Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Legislación Comparada de datos personales

Posted: enero 9th, 2008 | Author: | Filed under: Habeas Data, Normas, Venezuela | No Comments »

LEGISLACION COMPARADA

*ARGENTINA*

*MEXICO*

- “Ley para regular las sociedades de información crediticia con reforma del 2004″:http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/221/default.htm?s=


Privacy International publica informe mundial sobre el secreto de las fuentes de información de los periodistas

Posted: noviembre 9th, 2007 | Author: | Filed under: Colombia, Público en general, Venezuela | Tags: | No Comments »

Privacy International acaba de presentar un completo informe sobre el secreto de las fuentes de información de los periodistas y su regulación a nivel mundial. El informe cubre 150 jurisdicciones y se elaboró a lo largo de un año por David Banisar.

A continuación encontrarán el comunicado de prensa de PI.

*For immediate release – 9 November 2007*
New “global study”:http://www.privacyinternational.org/silencingsources shows widespread adoption of protections; continuing problems with national security, erectile searches, recuperation wiretapping

The first ever comprehensive “global study of protection of journalists’ sources”:http://www.privacyinternational.org/silencingsources has found that there is widespread legal recognition of the right around the world. Approximately 100 countries have adopted sources protection laws which allow journalists to keep promises to confidential sources that their identities will not be revealed.

The recognition of the need for legal protections has been growing. In the past few years, new laws have been adopted in many countries including Belgium, Mexico, Switzerland, New Zealand, Australia, Angola, Luxembourg and El Salvador. It is now also recognized by nearly all major international bodies including the UN, Council of Europe, African Union, Organization for American States and the Organization for Security and Cooperation in Europe.

The most significant problems are found in those countries lacking a specific law. The US, Canada, the Netherlands and Ireland are noteworthy as having no specific legal protections. Many journalists have been fined or jailed for not revealing their sources.

However, in many jurisdictions, protections are being undermined by the regular use of search warrants on media offices and journalists’ homes because few have specific legal protections on media-related searches. Protections are also being undercut in many countries by the use of legal and illegal surveillance. The adoption of “data retention” laws will seriously weaken protections by allowing authorities easy access to journalists communications data.

National security claims are also diminishing protections. There have been numerous cases where journalists have been arrested, prosecuted or harassed for disclosure of information under state secrets laws. New Anti-terrorism laws adopted in numerous countries have given authorities extensive powers to demand assistance from journalists, intercept communications, and gather information.

The study is available at “http://www.privacyinternational.org/silencingsources”:http://www.privacyinternational.org/silencingsources

*Note to editors:*

1. The report reviewed the situation in over 150 countries. It was conducted over a 12 month period from September 2006 to September 2007. The project was funded by the Network Media Program of the Open Society Foundation, London.

2. *Privacy International* was formed in 1990 as a privacy, human rights and civil liberties watchdog. It has been at the forefront of research and public education on issues ranging from biometrics and identity cards, police systems and national security arrangements, Internet censorship, cybercrime and communications surveillance to freedom of information and media rights. It has organised campaigns and initiatives in more than fifty countries. More information is available at http://www.privacyinternational.org/ .
*David Banisar* is the Director of the Freedom of Information Project of Privacy International. He is also a visiting research fellow at the School of Law of the University of Leeds and a former fellow at the Kennedy School of Government at Harvard University.


Resolución 45/95 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1990, por la que se establecen las directrice

Posted: junio 2nd, 2007 | Author: | Filed under: Habeas Data, Normas, Venezuela | No Comments »

Resolución 45/95 de la Asamblea General de Naciones Unidas, orthopedist de 14 de diciembre de 1990, viagra sale por la que se establecen las directrices de protección de datos

Directrices para la regulación de los archivos de datos personales informatizados.

(Adoptadas mediante Resolución 45/95 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1990)

Los procedimientos para llevar a la práctica las normas relativas a los archivos de datos personales informatizados se dejan a la iniciativa de cada Estado, con sujeción a las siguientes orientaciones:

A. PRINCIPIOS RELATIVOS A LAS GARANTíAS MíNIMAS QUE DEBEN PREVER LAS LEGISLACIONES NACIONALES

1. Principio de legalidad y lealtad

La información relativa a las personas no debe ser recogida o procesada por métodos desleales o ilegales, ni debe ser utilizada para fines contrarios a los fines y principios de la Carta de Naciones Unidas.

2. Principio de exactitud

Las personas responsables de la compilación de archivos, o aquellas responsables de mantenerlos, tienen la obligación de llevar a cabo comprobaciones periódicas acerca de la exactitud y pertinencia de los datos registrados y garantizar que los mismos se mantengan de la forma más completa posible, con el fin de evitar errores de omisión, así­ como de actualizarlos periódicamente o cuando se use la información contenida en un archivo, mientras están siendo procesados.

3. Principio de especificación de la finalidad

La finalidad a la que vaya a servir un archivo y su utilización en términos de dicha finalidad debe ser especificada, legí­tima y, una vez establecida, recibir una determinada cantidad de publicidad o ser puesta en conocimiento de la persona interesada, con el fin de que posteriormente sea posible garantizar que:

a) Todos los datos personales recogidos y registrados sigan siendo pertinentes y adecuados para los fines especificados;

b) Ninguno de los referidos datos personales sea utilizado o revelado, salvo con el consentimiento de la persona afectada, para fines incompatibles con aquellos especificados;

c) El perí­odo durante el que se guarden los datos personales no supere aquel que permita la consecución de los fines especificados.

4. Principio de acceso de la persona interesada

Cualquiera que ofrezca prueba de su identidad tiene derecho a saber si está siendo procesada información que le concierna y a obtenerla de forma inteligible, sin costes o retrasos indebidos; y a conseguir que se realicen las rectificaciones o supresiones procedentes en caso de anotaciones ilegales, innecesarias o inexactas, y, cuando sea comunicada, a ser informado de sus destinatarios. Debe preverse un recurso, en caso necesario, ante la autoridad supervisora especificada más abajo en el principio 8. El coste de cualquier rectificación será soportado por la persona responsable del archivo. Es conveniente que las disposiciones relacionadas con este principio se apliquen a todas las personas, sea cual sea su nacionalidad o lugar de residencia.

5. Principio de no discriminación

Sin perjuicio de los casos susceptibles de excepción restrictivamente contemplados en el principio 6, no deben ser recogidos datos que puedan dar origen a una discriminación ilegal o arbitraria, incluida la información relativa a origen racial o étnico, color, vida sexual, opiniones polí­ticas, religiosas, filosóficas y otras creencias, así­ como la circunstancia de ser miembro de una asociación o sindicato.

6. Facultad para hacer excepciones

Las excepciones a los principios 1 a 4 solamente pueden ser autorizadas en caso de que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moralidad, así­ como, entre otras cosas, los derechos y libertades de otros, especialmente de personas que estén perseguidas (cláusula humanitaria), siempre que tales excepciones estén especificadas de forma explí­cita en una ley o norma equivalente promulgada de acuerdo con el sistema jurí­dico interno, que expresamente establezca sus lí­mites y prevea las salvaguardas adecuadas.

Las excepciones al principio 5, relativo a la prohibición de la discriminación, además de estar sujetas a las mismas salvaguardas que las prescritas para las excepciones a los principios 1 a 4, solamente podrán autorizarse dentro de los lí­mites establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en el resto de instrumentos aplicables en el campo de la protección de los derechos humanos y la prevención de la discriminación.

7. Principio de seguridad

Deben adoptarse medidas adecuadas para proteger los archivos tanto contra peligros naturales, como la pérdida o destrucción accidental, como humanos, como el acceso no autorizado, el uso fraudulento de los datos o la contaminación mediante virus informáticos.

8. Supervisión y sanciones

El derecho de cada paí­s designará a la autoridad que, de acuerdo con su sistema jurí­dico interno, vaya a ser responsable de supervisar la observancia de los principios arriba establecidos. Esta autoridad ofrecerá garantí­as de imparcialidad, independencia frente a las personas o agencias responsables de procesar y establecer los datos, y competencia técnica. En caso de violación de lo dispuesto en la ley nacional que lleve a la práctica los principios anteriormente mencionados, deben contemplarse condenas penales u otras sanciones, junto con los recursos individuales adecuados.

9. Flujo transfronterizo de datos

Cuando la legislación de dos o más paí­ses afectados por un flujo transfronterizo de datos ofrezca salvaguardas similares para la protección de la intimidad, la información debe poder circular tan libremente como dentro de cada uno de los territorios afectados. En caso de que no existan salvaguardas recí­procas, no deberán imponerse limitaciones indebidas a tal circulación, sino solamente en la medida en que lo exija la protección de la intimidad.

10. Campo de aplicación

Los presentes principios deben hacerse aplicables, en primer lugar, a todos los archivos informatizados públicos y privados, así­ como, mediante extensión optativa y sujeta a los ajustes correspondientes, a los archivos manuales. Pueden dictarse disposiciones especiales, también optativas, para hacer aplicable la totalidad o parte de los principios a los archivos relativos a personas jurí­dicas, especialmente cuando contengan alguna información relativa a individuos.

B. APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES A ARCHIVOS DE DATOS PERSONALES MANTENIDOS POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES GUBERNAMENTALES

Las presentes directrices serán de aplicación a los archivos de datos personales que mantengan las organizaciones internacionales gubernamentales, sujetas a cualquier ajuste que sea preciso para tener en cuenta cualquier diferencia que pueda existir entre archivos para fines internos, como aquellos que conciernen a la gestión de personal, y archivos para fines externos, relativos a terceros que tengan relaciones con la organización.

Cada organización debe designar a la autoridad legalmente competente para supervisar la observancia de estas directrices.

Cláusula humanitaria: puede preverse especí­ficamente una excepción a estos principios cuando la finalidad del archivo sea la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona afectada, o la ayuda humanitaria. Debe preverse una excepción similar en la legislación nacional para las organizaciones internacionales gubernamentales cuyo acuerdo organizativo no impida la puesta en práctica de la referida legislación nacional, así­ como para las organizaciones internacionales no gubernamentales a las que sea aplicable esta ley.


Privacidad Laboral

Posted: abril 16th, 2007 | Author: | Filed under: Internet, Público en general, Venezuela | No Comments »

La Corte Europea de Derechos Humanos acaba de dictar un fallo donde concluye que los empleados tienen derecho a la privacidad sobre su correspondencia en el trabajo. EL caso se llama “Copland v. The United Kingdom”, link y el tribunal se refirió al monitoreo de llamadas, more about correos electrónicos y correspondencia como una interferencia en la vida privada amparada por el art. 8 de la Convención Europea, cuando no existe ninguna base legal para ello.

Texto del caso en inglés
FOURTH SECTION

CASE OF COPLAND v. THE UNITED KINGDOM

(Application no. 62617/00)

JUDGMENT

STRASBOURG

3 April 2007

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 * § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Copland v. the United Kingdom,

The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Chamber composed of:

Mr J. Casadevall, President,
Sir Nicolas Bratza,
Mr G. Bonello,
Mr R. Maruste,
Mr S. Pavlovschi,
Mr L. Garlicki,
Mr J. Borrego Borrego, judges,
and Mr T.L. Early, Section Registrar,

Having deliberated in private on 7 March 2006 and on 13 March 2007,

Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 62617/00) against the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (-the Convention-) by Ms Lynette Copland.

2. The applicant was represented before the Court by Mr James Welch of Liberty, a non-governmental civil rights organisation based in London. The United Kingdom Government (-the Government-) were represented by their Agent, Mr J. Grainger of the Foreign and Commonwealth Office.

3. The applicant complained about the monitoring of her telephone calls, e-mail correspondence and internet usage under Articles 8 and 13.

4. By a decision of 7 March 2006, the Court declared the application partly admissible.

5. The applicant, but not the Government, filed further written observations (Rule 59 * § 1).

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

6. The applicant was born in 1950 and lives in Llanelli, Wales.

7. In 1991 the applicant was employed by Carmarthenshire College (-the College-). The College is a statutory body administered by the State and possessing powers under sections 18 and 19 of the Further and Higher Education Act 1992 relating to the provision of further and higher education.

8. In 1995 the applicant became the personal assistant to the College Principal (-CP-) and from the end of 1995 she was required to work closely with the newly appointed Deputy Principal (-DP-).

9. In about July 1998, whilst on annual leave, the applicant visited another campus of the College with a male director. She subsequently became aware that the DP had contacted that campus to enquire about her visit and understood that he was suggesting an improper relationship between her and the director.

10. During her employment, the applicant’s telephone, e-mail and internet usage were subjected to monitoring at the DP’s instigation. According to the Government, this monitoring took place in order to ascertain whether the applicant was making excessive use of College facilities for personal purposes. The Government stated that the monitoring of telephone usage consisted of analysis of the college telephone bills showing telephone numbers called, the dates and times of the calls and their length and cost. The applicant also believed that there had been detailed and comprehensive logging of the length of calls, the number of calls received and made and the telephone numbers of individuals calling her. She stated that on at least one occasion the DP became aware of the name of an individual with whom she had exchanged incoming and outgoing telephone calls. The Government submitted that the monitoring of telephone usage took place for a few months up to about 22 November 1999. The applicant contended that her telephone usage was monitored over a period of about 18 months until November 1999.

11. The applicant’s internet usage was also monitored by the DP. The Government accepted that this monitoring took the form of analysing the web sites visited, the times and dates of the visits to the web sites and their duration and that this monitoring took place from October to November 1999. The applicant did not comment on the manner in which her internet usage was monitored but submitted that it took place over a much longer period of time than the Government admit.

12. In November 1999 the applicant became aware that enquiries were being made into her use of e-mail at work when her step-daughter was contacted by the College and asked to supply information about e-mails that she had sent to the College. The applicant wrote to the CP to ask whether there was a general investigation taking place or whether her e-mails only were being investigated. By an e-mail dated 24 November 1999 the CP advised the applicant that, whilst all e-mail activity was logged, the information department of the College was investigating only her e-mails, following a request by the DP.

13. The Government submitted that monitoring of e-mails took the form of analysis of e-mail addresses and dates and times at which e-mails were sent and that the monitoring occurred for a few months prior to 22 November 1999. According to the applicant the monitoring of e-mails occurred for at least six months from May 1999 to November 1999. She provided documentary evidence in the form of printouts detailing her e-mail usage from 14 May 1999 to 22 November 1999 which set out the date and time of e-mails sent from her e-mail account together with the recipients’ e-mail addresses.

14. By a memorandum dated 29 November 1999 the CP wrote to the DP to confirm the contents of a conversation they had had in the following terms:

-To avoid ambiguity I felt it worthwhile to confirm my views expressed to you last week, regarding the investigation of [the applicant's] e-mail traffic.

Subsequent to [the applicant] becoming aware that someone from [the College] had been following up her e-mails, I spoke to [ST] who confirmed that this was true and had been instigated by yourself. Given the forthcoming legislation making it illegal for organisations to examine someone’s e-mail without permission, I naturally felt concerned over recent events and instructed [ST] not to carry out any further analysis. Furthermore, I asked you to do likewise and asked that any information you have of concern regarding [the applicant] be forwarded to me as a matter of priority. You indicated that you would respond positively to both requests, whilst re-affirming your concerns regarding [the applicant].-

15. There was no policy in force at the College at the material time regarding the monitoring of telephone, e-mail or internet use by employees.

16. In about March or April 2000 the applicant was informed by other members of staff at the College that between 1996 and late 1999 several of her activities had been monitored by the DP or those acting on his behalf. The applicant also believed that people to whom she had made calls were in turn telephoned by the DP, or those acting on his behalf, to identify the callers and the purpose of the call. She further believed that the DP became aware of a legally privileged fax that was sent by herself to her solicitors and that her personal movements, both at work and when on annual or sick leave, were the subject of surveillance.

17. The applicant provided the Court with statements from other members of staff alleging inappropriate and intrusive monitoring of their movements. The applicant, who is still employed by the College, understands that the DP has been suspended.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW

A. Law of privacy

18. At the relevant time there was no general right to privacy in English law.

19. Since the implementation of the Human Rights Act 1998 on 2 October 2000, the courts have been required to read and give effect to primary legislation in a manner which is compatible with Convention rights so far as possible. The Act also made it unlawful for any public authority, including a court, to act in a manner which is incompatible with a Convention right unless required to do so by primary legislation, thus providing for the development of the common law in accordance with Convention rights. In the case of Douglas v Hello! Ltd ([2001] 1 WLR 992), Sedley LJ indicated that he was prepared to find that there was a qualified right to privacy under English law, but the Court of Appeal did not rule on the point.

20. The Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (-the 2000 Act-) provided for the regulation of, inter alia, interception of communications. The Telecommunications (Lawful Business Practice) Regulations 2000 were promulgated under the 2000 Act and came into force on 24 October 2000. The Regulations set out the circumstances in which employers could record or monitor employees’ communications (such as e-mail or telephone) without the consent of either the employee or the other party to the communication. Employers were required to take reasonable steps to inform employees that their communications might be intercepted.

