intromisiones injustificadas en la vida privada de las personas que pueden derivar del registro indiscriminado de datos, situación que se configura claramente cuando se trata de datos falsos o desactualizados. Pero frente al registro legí­timo de un dato verdadero sólo cabe analizar la posibilidad de que la información sea discriminatoria, o bien dado que también el uso y difusión de un dato verdadero puede lesionar la intimidad , que produzca una injerencia desmesurada en la privacidad del afectado, ponderada en relación con la finalidad de la conservación de los registros.

7. Que el asiento en el Registro de Juicios Universales de la existencia de un pedido de quiebra, con la especificación de que fue rechazado, bajo ningún punto de vista podrí­a ser considerado discriminatorio por sí­ mismo, en la medida en que no implica juicio de valor alguno ni permite derivar de él conclusión racional alguna acerca de la situación patrimonial de la empresa requerida. Pero, por lo demás, tal circunstancia no constituye el núcleo de los agravios de la apelante, sino, antes bien, la discriminación que padece por la actitud de terceros que, malinterpretando las constancias registrales, restringen su acceso al crédito. Mas frente a actos discriminatorios de la naturaleza de los denunciados, no es el hábeas data la ví­a idónea para proporcionar protección. Por cierto, es ésta la acción que permite suprimir datos discriminatorios, pero no cualquier información registral susceptible de provocar una discriminación ilegí­tima deberí­a, automáticamente, ser eliminada. En verdad, aun sin tratarse de los llamados “datos sensibles”, es casi imposible imaginar algún dato que no pudiera ser utilizado para producir exclusiones injustas, o del cual no se pudiera abusar en alguna forma. Ante tal realidad, la misión del mecanismo previsto por el art. 43 parr. 3º CN., sólo puede ser la de analizar el grado de injerencia que produce el registro del dato o, como en el caso, su conservación frente a la necesidad social de su relevamiento.

8. Que el registro del dato cuestionado en el sub lite no produce per se una intromisión desproporcionadamente invasiva y, en cambio, facilita al público información acerca de los avatares de juicios que, de uno u otro modo, pudieran afectarlo en algún momento. A esto ha de agregarse que, en el caso, quien padece la lesión es una persona jurí­dica, que por su calidad de tal cuenta con una protección constitucional de la “privacidad” (en tanto exclusión de injerencias arbitrarias), mucho más débil, y que ocurre en un marco significativamente más estrecho que respecto de los individuos.

9. Que con relación a la conservación de la información, y en tanto se ha mantenido intacta su “calidad”, las mismas razones impiden acceder a su eliminación a través de la ví­a intentada. En este sentido, y en contra de lo señalado por la demandante, ninguna similitud puede establecerse entre su petición y los plazos de caducidad de las condenas penales (art. 51 CPen.). Tal argumento desconoce la diferencia sustancial que hay entre el registro de la preexistencia de una “condena”, que, como es obvio, sí­ formula un juicio negativo acerca de aquél respecto de quien se predica, y un “pedido de quiebra rechazado”, afirmación relativamente neutra, y que, en última instancia, sólo señala el fracaso de quien solicitara la falencia. Por otra parte, los objetivos completamente diferentes de ambos registros y su orientación por principios jurí­dicos no trasladables del campo del derecho penal al del derecho comercial, impiden formular razonablemente una identidad básica entre ambas categorí­as que apoye la analogí­a propuesta y autorice su idéntico tratamiento.

10. Que tampoco resultan admisibles las razones invocadas en punto a la arbitrariedad de la sentencia apelada, pues la decisión del a quo ha realizado una interpretación suficientemente fundamentada del sentido del texto del decreto ley en cuestión, a partir de la cual han derivado las razones que justifican el mantenimiento del dato.

11. Que, por las razones expuestas, la acción intentada no puede prosperar, pues la eliminación del dato solicitada excede el ámbito de protección de la norma prevista por el art. 43 párr. 3º CN.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada.

VOTO DEL DR. BOGGIANO. 1. Que la sala E de la C. Nac. Com., al confirmar la sentencia de 1* ª instancia, rechazó la acción de hábeas data deducida por la actora para que se suprima del Registro de Juicios Universales la anotación de un pedido de quiebra rechazado. Contra dicho pronunciamiento la vencida interpuso el recurso extraordinario que fue concedido.

2. Que el recurso extraordinario es formalmente procedente pues se encuentra directamente controvertida la interpretación de una garantí­a constitucional consagrada en el art. 43 párr. 3º CN. y aquella inteligencia ha resultado contraria a la pretensión del recurrente (art. 14 inc. 3 ley 48).

3. Que no es ocioso recordar aquí­, por su incuestionable actualidad, los principios establecidos por esta Corte en el célebre caso “Siri” (4), pues integran la base misma de su doctrina constitucional, y sientan las bases concernientes al modo y la finalidad en que ella ha de llevar a cabo su función de intérprete de la Constitución Nacional. Allí­ se estableció que “las garantí­as individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución, e independientemente de las leyes reglamentarias”. “Ya a fines del siglo pasado señalaba Joaquí­n V. González: `No son, como puede creerse, las declaraciones, derechos y garantí­as, simples fórmulas teóricas: cada uno de los artí­culos y cláusulas que los contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarlos en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigí¼edades la expresa significación de su texto…’ (“Manual de la Constitución Argentina”, en “Obras completas”, vol. III, 1935, n. 82). (Fallos 239:459; conf. arg. 218:490; 225:85; 249:399; 261:361 ; 310:2173; 311:460; 313:344). En este orden de ideas, queda claro que la operatividad de un precepto constitucional no depende de ley alguna que lo reglamente (conf. causas: S.1085.XXXI “Suárez Mason, Carlos G., s/homicidio, privación ilegal de la libertad, etc.”, disidencia del juez Boggiano y U.14.XXXIII, “Urteaga, Facundo R. v. Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. s/amparo ley 16986″, voto del juez Boggiano, de fechas 13/8/1998 y 15/10/1998, respectivamente).

4. Que, tal como lo estableció esta Corte en el caso “Kot” (Fallos 241:291), la obra genuina de los intérpretes, y en particular de los jueces, es consagrar la interpretación que mejor asegure los grandes objetivos para los que fue dictada la Constitución Nacional. Entre esos grandes objetivos, y aun el primero entre todos, está el de “asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posterioridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” (Preámbulo) (énfasis agregado ante la í­ndole de la garantí­a y su repercusión internacional según surgirá de los considerandos siguientes). Bajo estas directivas, debe realizarse el análisis de la cláusula bajo examen (conf. causas ya citadas “Suárez Mason” disidencia del juez Boggiano, consid. 9 y “Urteaga” voto del juez Boggiano, consid. 2).

5. Que el art. 43 párr. 3º, establece: “Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos…”. De este modo nuestra Constitución ha incorporado un nuevo derecho a la protección de los datos personales frente a cualquier intromisión arbitraria o abusiva que pudiera implicar una violación a la intimidad y a los demás derechos constitucionales. Pues, dicho derecho encuentra una í­ntima relación con el derecho a la integridad, a la dignidad humana, a la identidad, al honor, a la propia imagen, a la seguridad, de peticionar, a la igualdad, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de comerciar y con cualquier otro que, de uno u otro modo, pudiera resultar afectado (conf. causa ya citada “Suárez Mason”, disidencia del juez Boggiano, consid. 10).

6. Que, asimismo, este artí­culo consagra una garantí­a. En efecto, establece un medio eficaz para que el titular pueda controlar los datos referidos a su persona que figuren en los registros públicos o privados destinados a proveer informes para que, en caso de falsedad o inexactitud, pueda exigir la supresión, confidencialidad o actualización cuando ellos afecten derechos consagrados en la Constitución.

