Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Ya tiene media sanción la reforma de la ley 25.326

Posted: diciembre 15th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Informes comerciales, Público en general | No Comments »

Ya tiene media sanción la reforma de la ley 25.326.

Son dos proyectos distintos:
- uno que crea un blanqueo para los deudores de la crisis del año 2001.
- otro que reforma en forma amplia el art. 26 de la ley 25.326 referido a informes comerciales.

Se acorta el plazo del derecho al olvido a 1 año y se incluye una obligación de notificación en cabeza de los bancos.

El problema de estas reformas es que son todas incompletas. Aun en Argentina tenemos pendiente una serie de reformas sugeridas por el “análisis de adecuación de la ley argentina al sistema europeo”:http://www.habeasdata.org/Adecuacion-Argentina-directiva-europea que nunca se presentaron. El “Grupo de Trabajo del art. 29 de Protección de las Personas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales”:http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/index_en.htm emitió el “Dictamen 4/2002 sobre el nivel de protección de datos personales en Argentina”:http://www.habeasdata.org/Adecuacion-Argentina-directiva-europea, dictamen que fue condicionado pues tenia varias sugerencias. Ninguna de estas sugerencias se contempla en estos proyectos, lo que incluye cuestiones tales como la independencia de la agencia argentina de protección de datos, o la necesidad de que el ámbito de la ley sea mas amplio, no solo a las bases de datos que proveen informes.

*Texto de los proyectos*

“Proyecto de blanqueo”:http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2006/PDF2006/SANCIONES/4539-D-2006.pdf

“Proyecto de reforma de la ley 25.326, art. 26″:http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2006/PDF2006/SANCIONES/5130-D-2005.pdf


Nuevo fallo de la Corte Suprema sobre habeas data

Posted: diciembre 6th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Habeas Data | Tags: | Comentarios desactivados

La Corte decidió por mayorí­a que los datos que se registran sobre las deudas que tiene una persona deben incluir el carácter litigioso de las mismas. El fallo se fundamenta en un precedente anterior, el caso Martinez v. Veraz, pero también agrega otras consideraciones importantes en materia de habeas data. El fallo cuenta también con un voto concurrente del Juez Lorenzetti que amplia fundamentos pero propuso que la Corte fallara sobre el fondo en vez de reenviar el caso a un tribunal para que la Alzada emitiera un nuevo fallo.

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Cámara Federal confirma cautelar que ordena remover ví­nculos a imagen y nombre de modelo

Posted: noviembre 24th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Derecho a la imagen | No Comments »

*Medida cautelar para que un motor de búsqueda en internet elimine nombre de la actora y su ví­nculo a sitios de contenido sexual, pornográfico, de acompañantes y otras actividades vinculadas al tráfico de sexo.*

Tribunal: Cámara Nacional en lo civil y Comercial Federal, Sala I, 14/11/2006, expediente, Número 10.411/2006, “Zamolo Sofí­a Karina c/ Yahoo de Argentina S.R.L. y otro s/ incidente de apelación”.

Casos similares: “Pitra, Melina v. Yahoo”:http://www.habeasdata.org/Google-Petrina-Melina

*Texto del fallo*
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2006.//

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 312/314 y fundado a fs. 358/376 cuyo traslado fue contestado a fs. 3 7 8/3 9 8 contra la resolución de fs. 230/233, y

CONSIDERANDO:

1. El señor juez hizo lugar a la medida innovativa solicitada por la actora a fs. 212/229, ordenando a las demandadas Yahoo! de Argentina SRL y Google Inc. realizar los actos necesarios para la eliminación del nombre de la actora y su vinculación con los sitios detallados en la demanda de contenido sexual, pornográfico, de acompañantes y otras actividades vinculadas al tráfico de sexo a los que se accede a través de sus respectivos servidores “www.yahoo.com.ar”:http://ar.yahoo.com/ y “www.google.com.ar”:http://www.google.com/.

Para así­ decidir, tuvo en cuenta en orden a la verosimilitud del derecho que se encuentra en juego el derecho a la intimidad, al honor y al nombre, de rango constitucional y que la inclusión del nombre de la actora en los sitios identificados sin autorización , constituye un uso indebido del aquél, que su titular tiene derecho a preservar. Asimismo, valoró que prima facie el rechazo de la medida solicitada es susceptible de acarrear consecuencias más gravosas para la actora que los eventuales perjuicios que su admisión podrí­a producir a su contraria, en tanto los últimos aparecerí­an circunscriptos a la esfera patrimonial, mientras que las primeras pueden comprometer derechos de mayor jerarquí­a.

2. Esta decisión suscita los agravios de la codemandada “Yahoo! de Argentina S.R.L.”

La recurrente cuestiona la verosimilitud del derecho en virtud de la inexistencia de veinticinco de las veintiséis vinculaciones con sitios que señala la actora. Manifiesta que de la prueba aportada por la peticionante, sólo surgen cinco de las vinculaciones individualizadas en el escrito inicial.

Invoca su falta de legitimación pasiva en razón de ser un mero intermediario de acceso a contenidos que terceros publican en la red, por lo cual no se le puede atribuir conductas ilí­citas que sostiene no () realiza.

Advierte que, a su juicio, la medida resulta ineficaz puesto que la vinculación del nombre de la actora con los sitios cuestionados subsistirá a través de otros buscadores. En este sentido, señala que mientras los propietarios de los sitios no remuevan el nombre de la actora de aquellos, dicha vinculación continuará activa, por lo que la medida debe dirigirse contra ellos. Añade que resulta imposible para su parte acceder a los sitios determinados y remover la mención de la actora.

Afirma que lo decidido importa la violación de los derechos de los usuarios de acceder por el buscador a toda la información de la red , de los propietarios de sitios a que ante una búsqueda se muestre su sitio en los resultados y de su parte de proveer resultados completos a los usuarios . Asimismo arguye que se vulnera su derecho constitucional a trabajar y ejercer toda industria lí­cita y también la libertad de acceso a la información y expresión, prevista, asimismo, en tratados internacionales.

3. En primer lugar, es pertinente mencionar que según reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces no están obligados a seguir todas las argumentaciones que se les presenten, bastando el examen de las conducentes para resolver el conflicto (Fallos: 258:304;; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre muchos otros)).

4. En segundo término, se debe recordar que la verosimilitud del derecho, como requisito esencial para la procedencia de la medida cautelar, se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontrastable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite (cfr. esta Sala, causa 2849/00 del 30/5/00 y sus citas). Al respecto se ha señalado que la naturaleza de las medidas precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (cfr. Corte Suprema de Justicia, Fallos: 306:260;; esta Sala, causa 39.380/95 del 19/3/96 y otras).

Desde esta perspectiva corresponde señalar que no está controvertida la vinculación sin autorización del nombre de la actora con sitios de contenido relacionado con el tráfico de sexo, y que ésta afecta derechos de rango constitucional de la accionante. Sobre el punto, es del caso advertir que la cantidad de páginas web en las que se verifique la vinculación cuestionada es irrelevante a los fines de valorar la verosimilitud del derecho, por lo que ese argumento de la recurrente no puede ser atendido.

5. Ahora bien, se debe distinguir entre el destinatario de la medida y quien pudiera resultar responsable por los daños susceptibles de ser atribuidos a la vinculación mencionada. En este sentido, es dable señalar que lo atinente a la determinación de una eventual responsabilidad, como también el debate propuesto por la apelante relativo a implicancias en las relaciones entre usuarios, propietarios de sitios y prestadores de servicios, son cuestiones que exceden el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisional que son propios de las medidas cautelares (cfr. esta Sala, causas 9643/01 del 14/12/01, 11.018/02 del 18/3/03 y 4739/03 del 27/5/03, entre muchas otras).

6. Ello sentado, cabe puntualizar que las partes están de acuerdo en que el buscador facilita a los usuarios el acceso a los sitios de Internet (cfr. fs. 358/361, punto 2.2.1.1 y fs. 380/385, punto II. a). En este sentido, se ha sostenido que ante un material dañoso, reclamada su eliminación por el sujeto damnificado, el proveedor debe actuar y, de ser técnicamente posible, debe acoger esa petición, por estar en mejores condiciones técnicas y tácticas de actuar ante la prevención o reparación del daño injusto. Como también que ante la entidad objetiva y fácilmente verificable de la ilicitud del contenido, no puede la empresa responsable del servicio amplificar, con su divulgación, los efectos dañosos en curso. Si bien parece al menos por ahora dificultosa la prevención del daño, no lo es la cesación de sus consecuencias (cfr. Galdós. Jorge Mario, “Responsabilidad civil de los proveedores de servicios en Internet”, LL 2001 D pág. 953). De igual manera, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, contempla la facultad de un tribunal o una autoridad administrativa de exigir al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o la impida (cfr. arts. 12, 13 y 14).

Desde este punto de vista, es indudable que el servicio prestado por la apelante, por sus propias caracterí­sticas, contribuye a facilitar la difusión de las páginas cuestionadas por la actora, por lo cual, la decisión adoptada por el “a quo”, resulta el medio más idóneo para evitar la prolongación de la situación se quiere hacer cesar. No obsta lo expuesto la ineficacia alegada por la apelante, habida cuenta de que la elección de los medios procesales es de exclusiva incumbencia de la actora. A lo que cabe añadir la posibilidad aún en el caso de que los titulares de los sitios excluyeran toda relación con la accionante o los eliminaran de acceder a versiones anteriores de las páginas a través de la función “en caché”, disponible en los resultados de las búsquedas, tal como lo advierte la actora (cfr. fs. 390).

7. Asimismo, se debe destacar que, como surge de la prueba documental aportada por la actora, en algunos casos “Yahoo! Argentina” se guarda el derecho a elegir los sitios que incluye en su directorio (cfr. fs. 195/196). En tales condiciones, no se advierte cuál es el gravamen que le genera la resolución apelada desde que sólo comporta el ejercicio, por orden judicial, de la facultad que se reserva.

8. Sólo resta señalar que las dificultades que la apelante arguye para la ejecución de la medida precautoria han sido salvadas, de conformidad con lo que se. desprende del escrito de fs. 312/314, y su cumplimiento ha sido admitido por la actora (cfr. fs. 317/320).

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto, con costas por su orden, en atención a las dificultades de la cuestión y su novedad (arts. 68, segundo párrafo, y 69 del Código Procesal).

El juez de las Carreras no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase.//

FDO.: MARTIN D. FARRELL MARIA SUSANA NAJURIETA


Aprueban reforma de delitos informáticos en Diputados

Posted: octubre 13th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Delitos, Proyecto de Ley | No Comments »

Se publica el texto que aprobó en general la Cámara de Diputados. Resta la aprobación en particular la semana que viene. Texto facilitado por el Fiscal Ricardo Saenz.

Expte. 5864 D 06 – Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Legislación Penal han considerado el proyecto de ley de los señores diputados Nemirovsci, Romero, “Bisutti”:http://www.habeasdata.org/ProyectosDelitosInformaticos2006, Irrazabal, Lovaglio Saravia, Osorio, Ritondo, Zottos, Canevarolo, Morini, Perez (A.), Conti, Pinedo, Uñac y Solanas sobre delitos informáticos; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

*PROYECTO DE LEY*

El Senado y Cámara de Diputados-¦
*DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL*
Art. 1º: Sustituyese el artí­culo 128 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
-Artí­culo. 128: Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que produjere, facilitare, divulgare, financiare, ofreciere, comerciare, distribuyere o publicare por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho años en actividades sexuales explí­citas, reales o simuladas, así­ como toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales.
La pena será de seis meses a dos años para quien tuviere en su poder imágenes de las descriptas en el párrafo anterior con fines de distribución o comercialización.
Será reprimido con prisión de un mes a un año quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.-

*DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD*

Art. 2º: Sustituyese el epí­grafe del Capí­tulo III, del Tí­tulo V, del Libro II del Código Penal de la Nación por el siguiente: -Violación de Secretos y de la Privacidad-.

Art. 3º: La comunicación electrónica goza de la misma protección legal que la correspondencia epistolar y de telecomunicaciones.