B. Contractual damages for breach of trust and confidence by employer

21. The House of Lords in Malik v Bank of Credit and Commerce International SA [1997] IRLR 462 confirmed that, as a matter of law, a general term is implied into each employment contract that an employer will not -without reasonable and proper cause, conduct itself in a manner calculated and likely to destroy or seriously damage the relationship of confidence and trust between employer and employee-. In Malik, the House of Lords was concerned with the award of so-called -stigma compensation- where an ex-employee is unable to find further employment due to association with a dishonest former employer. In considering the damages that could be awarded for breach of the obligation of trust and confidence, the House were solely concerned with the payment of compensation for financial loss resulting from handicap in the labour market. Lord Nicholls expressly noted that, -(f)or the present purposes I am not concerned with the exclusion of damages for injured feelings, the present case is concerned only with financial loss.-

22. In limiting the scope of the implied term of trust and confidence in Malik, Lord Steyn stated as follows:

-the implied mutual obligation of trust and confidence applies only where there is ‘no reasonable and proper cause’ for the employer’s conduct, and then only if the conduct is calculated to destroy or seriously damage the relationship of trust and confidence. That circumscribes the potential reach and scope of the implied obligation.-

C. Tort of misfeasance in public office

23. The tort of misfeasance in public office arises when a public official has either (a) exercised his power specifically intending to injure the plaintiff, or (b) acted in the knowledge of, or with reckless indifference to, the illegality of his act and in the knowledge or with reckless indifference to the probability of causing injury to the claimant or a class of people of which the claimant is a member (Three Rivers D.C. v. Bank of England (No.3) (HL) [2000] WLR 1220).

D. Data Protection Act 1984

24. At the time of the acts complained of by the applicant, the Data Protection Act 1984 (-the 1984 Act-) regulated the manner in which people and organisations that held data, known as -data holders-, processed or used that data. It provided certain actionable remedies to individuals in the event of misuse of their personal data. The 1984 Act has now been replaced by the Data Protection Act 1998.

25. Section 1 of the 1984 Act defined its terms as follows:

-(2) ‘Data’ means information recorded in a form in which it can be processed by equipment operating automatically in response to instructions given for that purpose.

(3) ‘Personal data’ means data consisting of information which relates to a living individual who can be identified from that information (or from that and other information in the possession of the data user…)

(4) ‘Data subject’ means an individual who is the subject of personal data.

(5) ‘Data user’ means a person who holds data, and a person ‘holds’ data if -“

(a) the data form part of a collection of data processed or intended to be processed by or on behalf of that person as mentioned in subsection (2) above; and

(b) that person… controls the contents and use of the data comprised in the collection; and

(c) the data are in the form in which they have been or are intended to be processed as mentioned in paragraph (a)…

(7) ‘Processing’ in relation to data means amending, augmenting, deleting or re-arranging the data or extracting the information constituting the data and, in the case of personal data, means performing any of these operations by reference to the data subject.

(9) ‘Disclosing’ in relation to data, includes disclosing information extracted from the data …-

26. The -data protection principles- to be respected by data holders were set out in Part 1 to Schedule 1 of the Act as follows:

-1. The information to be contained in personal data shall be obtained, and personal data shall be processed, fairly and lawfully.

2. Personal data shall be held only for one or more specified and lawful purposes …

4. Personal data held for any purpose shall be adequate, relevant and not excessive in relation to that purpose or those purposes.-

27. Section 23 of the 1984 Act provided rights to compensation for the data subject in the event of unauthorised disclosure of personal data:

- (1) An individual who is the subject of personal data held by a data user…and who suffers damage by reason of -

(c) …the disclosure of the data or, access having been obtained to the data, without such authority as aforesaid,

shall be entitled to compensation from the data user…for that damage and for any distress which the individual has suffered by reason of the…disclosure or access.-

28. The 1984 Act also created the position of Data Protection Registrar, under a duty to promote the observance of the data protection principles by data users. In section 10 it created a criminal offence as follows:

-(1) If the Registrar is satisfied that a registered person has contravened or is contravening any of the data protection principles he may serve him with a notice (‘an enforcement notice’) requiring him to take … such steps as are so specified for complying with the principle or principles in question.

(2) In deciding whether to serve an enforcement notice, the Registrar shall consider whether the contravention has caused or is likely to cause any person damage or distress.

(9) Any person who fails to comply with an enforcement notice shall be guilty of an offence… -

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION

29. The applicant alleged that the monitoring activity that took place amounted to an interference with her right to respect for private life and correspondence under Article 8, which reads as follows:

-1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.-

30. The Government contested that argument.

A. The parties’ submissions

1. The Government

31. The Government accepted that the College was a public body for whose actions the State was directly responsible under the Convention.

32. Although there had been some monitoring of the applicant’s telephone calls, e-mails and internet usage prior to November 1999, this did not extend to the interception of telephone calls or the analysis of the content of websites visited by her. The monitoring thus amounted to nothing more than the analysis of automatically generated information to determine whether College facilities had been used for personal purposes which, of itself, did not constitute a failure to respect private life or correspondence. The case of P.G. and J.H. v. the United Kingdom, no. 44787/98, ECHR 2001-IX, could be distinguished since there actual interception of telephone calls occurred. There were significant differences from the case of Halford v. the United Kingdom, judgment of 25 June 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-III, where the applicant’s telephone calls were intercepted on a telephone which had been designated for private use and, in particular her litigation against her employer.

33. In the event that the analysis of records of telephone, e-mail and internet use was considered to amount to an interference with respect for private life or correspondence, the Government contended that the interference was justified.

34. First, it pursued the legitimate aim of protecting the rights and freedoms of others by ensuring that the facilities provided by a publicly funded employer were not abused. Secondly, the interference had a basis in domestic law in that the College, as a statutory body, whose powers enable it to provide further and higher education and to do anything necessary and expedient for those purposes, had the power to take reasonable control of its facilities to ensure that it was able to carry out its statutory functions. It was reasonably foreseeable that the facilities provided by a statutory body out of public funds could not be used excessively for personal purposes and that the College would undertake an analysis of its records to determine if there was any likelihood of personal use which needed to be investigated. In this respect, the situation was analogous to that in Peck v. the United Kingdom, no. 44647/98, ECHR 2003-I.

35. Finally, the acts had been necessary in a democratic society and were proportionate as any interference went no further than necessary to establish whether there had been such excessive personal use of facilities as to merit investigation.

2. The applicant

36. The applicant did not accept that her e-mails were not read and that her telephone calls were not intercepted but contended that, even if the facts were as set out by the Government, it was evident that some monitoring activity took place amounting to an interference with her right to respect for private life and correspondence.

37. She referred to legislation subsequent to the alleged violation, namely the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 and the Telecommunications Regulations 2000 (see paragraph 20 above), which she claimed were an explicit recognition by the Government that such monitoring amounted to interference under Article 8 and required authorisation in order to be lawful. Since these laws came into force in 2000, the legal basis for such interference post-dated the events in the present case. Thus, the interference had no basis in domestic law and was entirely different from the position in Peck (see paragraph 34 above) where the local authority was specifically empowered by statute to record visual images of events occurring in its area. In the present case there was no such express power for the College to carry out surveillance on its employees and the statutory powers did not make such surveillance reasonably foreseeable.

38. The applicant asserted that the conduct of the College was neither necessary nor proportionate. There were reasonable and less intrusive methods that the College could have used such as drafting and publishing a policy dealing with the monitoring of employees’ usage of the telephone, internet and e-mail.

B. The Court’s assessment

39. The Court notes the Government’s acceptance that the College is a public body for whose acts it is responsible for the purposes of the Convention. Thus, it considers that in the present case the question to be analysed under Article 8 relates to the negative obligation on the State not to interfere with the private life and correspondence of the applicant and that no separate issue arises in relation to home or family life.

40. The Court further observes that the parties disagree as to the nature of this monitoring and the period of time over which it took place. However, the Court does not consider it necessary to enter into this dispute as an issue arises under Article 8 even on the facts as admitted by the Government.

1. Scope of private life

41. According to the Court’s case-law, telephone calls from business premises are prima facie covered by the notions of -private life- and -correspondence- for the purposes of Article 8 * § 1 (see Halford, cited above, * § 44 and Amann v. Switzerland [GC], no. 27798/95, * § 43, ECHR 2000-II). It follows logically that e-mails sent from work should be similarly protected under Article 8, as should information derived from the monitoring of personal internet usage.

42. The applicant in the present case had been given no warning that her calls would be liable to monitoring, therefore she had a reasonable expectation as to the privacy of calls made from her work telephone (see Halford, * § 45). The same expectation should apply in relation to the applicant’s e-mail and internet usage.

2. Whether there was any interference with the rights guaranteed under Article 8.

43. The Court recalls that the use of information relating to the date and length of telephone conversations and in particular the numbers dialled can give rise to an issue under Article 8 as such information constitutes an -integral element of the communications made by telephone- (see Malone v. the United Kingdom, judgment of 2 August 1984, Series A no. 82, * § 84). The mere fact that these data may have been legitimately obtained by the College, in the form of telephone bills, is no bar to finding an interference with rights guaranteed under Article 8 (ibid). Moreover, storing of personal data relating to the private life of an individual also falls within the application of Article 8 * § 1 (see Amann, cited above, * § 65). Thus, it is irrelevant that the data held by the college were not disclosed or used against the applicant in disciplinary or other proceedings.

44. Accordingly, the Court considers that the collection and storage of personal information relating to the applicant’s telephone, as well as to her e-mail and internet usage, without her knowledge, amounted to an interference with her right to respect for her private life and correspondence within the meaning of Article 8.

3. Whether the interference was -in accordance with the law-

45. The Court recalls that it is well established in the case-law that the term -in accordance with the law- implies – and this follows from the object and purpose of Article 8 – that there must be a measure of legal protection in domestic law against arbitrary interferences by public authorities with the rights safeguarded by Article 8 * § 1. This is all the more so in areas such as the monitoring in question, in view of the lack of public scrutiny and the risk of misuse of power (see Halford, cited above, * § 49).

46. This expression not only requires compliance with domestic law, but also relates to the quality of that law, requiring it to be compatible with the rule of law (see, inter alia, Khan v. the United Kingdom, judgment of 12 May 2000, Reports of Judgments and Decisions 2000-V, * § 26; P.G. and J.H. v. the United Kingdom, cited above, * § 44). In order to fulfil the requirement of foreseeability, the law must be sufficiently clear in its terms to give individuals an adequate indication as to the circumstances in which and the conditions on which the authorities are empowered to resort to any such measures (see Halford, cited above, * § 49 and Malone, cited above, * § 67).

47. The Court is not convinced by the Government’s submission that the College was authorised under its statutory powers to do -anything necessary or expedient- for the purposes of providing higher and further education, and finds the argument unpersuasive. Moreover, the Government do not seek to argue that any provisions existed at the relevant time, either in general domestic law or in the governing instruments of the College, regulating the circumstances in which employers could monitor the use of telephone, e-mail and the internet by employees. Furthermore, it is clear that the Telecommunications (Lawful Business Practice) Regulations 2000 (adopted under the Regulation of Investigatory Powers Act 2000) which make such provision were not in force at the relevant time.

48. Accordingly, as there was no domestic law regulating monitoring at the relevant time, the interference in this case was not -in accordance with the law- as required by Article 8 * § 2 of the Convention. The Court would not exclude that the monitoring of an employee’s use of a telephone, e-mail or internet at the place of work may be considered -necessary in a democratic society- in certain situations in pursuit of a legitimate aim. However, having regard to its above conclusion, it is not necessary to pronounce on that matter in the instant case.

49. There has therefore been a violation of Article 8 in this regard.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 13 IN CONJUNCTION WITH ARTICLE 8 OF THE CONVENTION

50. The applicant submitted that no effective domestic remedy existed for the breaches of Article 8 of which she complained and that, consequently, there had also been a violation of Article 13 which provides as follows:

-Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.-

51. Having regard to its decision on Article 8 (see paragraph 48 above), the Court does not consider it necessary to examine the applicant’s complaint also under Article 13.

III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

52. Article 41 of the Convention provides:

-If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.-

A. Damage

53. The applicant made no claim for pecuniary damage but without quantifying an amount, claimed non-pecuniary loss for stress, anxiety, low mood and inability to sleep. She produced a medical report dated June 2006 recognising that she had suffered from stress and lack of sleep due to the work environment.

54. The Government submitted that the report presented by the applicant gave no indication that the stress complained of was caused by the facts giving rise to her complaint. Furthermore, as the Court had held in a number of cases relating to complaints involving the interception of the communications of suspected criminals by the police, in their view, a finding of a violation should in itself constitute sufficient just satisfaction (see Taylor-Sabori v. the United Kingdom, no. 47114/99, * § 28, 22 October 2002, Hewitson v. the United Kingdom, no. 50015/99, * § 25, 27 May 2003 and Chalkley v. the United Kingdom, no. 63831/00, * § 32, 12 June 2003). Moreover, since the conduct alleged consisted of monitoring and not interception, the nature of such interference was of a significantly lower order of seriousness than the cases mentioned above.

55. The Court notes the above cases cited by the Government, but recalls also that, in Halford (cited above, * § 76) which concerned the interception of an employee’s private telephone calls by her employer, it awarded GBP 10,000 in respect of non-pecuniary damage. Making an assessment on an equitable basis in the present case, the Court awards the applicant EUR 3,000 in respect of non-pecuniary damage.

B. Costs and expenses

56. The applicant claimed legal costs and expenses totalling GBP 9,363 inclusive of value-added tax. This included fees paid to a solicitor and trainee solicitor of GBP 7,171.62, disbursements of GBP 1,556.88 and the rest in anticipated future costs.

57. The Government submitted that the hourly rates charged by the solicitors and the rate of increase over the period during which the case was pending were excessive. Moreover, the applicant’s original application included a number of complaints which the Court declared inadmissible and therefore the portion of costs related to such claims should not be recoverable. In the Government’s view the sum of GBP 2,000 would adequately cover costs and expenses incurred.

58. According to its settled case-law, the Court will award costs and expenses in so far as these relate to the violation found and to the extent to which they have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum (see, among other authorities, Schouten and Meldrum v. the Netherlands, judgment of 9 December 1994, Series A no. 304, pp. 28-29, * § 78 and Lorsé and Others v. the Netherlands, no. 52750/99, * § 103, 4 February 2003). Taking into account all the circumstances, it awards the applicant EUR 6,000 for legal costs and expenses, in addition to any VAT that may be payable.

C. Default interest

59. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1. Holds that there has been a violation of Article 8 of the Convention;

2. Holds that it is not necessary to examine the case under Article 13 of the Convention.

3. Holds

(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 * § 2 of the Convention, the following amounts, to be converted into pounds sterling at the rate applicable at the time of settlement:

(i) EUR 3,000 (three thousand euros) in respect of non-pecuniary damage;

(ii) EUR 6,000 (six thousand euros) in respect of costs and expenses;

(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 3 April 2007, pursuant to Rule 77 * §* § 2 and 3 of the Rules of Court.

T.L. Early Josep Casadevall
Registrar President

COPLAND v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT

COPLAND v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT


Primer fallo de acceso a la información pública de la CIDH

Posted: noviembre 24th, 2006 | Author: | Filed under: Casos, Robo de identidad, Venezuela | No Comments »

Se trata del primer caso contencioso de la “Corte Interamericana de Derechos Humanos”:http://www.corteidh.or.cr/ que reconoce el derecho de acceso a la información pública. Tres ambientalistas chilenos solicitaron al gobierno información pública que éste negó. La Corte entendió que al no dar la información requerida, page el gobierno de Chile violó el art. 13 del Convenio. A diferencia de su par europeo (el TEDH) que en la materia ha sido bastante restrictivo en 3 casos, decease la CIDH considera que existe un derecho fundamental y humano de acceso a la información pública.

*texto del fallo*
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO CLAUDE REYES Y OTROS VS. CHILE
SENTENCIA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006

En el caso Claude Reyes y otros,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante -la Corte Interamericana-, -la Corte- o -el Tribunal-), integrada por los siguientes jueces*:

Sergio Garcí­a Ramí­rez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Antí´nio A. Caní§ado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza;
Manuel E. Ventura Robles, Juez; y
Diego Garcí­a Sayán, Juez;

presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodrí­guez, Secretaria Adjunta;

de conformidad con los artí­culos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante -la Convención- o -la Convención Americana-) y con los artí­culos 29, 31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante -el Reglamento-), dicta la presente Sentencia.

I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

1. El 8 de julio de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artí­culos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante -la Comisión- o -la Comisión Interamericana-) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Chile (en adelante -el Estado- o -Chile-). Dicha demanda se originó en la denuncia No. 12.108, recibida en la Secretarí­a de la Comisión el 17 de diciembre de 1998.