7. Que en la especie no concurren las condiciones exigidas por la Ley Fundamental para la procedencia de la acción de hábeas data. En efecto, la información asentada en el Registro de Juicios Universales no es falsa ni tampoco desactualizada , porque está fuera de discusión que medió un pedido de quiebra que fue rechazado. Tampoco puede predicarse que sea discriminatoria, pues sólo refleja una circunstancia objetiva que guarda estrecha relación con el buen orden de los procesos universales y la seguridad del crédito. Es decir, que se trata de una materia que hace al interés de la administración de justicia y del tráfico jurí­dico, por lo que no se observa que el asiento cuya supresión se persigue configure de suyo una indebida intrusión en una zona de reserva o un menoscabo al ejercicio de derecho de raigambre constitucional sobre bases igualitarias.

8. Que en lo atinente a la interpretación que hizo el a quo del decreto ley 3003/1956, a juicio de esta Corte no se observa un supuesto de arbitrariedad que justifique su intervención en materias ajenas a su competencia extraordinaria.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirman la sentencia. Costas por su orden por no mediar controversia.


Resolución 1022/2006 ANSES

Posted: diciembre 31st, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Habeas Data, Normas | No Comments »

ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 1022/2006

Apruébase la Polí­tica de Transferencia Electrónica de Información para usuarios internos y externos de la citada Administración.

Bs. As., symptoms 11/12/2006

VISTO el expediente Nº 024-99-81045479-9-526 del Registro de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nº 24.241, Nº 25.326 y Nº 25.506, sus respectivas disposiciones reglamentarias, el Decreto Nº 378 del 27 de abril de 2005, la Decisión Administrativa Nº 669 del 20 de diciembre de 2004, la Disposición Nº 7 del 8 de noviembre de 2005 de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, la Resolución SGP Nº 45 del 24 de junio de 2005 de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, la Disposición ONTI Nº 06 del 3 de agosto de 2005 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, la Resolución SIGEN Nº 48/05 del 5 de mayo de 2005 DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, las Resoluciones ANSES D.E. -“ N Nº 255 del 25 de marzo de 1997, D.E. -“ N Nº 84 del 23 de junio de 1999, D.E. -“N Nº 262 del 30 de agosto de 1999, D.E. -“N Nº 405 del 26 de octubre de 1999, D.E. -“ N Nº 491 del 10 de junio de 2002, D.E. -“ N Nº 366 del 6 de abril de 2004, D.E. N Nº 67 del 24 de enero de 2006 y la Resolución C.S.I. Nº 005 del 3 de diciembre de 2004, y,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la definición de la Polí­tica de Transferencia Electrónica de Información para usuarios internos y externos de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

Que ANSES, en cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley Nº 24.241 entre otras, genera, administra, modifica, y suministra información a terceros requirentes, respecto a la información contenida en las Bases de Datos, de la cual se sirve para los fines que le son propios.

Que en este ejercicio de su competencia, recibe de los propios beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o de cualquier otro interesado, solicitudes de información sobre las Bases de Datos de los más diversos órdenes.

Que la entrega de dicha información se realiza tanto a través de transferencias electrónicas como de papel impreso.

Que en función de los circuitos operativos diseñados para cumplimentar sus objetivos es posible que surja la necesidad de contar con datos de entidades privadas.

Que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 25.326 corresponde ajustar el suministro de los datos contenidos en las Bases de Datos de esta ANSES, a los términos y condiciones fijados en la misma.

Que la mencionada Ley Nº 25.326 se refiere a la protección de los Datos Personales de usuarios y responsables de archivos y bancos de datos, afianzando y consolidando un derecho ya consagrado por la última reforma constitucional.

Que la manda legal define como Datos Personales a la “Información de cualquier tipo referida a personas fí­sicas o de existencia ideal determinadas o determinables”.

Que el segundo párrafo del artí­culo 4º del Anexo I del Decreto Nº 1558/2001 reglamentario de la Ley Nº 25.326, expresa que cuando la obtención o recolección de los datos personales fuese lograda por interconexión o tratamiento de archivos, registros, bases o bancos de datos, se deberá analizar la fuente de información y el destino previsto por el responsable o usuario para los datos personales obtenidos.

Que el artí­culo 5º de la Ley Nº 25.326 indica expresamente que el tratamiento de Datos Personales es ilí­cito, cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, y por escrito.

Que del referido artí­culo 5º inciso 2º, también se desprende cuándo no será necesario el consentimiento, detallando expresamente qué datos pueden conferirse.

Que el Decreto Nº 1558/2001, al reglamentar el artí­culo 5º de la Ley Nº 25.326, dispone que el consentimiento dado para el tratamiento de datos personales, puede ser revocado en cualquier tiempo, no teniendo efectos retroactivos.

Que en consonancia con el artí­culo 5º, el artí­culo 6º de la Ley Nº 25.326 dispone la notificación a los interesados de ciertos recaudos imponiendo a través del artí­culo 9º al responsable o usuario del archivo arbitrar las medidas técnicas y de seguridad que garanticen la confidencialidad de los datos personales, a fin de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.

Que el artí­culo 10º establece el deber de confidencialidad que se debe respecto de los datos personales.

Que el artí­culo 11º de la citada ley afirma que los datos requeridos sólo pueden ser cedidos previo consentimiento del titular de los mismos, a excepción de que así­ lo disponga una ley; en los supuestos previstos en el artí­culo 5º inciso 2; se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias; se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia; se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables.

Que respecto a la responsabilidad del cesionario, el precitado artí­culo 11º expresa que quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas, ante el organismo de control y el titular de los datos de que se trate.

Que la Ley Nº 25.326 es de carácter restrictivo, avalando este criterio el artí­culo 17º al facultar a los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, para que mediante decisión fundada, denieguen el acceso, rectificación o supresión, en función de la protección de los derechos e intereses de terceros, de la defensa de la Nación, el orden y la seguridad pública.

Que se impone definir teniendo en cuenta la diversidad de datos obrantes en las Bases de Datos de ANSES qué, a quiénes y cómo deben suministrarse los datos contenidos en ellas.

Que los requerimientos efectuados por Terceros, para transferir información contenida en las Bases de Datos de ANSES, así­ como aquéllos que ANSES realice a entidades privadas, serán formalizados por medio de un CONVENIO suscripto por la Dirección Ejecutiva o responsable designado por ésta.

Que a tal efecto, resulta necesario la confección de dos modelos de convenio, a fin de dar cumplimiento a lo expresado ut supra.

Que dichos modelos tienen como objeto acordar mediante su firma, las condiciones para la transferencia de la información solicitada por los Terceros asegurando el cumplimiento de los criterios de confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información que brinda o recibe este Organismo, en un todo de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 25.326.

Que en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO anterior, resulta procedente otorgar un plazo de TREINTA (30) dí­as hábiles administrativos, contados a partir de la publicación de la presente, para que los organismos o entidades autorizados a transferir información con anterioridad a esta resolución, se adecuen a las condiciones estipuladas en esta normativa.

Que ANSES se reserva la facultad de auditar las condiciones establecidas en los CONSIDERANDOS de la presente, las emergentes del Convenio y los recursos técnicos de equipamiento.

Que la presente Resolución deja sin efecto cualquier otra disposición de esta Administración que se contraponga en cuanto a los datos a brindar o recibir y los solicitantes o remitentes habilitados por la Ley Nº 25.326.

Que conforme a lo establecido en el articulo 29 punto 1 inciso d) de la Ley Nº 25.326, la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, tiene como función la de controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos.

Que la Disposición Nº 7/2005 de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, aprueba la “Clasificación de Infracciones” y la “Graduación de las Sanciones” que aplica esa Dirección, a cuya observancia se encuentra sometida esta Administración Nacional, en su carácter de responsable de la información contenida en sus Bases de Datos.