Art. 4º: Sustituyese el artí­culo 153 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
-Artí­culo 153: Será reprimido con prisión de quince dí­as a seis meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido, o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o comunicación electrónica que no le esté dirigida.
Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año, quien comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica. -

Art. 5º: Incorporase como artí­culo 153 bis, del Código Penal de la Nación el siguiente:
-Artí­culo 153 bis: Será reprimido con prisión de quince dí­as a seis meses, si no resultare un delito mas severamente penado, el que ilegí­timamente y a sabiendas accediere por cualquier medio sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido.
La pena será de un mes a un año de prisión cuando el acceso fuere en perjuicio del sistema informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos.-

Art. 6º: Incorporase como artí­culo 153 ter del Código Penal de la Nación el siguiente:
-Artí­culo. 153 ter: Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que ilegí­timamente y para vulnerar la privacidad de otro, utilizando mecanismos de escucha, intercepción, transmisión, grabación o reproducción de voces, sonidos o imágenes, obtuviere, difundiere, revelare o cediere a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas.-

Art. 7º: Incorporase como artí­culo 153 quater del Código Penal de la Nación por el siguiente :
-Artí­culo. 153 quater: Será reprimido con prisión de un mes a dos años el que indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones postales, telecomunicaciones o cualquier otro sistema de enví­o o de paquete de datos de carácter privado de acceso restringido o revelare indebidamente su existencia.
La pena será de uno a cuatro años si el autor fuere funcionario público o integrante de las fuerzas armadas o de seguridad.-

Art. 8º: Sustituyese el artí­culo 155 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
-Artí­culo. 155. Será reprimido con multa de pesos diez mil ($10.000) a pesos cien mil ($100.000), quien hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.-

Art. 9: Sustituyese el artí­culo 157 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
-Artí­culo. 157: Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos, cualquiera sea el soporte en el que estén contenidos.-

Art. 10: Sustituyese el inciso 2º del artí­culo 157 bis del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
-inciso. 2: Indebidamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales o proporcionare a un tercero información contenida en un archivo de datos personales o revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley.-

*FRAUDE*
Art. 11: Incorporase como inciso 16 del artí­culo 173 del Código Penal de la Nación el siguiente:
-inciso. 16: El que con el fin de obtener un beneficio patrimonial para sí­ o para otros, provocare un perjuicio en el patrimonio de un tercero mediante la introducción de datos falsos, la alteración, obtención ilí­cita o supresión de los datos verdaderos, la incorporación de programas o la modificación de los programas contenidos en soportes informáticos, o la alteración del funcionamiento de cualquier proceso u operación o valiéndose de cualquier otra técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático, o la transmisión de los datos luego de su procesamiento.-

*DAÑO*
Art. 12: Incorporase como segundo y tercero párrafos al artí­culo 183 del Código Penal de la Nación los siguientes:
-Será reprimido con prisión de un mes a dos años al que, por cualquier medio, destruyere en todo o en parte, borrare, alterare en forma temporal o permanente, o de cualquier manera impidiere la utilización de datos o programas, cualquiera sea el soporte en que estén contenidos durante un proceso de comunicación electrónica.
La misma pena se aplicará a quien vendiere, distribuyere o de cualquier manera hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños de los descriptos en el párrafo anterior, en los programas de computación o en los datos contenidos en cualquier tipo de sistema informático y de telecomunicaciones.-

Art. 13: Sustituyese el inciso 5º del artí­culo 184 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
-inciso. 5: Ejecutarlo en archivos, registros, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos; o en sistemas informáticos o de bases de datos públicos.-
Art. 14: Incorporase como inciso 6 del artí­culo 184 del Código Penal de la Nación el siguiente:
-inciso 6: Ejecutarlo en sistemas informáticos relacionados con la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energí­a, de medios de transporte u otro servicio público.-

*INTERRUPCION DE LAS COMUNICACIONES*
Art. 15: Sustituyese el artí­culo 197 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
-Artí­culo. 197: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere toda comunicación establecida por cualquier medio, o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.-

*ALTERACION DE PRUEBAS*
Art. 16: Sustituyese el artí­culo 255 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:
-Artí­culo. 255: Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere, o inutilizare en todo o en parte, objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros, documentos, cualquiera fuese el soporte en el que estén contenidos, confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de setecientos cincuenta pesos ($750) a doce mil quinientos pesos ($12.500)-

*FALSIFICACION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS O INFORMATICOS*
Art. 17: Incorporase como último párrafo al artí­culo 77 del Código Penal de la Nación el siguiente:
-El término documento comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo que contenga datos.-
Art. 18: Comuní­quese al Poder Ejecutivo.
Sala de las comisiones,

Expte. 5864 D 06

*INFORME*

Honorable Cámara:

Las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Legislación Penal han considerado el proyecto de ley de los señores diputados Nemirovsci, Romero, Bisutti, Irrazabal, Lovaglio Saravia, Osorio, Ritondo, Zottos, Canevarolo, Morini, Perez (A.), Conti, Pinedo, Uñac y Solanas sobre delitos informáticos.
Es evidente la enorme influencia que ha alcanzado la informática en la vida diaria de las personas y organizaciones, y la importancia que tiene su progreso para el desarrollo de un paí­s. Sin embargo, junto al avance de la tecnologí­a informática, han surgido una serie de comportamientos ilí­citos llamados genéricamente delitos informáticos, que adoptan formas muy distintas, y que pueden ser cometidos en cualquier lugar y en cualquier momento. Estos delitos contra los sistemas de información amenazan la creación de una sociedad más segura y de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
El vací­o legal existente en nuestro derecho y el consecuente marco de inseguridad jurí­dica que ello generaba, nos condujeron a evaluar la necesidad de crear una legislación que proteja jurí­dicamente la integridad y disponibilidad de la información. Creemos además, que resulta necesario dotar a los funcionarios judiciales y policiales, encargados de investigar estos delitos, de mayores conocimientos (capacitación), y de las más modernas herramientas (tecnologí­a).
Es por ello, que para el análisis de esta temática se procedió a la creación de una subcomisión integrada por asesores de ambas comisiones, y fueron invitados los sectores interesados en la problemática, tanto del ámbito público como privado, quienes realizaron importantes aportes, a fin de enriquecer la futura legislación. Asistieron especialmente invitados: el Comisario Rodolfo Koleff y el inspector Miguel Justo, integrantes de la División de Delitos en Tecnologí­as y Análisis Criminal de la Policí­a Federal Argentina; el señor Daniel Sentinelli, experto en seguridad informática de Dominio Digital (programa de televisión dedicado a la informática, tecnologí­a e Internet); el señor Juan P. Cardinal, apoderado de Microsoft; el licenciado Javier Diaz, Decano de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata; representantes de la empresa Telecom S.A.: Dr. Juan Pablo Maglier y la Dra. Sonia Agnen ; de Telefónica de Argentina: los doctores Diego Velarde, Eduardo Gabelloni y Mariana Cruglia y el dr. Pablo Marzilli de la empresa de telefoní­a celular Movistar; el señor Ricardo Presta, Vicepresidente de Proveedores de Internet, (ISPS), el ingeniero Carlos Achiary, director de Informática de la Jefatura de Gabinete, el señor Patricio Seoane y la señora Mónica Abalo, en representación de la Cámara de Bases de Datos. (CABASE).
Asimismo se contó con la colaboración y asistencia del especialista en la materia, Dr. Ricardo Oscar Saenz, Fiscal General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y. Fiscal General a cargo de la Comisión encargada del estudio de las cuestiones relativas a la investigación y persecución de los Delitos Informáticos y de alta tecnologí­a para el ámbito del Ministerio Publico Fiscal.
En el curso de las tareas realizadas durante tres meses, se analizaron todas las iniciativas presentadas sobre la temática en cuestión, a saber: 5084 D 06 Lovaglio Saravia, Irrazabal y Perie, 3873 D 06 Ritondo, 3326 D 06 Nemirovsci y otros, 3194 D 06 Solanas y otros, 3109 D 06, Perez (A.) y otros, 3001 D 06 Canevarolo, 2991 D 06 Conti y Rossi, 2981 D 06 Gioja y Uñac, 2032 D 06 Bisutti y otros, 1798 D 05 Martinez (S.V.) (M.C.), 1225 D 05 Osorio, 985-“D-“05 Zottos.
Por otra parte, también se realizó el análisis de la legislación comparada. En tal sentido, consideramos necesario mencionar, que en la actualidad europea se impuso mayoritariamente la reforma de los textos legales (impulsada por el Consejo de Europa), de modo de contemplar la protección penal de los datos y sistemas informáticos. Esta tendencia también se advierte en la legislación penal americana y latinoamericana.
Es necesario destacar que la presente iniciativa, ha sido producto de un largo proceso, en el cual, la reflexión sobre la problemática de esta clase de delitos, la búsqueda permanente de consenso y la participación de los distintos sectores interesados, han quedado reflejados en la amplia adhesión a este proyecto.
Luego de haber realizado un profundo análisis, hemos creí­do conveniente dictaminar el presente proyecto favorablemente.


Conferencia-debate sobre privacidad y protección de datos personales

Posted: octubre 13th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Conferencias, Habeas Data, Público en general | No Comments »

Conferencia-debate sobre privacidad y protección de datos personales en la Unión Europea. Su influencia en la ley Argentina de protección de datos personales. Transferencia internacional de datos personales.

*A Critical Analysis of the key elements of European Data Protection*
por el “Profesor Herbert Burkert”:http://www.herbert-burkert.net/ (University of St.Gallen, Suiza – Director del “Research Centre for Information Law”:http://www.fir.unisg.ch/org/fir/web.nsf/wwwPubhomepage/webhomepageger?opendocument).

- Presentación por Pablo A. Palazzi – “Juan Antonio Travieso”:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/autoridades.html
- Conclusiones por Marí­a Verónica Perez Asinari: * ¿Cómo se establece la adecuación de una ley de protección de datos personales a la Directiva Europea?

*Fecha*: dí­a martes 7 de noviembre de 2006
*Horario*: 9 -“ 10 AM.
*Lugar*: Universidad de San Andrés, Anexo Sede Capital
25 de Mayo 586, 2do piso, Ciudad de Buenos Aires. Argentina.
Entrada libre y gratuita previa inscripción enviando un e-mail con su nombre a “info@habeasdata.org”:mailto:info@habeasdata.org

La disertación del Profesor Herbert Burkert tendrá lugar en inglés. La presentación y las conclusiones en castellano.

*Organizan*: “Universidad de San Andrés”:http://www.udesa.edu.ar/ y “Foro de Habeas Data”:http://www.habeasdata.org/Conferencia.Burkert

“Contenidos de la conferencia”:http://www.pablopalazzi.net/2006/10/22/conferencia-sobre-privacidad/


CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL SANTA FE proyecto de ley

Posted: octubre 13th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Habeas Data, Proyecto de Ley | No Comments »

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL

TíTULO PRELIMINAR

ARTíCULO 1º: Objeto. El presente Código regula los procesos constitucionales derivados de las acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data e inconstitucionalidad, cuya finalidad esencial es la de garantizar la primací­a de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, y que procederán ante cualquier conducta proveniente de cualquier autoridad, funcionario o persona, fí­sica o jurí­dica, que de algún modo lesione, restrinja, altere o amenace los derechos, principios y garantí­as, de naturaleza individual, sectorial o colectiva, reconocidos expresa o implí­citamente en las constituciones nacional o provincial, así­ como en los tratados, leyes y ordenanzas.
Asimismo regula, con idéntica finalidad, el acceso a la Corte Suprema de Justicia provincial, en revisión de sentencias, por la ví­a del recurso de inconstitucionalidad.

ARTíCULO 2º: ímbito de aplicación. Las reglas emanadas de este Código serán aplicadas por los tribunales provinciales cuando la conducta lesiva atacada por la ví­a de las acciones y recursos constitucionales aquí­ regulados provenga de una autoridad provincial, municipal o comunal, o de particulares, aún cuando éstos se encuentren en ejercicio de funciones públicas provinciales, municipales o comunales.

ARTíCULO 3º: Principios procesales. Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, economí­a, inmediación y socialización procesales.
El Juez debe adecuar las exigencias formales previstas en este Código en orden al cumplimiento de los fines esenciales de los procesos constitucionales.
En caso de vací­o normativo, se aplicará de manera supletoria el Código Procesal afí­n a la materia discutida, en todo aquello que no contradiga los fines de los procesos constitucionales y propenda a su desarrollo, y en el supuesto de ausencia o inconveniencia de las normas supletorias para la tutela de los derechos afectados, el juez recurrirá a la integración, teniendo primordialmente en miras la tutela de éstos.

ARTíCULO 4º: Celeridad y preferencia. Habilitación de dí­as y horas. La sustanciación de los procesos constitucionales se preferirá sobre cualquier asunto de distinta naturaleza que tuviera el Tribunal, debiendo el juez habilitar dí­as y horas inhábiles, de oficio o a pedido de cualquiera de las partes del proceso, cuando así­ lo exigieren las circunstancias del caso.
La responsabilidad por la defectuosa o tardí­a tramitación de los procesos constitucionales será sancionada por los órganos competentes.

