Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Fallo Superior Tribunal de Entre Rios sobre habeas data

Posted: octubre 7th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | No Comments »

///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, neuropathist Capital de la Provincia de Entre Rí­os, a los veintidós dí­as del mes de diciembre de dos mil, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente: Dr. JULIO CESAR BERLARI, Vice Presidente: Dr. JUAN CARLOS ARDOY y los señores Vocales: Dres. CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, DANIEL OMAR CARUBIA, MIGUEL A. CARLIN, GERMAN REYNALDO F. CARLOMAGNO, HIPOLITO NAIR VALES, LAURA E. BERTELLOTTI de SCHALLER y BERNARDO IGNACIO RAMON SALDUNA asistidos del Secretario autorizante, fueron traí­das para resolver las actua* ¬ciones caratuladas: *”OCTAVIANO, Ma. Noemí­ Teresita c/Compañí­a Financiera Arg. S.A. -“HABEAS DATA”*.
Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debí­a tener lugar en el siguiente orden: señores Voca* ¬les: Dres. VALES, CARLOMAGNO, SALDUNA, CARLIN, CARUBIA, CHIARA DIAZ, ARDOY, SCHALLER y BERLARI.
Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTION: * ¿Existe nulidad?
SEGUNDA CUESTION: * ¿Qué cabe decidir respecto del recurso de apelación concedido contra la sentencia de fs. 85/87 vta.?
TERCERA CUESTION: * ¿Qué cuadra resolver en materia de costas causí­dicas?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL, DR. VALES, DIJO:
Conforme a lo establecido en los arts. 16º y 31º de la Ley de Procedimiento Constitucionales Nº 8369, el recurso de apelación deducido en un proceso de amparo, de ejecución o de prohibición, conlleva el de nulidad y, en su virtud, el tribunal ad quem deberá avocarse al examen de todo lo actuado con la finalidad de constatar, subsanar o, en su caso, eliminar los vicios invalidantes que se verifiquen.
La parte actora recurrente no hace mérito de la existencia de ellos con interés de conseguir concretamente su nulificación en la presente instancia, en tanto el Ministerio Público Fiscal, expresamente se expide por su inexistencia.
Practicado, por último el examen ex officio de lo actuado, no se verifica la presencia de irregularidades que por su entidad y magnitud revistan idoneidad suficiente para justificar una declaración nulificante en esta instancia, por lo que doy respuesta negativa al planteo formulado en esta primera cuestión.
Así­ voto.
A la misma cuestión planteada, los señores Vocales, Dres. CARLOMAGNO, SALDUNA, CARLIN, CARUBIA, CHIARA DIAZ, ARDOY, SCHALLER y BERLARI, expresaron su adhesión al voto del Dr. Vales.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL, DR. VALES, DIJO:
I. La señora Jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial Nº2 de esta Capital, Dra. GRACIELA BASALDUA de TORREALDAY, rechaza la acción de habeas data deducida a fs.22/5, por la Sra. MARIA NOEMI TERESITA OCTAVIANO por derecho propio y con patrocinio de los Dres. Rafael M. Cotorruelo y Martí­n Julián Acevedo Miño, contra la empresa Compañí­a Financiera Argentina S.A., en el entendimiento de que no ha sido debidamente individualizado el sujeto legitimado pasivo de la acción que se intenta, ya que la Compañí­a Financiera aquí­ demandada, al contestar la presente demanda, manifiesta que rinde cuentas de su cartera de clientes al Banco Central de donde, agrega, pudo haber surgido la información que afectara a la aquí­ accionante; además, que dicha información pudo también haber procedido de otro banco de datos; como, asimismo, el “banco de datos” que habrí­a calificado a la actora como “cliente no confiable” pudo obtener datos de otra fuente que no sea exclusivamente la aquí­ demandada.
Considera asimismo la magistrada que la accionante podrá, en el juicio que le iniciara la demandada, Compañí­a Financiera Argentina S.A., por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº5 de esta Capital, demostrar que el crédito que se le reclama ha sido abonado, cuestión que no puede debatirse por esta ví­a de excepción, y que, para el caso de que la Compañí­a demandada hubiere proporcionado datos falsos o inexactos que le hubieren causado perjuicio, podrá iniciar la acción pertinente para la reparación de tales daños, o también revestir la calidad de litis consorte pasivo en la acción de habeas data por ser el sujeto que ha proporcionado los datos, pero sin poder obviar la acción contra el legitimado principal que es quien lleva el registro respectivo. Cita jurisprudencia en su apoyo y, concluye desestimando la acción incoada, con costas.
II. Apelado dicho pronunciamiento a fs.90 por la accionante, y concedido el recurso (a fs.91), a fs.95/97, obra memorial que autoriza el art. 16, 2do. párrafo de la Ley de Procedimientos Constitucionales Nº 8369, presentado por la parte recurrente quien interesa la revocación del decisorio impugnado, imponiéndose las costas por su orden.
III. A su turno fs.101/103 vto. se expide la Sra. Fiscal General del STJER, Dra. Marta Brodsky de Petric, quien, luego de efectuar una breve reseña de los antecedentes del caso, entiende, en principio, que el recurso de apelación aquí­ en estudio no puede tener acogida favorable, por cuanto de los antecedentes de la causa, emerge que la acción promovida resulta inadmisible por extemporánea de conformidad con lo previsto en el art.3º inc.c) de la Ley 8369, dado que la accionante manifiesta haber solicitado un crédito bancario que le es rechazado debido a un informe negativo y con posterioridad, en fecha 11 de abril del corriente año, recibe la nota que luce a fs. 20, de lo cual deviene que a partir de este suceso la amparista tuvo conocimiento cierto de los efectos del acto eventualmente originante del agravio constitucional que invoca, sin que pueda tomarse en cuenta la invocada carta documento fs.1 que constituye una reiteración de intimaciones anteriores que nada agregan al conocimiento de la actora en lo referente al motivo y causa del Informe que le causara dicho gravamen, por lo que habiendo iniciado esta acción el 19 7 00 cftr. cargo de fs. 25 vta. , lo ha sido vencido en exceso el término de treinta dí­as corridos que prevé el art. 3º, inc. c), de la citada ley.
Agrega, que para el supuesto que V.E. entendiera que la acción es temporánea, con cita doctrinaria trae a colación el criterio amplio, sostenido por este Tribunal, respecto de la legitimación de los bancos y entidades financieras para ser demandados en el proceso constitucional que nos ocupa. Y, agrega que la solución a que arriba la a quo resulta correcta, en tanto no han quedado debidamente individualizados los legitimados pasivos y, tampoco surge de las constancias de autos, en forma clara y precisa, la procedencia del informe y la calificación que determinara el resultado negativo de la operación de crédito gestionado por la actora ante el BICA, circunstancia que, afirma, constituye una mera invocación.
Propicia, finalmente, el rechazo del recurso de apelación articulado.
IV. Expuestas así­ las diferentes posiciones de las partes y lo opinado por el Ministerio Público Fiscal, cabe el tratamiento de la cuestión planteada dentro del marco cognoscitivo pleno que el recurso de apelación concedido, en este tipo de juicio, otorga a este Tribunal para juzgar acerca de los hechos y el derecho aplicable.
Dentro de este contexto, cabe puntualizar que la acción de amparo intentada en su modalidad “hábeas data” irrumpe especí­ficamente en nuestro ordenamiento jurí­dico a partir de su incorporación al artí­culo 43 de nuestra Carta Magna Nacional en la reforma del año 1994, como herramienta legal para lograr un equilibrio entre los derechos de quienes registran o poseen información referida a un individuo y los derechos de éste tutelando el derecho a la verdad de esa información cuando su divulgación afecte en forma ilegí­tima un derecho constitucionalmente protegido.
La jueza a quo, interpretando el art. 43 de la C.N., considera que en el caso que nos ocupa, no ha sido debidamente individualizado el sujeto legitimado pasivo de la acción que se intenta, desde que, teniendo en cuenta el objeto de esta acción, la misma sólo puede estar dirigida contra las personas o entidades, públicas o privadas que recaben información a los fines de la formación del “banco de datos” de las que son titulares, concluye que la Compañí­a Financiera demandada carece de legitimación pasiva en la especie.
Liminarmente, debo destacar que no concuerdo con la solución propiciada por la Fiscalí­a General de este Tribunal, en principio, por haber adherido recientemente al voto de la Dra. Schaller en la causa Nº412 año: 2000 , caratulada “Castro, F.G. c/Entidad Crediticia del Bco.de Galicia y Bs.As. Suc.Paraná Acción de Amparo HABEAS DATA ” en la que la magistrada y sus adherentes se enrolan en la doctrina según la cual las entidades bancarias o financieras están legitimadas para responder a las acciones enmarcadas dentro del art.43 de la C.N., para que dichas entidades informen, corrijan o supriman datos de sus registros y, en su caso, rectifiquen informes que pudieren haber facilitado (cftr.: C.Nac.Com., Sala A, Oct. 4 1996, “Automotores Santa Marí­a S.A. c/Bco. de la Pcia. de Sgo. del estero s/Sumarí­simo”, fallo 47.969, E.D. 173: p..14 y conc.; noviembre 8.1994. Ed. 164 413, o “Figueroa Hnos. c/Banco dela Pcia.de Santiago del Estero s/Sumarí­simo”, Ed. 173, p.17). También, doctrinariamente, entre otros, Miguel Angel Eknekdijan en “Tratado de Derecho Constitucional”, T.IV, p.87, con claridad, sostiene que “los registros bancarios enmarcan en lo normado por el art.43 de la C.N.”.
En los referidos autos, en los que se hace lugar al Hábeas Data informativo exhibitorio interesado, se concluye que, respecto a la legitimación pasiva de un banco no cabe dudas, en tanto se debe lograr una solución acorde con la naturaleza de la acción intentada, por cuanto no existe otra ví­a apta o idónea para obtener la pretensión deducida, dado el incumplimiento del banco al requerimiento judicial o extrajudicial efectuado por el actor, quien, a su vez, invoca perjuicios derivados de una situación que le causa daños en virtud de una información que juzga inexacta, discriminatoria y de la cual no tiene concreto conocimiento de cuál es la entidad de la que surgió el informe que dice haberle causado la cancelación o el acceso a su crédito.
Cabe destacar que, ante la intimación efectuada por el Juez en esta causa, mediante el mandamiento Nº 2167 obrante a fs.42/3, la entidad financiera se presentó mediante apoderados para contestar la acción y, en su caso, producir el informe requerido. En dicha contestación que obra a fs.39/40 en el Cap. IV Verdad de los Hechos , elude, expresamente, contestar cuál es la red de informes comercial y financiera a la cual denunciara el incumplimiento presunto de la actora con referencia a su crédito; por otro lado, no puede eludir la contestación manifestando que siendo, la Cí­a. Financiera demandada, una entidad financiera desarrolla su actividad bajo el contralor del Banco Central de República Argentina y es a ella a la que se informa todo lo referente a la operatoria crediticia de sus clientes, toda vez que, en forma reiterada cftr.: nota de fecha 11 4 00, fs.20 , aviso de fs.21 , y los términos de la carta documento obrante a fs.1 donde la Cí­a. Financiera Arg. S.A., manifiesta, expresamente, en su parte final “…procederemos a la regularización en la red de informes comerciales y financieros…”.
De las pruebas obrantes en autos, surge con verdadera nitidez que la demandada a efectuado los apercibimientos de denunciar, como deudora morosa o incumplidora de sus obligaciones, a una red de informes comerciales o financieros y, es allí­, donde, con toda seguridad, en caso de falsedad de la información debe ordenarse la correspondiente rectificatoria, si se acreditare en forma fehaciente la falsedad de los datos proporcionados por la entidad financiera.
En resumen, entendemos que en este caso en el cual no se tiene la certeza de cuál es la entidad donde se encuentra el informe de la demandada, la misma es legitimada pasiva para responder a la presente acción de hábeas data, por cuanto, reitero, considero no existe otra ví­a apta o idónea para obtener la información requerida por esta acción.
Al respecto, dice, la Dra. Luisa Sánchez Sorondo, como conclusión a su artí­culo publicado en E.D. T.169, P.1089 y SS., “el secreto de hábeas data está en su sencillez; si al hábeas data se lo convierte en un mecanismo complejo, demasiado sofisticado y articulado, no va a ser captado y entendido por los propios interesados. Tiene que ser algo muy simple, sencillo e informal para que cualquiera que se pueda sentir perjudicado por informaciones monopólicas, que lo afectan o perjudican en su status, pueda entonces remover ese obstáculo, tendiendo fundamentalmente a el derecho al acceso, al conocimiento y el derecho a la rectificación o, a la anulación de aquellos asientos que puedan ser lesivos o perjudiciales. De esta forma se evita la muerte civil, la muerte de su prestigio, o puede ser la base de sustento para la elección de la persona hacia un horizonte que lo desenvuelva o engrandezca”.
Que, con referencia al obstáculo que impedirí­a la tramitación del presente, conforme el dictamen de la Sra. Fiscal General del Tribunal, con referencia a la temporaneidad de esta acción, creemos ajustado a derecho y a la realidad de las constancias, que el término para interponer la acción conforme al art.3º, inc. c), de la ley 8369, comienza desde el momento en que la perjudicada, actora en el juicio, tiene la plena certeza de que existe, en alguna entidad de informes comerciales o financieros, un informe desfavorable hacia su persona, que a nuestro juicio, es la carta documento obrante a fs.1, la cual según el sello del correo argentino fue enviada en fecha 28 6 00, ello así­ por cuanto las intimaciones, bajo apercibimiento de efectuar la denuncia, son anteriores a la certeza de la existencia del informe, ya que sólo se trata de intimaciones bajo apercibimiento de formalizar dicho informe. Por lo tanto, al haberse iniciado esta demanda el 19 7 00, entendemos que la misma se encuentra en término y por ello, estimo, debe darse curso al reclamo allí­ efectuado.
El Dr. N. Sagí¼es en un meticuloso artí­culo publicado en J.A., 1995, T.IV, p.352 y ss. hace un análisis de la acción de hábeas data y una clasificación tentativa de las distintas modalidades que emergen del art.43 de la C.N., entre los que incluye, en primer lugar, el “habeas data informativo” que es aquel que solamente tiene la finalidad de recabar la información obrante en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, entre los que se encuentran tres subespecies, a saber: a) hábeas data exhibitorio, b) hábeas data finalista y c) hábeas data autoral. Especie en que encontramos el objeto de la presente acción, y en virtud del cual proponemos la procedencia de la presente acción de hábeas data informativo exhibitorio solicitado.
Que, en forma subsidiaria o complementaria la accionante solicita en el Pto. VIII de fs. 25 de autos, la eliminación de los datos del registro, la misma debe ser desechada en razón de que, resulta condición ineludible la acreditación de la falsedad del dato que obrare en el registro, lo que en esta demanda se desconoce, y que, por otro lado, se estarí­a en condiciones de conocer, una vez que se proporcione el informe correspondiente a los datos o constancias, y la entidad en que se encuentran los mismos.
Por todo ello, propicio la revocación de la sentencia apelada de fs. 85/87 vta. de fecha 21 de noviembre de 2000 y, en consecuencia, se haga lugar parcialmente a la acción de amparo hábeas data deducida, disponiendo que la entidad demandada, en el término de cinco dí­as corridos, con más la ampliación legal en razón de la distancia, y contados a partir de la recepción del mandamiento correspondiente, proceda a exhibir al amparista con los recaudos que se estimen pertinentes , el nombre de la entidad, de la red de informes comerciales y financieros, a la cual haya enviado datos o informes con respecto a la accionante, y el tenor de los mismos, fecha y demás datos pertinentes.
Así­ voto.
A la misma cuestión, el señor Vocal, Dr. CARLOMAGNO, dijo:
Por los fundamentos del dictamen de la señora Fiscal General de este Alto Cuerpo -“conforme fs. 101/4 corresponde rechazarse la apelación en trámite, agregándose copia del mismo como parte del resolutorio a adoptar.
En efecto, y como precisamente lo señala la señora Fiscal General del S.T.J.E.R., la acción resulta inadmisible por haberse incoado extemporáneamente -“art. 3º, inc. c), de la ley nº 8369 por los motivos que allí­ se vierten.
Por lo expresado, reitero, voto por desestimar la apelación en curso.
Así­ voto.
A su turno el señor Vocal, Dr. SALDUNA, expresó su adhesión al voto del Dr. Vales.
A la misma cuestión los señores Vocales, Dres. CARLIN, CARUBIA y CHIARA DIAZ, manifestaron su adhesión al voto del Dr. Carlomagno.
A su turno, los señores Vocales, Dres. ARDOY, SCHALLER y BERLARI, expresaron su adhesión al voto del Dr. Vales.
A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL, DR. VALES, DIJO:
Atento al resultado arribado en el tratamiento de la segunda cuestión, propicio que las costas del proceso se impongan a la demandada vencida (art. 20, Ley 8369).
Así­ voto.
A la cuestión en examen y a su turno el señor Vocal, Dr. CARLOMAGNO, dijo:
Existiendo razón suficiente para apartarse del principio general en materia de costas -“art. 20, Ley de Procedimientos Constitucionales Nº 8369 considero que las mismas deben ser distribuidas, en ambas instancias, en el orden causado.
Tal mi propuesta.
A su turno el señor Vocal, Dr. SALDUNA, expresó su adhesión al voto del Dr. Vales.
A la cuestión tratada los señores Vocales, Dres. CARLIN, CARUBIA y CHIARA DIAZ, manifestaron su adhesión al voto del Dr. Carlomagno.
Por último los señores Vocales, Dres. ARDOY, SCHALLER y BERLARI, expresaron su adhesión al voto del Dr. Vales.
Con lo que no siendo para más se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:
Firmado: JULIO CESAR BERLARI, JUAN CARLOS ARDOY, CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, DANIEL OMAR CARUBIA, MIGUEL A. CARLIN, GERMAN REYNALDO F. CARLOMAGNO, HIPOLITO NAIR VALES, LAURA E. BERTELLOTTI de SCHALLER, BERNARDO IGNACIO RAMON SALDUNA