Que en virtud de la Ley Nº 25.506 se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurí­dica, tendiendo así­ a la progresiva despapelización de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.

Que mediante la Resolución D.E. N Nº 84 del 23 de junio de 1999, ANSES instituyó el mecanismo electrónico de “Conexión Directa” a través del cual es factible transmitir información entre los usuarios externos autorizados y esta Organización.

Que los sistemas “Conexión Directa” y “Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información” (SITACI) responden a los requerimientos tecnológicos establecidos por la Ley Nº 25.506, pudiendo garantizar un razonable grado de confiabilidad y confidencialidad.

Que el articulo 3º de la Resolución D.E. N Nº 262 del 30 de agosto de 1999 crea el Comité de Seguridad Informática, el que tiene por misión coordinar la elaboración de las normas y elevarlas para su aprobación, debiendo a tal fin identificar las necesidades, procedimientos y prácticas de seguridad, compatibilizando las mismas con las normas existentes que resulten de aplicación.

Que el artí­culo 8º, inciso h) referido a OPERACIONES Y COMUNICACIONES de la citada Resolución D.E. N Nº 262/99 establece que la Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones propondrá al COMITE DE SEGURIDAD INFORMATICA normas y procedimientos para asegurar la protección de la información accedida o transmitida por red pública o privada dentro de ANSES y con otros organismos.

Que por la Resolución D.E.N Nº 366 del 6 de abril de 2004 se aprueba la normativa sobre la composición y funcionamiento del Comité de Seguridad Informática, así­ como el circuito de aprobación de normas de procedimiento para la gestión de la Seguridad Informática.

Que el Comité de Seguridad Informática mediante Acta del 21 de diciembre de 2004, en uso de las facultadas delegadas por la Resolución D.E. -“ N Nº 405/99, ha aprobado la Polí­tica de Transferencia de Información.

Que en orden a la especificidad del método de transferencia, corresponde hacer referencia a la “Polí­tica de Transferencia Electrónica de Información”.

Que por el Decreto Nº 378 del 27 de abril de 2005 se impulsa al Estado Naciones disponer las medidas necesarias para que las comunicaciones se efectúen preferentemente mediante tecnologí­as informáticas, optimizando para ello la utilización de los recursos electrónicos disponibles.

Que la Decisión Administrativa Nº 669/04 de la Jefatura de Gabinete de Ministros dispone que los organismos del Sector Público Nacional comprendidos en los incisos a) y c) del articulo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias deberán dictar o adecuar sus polí­ticas de seguridad de la información conforme a la Polí­tica de Seguridad Modelo.

Que por la Resolución SGP Nº 45/05, el Subsecretario de la Gestión Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros facultó al Director Nacional de Tecnologí­as de Información a aprobar la Polí­tica de Seguridad Modelo y dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueran requeridas a partir de la Decisión Administrativa Nº 669/04.

Que la Disposición Nº 6/05 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION aprueba la “Polí­tica de Seguridad de la Información Modelo” tratando en su Capí­tulo 10 a la relacionada con el DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, donde se establece la necesidad de fijar controles criptográficos en la transmisión de información fuera del ámbito del organismo.

Que por la Resolución SIGEN Nº 48/05 del 5 de mayo de 2005 se aprueban las Normas de Control Interno para Tecnologí­a de Información para el Sector Público Nacional, las que establecen que se debe garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en cuanto al deber de disponer de una polí­tica de seguridad de la información.

Que, dado que la polí­tica precedentemente mencionada alcanza a organismos externos, es necesario que la misma sea aprobada por la Dirección Ejecutiva de esta Administración.

Que si bien la polí­tica aprobada por el Comité de Seguridad Informática establece ámbitos de aplicación distintos, podrí­an ser usados indistintamente observando criterios de mérito, oportunidad y conveniencia.

Que mediante Dictamen Nº 33.156 la Gerencia de Asuntos Jurí­dicos ha tomado la intervención de su competencia no encontrando objeciones legales que formular.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artí­culo 3º del Decreto Nº 2741/91, el artí­culo 36 de la Ley Nº 24.241 y Decreto Nº 106/03.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

Artí­culo 1º -” Apruébase la Polí­tica de Transferencia Electrónica de Información definida en el ANEXO I que integra la presente.

Art. 2º -” Adécuese el suministro de los datos contenidos en las Bases de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a los términos y condiciones fijados en la Ley Nº 25.326 y el Decreto Nº 1558/01, ya sea que éstos se entreguen a través de una transferencia electrónica o de papel impreso.

Art. 3º -” Establécese que la Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios es la competente para autorizar el uso de los sistemas que implementan la polí­tica de transferencia por parte de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades privadas, o bien el enví­o de información impresa hacia los mismos.

Art. 4º -” Facúltase a la Gerencia Asuntos Jurí­dicos para que, en caso que existieran dudas respecto de que el requerimiento se enmarque en la competencia del organismo requirente, evalúe el mismo respecto del objeto propio de su competencia y la finalidad de su petición.

Art. 5º -” Resérvese esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), el suministro de los datos contenidos en las Bases de Datos solicitado por los Terceros requirentes, previa evaluación de su factibilidad técnica, operativa y económica por parte de las áreas competentes de esta Administración.

Art. 6º -” Deléguese en la Gerencia General el dictado de la Resolución para la denegación de la solicitud de acceso a los datos contenidos en las Bases de esta Administración Nacional, cuando considere que dicha petición de información vulnera la protección de los derechos e intereses de terceros, la defensa de la Nación, del orden y la seguridad pública.

Art. 7º -” Deniéguese la solicitud de transferencia de información, cuando dicha información precise el consentimiento del titular; o no se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio; o no se recaben para el ejercicio de funciones propias del Estado o en virtud de una obligación legal, o no sea dispuesta por una Ley.

Art. 8º -” Sujétese el cesionario a las mismas obligaciones legales y reglamentarias que posee esta Administración, respondiendo solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas, ante la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES y el titular de los datos de que se trate.

Art. 9º -” Apruébese el modelo de CONVENIO de transferencia de información desde esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) hacia terceros, que como Anexo II forma parte integrante de la presente, siendo el mismo de suscripción obligatoria a partir de la entrada en vigencia de esta Resolución.

Art. 10. -” Apruébese el modelo de CONVENIO de transferencia de información hacia esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) por parte de entidades privadas con carácter de declaración jurada, que como Anexo III forma parte integrante de la presente, siendo el mismo de suscripción obligatoria a partir de la entrada en vigencia de esta Resolución.

Art. 11. -” Facúltese a la Gerencia General en representación de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), a suscribir los convenios que se hagan en base a los modelos que se aprueban por los artí­culos anteriores.

Art. 12. -” Confiérase un plazo de TREINTA (30) dí­as hábiles administrativos para que las entidades/ organismos autorizados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, adecuen los mecanismos de transferencia de información a las condiciones aquí­ estipuladas. En caso de incumplimiento dentro del plazo concedido, ANSES procederá a cancelar el permiso otorgado oportunamente.

Art. 13. -” Establécese que el responsable o las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de Datos Personales, deberá mantener el deber de confidencialidad respecto de los mismos.

Art. 14. -” Resérvese esta ANSES la facultad de auditar las condiciones establecidas en los artí­culos anteriores, las emergentes del Convenio y los recursos técnicos de equipamiento de los requirentes de acceso a las Bases de Datos.

Art. 15. -”Dése intervención a la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, ante el conocimiento de hechos que configuren infracciones que se encuentran clasificadas en las sanciones previstas por la Disposición Nº 7/05 de la referida Dirección.

Art. 16. -” Déjase sin efecto cualquier otra disposición de esta ANSES que se contraponga con la presente en cuanto a los datos a brindar y los solicitantes autorizados.