2. La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artí­culos 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artí­culos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derechos Interno) de la misma, en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero.

3. Los hechos expuestos por la Comisión en la demanda habrí­an ocurrido entre mayo y agosto de 1998 y se refieren a la supuesta negativa del Estado de brindar a los señores Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero toda la información que requerí­an del Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con la empresa forestal Trillium y el Proyecto Rí­o Condor, el cual era un proyecto de deforestación que se llevarí­a a cabo en la décimo segunda región de Chile y -p[odí­a] ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chile-. La Comisión indicó que tal negativa se dio sin que el Estado -argumentar[a] una justificación válida de acuerdo con la legislación chilena-, así­ como a que supuestamente -no [les] otorgó un recurso judicial efectivo para impugnar una violación del derecho al acceso a la información- y -no [les] aseguró los derechos al acceso a la información y a la protección judicial, ni contó con mecanismos establecidos para garantizar el derecho al acceso a la información pública-.

4. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artí­culo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó al Tribunal que ordene al Estado el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano.

II
COMPETENCIA

5. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artí­culos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Chile es Estado Parte en la Convención Americana desde el 21 de agosto de 1990 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte ese mismo dí­a.

III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN

6. El 17 de diciembre de 1998 un grupo integrado por: la -Clí­nica Jurí­dica de Interés Público- de la Universidad Diego Portales, las organizaciones chilenas -ONG FORJA-, -Fundación Terram- y la -Corporación la Morada-; el Instituto de Defensa Legal del Perú; la -Fundación Poder Ciudadano- y la Asociación para los Derechos Civiles (organizaciones argentinas); y los señores Baldo Prokurica Prokurica, Oswaldo Palma Flores, Guido Girardo Laví­n y Leopoldo Sánchez Grunert, presentaron una denuncia ante la Comisión.

7. El 10 de octubre de 2003 la Comisión aprobó el Informe Nº 60/03, mediante el cual declaró admisible el caso. El 11 de noviembre de 2003 la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución amistosa.

8. El 7 de marzo de 2005 la Comisión, de conformidad con el artí­culo 50 de la Convención, aprobó el Informe Nº 31/05, en el cual concluyó que Chile -violó los derechos de Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero al acceso a información pública y a la protección judicial, previstos en los artí­culos 13 y 25 de la Convención Americana, respectivamente, en relación con los artí­culos 1(1) y 2 de la Convención, al haberles negado el acceso a información en poder del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile y al no otorgarles acceso a la justicia chilena para impugnar esa denegación-. Asimismo, la Comisión recomendó al Estado -[d]ivulgar públicamente la información solicitada por Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero-; -[o]torgar una reparación adecuada a Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero por la violación de sus derechos, incluido el suministro de la información solicitada-; y -[a]justar el orden jurí­dico interno, de conformidad con el artí­culo 13 de la Convención Americana con respecto al acceso a la información y adoptar las medidas necesarias para la creación de prácticas y mecanismos que garanticen a los habitantes un acceso efectivo a la información pública o a la información de interés colectivo-.

9. El 8 de abril de 2005 la Comisión transmitió el referido informe al Estado y le otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de su transmisión, para que informara sobre las medidas adoptadas con el fin de cumplir las recomendaciones formuladas.

10. El 8 de abril de 2005 la Comisión comunicó a los peticionarios la aprobación del informe de conformidad con el artí­culo 50 de la Convención y les solicitó que presentaran, dentro del plazo de un mes, su posición sobre el sometimiento del caso a la Corte.

11. El 8 de junio de 2005 el Estado pidió una prórroga para informar a la Comisión del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Nº 31/05. La Comisión concedió la prórroga solicitada hasta el 23 de junio de 2005.

12. El 15 de junio de 2005 los peticionarios presentaron una comunicación a la Comisión, mediante la cual declararon su interés en que la Comisión remitiera el caso a la Corte.

13. El 30 de junio de 2005 el Estado remitió un informe a la Comisión en respuesta a las recomendaciones del Informe de fondo Nº 31/05 (supra párr. 8). Chile remitió copia de los contratos de inversión extranjera y los contratos de cesión relativos al Proyecto -Rí­o Condor-.

14. El 1 de julio de 2005 -entendiendo que el Estado no habí­a adoptado sus recomendaciones en forma satisfactoria-, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte.

IV
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

15. El 8 de julio de 2005 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte, a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó como delegados a los señores Evelio Fernández Arévalo, Santiago A. Canton y Eduardo Bertoni, y como asesores legales a los señores Ariel Dulitzky y Victor H. Madrigal Borloz, y a las señoras Christina M. Cerna y Lisa Yagel (infra párr. 22).

16. El 4 de agosto de 2005 la Secretarí­a de la Corte (en adelante -la Secretarí­a-), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante -el Presidente-), de conformidad con lo dispuesto en el artí­culo 35.1.b) del Reglamento, la notificó junto con sus anexos al Estado y le informó sobre el plazo para contestarla y designar su representación en el proceso.

17. El 4 de agosto de 2005 la Secretarí­a, de conformidad con lo dispuesto en el artí­culo 35.1.e) del Reglamento, notificó la demanda y sus anexos al señor Juan Pablo Olmedo Bustos, representante de las presuntas ví­ctimas (en adelante -el representante-), y le indicó el plazo para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante -escrito de solicitudes y argumentos-).

18. El 5 de agosto de 2005 el Estado presentó un escrito, mediante el cual solicitó a la Corte que -consider[e] el contenido de lo informado oportunamente a la Comisión Interamericana[, mediante escritos de 30 de junio de 2005 (supra párr. 13) y 8 de julio de 2005 ], al momento de practicar el examen preliminar de los fundamentos de derecho de la demanda, para los efectos pertinentes de admisibilidad-.

19. El 23 de agosto de 2005 el Estado designó como Agente a la señora Amira Esquivel Utreras y como Agente alterno al señor Miguel íngel González Morales.

20. El 28 de septiembre de 2005 el representante remitió su escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañó prueba documental y ofreció prueba pericial. El 3 de octubre de 2005 presentó los anexos de dicho escrito.

21. El 2 de diciembre de 2005 el Estado presentó el escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañó prueba documental, y ofreció prueba testimonial y pericial. El 23 de diciembre de 2005 presentó los anexos a dicho escrito.

22. El 17 de enero de 2006 la Comisión presentó una comunicación, mediante la cual acreditó a la señora Lilly Ching como asesora legal en este caso, en sustitución de la señora Lisa Yagel (supra párr. 15).

23. El 7 de febrero de 2006 la Corte emitió una Resolución, mediante la cual requirió que los señores Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton, propuestos como testigos por la Comisión, y los señores Andrés Emilio Culagovski Rubio y Liliana Guiditta Macchiavelo Martini, propuestos por el Estado, prestaran sus testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). También requirió que el señor Claudio Francisco Castillo Castillo, propuesto como perito por el Estado, y los señores Tomás Vial del Solar, Miguel íngel Fernández, y Davor Harasic Yaksic, propuestos como peritos por el representante, prestaran sus dictámenes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits). Asimismo, en dicha Resolución la Corte convocó a las partes a una audiencia pública que se celebrarí­a en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de la Nación, el dí­a 3 de abril de 2006, para escuchar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, así­ como las declaraciones testimoniales del señor Marcel Claude Reyes, propuesto por la Comisión, del señor Eduardo Jorge Moyano Berrí­os, propuesto por el Estado, así­ como los dictámenes periciales del señor Ernesto Villanueva, propuesto por la Comisión, del señor Roberto Mayorga Lorca, propuesto por el representante de las presuntas ví­ctimas, y del señor Carlos Carmona Santander, propuesto por el Estado. Además, en esta Resolución la Corte informó a las partes que contaban con plazo hasta el 18 de mayo de 2006 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con el fondo y las eventuales reparaciones y costas. Asimismo, el Tribunal admitió el ofrecimiento probatorio realizado por el representante en su escrito de solicitudes y argumentos y le requirió que presentara directamente las pruebas al Tribunal.

24. El 17 de febrero de 2006 el representante de las presuntas ví­ctimas y el Estado solicitaron una prórroga para presentar los testimonios y peritajes a través de declaración rendida ante fedatario público, en respuesta a lo requerido en la Resolución emitida por el Tribunal el 7 de febrero de 2006. El Presidente de la Corte concedió la prórroga solicitada hasta el 10 de marzo de 2006 para el representante, el Estado y la Comisión.

25. El 17 de febrero de 2006 la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un escrito mediante el cual solicitó, -en su carácter de denunciante original ante la Comisión-, que se autorizara su intervención en la audiencia pública que se realizarí­a el dí­a 3 de abril de 2006. La Secretarí­a, siguiendo instrucciones del Presidente, admitió el escrito presentado por la ADC en calidad de amicus curiae. En cuanto a la solicitud de participar en la audiencia pública no se admitió la participación directa de la referida asociación; y se le indicó que solamente podrí­an exponer sus alegatos las personas acreditadas por las partes en el caso.

26. El 10 de marzo de 2006 la Comisión Interamericana remitió las declaraciones escritas de los testigos Luis Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero. Ese mismo dí­a Chile remitió las declaraciones escritas de los testigos Andrés Emilio Culagovski Rubio y Liliana Guiditta Macchiavelo Martini y del perito Claudio Francisco Castillo Castillo (supra párrs. 23 y 24).

27. El 13 de marzo de 2006 el representante de las presuntas ví­ctimas remitió las declaraciones escritas de los peritos Tomás Vial Solar, Miguel íngel Fernández González y Davor Harasic Yaksic (supra párrs. 23 y 24). Asimismo, el representante remitió cuatro documentos -emanados con posterioridad a la presentación del escrito de solicitudes-, -[d]e conformidad [con e]l artí­culo 44.3 del Reglamento- de la Corte. Además, en relación con la prueba cuya presentación fue admitida por la Corte en su Resolución de 7 de febrero de 2006 (supra párr. 23), el representante remitió un informe emitido el 15 de febrero de 2006 por el Presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, así­ como también presentó una comunicación del Director Ejecutivo del Open Society Justice Iniciative de 20 de febrero de 2006, mediante la cual remitió un informe titulado -Transparency and Silence. A Survey of Access to Information Laws and Practices in Fourteen Countries-. Finalmente, el representante remitió dos escritos presentados en calidad de amici curiae por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los señores Damián M. Loreti y Analí­a Elí­ades (profesores de la Cátedra UNESCO Libertad de Expresión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata), y por el señor Gastón Gómez Bernales (profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales). El referido escrito del representante y sus anexos fueron recibidos primeramente mediante correo electrónico de 10 de marzo de 2006.

28. El 27 de marzo de 2006 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual indicó que -no t[ení­a] observaciones que formular- respecto de la prueba presentada por el representante de las presuntas ví­ctimas (supra párr. 27), y señaló que -no t[ení­a] observaciones respecto de las declaraciones juradas presentadas ante el Tribunal- por el Estado y el representante (supra párrs. 26 y 27).

29. El 28 de marzo de 2006 Chile remitió sus observaciones a los testimonios y peritajes escritos presentados por la Comisión y por el representante de las presuntas ví­ctimas (supra párrs. 26 y 27), así­ como a la prueba remitida por el referido representante (supra párr. 27).

30. El 28 de marzo de 2006 las organizaciones Open Society Justice Initiative, ARTICLE 19, Instituto Prensa y Sociedad, Access Info Europe y Libertad de Información México presentaron un escrito en calidad de amici curiae.

31. El 31 de marzo de 2006 el Impact Litigation Project de American University Washington College of Law remitió un escrito en calidad de amicus curiae.

32. El 3 de abril de 2006 se celebró la audiencia pública sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, en la cual comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Evelio Fernández y Santiago A. Canton, delegados; Ví­ctor H. Madrigal Borloz, Lilly Ching, Juan Pablo Albán, Carlos Zelada e Ignacio ílvarez, asesores legales; b) por las presuntas ví­ctimas: Juan Pablo Olmedo, representante, y Ciro Colombana López, asesor; y c) por el Estado de Chile: Amira Esquivel Utreras, Agente; Patricio Aguirre Vacchieri y Virginia Barahona Lara. Asimismo comparecieron ante la Corte los testigos y peritos propuestos por las partes (supra párr. 23 e infra párr. 49). Además, la Corte escuchó los alegatos finales de la Comisión, el representante y el Estado. Al finalizar la audiencia pública, el representante presentó un ejemplar del libro titulado -Derechos fundamentales y recursos de protección- de Gastón Gómez Bernales (infra párr. 40).

33. El 18 de mayo de 2006 la Comisión presentó sus alegatos finales escritos sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas. El 23 de mayo de 2006 la Comisión presentó un anexo a dichos alegatos finales.

34. El 18 de mayo de 2006 el representante de las presuntas ví­ctimas remitió sus alegatos finales escritos, a los que adjuntó documentación al dí­a siguiente. El representante presentó un -resumen de los resultados del Estudio de Monitoreo de Acceso a la Información llevada a cabo [por el Open Society Justice Iniciative] en [el] 2004, en 14 paí­ses, incluyendo Chile-, en relación con la prueba cuya presentación fue admitida por la Corte en su Resolución de 7 de febrero de 2006 (supra párr. 23).

35. El 19 de mayo de 2006 el Estado presentó sus alegatos finales escritos.

36. El 23 de mayo de 2006 el Director Ejecutivo del Open Society Justice Iniciative presentó el mismo documento que habí­a remitido el representante de las presuntas ví­ctimas el 18 de mayo de 2006 (supra párr. 34).

37. El 24 de mayo de 2006 el representante remitió la versión en idioma español del informe del Open Society Justice Iniciative, cuya versión en inglés habí­a sido presentada el 13 de marzo de 2006 (supra párr. 27).

38. El 5 de junio de 2006 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó un escrito en calidad de amicus curiae.

39. El 5 de julio de 2006 la Secretarí­a, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a la Comisión Interamericana y al representante que presentaran, a más tardar el 14 de julio de 2006, determinada documentación como prueba para mejor resolver.

40. El 7 de junio de 2006, en respuesta a la solicitud de la Secretarí­a, el representante remitió dos ejemplares del libro titulado -Derechos fundamentales y recursos de protección-, que habí­a presentado al finalizar la audiencia pública (supra párr. 32), los cuales fueron utilizados para transmitir a las otras partes.

41. El 11 de julio de 2006 la Comisión remitió la prueba que le fue requerida mediante nota de 5 de julio de 2006 (supra párr. 39).

42. El 14 de julio de 2006 el Estado presentó una comunicación, mediante la cual remitió -comentarios y observaciones- al escrito remitido en calidad de amicus curiae por CEJIL el 5 de junio de 2006 (supra párr. 38).

43. El 18 de julio de 2006 el representante de las presuntas ví­ctimas presentó su respuesta a la solicitud de prueba para mejor resolver realizada mediante la referida nota de Secretarí­a de 5 de julio de 2006 (supra párr. 39).

44. El 25 de julio de 2006 la Secretarí­a comunicó a las partes que, siguiendo instrucciones del Presidente, se les otorgaba un plazo de siete dí­as para que remitieran las observaciones que estimaran pertinentes a la prueba para mejor resolver presentada el 11 y 18 de julio de 2006 (supra párrs. 41 y 43).

45. El 28 de julio de 2006 Chile presentó sus observaciones a la prueba para mejor resolver presentada por la Comisión Interamericana y por el representante de las presuntas ví­ctimas mediante escritos de 11 y 18 de julio de 2006, respectivamente (supra párrs. 39, 41, 43 y 44).

46. El 31 de julio de 2006 la Comisión presentó un escrito, mediante el cual indicó que -no tiene observaciones que formular- respecto de la prueba para mejor resolver presentada por el representante de la presuntas ví­ctimas (supra párr. 43).

47. El 7 de agosto de 2006 el representante de las presuntas ví­ctimas remitió la versión electrónica del -[décimo noveno] informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, correspondiente al segundo trimestre del año 2006- y solicitó -su incorporación como parte de la prueba rendida en el presente caso-.

V
PRUEBA

A) PRUEBA DOCUMENTAL

48. Entre la prueba documental presentada, las partes remitieron declaraciones testimoniales y dictámenes periciales escritos, en respuesta a lo dispuesto por la Corte en su Resolución de 7 de febrero de 2006 (supra párr. 23). Dichas declaraciones y dictámenes se resumen a continuación:

TESTIMONIOS

a) Propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

1. Luis Sebastián Cox Urrejola, presunta ví­ctima

Es abogado y representante de la organización no gubernamental -ONG FORJA-, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de personas y grupos para ejercer sus derechos.

En mayo de 1998 -fue que asociados con Marcel Claude y Arturo Longton presenta[on] la demanda de información al Comité de Inversiones Extranjeras- (en adelante -CIE- o -el Comité-), solicitando información sobre Forestal Trillium Ltda. y el Proyecto de Rí­o Cóndor, con el propósito de aportar e incidir desde la sociedad civil para la mayor información y participación de la ciudadaní­a, -para la mayor responsabilización social de empresas privadas en el marco de grandes inversiones públicas promovidas y autorizadas por el Estado y su institucionalidad-. -Ante la negativa [...] de[l Comité] y de sus autoridades- interpusieron varios recursos judiciales.