ARTíCULO 5º: Plazos. Los plazos establecidos en este Código son perentorios e improrrogables. Cualquier retardo en su cumplimiento es sancionado disciplinariamente sin perjuicio de la acción por responsabilidad del funcionario.
No se interrumpen ni se suspenden por ningún incidente ni actuación si ello no se encuentra expresamente dispuesto por el juez de la causa o por ley.

ARTíCULO 6º: Declaración de inconstitucionalidad. Los jueces declaran, a pedido de parte o de oficio, la inconstitucionalidad de normas o actos, sean o no aquellas en que se funda la conducta lesiva.
Cuando dicha declaración emane de la Corte Suprema de Justicia provincial, y se refiera a normas de carácter local, se hará con efectos derogatorios de la norma en cuestión. En tal caso, y en atención a las consecuencias de tal declaración, la Corte podrá morigerar los efectos de tal declaración, expresando los alcances respecto de los actos realizados al abrigo de la norma que se deroga.

ARTíCULO 7º: Suplencia de defectos formales. Cuando se observen defectos formales en las presentaciones articuladas en los procesos constitucionales, el Juez interviniente debe proveer de inmediato las medidas necesarias para que el presentante las subsane, e incluso podrá suplirlas de oficio, cuando por su entidad la decisión del magistrado no afecte sustancialmente los derechos del actor.
Si la presentación es oscura y no permite establecerse claramente el hecho que la motiva, o no cumple con la totalidad de los requisitos indicados, el Tribunal puede intimar al presentante, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida y por el término perentorio que le fije, que no puede exceder de las setenta y dos (72) horas, a fin de que aclare los términos de su demanda o corrija los defectos formales que se le señalarán concretamente en la misma resolución. Si el peticionante no lo hace, la presentación es rechazada liminarmente.

ARTíCULO 8º: Gratuidad en las actuaciones. Las actuaciones en los procesos constitucionales están exentas del pago de sellado, depósitos y de cualquier otro impuesto, contribución o tributo provincial, municipal o comunal, sin perjuicio de la reposición cuando haya condena en costas.

TíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
DE HíBEAS CORPUS, AMPARO, HABEAS DATA E INCONSTITUCIONALIDAD

ARTíCULO 9º: Finalidad de los Procesos. Los procesos a los que se refiere el presente tí­tulo tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo, en la extensión que fuera posible, las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.
Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el presente Código, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.

ARTíCULO 10º: Legitimación procesal activa. Se encuentran legitimados para interponer las acciones constitucionales reguladas en este Código: el afectado, de manera individual o en representación sectorial o colectiva, por el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, las asociaciones sectoriales entre cuyas finalidades estatutarias se incluya la defensa de los derechos que se pretendan tutelar con la demanda, y las organizaciones no gubernamentales destinadas a los fines especí­ficos por cuya tutela se demande.
El Defensor del Pueblo y las asociaciones legitimadas están habilitadas para demandar directamente o para tomar intervención como litis consortes de cualesquiera de las partes.
El Tribunal resuelve en cada caso concreto sobre la admisibilidad de la legitimación invocada, considerando prioritariamente, en el caso de la representación de las asociaciones sectoriales, el cumplimiento de alguno de los siguientes recaudos:
1. Que la agrupación esté integrada por los sujetos que en forma particular resulten perjudicados por el hecho u omisión violatorio del interés colectivo.
2. Que la agrupación prevea estatutariamente como finalidad expresa, la defensa del especí­fico tipo o naturaleza del derecho colectivo menoscabado.
3. Que la agrupación esté ligada territorialmente al lugar de producción de la situación lesiva del interés colectivo.
4. Que en virtud del número de miembros, antigí¼edad en su funcionamiento, actividades y programas desarrollados y toda otra circunstancia conducente, se pueda determinar la seriedad y responsabilidad de la trayectoria de la agrupación, en defensa de los derechos colectivos, a fin de establecer que podrá representar adecuadamente los intereses del grupo.
En caso de desistimiento o abandono de la acción por parte de las entidades legitimadas, la titularidad activa puede ser asumida, y el proceso continuado, por cualquier otro legitimado, haya o no tomado intervención en el proceso.
Cuando se presenten dificultades para la individualización de las legitimaciones, el Juez o Tribunal puede disponer las medidas que considere pertinentes a los fines de la regular constitución del proceso, salvaguardando el principio de contradicción.

ARTíCULO 11º: Integración de la clase. En todos los casos en que se invoque una representación colectiva o sectorial, si hubiere duda acerca de si el criterio sustentado por el presentante será común a todos los integrantes de la clase, el juez adoptará las medidas que considere pertinentes, tendientes a la integración de la clase con los individuos que la conforman, citándolos por los medios que disponga, a fin de que los efectos de la sentencia pueda alcanzarlos. Si la determinación precisa de todos los integrantes de la clase fuera dificultosa o encareciera notoriamente el proceso, los alcances de la sentencia podrán ser restringidos a aquellos que comparecieron al pleito y a sus representados.

ARTíCULO 12º: Competencia. Las acciones constitucionales se interponen y sustancian ante los juzgados de primera instancia de distrito con competencia en el lugar donde la conducta lesiva se exteriorice o pudiera tener efecto, o en el del domicilio del actor o del demandado, a elección del actor. Cuando un mismo acto u omisión afecte el derecho de varias personas, entiende en todas estas acciones el Tribunal que hubiera prevenido, disponiéndose, en su caso, la acumulación de autos.
En el supuesto de ignorarse de qué autoridad o persona emana dicha conducta, conocerá cualquier tribunal requerido hasta que tal circunstancia se establezca, oportunidad en que se determinará definitivamente el Tribunal de radicación, al cual se remitirán de inmediato las actuaciones para su continuación según su estado.
Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquellas engendren dudas razonables al respecto, en cuyo caso el Juez requerido deberá conocer de la acción.
Si el Tribunal se considera incompetente así­ lo declara dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la demanda y en el acto eleva en consulta inmediata la cuestión al tribunal de alzada, el que decide a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. Si confirma la incompetencia, determina el tribunal competente y remite inmediatamente a éste los autos. Si revoca la decisión, el Tribunal interviniente prosigue de inmediato con el procedimiento.
Las acciones previstas en este Código, pueden interponerse aún después de las horas ordinarias de trabajo o en dí­as inhábiles. En tal caso, el juez en turno adoptará las medidas urgentes que considere pertinentes y remitirá los autos de inmediato al juez que corresponda dentro de las dos primeras horas del dí­a hábil subsiguiente.

ARTíCULO 13º: Procedencia. Los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización.
El proceso de inconstitucionalidad procede para que se determine la inconstitucionalidad de una norma legal o de su interpretación.

ARTíCULO 14º: Improcedencia. No proceden los procesos constitucionales cuando:
1. De los hechos relatados y de la pretensión expuesta en la demanda no surja que exista una afección al derecho invocado.
2. Existan ví­as procedimentales especí­ficas más idóneas para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus.
3. No se hayan agotado las ví­as previas cuando éstas fueran de cumplimiento ineludible, salvo en el proceso de hábeas corpus.
4. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional, o haya litispendencia.
5. Al momento de presentación de la demanda hubiera cesado la amenaza o la violación de un derecho constitucional, o la lesión se hubiese convertido en irreparable.
6. Hubiera vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción de los procesos de hábeas corpus y hábeas data.

ARTíCULO 15º: Reconducción de las acciones. Cuando el Juez advierta que el actor ha incurrido en un error en la rotulación de la acción constitucional, así­ lo declara y prosigue la tramitación de conformidad a lo establecido por esta ley, solicitando las aclaraciones y adecuaciones que considere necesarias, para lo cual concederá al actor un término de hasta tres (3) dí­as para que se convierta la acción. Si éste no lo hiciere, continuará la tramitación del modo que considere más conveniente.

ARTíCULO 16º: Trámites prohibidos. En las acciones constitucionales no proceden el emplazamiento previo, el arraigo, las excepciones corno artí­culos de previo y especial pronunciamiento, la declaración de rebeldí­a, la representación del rebelde, el recurso de rescisión, la recusación sin expresión de causa, ni el llamamiento de autos.
Las excepciones y defensas previas se resuelven, previo traslado, en la sentencia.

ARTíCULO 17º: Notificaciones. Todas las resoluciones adoptadas en los procesos constitucionales serán notificadas por cédula remitida de oficio y de inmediato por el tribunal a través de la oficina de notificaciones, con excepción de la primera notificación, en la que se citará y emplazará a la parte demandada para que constituya domicilio en la ciudad asiento del tribunal bajo apercibimiento de quedar notificado de toda otra resolución que se dicte en adelante en los estrados del tribunal.

ARTíCULO 18º: Medidas Cautelares. En los procesos constitucionales se pueden conceder medidas cautelares de no innovar o innovativas, de cualquier naturaleza, las que se podrán adoptar de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado de la instancia. La solicitud debe resolverse el mismo dí­a de su presentación.
Para su expedición se exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado para garantizar la eficacia de la pretensión. El Juez puede pedir contracautela suficiente para responder por los daños que tales medidas pudieren ocasionar, y al conceder la medida, el juez atenderá al lí­mite de irreversibilidad de la misma.
Si corre peligro de tornarse ilusoria la pretensión de fondo, se dictan sin conocimiento de la contraparte y la apelación sólo es concedida sin efecto suspensivo. Su procedencia, trámite y ejecución dependen del contenido de la pretensión constitucional intentada y del aseguramiento de la decisión final.
Las medidas cautelares se cumplimentan en forma inmediata, sin perjuicio de su ulterior notificación.
Cuando la adopción de una medida cautelar comprometiera severamente la prestación de un servicio público, el Juez puede modificarla o suspenderla, siempre que no ello no implique la irreversible frustración del derecho que se pretende tutelar.

ARTíCULO 19º: Extinción de las medidas cautelares. Toda medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada.
Si la resolución final resulta estimatoria de la demanda, se conservan los efectos de la medida cautelar, la que se convertirá de pleno derecho en medida ejecutiva. Los efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la satisfacción del derecho reconocido al demandante, o hasta que el juez expida una resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución.
Si la resolución última no reconoce el derecho reclamado por el demandante, se procede a la liquidación de costas del procedimiento cautelar.

ARTíCULO 20º: Prueba. En los procesos constitucionales serán admisibles todos los medios probatorios necesarios que no sean incompatibles con la celeridad y expeditividad del proceso.
Los que acrediten hechos trascendentes para el proceso, pero que ocurrieron con posterioridad a la interposición de la demanda, pueden ser admitidos, siempre que no requieran actuación. El Juez pondrá el medio probatorio en conocimiento de la contraparte antes de expedir la resolución que ponga fin al grado.

ARTíCULO 21º: Sentencia. La sentencia que resuelve los procesos a que se refiere el presente tí­tulo, deberá contener, según sea el caso:
1) La identificación del demandante;
2) La identificación de la autoridad, funcionario o persona de quien provenga el acto lesivo;
3) La determinación precisa del derecho vulnerado, o la consideración de que el mismo no ha sido vulnerado, o, de ser el caso, la determinación de la obligación incumplida;
4) La fundamentación que conduce a la decisión adoptada;
5) La decisión adoptada señalando, en su caso, el mandato concreto dispuesto.

ARTíCULO 22º: Integración de decisiones. Los jueces de alzada integrarán las decisiones cuando adviertan alguna omisión en la sentencia, siempre que en ella aparezcan los fundamentos que permitan integrar tal omisión.

ARTíCULO 23º: Cosa juzgada. Definitividad de las sentencias. En los procesos constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo.
En el caso del hábeas data entablado a fin de tutelar el derecho a la protección de los datos personales, la decisión que se adopte respecto de la licitud o ilicitud del tratamiento de datos no necesariamente afectará la relación de fondo, y adquirirán la autoridad de cosa juzgada en aquel nivel de juzgamiento.
Las sentencias dictadas en los procesos constitucionales se consideran definitivas a los fines del recurso de inconstitucionalidad.

ARTíCULO 24º: Responsabilidad del agresor. Cuando del trámite de los procesos tratados en el presente tí­tulo surja causa probable de la comisión de un delito o contravención, en la sentencia que declara fundada la demanda o con anterioridad si así­ lo considera y mientras no implique prejuzgamiento, el Juez dispondrá la remisión de copia de las actuaciones al tribunal o fiscal que corresponda para los fines pertinentes, aún cuando se declare la sustracción de la materia objeto de la pretensión, o cuando la violación del derecho constitucional haya devenido en irreparable.