Art. 17. -” Apruébese la norma de procedimiento para la implementación del circuito administrativo, la que como Anexo IV forma parte integrante de la presente.

Art. 18. -” Facúltase a la Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios a dictar las normas complementarias que fueran necesarias.

Art. 19. -” Deróganse por las razones expuestas en los considerandos, las Resoluciones D.E. N Nº 255 del 25 de marzo de 1997, D.E. -“ N Nº 84 del 23 de junio de 1999 y D.E. -“ N Nº 491 del 10 de junio de 2002.

Art. 20. -” Regí­strese, comuní­quese, publí­quese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y oportunamente, archí­vese. -” Sergio T. Massa.

ANEXO I

POLITICA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION

Los únicos medios autorizados para la transferencia de información entre las dependencias de esta Administración Nacional, así­ como entre esta última y los organismos externos y/o terceros, son los sistemas denominados “Conexión Directa” y “Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información”, en adelante “SITACI”.

Los mecanismos de entrega/recepción de información a utilizar son:

-¢ Para la entrega/recepción de información a usuarios internos se utilizará el producto SITACI, desarrollado por la Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones, a fin de salvaguardar la integridad de la información y evitar el uso de medios magnéticos/ópticos entre las áreas de esta Administración.

-¢ Para la entrega/recepción de información contenida en bases de datos y/o archivos, en general toda información que responda a una estructura fija, a entidades/organismos de contacto habitual, frecuente, rutinario o eventual se continuará con la utilización del producto Conexión Directa desarrollado por la Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones.

-¢ Para la entrega/recepción de información no proveniente de bases de datos y/o archivos, en general sin una estructura dada, a entidades/organismos de contacto habitual, frecuente, rutinario o eventual se utilizará el producto SITACI (Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información), desarrollado por la Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones.

-¢ Se utilizará indistintamente uno u otro sistema, en función de un previo análisis de oportunidad, mérito, y conveniencia respecto a la información a suministrarse.

-¢ En casos de excepción, la entrega/recepción se realizará utilizando medios magnéticos/ópticos sobre los que se establecerán controles criptográficos.

ANEXO II

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACION DESDE LA ADMINISTRACION NACIONAL. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Entre la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representada en este acto por el Sr. Gerente General, Eduardo BUSTOS VILLAR, D.N.I. Nro -¦-¦.. con domicilio en la calle Córdoba Nº 720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “ANSES”, por una parte y D.N.I. Nro -¦-¦-¦., en su carácter de apoderado, conforme lo acredita con poder general que en copia autenticada acompaña y declara vigente, con domicilio en la calle -¦-¦-¦-¦-¦-¦.., en adelante “EL USUARIO” por la otra parte, celebran el presente CONVENIO de conformidad a las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: A los fines del presente se entiende por:

DATOS PERSONALES: A la información de cualquier tipo referida a personas fí­sicas o de existencia ideal determinadas o determinables.

DATOS SENSIBLES: A los datos personales que revelen origen racial, étnico, opiniones polí­ticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

ARCHIVO, REGISTRO, BASE O BANCO DE DATOS: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.

TRATAMIENTO DE DATOS: A las operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así­ como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.

RESPONSABLE DEL ARCHIVO, REGISTRO, BASE O BANCO DE DATOS: A la persona fí­sica o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos.

DATOS INFORMATIZADOS: A los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico automatizado.

TITULAR DE LOS DATOS: A toda persona fí­sica o de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el paí­s, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.

USUARIO DE DATOS: A toda persona pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.

DISOCIACION DE DATOS: A todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.

RESPONSABLE AUTORIZANTE: A la persona designada por la contraparte para autorizar a quienes se desempeñarán como operadores.

OPERADOR: A la persona que interactúa en forma directa con los sistemas informáticos de ANSES.

SEGUNDA: ANSES conviene con EL USUARIO que le enviará la información que se encuentra especificada en el ANEXO A del presente CONVENIO, a través de una transferencia firmada electrónicamente o de papel impreso.

TERCERA: EL USUARIO expresa que la Entidad que representa tiene como objeto -¦-¦-¦-¦-¦-¦., tal como lo acredita en el Expediente Nro -¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦. y ha solicitado transferir o recibir en papel impreso los datos obrantes en las Bases de ANSES con la finalidad de -¦-¦-¦-¦-¦-¦.. Cumplido y/o modificado el objeto y/o la finalidad antes expresada, quedará concluido el presente convenio, razón por la cual EL USUARIO deberá notificar a ANSES en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas estas circunstancias.

CUARTA: El plazo de duración del presente CONVENIO es de (deberá especificarse un plazo …..) contados a partir de su suscripción; siendo el mismo improrrogable.

QUINTA: ANSES se exime de responsabilidad en los supuestos de caso fortuito y/o fuerza mayor o por interrupciones y/o suspensiones técnicas del servicio fundadas en el mantenimiento de sus Sistemas Informáticos que impidan la prestación del servicio.

SEXTA: EL USUARIO se obliga a garantizar la seguridad de los datos adoptando todas las medidas técnicas y organizativas tendientes a prevenir la adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado de los mismos, permitiendo detectar desviaciones de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.

SEPTIMA: El USUARIO designará al RESPONSABLE AUTORIZANTE y los OPERADORES facultados para realizar la transferencia de información o el retiro de los informes impresos, los que no deberí­an exceder el número de DOS (2), conforme al detalle obrante en ANEXO B. La solicitud de baja de las personas enunciadas en el ANEXO B, deberá ser notificada fehacientemente a ANSES en un plazo perentorio de CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido tal evento y cualesquiera fuera el motivo en que se fundare. En caso de designación de nuevo RESPONSABLE AUTORIZANTE, la notificación deberá ser suscripta por el representante legal del USUARIO.

OCTAVA: Los OPERADORES designados que tengan permiso de acceso a la transferencia de información y toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento de los mismos, se obligan a cumplir con el deber de confidencialidad, suscribiendo a tales efectos la DECLARACION JURADA pertinente, conforme formulario obrante en ANEXO C. Los datos proporcionados no podrán ser revelados ni difundidos fuera del ámbito del procedimiento. El “Deber de Confidencialidad” se extenderá a todas y cada una de las etapas del proceso que se lleve adelante entre las partes. Tal obligación subsistirá aún después de culminada la relación de trabajo y/o profesional con EL USUARIO y asimismo después de concluidos los efectos del presente convenio.

NOVENA: A los fines de la cláusula anterior, EL USUARIO se obliga a poner en conocimiento de los OPERADORES y de toda persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos, a través del RESPONSABLE AUTORIZANTE, los alcances técnicos y legales del “Deber de Confidencialidad” y de las responsabilidades consiguientes que su incumplimiento generarí­a como de las infracciones a que hubieren lugar. La confidencialidad no será mantenida en caso de que se tenga conocimiento de la comisión de un delito grave, en cuyo caso deberá ser inmediatamente y sin dilación alguna comunicado a esta ADMINISTRACION NACIONAL. Fuera del caso previsto precedentemente, EL USUARIO y los operadores a su cargo sólo podrán ser relevados del “Deber de Confidencialidad” por resolución judicial y/o cuando mediaren razones fundadas relativas a la seguridad pública, defensa nacional o a la salud pública.

DECIMA: EL USUARIO deberá informar de inmediato a la ANSES, toda circunstancia que implique adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, desviación de la información o cualquier otra finalidad extrañas al procedimiento. Dicho deber será independiente de la puesta en marcha de las medidas para regularizar el adecuado tratamiento de los datos personales. EL USUARIO aceptará toda auditoria que realice ANSES, con o sin aviso previo, a fin de constatar el correcto tratamiento de los datos, así­ como el fiel cumplimiento del presente convenio.