La ausencia de una respuesta y de una negativa formal por parte del Comité a la referida solicitud significó un perjuicio a -la causa ciudadana y de interés público- que ha estado defendiendo, así­ como un incumplimiento por parte de la entidad estatal a las obligaciones a las que está sujeta y a las ulteriores normativas y recomendaciones nacionales e internacionales. Dicho incumplimiento se -ref[irió] a la idoneidad del inversionista, a la materialización de la inversión autorizada y al cumplimiento del DL No. 600-.

2. Arturo Longton Guerrero, presunta ví­ctima

Ha sido diputado de la República por más de dieciséis años, -perí­odo en el cual ha estado comprometido con diversas iniciativas destinadas a salvaguardar los derechos fundamentales de la persona humana-. -Durante el año 1997 [(sic)], en [su carácter de] ciudadano interesado y en el ejercicio de [su] cargo como Diputado de la República, y preocupado por la posible tala indiscriminada de bosque nativo en el extremo sur de Chile por parte de una empresa extranjera[, -¦] concurri[ó] junto con [-¦] Marcel Claude [Reyes] a reunir[se] con el Director de Inversiones Extranjeras en Chile, a fin de que [les] informar[a] de la veracidad de las afirmaciones de [la] empresa taladora de bosques nativos, solicitando diversa información respecto del inversionista extranjero involucrado [-¦] y[,] en particular, los antecedentes que mostraran su idoneidad y seriedad-. -Esta denegación de información pública, significó una vulneración de [sus] derechos como ser humano, y también una afectación y daño a [su] investidura como Diputado de la República, y un impedimento a [su] tarea de fiscalizador-.

Se refirió a varios casos que considera de negación de información pública, en los cuales ha intervenido directamente, y expresó que esos casos -se repiten constantemente en todos los Ministerios y Administración Pública- de Chile.

b) Propuestos por el Estado

3. Andrés Emilio Culagovski Rubio, abogado y Fiscal del Comité de Inversiones Extranjeras

El Comité de Inversiones Extranjeras -es una persona jurí­dica de derecho público, funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio, domiciliada en la ciudad de Santiago, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Economí­a, Fomento y Reconstrucción-. Además, -es el único organismo autorizado, en representación de [-¦] Chile para aceptar el ingreso de capitales del exterior acogidos al Decreto Ley [Nº 600] y para establecer los términos y condiciones de los respectivos contratos-. Dentro de las otras funciones que realiza el CIE, están las siguientes: recibir, estudiar y decidir sobre las solicitudes de inversiones extranjeras; administrar los respectivos contratos de inversión extranjera; preparar estudios y antecedentes en materia de interpretación; llevar un registro estadí­stico de la inversión extranjera ingresada mediante el Decreto Legislativo Nº 600; participar en las negociaciones internacionales relativas a inversión extranjera; participar en actividades de promoción de Chile como plaza de la inversión extranjera; centralizar la información y el resultado del control que deban ejercer los organismos públicos respecto de las obligaciones que contraigan los titulares de inversiones extranjeras o las empresas en que éstos participen y denunciar ante los poderes y organismos públicos competentes, los delitos o infracciones de que tome conocimiento; realizar y agilizar los trámites ante los organismos que deben informar o dar su autorización previa para la aprobación de las diversas solicitudes que el CIE debe resolver; investigar en Chile o en el extranjero sobre la idoneidad y seriedad de los peticionarios o interesados; así­ como toda otra función que le sea encargada por la normativa vigente o por las autoridades competentes.

Se refirió a la forma en la cual se encuentra integrado el CIE, y señaló que para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, el Comité dispone de una Vicepresidencia Ejecutiva.

Se refirió al tipo de autorización que puede otorgar el CIE ante una solicitud de inversión extranjera y a los antecedentes que debe tener a la vista para otorgarla.

En el caso del proyecto de inversión extranjera representado por la Empresa Forestal Trillium Ltda., la Vicepresidencia Ejecutiva del CIE se limitó a recibir, estudiar e informar la solicitud de inversión extranjera con la finalidad de verificar que se cumplieran los requisitos legales de la misma. Esta solicitud, una vez informada por la Vicepresidencia Ejecutiva del CIE, fue presentada al Comité de Inversiones Extranjeras para su aprobación.

El testigo no tení­a ninguna información respecto del proyecto de la Empresa Forestal Trillium Ltda, ya que no le correspondí­a -dar seguimiento ni intervenir en las etapas de implementación de los proyectos económicos cuyos flujos de capital fueron autorizados-.

4. Liliana Guiditta Macchiavello Martini, abogada del Comité de Inversiones Extranjeras

Es abogada del Comité de Inversiones Extranjeras desde 1997 y ha desarrollado múltiples funciones dentro de la fiscalí­a de dicha institución.

Se refirió a la forma en la cual se encuentra integrado el CIE. Indicó que las funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva, definidas en los artí­culos 15 y 15 bis del Decreto Legislativo Nº 600, -evidencian que el rol de [dicho Comité y su] Vicepresidencia es únicamente el de autorizar el flujo de capitales extranjeros a Chile en cualquiera de las modalidades de inversión que contempla dicho decreto en su artí­culo 2-.

-El rol limitado del CIE en cuanto a autorizar el ingreso de capitales extranjeros a Chile no se ve alterado por la obligación que el artí­culo 15 letra (e) del referido decreto impone a la Vicepresidencia [de dicho Comité -¦], en el sentido de interactuar con aquellos organismos públicos que deban entregar su autorización en forma previa a la aprobación de la solicitud de inversión extranjera por parte del CIE. Tal obligación sólo está referida a aquellos casos en los cuales la legislación sectorial respectiva exige la autorización de una entidad pública con respecto a inversiones en ciertos sectores industriales y comerciales especí­ficos. Los permisos sanitarios, medioambientales, etc., deben ser solicitados a las autoridades competentes cumpliendo con los requisitos respectivos.

La función que tiene el CIE de investigar la idoneidad y seriedad de los peticionarios implica exigir a los inversionistas extranjeros todos aquellos antecedentes públicos o privados en Chile o en el extranjero que logren demostrar que disponen de los capitales que pretenden ingresar al paí­s. -Respecto de los inversionistas extranjeros relacionados con el Proyecto Trillium, se solicitaron todos los antecedentes exigidos a las personas jurí­dicas [-¦ .] Con los antecedentes proporcionados [-¦] el Consejo de Inversiones Extranjeras estimó que éstos, cumplí­an con las condiciones de seriedad e idoneidad- exigidas.

En la época en que los solicitantes en este caso requirieron la información al CIE, su Vicepresidencia -consideró de carácter reservado toda aquella información referida a terceros cuya entrega pudiera constituir un atentado a la privacidad de sus titulares, arriesgando de manera irresponsable el resultado de las actividades de los inversionistas en [Chile]-. La testigo hizo alusión a algunas de las actividades consideradas de carácter reservado, como los antecedentes comerciales, la propiedad intelectual o industrial, el uso de tecnologí­a y, en general, los aspectos particulares de los proyectos de inversión que los inversionistas pretendieran desarrollar con los capitales para cuya transferencia a Chile solicitan la autorización del CIE. Al momento de presentar sus solicitudes de inversión, los inversionistas no tienen la obligación de presentar proyectos -í­ntegramente acotados o ya consolidados- y, por lo tanto, la Vicepresidencia del CIE y el CIE deben mantener una actitud de extrema reserva frente a aquella información proporcionada por los inversionistas, con el fin de garantizarles suficientemente que los detalles de sus actividades comerciales no serán divulgados. La Resolución Administrativa Exenta Nº 113 de 2002 recoge los criterios anteriormente señalados y establece cuáles son los actos, documentos y antecedentes de la Vicepresidencia del CIE que tendrí­an el carácter de secretos o reservados. La Constitución chilena de 2005 impone la obligación de revisar toda la polí­tica de información existente, de forma tal que se encuentre en concordancia con el artí­culo 8 de la Carta Fundamental. Para lo anterior, la Secretarí­a General de la Presidencia, mediante oficio Nº 072 de 2006, entregó a los servicios públicos orientaciones en materia de transparencia y publicidad de los actos de la Administración.

En cuanto a la actitud del CIE ante la solicitud de la Fundación TERRAM, en la reunión sostenida entre los peticionarios y el Vicepresidente Ejecutivo del CIE, éste último -entregó la información que se le solicitaba en relación [con el] proyecto, ajustándose a los criterios de publicidad y reserva imperantes en esa época. Dicha información fue complementada el mismo dí­a mediante fax dirigido al señor Marcel Claude Reyes. La Fundación TERRAM, ignorando la información proporcionada por la Vicepresidencia del CIE, insistió en su petición en dos ocasiones (3 de junio y 2 de julio de 1998) y, posteriormente, inició una serie de denuncias y reclamos ante los tribunales de justicia y los medios de comunicación, situación que motivó las correspondientes aclaraciones por parte de la Vicepresidencia del CIE. La información entregada por la Vicepresidencia del CIE a la Fundación TERRAM era -aquella de la que era titular el CIE-, es decir, aquella referida -a los Contratos de Inversión Extranjera celebrados al amparo del Decreto Legislativo Nº 600, [la] identidad de los inversionistas, [el] monto de la inversión autorizada, [los] plazos de ingreso de capital [-¦ y el] capital efectivamente materializado-.

La -polí­tica comunicacional- de la Vicepresidencia del CIE siempre se ha aplicado de igual manera a todas las personas que requieren información o antecedentes -que puedan obrar en su poder-. La testigo considera que en este caso se procedió de la misma forma como se procede ante cualquier solicitud de esa naturaleza.

PERITAJES

a) Propuestos por el representante de las presuntas ví­ctimas

1. Tomás Vial Solar, abogado

Fue asesor legal del Ministerio Secretarí­a General de la Presidencia durante el perí­odo 2002 a 2004.

De acuerdo a los informes de las respectivas comisiones de Senado y Cámara, la reforma del artí­culo 8º de la Constitución Polí­tica -se entendió [-¦] simplemente [como] elevar a rango constitucional lo que ya [se encontraba] contemplado en los artí­culos 13 y 15 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración [de] 1999-. En la discusión parlamentaria -nunca se h[izo] mención a la existencia de un derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos-; -tampoco h[ubo] constancia de haberse discutido los efectos de la reforma respecto a los diversos órganos del Estado y respecto a la normativa vigente-; ni -se expres[ó] la necesidad de modificar la legislación vigente ni de realizar esfuerzos para lograr un mayor acceso a la información-.

El nuevo artí­culo 8 de la Constitución Polí­tica introduce un principio constitucional de publicidad que se aplica a todos los órganos del Estado y, por lo tanto, tiene un alcance mayor que la Ley de Bases, la cual se referí­a sólo a la Administración del Estado.

La norma constitucional señala que serán públicos los actos, las resoluciones y los procedimientos para su creación. Los términos -actos- y -procedimientos- deben entenderse en sentido amplio. En cuanto a los fundamentos de los actos y las resoluciones, todo documento que tenga relación con determinado acto del Estado es público.

La norma constitucional establece que los lí­mites al acceso a la información deben ser impuestos sólo por una ley de quórum calificado (mayorí­a absoluta de los senadores y diputados en ejercicio). Las nuevas causales dispuestas en el artí­culo 8 de la Constitución señalan que solo se podrá establecer el secreto o la reserva cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de los órganos, los derechos de las personas, la seguridad nacional y el interés público. Igualmente, dicha norma redujo las causales por las cuales se puede declarar una información como secreta o reservada.

-La aprobación de la reforma constitucional [-¦] transformó en inconstitucionales [tanto] las normas del artí­culo 13 de la Ley de Bases[,] que permití­an establecer dicha reserva por medio de preceptos de rango reglamentario, [como el] Reglamento sobre el Secreto y Reserva y todas las resoluciones correspondientes-. La norma constitucional es más restrictiva en cuanto a las causales de negativa de información que la norma legal (artí­culo 13 de la Ley de Bases), ya que establece -que debe afectarse el derecho de una persona para que se pueda negar la información-. Sin embargo, es menos exigente pues la norma legal sí­ establecí­a que la publicidad debí­a afectar -sensiblemente- el derecho del tercero, mientras que la reforma constitucional no lo menciona de manera especí­fica. Las normas de carácter legal que establecieran el secreto o reserva de alguna materia dictadas con anterioridad a la reforma constitucional conservan su validez, en la -medida en que no contrarí­en sustancialmente la Constitución-.

Indicó que si bien la reforma constitucional representa un avance desde el punto de vista de asegurar el acceso a la información, no contempla un deber positivo por parte del Estado y, por ende, no se constituye en derecho subjetivo. Al no constituirse como derecho constitucional, surge un conflicto al ponerlo en balanza con otros derechos que sí­ tienen rango constitucional y que tendrí­an prioridad sobre el acceso a la información. Igualmente, al no ser un derecho constitucional, el Estado no se ve en la obligación constitucional de -promoverlo ni de crear condiciones para su debida protección-.

En cuanto a los mecanismos de la Administración destinados a proteger el acceso a la información pública, se refirió a las normas sobre acceso a la información relativas a la Administración, particularmente los artí­culos 13 y 14 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración. En dicha ley, se dispone que son públicos los actos administrativos, los documentos que sirvan de complemento o sustento directo y los informes o antecedentes de empresas.

En lo concerniente a las causales de denegación de información, el inciso 11 del artí­culo 13 de la Ley de Bases establece cinco causales: la primera se deberí­a entender derogada por la reforma constitucional, ya que disponí­a que la reserva o secreto podí­a establecerse según normas legales o reglamentarias; la segunda es que la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; la tercera es la oposición de terceros; la cuarta es la afectación sensible de derechos o intereses de terceros; y la quinta es que la publicidad afecte la seguridad o el interés nacional. La amplitud de la segunda causal puede llevar a que se de una -interpretación arbitraria- por parte de las autoridades.

Respecto de los recursos ante la negativa de entregar información, el requirente puede interponer recursos administrativos y también un recurso ante la justicia, llamado -amparo de información- y contemplado en el artí­culo 14 de la Ley de Bases. En cuanto a los recursos administrativos, la ley -no contempla un recurso [-¦] especí­fico-, por lo que el requirente debe recurrir a recursos generales como lo son el recurso de reposición y el recurso jerárquico. -La efectividad de estos recursos, en el caso de petición de información [-¦] es limitada-.

2. Miguel íngel Fernández González, abogado

La evolución legislativa relativa a la protección del derecho al acceso a la información incluye las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de í‰tica Pública, las cuales se concretaron en: la promulgación de la Ley Nº 19.653; la incorporación del principio de publicidad de los actos de los órganos integrantes de la Administración del Estado; la inclusión de un procedimiento judicial especial en caso de que el órgano requerido no brinde acceso a la información; la publicación de la Ley No. 19.880 sobre procedimientos administrativos; y el reconocimiento constitucional del principio de publicidad en el artí­culo 8 de la Constitución Polí­tica.

En cuanto a la normativa actual en materia de acceso a la información pública, señala la importancia de haber elevado a rango constitucional el principio de publicidad, estableciendo igualmente una reserva de ley respecto de las causales que permiten declarar el secreto o la reserva. Señala la problemática a la cual se enfrenta el derecho de acceso a la información pública al existir causales de reserva con contenido tan amplio y difuso como lo son, por ejemplo, el interés nacional y la seguridad de la Nación.

3. Davor Harasic Yaksic, abogado y Presidente del Capí­tulo Chileno de Transparencia Internacional y Consejero del Consejo de Defensa del Estado durante el perí­odo 1972 a 1996

Se refirió al contenido de la legislación chilena relativa al acceso a la información en manos del Estado. La Ley Nº 19.653 de 1999 sobre Probidad Administrativa de los Órganos de la Administración, y la Ley sobre Procedimiento Administrativo de 2003, consagraron los principios de transparencia y publicidad como ejes centrales del correcto ejercicio de la función pública. La reforma constitucional de 2005 elevó a rango constitucional los principios de transparencia y publicidad y los extendió a todos los órganos del Estado.