SENTENCIA:
Paraná, 22 de diciembre de 2000.
Y VISTOS:
Por los fundamentos del acuerdo que antecede y, por mayorí­a;
SE RESUELVE:
1º) DECLARAR que no existe nulidad.
2º) HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por la accionante, revocándose la sentencia obrante a fs. 85/87 vlto., admitiéndose -“en consecuencia parcialmente la acción de amparo (habeas data) promovida contra la Compañí­a Financiera Argentina S.A..
3º) ORDENAR a la accionada que, dentro del término de cinco dí­as corridos (con más la ampliación de legal en razón de la distancia) y contados a partir de la recepción del mandamiento correspondiente, proceda a exhibir a la señora Marí­a Noemí­ Teresita Octaviano con los recaudos del caso que se estimen pertinentes el nombre de la entidad, de la red de informes comerciales y financieros, a la cual haya enviado los datos o informes con respecto a la accionante y el tenor de los mismos, como así­ también fecha y demás datos correpondientes.
4º) IMPONER las costas de ambas instancias a la accionada vencida.
5º) REGULAR los honorarios de los Dres. Rafael M. Cotorruelo, Martí­n Julián Acevedo Miño y Jorge Ambrosio Accinelli, por la intervención que les cupo en las distintas etapas de este proceso en las respectivas sumas de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE ($319. ), PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE ($319. ) y PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE ($319. ) cfme.: arts. 3, 5, 6, 12, 27, 29, 30, 32, 63, 64, 91 y ccdts., Dec. ley Nº 7046/82, ratif. por Ley Nº 7503; art. 505, Cód. Civil y arts. 13 y ccdts., Ley Nº 24.432 .
Regí­strese, notifí­quese, lí­brese mandamiento de estilo y, oportunamente, bajen con atenta nota de Secretarí­a.
Firmado: JULIO CESAR BERLARI, JUAN CARLOS ARDOY, CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, DANIEL OMAR CARUBIA, MIGUEL A. CARLIN, GERMAN REYNALDO F. CARLOMAGNO, HIPOLITO NAIR VALES, LAURA E. BERTELLOTTI de SCHALLER, BERNARDO IGNACIO RAMON SALDUNA Ante mí­: Luz Buscema Secretaria
ES COPIA


New security measures for databases required in Argentina

Posted: octubre 3rd, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Auditoria, DNPDP, Law, Registro, Sanciones, Seguridad | Comentarios desactivados

Data Protection Agency of Argentina – Disposition 11/2006 – “Security Measures for the Treatment and Maintenance of the Personal Data Contained in Files, approved Records, sickness Databanks and Databases, impotent either non state Public and Private- be passed.

NOTE: See also Disposition 9/2008.

Bs. As., 9/19/2006
Publication in the Official Gazette: 9/22/2006

IN VIEW OF File No 153,743/06 of the registry of the MINISTRY OF JUSTICE AND HUMAM RIGHTS, the responsibilities ascribed to the NATIONAL BUREAU FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA by Act 25,326t and establishment thereof by Decree 1558 of November 29 2001, and

CONSIDERING,

Read the rest of this entry »


Corte Suprema de Argentina confirma fallo sobre acceso a información pública

Posted: septiembre 27th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Robo de identidad | No Comments »

*Monner Sans, approved Ricardo v. Fuerza Aérea Argentina*
*Corte Suprema de Justicia de la Nación*
*26 de septiembre de 2006*

*Dictamen del Procurador*
*I*

La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala V), weight loss a fs. 456/457, confirmó el fallo de primera instancia en cuanto hizo lugar parcialmente al amparo iniciado por el doctor Ricardo Monner Sans e intimó a la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad para que en un plazo determinado establezca dí­a y hora a fin de que los usuarios y las asociaciones que los nuclean puedan consultar las conclusiones de dicho organismo sobre el estado de los aviones de las distintas empresas aéreas y su documentación fundante.

Disconforme, el Estado Nacional (Fuerza Aérea Argentina) interpuso el recurso extraordinario obrante a fs. 471/478, que fue concedido en lo que a interpretación de normas federales respecta, pero denegado en punto a la tacha de arbitrariedad, lo que motivó la queja pertinente.