DECIMO PRIMERA: El USUARIO tiene prohibida la cesión de los datos por parte de EL USUARIO a titulo oneroso o gratuito. Su incumplimiento generará la rescisión de pleno derecho y por exclusiva culpa del USUARIO y la promoción las acciones judiciales que se estimen pertinentes.

DECIMO SEGUNDA: EL USUARIO asume toda responsabilidad por los daños y perjuicios causados a los titulares de los datos, por el uso indebido, incompleto o inexacto y/o la violación a los deberes de seguridad y confidencialidad que le sean imputables.

DECIMO TERCERA: EL USUARIO queda sujeto al régimen establecido en la Disposición DNPDP Nº 7/2005, aprobatoria del régimen de “Clasificación de Infracciones” y “Graduación de Sanciones”, aplicables ante la comisión de faltas debidamente comprobadas y violatorias al régimen instituido por la Ley Nº 25.326 y sus disposiciones reglamentarias.

DECIMO CUARTA: Las claves de acceso autorizadas a los OPERADORES caducarán a los ciento veinte (120) dí­as de inactividad de las mismas, no siendo automática su rehabilitación, DECIMO QUINTA: En caso de detectarse un periodo de SEIS (6) meses de inactividad total por parte de EL USUARIO, el presente CONVENIO se rescinde de pleno derecho y sin necesidad de notificación previa.

DECIMO SEXTA: A todos los efectos legales, las partes se someten a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal, y constituyen domicilio en los lugares arriba indicados, donde se considerarán válidas todas las notificaciones y emplazamientos judiciales o extrajudiciales que se efectúen.

Se firman en prueba de conformidad dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de-¦-¦-¦-¦-¦-¦, a los-¦-¦-¦-¦-¦dí­as del mes de-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦..del año-¦-¦-¦-¦.

ANEXO A

Datos autorizados a transferir electrónicamente o a través de papel impreso

(Incorporar el diseño de registro de cada uno de los archivos a transferir)

La totalidad de archivos a utilizar en la transferencia alcanza la cantidad de -¦-¦-¦-¦-¦ (Indicar la cantidad total de archivos a transferir. Debe coincidir con la cantidad de diseños incorporados previamente)

ANEXO B

Personal facultado para realizar la transferencia electrónica o retirar informes impresos de los datos mencionados en el ANEXO A

RESPONSABLE AUTORIZANTE

Apellido y nombre:

Tipo y nro. de documento:

CUIL:

OPERADORES

Apellido y Nombre

Tipo de Documento

Nro. de Documento

CUIL

(incorporar sólo dos usuarios)

ANEXO C

Responsabilidad en el uso del Identificador de Usuario/Clave

DECLARACION JURADA

Razón Social Entidad

Apellido y Nombre

Identificador Asignado

Documento

Por la presente me notifico que el identificador de usuario (ID)/clave que ANSES me ha otorgado y del cual estoy acusando recepción de conformidad – elemento equivalente a mi firma dado que con él me autentico ante los sistemas y herramientas informáticas es de uso personal e intransferible y que su indebida utilización será sancionada haciéndome responsable de toda acción que de acuerdo a lo dispuesto se realice.

Al mismo tiempo, me hago responsable de:

1. Utilizar claves alfanuméricas, evitando aquéllas que tengan relación con mi persona, lo cual las hace más vulnerables (nombre de familiares, fechas especiales, etc.), así­ como series de caracteres repetidos.

2. Evitar la divulgación o transferencia de las claves por cualquier medio, y desempeñar un estricto control de su uso.

3. Cambiar mi clave, aún antes de que el sistema me fuerce a hacerlo, ante cualquier sospecha de que la misma puede estar en conocimiento de otra persona.

4. Desconectarme del computador central y/o red, ante cualquier circunstancia en la que mi identificador de usuario quedara expuesto a su uso indebido.

5. Guardar confidencialidad de los datos e información a la que accedo (Ley Nº 25.326 Habeas Data -“ y Decreto Reglamentario Nº 1558/2001).

6. No utilizar el herramental informático para acceder a datos e información de ANSES para uso o beneficio propio, de familiares o terceros en general, salvo que en forma fehaciente y de modo indubitable se pruebe que dicha utilización y divulgación tuvo como fin la prevención de los intereses generales de esa Administración Nacional.

7. Utilizar las herramientas informáticas, únicamente para ejecutar las tareas que me fueron asignadas.

8. Toda acción que se realice con el mencionado identificador.

9. Ante cualquier problema que detecte con mi ID y clave personal, informar dentro de las 24 horas a la Gerencia Unidad Seguridad Informática de ANSES.

10. Los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a ANSES como consecuencia del mal y/o abusivo uso de mi identificador personal (ID).

Lugar y Fecha:

, de

de 20

________________

Firma del Usuario

Certifico que la firma que antecede corresponde a

-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

ANSES queda facultado para accionar judicialmente por los incumplimientos derivados de la precitada obligación, siendo solidariamente responsables el usuario conjuntamente con su empleador.

______________________________

Firma y Aclaración del Responsable

Formulario USI-05

ANEXO III

CONVENIO COMPROMISO PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION EN CARACTER DE DECLARACION JURADA HACIA LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE ENTIDADES PRIVADAS

Entre la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representada en este acto por el Sr. Gerente General, Eduardo BUSTOS VILLAR, D.N.I. Nro -¦-¦-¦-¦-¦-¦ con domicilio en la calle Córdoba Nº 720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “ANSES”, por una parte y-¦-¦-¦-¦.. D.N.I. Nro -¦-¦-¦-¦.., en su carácter de apoderado, conforme lo acredita con poder general que en copia autenticada acompaña y declara vigente, con domicilio en la calle-¦-¦-¦., en adelante “EL ADHERENTE” por la otra parte, celebran el presente CONVENIO de conformidad a las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: A los fines del presente se entiende por: DATOS PERSONALES: A la información de cualquier tipo referida a personas fí­sicas o de existencia ideal determinadas o determinables.

DATOS SENSIBLES: A los datos personales que revelen origen racial, étnico, opiniones polí­ticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

ARCHIVO, REGISTRO, BASE O BANCO DE DATOS: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.

TRATAMIENTO DE DATOS: A las operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así­ como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.

DATOS INFORMATIZADOS: A los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico automatizado.

TITULAR DE LOS DATOS: A toda persona fí­sica o de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el paí­s, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.

USUARIO DE DATOS: A toda persona pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.

RESPONSABLE AUTORIZANTE: A la persona designada por la contraparte para autorizar a quienes se desempeñarán como operadores.

SEGUNDA: EL ADHERENTE conviene con ANSES que firmará electrónicamente la información a transferir en carácter de declaración jurada.

TERCERA: EL ADHERENTE expresa que su Entidad tiene como objeto -¦-¦-¦-¦-¦-¦, tal como lo acredita en el Expediente Nº -¦-¦-¦-¦-¦y acuerda transferir electrónicamente los datos obrantes en su poder con la finalidad de que ANSES proceda al tratamiento de los mismos conforme a los niveles de seguridad previstos en la Ley Nº 25.326, su reglamentación y las normas complementarias que dicte la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, todo ello de conformidad a la operatoria informática descripta a continuación.

CUARTA: El plazo de duración del presente CONVENIO es de un (1) año contados a partir de su suscripción; siendo el mismo prorrogable por igual plazo, salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes, notificada en forma fehaciente con una anticipación no menor de treinta (30) dí­as corridos.

QUINTA: ANSES se exime de responsabilidad en los supuestos de caso fortuito y/o fuerza mayor o por interrupciones y/o suspensiones técnicas del servicio fundadas en el mantenimiento de sus Sistemas Informáticos que impidan el ingreso de la información a presentar por EL ADHERENTE.