Señaló lo que considera son obstáculos y limitaciones del acceso a la información pública en Chile. La ley que incorporó formalmente el principio de publicidad en el ordenamiento chileno (Ley sobre Probidad Administrativa) permitió limitar el derecho de acceso a la información, al disponer que las causales de denegación podí­an ser establecidas por disposiciones legales o reglamentarias. Entre los años 2001 a 2005 se dieron prácticas administrativas a favor de la reserva y el secreto de actos administrativos, documentos y antecedentes. Dichas prácticas tuvieron como base el Reglamento sobre Secreto o Reserva creado bajo el Decreto Supremo Nº 26 del Ministerio General de la Presidencia. El mencionado Reglamento excedió el marco de competencias normativas, aumentó las causales de denegación de información y desencadenó la emisión de un centenar de resoluciones por parte de los órganos de la Administración que transformaron el secreto y la reserva en -la regla general de desmedro de los principio de transparencia y publicidad-. Otro obstáculo es la escasa e insuficiente tutela judicial que se genera en razón del procedimiento especial de amparo consagrado por la Ley de Probidad Administrativa que, lejos de fortalecer el principio de publicidad y el acceso a la información, ha provocado que los jefes de servicios opten por -esperar la eventual resolución judicial-, que además es débil en la protección de los peticionarios.

b) Propuesto por el Estado

4. Claudio Francisco Castillo Castillo, abogado

Se refirió a la naturaleza y las funciones del Comité de Inversiones Extranjeras de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 600. Señaló la labor de promoción de inversiones que realizó la Vicepresidencia del CIE entre los años 1994 y 2000.

En cuanto a la tramitación de las solicitudes de inversión extrajera, los inversionistas que -desean efectuar inversiones en Chile [-¦] deben completar una Solicitud de Inversiones Extranjeras, contenida en un formulario preimpreso elaborado por la Vicepresidencia del CIE-. El inversionista debí­a indicar en el formulario, inter alia, los antecedentes relativos al -[n]ombre o [la] razón social; [los p]rincipales socios o accionistas; [la n]acionalidad; [los a]ntecedentes económicos; [el g]iro económico; [una b]reve descripción del proyecto que [se] desea [-¦ realizar] en Chile; [la i]nversión proyectada realizar para llevar a cabo el proyecto; [los a]ntecedentes de la empresa chilena receptora de los aportes; [y si los inversionistas] se acog[í­an] o no al sistema de invariabilidad tributaria-.

Dicha solicitud de inversiones debí­a ser presentada en la Vicepresidencia del CIE junto con los antecedentes legales del inversionista. Debí­a ser evaluada en sus aspectos formales por la Vicepresidencia del CIE y, finalmente, en el caso de solicitudes de menos de US$ 5.000.000,00, debí­an ser autorizadas por el Vicepresidente Ejecutivo con el acuerdo del Presidente del Comité de Inversiones Extranjeras, y respecto de solicitudes de más de US$ 5.000.000,00 debí­an ser autorizadas por los miembros del Comité. La autorización dada a los inversionistas para efectuar sus aportes de capital es -sin perjuicio de las demás autorizaciones que deban obtener de las autoridades locales, según el proyecto que desean realizar-.

En cuanto al nivel de confidencialidad de las acciones, documentos y operaciones relacionadas con los proyectos de inversión extranjera en Chile, todos los antecedentes que dispone la Vicepresidencia del CIE en relación con determinado proyecto provienen de los propios inversionistas. Durante los años noventa existí­a una distinción del grado de confidencialidad de los antecedentes presentados por los inversionistas. Algunos antecedentes no eran de carácter público debido a que se referí­an -a un negocio especí­fico de propiedad de los inversionistas extranjeros-. Respecto de estos últimos la Vicepresidencia del CIE -e[ra] muy cuidados[a] en no proporcionar es[a información] a terceros-. -La fuerte expansión de muchos sectores productivos del paí­s, apoyada por la inversión extranjera, no hubiera sido posible si el CIE hubiera tenido un manejo descuidado de la información técnica, financiera o económica de los proyectos de inversión extranjera-.

B) PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL

49. El 3 de abril de 2006 la Corte recibió en audiencia pública las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Estado, y de los peritos propuestos por la Comisión, por el representante de las presuntas ví­ctimas y por el Estado (supra párr. 32). A continuación, el Tribunal resume las partes principales de dichos testimonios y peritajes.

TESTIMONIOS

a) Propuesto por la Comisión Interamericana

1. Marcel Claude Reyes, presunta ví­ctima

Es economista, y fue el fundador y director ejecutivo de la Fundación TERRAM de 1997 a 2003. Los objetivos fundamentales de dicha organización eran -participar activamente en el debate público y en la producción de información sólida y cientí­fica para apoyar la lucha social y civil de la ciudadaní­a chilena en relación al desarrollo sustentable-. En 1983 fue funcionario del Banco Central y fue asignado asesor del Comité de Inversiones Extranjeras y en la Unidad de Cuentas Ambientales.

En cuanto a la solicitud de información que hizo al Comité de Inversiones Extranjeras en relación con el proyecto del Rí­o Cóndor y la empresa Trillium, su intención era tener una -participa[ción] activa [-¦] en el debate y en la discusión sobre el proyecto Rí­o Cóndor [-¦] desde la economí­a para hacer una evaluación técnico económica y social del proyecto, así­ como [para evaluar] el potencial [-¦] desarrollo que ten[drí­a] la región [y] el paí­s [en relación] a [dicho] proyecto-. Ese proyecto era de -gran impacto ambiental- y generó discusión pública.

Para llevar a cabo dicha participación, -requer[í­]a[n] un conjunto de informaciones [por parte del Comité de Inversiones Extranjeras], porque la que existí­a a nivel público y en los organismos públicos vinculados con el medio ambiente no era suficiente-. Hicieron una solicitud formal por escrito requiriendo, entre otras cosas, información concerniente a la idoneidad del inversionista, a su trayectoria a nivel internacional y a su cumplimiento de normas ambientales, jurí­dicas y tributarias. -Como resultado de [esta] solicitud, recibi[eron] una nota del entonces Vicepresidente ejecutivo del Comité [-¦], quien [los] invitó, [a él y a Arturo Longton], a una reunión-, en la cual les entregó -una hoja conteniendo el nombre del inversionista, su razón social [y] el capital que habí­a solicitado ingresar al paí­s-. Después de la reunión recibió -un fax en la tarde de ese mismo dí­a [-¦] diciéndo[le] que efectivamente [-¦] faltaba la información sobre los capitales asociados que no fueron entregados tampoco en ese fax-. Afirmó haber obtenido la información de forma parcial y no haber recibido respuesta verbal o escrita respecto de la información faltante, ni de las razones por las que no le dieron o no le iban a dar la información, aún luego de haber insistido en dos ocasiones más. Posteriormente, luego de pasar un -plazo razonable- y sin conocer los motivos de la negación de información, recurrieron a los tribunales de justicia interponiendo: un recurso de protección, el cual fue denegado -por no ser pertinente-; un recurso de reposición del recurso de protección, el cual también fue denegado; y una queja ante la Corte Suprema, que también fue denegada.

-El proyecto forestal [en cuestión] no se llevó a efecto, porque después de aproximadamente cinco años de tramitación, de debate público y de obstaculización [-¦] por parte de la ciudadaní­a [-¦] no se realiz[ó] por problemas financieros-.

Se refirió a una información solicitada ante la Comisión Nacional Forestal en el año 2000, vinculada a una investigación adelantada por dicha institución. La información no les fue entregada y recurrieron a los tribunales, ganando esta vez el juicio por acceso a información.

A partir de su experiencia vinculada a temas ambientales, considera que -es de extrema dificultad acceder a [la] información- y por tal razón pide que -esta información [que le fue denegada] sea pública [-¦,] y que el Estado de Chile termine con la práctica del secreto, que es una práctica que impide el desempeño de la ciudadaní­a y el ejercicio de la libertad de expresión-.

b) Propuesto por el Estado

2. Eduardo Moyano Berrí­os, Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras de 1994 a 2000

En cuanto al tratamiento de los proyectos de inversión extranjera, -[c]ada proyecto tiene un expediente, [y] en el mismo constan todos los antecedentes que ha aportado [el inversionista] al CIE-. No se hací­a llegar -todo el archivo de antecedentes- a los Ministros, sino -un informe con esos antecedentes [y] los documentos que se consideraran de extrema importancia-. -Está convencido que debe existir [un expediente] sobre el proyecto Trillium-, así­ como que -los ministros en su oportunidad aprobaron el proyecto en el año, sino recuerd[a] mal, [-¦] 1991-. En la época en que fue Vicepresidente Ejecutivo del CIE -hubo una discusión pública sobre el proyecto-.

La solicitud de información realizada por la fundación TERRAM en mayo de 1998 sobre el proyecto Trillium se materializó en una reunión el 19 de mayo de 1998, en la que se hizo entrega de -buena parte de la información de la cual disponí­a, información adicional se le envió a la fundación TERRAM el mismo dí­a en un fax-. La información entregada estaba relacionada con -cuándo se habí­a aprobado el proyecto, cuáles las empresas, los flujos de inversiones que se habí­an hecho hasta la fecha, qué tipo de proyecto era, su localización, etc.-.

En cuanto a la información que originó la controversia, como Vicepresidente no suministró la información solicitada en el punto 3 del pedido de información, dado que -el Comité de Inversión Extranjera [-¦] no entregó antecedentes financieros propios de la empresa teniendo presente que la entrega de aquellos antecedentes iba contra el interés colectivo-, el cual era -el desarrollo del paí­s-. -[N]o podí­a darse el caso de que las empresas extranjeras que acudí­an al Comité de Inversiones Extranjeras tuvieran que hacer públic[a] de esa forma información financiera, que podí­a ser muy relevante para ellos en relación a su competencia, y por lo tanto ello podrí­a inhibir el proceso de inversión extranjera-. No suministró la información solicitada en el punto 6, dado que -no existí­a- la información de los antecedentes que podrí­a solicitar el Comité a otras instituciones, y el Comité no tení­a función policial; y no suministró la información solicitada en el punto 7, dado que -[e]l Comité de Inversiones Extranjeras no tení­a la función ni la capacidad propia para evaluar cada proyecto en sus méritos; contaba con algo más de 20 funcionarios, y no era tampoco necesario dado que lo que hace el Comité de Inversiones Extranjeras es que autoriza el ingreso de los capitales y el tratamiento de los capitales y hay una institucionalidad propia del paí­s en cada uno de los campos sectoriales-. La negación de dicha información no fue consultada con anterioridad a la empresa Trillium, sino que se fundamentó en -una polí­tica- y en la práctica ejercida por el Comité de Inversiones Extranjeras y por su Vicepresidencia Ejecutiva.

En lo concerniente al mecanismo de responder a solicitudes de información recibidas por el Comité, la práctica era responder a la petición por escrito. En este caso se -respondió con una reunión y con un fax-, posteriormente -hubo cartas [-¦] que se contestaron mediante conversaciones verbales-, es decir, -hubo [un] contacto de carácter personal- y, por tal razón, no se consideró -la necesidad de formalizar esa vinculación-. Afirmó que -las preguntas por escrito deben responderse por escrito, y si no se hizo en toda su extensión es un error del cual [él era] culpable, de carácter administrativo-.

PERITAJES

a) Propuesto por la Comisión

1. Ernesto Villanueva, abogado

-El artí­culo 13 de la Convención ha sido interpretado sistemáticamente como fuente de lo que serí­a una de las vertientes del derecho de acceso a la información pública-. -Por un lado [el...] desarrollo humano [-¦] va [-¦] generando mayor exigencia [sobre] el espí­ritu de la norma [y,] por otro lado[, -¦] el derecho de acceso a la información pública supone que el titular del derecho [-¦] es [la sociedad] y que [-¦] las autoridades [-¦] del Estado [son] los depositarios de [una] información que no le[s] pertenece-.

Una adecuada ley de acceso a la información pública deberí­a contener un amplio número de sujetos obligados a informar y los peticionarios no deberí­an acreditar razones para motivar su petición, ya que se trata de información pública y, por ende, de un derecho humano fundamental. Otro elemento importante es que al momento de clasificar la información como reservada, se deberí­a invocar la causal de excepción de manera puntual, se deberí­a demostrar que existe un daño probable y posible que afectarí­a el interés general y la excepción invocada y, por tanto, se tendrí­a que explicar cuál es la razón por la cual no se debe liberar esa información. Además, deberí­a demostrarse que ese daño serí­a superior al derecho del público de conocer esa información por -razones de interés público-. Sólo de esa forma se podrá diferenciar una reserva por cuestiones de criterios polí­ticos de una reserva en que efectivamente se ponen en riesgo cuestiones de interés público que deben preservarse como una excepción al acceso a la información. La ley tendrí­a que disponer instituciones que garanticen su cumplimiento.

Los paí­ses más modernos han introducido medidas legales como la obligación de tener una minuta puntual de todas las actividades que se llevan a cabo, así­ como el darle al órgano regulador facultades de investigación y de contrastación que permitan verificar si se trata de una verdadera inexistencia de la información o si se trata de un mecanismo para no otorgarla al peticionario.

En cuanto a este caso concreto, el Comité de Inversiones Extranjeras no se ajustó a los parámetros internacionales. Las modificaciones realizadas por Chile a su legislación no se ajustan a dichos parámetros, ya que debido a los vací­os de la ley, el Estado logra invocar una serie de elementos de discrecionalidad al interpretar las excepciones para no otorgar la información solicitada.

El problema de la discrecionalidad poco a poco se ha ido reduciendo a través de mecanismos legales. Con más frecuencia se puede observar en las distintas legislaciones la gran capacidad del Estado de invocar una serie de elementos ante el vací­o de la ley. En algunos paí­ses se han implementado elementos que encarezcan esa posibilidad de discrecionalidad. Las excepciones a la entrega de información pública deberí­an ser mí­nimas, establecidas por ley y reglamentadas al máximo posible, para evitar que la información de interés público sea incorporada en alguna de dichas excepciones. -El punto central es lograr que a través de las leyes de acceso a la información pública se puedan tener resultados concretos con informes y datos que permitan a la sociedad ejercer un escrutinio, [-¦] lograr el combate a la corrupción, [-¦] satisfacer intereses personales, [-¦] ejercer derechos y [-¦] cumplir obligaciones-.

b) Propuesto por el representante de las presuntas ví­ctimas

2. Roberto Mayorga Lorca, abogado y fiscal y vicepresidente del CIE de 1990 a 1994

Las atribuciones y obligaciones del Comité de Inversiones Extranjeras en virtud del artí­culo 15 del Decreto Ley Nº 600 (Estatuto de Inversión) son estudiar e informar las solicitudes de inversión, lo que equivale a investigar en Chile y en el extranjero la idoneidad y seriedad de los peticionarios que presentan las solicitudes. Igualmente el CIE debe -denunciar ante los poderes y organismos públicos competentes los delitos e infracciones de [los cuales] tom[a] conocimiento-. De acuerdo al Decreto Ley Nº 600, el Comité está obligado no sólo a analizar la transferencia de capitales sino también la idoneidad del inversionista, sobre la base de los antecedentes recopilados luego de presentarse la solicitud y sobre la base de su propio criterio. A pesar de no tener una -red externa de investigación-, el CIE mantení­a una conexión con la policí­a internacional, la cual verificaba si habí­a algún antecedente de carácter ilí­cito respecto de los peticionarios de la inversión.

Una vez presentada la solicitud, toda la documentación recopilada por el Comité formaba parte de un expediente que estudiaba el Departamento Legal, el cual decidí­a mediante un informe si procedí­a o no la inversión. Si dicho informe era positivo, el Comité de Inversiones Extranjeras, reunido con los ministros, el fiscal y el vicepresidente, decidí­an la aprobación o reprobación del proyecto.

c) Propuesto por el Estado

3. Carlos Carmona Santander, abogado

En el año 2005 la Constitución de la República se reformó y -se introdu[jo] por primera vez en [el] sistema [chileno] una normativa aplicable a todos los órganos del Estado, [que] establec[ió] la obligación de entregar [al peticionario] la información que [fuere] requerida-. Hasta ese momento el derecho de acceso a la información estaba regulado en una norma legal, y con la reforma pasó a ser regulado directamente por la Constitución como un principio aplicable a todos los órganos estatales. Dicha normativa se establece en el primer tí­tulo de la Constitución que es base de interpretación para todos los demás tí­tulos que regulan las distintas potestades y derechos de las personas.

Esta regulación constitucional establece que se puede negar la petición de información por el secreto o la reserva, el cual se puede disponer por una serie de causales como las siguientes: cuando la publicidad afecta el debido cumplimiento de las funciones de los órganos; cuando la publicidad afecta los derechos de las personas; y cuando la publicidad afecta la seguridad de la nación o el interés nacional. Hay una transformación radical en esta materia porque las causales están señaladas en la propia Constitución y son reguladas por una ley de quórum calificado (mayorí­a de diputados y senadores en ejercicio).

Se refirió a los recursos judiciales dispuestos para proteger el derecho a acceder a la información pública. Actualmente existen recursos legales especí­ficos de acceso a la información administrativa, los cuales no tienen plazo y permiten que se discuta la calificación de la Administración para determinar si ésta se ajusta o no a las causales que permiten negar información. Igualmente se refirió a las sanciones disciplinarias que contiene la Ley de Probidad de 1999, aplicada a los funcionarios que deniegan sin justa causa la información solicitada.