*II*

Los agravios formulados en ambas presentaciones pueden sintetizarse de la siguiente manera: a) la sentencia adolece de graves defectos de interpretación y de fundamentación, en tanto omite considerar que las peticiones ante la Administración pública deben canalizarse en el marco de la ley de procedimientos administrativos y prescinde de las constancias de autos, según las cuales, después de iniciada la acción, el actor obtuvo respuesta en sede administrativa, pretendiendo una doble ví­a; b) el amparo es un medio excepcional, procedente solo cuando no exista un medio más apto para la protección de un derecho; c) en el sub lite no media acto u omisión alguno de autoridad pública que restrinja, altere o lesione con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta ningún derecho constitucional; d) yerra el a quo al considerar legitimado al actor, toda vez que el hecho de ser ciudadano no autoriza la intervención de los jueces y su carácter de usuario, no solo no está acreditado sino que la relación de consumo se consolida con la lí­nea aérea y no con el órgano de control; e) la sentencia tiene un alcance extra petita, pues, a pesar de ser una petición inicialmente individual, el fallo habilita a las asociaciones de usuarios para la consulta, convirtiéndola en una suerte de acción colectiva; f) el tribunal impone al órgano ejecutivo actos de administración que le son propios y exclusivos y desconoce, de ese modo, su papel de autoridad de aplicación y contralor de la actividad aeronáutica; g) el fallo no tuvo en cuenta las normas administrativas de procedimiento ni el Código y reglamentos propios de la actividad aeronáutica; h) el órgano judicial se arroga no solo competencias propias y exclusivas del ejecutivo, como son las relacionadas con el control del servicio público de aeronavegación, sino también el papel de legislador, situación que configura un caso de gravedad institucional; i) la alzada incurre en error al interpretar la extensión del derecho a una información veraz (art.42 C.N.) a la luz de una norma procesal (art.43 C.N.) y confunde lo sustantivo con lo adjetivo en tanto la obligación establecida en el primer artí­culo está en cabeza de las empresas de aviación con las que contratan los usuarios; es decir, que la condición de usuario se configura con el uso del servicio (derecho de información) y la de administrado está conectada con la Administración (derecho de peticionar ante las autoridades); j) el sentenciante obvia la realidad fáctica y normativa, en tanto desconoce que la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad se limita a certificar el estado de la aeronave al momento de la inspección, acto de contenido simple, sin especificación alguna, emitido conforme al Reglamento Nacional de Aeronavegabilidad de la República Argentina y en cumplimiento de las obligaciones asumidas por ésta al suscribir el Convenio Internacional de Aviación Civil de Chicago, ratificado por ley 13.891 y lo prescripto por el art. 10 del Código Aeronáutico. Asimismo, desconoce que parte de la documentación que por la presente se exige queda en poder de las empresas aéreas y alguna, incluso, debe permanecer en el avión; k) la sentencia es dogmática, porque se limita a sostener sin fundamento alguno que la supuesta falta de información es una omisión arbitraria de la autoridad administrativa cuando, en rigor, no existe norma legal ni reglamentaria que lo obligue a dar la información solicitada en forma indiscriminada y general.

*III*

Estimo conveniente tratar de manera conjunta lo atinente al recurso extraordinario y al de queja (expte. agregado M 2855, L.XXXVIII), en tanto las impugnaciones referidas a la alegada arbitrariedad y a la interpretación de la cuestión federal, son dos aspectos que guardan entre sí­ estrecha conexidad (conf. doctrina de Fallos: 321:2764; 323:1625).

En tal sentido, estimo que el recurso extraordinario serí­a formalmente admisible, toda vez que se halla en tela de juicio la inteligencia de normas federales y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que el recurrente funda en ellas. Empero, toda vez que también se cuestiona la legitimación del actor, un orden naturalmente lógico impone examinar, en forma previa, tal circunstancia, pues, de faltar ese requisito, estarí­amos ante la inexistencia de “caso” o “causa” que tornarí­a imposible la intervención de la justicia en los términos del art. 116 de la Carta Magna.

*IV*

Al respecto, cabe señalar que, la Corte afirmó en Fallos: 242:353 que el fin y las consecuencias del control encomendado a la Justicia sobre las actividades del órgano ejecutivo y legislativo suponen que este requisito de la existencia de “controversia judicial” sea observado rigurosamente para la preservación del principio de división de poderes. Es por tales motivos que el art. 2º de la ley 27 preceptúa que la Justicia nacional nunca procede de oficio y solo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos cuando es requerida a instancia de parte. Así­ lo entendió invariablemente V.E. al decir que si para determinar la jurisdicción de la Corte y de los demás tribunales de la Nación no existiese la limitación derivada de una contienda entre partes, el Superior Tribunal dispondrí­a de una autoridad sin contralor sobre el Gobierno de la República (conf. doctrina Fallos 227:688; 245:552; 322:528, entre muchos).

La existencia de “causa” presupone la de “parte”, esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso. La “parte” debe demostrar la existencia de un interés jurí­dico suficiente o que los agravios expresados la afecten de manera suficientemente directa o sustancial, que posean suficiente concreción e inmediatez para poder procurar dicho proceso a la luz de las pautas establecidas a los arts 41 a 43 de la Constitución Nacional.

Sobre la base de estos criterios, en su aplicación al sub lite, resulta claro que el actor no posee legitimación procesal para perseguir el objetivo reclamado en su demanda, por no haber demostrado tener un interés concreto en el pronunciamiento judicial que lo beneficie -‘o perjudique-‘ que remueva o no el obstáculo al que atribuye la lesión a sus derechos. Al respecto, es doctrina de V. E. que el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio de orden personal, particularizado y concreto y, además, susceptible de tratamiento judicial (Fallos: 321:1252). Más aún, la incorporación por el art. 43 de intereses de incidencia colectiva a la protección constitucional no enerva la exigencia de que el afectado demuestre en qué medida su interés concreto, inmediato y sustancial se ve lesionado por un acto ilegí­timo o porqué existe seria amenaza de que ello suceda para viabilizar la acción de amparo (Fallos 324:2381 y 2388).

En su escrito de inicio, el actor pidió que se disponga determinada publicación en sus calidades de ciudadano y de usuario, pero no demostró la última, que la sentencia de grado solo presupone. Sobre el particular, tiene dicho V.E. que el de ciudadano es un concepto de notable generalidad y que su comprobación no basta para demostrar la existencia de un interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial que permita tener por configurado un caso contencioso (Fallos: 322:528; 324:2048), como así­ también expresó que, como regla, un daño es abstracto cuando el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos y tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes (Fallos: 321:1352). Con respecto a esto último, toda duda que pudiera caber sobre la falta de standing suficiente para pretender el objeto demandado, se desvanece a poco que se aprecien los dichos del actor, quien, en su reseña de fs. 375, se arroga los derechos de todos los usuarios y, más aún, los de todos los habitantes, cuando dice, a fs. 439, que se ocupa de la gravedad y riesgo de las vidas de su paí­s, lo que demuestra, en mi criterio, el intento del desarrollo de una acción de clase al amparo del art. 43 de la Constitución Nacional.

Al respecto, ha expresado el Tribunal en Fallos: 321:1252, cons. 25, que admitir la legitimación en un grado que la identifique con el generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes de gobierno, deformarí­a las atribuciones del Poder Judicial y que la protección de los ciudadanos es el tipo de influencia que en una democracia debe ser utilizada ante las ramas del gobierno destinadas a ser sensibles frente a la actitud de la población, modalidad de naturaleza polí­tica a la que es ajeno el órgano jurisdiccional (conf. también dictamen de este Ministerio Público in re M 59, L.XXXVI “Mosquera, Lucrecia Rosa c/ Estado Nacional -‘M. De Economí­a-‘ s/ acción meramente declarativa”).

No menos importante es advertir que la sentencia resuelve extra petita. En autos no existe constancia de la presentación de otro actor que no sea el doctor Monner Sans, ni figura tampoco adhesión alguna de organismos de usuarios como para que la sentencia de grado los abarcara en sus alcances. Esta circunstancia, a mi modo de ver, también la descalifica.

*V*

No obstante, para el supuesto de estimar V.E. que el actor se encuentra legitimado para promover el presente amparo, no puede quedar fuera de análisis, en mi concepto, que la Corte ha resuelto reiteradamente que la acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta frente a las cuales los procedimientos ordinarios resulten ineficaces y cuando la eventual invalidez de un acto o su omisión requiere una mayor amplitud de debate y prueba, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos: 305:1878; 306:788; 323:1825). Este criterio no ha variado con la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional, pues reproduce el art. 1º de la ley 16.986, e impone idénticos requisitos para su procedencia (Fallos: 319:2955).

Queda claro que, conforme sostiene el Tribunal (Fallos: 317:164; 317:1128; 324:754), el amparo procede para hacer cesar un acto ilégitimo o arbitrario o para conjurar una omisión de iguales caracterí­sticas, extremos que no se configuran en autos, pues el conjunto de antecedentes arrimados impide concluir, desde mi punto de vista, que la autoridad aeronáutica haya incurrido en una conducta omisiva que torne procedente la acción, ya que, a través de ésta se pretende obtener el acceso a determinada información que, en principio, dicha autoridad no está legalmente obligada a entregar.

Máxime, cuando tampoco es el amparo la ví­a idónea para cuestionar la eficacia de la metodologí­a empleada por la autoridad en cuanto a la forma, tiempo, modo y lugar de la información requerida por el actor. En este sentido, tiene dicho la Corte que la institución del amparo no tiene por finalidad otorgar a los tribunales un método para supervisar el actuar de los organismos administrativos, ni para controlar el acierto o error con que ellos desempeñan las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer un remedio rápido y eficaz contra las arbitrariedades de sus actos cuando lesionan en forma manifiesta e irreparable los derechos y garantí­as reconocidos por la Ley Fundamental (Fallos: 316:797; 317:706, entre otros).

*VI*

Pienso que lo hasta aquí­ expuesto, sin necesidad de otro análisis, es suficiente para dejar sin efecto la sentencia de fs. 456/457 en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 14 de abril de 2004.

Luis Santiago González Warcalde

*Buenos Aires, 26 de septiembre de 2006*

*Vistos los autos: “Monner Sans, Ricardo c/ Fuerza Aérea Argentina s/ amparo ley 16.986″*

Considerando:

Que el recurso extraordinario y la queja interpuesta por la denegación parcial de aquél son inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, oí­do el señor Procurador Fiscal se los desestiman. Con costas. Intí­mese a la recurrente para que, en el ejercicio financiero que corresponda haga efectivo el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encuentra diferido de conformidad con lo prescripto en la acordada 47/91. Tómese nota por Mesa de Entradas. Notifí­quese, remí­tase el recurso extraordinario y archí­vese la queja.

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO JUAN CARLOS MAQUEDA E. RAUL ZAFFARONI – RICARDO LUIS LORENZETTI CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).

*DISIDENCIA LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY*

Considerando:

1* °) La descripción de los recursos interpuestos, así­ como los agravios de la apelante han sido debidamente reseñados en el dictamen del señor Procurador Fiscal, apartados I y II, a los que corresponde remitir por razones de brevedad.

2º) La acción de amparo fue promovida por Ricardo Monner Sans, por su propio derecho, con el fin de obtener una orden judicial dirigida a la Dirección de Aeronavegación de la Fuerza Aérea Argentina o al organismo que en el futuro la sustituya en la actividad de controlar y supervisar las aeronaves comerciales que se encuentran bajo su jurisdicción. La orden, tal como es descripta en la demanda, consiste en que la Dirección “publique mensualmente en dos diarios de circulación en toda la República Argentina, un informe explí­cito y fundado respecto de la calificación mensual de las empresas aerotransportistas respecto de la seguridad que ofrecen sus aeronaves. La sentencia dispondrá que el organismo señale en qué lugar y horarios el usuario puede compulsar los antecedentes de aquello que debe motivar la publicación en los diarios argentinos. Dispondrá asimismo un sistema rotativo de esas publicaciones mensuales, para aventar cualquier suspicacia en punto a que todos los diarios que lleguen a todas las provincias argentinas, tengan la aptitud de registrar en sus páginas la imprescindible información que debe consignarse en los textos pertinentes”.