SEXTA: ANSES se compromete a garantizar la legalidad del tratamiento de los datos y de los mecanismos de control interno y externo de la información, como asimismo la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos, adoptando todas las medidas técnicas y organizativas tendientes a prevenir su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.

SEPTIMA: EL ADHERENTE designará al RESPONSABLE AUTORIZANTE y los OPERADORES que quedarán facultados para firmar electrónicamente las transferencias que en carácter de declaración jurada realicen los que no excederán el número de DOS (2), conforme al detalle obrante en ANEXO A. La solicitud de baja de las personas enunciadas en el ANEXO A, deberá ser notificada fehacientemente a ANSES en un plazo perentorio de CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido tal evento y cualesquiera fuera el motivo en que se fundare. En caso de designación de nuevo RESPONSABLE AUTORIZANTE, la notificación deberá ser suscripta por el representante legal del ADHERENTE.

OCTAVA: Los datos desactualizados, falsos, impertinentes, obsoletos y/o caducos deberán ser suprimidos y/o rectificados por el ADHERENTE, con carácter previo a la transferencia electrónica al ámbito de ANSES. Asimismo será responsabilidad del ADHERENTE, el resguardo de la documentación respaIdatoria.

Los datos proporcionados no podrán ser revelados ni difundidos fuera del ámbito del procedimiento de tratamiento de los datos. El “Deber de Confidencialidad” se extenderá a todas y cada una de las etapas del proceso que se lleve adelante entre las partes. Tal obligación subsistirá aún después de culminada la relación de trabajo y/o profesional con EL ADHERENTE y, asimismo, después de concluidos los efectos del presente convenio.

ANSES se eximirá del “Deber de Confidencialidad” por resolución judicial y/o cuando mediaren razones fundadas relativas a la seguridad pública, defensa nacional o a la salud pública, o en el caso de tomar conocimiento de la comisión de un delito grave.

NOVENA: Las partes acuerdan que, a todos los efectos legales, la información transferida en carácter de declaración jurada mediante mecanismos de firma electrónica o a través de cualquier otro soporte generado de acuerdo con los controles criptográficos definidos por ANSES, obrante en esta ADMINISTRACION NACIONAL, constituirá plena prueba de las operaciones realizadas a través de los procesos informáticos acordados. La plena fe de las declaraciones así­ suscriptas perdurarán hasta el momento en que, mediante sentencia firme, se admita judicialmente la redargución de falsedad de tales instrumentos.

DECIMA: EL ADHERENTE se compromete a no repudiar la información brindada, ni a desconocer las firmas electrónicas utilizadas por las personas autorizadas, siempre que las transacciones hayan cumplido con los protocolos que los procesos informáticos acordados determinan.

DECIMO PRIMERA: El ADHERENTE será responsable de los daños y perjuicios y de las sanciones administrativas y penales previstas en los artí­culos 31 y 32 de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326 y de su Decreto Reglamentario Nº 1558/01 que se generaren por el repudio injustificado de la información suministrada y/o del desconocimiento de las firmas electrónicas del personal autorizado a tales fines o por la transmisión de datos desactualizados, falsos, impertinentes, obsoletos y/o caducos.

DECIMO SEGUNDA: Las partes asumen toda responsabilidad por los daños y perjuicios causados a los titulares de los datos, por el uso indebido, incompleto o inexacto de la información objeto de tratamiento y/o por la violación a los deberes de seguridad y Confidencialidad que les sean imputables.

DECIMO TERCERA: Las claves de acceso autorizadas a los OPERADORES caducarán a los ciento veinte (120) dí­as de inactividad de las mismas, no siendo automática su rehabilitación.

DECIMO CUARTA: En caso de detectarse un perí­odo de SEIS (6) meses de inactividad total por parte de EL USUARIO, el presente CONVENIO se rescinde de pleno derecho y sin necesidad de notificación previa.

DECIMO QUINTA: A todos los efectos legales, las partes se someten a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Ajes, haciendo expresa renuncia de cualesquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituyen domicilio en los lugares indicados precedentemente, donde se considerarán válidas todas las notificaciones y emplazamientos judiciales o extrajudiciales que se efectúen.

Se firman en prueba de conformidad dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de -¦-¦-¦., a los -¦-¦-¦-¦ dí­as del mes de-¦-¦-¦.. del año-¦-¦.

ANEXO A

Personal acreditado para realizar la transferencia electrónica y firmar electrónicamente las Declaraciones Juradas

RESPONSABLE AUTORIZANTE Apellido y nombre:

Tipo y Nro. de documento:

CUIL:

OPERADORES

Apellido y Nombre

Tipo de Documento

Nro. de Documento

CUIL

(incorporar sólo dos usuarios)

ANEXO IV

Transferencia de Información a Terceros

I. Introducción

Esta Administración Nacional en cumplimiento de las funciones asignadas por ley, genera, modifica, administra, entre otras actividades, las bases de datos de las cuales se sirve para los fines que le son propios.

En este ejercicio de su competencia, los beneficiarios o cualquier interesado formulan requerimientos de los más diversos órdenes respecto de la información contenida en las mencionadas Bases de Datos.

II. Objetivo

Regular la transferencia electrónica o entrega en papel impreso a terceros, de la información contenida en las Bases de Datos de esta Administración Nacional, previa consideración del compromiso y la responsabilidad por la confidencialidad y reserva que implicarí­a acceder a los requerimientos recibidos, en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 25.326 y en el Decreto Reglamentario Nº 1558/01.

III. Alcance

Desde la recepción del requerimiento realizado hasta el otorgamiento o denegatoria del acceso solicitado.

TV. Consideraciones Generales

-¢ Los terceros poseedores de autorización para el retiro de información, otorgada con anterioridad a la fecha de vigencia de la Resolución que aprueba la presente deberán, dentro de los treinta (30) dí­as hábiles posteriores a su publicación, efectuar presentación en los términos y condiciones fijados en la mencionada resolución, a los fines de validar los mismos.

-¢ El organismo/entidad solicitante deberá contar con alguno de los métodos de conexión, enunciados en el ANEXO IV.1.

-¢ Los terceros que solicitan transferir electrónicamente o bien recibir a través de papel impreso la información contenida en las Bases de Datos de esta Administración, ya se trate de Organismos del Estado o no, deben:

í˜ Formular la petición por escrito, consignando en la misma:

-¢ Nombre, apellido, indicación de identidad, domicilio constituido y la personerí­a de quien tramita la gestión en nombre y representación del tercero que se trate.

-¢ Datos que necesitan transferir/recibir impresos. No se aceptarán solicitudes de acceso a sistemas/aplicativos de la Organización, dado que este tipo de pedido no permite realizar el análisis de factibilidad de entrega, en función de las condiciones establecidas por la resolución que aprueba esta norma.

-¢ Petición concretada en términos claros y precisos, detallando todas aquellas funciones que permitan comprobar que el requerimiento obedece al cumplimiento de su propia competencia, así­ como la finalidad para la que se solicitan los datos.

í˜ Adjuntar:

-¢ Según el organismo o entidad de quese trate, la documentación indicada en el ANEXO IV.2.

-¢ En caso que el solicitante no sea un organismo del Estado y que participe de un proceso que se encuentre bajo la responsabilidad de ANSES, deberá existir un instrumento formal establecido previamente que garantice un ví­nculo con ANSES.

V. Nómina de Anexos

ANEXO IV.1: Conexión a los Servicios de ANSES

ANEXO IV.2: Documentación para Acreditar Personerí­a VI. Detalle de Tareas

Recepción de solicitudes y tramitación de convenios

a) Gerencia Secretaria General Gerencia Relaciones Institucionales

1. Recepciona la solicitud de transferencia presentada por el tercero, controlando que la documentación esté completa conforme a lo enunciado en las Consideraciones Generales.