ARTíCULO 25º: Ejecución de sentencias. Las sentencias dictadas en los procesos constitucionales serán ejecutadas por el mismo juez que la dictó.
Los mandatos judiciales expedidos en los procesos regulados por este código deben ser cumplidos de inmediato por los particulares y los funcionarios y empleados públicos requeridos al efecto del modo y en el plazo que el juez interviniente establezca.
Si se ignora la identidad de la autoridad directamente responsable, la orden se libra al superior jerárquico del demandado o a quien el Tribunal determine.
Cuando un órgano o agente de la Administración Pública, o un particular requerido al efecto, demore maliciosamente, niegue, o de alguna forma obstaculice el cumplimiento de los mandatos emitidos por el juez de la causa o la sustanciación de estas acciones, el Tribunal girará copia de las actuaciones al juez competente a los fines de determinar las eventuales responsabilidades penales. Para su cumplimiento, el Juez podrá hacer uso de astreintes fijas o acumulativas, pudiendo incorporarlas como apercibimiento en la sentencia o durante la fase de ejecución. El monto recaudado por las multas constituye ingreso propio del Poder Judicial.

ARTíCULO 26º: Costas. Cuando la acción se declare procedente, las costas serán cargadas al responsable de la conducta lesiva, salvo en los casos en que se declare la inconstitucionalidad de la norma fundante de aquella, supuesto en que se aplicarán en el orden causado.
En los casos en que la parte vencida sea una autoridad pública, y se acreditare que el agente que realizó los actos u omisiones que motivan la condena hubiere obrado con culpa, ambos serán declarados solidariamente responsables.
Cuando se rechace la acción, las costas se aplicarán en el orden causado, salvo el caso de improcedencia manifiesta declarada en la decisión, que son soportadas por el denunciante o el amparado o por ambos solidariamente según que la inconducta responda a la actividad de uno de ellos o de ambos a la vez.

TíTULO II
LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES EN PARTICULAR

CAPITULO I
HABEAS CORPUS

ARTíCULO 27º: Procedencia. El hábeas corpus garantiza el derecho a la libertad ambulatoria y a la integridad fí­sica de la persona y procede contra todo acto, omisión o hecho arbitrario e ilegí­timo proveniente de cualquier autoridad, funcionario o persona que importe lesión, restricción, alteración o amenaza de los bienes jurí­dicos protegidos, en concreto, de manera enunciativa, cuando la conducta importe:
1. Privación, amenaza o limitación actual a dichos derechos sin orden escrita de funcionario competente.
2. Demora en ser conducido de inmediato a presencia del Juez.
3. Restricción ilegí­tima al derecho de entrar, transitar y salir libremente del territorio.
4. Agravamiento ilegí­timo en la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad fí­sica.
5. Exceso del plazo legal de la condena o del plazo de veinticuatro (24) horas de detención sin haberse dado aviso al Juez competente y puesto al arrestado a su disposición con los antecedentes del hecho que motive el arresto.
6. Ilegitimidad o exceso en la incomunicación del detenido.
7. Detención por delito o contravención que no esté tipificado y penado en ley vigente al momento del hecho.
8. Desaparición forzada de personas.

ARTíCULO 28º: Competencia. Cuando la conducta emane de autoridad pública, son competentes para entender en los hábeas corpus los Jueces de Instrucción, según las reglas que establecen su jurisdicción territorial. En los demás casos, entenderá la justicia en lo civil y comercial.

ARTíCULO 29º: Demanda. El hábeas corpus se interpone por cualquier medio de comunicación escrito sin necesidad de autenticación, formalidad ni recaudo fiscal, por telegrama o carta documento.
La demanda de hábeas corpus debe contener la identidad y domicilio del denunciante y, todos los datos que se conocieren de la persona beneficiaria; identificación y demás información sobre el sujeto de quien emana el acto lesivo y sobre la ilegitimidad del mismo, en la medida en que sean conocidos, y toda otra información que conduzca a la mejor averiguación de la verdad.
En el caso de temor fundado de sufrir consecuencias personales por la interposición de la demanda, o de imposibilidad material de hacerlo, podrá ser presentada en forma verbal ante el secretario del juzgado, omitiéndose, en el primer caso, asentar la identidad del denunciante.
El denunciante puede intervenir en el procedimiento con asistencia letrada y tiene los derechos reconocidos a los demás intervinientes, salvo lo dispuesto en el último párrafo del artí­culo anterior.

ARTíCULO 30º: Intervención del Ministerio Público. Presentada la denuncia, el Tribunal debe comunicarla por escrito al Ministerio Público, pero no es necesario citarlo o notificarlo para la realización de actos posteriores. Su representante tendrá en el procedimiento todos los derechos otorgados a los demás intervinientes, encontrándose facultado para presentar las peticiones y probanzas que considere pertinentes.

ARTíCULO 31º: Auto de habeas corpus. Informe. El Juez interviniente ordena al sujeto identificado como infractor a que presente informe escrito dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas, el que podrá ser reducido en atención a las circunstancias del caso, y cuando exista privación de la libertad de la persona, simultáneamente ordena que se presente de inmediato al detenido por ante el Tribunal. Al mismo tiempo, ordena abstenerse de efectuar, respecto del beneficiario de la acción, acto alguno que pueda causar la lesión denunciada, agravar o hacer imposible la resolución definitiva que adopte el Tribunal.
El informe requerido debe señalar la forma y condiciones en que se cumple la restricción de la libertad, si se ha obrado por orden escrita de autoridad competente, caso en el cual debe acompañar testimonio de ésta, y, si el detenido hubiese sido puesto a disposición de otra autoridad, indicar ante quién, por qué causa y en qué oportunidad se efectuó la transferencia. Las autoridades en cuya custodia estuvo el detenido antes de ser transferido o que han sido notificadas de un hábeas corpus, se encuentran obligadas a hacer conocer la existencia del mismo a la autoridad que recibió al detenido y así­ sucesivamente.
El juez de la causa puede constituirse personalmente en el lugar donde se encuentra el detenido y practicar las inspecciones que considere necesarias, se haga o no lugar al hábeas corpus.
Las órdenes judiciales pueden emitirse verbalmente al sujeto o autoridad correspondiente, sin perjuicio de su inmediata atestación por escrito con expresión de dí­a y hora.
En todo momento el Juez puede ordenar cualquier medida de protección de los derechos del afectado, pudiendo requerir su presencia cuantas veces lo crea conveniente.

ARTíCULO 32º: Habeas corpus contra decisiones judiciales. Cuando se trate de personas que han sido detenidas y puestas a la orden de alguna autoridad judicial, sin que se haya dictado auto escrito que restrinja su libertad y no exista otro procedimiento idóneo en resguardo del derecho conculcado, puede interponerse hábeas corpus por ante el Superior en grado de dicha autoridad judicial el que podrá suspender hasta por cuarenta y ocho (48) horas la tramitación del mismo, dirigiéndose en el mismo acto a la autoridad judicial a cuyo cargo se halla el detenido para que informe sobre la causa, si ha dispuesto en legal y debida forma la detención, y practique las diligencias que correspondan. El procedimiento es breve y sumario, sin formalismos, adaptándose en función de las circunstancias.

ARTíCULO 33º: Habeas corpus de oficio. Cuando un Tribunal tiene conocimiento que alguna persona es demorada, mantenida en custodia, detención o confinamiento y pueda razonablemente temerse que sea trasladada fuera del territorio de su jurisdicción o sufrir un perjuicio irreparable antes de que sea socorrida por un hábeas corpus, puede expedirlo de oficio, ordenando a quien la detiene o retiene que la traiga a su presencia a fin de resolver lo que corresponda conforme a derecho.

ARTíCULO 34º: Plazo para resolver. Vencido el plazo fijado, el Tribunal resuelve el hábeas corpus dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, salvo que deba realizarse alguna medida probatoria o se haya convocado a una audiencia, en cuyo caso este término corre luego de producidos éstos.

ARTíCULO 35º: Deberes de la autoridad. La autoridad requerida debe cumplir de inmediato la orden judicial.
Desde el conocimiento de la orden, el detenido queda a disposición del Tribunal que la emitió.
Si el detenido se halla afectado por un impedimento fí­sico por el cual no pueda ser llevado a la presencia del Tribunal, la autoridad a cuyo cargo éste se encuentre debe proceder de inmediato a internarlo en un establecimiento sanitario con los debidos resguardos de seguridad, y a informar al Tribunal esta circunstancia acompañando las pruebas correspondientes. En este caso el Tribunal, en atención al informe producido, fija el término en que se va a cumplir la orden, pudiendo el Juez o el actuario constituirse donde se encuentre el detenido.

ARTíCULO 36º: Audiencia. Sólo si el Tribunal lo considera necesario, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, puede citar a los interesados a una audiencia. En tal caso, la persona que se encuentra privada de su libertad, debe necesariamente estar presente.
Cuando el afectado no estuviera privado de su libertad la audiencia es obligatoria.
Si el afectado no nombra defensor, se le nombrará defensor oficial, quien lo representará en caso de ausencia.
El Juez debe asistir personalmente a la audiencia sin poder delegar su celebración en funcionarios del juzgado.
La audiencia comienza con la lectura de la petición de hábeas corpus y del informe presentado con las pruebas producidas. Tienen oportunidad para expresarse la autoridad requerida y el afectado personalmente o por intermedio de su asistencia letrada o defensor. El Tribunal puede interrogar a las partes y disponer, en su caso, los exámenes que correspondan.
De la audiencia se levanta acta circunstanciada por Secretarí­a.

ARTíCULO 37º: Prueba. Si de oficio o a pedido de alguno de los intervinientes, y previa decisión judicial de su admisibilidad, se dispone la realización de diligencias probatorias, las mismas deben solicitarse y producirse con carácter de urgente y antes de la audiencia.
Las pruebas o medidas que disponga el Juez con posterioridad a la audiencia, deben producirse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.

ARTíCULO 38º: Sentencia. El Juez dicta la decisión sin dilación alguna o inmediatamente después de finalizada la audiencia, cuando hubiese privación de la libertad.
La resolución debe contener, además de la firma del juez:
1. Dí­a y hora de su emisión.
2. Mención del acto denunciado como lesivo, e identificación del sujeto que lo produjo y de la persona que lo sufre.
3. Motivación de la decisión, donde se examina entre otros aspectos, si:
a) la autoridad tení­a competencia para dictar la restricción de la libertad o la medida impuesta;
b) la detención se ordenó ilegí­timamente o contra lo dispuesto en el artí­culo 18 de la Constitución Nacional;
c) existe auto de detención o prisión preventiva legalmente decretada o si la pena que se está cumpliendo es la impuesta por sentencia firme;
d) la resolución se dictó dentro de las limitaciones constitucionales y de las razonablemente derivadas de la declaración de estado de sitio, cuando estuvieran suspendidas las garantí­as constitucionales;
e) la privación de la libertad o la medida impuesta se adoptaron de manera indebida;
f) hubo o existe amenaza de violación de los derechos protegidos por el hábeas corpus;
g) la persona fue ilegí­timamente demorada o incomunicada, o si la incomunicación legalmente decretada se mantiene por un plazo mayor al legalmente autorizado;
h) la detención, prisión o medida impuesta se cumple en condiciones legalmente prohibidas,
i) el hecho que se imputa está o no previsto por ley preexistente.
4. Parte resolutiva que versa sobre el rechazo de la denuncia o su acogimiento si del examen practicado resulta ilegí­timo el acto del sujeto o las medidas dispuestas, sin perjuicio de lo que proceda contra la autoridad responsable.
5. Costas y sanciones.

ARTíCULO 39º: Efectos. La sentencia que haga lugar al hábeas corpus deja sin efecto las medidas impugnadas, ordena la inmediata libertad al detenido o la cesación del acto lesivo, restableciendo al ofendido en el pleno goce de su derecho o libertad conculcados, y establece los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.

CAPITULO II
AMPARO INDIVIDUAL

ARTíCULO 40º: Procedencia. La acción de amparo se deduce contra toda acción u omisión de agentes o entes del Estado provincial, municipal o comunal, o de particulares, incluso en ejercicio de funciones públicas, que, en forma actual o inminente, violen, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, vulnerar los derechos, libertades o garantí­as explí­cita o implí­citamente reconocidos por las constituciones nacional o provincial, los tratados, leyes y ordenanzas, con excepción de los protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data.

ARTíCULO 41º: Inadmisibilidad. La acción de amparo es inadmisible:
1. Contra decisiones judiciales.
2. Contra las leyes u otras disposiciones normativas con fuerza de ley, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas o cuando se trate de normas autoaplicativas. La falta de impugnación directa de los decretos o disposiciones generales a que se refiere este inciso o el transcurso del plazo para formularla, no impide que los actos de aplicación individual puedan discutirse en la ví­a de amparo, siempre que se infrinja algún derecho fundamental del reclamante.
3. Cuando la acción u omisión ha sido consentida por la persona agraviada.
4. Cuando el amparo fuera interpuesto después de los noventa (90) dí­as de haberse anoticiado el perjudicado de la ejecución de actos lesivos concretos, salvo que subsista la acción u omisión que motiva el mismo, donde se interpone en cualquier tiempo.