En cuanto a la protección de derecho del acceso a la información, los ciudadanos cuentan con las siguientes garantí­as: el derecho a pedir el acceso a la información sin costo, salvo el de la fotocopia respectiva; la impugnabilidad mediante los recursos comunes administrativos; los recursos comunes ante los tribunales; los recursos especiales; y el requisito legislativo de quórum calificado en el Congreso para establecer las restricciones al derecho.

C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Valoración de Prueba Documental

50. En este caso, como en otros , el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal o como prueba para mejor resolver, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda. Por otra parte, la Corte admite, de conformidad con el artí­culo 44.3 del Reglamento, los documentos remitidos por el representante de las presuntas ví­ctimas el 13 de marzo de 2006 (supra párr. 27), con posterioridad a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos, así­ como la versión en español de uno de dichos documentos, presentada el 24 de mayo de 2006 (supra párr. 37), tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado (supra párr. 29) y valorándolas en el conjunto del acervo probatorio.

51. En cuanto a las declaraciones escritas rendidas por los testigos Luis Sebastián Cox Urrejola, Arturo Longton Guerrero, Andrés Emilio Culagovski Rubio, y Liliana Guiditta Macchiavelo Martini, así­ como por los peritos Claudio Francisco Castillo Castillo, Tomás Vial Solar, Miguel íngel Fernández González y Davor Harasic Yaksic (supra párrs. 26 y 27) la Corte las estima pertinentes en cuanto se ajusten al objeto que fue definido por el Tribunal en la Resolución en que ordenó recibirlas (supra párr. 23), tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado (supra párr. 29). El Tribunal ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurí­dica y el equilibrio procesal entre las partes .

52. La Corte incorpora al acervo probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artí­culo 44.1 del Reglamento, los documentos remitidos por el representante el 13 de marzo de 2006 (supra párr. 27), cuyo ofrecimiento fue realizado por el representante en su escrito de solicitudes y argumentos y admitido por este Tribunal mediante Resolución de 7 de febrero de 2006 (supra párr. 23).

53. En aplicación de lo dispuesto en el artí­culo 45.2 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio los documentos presentados por la Comisión y por el representante (supra párrs. 41 y 43) en respuesta a la solicitud de prueba para mejor resolver realizada por el Presidente (supra párr. 39), tomando en cuenta las observaciones realizadas por el Estado (supra párrs. 44 y 45).

54. La Corte agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artí­culo 45.1 del Reglamento y por estimarlos útiles para resolver este caso, el documento presentado por el representante al finalizar la audiencia pública celebrada el dí­a 3 de abril de 2006 (supra párr. 32), los presentados como anexos a sus alegatos finales escritos (supra párr. 34) y el documento remitido el 7 de agosto de 2006 (supra párr. 47), tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado, y los valora en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crí­tica.

55. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artí­culo 45.1 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio del presente caso la Constitución Polí­tica de Chile, la Ley No. 19.980 de 29 de mayo de 2003, el Decreto Supremo No. 423 de 5 de abril de 1994 y el proyecto de ley Nº 3773 disponible en la página web del Senado, ya que resultan útiles para el presente caso.

Valoración Prueba Testimonial y Pericial

56. En relación con las declaraciones rendidas por los testigos y peritos propuestos por las partes (supra párrs. 32 y 49), los cuales no fueron objetadas ni controvertidas, el Tribunal las admite y les otorga el valor probatorio correspondiente. Este Tribunal estima que las declaraciones testimoniales de los señores Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola (supra párrs. 32 y 49), que resultan útiles en el presente caso, no pueden ser valoradas aisladamente por tratarse de presuntas ví­ctimas y por tener un interés directo en este caso, sino deben serlo dentro del conjunto de las pruebas del proceso .

VI
HECHOS PROBADOS

57. Con fundamento en las pruebas aportadas y considerando las manifestaciones formuladas por las partes, la Corte considera probados los siguientes hechos:

El Comité de Inversiones Extranjeras y el mecanismo de inversión extranjera regulado por el Decreto Legislativo Nº 600

57.1 El Decreto Legislativo Nº 600 de 1974, con texto refundido, coordinado y sistematizado mediante Decreto del Ministerio de Economí­a, Fomento y Reconstrucción No. 523 de 3 de septiembre de 1993, contiene el Estatuto de la Inversión Extranjera en Chile, el cual es uno de los mecanismos legales para materializar dicha inversión, que otorga determinados beneficios al inversor. Dicho Decreto Legislativo contempla la normativa que rige a -las personas naturales y jurí­dicas extranjeras, y las chilenas con residencia y domicilio en el exterior, que transfieran capitales extranjeros a Chile y que celebren un contrato de inversión extranjera- . Dicho Decreto regula la celebración de contratos de inversión extranjera, los derechos y deberes de los inversionistas extranjeros y los regí­menes aplicables a éstos, así­ como las funciones del Comité de Inversiones Extranjeras y de la Vicepresidencia Ejecutiva .

57.2 El Comité de Inversiones Extranjeras -es una persona jurí­dica de derecho público, funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio, [-¦] que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Economí­a, Fomento y Reconstrucción-. El Comité se encuentra integrado por: 1) el Ministro de Economí­a, Fomento y Reconstrucción, quien preside; 2) el Ministro de Hacienda; 3) el Ministro de Relaciones Exteriores; 4) el Ministro del ramo respectivo cuando se trate de solicitudes de inversiones vinculadas con materias que digan relación con Ministerios no representados en este Comité; 5) el Ministro de Planificación y Cooperación, y 6) el Presidente del Banco Central de Chile .

57.3 Dicho Comité es -el único organismo autorizado, en representación del Estado de Chile, para aceptar el ingreso de capitales del exterior acogidos al [-¦ D]ecreto ley [Nº 600] y para establecer los términos y condiciones de los respectivos contratos- y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Economí­a, Fomento y Reconstrucción. Para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones -el Comité [de Inversiones Extranjeras] actuará representado por su Presidente en los casos de [-¦] inversiones que requieran de[l] acuerdo del Comité, según lo dispuesto en el artí­culo 16 [de dicho decreto], en caso contrario, actuará representado por su Vicepresidente Ejecutivo- .

57.4 La Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras, para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, tendrá las siguientes funciones: a) recibir, estudiar e informar las solicitudes de inversiones extranjeras y las demás que se presenten a la consideración del Comité; b) actuar como órgano administrativo del Comité, preparando los antecedentes y estudios que requiera; c) cumplir funciones de información, registro, estadí­stica y coordinación respecto de las inversiones extranjeras; d) centralizar la información y el resultado del control que deban ejercer los organismos públicos respecto de las obligaciones que contraigan los titulares de inversiones extranjeras o las empresas en que éstos participen y denunciar ante los poderes y organismos públicos competentes, los delitos o infracciones de que tome conocimiento; e) realizar y agilizar los trámites ante los diferentes organismos que deban informar o dar su autorización previa para la aprobación de las diversas solicitudes que el Comité debe resolver y para la debida materialización de los contratos y resoluciones correspondientes; y f) investigar en Chile o en el extranjero sobre la idoneidad y seriedad de los peticionarios o interesados .

57.5 El Comité de Inversiones Extranjeras recibe solicitudes de inversión extranjera en Chile a través de su Vicepresidente, a las cuales se adjuntan antecedentes de los solicitantes. Cuando los solicitantes son personas jurí­dicas, los antecedentes consisten, entre otros, en: nombre o razón social; tipo de sociedad; nombres de principales accionistas y otros antecedentes sociales; domicilio; actividad económica; antecedentes económicos del último año; capital social; patrimonio; utilidades; paí­ses en que tienen inversiones; representante legal en Chile; descripción económica del proyecto; sector económico; región de destino de la inversión; empleos nuevos que el proyecto generará; mercado de destino; monto, objeto y composición del aporte; y datos de la sociedad receptora del aporte .

Respecto del contrato de inversión para la realización del -Proyecto Rí­o Cóndor-

57.6 El 21 de marzo y 24 de septiembre de 1991 el Comité de Inversiones Extranjeras emitió dos acuerdos, mediante los cuales aprobó las solicitudes de inversiones extranjeras formuladas por las empresas Cetec Engineering Company Inc. y Sentarn Enterprises Ltd., para invertir un capital de US$ 180.000.000 (ciento ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) .

57.7 El 24 de diciembre de 1991 el Estado de Chile celebró un contrato de inversión extranjera con las sociedades Cetec Engineering Company Inc. y Sentarn Enterprises Ltd. (inversionistas extranjeros) y la sociedad Inversiones Cetec Sel Chile Limitada (empresa receptora). Dicho contrato fue celebrado de conformidad con el Decreto Ley Nº 600 sobre el Estatuto de Inversión Extranjera, con el objeto de invertir en Chile un capital de US$ 180.000.000 (ciento ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América). Dicho contrato establece que el referido capital se destinarí­a a -enterar y pagar, en una o más oportunidades- a la empresa receptora del mismo, Inversiones Cetec Cel Chile Ltda., para que ésta lo utilice en -labores de diseño, construcción y operación de un proyecto de industrialización forestal de la duodécima región-, conocido como -Proyecto Rí­o Cóndor-. El referido proyecto -involucra[ba] el desarrollo de un complejo forestal integrado, compuesto de un aserradero mecanizado, planta reelaboradora de madera, fabricación de chapas y tableros, planta recuperadora de astillas [y] planta energética [-¦]- . Dicho proyecto era de -gran impacto ambiental- y generó discusión pública .

57.8 El Comité de Inversiones Extranjeras aprobó la solicitud de inversión extranjera con base en el análisis de los antecedentes aportados por los inversionistas . En el marco del referido contrato de inversión se llegó a materializar una inversión de aproximadamente US$ 33.729.540 (treinta y tres millones setecientos veintinueve mil quinientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América) .

57.9 El 15 de diciembre de 1993, después de diversas cesiones de los derechos emanados de dicho contrato a otras empresas que actuarí­an como inversionistas extranjeros , la empresa receptora Inversiones Cetec Sel Chile Ltda. cambió su razón social por la de Forestal Trillium Ltda (en adelante -Forestal Trillium-), y el 15 de marzo de 1999 cambió nuevamente su razón social a Forestal Savia Limitada .

57.10 El 28 de agosto de 2002 y el 10 de octubre de 2003 el inversionista extranjero Bayside Ltd. y el Estado de Chile firmaron dos contratos de inversión extranjera, mediante los cuales se autorizó un aporte de capital de US$ 10.000.000,00 (diez millones de dólares de los Estados Unidos de América) y de US$ 5.000.000,00 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) -destinado[s] a enterar y pagar un aumento de capital en la sociedad denominada FORESTAL SAVIA LIMITADA, antes FORESTAL TRILLIUM LIMITADA, la que se dedica a desarrollar el Proyecto Rí­o Cóndor de explotación forestal en la Décima Segunda Región-. En dicho contrato se señaló que la referida autorización de inversión era -sin perjuicio de cualesquiera otras que [-¦] deb[í­]an ser otorgadas por las autoridades competentes- .

57.11 El Proyecto Rí­o Cóndor no se llevó a cabo, por lo cual la Empresa Forestal Savia Limitada (antes Forestal Trillium), que revestí­a la calidad de -receptora de los flujos de capital de las empresas inversoras extranjeras acreditadas-, implementó el referido proyecto .

Respecto de la solicitud de información de Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero al Comité de Inversiones Extranjeras y la respuesta a dicha solicitud

57.12 El señor Marcel Claude Reyes es economista. En 1983 trabajó en el Banco Central como asesor del Comité de Inversiones Extranjeras y en la Unidad de Cuentas Ambientales y fue Director Ejecutivo de la Fundación Terram desde 1997 hasta 2003. Dicha organización no gubernamental tiene por finalidad, entre otras, promover la capacidad de la sociedad civil para responder a decisiones públicas sobre inversiones relacionadas con el uso de los recursos naturales, así­ como -participar activamente en el debate público y en la producción de información sólida cientí­fica [-¦] en relación al desarrollo sustentable en [Chile]- .

57.13 El 7 de mayo de 1998 el señor Marcel Claude Reyes, en su carácter de Director Ejecutivo de la Fundación Terram, remitió una comunicación al Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, mediante la cual indicó que dicha organización se propuso -evaluar los factores comerciales, económicos y sociales del proyecto [Rí­o Cóndor], medir el impacto sobre el medio ambiente [-¦] y activar el control social respecto de la gestión de los órganos del Estado que tienen o han tenido injerencia en el desarrollo del proyecto de explotación Rí­o Cóndor- . En la referida comunicación el Director Ejecutivo de la Fundación Terram solicitó al Comité de Inversiones que suministrara la siguiente información -de interés público- :

-1. Contratos celebrados entre el Estado de Chile y el Inversionista Extranjero referidos al proyecto denominado Rí­o Cóndor, expresando fecha y Notarí­a en la que se suscribieron y facilitando copia de los mismos.

2. Identidad de los inversionistas de este proyecto, extranjeros y/o nacionales.

3. Antecedentes que el Comité de Inversiones Extranjeras tuvo a la vista, en Chile y en el extranjero, para asegurar la seriedad e idoneidad de (los) Inversionista(s) y los acuerdos de dicho Comité en que se tuvieron dichos antecedentes por suficientes.

4. Monto total de la inversión autorizada relacionada con el Proyecto denominado Rí­o Cóndor, forma y plazos de ingreso del capital y existencia de créditos asociados a la misma.

5. Capital efectivamente ingresado al paí­s a la fecha, como capitales propios, aportes de capital y créditos asociados.

6. Información que obre en poder del Comité y/o que haya demandado a otras entidades públicas o privadas referida al control respecto de las obligaciones que contraigan los titulares de inversiones extranjeras o las empresas que estos participen y si el Comité ha tomado conocimiento de alguna infracción o delito.

7. Información respecto de si el Vicepresidente Ejecutivo de[l] Comité ha ejercido la atribución que le confiere el artí­culo 15 bis del D[ecreto Ley Nº] 600, en el sentido de solicitar de todos los servicios o empresas de los sectores público y privado, los informes y antecedentes que requiera para el cumplimiento de los fines del Comité y en el evento que así­ fuera, poner la misma a disposición de la Fundación- .

57.14 El 19 de mayo de 1998 el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras se reunió con el señor Marcel Claude Reyes y con el diputado Arturo Longton Guerrero . El referido Vicepresidente entregó -una hoja conteniendo tanto el nombre del inversionista, su razón social, como el capital que habí­a solicitado ingresar al paí­s- , cuándo se habí­a aprobado el proyecto, cuáles eran las empresas, los flujos de inversiones que se habí­an hecho hasta la fecha, qué tipo de proyecto era y su localización .

57.15 El 19 de mayo de 1998 el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras remitió al señor Marcel Claude Reyes una comunicación de una página, ví­a facsimilar, mediante la cual manifestó que -[d]e acuerdo a lo conversado, efectivamente las cifras entregadas sólo corresponden a capital, que e[ra] lo único que se ha[bí­a] materializado[, que e]l Proyecto t[ení­a] autorización para ingresar -˜créditos asociados-™ por US$102.000.000 pero no ha[bí­a] hecho uso de tal autorización[, y que el capital] autorizado correspond[í­a] a un total de US$ 78.500.000- .

57.16 Los dí­as 3 de junio y 2 de julio de 1998 el señor Marcel Claude Reyes remitió dos comunicaciones al Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, mediante las cuales reiteró su pedido de información, con base en -la obligación de transparencia a que se encuentra[n] sujet[os] los agentes del Estado y el derecho de acceso a [la] información pública tal cual se encuentra contemplado en [la] Constitución Polí­tica del Estado y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile-. Además, en dichas comunicaciones el señor Claude Reyes indicó que -no se ha[bí­a] recibido respuesta por parte de[l] Comité de Inversiones Extranjeras frente a la solicitud planteada- y no realizó indicación alguna sobre la información que ya habí­a sido entregada (supra párr. 57.14 y 57.15) .

57.17 El Vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras no adoptó una decisión escrita en la cual fundamentara la denegatoria de entregar la información solicitada en los puntos 3, 6 y 7 del pedido de información original (supra párr. 57.13) .

57.18 En el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (supra párr. 13), el 30 de junio de 2005 el Estado remitió a la Comisión Interamericana copia de los contratos de inversión extranjera y de cesión relativos al proyecto -Rí­o Condor- .

57.19 El Estado entregó a los señores Claude Reyes y Longton Guerrero, de forma oral o escrita, la información correspondiente a la solicitada en los puntos 1, 2, 4 y 5 del pedido de información original (supra párr. 57.13) .