1.1. Si la documentación está completa sigue en punto 2.

1.2. En caso que la documentación se encuentre incompleta, prepara informe detallando la documentación faltante y remite al Organismo/Entidad solicitante.

2. Arma el expediente conteniendo la nota y la documentación respaldatoria de la solicitud.

3. Carátula el expediente en el Sistema Gestión de Trámite (SGT) bajo el código de trámite 678 (Transferencia Terceros Información ANSES) y remite a la Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios Coordinación Técnica. Continúa en el punto 4.

b) Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios -Coordinación Técnica 4. Recepciona a través del SGT el expediente remitido por la Gerencia Relaciones Institucionales en el punto 3.

5. Clasifica por aplicaciones según los datos solicitados y enví­a requerimiento de informe sobre la posibilidad de autorización de transferencia de dichos datos, a las gerencias de 2º nivel que administran las aplicaciones. Continúa en punto 6.

c) Normatización de Prestaciones y Servicios Gerencia de 2º nivel

6. Verifica que las cuestiones de forma y de fondo se ajusten a los términos y condiciones de la Resolución que aprueba la presente y que en base al objeto propio de competencia y finalidad de la petición, el tercero solicitante puede recibir los datos.

7. En caso que existieran dudas respecto de que el requerimiento se enmarque en la competencia del organismo solicitante, se elaborará informe detallado sobre las mismas, se incorporará al expediente y se remitirá a la Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios -Coordinación Técnica. Continúa en el punto 11.

8. Verifica que sea factible permitir la transferencia de los datos solicitados, en función de las premisas que se detallan a continuación de acuerdo con lo previsto en la resolución que aprueba esta norma.

8.1. Si es una entidad que pueda insertarse en el proceso definido a partir de la Resolución C.S.I. Nº 1/04, artí­culo 1º, el cual será aplicable a todo organismo/entidad que pueda informar “el universo de beneficiarios que manifiesten su previo y expreso consentimiento respecto del tratamiento de sus propios datos”, en cuyo caso podrá transferir información relacionada con dicho universo y con la finalidad para la cual se estableció el vinculo con esta Administración.

8.2. Los organismos/entidades no contemplados en el punto 8.1. serán analizados en función de lo establecido en el artí­culo 6º de la resolución que aprueba esta norma.

8.3. Cualquier organismo/entidad que no cumpliere con los requisitos establecidos en puntos 8.1. u 8.2., no podrá ill tener acceso a los datos de esta Administración.

9. Genera un informe que indique la información que puede recibir, en caso que corresponda permitir la transferencia de la información, o en caso contrario, uno que deniegue la misma.

10. Enví­a informe a la Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios -Coordinación Técnica.

Continúa en el punto 11.

d) Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios Coordinación Técnica

11. Recepciona el informe enviado en puntos 7 ó 10.

12. Analiza los informes emitidos por las gerencias de 2do. nivel, y: 12.1. Si alguno requiere dictamen del área jurí­dica, enví­a el expediente por SGT a la Gerencia Asuntos Jurí­dicos. Continúa en 25.

12.2. En caso que todos los informes deniegan el permiso de transferencia elabora el proyecto de resolución denegatoria y remite el expediente a través del SGT, a la Gerencia Administrativa y Técnica para la elaboración de la resolución definitiva. Continúa en punto 15.

12.3. En cualquier otro caso elabora proyecto de resolución permitiendo la transferencia de la información que corresponda y genera el Anexo A del modelo de convenio que figura como Anexo II de la resolución que aprueba la presente. Enví­a el expediente a través del SGT a la Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones. Continúa en punto 13.

e) Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones 13. Recepciona el expediente remitido en el punto 12.3, a través del SGT.

14. Con la participación de las gerencias de 2do. nivel analiza la factibilidad técnica del requerimiento y:

14.1. En caso que no existan dudas respecto de la factibilidad de la conexión, agrega la versión actualizada del Anexo IV.1 de la presente norma, así­ como las especificaciones técnicas del equipamiento que debe ser utilizado para acceder, con el fin de que sean adjuntados a la resolución y remite el expediente por SGT a la Gerencia Administrativa y Técnica. Continúa en punto 15.

14.2. Si existieran inconvenientes insalvables para la mencionada conexión, elabora informe técnico, lo adjunta al expediente y lo remite a través del SGT a la Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios – Coordinación Técnica para la notificación por resolución. Continúa en punto 28.

f) Gerencia Administrativa y Técnica

15. Recibe expediente remitido en el punto 12.2 ó 14.1, a través del SGT y realiza el procedimiento para la firma de la resolución por parte de la Gerencia General.

16. Remite el expediente a través del SGT a la Gerencia Secretarí­a General – Gerencia Relaciones Institucionales Continúa en el punto 17.

g) Gerencia Secretarí­a General Gerencia Relaciones Institucionales

17. Recibe expediente remitido en el punto 16 a través del SGT y:

17.1. En caso que se haya aprobado por resolución la transferencia de información,

17.1.1. Cumplimenta el convenio tipo obrante como ANEXO II de la resolución que aprueba la presente.

17.1.2. Comunica al organismo/entidad solicitante la aprobación de la transferencia solicitada, adjuntando el convenio cumplimentado y requiere los datos del responsable autorizante y operadores autorizados para el acceso solicitado, según modelo Anexo B del mencionado convenio.

17.1.3. Acuerda fecha y hora para la suscripción del mismo.

17.1.4. Suscribe el convenio y recepciona la nómina solicitada en el punto 17.1.2., la que deberá ser firmada por quien firmare dicho convenio.

17.2. En caso que se haya denegado la autorización de transferencia de información, notifica por resolución al organismo/entidad dicha decisión.

18. Remite copia de la resolución, convenio y anexos, a la Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios – Coordinación Técnica. Continúa en punto 20.

19. Archiva las actuaciones registrando la novedad en el SGT.

h) Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios Coordinación Técnica

20. Recibe las copias enviadas por la Gerencia Secretará General – Gerencia Relaciones Institucionales en el punto 18.

21. Deriva a las Gerencias de 2do. nivel para su conocimiento.

22. Deriva a la Gerencia – Sistemas y Telecomunicaciones – Gerencia Seguridad Informática para el otorgamiento de accesos y usuarios, acompañando copia de la documentación recibida. Continúa en punto 23.

i) Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones Gerencia Seguridad Informática 23. Realiza el proceso de asignación de identificadores de usuarios, claves y accesos a los operadores autorizados.

24. Archiva la documentación.

j) Gerencia Asuntos Jurí­dicos

25. Recepciona el expediente remitido en el punto 12.1 registrando la novedad en SGT.

26. Verifica si es de competencia del requirente los datos solicitados y emite dictamen respecto de la consulta planteada.

27. Remite el expediente a través del SGT a la Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios – Coordinación Técnica. Continúa en el punto 28.

k) Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios – Coordinación Técnica.

28. Recepciona el expediente remitido en puntos 14.2 ó 27 registrando la novedad en SGT y:

28.1. En caso que el expediente haya sido enviado por el área jurí­dica enví­a dictamen a las gerencias de 2do. nivel que lo requirieron. Continúa en punto 9.

28.2. En caso que el expediente haya sido devuelto por la Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones, elabora el proyecto de resolución denegatoria y remite el expediente a través del SGT, a la Gerencia Administrativa y Técnica para la elaboración de la resolución definitiva. Continúa en punto 15.

Alta/Baja/Rehabilitación de Operadores Autorizados

a) Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones – Gerencia – Seguridad Informática

1. Recepciona del organismo/entidad la comunicación de baja/rehabilitación de alguno/s del/de los operador/es autorizado/s, conforme al convenio suscripto o solicitud de alta de alguno/s de los no incluidos en oportunidad de la firma del convenio.