ARTíCULO 42º: Ví­a previa. No será necesario interponer ni transitar recurso administrativo alguno como recaudo previo para accionar por ví­a de amparo. Cuando el afectado opte por ejercitar los recursos administrativos que concede el ordenamiento, se suspende el plazo de caducidad mientras la Administración no resuelva expresamente, sin perjuicio de que se ejerza directamente en cualquier momento.

ARTíCULO 43º: Legitimación pasiva. La acción de amparo puede dirigirse contra particulares y contra el funcionario o titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio. Si uno u otro han actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, se tiene por entablado el amparo contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en la sentencia. De ignorarse la identidad del agente público, la acción se tendrá establecida contra el superior jerárquico.
También, puede dirigirse contra particulares presuntos autores del agravio. Si se trata de una persona jurí­dica, contra su representante legal; y si lo es una empresa, grupo o colectividad organizados, contra su representante aparente o el responsable individual.
Podrán intervenir terceros que tengan derechos subjetivos relacionados con la norma o acto que motive la acción de amparo. Además, quien tenga un interés legí­timo en el resultado de la acción puede intervenir en el procedimiento como tercero coadyuvante del actor o del demandado.

ARTíCULO 44º: Demanda. La acción de amparo se interpone por escrito, el que debe contener:
1. Nombre, apellido, nacionalidad y domicilio real y constituido y, en su caso, del accionante o personerí­a invocada suficientemente justificada.
2. La individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión impugnados o de quien hubiere ordenado la restricción.
3. La relación circunstanciada, con la mayor claridad posible, de los hechos, actos u omisiones que han producido o que estén en ví­as de producir la lesión que motiva el amparo.
4. La petición formulada en términos claros y precisos.

ARTíCULO 45º: Prueba. Con el escrito de la demanda, debe ofrecerse toda la prueba y acompañarse la documental que se disponga. En caso contrario, se la individualizará expresando su contenido y el lugar donde se encuentre.
El número de testigos no puede exceder de cinco (5) por cada parte, siendo carga de éstas hacerlos comparecer a su costa a declarar, sin perjuicio de requerir el uso de la fuerza pública en caso de necesidad.
Sólo se admite la prueba de absolución de posiciones cuando la acción se promueva contra particulares, en cuyo caso debe acompañarse el pliego con el escrito de demanda.

ARTíCULO 46º: Competencia. Es competente el Juez de Primera Instancia de Distrito con competencia en la materia traí­da a litigio y con jurisdicción en el lugar en que el acto lesivo tenga, pueda o deba tener efecto a opción del actor.
Se observan en lo pertinente las normas de competencia por razón de turno, salvo en los casos de imposibilidad material o urgencia, o cuando hubiera duda razonable, en cuyo caso el Juez requerido conocerá de la demanda.
Cuando un mismo acto lesivo afecte a varias personas, entenderá en todos los casos el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose en su caso la acumulación de autos.

ARTíCULO 47º: Informe contestación. Cuando el Juez considere que la acción es formalmente procedente, dará inmediato traslado de la demanda al accionado, el que deberá presentar un informe circunstanciado, contestando la demanda si así­ lo desea, en el plazo que se le fije, en razón de las particularidades del caso, que no podrá exceder de las setenta y dos (72) horas.
El requerido debe cumplir con la carga de ofrecer la prueba al contestar la demanda en la forma establecida para el accionante. Al ordenarse el informe, el Juez puede pedir el expediente administrativo o la documentación en que consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar estas piezas acarrea responsabilidad por desobediencia.
La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso.

ARTíCULO 48º: Producción de la prueba. Si del informe contestación surgen hechos controvertidos o de demostración necesaria, y existe prueba ofrecida a producir o la realización de medidas para mejor proveer, el Juez ordena de inmediato su producción, la que debe concluirse dentro de los tres (3) dí­as con recepción de las pruebas indispensables, pudiéndose fijar un plazo mayor según la naturaleza y circunstancias del caso.
Si el Juez lo considera necesario y su celebración no cause gravamen irreparable a la situación del afectado, dentro de ese mismo plazo, y por auto fundado, puede convocar a una Audiencia donde deben concurrir las partes intervinientes, por sí­ o por apoderado, para ser oí­das, de todo lo cual se levanta acta.
Si no comparece el accionante se lo tiene por desistido, ordenándose el archivo de las actuaciones con imposición de costas. Si no lo hiciera el accionado, pasan los autos para sentencia.
Cumplidas estas actuaciones, el Juez de inmediato dicta sentencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

ARTíCULO 49º: Sentencia. La sentencia debe contener, además de la firma del juez:
1. Lugar, dí­a y hora de su emisión.
2. Identidad del agraviado y mención concreta de la autoridad o el particular del cual emana la acción u omisión denunciados como lesivos.
3. Fundamentos de la decisión.
4. Parte resolutiva expresando claramente el acogimiento o rechazo del amparo, y determinación precisa de los actos a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución, y, en su caso, el plazo fijado para su cumplimiento.
5. Las costas y sanciones que pudieren corresponder.

ARTíCULO 50º: Efectos. La sentencia que concede el amparo declara ilegí­tima la acción u omisión que dio lugar a la acción, y ordena que se cumpla lo dispuesto por el Tribunal dentro del término que el propio fallo señale, según corresponda en cada caso.
El Juez establecerá además los restantes efectos de la sentencia para el caso concreto.

ARTíCULO 51º: Sustracción de materia. Si al tiempo de hacerse lugar el amparo han cesado los efectos del acto reclamado, o éste se ha consumado en forma que no sea posible restablecer al perjudicado en el goce de su derecho o libertad conculcados, la sentencia previene al agraviante que no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los que dieron mérito para acoger la acción, y que si procede de modo contrario, desobedece la orden judicial con las consecuencias que de ello deriva.
Si estando en curso la tramitación de un amparo, se dicta resolución administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se acoge la acción únicamente a efectos de determinar la imposición de costas.

ARTíCULO 52º: Rechazo de la acción. El rechazo del amparo no prejuzga sobre la responsabilidad administrativa, civil o penal en que haya podido incurrir el autor del agravio, y el ofendido puede ejercitar o promover las acciones pertinentes.

ARTíCULO 53º: Cosa juzgada. La sentencia de amparo hace cosa juzgada sobre su objeto, pero deja subsistentes las acciones ordinarias que pudieren corresponder a cualquiera de las partes para la defensa de sus derechos.

CAPITULO III
AMPARO COLECTIVO

ARTíCULO 54º: Defensa de los derechos colectivos y sectoriales. Procederá el amparo colectivo para la defensa de los derechos de incidencia colectiva, en particular respecto de la tutela de la salud pública; la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora, y la protección del ambiente; la preservación del patrimonio cultural y de los valores estéticos, históricos, urbaní­sticos, artí­sticos, arquitectónicos, arqueológicos y paisají­sticos; la correcta comercialización de mercaderí­as a la población, la competencia leal y los derechos del consumidor y del usuario de bienes y servicios; y en general, la defensa de valores similares de la comunidad y de cualesquiera otros bienes que respondan a necesidades comunes de grupos humanos que tiendan a salvaguardar la calidad de la vida social.
El bien jurí­dico que se pretenda tutelar no necesariamente debe ser titularizado por la totalidad de los habitantes, siendo bastante la afección a un sector determinado o determinable de los mismos.

ARTíCULO 55º: Legitimación activa. Integración. Promovida la acción por cualquiera de los legitimados, se dará publicidad de la misma por edictos publicados en el diario de mayor circulación en la sede del tribunal o por cualquier otro medio de difusión que el Juez estime conveniente. La publicidad de la demanda debe contener una relación circunstanciada de los elementos de la misma en cuanto a personas, tiempo y lugar y la reproducción literal del párrafo siguiente.
Dentro del plazo de cinco (5) dí­as desde la última publicación, pueden postularse, interponiendo la demanda respectiva, las agrupaciones privadas de defensa que invoquen mejor derecho para obrar como legitimado activo; asimismo pueden los sujetos singularmente damnificados acumular su pretensión a la acción colectiva, unificando personerí­a en representante de la agrupación legitimada.

ARTíCULO 56º: Legitimación pasiva. Son sujetos pasivos de las acciones previstas en la presente ley:
1. Las personas de fí­sicas o jurí­dicas de derecho privado que realicen en forma directa o a través de los que están bajo su dependencia, los hechos u omisiones lesivos; y quienes se sirvan o tengan a su cuidado las cosas o actividades, que generen la privación, perturbación o amenaza de los derechos colectivos.
2. El Estado y demás personas jurí­dicas públicas, cuando asumen la calidad prevista en el inciso precedente, o cuando los recaudos exigidos para la autorización de la actividad privada o en la medidas adoptadas para el control de su adecuada ejecución, obra en ejercicio manifiestamente insuficiente o ineficaz de sus atribuciones, tendientes a la prevención de los eventos dañosos para los derechos colectivos.

ARTíCULO 57º: Improcedencia. Los sujetos responsables sólo pueden repeler estas acciones cuando acrediten que el daño o amenaza al interés colectivo es consecuencia del hecho de un tercero por el que no debe responder, o de la culpa grave de la ví­ctima, o de un caso fortuito o de fuerza mayor que son extraños a las cosas o actividades por las que se les atribuye el menoscabo.
En los casos previstos en el inciso 1 del artí­culo anterior la responsabilidad de los sujetos no queda exonerada por la circunstancia de mediar autorización administrativa para el ejercicio de la actividad o el empleo de las cosas que generan la privación, perturbación o amenaza de los derechos colectivos.

ARTíCULO 58º: Procedimiento. Se aplicarán las reglas relativas al amparo individual en todo lo que no sea incompatible con la naturaleza de esta acción y la celeridad del trámite, a cuyo efecto el juez podrá adecuar el procedimiento según tales pautas rectoras.
El Juez intentará conciliar a las partes en el momento procesal que lo crea oportuno, pudiendo citarlas a una instancia obligatoria de conciliación de los intereses en conflicto.

CAPíTULO IV
HABEAS DATA

ARTíCULO 59º: Objeto. Por ví­a de esta acción se podrá demandar la plena vigencia de:
1) el derecho a la protección de los datos de carácter personal;
2) el derecho de réplica;
3) el derecho de acceso a la información pública.

ARTíCULO 60º: Trámite. Cuando la acción de hábeas data tenga por objeto ejercer el derecho de acceso a datos de carácter personal, se sujetará al procedimiento que a continuación se establecen, y subsidiariamente por las reglas del presente código en lo referente al amparo individual o colectivo, según la naturaleza y caracterí­sticas de la acción incoada, en todo aquello que no neutralice o disminuya el carácter expedito, rápido y tuitivo de la acción.

ARTíCULO 61º: Procedencia. La acción de hábeas data en tutela del derecho a la protección de los datos de carácter personal procederá: a) para tomar conocimiento de los datos, de su finalidad, de la forma en que se encuentran tratados, del autor de los mismos, y de las transferencias que se hubieren realizado, cuando éstos se encuentren almacenados en archivos, registros, bases o bancos públicos de datos, o en los privados que excedan del uso exclusivamente personal;
b) para operar sobre los datos o sobre los sistemas de información en los casos en que se acredite el tratamiento ilegal o arbitrario de aquellos.

ARTíCULO 62º: Legitimación activa. La acción de hábeas data podrá ser interpuesta por los legitimados en el art. 11; por los sucesores universales de las personas fí­sicas, y por sus herederos en lí­nea directa o colateral hasta el segundo grado.

ARTíCULO 63º: Legitimación pasiva. La acción procederá respecto de los tratantes de datos de carácter personal cuyo sistema de información exceda del uso exclusivamente personal.

ARTíCULO 64º: Competencia. Será competente para entender en esta acción el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.
Procederá la competencia provincial: a) cuando la demanda no se interponga contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales, y b) cuando los sistemas de información no se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales.

ARTíCULO 65º: Requisitos de la demanda. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el sistema de información sobre el que se pretende operar, y, en su caso, el nombre de su responsable.
En el caso de los sistemas públicos de información, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.
El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta lesiva, y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la ley 25.326.

ARTíCULO 66º: Trámite. Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o banco de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.
El plazo para contestar el informe será fijado prudencialmente por el juez tratando de no exceder de cinco dí­as hábiles.