Según dijo, ha utilizado y utilizará en el futuro el servicio de aerotransporte comercial e invocó, como base legal de su pretensión, el derecho a la información, a la seguridad y a la vida.

Las sentencias de primera y segunda instancia admitieron parcialmente la demanda y solamente en lo que se refiere al derecho que el actor tiene, en su condición de usuario, a una información adecuada y veraz (artí­culo 42 de la Constitución Nacional). Así­ la sentencia de primera instancia, plenamente confirmada por la Cámara, intimó a la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad para que “en el plazo de veinte (20) dí­as que se fija al efecto, establezca el lugar y los horarios en los cuales los usuarios y las asociaciones que los nuclean van a poder consultar las conclusiones de dicho organismo acerca del control del estado de los aviones de las distintas empresas de aerotransporte y de la documentación sobre cuya base fueron elaboradas.”.

A lo largo de todo el proceso, la parte demandada se ha opuesto al progreso de la acción por entender que no estaba dado el requisito de “causa” justiciable, establecido en el artí­culo 116 de la Constitución Nacional, que habilitara la intervención del poder judicial de la Nación. Controvirtió de esa manera la aplicación que los jueces han hecho de los artí­culos 42, 43 y 116 de la Constitución Nacional para admitir la legitimación del demandante. Sostiene que el actor no ha alegado un daño lo suficientemente particularizado para iniciar una “causa” y que, en todo caso, no es la demandada quien deberí­a satisfacer la información “adecuada y veraz”, sino la empresa prestataria.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo rechazó esta defensa por entender que la información solicitada, vinculada a la seguridad del servicio público de aerotransporte no era un bien susceptible de fraccionamiento de modo tal que el actor pudiese invocar un daño o perjuicio exclusivo, es decir no padecido simultáneamente por otros. Por lo tanto, rechazó la exigencia de esa exclusividad como condición para admitir la legitimación del promotor de la demanda.

Contra esa decisión, la parte demandada interpuso recurso extraordinario que fue admitido en lo que se refiere al derecho que la recurrente fundara en normas federales y rechazado en cuanto se fundara en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. Esto último determinó la presentación del correspondiente recurso de hecho ante esta Corte.

3º) Los temas vinculados a la ausencia de “causa” justiciable y a la obligación de informar establecida en el artí­culo 42 de la Constitución Nacional son los únicos que han sido propuestos a esta Corte por la parte recurrente y que cumplen con los requisitos establecidos en el artí­culo 14 de la ley 48, en particular su inciso 3* °. Los demás cuestionamientos, contenidos en el recurso de queja, vinculados con la arbitrariedad en la admisión de la acción de amparo, no han sido objeto de una adecuada fundamentación, pues contienen una crí­tica genérica de la sentencia dictada por la Cámara, sin explicar en qué modo la remisión del caso a otros procedimientos, judiciales o administrativos, habrí­a incidido en la suerte de la pretensión articulada en la demanda o habrí­a favorecido el interés de la parte demandada.

4º) La legitimación procesal activa no puede determinarse de manera desvinculada del interés que concretamente se pretende proteger en la demanda, pues ningún sujeto está genéricamente habilitado o impedido para intervenir en cualquier causa judicial. Además, desde la reforma constitucional de 1994, la configuración de una causa o controversia judicial puede referirse tanto a un derecho individual, cuanto a un interés o derecho de incidencia colectiva, es decir, que tiene por objeto un bien colectivo o público. En el segundo de los casos, el acto lesivo del bien público no afecta solamente a una persona sino a toda la comunidad que tiene el uso y goce de ese bien que, por esa razón, se denomina público o colectivo; así­ considero que debe entenderse la expresión “incidencia colectiva” contenida en el artí­culo 43 de la Constitución Nacional. A su vez, el mismo artí­culo 43 de la Constitución Nacional asigna la defensa en juicio de esos intereses colectivos a ciertos sujetos que, por ende, se encuentran especialmente legitimados para defender en juicio un bien, pese a que no les pertenece en exclusividad.

Por lo tanto, desde la reforma de 1994 la sola circunstancia de que el actor no pueda invocar un daño “particularizado” a un derecho o interés propio no es suficiente para negarle legitimación, si ha invocado la defensa de un bien colectivo. Como la parte actora no se trata de una asociación ni del Defensor del Pueblo, debe considerarse, como lo ha hecho el a quo y cuestiona la recurrente, si pertenece a la restante categorí­a habilitada por el artí­culo 43 de la Constitución Nacional: el afectado.

5º) La protección de la posición que ocupa el usuario y el consumidor en la relación de consumo es, por expresa disposición constitucional, uno de esos bienes colectivos justiciables (artí­culo 43, segundo párrafo de la Constitución Nacional). No se trata entonces de una pretensión con efectos colectivos sobre derechos o libertades individuales. A su vez, este derecho puede ser afectado por la falta de información disponible para tomar la decisión de consumo (artí­culo 42 de la Constitución Nacional). De tal modo, imputar una concreta denegación de información relevante para la decisión de consumo, como lo es la de usar el servicio de aerotransporte comercial, es, por sí­ mismo, un daño o perjuicio que puede servir de base para la configuración de una “causa” judicial, más allá del resultado final del proceso, es decir, de la procedencia o no de otorgar esa información.

Por esta razón, tratándose del servicio de aerotransporte de pasajeros, que no tiene restricciones normativas ni fácticas de acceso que excluyan al actor como usuario, debe éste ser considerado como un “afectado” singular al que el artí­culo 43 de la Constitución reconoce legitimación activa para buscar un pronunciamiento que proteja el interés colectivo o público en cuestión.

6º) Por último, también forma parte del examen sobre la configuración de una controversia justiciable, establecer si el daño o riesgo para el derecho invocado, (la denegación de información sobre las inspecciones llevadas a cabo por la Dirección de Aeronavegabilidad), proviene en algún sentido jurí­dicamente relevante de quien es demandado, en este caso, la misma Dirección de Aeronavegabilidad de la Fuerza Aérea. Es decir, si, de acuerdo con el daño invocado, la demandada puede ser judicialmente obligada a remediarlo o morigerarlo en alguna medida.

Aquí­ es donde se torna relevante el limitado alcance de la sentencia dictada en la causa. En efecto, sólo cabe considerar por esta Corte si el actor estuvo legitimado para solicitar el remedio que finalmente le fue concedido en la sentencia y no si lo estaba para articular otras pretensiones que fueron rechazadas. Por lo tanto, debe resolverse el punto en relación con la manda judicial de proporcionar la información de que dispone la demandada al cabo de cada inspección y no, como parece entenderlo la recurrente, en función de la originaria pretensión de que la Dirección produjese nueva información a satisfacción del actor (esta interpretación es la que surge de correlacionar el contenido de la orden judicial con el texto de la sentencia que, a fojas 400, reproduce el punto “k” del informe producido por la Dirección a fojas 304/306, de donde surge a su vez que las conclusiones de las inspecciones no son difundidas públicamente y que ello ha generado debate dentro del organismo).

Sobre esa base, son dos aspectos los que sellan la cuestión: primero, que el artí­culo 42 de la Constitución Nacional dispone que las autoridades públicas están obligadas a “proteger” a los usuarios y consumidores, entre otras cosas, de la falta de información “adecuada y veraz” y, segundo, que la información pretendida por el actor en esta causa se halla en poder del organismo público demandado (según lo han resuelto las instancias de grado de manera no revisable por esta Corte por tratarse de una cuestión de hecho y valoración de la prueba informativa).

7º) Todo lo anterior supone, entonces que, tratándose del derecho a la “información adecuada y veraz” relevante para la decisión de consumo, reconocido en el artí­culo 42 de la Constitución Nacional, es un perjuicio o daño suficiente, que por sí­ solo otorga legitimación procesal activa, la denegación u ocultamiento de tal información por quien, en principio, deberí­a asegurar o proteger el acceso a ella. Por otro lado, cuando el actor ha invocado verosí­milmente la condición de usuario o consumidor debe reputárselo “afectado” en los términos del artí­culo 43 de la Constitución Nacional.

8* °) En lo que se refiere al modo en que ha de operar el derecho a una información “adecuada y veraz”, establecido en el artí­culo 42 de la Constitución Nacional, he de señalar que, a mi entender, es el inverso al propuesto por la parte demandada. En efecto, mientras ésta supone que no está obligada a proporcionar la información solicitada por el usuario a menos que haya una norma expresa que la obligue a ello, la cláusula constitucional genera el deber de proporcionar toda información relevante para la decisión de consumo, a menos que se invoque una razón normativa o fáctica que justifique mantener dicha información en reserva. En efecto, si bien el artí­culo 42, por su generalidad, no es concluyente, tampoco es superfluo, como se seguirí­a de la posición adoptada por la recurrente, si se tiene en cuenta que la posibilidad de sancionar normas legislativas o reglamentarias creando deberes especí­ficos de informar ya se encuentra comprendida en las facultades del Congreso y, en su caso, las de la administración.

Por lo expuesto, oí­do el señor Procurador Fiscal debe confirmarse la sentencia en lo que fuera materia de recurso extraordinario y rechazarse el recurso de queja por ausencia de fundamentación autónoma. Intí­mese a la recurrente para que, en el ejercicio financiero que corresponda haga efectivo el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago se encuentra diferido de conformidad con lo prescripto en la acordada 47/91. Tómese nota por Mesa de Entradas. Notifí­quese, remí­tase el recurso extraordinario y archí­vese la queja.

CARMEN M. ARGIBAY.


Caso de daño Moral por Información errónea

Posted: septiembre 25th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Daños | No Comments »

*Daño Moral – Información errónea*
CNCiv., pills Sala B, 17/03/2006. – Francini, Patricia Claudia c. Citibank s/daños y perjuicios

El hecho de que la institución bancaria demandada hubiera rectificado en el término de noventa y seis horas la errónea información comunicada en relación a la actora, en virtud de la cual fue calificada de morosa de una tarjeta de crédito cancelada desde hací­a tres años, no purga lo que si bien latente para la ví­ctima era patente para cualquiera que consultase la base de datos informatizados, tanto que fue descubierto por un tercero.

Existe una probabilidad suficiente que una persona con acceso al crédito, por mí­nimo que éste sea esté posicionada en mejor condición comercial que aquella que se ve impedida por el obrar negligente de un tercero. El conocimiento de esta circunstancia de pérdida de oportunidades que temporalmente le causó el demandado, sumado a haber sido portador de una imagen oculta de descrédito social, cuando en realidad honró todas sus hipotéticas deudas, es lo que debe serle resarcido a la actora.

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 17 dí­as del mes de marzo de dos mil seis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: *Francini, Patricia Claudia c. Citibank s/daños y perjuicios* respecto de la sentencia de fs. 128/132, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: * ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debí­a efectuarse en el siguiente orden señores jueces doctores: Claudio Ramos Feijóo; Mauricio Luis Mizrahi; Gerónimo Sansó.