57.20 El 3 de abril de 2006 el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras en la época en que el señor Claude Reyes presentó su solicitud de información, manifestó durante la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana, inter alia, que no suministró la información solicitada:

a) en el punto 3 (supra párr. 57.13), ya que -el Comité de Inversiones Extranjeras [-¦] no entregó antecedentes financieros propios de la empresa teniendo presente que la entrega de aquellos antecedentes iba contra el interés colectivo-, el cual era -el desarrollo del paí­s-. -[N]o podí­a darse el caso de que las empresas extranjeras que acudí­an al Comité de Inversiones Extranjeras tuvieran que hacer pública esa forma información financiera, que podí­a ser muy relevante para ellos en relación a su competencia y, por lo tanto, ello podrí­a inhibir el proceso de inversión extranjera-. Era una práctica del Comité de Inversiones no entregar a terceros la información financiera de la empresa que pudiera afectarla en su competencia. El Comité y el Vicepresidente definí­an qué era de interés colectivo;

b) en el punto 6 (supra párr. 57.13), dado que -no existí­a- la información de los antecedentes que podrí­a solicitar el Comité a otras instituciones, y el Comité -no es un organismo de carácter policial-; y

c) en el punto 7 (supra párr. 57.13), dado que -[e]l Comité de Inversiones Extranjeras no tení­a la función ni la capacidad propia para evaluar cada proyecto en sus méritos, contaba con algo más de 20 funcionarios, y no era tampoco necesario dado que lo que hace el Comité de Inversiones Extranjeras es que autoriza el ingreso de los capitales y el tratamiento de los capitales y hay una institucionalidad propia del paí­s en cada uno de los campos sectoriales- .

Respecto de la práctica de la Vicepresidencia del Comité de Inversiones Extranjeras sobre entrega de información

57.21 La Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras hasta el 2002 -mantuvo el criterio de entregar sólo información de la cual era titular-, tení­a la práctica de no entregar información relativa a los estados financieros y a los nombres de los socios de una compañí­a inversora , y consideraba que era de -carácter reservado la información referida a terceros, tales como antecedentes comerciales, propiedad intelectual o industrial, tecnologí­a y en general los aspectos particulares del proyecto de inversión que los inversionistas extranjeros pretendí­an desarrollar, [-¦] por tratarse de antecedentes de carácter privado, propios del inversionista, que de hacerse públicos podí­an lesionar sus legí­timas expectativas comerciales, sin que existiera fuente legal que permitiera su publicidad- .

57.22 El 13 de noviembre de 2002 el Ministerio de Economí­a, Fomento y Reconstrucción dictó la Resolución Exenta No 113, publicada en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2003. Dicha Resolución establece en su artí­culo 1 que -tendrán el carácter secretos o reservados los actos, documentos y antecedentes en atención a que su conocimiento o difusión podrí­a afectar el interés público-, enumerando en 5 incisos los supuestos comprendidos por dicha Resolución. Además, en su artí­culo 2 establece en qué supuestos los actos, documentos y antecedentes tendrán el carácter de secretos o reservados en atención a que su conocimiento o difusión podrí­a afectar el interés privado de los administrados .

Respecto de las actuaciones judiciales

57.23 El 27 de julio de 1998 los señores -Marcel Claude Reyes, por sí­ y en representación de Fundación Terram, Sebastián Cox Urrejola, por sí­ y en representación de la ONG FORJA y Arturo Longton Guerrero, por sí­, y en su calidad de [d]iputado de la República-, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago . Dicho recurso se fundamentó en la supuesta violación por parte de Chile al derecho de los recurrentes a la libertad de expresión y de acceso a información en poder del Estado, garantizado por el artí­culo 19.12 de la Constitución chilena, en relación con el artí­culo 5.2 de la misma; el artí­culo 13.1 de la Convención Americana y el artí­culo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos. Solicitaron a la referida Corte de Apelaciones que ordenara al Comité de Inversiones Extranjeras que respondiera al pedido de información y pusiera a disposición de las presuntas ví­ctimas la información, en un plazo razonable. En el texto del referido recurso de protección los recurrentes no hicieron referencia a la reunión sostenida con el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, ni a la información que éste les habrí­a proporcionado (supra párr. 57.14 y 57.15).

57.24 El artí­culo 20 de la Constitución Polí­tica de la República de Chile regula el recurso de protección, el cual puede ser interpuesto por una persona -por sí­ o por cualquiera a su nombre- ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando por -causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legí­timo ejercicio de los derechos y garantí­as establecidos en determinados numerales del artí­culo 19 especí­ficamente descritos en el artí­culo 20. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artí­culo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Además, dicho artí­culo 20 también establece que la referida Corte -adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes- .

57.25 El 29 de julio de 1998 la Corte de Apelaciones de Santiago emitió una resolución, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto, con base en que de -los hechos descritos [-¦] y de los antecedentes aparejados al recurso, se desprende que éste adolece de manifiesta falta de fundamento-. Además, la Corte de Apelaciones señaló que tení­a presente que -el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legí­timo de alguna de las garantí­as taxativamente numeradas en el artí­culo 20 de la Constitución Polí­tica de la República, dejando a salvo las demás acciones legales-. La referida resolución no contiene otra fundamentación que la señalada anteriormente, y se indica que se adopta dicha decisión de -conformidad con lo dispuesto en el No. 2 del Auto Acordado de [la] Exma. Corte Suprema [publicado el] 9 de junio de [1998]- .

57.26 El Auto Acordado de la Corte Suprema de Chile -sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantí­as Constitucionales- emitido el 24 de junio de 1992, fue modificado por -Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección el 4 de mayo de 1998, publicado el 9 de junio de 1998. En el No. 2 de este último, la Corte Suprema acordó que: -el Tribunal examinará si ha sido interpuesto en tiempo y si tiene fundamentos suficientes para acogerlo a tramitación. Si en opinión unánime de sus integrantes su presentación ha sido extemporánea o adolece de manifiesta falta de fundamento lo declarará inadmisible desde luego por resolución someramente fundada, la que no será susceptible de recurso alguno, salvo el de reposición ante el mismo tribunal- .

57.27 El 31 de julio de 1998 el abogado de las presuntas ví­ctimas interpuso un recurso de reposición ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual solicitó a dicha Corte -se sirva reponer la resolución de [-¦] 29 de julio [de 1998 -¦] dejándola sin efecto, declarando admisible el [recurso de protección]- . En dicho recurso, además de exponer los alegatos de derecho sobre la supuesta violación del derecho a acceder a la información solicitada, indicó que dicha resolución no contiene justificación de fondo relacionada con la declaración de inadmisibilidad y -no se condice con lo dispuesto en el No. 2 del Autoacordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección-, el cual dispone que -la declaración de inadmisibilidad deberá ser -˜someramente fundada-™-. En dicho recurso el referido abogado señaló que la declaración de inadmisibilidad -importa una violación a lo dispuesto en el artí­culo 5 inciso 2 de la C[onstitución -¦,] en relación con el artí­culo 25 de la Convención Americana- .

57.28 El 31 de julio de 1998 el abogado de las presuntas ví­ctimas presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Chile en contra de los Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que firmaron la resolución de 29 de julio de 1998 (supra párr. 57.25) y requirió que se dispusiera que -los recurridos informen en el menor tiempo posible, y en definitiva, hacer lugar al mismo, poniendo inmediato remedio al mal que lo motiva, enmendando conforme a derecho la resolución adoptada con falta grave o abuso y adoptando las demás medidas que correspondan de acuerdo a la ley- .

57.29 El artí­culo 545 del Código Orgánico de Tribunales establece que el recurso de queja tiene por finalidad -corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional-. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario- .

57.30 El 6 de agosto de 1998 la Corte de Apelaciones de Santiago declaró -no ha lugar a la reposición solicitada- (supra párr. 57.27).

57.31 El 18 de agosto de 1998 la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por el abogado de las presuntas ví­ctimas (supra párr. 57.28), con base en que -no se da en la especie el presupuesto de admisibilidad-, dado que la resolución que declaró inadmisible el recurso de protección (supra párr. 57.25), de conformidad con el auto acordado sobre tramitación y fallo de dicho recurso, era recurrible a través del recurso de reposición .

Respecto del marco jurí­dico del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado y la reserva o secreto de actos y documentos en Chile

57.32 La Constitución Polí­tica de Chile en su artí­culo 19 número 12 asegura a todas las personas -[l]a libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado- . Dicho artí­culo también contempla -[e]l derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes- .

57.33 La Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado Nº 18.575 de 1986, vigente en la época de los hechos, no contení­a disposiciones que hicieran referencia al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado y a los principios de transparencia y publicidad de la Administración. Dicha ley tampoco consagraba un procedimiento para poder acceder a la información que tuvieran los órganos administrativos .

57.34 El 18 de abril de 1994 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 423, mediante el cual se creó la Comisión Nacional de í‰tica Pública, inter alia, con el propósito de promover una reflexión informada sobre el tema de la ética pública, involucrando de manera activa a los distintos poderes del Estado y sectores de la ciudadaní­a. En dicho decreto se enfatizó la necesidad de -modernizar la gestión pública, orientar el desarrollo de sus funciones para el cumplimiento de sus objetivos, mejorando la eficiencia, la productividad y la calidad de las prestaciones que otorgan los servicios públicos- .

57.35 El 14 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile la Ley Nº 19.653 sobre -Probidad administrativa aplicable a los órganos de la administración del Estado-. La Ley Nº 19.653 incorporó los principios de probidad, transparencia y publicidad y fijó el -derecho a recurrir al juez de letras en lo civil-, solicitando amparo al derecho a requerir por escrito cierta información . El 17 de noviembre de 2001 se publicó el Decreto con fuerza de ley (DFL) 1/19.653 que fijó el -texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No. 18.575- (supra párr. 57.33). Dicha ley dispuso, inter alia, que :

a) -son públicos los actos administrativos de los órganos de la administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial-. La publicidad se -extiende a los informes y antecedentes que las empresas privadas que presten servicios de utilidad pública y las empresas a que se refieren los incisos tercero y quinto [-¦] de la Ley [-¦] sobre Sociedades Anónimas, proporcionen a las entidades estatales encargadas de su fiscalización, en la medida que sean de interés público, que su difusión no afecte el debido funcionamiento de la empresa y que el titular de dicha información no haga uso de su derecho a denegar el acceso a la misma-;

b) en caso que la información -no se encuentre a disposición del público de modo permanente, el interesado tendrá derecho a requerirla por escrito al jefe del servicio respectivo-;

c) el jefe del servicio podrá denegar el acceso a la información por las causales estipuladas en la ley, pero denegada la petición por causal distinta de la de seguridad de la Nación o el interés nacional, el interesado tiene derecho a recurrir al Juez de Letras en lo Civil, y contra la sentencia que dicte ese juez se puede interponer el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva. En caso de que la causal invocada fuere la seguridad de la Nación o el interés nacional, la reclamación del requirente deberá deducirse ante la Corte Suprema;

d) si la información requerida puede afectar los derechos o intereses de terceros, éstos tienen la facultad de oponerse a la entrega de los documentos solicitados mediante la presentación de un escrito que no requiere expresión de causa, luego de que se le otorga oportunidad para ello. Aún sin oposición de los terceros, el jefe superior del órgano requerido puede estimar que -la divulgación de la información involucrada afecta sensiblemente los derechos o intereses de los terceros titulares de la misma-;

e) el jefe superior del órgano requerido debe proporcionar la documentación que se le solicite, salvo que concurra alguna de las causales que lo autorizan a negarse. La negativa debe formularse por escrito y contener las razones que motivan tal decisión. Las únicas causales por las cuales el Estado puede denegar la entrega de los documentos o antecedentes requeridos a la Administración son:
1) la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias;
2) que la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido;
3) la oposición deducida en tiempo y forma por los terceros a quienes se refiere o afecta la información contenida en los documentos requeridos;
4) que la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el jefe superior del órgano requerido; y
5) que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional.

f) uno o más reglamentos establecerán los casos de secreto o reserva de la documentación y antecedentes que obren en poder de los órganos de la Administración del Estado.

57.36 El 28 de enero de 2001 el Ministro Secretario General de la Presidencia promulgó el Decreto Supremo Nº 26, que establece el Reglamento sobre el Secreto o Reserva de los Actos y Documentos de la Administración del Estado, el cual fue publicado el 7 de mayo de 2001. Dicho reglamento establece que para que el órgano administrativo esté en condiciones de entregar la información requerida, ésta debe referirse a actos administrativos o a documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial y define lo que debe entenderse por acto administrativo, documento, documento de respaldo, sustento o complemento directo, sustento o complemento esencial y actos o documentos que se encuentran a disposición permanente del público . Además, el mencionado Reglamento establece que:

a) son públicos los informes de las empresas privadas que presten servicios de utilidad pública o empresas cuyo dueño sea el Estado o en que designe dos o más directores de Sociedades Anónimas, en tanto que la documentación requerida corresponda a los informes y antecedentes que dichas empresas proporcionen a las entidades estatales encargadas de su fiscalización; que tales antecedentes e informes sean de interés público; que su difusión no afecte el debido funcionamiento de la empresa; y que el titular de dicha información no haga uso de su derecho a denegar el acceso a la misma ;

b) se encuentran a disposición permanente del público, aquellos actos y documentos que han sido objeto de publicación í­ntegra en el Diario Oficial y que están consignados en el í­ndice que deberá llevar cada servicio ;

c) la declaración de reserva o de secreto la realiza el Jefe Superior de Servicio, mediante resolución fundada ;

d) los actos y documentos de carácter -secreto- serán conocidos sólo por las autoridades o personas a las que vayan dirigidos y por quienes deban intervenir en su estudio o resolución. Los actos y documentos de carácter -reservado- serán conocidos únicamente en el ámbito de la unidad del órgano a que sean remitidos ;

e) -[s]ólo podrán ser declarados como secretos o reservados los actos y documentos cuyo conocimiento o difusión pueda afectar el interés público o privado de los administrados-, de conformidad con los criterios señalados en el artí­culo 8 del Reglamento, el cual incorpora dentro del interés público causales de reserva como la defensa, seguridad nacional, polí­tica exterior, relaciones internacionales, polí­tica monetaria, entre otros, y dentro del interés privado causales de reserva como expedientes relativos a procedimientos sancionatorios o disciplinarios de cualquier naturaleza, y expedientes médicos o sanitarios, entre otros ;

f) los órganos de la Administración del Estado deberán clasificar los actos o documentos conforme a los criterios explicitados, en atención al grado de protección que requieren ; y

g) los actos y documentos de carácter -reservado- o -secreto- mantendrán dicho carácter por el plazo de 20 años, a menos que el Jefe de Servicio respectivo lo excluya de estas categorí­as a través de resolución fundada .

57.37 Después de la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 26 que establece el Reglamento sobre el Secreto o Reserva de los Actos y Documentos de la Administración del Estado (supra párr. 57.36), se emitieron aproximadamente 90 resoluciones, otorgando el carácter de secreto o reservados a una serie de actos administrativos, documentos y antecedentes en manos de órganos del Estado .

57.38 El 29 de mayo de 2003 se publicó la Ley Nº 19.880 sobre procedimientos administrativos, en la cual se incorporó el principio de publicidad en sus artí­culos 16, 17 incisos a) y d) y 39. En el artí­culo 16 se estipula que -salvo las excepciones establecidas por la ley o el reglamento, son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial-.

57.39 El 4 de octubre de 2004 la Contralorí­a General de la República emitió el Dictamen Nº 49.883 , en respuesta a una petición presentada por varias personas y organizaciones, quienes impugnaron la legalidad de 49 resoluciones de declaración de secreto o reserva. Dicho dictamen señaló que -en numerosas resoluciones se excede la normativa a los efectos de la declaración de secreto o reserva en otros órdenes de materias-, y que -en diversas resoluciones se fijan materias sujetas a secreto o reserva en términos de tal amplitud que no resulta admisible entenderlas amparadas por la regulación legal y reglamentaria que debe servirles de fundamento-. En el referido dictamen la Contralorí­a señaló que -debe observarse que en distintas resoluciones no se advierte el fundamento preciso para declarar secretos o reservados determinados documentos-. Con base en las anteriores consideraciones, la Contralorí­a ordenó de manera perentoria a todas las reparticiones que -las reexaminen a la brevedad [...] y, en los casos en que corresponda, las modifiquen en términos que se ajusten a la normativa que les sirve de fundamento-.

57.40 El 4 de enero de 2005 dos senadores presentaron un proyecto de ley sobre acceso a la información pública . En la exposición de motivos se señaló que -[a] pesar de los esfuerzos legislativos [realizados a través de la Ley de Probidad de 1999 y la Ley No. 19.880 de 29 de mayo de 2003], en la práctica [l]os principios de transparencia y de acceso a la información pública, se encuentran seriamente limitados, llegando a convertir estas leyes en letra muerta [-¦, lo cual se debe al hecho que la misma ley de probidad dispone que uno o mas reglamentos establecerán los casos de secreto o reserva de la documentación y antecedentes que obren en poder de la administración del Estado, lo que constituye una seria barrera al derecho de acceso a la información pública establecido en la ley-.