ARTíCULO 67º: Excepciones al derecho de acceso. Los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que se les requiere salvo el caso en que se afecten las fuentes de información periodí­stica.
Cuando un archivo, registro o banco de datos público se oponga a la remisión del informe solicitado con invocación de las excepciones al derecho de acceso, rectificación o supresión, autorizadas por la ley, deberá acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal. En tales casos, el juez podrá tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad.

ARTíCULO 68º: Medidas cautelares especí­ficas. El afectado podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.
Cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate, el Juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio.

ARTíCULO 69º: Contestación del informe. Al contestar el informe, el archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de conformidad a lo establecido en los artí­culos 13 a 15 de la ley 25.326.

ARTíCULO 70º: Ampliación de la demanda. Contestado el informe, el actor podrá, en el término de tres dí­as, ampliar el objeto de la demanda solicitando se realicen las operaciones sobre los datos o sobre los sistemas de información que considere pertinentes, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se dará traslado al demandado por el término de tres dí­as.

ARTíCULO 71º: Sentencia. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y en el caso de ampliación, luego de contestada ésta, y habiendo sido producida en su caso la prueba, el juez dictará sentencia.
En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser modificada, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante.

ARTíCULO 72º: Modalidades del hábeas data de acceso a la información pública y el hábeas data réplica. Cuando la acción fuera promovida en virtud del ejercicio del derecho de acceso a la información pública o del derecho de réplica o del, el juez adecuará el trámite previamente establecido a las circunstancias del caso, considerando las similitudes existentes en el primer caso con la primera fase del hábeas data, y en el segundo, con la fase ulterior.

CAPITULO V
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

ARTíCULO 73º: Objeto. La acción mere declarativa de inconstitucionalidad puede deducirse a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad, con relación a la Constitución nacional o a la de la provincia, de todo o parte de cualquier norma de inferior rango, a fin de hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad de una relación jurí­dica, cuando aquella pueda producir un perjuicio o lesión al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.

ARTíCULO 74º: Procedimiento. La acción declarativa de inconstitucionalidad se sustancia de acuerdo al procedimiento que a continuación se detalla, y supletoriamente a través de las disposiciones del proceso sumario previsto en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.
La demanda debe interponerse dentro del plazo de sesenta (60) dí­as corridos a contar desde la publicación oficial de la norma cuestionada, o desde la notificación o conocimiento fehacientes del acto que implique una aplicación de la misma respecto del afectado. La caducidad del plazo no impide la articulación de la cuestión constitucional por ví­a de excepción, si en atención a las circunstancias del caso, correspondiere.
Si lo cuestionado es una norma o acto administrativo provincial, municipal o comunal, debe darse traslado de la demanda a la Provincia, a la Municipalidad o Comuna o al ente que los produjo según corresponda. En todos los casos se dará intervención al Ministerio Público.
En caso que la norma o acto cuestionado proteja los derechos o intereses de alguna categorí­a de personas, el Tribunal deberá integrar la litis con las entidades representativas de las mismas.
Si la sentencia resuelve que la norma o el acto en cuestión es inconstitucional, éste no es aplicable a la actora ni a sus representados, cuando ésta fuera una institución intermedia con personerí­a jurí­dica cuyos estatutos contemplen tal representación.
Si el proceso es iniciado con base en representación colectiva de toda la población, la norma provincial, municipal o comunal queda derogada por efecto de la sentencia, cuando tal declaración es realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Si la norma es nacional, en adelante no se aplicará en la provincia.
7. Si el proceso es iniciado en representación de una clase determinada o determinable de personas, los efectos de la sentencia alcanzarán a todos los integrantes de la clase.

TITULO III
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

ARTíCULO 75º: Procedencia. Procederá el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra las sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto, y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación, en los siguientes casos:
1º) Cuando se hubiere cuestionado la congruencia con la Constitución de la Provincia de una norma de jerarquí­a inferior y la decisión haya sido favorable a la validez de ésta.
2º) Cuando se hubiere cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución de la Provincia y la decisión haya sido contraria al derecho o garantí­a fundado en él; y
3º) Cuando las sentencias o autos interlocutorios mencionados no reunieren las condiciones mí­nimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.
El recurso no procederá si la decisión del litigio no dependiere de la cuestión constitucional planteada, ni tampoco si ésta, siendo posible, no se hubiere oportunamente propuesto y mantenido en todas las instancias del proceso.

ARTíCULO 76º: Competencia. El recurso se interpondrá ante el tribunal que dictó la resolución definitiva dentro de los diez dí­as de la notificación de ésta. Ni el recurso de aclaratoria de sentencia, ni otro alguno inadmisible que se dedujere contra ella, interrumpirá el plazo mencionado.

ARTíCULO 77º: Formalidades de la presentación. En el escrito de interposición del recurso se expondrá separadamente con claridad y precisión:
1º) Sobre la admisibilidad del recurso, en demostración de la concurrencia en el caso de los requisitos formales necesarios; y
2º) Sobre la procedencia del recurso, en demostración de los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional planteada. Para cumplir este requisito, el escrito deberá bastarse a sí­ mismo. Se acompañará copia del escrito de interposición del recurso.

ARTíCULO 78º: Traslado. Del escrito de interposición del recurso, y con la copia presentada por el recurrente, se correrá traslado por diez dí­as a la contraparte en el juicio, a fin de que se expida sobre la admisibilidad y la procedencia del recurso, siguiendo el modo y orden de exposición señalados al primero.

ARTíCULO 79º: Constitución de domicilios. Si el tribunal que dictó la resolución impugnada no tuviere su asiento en la ciudad de Santa Fe ni en la de Rosario, tanto el recurrente en el escrito de interposición del recurso como la contraparte en el escrito de evacuación de su traslado, constituirán nuevo domicilio legal en cualquiera de ambas ciudades; en su defecto, se los tendrán por notificados de toda resolución, desde su fecha, en la secretarí­a de la Corte Suprema.

ARTíCULO 80º: Examen de admisibilidad. Evacuando el traslado del artí­culo 4, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal se expedirá dentro de los diez dí­as sobre la admisibilidad del recurso y lo concederá o denegará.

ARTíCULO 81º: Elevación a la Corte Suprema. Intervención del Procurador. Concedido el recurso, se elevará el expediente a la Corte Suprema, la cual correrá vista por nueve dí­as al Procurador General para que dictamine sobre la admisibilidad del recurso.
Evacuada la vista, se dictará la providencia de autos, sin perjuicio de las medidas para mejor proveer que disponga el tribunal.

ARTíCULO 82º: Denegación del recurso. Queja. Si el Tribunal denegare el recurso, el recurrente podrá presentarse en queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo su concesión, en cuyo caso se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 356, 357 y 358 del Código Procesal Civil y Comercial. La queja deberá fundarse en relación a los fundamentos del auto denegatorio.
El Tribunal desestimará la queja interpuesta si no satisface los requisitos formales establecidos, y si éstos estuvieren cumplidos, su decisión se ajustará a lo dispuesto en el art. 358 del Código Procesal Civil y Comercial.
El escrito de recurso de queja podrá también ser presentado en la Mesa de Entradas de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Rosario, en los plazos del art. 356 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, constituyendo domicilio legal en la ciudad de Rosario.

ARTíCULO 83º: Efectos de la interposición del recurso. La interposición del recurso, aun por ví­a de queja, suspende la ejecución de la decisión impugnada. No obstante, en caso de urgencia, podrá solicitarse su cumplimiento ante el juzgado respectivo si, además, fuese confirmatoria de la primera instancia y se prestase caución bastante para responder por lo que importase restituir las cosas a su estado anterior en el supuesto de prosperar el recurso. A este efecto, y a solicitud del interesado, la Corte expedirá las copias necesarias.

ARTíCULO 84º: Sentencia. Cada Ministro de la Corte Suprema tendrá cinco dí­as para el estudio de la causa, salvo que acordasen todos realizar su estudio simultáneo.
Concluido el estudio, se señalará acuerdo para dictar sentencia dentro de un plazo no mayor de diez dí­as.

ARTíCULO 85º: Contenido de la sentencia. El tribunal dictará sentencia en acuerdo privado, en el que se fijarán las cuestiones a resolver y se emitan votos en el orden en que sus miembros estudiaron la causa, o en el que resultare de un sorteo en el mismo acto si el estudio fue simultáneo. La primera cuestión versará, necesariamente, sobre la admisibilidad del recurso.

ARTíCULO 86º: Efectos de la sentencia. Costas. Cuando la Corte Suprema juzgare inadmisible el recurso, así­ lo declarará, con costas al recurrente.
Cuando estimare procedente el recurso en los casos 1º y 2º del artí­culo 1, revocará la resolución recurrida en cuanto ha sido materia del recurso y devolverá los autos al tribunal de origen para que se pronuncie nuevamente de conformidad con la doctrina constitucional aceptada y aplicará las costas al vencido; en su defecto, confirmará la resolución en recurso, con costas al recurrente.
En el caso 3º del artí­culo 1º, si estimare procedente el recurso, anulará la sentencia impugnada y remitirá la causa a otro juez o tribunal para que sea nuevamente juzgada, e impondrá las costas al vencido; en su defecto, desestimará el recurso, con costas al recurrente.

TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTíCULO 87º: Derogaciones. Deróganse las siguientes disposiciones legales:
1. La ley 7055 y sus modificatorias;
2. La ley 10.000 y sus modificatorias;
3. La ley 10.456 y sus modificatorias;
4. El Capí­tulo IV del Código de Procedimientos en lo Penal de la Provincia;

ARTíCULO 88º: Vigencia. Esta ley rige a los noventa dí­as de su publicación en el Boletí­n Oficial, y sus disposiciones se aplicarán a los juicios pendientes, con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o comenzado su curso, los cuales se regirán por las leyes anteriores.
El juez de la causa valorará la incidencia de las modificaciones introducidas por la presente que pudieran alterar el resultado previsible del pleito de conformidad con el marco jurí­dico aplicable con anterioridad a la entrada de vigencia de esta ley, a fin de distribuir equitativamente las costas.

ARTíCULO 89º: Comuní­quese al Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE:

Nuestra legislación en materia de protección jurisdiccional de los derechos constitucionales se encuentra completamente disgregada en leyes temporal y conceptualmente incompatibles entre sí­ (en especial, las leyes 7055, 10.000, 10.456 y el Código Procesal Penal) y además se exhibe totalmente desactualizada, en especial porque no se ha producido adecuación alguna a las exigencias emanadas del art. 43 de la Constitución nacional, incorporado en 1994.
Para cumplir con tal exigencia ello, la Provincia de Santa Fe debe dictar una norma única que reúna a todos los procesos constitucionales y les de coherencia.
Por tal motivo, se promueve el dictado de un Código Procesal Constitucional, que venga a llenar ese vací­o de una manera integral y coherente y paralelamente resuelva los graves problemas de aplicación existentes respecto de las antiguas y superadas normas vigentes en la materia.
Por lo expuesto, se solicita a las Sras. y Sres. Diputados el acompañamiento de la presente iniciativa.

Lic. MARCELO LUIS GASTALDI
DIPUTADO PROVINCIAL PJ


Santa Fe. Proyecto de ley de adhesión a la ley nacional de protección de datos personales

Posted: octubre 13th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Habeas Data, Proyecto de Ley | No Comments »

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTíCULO 1º:
Objeto. La presente Ley tiene por objeto brindar efectiva vigencia a los derechos humanos amparados por el art. 43 de la Constitución nacional y la “ley de protección de datos personales 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326, y asimismo propender a la adecuación de la estructura jurí­dica y administrativa de la Provincia a los requerimientos emanados de dichas normas.

ARTíCULO 2º:
Adhesión. Adhiérese a la ley nacional de protección de datos personales “25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326, de conformidad con lo prescripto en su art. 44 y con relación a normas en ella contenidas que no son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional; en concreto respecto de los arts. 30 (códigos de conducta), y 31 (sanciones administrativas).

ARTíCULO 3º:
Autoridad de Aplicación. 1. Desí­gnase como Autoridad de Aplicación de la presente Ley a la -Contralorí­a General de Protección de datos personales-, la que se instituye como órgano de control extra poderes y la que será dotada de las atribuciones necesarias a fin de cumplir con los objetivos declarados en la ley nacional nº 25.326 y la presente.
2. La Contralorí­a gozará de autonomí­a funcional, tendrá la integración que determine la reglamentación, y será dirigida y administrada por un funcionario designado por el término de cuatro (4) años, por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.
3. El titular de la Contralorí­a, que será seleccionado por concurso público entre personas con antecedentes en la materia, tendrá dedicación exclusiva en su función, encontrándose alcanzado por las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos y sólo podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara por mal desempeño de sus funciones.