A la cuestión planteada el doctor Ramos Feijóo, dijo:

1. La sentencia de fs. 128/132 condenó a la demandada a pagar la suma de $ 5000 en concepto de daño moral. Esta se agravia a fs. 150/152. Manifiesta en la pieza procesal indicada que coincide con la jueza en que en la valoración del daño moral debe analizarse la influencia en la personalidad de la ví­ctima y su equilibro espiritual. Cita a la actora en la narración de sus hechos, en cuanto a que al fundar los mismos destacó la vergí¼enza y el descrédito que habrí­a generado en su persona y a su familia aparecer en el Veraz Risk en situación morosa.

Se queja porque la sentencia no indica cuál ha sido la afectación personal que está indemnizando.

Dice asimismo que la actora no prueba el sufrimiento de una alteración espiritual ni daño a su personalidad.

Al no resultar la condena de una apreciación crí­tica de las (inexistentes) pruebas obrantes en autos y desde que no aplica razonablemente el derecho vigente, debe ser revocada.

A f. 152, la actora, que consintió la sentencia, contesta los agravios.

3. La sentencia se encuentra firme en lo que hace a la responsabilidad del Citibank. Puntualmente la Sra. jueza parafrasea la contestación de demanda: “Citibank informó al BCRA de la deuda que en sus registros figuraba y que correspondí­a a la actora. Ahora bien, producido el reclamo, se advirtió que la deuda en cuestión correspondí­a a cuota de renovación y gastos de resumen de una tarjeta cuya baja ya se habí­a producido. Así­ es que se registró un involuntario error al informar de aquella deuda. Error que, como bien señala la actora, fue inmediatamente revertido…”.

Está reconocido que la demandada informó al BCRA que la actora revestí­a la calidad de “morosa” y fue calificada y expuesta en el Veraz Risk como “categorí­a 4″, de alto grado de insolvencia. En el Veraz Risk se le informó, el 28 de febrero del 2000, que resultaba deudora de una tarjeta de crédito MasterCard (la cual habí­a sido dado de baja debidamente en septiembre de 1997).

La demandada se presenta asimisma como “una reconocida institución bancaria con una larga trayectoria en el mercado financiero y bancarios de nuestro paí­s. Como tal, se ha caracterizado a lo largo de los años por la seriedad y capacidad con la que se desenvuelve en cada uno de los servicios que presta al público en general, lo que le ha permitido obtener un reconocimiento innegable” (f. 53 vta.). Son su propias palabras (art. 34, inc. 4º, CPCC) las que la encuadran en la letra de los arts. 512, 902, 904 y 1109, cód. civil.)

El cumplimiento de la comunicación “A” 2216 y en su caso las concordantes (“A” 2440, “A” 2580) no morigera y mucho menos autoriza a la entidad crediticia a propagar información errónea.

La aludida circunstancia de haber rectificado el error en el término de 96 hs. (f. 59) no purga lo que si bien latente para la ví­ctima (en griego estar cubierto, oculto, se dice lathein, con la misma raí­z de nuestro latente, latir. Decimos del corazón que late, no porque pulse y se mueva, sino porque es una ví­scera, porque es lo oculto o latente dentro del cuerpo. Cuando logramos sacar claramente a la luz el ser oculto, de la cosa decimos que hemos averiguado su verdad. Por lo visto, averiguar significa adverar, hacer manifiesto algo oculto, y el vocablo con que los griegos decí­an verdad aletheia resulta significar lo mismo: “a” equivale a “des”, por tanto aletheia es des-ocultar, descubrir, des-latentizar” (Ortega y Gasset, “Idea del Teatro”, Revista de Occidente, Madrid, 1958, pág. 26) era patente para cualquiera que lo consultase, tanto que fue descubierto por un tercero. Es decir reuní­a el bifronte carácter de latente (para el perjudicado) y patente (para terceros).

Es en función de las consultas a las bases de datos informatizadas, que los terceros elaboran el perfil personal comercial de un cliente, en función del cual tomarán sus decisiones.

Bueno es recordar en el punto a Rudolph von Ihering “Permí­tasenos aducir un tercer ejemplo: el del comerciante. El crédito es para él, lo que honor es para el campesino; debe de mantenerlo porque es la condición de su vida. El que le acusara de no tener cumplidas todas sus obligaciones y llenos sus compromisos, le lastimarí­a más sensiblemente que si le atacase en su personalidad o en su propiedad, mientras que el militar se reirí­a de tal acusación y el campesino la sentirí­a bien poco. Es tal, por esto, la situación del comerciante, que hace las leyes actuales, especialí­simas en ciertos casos, y que le sean exclusivo y peculiares ciertos caos, y que le sean exclusivos y peculiares ciertos delitos, como el de la bancarrota simple y el crimen de la quiebra fraudulenta” (“La lucha por el Derecho”, pág. 81, versión al castellano del prof. Adolfo Posada, prólogo de L. Alas -a. Clarí­n-, Araujo, Buenos Aires, 1939).

Hace ya tres décadas se afirmaba “en la sociedad moderna, muchas decisiones que afectan a individuos están basadas en información almacenada en archivos de computadoras, pay roll, archivos de seguridad social, médicos, etcétera” (Consejo de Europa, Convenio sobre la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, Convenio núm., 108, 1981, BOE, 15 de noviembre de 1985, citado en “La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional de datos personales”, Olga Estadella Yuste, Generalitat de Catalunya, Centre d’Investigación de la Comunicación, pág. 14, nota 1, Madrid, Tecnos, 1995).

Existe una probabilidad suficiente que una persona con acceso al crédito, por mí­nimo que este sea, esté posicionada en mejor condición comercial, que aquella que se ve impedida por el obrar negligente de un tercero. El conocimiento de esta circunstancia de pérdida de oportunidades que temporalmente le causó el demandado, sumado a haber sido portador de una imagen oculta de descrédito social, cuando en realidad honró todas sus hipotéticas deudas, es lo que debe resarcirle a la actora.

Esto me basta para colegir que frente a la toma de conocimiento por parte del perjudicado de su mal calificada situación de deudor moroso de una tarjeta cancelada desde hací­a tres años, haya sufrido afecciones legí­timas que trascienden lo patrimonial, configurando un daño moral cuantificable (arts. 1078 y 522, cód. civil) como lo determinó la sentencia atacada.

En atención a las constancias de autos parafraseadas el monto arribado por concepto de daño moral, resulta razonable y compadece con antecedentes de esta sala (“Riestra, Graciela Beatriz c. Banco Bansud s/daños y perjuicios” expte. L 61.0554/2003 -J.32- rta. 13-6-05).

Por lo hasta aquí­ expuesto propongo al acuerdo la confirmación de la sentencia atacada. Las costas se imponen a la demandada vencida (art. 68, CPCC).

Los doctores Mizrahi y Sansó, por análogas razones a las aducidas por el doctor Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Y Vistos: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia atacada. Las costas se imponen a la demandada vencida (art. 68, CPCC). Notifí­quese y devuélvase. – Claudio Ramos Feijóo. – Mauricio L. Mizrahi. – Gerónimo Sansó.


Aprueban medidas de seguridad para bancos de datos en Argentina

Posted: septiembre 25th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Normas, Registro | No Comments »

De conformidad con lo prescripto por el artí­culo 9 de la “ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326, viagra approved el responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales. Esta norma se encarga de reglamentar tales medidas.

*DISPOSICION Nº 11/2006.*
Apruébanse las “Medidas de Seguridad para el Tratamiento y Conservación de los Datos Personales Contenidos en Archivos, pills Registros, Bancos y Bases de Datos Públicos no estatales y Privados”.

Bs. As., 19/9/2006

*Publicado en el Boletí­n Oficial del 22/09/2006*

VISTO el Expediente N* ° 153.743/06 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, las competencias atribuidas a esta DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES por la “Ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326 y su reglamentación aprobada por Decreto N* ° 1558 del 29 de noviembre de 2001, y CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo prescripto por el artí­culo 9* ° de la “Ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326, el responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, a fin de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.

Que por su parte, entre las atribuciones asignadas a la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES se encuentra la de dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas en la Ley N* ° 25.326 (artí­culo 29, inciso 1, apartado b) y especí­ficamente la de dictar normas administrativas y de procedimientos técnicos relativos al tratamiento y condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y privados (artí­culo 29, inciso 5, apartado a, del Anexo al del Decreto N* ° 1558/01), así­ como la de controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de los datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos (artí­culo 29, inciso 1, apartado d, de la “Ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326).

Que como consecuencia de ello y en cumplimiento de la facultad que este Organo de Control tiene para el dictado de normas relativas a las condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos, corresponde aprobar las medidas de seguridad para el tratamiento y conservación de los datos personales, que deberán observar los responsables y usuarios de archivos, registros, bases y bancos de datos públicos no estatales y privados.

Que a tal fin, se establece un “Documento de Seguridad de Datos Personales”, como instrumento para la especificación de la normativa de seguridad, el que deberá adecuarse en todo momento a las disposiciones vigentes en la materia dictadas por la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Que asimismo, se establecen TRES (3) niveles de seguridad: BASICO, MEDIO y CRITICO, conforme la naturaleza de la información tratada, pautas aplicables también a los archivos no informatizados (registro manual).

Que para cada uno de los niveles antes mencionados se han previsto distintas medidas de seguridad, establecidas teniendo en cuenta la mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad e integridad de la información contenida en el banco de datos respectivo; la naturaleza de los datos y la correcta administración de los riesgos a que están expuestos, así­ corno también el mayor o menor impacto que tendrí­a en las personas el hecho de que la información registrada en los archivos no reúna las condiciones de integridad y confiabilidad debidas.

Que se han establecido distintos plazos para la implementación de las medidas de seguridad que se propician, teniendo en consideración el nivel de seguridad de que se trate, así­ corno también la posibilidad de otorgar una prórroga previa solicitud debidamente fundamentada.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta el uso de las facultades conferidas en el artí­culo 29, inciso 1, apartado b, de la Ley N* ° 25.326 y artí­culo 29, inciso 5, apartado a, del Anexo al Decreto N* ° 1558/01.

Por ello, EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DISPONE:

Artí­culo 1* ° – Apruébense las “Medidas de Seguridad para el Tratamiento y Conservación de los Datos Personales Contenidos en Archivos, Registros, Bancos y Bases de Datos Públicos no estatales y Privados”, cuyo texto como Anexo I forma parte del presente.

Art. 2* ° – Establécese que el plazo para la implementación de las medidas de seguridad a contar desde la fecha del dictado del presente acto, será de DOCE (12) meses para las de Nivel Básico, de VEINTICUATRO (24) meses para las de Nivel Medio y de TREINTA Y SEIS (36) meses para las de Nivel Crí­tico, los que serán prorrogables a pedido de la parte interesada y por razones debidamente fundadas.

Art. 3* ° – Comuní­quese, publí­quese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archí­vese.

*ANEXO I*

“MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL TRATAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ARCHIVOS, REGISTROS, BANCOS Y BASES DE DATOS PUBLICOS NO ESTATALES Y PRIVADOS”

*MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL BASICO:*

Los archivos, registros, bases y bancos de datos que contengan datos de carácter personal deberán adoptar las medidas de seguridad calificadas como de Nivel Básico que a continuación se detallan:

Disponer del Documento de Seguridad de Datos Personales en el que se especifiquen, entre otros, los procedimientos y las medidas de seguridad a observar sobre los archivos, registros, bases y bancos que contengan datos de carácter personal. Deberá mantenerse en todo momento actualizado y ser revisado cuando se produzcan cambios en el sistema de información.