2. Controla que en la presentación se consigne, nombre y apellido completo, tipo-número de documento, CUIL y se encuentre firmada por el responsable de la designación de los mismos:

2.1. Si consigna la totalidad de los datos requeridos realiza el proceso de solicitado.

2.2. Si no consigna la totalidad de los datos requeridos, informa al organismo/entidad el/los faltante/ s y queda a la espera de su respuesta.

Reemplazo del Responsable Autorizante

b) Gerencia Secretarí­a General – Gerencia Relaciones Institucionales

1. Recepciona del organismo/entidad la solicitud de reemplazo del responsable autorizante del pedido de alta/baja/rehabilitación de operadores de los sistemas informáticos, conforme al convenio suscripto.

2. Controla que en la presentación se consigne, nombre y apellido completo, tipo-número de documento, CUIL y se encuentre firmada por el responsable/apoderado del organismo/entidad:

2.1. Si consigna la totalidad de los datos requeridos, comunica el reemplazo del responsable autorizante a la Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones.

2.2. Si no consigna la totalidad de los datos requeridos, rechaza la petición con indicación del/de los faltante/s.

ANEXO IV.

1 Conexión a los Servicios de ANSES La manera de conectarse para transferir información desde o hacia ANISES, deberá ser a través de alguno de los siguientes aplicativos:

í˜ Conexión Directa

í˜ Sistema de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información (SITACI)

A continuación se describen las caracterí­sticas del hardware y software necesario para realizar las conexiones mencionadas previamente.

-¢ Computador personal que, como mí­nimo, posea un procesador Pentium II, 64 MB de memoria, 100 MB libres de espacio en disco, Windows 98/2000/NT/XP e Internet Explorer versión 5.5 SP2 (aunque es recomendable tener la última versión actualizada).

-¢ Implementar, usando dicha computadora personal, alguno de los métodos de conexión con los computadores de ANSES, descritos bajo el tí­tulo Métodos de conexión.

El usuario es responsable de la instalación y configuración del software necesario. ANSES sólo dará soporte telefónico a través de su Mesa de Ayuda (Tel: 4015-2100)

Métodos de conexión

La elección del método de conexión queda a total discreción del usuario externo, quién además puede cambiar su decisión tantas veces como quiera, siendo aconsejable la comunicación de la misma a ANSES a efectos de poder brindarle apoyo ante algún inconveniente.

Los métodos disponibles a la fecha son los siguientes:

í˜ Internet (acceso telefónico o acceso permanente)

í˜ Acceso a través de la red pública conmutada

í˜ Acceso permanente ví­a prestadores del servicio de transporte de datos

A continuación describiremos las caracterí­sticas principales de cada uno de los métodos de acceso.

Acceso telefónico no permanente ví­a Internet

Descripción

El usuario accede a los computadores de ANSES utilizando los servicios de transporte de datos de un ISP (Proveedor de Servicios de Internet).

El usuario se conecta con la red Internet (a través de su ISP) usando una lí­nea telefónica conmutada.

Caracterí­sticas tí­picas del usuario que usa este método de conexión

-¢ Requiere accesos esporádicos de corta a media duración.

-¢ Requiere una sola PC accediendo simultáneamente a los computadores de ANSES.

-¢ No requiere una alta velocidad de transmisión ya que los archivos a transmitir son pequeños.

Caracterí­sticas del servicio

-¢ Velocidad de transmisión variable y en general baja.

-¢ Calidad del servicio dependiente del posicionamiento dentro del mercado del proveedor seleccionado.

Disponibilidad:

-¢ Inmediata.

Responsabilidad del usuario

-¢ Contratar el servicio de acceso a Internet a un ISP. Tener en cuenta que este proveedor debe asegurar el acceso a las direcciones de Internet: www3270.anses.gov.ar y www.ansesgov.ar

Acceso permanente ví­a Internet

Descripción

El usuario accede a los computadores de ANSES a través de Internet.

El usuario posee una conexión permanente con Internet y dicha conexión permanente está conectada a la LAN del usuario.

Caracterí­sticas tí­picas del usuario que usa este método de conexión:

-¢ El usuario pertenece a una organización que posee una conexión permanente con Internet.

Caracterí­sticas del servicio:

-¢ Velocidad de transmisión variable y en general buena (dependiendo de la velocidad del enlace permanente con Internet).

Disponibilidad:

-¢ Inmediata.

Responsabilidad del usuario:

-¢ Verificar que el enlace con Internet asegura el acceso a las direcciones de Internet: www3270.anses.gov.ar y www.anses.gov.ar Acceso a través de la red pública de telefoní­a

Descripción

El usuario accede a los computadores conectándose en forma directa con ANSES a través de la red de telefoní­a pública que está conectada al RAS (Servidor de Acceso Remoto) de ANSES.

A diferencia del acceso a través de Internet, en este caso, el usuario accede a los computadores de ANSES en forma directa, sin pasar por un prestador de servicio de transporte de datos ni por la red Internet.

Caracterí­sticas tí­picas del usuario que usa este método de conexión:

-¢ Requiere accesos esporádicos de media o larga duración con archivos de mediano a gran tamaño.

-¢ La organización a la cual pertenece el usuario (o por lo menos su PC) no tiene acceso a Internet a través de la LAN.

-¢ Una sola PC accediendo a los computadores de ANSES.

-¢ El usuario está radicado en el Gran Buenos Aires, o en una zona donde el costo de la comunicación no le es desfavorable.

Caracterí­sticas del servicio:

-¢ Canales de comunicación no compartidos con otros usuarios.

-¢ Media velocidad de transmisión (5 KBytes/seg reales y continuos aproximadamente 18 MB por hora). El canal de comunicación no es compartido con ningún otro usuario.

Disponibilidad

-¢ Inmediata.

Responsabilidad del usuario:

-¢ Para utilizar este método de conexión el usuario deberá instalar un módem en la PC desde donde planea efectuar las transmisiones a ANSES.

-¢ Deberá configurar el distado de su stack TCP (Acceso telefónico a redes en Windows 95/98/2000/NT) de la siguiente forma: Protocolo PPP Dirección de IP asignada por el servidor.

Direcciones del servidor de nombres (DNS) asignada por el servidor.

Utilizar compresión en el encabezado de IP

Username: anses1

Password: anses1

Es importante notar que los valores de protocolo, dirección IP, dirección de DNS y compresión son los de default del Acceso telefónico a redes de Windows 95, 98, 2000 y NT.

Acceso permanente ví­a prestadores de servicios de transporte de datos,

Descripción

El usuario accede a los computadores de ANSES utilizando los servicios de transporte de datos de las empresas:

-¢ Telefónica Data

-¢ Impsat.

-¢ Telecom Soluciones

Cabe destacar que cualquier otro proveedor podrá conectarse a ANSES, proveyendo acceso a sus clientes con solo instalar el equipamiento de acceso acorde las normas de esta Administración y sin costo para la misma.

Caracterí­sticas tí­picas del usuario que usa este método de conexión:

-¢ Requiere acceso permanente.

-¢ Necesita más de una PC accediendo simultáneamente a los computadores de ANSES.

-¢ Es cliente de uno de las empresas transportadoras de datos.

Caracterí­sticas del servicio:

-¢ Velocidad de transmisión alta.

Disponibilidad

-¢ Inmediata.

Responsabilidad del usuario:

-¢ Contratar el servicio de acceso a los computadores de ANSES con su empresa prestadora del servicio de transporte de datos.

-¢ Disponer del equipamiento de redes locales necesario para el caso de requerir el acceso simultáneo de varias PC-™s.

ANEXO IV. 2

Documentación para Acreditar Personerí­a