ARTíCULO 4º:
Funciones. Corresponde a la Contralorí­a, además de las funciones que le adicione la reglamentación:
1. Realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley, en especial respecto de las bases y bancos de datos del sector público creados en la provincia, con excepción de los nacionales, y de los privados que excedan del uso estrictamente personal y no estén interconectados en redes interjurisdiccionales nacionales o internacionales.
2. Actuar en coordinación con el órgano de control designado por “la ley 25.326″::http://www.habeasdata.org/ley25326, en especial respecto de los bancos de datos públicos nacionales y de los privados interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales, pudiendo a tal efecto integrar la redes federales o internacionales de Protección de datos personales en cuanto fuera necesario para dar vigencia efectiva a los derechos comprometidos en el tratamiento de datos personales.
3. Establecer los requisitos y procedimientos que deberán cumplimentar los archivos, registros, bases o bancos de datos personales alcanzados por la ley 25.326 que estén fuera de la jurisdicción del órgano de control creado por aquella, y autorizar y habilitar su creación, uso y funcionamiento.
4. Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley.
5. Realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos, el que será de acceso gratuito por los interesados.
6. Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los sistemas de información alcanzados por la ley. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones.
7. Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos personales que se le requieran. En estos casos, la autoridad deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información y elementos suministrados.
8. Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la ley 25.326, de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en consecuencia de ellas, en los casos en que los titulares, usuarios o encargados del tratamiento en los casos de los archivos, registros, bases o bancos de datos no alcanzados por la “ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326, incurrieran en las infracciones descriptas en el art. 31 de aquélla, en concreto los sistemas de información de titularidad privada no interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales, y los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Provincia de Santa Fe, entendiéndose por éstos a todos los de titularidad provincial, municipal o comunal, ya sea que pertenezcan a la administración central, descentralizada, de entes autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economí­a mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la provincia de Santa Fe, sus municipios o comunas tengan participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, pertenezcan al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, o a cualquiera de los demás órganos establecidos por la Constitución provincial.
9. Establecer los casos en que existe nivel de protección adecuado a los fines de la transferencia interjurisdiccional de datos personales.
10. Homologar los códigos de conducta que se presenten a su aprobación.
11. Formular advertencias, recomendaciones, recordatorios y propuestas a los responsables, usuarios y encargados de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público y privado.
12. Proponer la iniciación de procedimientos disciplinarios contra quien estime responsable de la comisión de infracciones al régimen de protección de datos personales.
13. Elaborar informes sobre los proyectos de Ley de la Legislatura provincial que de alguna forma tengan impacto en el derecho a la protección de los datos personales.
14. Elevar un informe anual a la Legislatura sobre el desarrollo de la protección de los datos personales en la Provincia de Santa Fe.
15. Recibir denuncias sobre violaciones a la presente ley o a la “ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326, tramitándolas en su seno o derivándolas al órgano competente.
16. Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de las normas sobre protección de datos personales y de los medios legales de que disponen para la defensa de sus derechos.
17. Formular denuncias y reclamos judiciales por sí­, cuando tuviere conocimiento de manifiestos incumplimientos respecto de las reglas de tratamiento de datos personales por parte de los sujetos obligados a su observancia.
18. Articular la acción de hábeas data respecto del tratamiento de masivo de datos personales en contravención de las reglas vigentes al respecto.
19. Desarrollar cuantas otras funciones le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.

ARTíCULO 5º:
Transferencia interprovincial. 1. Es prohibida la transferencia de datos personales a cualquier provincia o municipio cuya administración pública no proporcione niveles de protección adecuados a los establecidos por la Ley Nacional 25.326 y la presente ley.
2. La prohibición no regirá en los supuestos de colaboración judicial interjurisdiccional y en los previstos en el art. 12 de la ley 25.326.

ARTICULO 6º:
Acción de hábeas data. Por ví­a de esta acción se podrá demandar la plena vigencia del derecho a la protección de los datos de carácter personal, la que procederá:
a) para tomar conocimiento de los datos, de su finalidad, de la forma en que se encuentran tratados, del autor de los mismos, y de las transferencias que se hubieren realizado, cuando éstos se encuentren almacenados en archivos, registros, bases o bancos públicos de datos, o en los privados que excedan del uso exclusivamente personal;
b) para operar sobre los datos o sobre los sistemas de información en los casos en que se acredite el tratamiento ilegal o arbitrario de aquellos, de conformidad con lo dispuesto en los artí­culos siguientes.

ARTICULO 7º:
Procedimiento. La acción de hábeas data se sujetará al procedimiento que a continuación se establece, y se regirá subsidiariamente por las reglas referentes al amparo individual o, en su caso, el colectivo, según la naturaleza y caracterí­sticas de la acción incoada, en todo aquello que no neutralice o disminuya el carácter expedito, rápido y tuitivo de la acción.

ARTICULO 8º:
Legitimación activa. La acción de hábeas data podrá ser interpuesta por el afectado, de manera individual o en representación sectorial o colectiva; el Defensor del Pueblo; el titular de la Contralorí­a; el Ministerio Público; las asociaciones sectoriales entre cuyas finalidades estatutarias se incluya la defensa de los derechos que se pretendan tutelar con la demanda, y las organizaciones no gubernamentales destinadas a los fines especí­ficos por cuya tutela se demande.
En el caso de personas fallecidas o ausentes, podrá ser incoada por los sucesores universales de las personas fí­sicas, y por sus herederos en lí­nea directa o colateral hasta el segundo grado.

ARTICULO 9º:
Legitimación pasiva. La acción procederá respecto de los tratantes de datos de carácter personal cuyo sistema de información exceda del uso exclusivamente personal.

ARTICULO 10:
Competencia. Será competente para entender en esta acción el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.
Procederá la competencia provincial: a) cuando la demanda no se interponga contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales, y b) cuando los sistemas de información no se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales.

ARTICULO 11:
Requisitos de la demanda. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el sistema de información sobre el que se pretende operar, y, en su caso, el nombre de su responsable.
En el caso de los sistemas públicos de información, se procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.
El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta lesiva, y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la ley 25.326.

ARTICULO 12:
Trámite. Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o banco de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.
El plazo para contestar el informe será fijado prudencialmente por el juez tratando de no exceder de cinco dí­as hábiles.

ARTICULO 13º:
Excepciones al derecho de acceso. Los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que se les requiere salvo el caso en que se afecten las fuentes de información periodí­stica.
Cuando un archivo, registro o banco de datos público se oponga a la remisión del informe solicitado con invocación de las excepciones al derecho de acceso, rectificación o supresión, autorizadas por la ley, deberá acreditar los extremos que hacen aplicable la excepción legal. En tales casos, el juez podrá tomar conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad.

ARTICULO 14:
Medidas cautelares especí­ficas. El afectado podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.
Cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se trate, el Juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio.

ARTICULO 15:
Contestación del informe. Al contestar el informe, el archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de conformidad a lo establecido en los artí­culos 13 a 15 de la ley 25.326.

ARTICULO 16:
Ampliación de la demanda. Contestado el informe, el actor podrá, en el término de tres dí­as, ampliar el objeto de la demanda solicitando se realicen las operaciones sobre los datos o sobre los sistemas de información que considere pertinentes, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se dará traslado al demandado por el término de tres dí­as.

ARTICULO 17:
Sentencia. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y en el supuesto ampliación, luego de contestada ésta, y habiendo sido producida en su caso la prueba, el juez dictará sentencia.
En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser modificada, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante.

ARTICULO 18:
Reglamentación. La presente Ley deberá ser reglamentada dentro de los noventa (90) dí­as a contar desde su sanción.

ARTICULO 19:
Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia desde el dí­a de su publicación en el Boletí­n Oficial de la Provincia.

ARTICULO 20:
Disposiciones Finales. Autorí­zase al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto para el ejercicio vigente las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para el cumplimiento de la presente Ley.

ARTICULO 21:
Comuní­quese al Poder Ejecutivo.

Señor Presidente:

Como consecuencia de la reglamentación del art. 43 de la Constitución nacional, realizada por la ley 25.326 (de protección de datos personales), existen a la fecha normas de aplicación obligatoria en las provincias (art. 44, párr. 1* °) y otras a las que éstas deben adherir (art. 44, párr. 2* °), a fin de que las reglas pergeñadas por el constituyente y el legislador nacional tengan aplicación efectiva en todo el territorio nacional.
Para ello, la Provincia de Santa Fe debe dictar una serie de normas, en especial respecto de los mecanismos de control que deben llevarse a cabo, tanto en la esfera administrativa, como en la judicial, lo que requiere, por un lado, de la creación de un órgano de control con fuerte independencia del Poder Ejecutivo (que sin embargo interviene en su designación) y, por el otro, de la adecuación de las reglas procesales vigentes, en concreto a través de la creación de la figura del hábeas data, ausente en nuestra legislación provincial pese a su incorporación, desde hace más de una década, en el art. 43 de la Constitución nacional.
Por tal motivo, se promueve la adhesión, del modo que se propone en este proyecto, a la mayorí­a de las normas emanadas de la ley 25.326 que no son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y que no presentan incompatibilidad alguna con la legislación local, creando entonces la Contralorí­a de Datos Personales e incorporando legislativamente la figura de la acción de hábeas data, con perfiles similares al establecido en el plano nacional.
Por lo expuesto, se solicita a las Sras. y Sres. Diputados el acompañamiento de la presente iniciativa.

Lic. MARCELO LUIS GASTALDI
DIPUTADO PROVINCIAL PJ


Presentan proyecto para un registro “no llame” en Santa Fe

Posted: octubre 12th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Marketing, Proyecto de Ley | No Comments »

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y

Artí­culo 1º.- Objeto. La presente ley establece un sistema de protección para los usuarios de servicios telefónicos contra los abusos en los procedimientos de contacto, promoción, publicidad y venta de bienes o servicios a través del servicio telefónico.

Artí­culo 2º.- Definiciones. Se entiende por:

- -Telemarketing-: la actividad de promoción y/o venta de bienes o servicios a potenciales consumidores mediante comunicaciones telefónicas no solicitadas.

- “Call Centers”: las organizaciones, unidades o dependencias de organizaciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que reciban o realicen llamadas a usuarios de servicios telefónicos, con cualquier objeto o finalidad.

Artí­culo 3º.- Prohibición de llamadas inconsentidas. Se prohibe realizar actividades de telemarketing en el ámbito de la Provincia respecto de las personas que así­ lo manifiesten a través de su inscripción en el Registro -No Llame- creado por esta ley, salvo que manifestaran su requerimiento expreso e inequí­voco para cada caso particular, por medio escrito u otro equiparable, de acuerdo a las circunstancias.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artí­culo acarreará la aplicación de las sanciones establecidas en la presente.

Artí­culo 4º.- Registro -No Llame-. Créase el Registro -No Llame”, donde podrán inscribirse todos los usuarios de servicios telefónicos que manifiesten su voluntad de no ser objeto de telemarketing.

La reglamentación establecerá mecanismos telemáticos de consulta por parte de los responsables del telemarketing, así­ como medios eficaces, rápidos y sencillos, por ví­a informática, telefónica y/o postal de inscripción y baja en el registro.

La inscripción en el registro será gratuita y subsistirá mientras el interesado no manifieste su voluntad en contrario. La Autoridad de Aplicación incorporará al solicitante dentro del banco de datos respectivo dentro de las veinticuatro horas de formulada la solicitud.

Artí­culo 5º.- Autoridad de Aplicación. Desí­gnase como Autoridad de Aplicación de la presente ley a la Dirección de Comercio Interior, dependiente de la Secretarí­a de Industria, Comercio y Servicios, del Ministerio de la Producción de la Provincia, u organismo que lo reemplace.

Corresponde a la Autoridad de Aplicación:

a) Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley;

b) Llevar el registro a que se refiere esta ley, el que deberá estar a disposición de los interesados por medios telemáticos.

c) Controlar la observancia de las normas, a cuyo efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, documentación, equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley;

d) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionarla de inmediato.

e) Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia;

f) Crear un registro de infractores, de acceso público y gratuito, donde se publicarán las sanciones que aplique a quienes infrinjan las disposiciones de la presente.

g) Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente y de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza.

Artí­culo 6º.- Comuní­quese al Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE:

En los últimos años se ha acrecentado geométricamente el funcionamiento de los Centros de Llamadas o Call Centers, constituyéndose en una herramienta poderosa para las empresas que pretenden incrementar la eficacia del contacto y la administración de sus clientes, potenciales clientes, y proveedores.