Deberá contener:

1. Funciones y obligaciones del personal.

2. Descripción de los archivos con datos de carácter personal y los sistemas de información que los tratan.

3. Descripción de las rutinas de control de datos de los programas de ingreso de datos y las acciones a seguir ante los errores detectados a efectos de su corrección. Todos los programas de ingreso de datos, cualquiera sea su modo de procesamiento (batch, interactivo, etc.), deben incluir en su diseño, rutinas de control, que minimicen la posibilidad de incorporar al sistema de información, datos ilógicos, incorrectos o faltantes.

4. Registros de incidentes de seguridad.

4.1. Notificación, gestión y respuesta ante los incidentes de seguridad.

5. Procedimientos para efectuar las copias de respaldo y de recuperación de datos.

6. Relación actualizada entre Sistemas de Información y usuarios de datos con autorización para su uso.

7. Procedimientos de identificación y autenticación de los usuarios de datos autorizados para utilizar determinados sistemas de información.

La relación entre el usuario autorizado y el/los sistemas de información a los que puede acceder debe mantenerse actualizada. En el caso en que el mecanismo de autenticación utilice contraseña, la misma será asignada por el responsable de seguridad de acuerdo a un procedimiento que garantice su confidencialidad. Este procedimiento deberá prever el cambio periódico de la contraseña (lapso máximo de vigencia) las que deberán estar almacenadas en forma ininteligible.

8. Control de acceso de usuarios a datos y recursos necesarios para la realización de sus tareas para lo cual deben estar autorizados.

9. Adoptar medidas de prevención a efectos de impedir amenazas de software malicioso (virus, troyanos, etc.) que puedan afectar archivos con datos de carácter personal. Entre otras:

1) Instalar y actualizar, con la periodicidad pertinente, software de detección y reparación de virus, ejecutándolo rutinariamente; 2) Verificar, antes de su uso, la inexistencia de virus en archivos recibidos a través de la web, correo electrónico y otros cuyos orí­genes sean inciertos.

10. Procedimiento que garantice una adecuada Gestión de los Soportes que contengan datos de carácter personal (identificación del tipo de información que contienen, almacenamiento en lugares de acceso restringidos, inventarios, autorización para su salida fuera del local en que están ubicados, destrucción de la información en desuso, etc.).

Nota: Cuando los archivos, registros, bases y bancos contengan una serie de datos personales con los cuales, a través de un determinado tratamiento, se permita establecer el perfil de personalidad o determinadas conductas de la persona, se deberán garantizar las medidas de seguridad del presente nivel más las establecidas en los puntos 2, 3, 4 y 5 del siguiente.

*MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL MEDIO:*

Los archivos, registros, bases y bancos de datos de las empresas privadas que desarrollen actividades de prestación de servicios públicos, así­ como los archivos, registros, bases y bancos de datos pertenecientes a entidades que cumplan una función pública y/o privada que, más allá de lo dispuesto por el artí­culo 10 de la Ley N* ° 25.326, deban guardar secreto de la información personal por expresa disposición legal (v.g.: secreto bancario), además de las medidas de seguridad de nivel Básico, deberán adoptar las que a continuación se detallan:

1. El Instructivo de seguridad deberá identificar al Responsable (u órgano especí­fico) de Seguridad.

2. Realización de auditorí­as (internas o externas) que verifiquen el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones vigentes en materia de seguridad para datos personales.

Los informes de auditorí­a pertinentes, serán presentados al Responsable del Archivo a efectos de que se adopten las medidas correctivas que correspondan. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en las inspecciones que realice, deberá considerar obligatoriamente, con carácter no vinculante, los resultados de las auditorí­as referidas precedentemente, siempre que las mismas hayan sido realizadas dentro de un perí­odo máximo de un año.

3. Se limitará la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.

4. Se establecerá un control de acceso fí­sico a los locales donde se encuentren situados los sistemas de información con datos de carácter personal.

5. Gestión de Soportes e información contenida en ellos, 5.1. Se dispondrá de un registro de entradas y salidas de los soportes informáticos de manera de identificar, dí­a y hora de entrada y salida del soporte, receptor, emisor, forma de enví­o, etc.

5.2. Se adoptarán las medidas necesarias para impedir cualquier recuperación de la información con posterioridad a que un soporte vaya a ser desechado o reutilizado, o que la información deba ser destruida, por la causa que correspondiere.

Asimismo se deberán adoptar similares medidas cuando los soportes, o la información (ej.: cuando se hacen copias de respaldo a través de una red de transmisión de datos, la información sale de un soporte local y viaja hasta otro remoto ví­a dicha red.), vaya a salir fuera de los locales en que se encuentren ubicados, 5.3. Deberá disponerse de un procedimiento de recuperación de la información de respaldo y de tratamiento de la misma en caso de contingencias que pongan no operativo el/los equipos de procesamiento habituales.

6. Los registros de incidentes de seguridad, en el caso de tener que recuperar datos, deberán identificar la persona que recuperó y/o modificó dichos datos. Será necesaria la autorización en forma fehaciente del responsable del archivo informatizado.

7. Las pruebas de funcionamiento de los sistemas de información, realizadas con anterioridad a su puesta operativa no se realizarán con datos/archivos reales, a menos que se aseguren los niveles de seguridad correspondientes al tipo de datos informatizados tratados.

*MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL CRITICO:*

Los archivos, registros, bases y bancos de datos que contengan datos personales, definidos como “datos sensibles”, con la excepción que se señalará más abajo, además de las medidas de seguridad de nivel Básico y Medio, deberán adoptar las que a continuación se detallan:

1. Distribución de soportes: cuando se distribuyan soportes que contengan archivos con datos de carácter personal -incluidas las copias de respaldo-, se deberán cifrar dichos datos (o utilizar cualquier otro mecanismo) a fin de garantizar que no puedan ser leí­dos o manipulados durante su transporte.

2. Registro de accesos: se deberá disponer de un registro de accesos con información que identifique al usuario que accedió, cuando lo hizo (fecha y hora), tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. En el caso que el acceso haya sido autorizado se deberá identificar el dato accedido y el tratamiento que se le dio al mismo (baja, rectificación, etc.). Este registro de accesos deberá ser analizado periódicamente por el responsable de seguridad y deberá ser conservado como minino por el término de un TRES (3) años.

3. Copias de respaldo: además de las que se mantengan en la localización donde residan los datos deberán implementarse copias de resguardo externas, situadas fuera de la localización, en caja igní­fuga y a prueba de gases o bien en una caja de seguridad bancaria, cualquiera de ellas situadas a prudencial distancia de la aludida localización. Deberá disponerse de un procedimiento de recuperación de esa información y de tratamiento de la misma en caso de contingencias que pongan no operativo el/los equipos de procesamiento habituales.

4. Transmisión de datos: los datos de carácter personal que se transmitan a través de redes de comunicación1, deberán serlo cifrados o utilizando cualquier otro mecanismo que impida su lectura y/o tratamiento por parte de personas no autorizadas.

Nota: Quedan exceptuados de aplicar las medidas de seguridad de nivel crí­tico, los archivos, registros, bases y bancos de datos que deban efectuar el tratamiento de datos sensibles para fines administrativos o por obligación legal. No obstante, ello no excluye que igualmente deban contar con aquellas medidas de resguardo que sean necesarias y adecuadas al tipo de dato.


Un tribunal argentino ordena a Google remover ví­nculos a contenidos

Posted: septiembre 19th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Derecho a la imagen | No Comments »

Una modelo tomó conocimiento que al ingresar su nombre en varios buscadores de Internet, order en el caso Google y Yahoo, information pills éstos la dirigí­an mediante hiperví­nculos en los primeros resultados a sitios de contenidos sexual donde su nombre civil era utilizado sin su consentimiento para promocionar esa clase de sitios. También tomó conocimiento que fotografí­as suyas aparecí­an en sitios de terceros sin su consentimiento.

Por ello decidió demandar a estos sitios pero también a los buscadores Google y Yahoo. Invocando el derecho a la privacidad y el “derecho a la imagen”:http://www.habeasdata.org/derechoalaimagen a través de una medida cautelar obtuvo una orden de remoción de los hiperví­nculos en los buscadores incluyendo una modificación de los patrones de búsqueda de estos buscadores.

El caso se llama “Pitra Melina Marisol v. Yahoo y otros”. El fallo completo está publicado online en “Chilling Efects”:http://www.chillingeffects.org/international/notice.cgi?NoticeID=4967.


Presentan proyecto de ley para un registro no llame en Córdoba

Posted: septiembre 14th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Marketing, Proyecto de Ley, Público en general | No Comments »

*LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY*

*Expte. 09522/L/06*

ARTíCULO 1: La presente Ley tiene por objeto la protección de datos personales de usuarios de servicios telefónicos, neurologist en lo que concierne al ejercicio abusivo en el procedimiento de contacto, this site publicidad y ventas a través del denominado telemercadeo o telemárketing.

ARTíCULO 2: A los fines de garantizar la protección de los usuarios, oncologist se entiende por:

Venta telefónica, Mercadeo o Telemárketing: cualquier comunicación telefónica en la cual un agente de ventas arbitra mecanismos que estén a su alcance intentando vender bienes o servicios a un potencial consumidor que no haya solicitado y manifestado previamente, el interés directo y expreso en comprar, invertir u obtener información sobre los bienes, productos o servicios que le son ofrecidos.

ARTICULO 3: Créase, en el ámbito del Ministerio de Producción y Trabajo, el Registro Provincial de Protección de Llamadas, en el cual podrán inscribirse todos los usuarios de telefoní­a básica y móvil que manifiesten su decisión de no ser llamados para ofrecer venta telefónica.

ARTICULO 4: El Registro Provincial de Protección de Llamadas tendrá las siguientes funciones:

a- Elaborar y mantener un registro actualizado de todos los Centros de Llamadas que funcionen en el ámbito de la Provincia de Córdoba, el cual deberá contener datos sobre las personas fí­sicas y jurí­dicas responsables de dichos centros, datos de su finalidad u objeto, número de lí­neas telefónicas afectadas, personal afectado, direcciones y teléfonos de contacto, y cualquier otra información relevante para el cumplimiento de los fines del Registro;

b- Elaborar y mantener un Registro de Protección de Llamadas para los usuarios de servicios telefónicos que manifiesten su voluntad de no ser contactados por Centros de Llamadas a menos que lo requieran de manera expresa. Este registro deberá ser accesible a través de medios informáticos a todos los Centros de Llamadas registrados en el Registro, y

c- Proveer a cada empresa y/o particular, que entre sus modalidades operativas incluya el tele-marketing para la oferta o venta de productos y/o servicios, de un ejemplar, con las debidas actualizaciones, en forma periódica y regular.

ARTICULO 5: Las inscripciones que se efectúen en el Registro Provincial de Protección de Llamadas serán gratuitas para los consumidores.

ARTíCULO 6: Todos los usuarios de servicio telefónico que no deseen ser contactados por Centros de Llamadas, podrán inscribirse en el Registro Provincial de Protección de Llamadas.

La inscripción en el registro, así­ como la baja del mismo, deberán ser posibles por medios eficaces, de uso rápido y sencillos, informáticos, telefónicos y/o postales, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación de la presente Ley, respetando el principio de gratuidad contemplado en el artí­culo 5 de la presente Ley.

ARTICULO 7: La inscripción en el Registro Provincial de Protección de Llamadas tendrá una duración de dos (2) años a partir de ese acto, y se renovarán automáticamente y por un perí­odo igual, de no mediar voluntad expresa en contrario del usuario.

ARTíCULO 8: Los centros de llamadas que operen en el territorio de la Provincia de Córdoba no deberán realizar llamadas a los usuarios inscriptos en el Registro Provincial de Protección de Llamadas, el incumplimiento a dicha prohibición los hará pasibles de las sanciones establecidas en el artí­culo 9 de la presente Ley.

ARTíCULO 9: Los Centros de Llamadas que no cumplan con las disposiciones de la presente Ley, podrán ser objeto de sanciones y acciones de acuerdo a lo estipulado en los Caps. XII y XIII, Arts. 45 a 54 de la Ley 24.240, sin perjuicio de lo cual la Autoridad de Aplicación podrá establecer multas y/o inhabilitación para funcionar a los Centros de Llamadas que incurran en incumplimientos, conforme se disponga en la reglamentación de la presente Ley

ARTICULO 10: De Forma.-

Zulema Hernández

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Durante el mes de julio del año 2006, la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sancionado la ley del -no llame-, tomando como antecedente el registro existente en diferentes estados de Estados Unidos y comunidades de España en las cuales y en una acérrima defensa de los derechos de usuarios y consumidores, han resuelto sancionar no solo el uso abusivo de los datos personales o sensibles, sino la libertad de decisión del usuario en cuanto a su aceptación o no para recibir este tipo de servicios.

Esta idea surge a poco de observar y ser hasta partí­cipes involuntarios de innumerables llamadas en las cuales nos encontramos con una voz que pondera las ventajas de un servicio que supuestamente superarí­a en calidad a todos los demás similares o le hace notar al obligado oyente los riesgos que correrí­a si no aceptara una determinada cobertura médica.

Estos mensajes suelen multiplicarse y hasta repetirse sin variaciones, incluso después de reiteradas negativas, lo que representa una fuente de molestias y de pérdidas de tiempo para el usuario, sobre todo para quien, por cortesí­a o por deferencia hacia la persona que está haciendo su trabajo, decide escuchar los argumentos hasta decir que no.

El telemarketing, como se suele llamar a esta modalidad publicitaria, funciona a partir de bases de datos constituidas con las informaciones obtenidas de diferentes fuentes y quienes las consiguen se encargan de utilizarlas para vender sus servicios.

A las empresas de telemarketing de aprobarse la iniciativa que se presenta en la Legislatura provincias, les estará prohibido comunicarse con los números telefónicos de quienes se registren. El registro tendrá una validez de dos años y se renovará automáticamente por otros dos, a menos que el usuario se exprese de una manera diferente, cosa que podrá hacer en cualquier momento.

El Ministerio de la Producción y Trabajo será la autoridad de aplicación de la nueva norma y castigará con las multas que se fijen a quienes la violen, las que son establecidas por la ley de defensa del consumidor.

Puede decirse que se trata de una medida totalmente apropiada, cuya base está en un derecho tan obvio y tan importante como el resguardo de la intimidad de las personas.

Este avance en el telemercadeo se debe fundamentalmente al crecimiento de los Call Centres los cuales son utilizados como una herramienta insustituible de las empresas para incrementar la eficacia del contacto y la administración de sus clientes, potenciales clientes y proveedores.

Todaví­a más, con la devaluación de 2002, el tipo de cambio alto posibilitó que empresas multinacionales establecieran en Argentina Centros de Llamados de alcance internacional.

La dotación de equipos y la disponibilidad de mano de obra capacitada y barata en términos de divisas, resultó en una combinación que promovió la expansión del sector, que creció a ritmo arrollador.

Nos preocupa, sin embargo, el impacto de la generalización de esta modalidad de contacto (conocida generalmente como telemárketing) sobre la privacidad de los usuarios de servicios telefónicos. Es decir, la relación del telemárketing con los derechos del consumidor.

La Ley de Derechos de Consumidor, 24.240, prácticamente no se refiere a la cuestión del telemárketing, a excepción de su Art. 35 prohí­be -la realización de propuestas al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice-.

Por su parte, la Ley 25.326, de Protección de los Datos Personales y regulación de las garantí­as del hábeas data, se refiere a la cuestión al establecer derechos de las personas respecto de la permanencia de sus datos en los listados elaborados por terceros.

Pero la actividad y el esfuerzo por la propia privacidad del ciudadano -“en este caso usuario de servicio telefónico-“ está en cabeza del titular de los datos, que deberí­a remitirse a todos y cada uno de los listados en los que, por voluntad ajena a la propia, se encuentre incluido.

Esta idea se aplica en Estados Unidos existe el -National Do Not Call Registry-, es decir, literalmente, el -Registro Nacional No Llamar-, que unifica en una lista, a disposición del ciudadano normal, el problema de la utilización abusiva de los datos telefónicos para el telemárketing. Según datos públicos, en EEUU se registran 108 pedidos de inscripción por segundo, y el registro contaba en abril de 2005 con sesenta millones de inscriptos.

El presente proyecto apunta, modestamente, a que el gobierno provincial implemente medidas de control sobre los Call Centers y el sistema de telemárketing.

Estas medidas pasan por el elemental registro de las empresas y/o organizaciones que, con o sin fines de lucro, desde la órbita pública o privada, realicen o reciban llamadas masivas.

Por otra parte, la creación del -Registro No Llamar-, puntualmente un Registro de Protección de Llamadas que posibilite al consumidor no ser molestado por telemárketers, y que los call centers tengan la obligación de mantener actualizado solo viene a garantizar la defensa de derechos consagrados en la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 1994 la que coloca al usuario y consumidor como sujeto de derechos de tercera generación, razón que justifica la regulación y protección de aquellos por parte de esta Legislatura Provincial.

Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente proyecto de Ley, es que solicito a mis pares la aprobación del mismo.

*Zulema Hernández*

***


Ley de reincidencia. Art. 8 Acceso a datos personales

Posted: septiembre 14th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Delitos, Normas | No Comments »

1. El Registro Nacional de Reincidencia y Estadí­stica Criminal creado por ley 11.752 funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación y centralizará la información referida a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción, plague conforme al régimen que regula esta ley.

2. Todos los tribunales del paí­s con competencia en materia penal remitirán al Registro, vitamin dentro de los cinco dí­as de quedar firme, purchase dejando copia en la causa, testimonio de la parte dispositiva de los siguientes actos procesales:
a) Autos de procesamiento u otra medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
b) Autos de prisión preventiva u otra medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
c) Autos de rebeldí­a y paralización de causa;
d) Autos de sobreseimiento provisional o definitivo, con indicación de las normas legales que lo fundaren;
e) Sentencias absolutorias;
f) Sentencias condenatorias, indicando la forma de su cumplimiento y acompañando la ficha de antecedentes con fines estadí­sticos;
g) Sentencias que otorguen libertades condicionales o rehabilitaciones;
h) Sentencias que concedan o denieguen extradiciones;
i) Sentencias que establezcan medidas de seguridad;
j) Sentencias que declaren la nulidad de cualquiera de los actos precedentes, los revoquen o los dejen sin efecto;
k) Sentencias que hagan lugar a impugnaciones contra informes del Registro en los términos del artí­culo 10.
Igualmente, los tribunales que correspondieren, dentro de los cinco dí­as de recibida la pertinente comunicación, remitirán al Registro testimonio de la parte dispositiva de los decretos que concedan indultos o conmutaciones de penas.

3. Las unidades penitenciarias del paí­s comunicarán al Registro, dentro de los cinco dí­as, el egreso de todo condenado por delito.
Cuando el egreso se produjere por haberse acordado la libertad condicional, se indicará el tiempo de privación de libertad cumplido y el que faltare cumplir.
En ambos casos deberán informar la fecha de la sentencia, el tribunal que la dictó y el número de causa.

4. La Policí­a Federal Argentina hará saber al Registro, dentro de los cinco dí­as, los pedidos de captura que le hayan sido dirigidos por la Organización Internacional de Policí­a Criminal y las comunicaciones que les dejen sin efecto.

5. Todos los tribunales del paí­s con competencia en materia penal, antes de dictar resoluciones en las cuales, según las leyes deban tenerse en cuenta los antecedentes penales del causante, requerirán del registro la información correspondiente, dejando copia en la causa del pedido respectivo, el que deberá contestarse en el término de cinco dí­as. El término será de veinticuatro horas cuando del informe dependiere la libertad del causante, circunstancia que se consignará en el oficio, en el cual podrá solicitarse la respuesta por servicio telegráfico o de télex.

6. Con las comunicaciones y los pedidos de informes remitidos al Registro, se acompañará la ficha de las impresiones digitales de ambas manos del causante, y se indicarán las siguientes circunstancias:
a) Tribunal y secretarí­a interviniente y número de causa;
b) Tribunales y secretarí­as que hubieren intervenido con anterioridad y número de causas correspondientes;
c) Nombres y apellidos, apodos, pseudónimos o sobrenombres;
d) Lugar y fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Estado civil y, en su caso, nombres y apellidos del cónyuge;
g) Domicilio o residencia;
h) Profesión, empleo, oficio u otro medio de vida;
i) Números de documentos de identidad y autoridades que los expidieron;
j) Nombres y apellidos de los padres;
k) Números de prontuarios;
l) Condenas anteriores y tribunales intervinientes;
m) Fecha y lugar en que se cometió el delito, nombre del damnificado y fecha de iniciación del proceso;
n) Calificación del hecho.

7. Las comunicaciones y fichas dactiloscópicas recibidas de conformidad con lo establecido en los artí­culos 2, 3, 4, 6 y 11, integrarán los legajos personales, que bajo ningún concepto podrán ser retirados del Registro.
Estos sólo serán dados de baja en los siguientes casos:
a) Por fallecimiento del causante;
b) Por haber transcurrido cien años desde la fecha de nacimiento del mismo.

8. El servicio del Registro será reservado y únicamente podrá suministrar informes:
a) A los jueces y tribunales de todo el paí­s;
b) Cuando las leyes nacionales o provinciales lo determinen;
c) [A la Gendarmerí­a Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policí­a Federal Argentina y policí­as provinciales para atender necesidades de investigación.] (Texto segun ley 23.312.)
d) A las autoridades extranjeras en virtud de lo establecido en el artí­culo 10;
e) Cuando lo dispusiere el Ministerio de Justicia de la Nación a solicitud fundada de otras autoridades nacionales, provinciales o municipales;
*f) A los particulares que, demostrando la existencia de un interés legí­timo, soliciten se certifique que ellos no registran condenas o procesos pendientes. El certificado se extenderá con los recaudos y tendrá validez por el tiempo que fije el decreto reglamentario.*
g) [A los señores legisladores de la Nación senadores y diputados exclusivamente, cuando resulten necesarios a los fines de la función legislativa y/o administrativa, los cuales deberán ser fundados como requisito de procedencia del mismo.
En los casos de los incisos b), c), d), e), f) y g) del presente artí­culo, el informe deberá ser evacuado en el término de hasta diez dí­as corridos, si no se fijare uno menor.] (Agregado por ley 24.263.)

9. Los informes del Registro harán plena fe, pudiendo ser impugnados sólo judicialmente por error o falsedad.

10. El Poder Ejecutivo Nacional promoverá el intercambio de información con paí­ses extranjeros sobre antecedentes penales de las personas.

11. Los representantes del ministerio público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el paí­s, tendrán a su cargo vigilar el cumplimiento de la presente ley, a cuyo efecto deberán ser notificados, en todos los casos, antes de la remisión al archivo de los procesos.
Los respectivos tribunales de superintendencia dispondrán que no se admitan en sus archivos judiciales procesos penales en los cuales no existan constancias de haberse efectuado las comunicaciones a que se refiere el artí­culo 2.