Especialmente a partir de las consecuencias de la fuerte devaluación operada en 2002, empresas multinacionales establecieron en Argentina Centros de Llamados de alcance internacional, favorecidas especialmente por la disponibilidad de mano de obra capacitada y barata.

Si bien el telemárketing es una actividad legal y legí­tima, por constituir una herramienta empresarial excelente para promocionar el comercio, ello no implica que por ello se pueda invadir la privacidad y causar molestias a los usuarios de servicios telefónicos, afectando sus derechos como consumidor, los cuales encuentran una protección reducida en el plano federal.

En efecto, pese a la tutela emergente del art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, prácticamente no se refiere al telemárketing, salvo en su art. 35, donde prohí­be “la realización de propuestas al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”.

Inclusive, la posterior Ley de Protección de los Datos Personales, 25.326, su art. 27 (referido a los archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad), establece que en la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento.

Pero además ordena que el titular de los datos -podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artí­culo.-

Y en su reglamentación por decreto 1558/01 se expresa que -En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información.-

Conforme a este marco normativo, en definitiva, la obligación de realizar gestiones recae en el usuario de servicio telefónico, quien debe solicitar cada vez que sea molestado que se lo elimine de los listados, y la mayorí­a de las veces por desconocimiento ello no ocurre y en consecuencia la privacidad y tranquilidad resulta finalmente invadida.

Para conjugar esta actividad legí­tima, pero evitar estas situaciones invasivas y muchas veces irritantes, en los Estados Unidos se ha creado el “National Do Not Call Registry”, lo que traducido literalmente significa “Registro Nacional No Llamar”, que pone a disposición del ciudadano común la posibilidad de enrolarse en un listado único al que deberán obligatoria y previamente consultar quienes pretendan realizar telemárketing, encontrándose prohibido para ellos llamar a quienes se incorporen a esos listados.

Es así­ sumamente útil que se centralice en un solo registro nuestra manifestación de voluntad en el sentido de no ser molestados con llamadas inconsultas, y de ello es demostrativo que en los Estados Unidos, según datos públicos, se registran 108 pedidos de inscripción por segundo, y el registro contaba en abril de 2004 con sesenta millones de inscriptos.

Al analizar el impacto de la creación de este tipo de registros en los Estados Unidos, afirma Palazzi: -El sistema de do not call list para teléfonos en Estados Unidos fue todo un éxito. El 1* ° de julio de 2003 el registro tení­a anotados 15.3 millones de usuarios . Para el mes de agosto del mismo año la cantidad de anotados voluntariamente habí­a doblado a treinta millones de personas. En septiembre de 2003 el registro superó los cincuenta millones de personas anotadas para no recibir llamados molestos.

-En sintesis, parece que son muchas las personas que muestran interés en no recibir llamados de esta clase y se toman la molestia de anotarse en un registro para evitarlas.

-Por otra parte hay que resaltar que el sistema funciona a la perfección en Estados Unidos y es altamente eficiente (un claro y simple sistema a imitar en la regulación que el Gobierno de la Ciudad debe elaborar ahora: ver www.donotcall.gov, versión en castellano, y el FAQ disponibles en el sitio de la FTC).

-En Estados Unidos las sanciones pecuniarias son altas y disuasivas como lo demuestran los siguientes casos: Debt Management Telemarketers, multa de 1 millón de dólares; Discount Health Card Seller, entre 300.000 y 50.000 dólares; Book Club, con multa de 680.000 dólares (ésta última habí­a llamado a cerca de 100.000 consumidores que se habí­an anotado en el “registro no llame”) y DirecTV, (5,3 millones de dólares)-¦

-En 2005, una empresa fue sancionada por la Dirección de Protección de Datos personales con una una altí­sima multa por no haber respetado los pedidos de usuarios de no recibir llamados con ofertas comerciales, por violación al art. 27 de la ley de protección de datos personales, que prevé la facultad del interesado de pedir la remoción, retiro o bloqueo del dato personal de la base de datos para no seguir recibiendo llamadas molestas.

-La Dirección de Protección de Datos al establecer las infracciones a la ley dictó una reglamentación que incluye como falta “No cesar en el uso ilegí­timo de los tratamientos de datos de carácter personal cuando sea requerido por el titular. Entiéndese incluida en este supuesto la negativa a retirar o bloquear el nombre y dirección de correo electrónico de los bancos de datos destinados a publicidad cuando su titular lo solicite de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artí­culo 27 de la Ley Nº 25.326″.

-Esta ley también fue aplicada recientemente en un caso de spam, que es una forma de marketing a través de internet. Se condenó a la persona que hací­a spam a cesar en el enví­o de ofertas comerciales por correo electrónico.- (Pablo Andrés Palazzi, su opinión respecto del proyecto de ley aprobado por la legislatura porteña, en www.habeasdata.org).

En consonancia, como se dijo, con la legislación más avanzada al respecto, tanto en el derecho extranjero como en el local (donde, a mera guisa de ejemplo, a fines de junio de 2006 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó un proyecto en el mismo sentido para las empresas de telemárketing asentadas en su éjido urbano), este proyecto pretende incorporar el sistema en el ámbito provincial.

Se fija como autoridad de aplicación de la ley, que tendrá a su cargo la creación del Registro, el dictado de normas de reglamentación secundaria y la aplicación de sanciones a la Aplicación de la presente ley a la Dirección de Comercio Interior, dependiente de Secretarí­a de Industria, Comercio y Servicios, a su vez integrante del Ministerio de la Producción de la Provincia ya que es la que tiene a su cargo la tutela de los derechos del consumidor, y es la encargada de de aplicar la Ley 24.240 (de Defensa del Consumidor), incluyendo sus atribuciones sancionatorias delegadas.

Por las razones expuestas, solicito a los señores Diputados el voto favorable para el presente proyecto.

Saludo a Ud. atte.


USUARIA ofrece premio a la innovación en Seguridad de la Información

Posted: octubre 11th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Noticias, Registro | No Comments »

*-Premio Segurinfo -“ Innovación 2006-*

*Objetivo:*
USUARIA (Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones), busca contribuir a la innovación en Seguridad de la Información mediante la distinción de aquellos integrantes de la comunidad que ya sea en forma individual o en equipo hayan realizado un aporte significativo a la obtención de mejoras sustantivas en la seguridad de la información.

*Condiciones de participación:*
Pueden postularse (o ser postulados) los integrantes de una organización usuaria que hayan tomado parte del proyecto objeto de la postulación.
Los profesionales independientes y/o empresas proveedoras que también hayan estado involucrados en el proyecto, podrán integrar el equipo que se postula.
No hay lí­mites respecto de la cantidad de proyectos con los que puede postularse un profesional o grupo de profesionales.
Concursar en el premio es totalmente gratuito. No podrán participar a titulo individual los miembros del Comité Académico de SEGURINFO.

*Acerca del proyecto:*
El proyecto que fundamenta la postulación deberá:
-¢ estar enfocado a soluciones innovadoras sobre problemáticas de la Seguridad de la Información;
-¢ haber sido implementado antes de la evaluación de las postulaciones.

Perí­odo de recepción de Proyectos:
Los proyectos se recibirán entre el 18 de Septiembre y el 31 de Octubre del año 2006.

*Proceso de participación:*
Para participar de esta convocatoria los interesados deberán ingresar en la página de Internet de SEGURINFO (www.segurinfo.org.ar).
Allí­ encontrarán las bases de participación y al pie de las mismas el formulario que deberán completar a tal efecto.
En el formulario los participantes deberán incluir los datos de quien presenta el proyecto o representante del equipo, indicando: Nombre y Apellido, Organización, Función, Dirección, e mail, Teléfono. Deberán adjuntarse los documentos que describen el proyecto.

*Formato de la Presentación:*
La presentación consistirá en un documento que detalle:
-¢ Objetivo del proyecto.
-¢ Amenazas y riesgos que mitiga.
-¢ Detalles sobre su desarrollo.
-¢ Beneficios obtenidos a partir de su implementación. En el caso que existieran, métricas que lo soportan
Adicionalmente se podrá incluir en formato de presentación la arquitectura del proyecto para su exposición.

*Perí­odo de evaluación de Proyectos:*
Durante el mes de Noviembre del 2006 el Comité Académico de SEGURINFO evaluará los proyectos y el 30 de Noviembre entregará el PREMIO SEGURINFO INNOVACIÓN 2006 al proyecto que haya obtenido la mejor calificación sobre los proyectos presentados.
Se entregarán menciones en el caso que el Comité Académico lo considere.
Los proyectos seleccionados serán invitados a ser expuestos por sus autores durante la realización de SEGURINFO 2007.

*Criterios para la premiación de Proyectos:*
El Comité Académico de SEGURINFO seleccionará los proyectos a premiar sobre la base de los siguientes criterios:

Originalidad: Carácter original o innovativo del proyecto.
Pertinencia: Alineación del proyecto con las estrategias de buenas prácticas en Seguridad de la Información.
Impacto medido en una o más de las siguientes dimensiones:
Fortalecimiento de la Seguridad de la información,
Optimización de recursos en cuanto a software, hardware o RRHH utilizados,
Optimización en cuanto al aprovechamiento de recursos financieros utilizados para la implementación del proyecto.
No serán tenidos en cuenta aquellos trabajos que independientemente de su calificación respecto de otros criterios estén reñidos con la ética y las buenas costumbres del ámbito profesional, a exclusivo juicio del Comité Académico de SEGURINFO.

*Aceptación de las Condiciones:*
La participación en este Concurso implica el conocimiento y aceptación de estas Condiciones, así­ como de las decisiones que adopten USUARIA y el Comité de SEGURINFO sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas. Los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno sobre las decisiones adoptadas.

En particular, USUARIA se reserva el derecho de publicar los documentos correspondientes a las presentaciones recibidas respetando la propiedad intelectual del o de los autores asumiendo el compromiso de mencionarla en todos los casos en los que sea utilizada.

*Circunstancias especiales:*
Ante circunstancias imprevistas que constituyan caso fortuito, fuerza mayor o similar que lo justifiquen, USUARIA y el Comité Académico de SEGURINFO podrán suspender, cancelar o modificar total o parcialmente el presente Concurso.

Mas información en “http://www.segurinfo.org.ar/”:http://www.segurinfo.org.ar/


Ley 572 CABA Publicacion de listado de funcionarios y sueldos en Internet

Posted: octubre 7th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Normas, Robo de identidad | No Comments »

*LEY N* ° 572*

*PUBLíQUESE EN LA INTERNET NÓMINA COMPLETA Y REMUNERACIÓN DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS*

Buenos Aires, 5 de abril de 2001.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley:

Artí­culo 1º -” Publí­quese en la Red Internet la siguiente información:
a. Nómina completa y remuneración de los legisladores; Jefe y Vicejefe de Gobierno; miembros del Tribunal Superior de Justicia; integrantes del Ministerio Público; del Consejo de la Magistratura; jueces de todas las instancias; secretarios, subsecretarios, directores generales, directores generales adjuntos y toda otra autoridad superior de los tres poderes y de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada, de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economí­a mixta y de todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y de los organismos de control previstos en el Tí­tulo Séptimo de la Constitución de la Ciudad.
b. Nómina completa del personal por orden alfabético y por repartición que preste servicios en los tres poderes de la Ciudad y en los organismos a que se refiere el inciso a) distinguiendo en los casos que corresponda los de planta permanente y los de planta transitoria, indicando nombre y apellido, número de documento de identidad, categorí­a, remuneración mensual y fecha de ingreso.
c. Nómina completa de personas jurí­dicas, con identificación de sus titulares, que presten servicios en los organismos y dependencias previstas en el inciso a), mediante la modalidad de contrato de locación de servicios o de obra, indicando razón social, nombre y apellido, número de CUIT, DNI, tipo de prestación y retribución convenida.
d. Nómina completa de las personas fí­sicas que presten servicios en los organismos y dependencias previstas en el inciso a) mediante la modalidad de contrato de locación de servicios o de obra, indicando nombre y apellido, número de CUIT, DNI, tipo de prestación y retribución convenida.
e. Presupuesto anual de gastos aprobado para los tres poderes de la ciudad, discriminado por partidas.
f. Montos actualizados en forma trimestral, de lo ejecutado y comprometido con discriminación por programa.
Artí­culo 2º -” Comuní­quese, etcétera. Enrí­quez -“ Alemany

DECRETO N* ° 549

Buenos Aires, 30 de abril de 2001.

En uso de las facultades conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 572, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de abril del corriente año. Dése al Registro; publí­quese en el Boletí­n Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gí­rese copia a la Secretarí­a Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Polí­ticos e Institucionales y remí­tase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Recursos Humanos, de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Contadurí­a.
El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Hacienda y Finanzas. IBARRA -“ Pesce