12. El Registro Nacional de Reincidencia y Estadí­stica Criminal y Carcelaria percibirá como tasa por cada información que suministre en cumplimiento de lo dispuesto por el inc. e), del artí­culo 8, la suma de cinco mil pesos más la de trescientos pesos por cada fotocopia que se anexe al informe.
En el supuesto del inc. f) del artí­culo 8 la suma de diez mil pesos por informe con más la de trescientos pesos por cada fotocopia que se anexe a él.
Facúltase al Ministro de Justicia para establecer el sistema de recaudación de las tasas precedentes y actualizarlas cada seis meses en función de la variación del í­ndice de precios al por mayor nivel general que publique el Instituto Nacional de Estadí­stica y Censos.

13. [Todos los tribunales del paí­s con competencia en materia penal, así­ como los representantes del Ministerio Público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el paí­s, la Policí­a Federal Argentina, las policí­as provinciales, las demás fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios y, en su caso, las Fuerzas Armadas de la Nación, remitirán a la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar anualmente la estadí­stica general sobre la criminalidad en el paí­s y el funcionamiento de la justicia.
El requerimiento de datos será realizado trimestralmente por resolución fundada del director del organismo. Los datos requeridos, que no serán personales en caso alguno, sólo podrán ser utilizados con fines estadí­sticos-criminales.
El requerimiento deberá ser preciso procurando que no obstaculice la tarea cotidiana del personal de los organismos requeridos. A tal efecto, el requerimiento podrá estar acompañado de planillas de recolección de datos con una indicación precisa del mecanismo a utilizar para ser completadas.
Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar información estadí­stica deberán disponer lo necesario para que, eventualmente y con el único fin de verificar la exactitud de los datos brindados, la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal pueda acceder a los registros pertinentes.
Sobre esta base, y la información que le suministre el Registro Nacional de Reincidencia, la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, confeccionará anualmente la estadí­stica general sobre la criminalidad en el paí­s y el funcionamiento de la justicia, única que será considerada estadí­stica criminal oficial de la Nación.] (Texto según ley 25.266.)

13 bis. [Será reprimido con multa de uno a tres de sus sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar establecido en el artí­culo precedente, no proporcione la información estadí­stica requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardí­o, siempre que no cumpla correctamente con el deber de informar dentro de los cinco dí­as de haber sido interpelado de la falta por la Dirección Nacional de Polí­tica Criminal a través de cualquier forma documentada de comunicación.] (Incorporado por ley 25.266.)

14. Esta ley se tendrá como complementaria del Código Penal.

15. Derógase la ley 11.752.

16. Esta ley comenzará a regir a los ciento ochenta dí­as de su publicación.


Competencia en el habeas data en demandas contra el BCRA

Posted: septiembre 14th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Reino Unido | No Comments »

*Apostillas acerca de la inclusión de particulares en las bases de datos de deudores del BCRA y la problemática respecto de su competencia.*
_Por Lucas F. Tamagno_

Comúnmente se sostiene la competencia contenciosa administrativa federal cuando el demandado sea el “BCRA”:http://www.bcra.gov.ar/, more about sin embargo y dejando de lado cualquier análisis que se pueda hacer, dosage la competencia en el caso del pedido de acceso, more about cancelación y/o rectificación a los datos requerido al Banco Central es, a nuestro entender, competencia de la Justicia Civil y Comercial Federal como a continuación se expondrá.

Nuestros tribunales le han otorgado en estos casos la competencia al fuero contencioso administrativo por entender que el “BCRA”:http://www.bcra.gov.ar/ ejerce el poder de policí­a. Sin embargo al hacer referencia al Poder de Policí­a que ejerce el Estado debemos decir que el mismo ejerce la función financiera y bancaria solo ante dos supuestos (ello en consonancia con lo sostenido por Mertheikian), al emitir moneda de curso legal forzoso en todo el ámbito de la República Argentina, y al autorizar, regular y fiscalizar el funcionamiento del sistema financiero y bancario. Es de destacar al respecto que es el propio BCRA el cual al momento de efectuar una consulta sobre la base de datos de deudores del sistema financiero informa que los datos se publican sin alteraciones de acuerdo a lo establecido por la Comunicación -B- 7074 y 8103 y agrega que su difusión no implica conformidad por parte del Banco Central.

Por esta razón nos inclinamos por sostener que el acto que realiza el BCRA lejos se encuentra de constituir un acto administrativo, toda vez la entidad no realiza proceso intelectivo alguno, se estarí­a en todo caso ante una actuación material del órgano.

Otro de los puntos que distan a la actividad del BCRA de la esfera de la competencia contencioso administrativa es la carencia de motivación suficiente, entendiendo por tal a la exteriorización en el acto de la existencia de causa y finalidad conforme lo dispone el art. 7 de la ley 19549.

En el marco de la ley nacional de procedimiento administrativo es posible concebir al acto administrativo como a una declaración emitida por un órgano estatal, o un ente público no estatal, en ejercicio de la función administrativa (en el presente caso el -poder de policí­a- sobre el sistema bancario y financiero) bajo un régimen jurí­dico exorbitante, productora de efectos jurí­dicos directos e individuales respecto de terceros. Resaltemos nuevamente que el “BCRA”:http://www.bcra.gov.ar/ no ejerce sobre los datos que recibe tratamiento alguno que implique una declaración en los términos que la misma debe recibir a la luz del Derecho Administrativo.

Otro de los elementos que se exigen para que un acto administrativo pueda ser considerado como tal es que el mismo posea un objeto y que este sea cierto y defina a su vez todas las cuestiones propuestas, el acto decisorio debe hacer expresa consideración de los principales argumentos y de las consideraciones propuestas.

Por todo ello cabe preguntarnos * ¿toda actividad de la administración implica la existencia o nacimiento de un acto administrativo?; como bien señala el autor español Garcí­a Trevijano Fos, en cuanto a la distinción que formula entre la relación orgánica y la relación de servicio ejercida por la administración, entendemos que el actuar del BCRA solo hace referencia en este orden de cosas, a una relación de servicio prestada por dicha entidad.

De esta forma fue la propia Cámara de Apelaciones del Fuero Comercial la que dispuso -debe destacarse que de acuerdo a la exposición del sub lite no se cuestionan facultades policiales o reglamentarias del Banco Central de la República Argentina (-Busaniche Iturraspe Hernán C/BCRA s/habeas data-; Expte: 27497/05, Juzgado Contencioso Administrativo Federal N* ° 10 Secretarí­a N* ° 19).

Por ello podemos decir que la competencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal no aparece definida en virtud del órgano productor del acto, sino por la subsunción del caso al derecho administrativo (Fallos 164:188; 244:252; 295:112).

Por ello, y a modo de conclusión es dable poner de resalto que en los casos en los que se requiera la intervención del Banco Central de la República Argentina por un supuesto de inclusión en sus listados de deudores y de cheques rechazados será el juez federal civil y comercial el que resulte competente para entender en el proceso judicial a llevarse adelante.

“Lucas Tamagno”:http://www.lft.com.ar/


Nuevo proyecto de ley informes comerciales propone modificar el art. 26 de la ley 25.326

Posted: septiembre 13th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Informes comerciales, Proyecto de Ley | No Comments »

PROTECCION DE DATOS PERSONALES – LEY 25326 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 26 DE INFORMACION CREDITICIA. Exp : 5055-D-06 Presentado por Dip. Garcí­a, ascariasis Marí­a Teresa (PJ – Bs As 2005/09)

El proyecto propone borrar a quienes pagan la deuda, con lo cual se reduce el plazo del derecho al olvido a cero años. En caso de no pago el plazo se reduce de 5 a 3 años. Se obliga a notificar al titular de los datos el ingreso del dato. En _itálica_ están marcados los cambios en relación al actual “artí­culo 26 de la ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326.

*Proyecto*

Articulo 1: Sustituyese el articulo 26 de la Ley N 2536 por el siguiente Texto:

*Articulo 26. -“ (Prestación de servicios de información crediticia).*

1. En la prestación de Servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento _y el tratamiento sea realizado por sujetos autorizados por la Autoridad de aplicación_.

2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés, _quienes deberán notificar al titular de los datos con una antelación no menor a quince dí­as al tratamiento y/o cesión de sus Datos_.

3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará en forma gratuita las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos dos años y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.

4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante _los últimos tres años_. Cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, los datos relativos al incumplimiento _deberán ser eliminados del registro dentro de los treinta dí­as_.

5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de esta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios, _sin prejuicio de la constancia de notificación previa establecida en el inciso 2) del presente artí­culo_.

_6. En los casos de prestación de información crediticia, el titular de los datos podrá solicitar al titular del banco de datos el bloqueo preventivo de la información relativa a sus incumplimientos, alegando el cumplimiento o la inexistencia de la obligación, debiendo acreditar dicha circunstancia dentro de 10 dí­as, mediante la presentación de la documentación correspondiente. Caso contrario o de resultar insuficiente a criterio del titular del banco de datos la documentación acompañada, cesará el bloqueo de la información._

*FUNDAMENTOS*

Sr. Presidente

No cabe duda que la información relativa a la actuación comercial y financiera de las personas ha adquirido un lugar relevante en el sistema económico actual.

Resulta destacable que el intercambio de bienes y servicios se sustenta en gran medida en la posesión de información y en la posibilidad de compartir dicha información.

Ahora bien. Si el uso que se hace de dicha información no resulta diligente, el daño al sistema de intercambio puede ser tan importante como la propia falta de información.

Asimismo, si bien la agilidad en el intercambio de la información resulta un valor aceptado en la economí­a moderna, resulta indudable que tal intercambio no puede afectar en modo alguno, derechos constitucionales, tales como el derecho de defensa, considerado este en sentid amplio.

La Ley N: 25326 tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así­ como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el articulo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional.

En lo relativo a la información relativa al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones patrimoniales y a los servicios de información crediticia, el articulo 26 de la Ley citada, contiene los parámetros básicos de desenvolvimiento del sistema.

Luego de varios años de vigencia en el articulo 26 citado.

En efecto, atento la dinámica actual, resulta conveniente la reducción de los plazos del inciso 4) por considerar extensos los actualmente vigentes.

También se establece la necesidad de notificación previa al tratamiento o cesión de los datos (inciso 2). Esta modificación resulta necesaria a los efectos de introducir, dentro de la especial naturaleza de la cuestión, de una instancia previa de notificación, que en algún modo, viene a asegurar el derecho constitucional de defensa. Consideramos que así­ como se debe asegurar este derecho tanto en sede administrativa o judicial, debe extenderse su protección a la dinámica propia de estos sistemas de información, tanto por la importancia que los mismos han adquirido en la vida de las personas, como por tratarse de una actividad sujetas a una especial regulación por parte del estado, en atención a los valores en juego.

También se encuentran ligados a los mismos fundamentos, la incorporación de un inciso 6) al articulo 26, en donde se establece un mecanismo de bloqueo preventivo -“ sin necesidad de acudir a instancia judicial o administrativa- de modo de dar posibilidad al posible afectado de una información errónea, a que acredite su real situación. Claro que este bloqueo preventivo esta sujeto a un plazo perentorio, dentro del cual, de no acreditarse mediante la documentación pertinente la situación alegada por el peticionante, se libera la provisión o cesión de la respectiva información.