57.41 El 26 de agosto de 2005 entró en vigencia la Ley Nº 20.050, mediante la cual se realizó una reforma a la Constitución Polí­tica de la República. Entre otras reformas sustantivas, incorpora un nuevo artí­culo 8* ° que establece que

[e]l ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así­ como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional .

La disposición transitoria quinta de la Constitución de Chile establece que -[s]e entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales- .

57.42 El 7 de octubre de 2005 el Senado de la República de Chile aprobó al Proyecto de Ley sobre acceso a la información pública que modifica el Decreto con fuerza de ley Nº 1 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica sobre Bases Generales de la Administración del Estado, para -alcanzar un alto grado de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas [y facilitar] la formación de una mayor y más efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos- . Actualmente dicho proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional.

57.43 El 12 de diciembre de 2005 el Ministerio Secretarí­a General de la Presidencia emitió el Decreto Nº 134, mediante el cual derogó el Decreto Supremo No. 26 de 2001 (supra párr. 57.36), con fundamento en que luego de la reforma que introdujo el nuevo artí­culo 8 de la Constitución (supra párr. 57.40) el contenido del referido Decreto -se ha transformado en contrario a la norma constitucional, no pudiendo, por tanto subsistir en el ordenamiento jurí­dico- .

57.44 El 30 de enero de 2006 el Ministro Secretario General de la Presidencia remitió a diversas autoridades del Estado una comunicación, la cual consiste en una -guí­a que describe los criterios y reglas actualmente aplicables en materia de publicidad y acceso a la información administrativa-, dado que, como -consecuencia de la derogación [del Decreto No. 26,] han quedado también derogadas tácitamente todas las Resoluciones dictadas al amparo de dicho Reglamento que establecieron casos de secreto o reserva de actos y documentos de la Administración- .

57.45 El 15 de febrero de 2006 la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas informó a la Corte que -ha tomado iniciativa frente a algunos organismos de la Administración del Estado para exhortarlos, de manera oficiosa, a que den respuesta a las demandas de obtención de información planteadas por particulares y, especialmente, por personas jurí­dicas sin fines de lucro-. Sin embargo, dicha Comisión informó que en general los resultados han sido -infructuosos por cuanto la legislación vigente en la materia reserva a un procedimiento contencioso administrativo especial [-¦] la dilucidación del conflicto planteado entre el requirente de la información y el servicio público requerido. [-¦] Estando pues reservada a la competencia judicial la decisión sobre si procede o no entregar la información pública que el ciudadano demanda, la lógica inclinación de los jefes de servicios ante esta clase de requerimientos es esperar que el tribunal competente se los ordene-, dado que sólo así­ se -relevará de responsabilidad ante eventuales reclamos de terceros- .

SOBRE LAS COSTAS Y GASTOS

57.46 Las presuntas ví­ctimas y su representante incurrieron en gastos durante la tramitación interna ante los tribunales, así­ como también realizaron diversos gastos durante el proceso internacional (infra párr. 167).

VII
VIOLACIÓN DEL ARTíCULO 13 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
EN RELACIÓN CON LOS ARTíCULOS 1.1 Y 2 DE LA MISMA
(LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN)

Alegatos de la Comisión

58. En cuanto a la alegada violación del artí­culo 13 de la Convención, en relación con los artí­culos 1.1. y 2 de la misma, la Comisión señaló que:

a) la divulgación de la información en poder del Estado debe jugar un rol muy importante en una sociedad democrática, pues habilita a la sociedad civil para controlar las acciones del gobierno a quien ha confiado la protección de sus intereses. -[E]l artí­culo 13 de la Convención debe comprender una obligación positiva de parte del Estado de brindar acceso a la información en su poder-, lo cual es necesario para evitar abusos de los funcionarios gubernamentales, promover la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Estado y permitir un debate público sólido e informado para asegurar la garantí­a de contar con recursos efectivos contra tales abusos;

b) existe un consenso creciente en torno a que los Estados tienen la obligación positiva de brindar la información que obre en su poder a sus ciudadanos. -[L]a Comisión ha interpretado que el [a]rtí­culo 13 incluye un derecho al acceso a la información en poder del Estado-;

c) -de acuerdo a los amplios términos del [a]rtí­culo 13, el derecho al acceso a la información debe estar regido por el -˜principio de máxima divulgación-™-. -[L]a carga de la prueba corresponde al Estado, el cual tiene que demostrar que las limitaciones al acceso a la información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión-. -Ello significa que la restricción no sólo debe relacionarse con uno de [los] objetivos [legí­timos que la justifican], sino que también debe demostrarse que la divulgación constituye una amenaza de causar substancial perjuicio a ese objetivo y que el perjuicio al objetivo debe ser mayor que el interés público en disponer de la información- (prueba de proporcionalidad);

d) la mayorí­a de los Estados americanos cuentan con regulación en materia de acceso a la información. La legislación chilena no fue aplicada en este caso porque fue promulgada con posterioridad a los hechos que dieron lugar a la petición. -El Estado de Chile ha realizado una serie de modificaciones legislativas; sin embargo[, -¦] éstas no garantizan de forma efectiva y amplia el acceso a la información pública-. -Las excepciones previstas en la ley [-¦] confieren un grado excesivo de discrecionalidad al funcionario que determina si se divulga o no la información-;

e) en el presente caso, la Comisión centra su preocupación entorno a la información relacionada con la evaluación que realizaba el Comité de la pertinencia de inversionistas extranjeros, la cual no fue entregada a las presuntas ví­ctimas y tampoco fue denegada oficialmente;

f) respecto al argumento del Estado de que el tipo de información solicitada hubiera violado, de ser revelada a las presuntas ví­ctimas, el derecho de confidencialidad de las empresas involucradas, debe decirse que las restricciones al derecho a buscar, recibir y divulgar información deben estar expresamente establecidas por ley. -El Estado no [ha] cita[do] ninguna disposición de la legislación chilena ni ningún antecedente jurí­dico que expresamente establezca como información reservada lo relativo al proceso de toma de decisiones del Comité de Inversiones Extranjeras-. La decisión de retener información parece estar -totalmente a discreción del Vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras-. Además, en su contestación a la demanda el Estado se aparta de la lí­nea de argumentación en torno a la confidencialidad, alegando que el Comité de Inversiones Extranjeras no contaba ni cuenta con disponibilidad de tiempo, capacidad ni facultades legales para investigar situaciones de hecho de los inversionistas;

g) el Comité de Inversiones Extranjeras nunca dio respuesta por escrito en relación a la información faltante y no ha demostrado cómo la retención de la información en cuestión era -necesaria- para la consecución de un objetivo legí­timo previsto en el artí­culo 13 de la Convención. Tampoco presentó ningún argumento que demuestre que la divulgación de la información habrí­a causado un perjuicio sustancial a estos objetivos, y que ese perjuicio hubiera sido mayor que el interés público en divulgar la información, como lo requiere el indicado artí­culo 13. Además es -insostenible- la afirmación del Estado de que el papel de control de los organismos del gobierno compete exclusivamente al Congreso; y

h) -el Estado chileno no garantizó el derecho de las [presuntas] ví­ctimas al acceso a la información porque un organismo del Estado negó acceso a información sin demostrar que la misma estaba comprendida por una de las excepciones legí­timas a la norma general de divulgación prevista en el artí­culo 13. Además, el Estado no contó con mecanismos establecidos para garantizar el derecho al acceso a la información en forma efectiva en el momento que se produjeron los hechos que dieron lugar a esta petición-.

Alegatos del representante de las presuntas ví­ctimas:

59. En cuanto a la alegada violación del artí­culo 13 de la Convención, en relación con los artí­culos 1.1. y 2 de la misma, el representante señaló que:

a) el Estado negó a las presuntas ví­ctimas información que poseí­a sin dar fundamento alguno. Ante la Corte, el Estado fundamentó tal negativa en que habí­a un vací­o normativo respecto a la confidencialidad de la información entregada por parte de las empresas al Comité de Inversiones Extranjeras. Dicha motivación vulnera la presunción de máxima divulgación de la información y los principios de proporcionalidad y necesidad que se imponen a las restricciones al derecho a la libertad de expresión. Por un lado, la omisión de entrega se decidió sin consultar previamente a la empresa eventualmente afectada por la publicidad de dicha información y, por otro lado, el Estado no acreditó ante la Corte en qué medida la información requerida pudo haber afectado los derechos de la empresa Forestal Trillium Ltda. o la polí­tica estatal de promoción de la inversión extranjera;

b) ha quedado acreditado que el Comité de Inversiones Extranjeras debe realizar una labor investigativa respecto de los inversionistas extranjeros. Al haberse reservado un examen de comportamiento de los inversionistas, el Estado dejó de garantizar a la sociedad las cualidades de credibilidad corporativa de los inversionistas y de su inversión;

c) el reconocimiento implí­cito de la falta de investigación y de la negación de información por parte del Comité vulnera el derecho al acceso a la información incluido en el derecho a la libertad de expresión ya que, en áreas sensibles como la afectación de los recursos naturales del paí­s, el interés público exige al Estado la adopción de medidas adicionales y complementarias de protección destinadas a asegurar la idoneidad y seriedad de quienes invierten en el paí­s. El Estado se encuentra en la obligación positiva de generar y difundir información pública para facilitar la deliberación democrática y el control ciudadano; y

d) las medidas legislativas que el Estado ha realizado no constituyen una eximente de responsabilidad internacional, toda vez que la omisión de respuesta y entrega de la información referida a la idoneidad del inversionista extranjero y la denegación de justicia incurrida por los tribunales nacionales, son hechos consumados que atentan contra los derechos consagrados en la Convención. Asimismo, la reforma constitucional aprobada, que deja tácitamente sin efecto la normativa reglamentaria sobre secreto y reserva de 2001, si bien constituye un avance, resulta incompleta, obstaculiza, restringe y limita el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y contiene causales de restricción incompatibles con el artí­culo 13 de la Convención. Esta reforma, así­ como la que se tramita actualmente en el Congreso, no reconocen el derecho a acceder a la información como un elemento del derecho a la libertad de expresión como lo consagra el artí­culo 13 de la Convención Americana, sino como -un elemento que expresa el interés general del principio de publicidad y de probidad-.

Alegatos del Estado

60. En cuanto a la alegada violación del artí­culo 13 de la Convención, en relación con los artí­culos 1.1 y 2 de la misma, el Estado señaló que:

a) en cuanto a la supuesta denegación de información por parte del Comité de Inversiones Extranjeras respecto de lo requerido en los puntos 6 y 7 de la solicitud, ha quedado claro según los testimonios de los señores Moyano Berrí­os y Mayorca que dicho Comité no poseí­a esa información;

b) en lo referente a la información relacionada con el punto 3 de la solicitud, en la época de los hechos de este caso y en la actualidad, el Comité de Inversiones Extranjeras no cuenta con capacidad fí­sica ni con facultades legales para investigar situaciones de hecho de los inversionistas. -La función del Comité de Inversiones Extranjeras sólo consiste en facilitar y aprobar flujos de capital externos a Chile-. No es función del Comité -efectúa[r] un estudio previo para garantizar la viabilidad técnica, legal, financiera o económica de los proyectos económicos [de inversión]; esa tarea es de los propios inversionistas-. Todos los antecedentes con que cuenta el Comité son proporcionados por los propios inversionistas. -[L]os peticionarios solicitaron al Comité de Inversiones Extranjeras información orientada a conocer el posible impacto ambiental que podrí­a tener el proyecto forestal-, información que el Comité no poseí­a por ser de competencia de la Comisión Nacional de Medio Ambiente;

c) -[a] la fecha de presentación de la denuncia por los peticionarios (diciembre de 1998) y hasta el año 2002 no existí­a norma que regulara la publicidad o reserva de los actos de administración ni de los documentos que sirven de base a éstos por parte del Comité de Inversiones Extranjeras-. Dicho Comité consideró de carácter reservado la información referida a terceros y en general los aspectos particulares del proyecto, por tratarse de antecedentes de carácter privado, que de hacerse públicos -podrí­a lesionar sus legí­timas expectativas comerciales, sin que existiera fuente legal que permitiera su publicidad-;

d) ha dado cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión en su informe de fondo, a saber, divulgar públicamente la información solicitada por los peticionarios, otorgar una reparación adecuada a los peticionarios, y adecuar el ordenamiento jurí­dico interno a los términos del artí­culo 13 de la Convención;

e) respecto de la recomendación de divulgar públicamente la información solicitada, la Comisión se refiere en general a la entrega de información y -obvia en su recomendación la información que le fuera entregada directamente por el Comité de Inversiones Extranjeras a las presuntas ví­ctimas y que respondí­a a cuatro de los siete puntos contenidos en la solicitud hecha a dicho Comité-. -[L]a circunstancia de que el proyecto en cuestión no se implementó [ni] se ejecutó- hace que desaparezcan los motivos de la información solicitada y que el cumplimiento de las recomendaciones -esté absolutamente fuera de contexto-. Sin perjuicio de lo anterior, el 30 de junio de 2005 el Estado -acompañó [-¦] a la Comisión los contratos de inversión extranjera y de cesión de los mismos, relativos al proyecto Rí­o Cóndor de la Empresa Forestal Trillium-;

f) respecto a la segunda recomendación de la Comisión de otorgar una reparación adecuada a los peticionarios, el Estado informó a la Comisión que -se est[aba] analizando [-¦] una reparación de carácter simbólic[o] que pu[dier]a recoger la situación de vulneración de derechos de que fueron ví­ctimas, como asimismo publicitar los avances que en materia de acceso a información pública puede exhibir [Chile], en aras de ir adecuando su derecho interno a los términos del artí­culo 13 de la Convención. La naturaleza y caracterí­sticas de esta reparación simbólica, serí­a propuesta a la C[omisión], para ser puesta en conocimiento de los peticionarios, lo que no alcanzó a verificarse por la decisión de la Comisión de elevar el conocimiento del caso ante [l]a [-¦] Corte [-¦]-;

g) respecto a la tercera recomendación de la Comisión, el Estado ha adaptado su normativa interna para hacerla conforme a lo dispuesto en el artí­culo 13 de la Convención. Como ejemplo, señala la reciente reforma a la Constitución Polí­tica, que incorporó en su artí­culo 8º el principio de probidad y el derecho de acceso a la información pública, así­ como que -recientemente se ha elaborado un Proyecto de Ley, destinado a perfeccionar la normativa legal que rige actualmente el derecho de acceso a la información, su ejercicio, lí­mites y mecanismos de impugnación para el caso de limitación abusiva, ilegal o arbitraria de su ejercicio-. De igual manera, las causales en cuya virtud se puede denegar la entrega de los documentos requeridos se encuentran ya establecidas por la Ley de Probidad No. 19.653 y como consecuencia directa de la reforma constitucional, -se derogó el Decreto Ley No. 26 del Ministerio Secretarí­a General de la Presidencia que estableció en su momento los casos en que los órganos de la Administración podrí­an otorgar carácter de reservado o de secreto a ciertos documentos o actos en el ejercicio de su función-, para evitar cualquier actuación al margen de la nueva disposición constitucional; y

h) el análisis de la nueva legislación, adoptada como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, escapa del objeto y de la competencia contenciosa de la Corte porque este no es un caso en que las nuevas normas se encuentren cuestionadas.

Consideraciones de la Corte

61. El artí­culo 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) de la Convención Americana dispone, inter alia, que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda í­ndole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artí­stica, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por ví­as o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

[-¦]

62. En relación con la obligación de respetar los derechos, el artí­culo 1.1 de la Convención dispone que:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones polí­ticas o de cualquier otra í­ndole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

63. Respecto del deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el artí­culo 2 de la Convención establece que:

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artí­culo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

64. La Corte ha establecido que el deber general del artí­culo 2 de la Convención implica la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantí­as previstas en la Convención, así­ como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantí­as .

65. La Corte debe determinar, a la luz de los hechos probados en el presente caso, si la falta de entrega de una parte de la información solicitada al Comité de Inversiones Extranjeras en 1998, constituyó o no una violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de los señores Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero y, por consiguiente, si se configuró una violación al artí­culo 13 de la Convención Americana.

66. En cuanto a las particularidades del caso, ha quedado probado que se solicitó información bajo el control del Comité de Inversiones Extranjeras, y que dicho Comité es una persona jurí­dica de derecho público (supra párr. 57.2 y 57.13 a 57.16). Asimismo, la información que fue solicitada guardaba relación con un contrato de inversión extranjera celebrado originalmente entre el Estado y dos empresas extranjeras y una empresa chilena receptora, con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización forestal, que generó gran discusión pública por el impacto ambiental que podí­a tener (supra párr. 57.7).

67. Antes de entrar a analizar si la restricción al acceso a la información en este caso conllevó la alegada violación al artí­culo 13 de la Convención Americana, el Tribunal determinará, en primer término, a quiénes considera como presuntas ví­ctimas, así­ como también definirá el objeto de la controversia respecto de la falta de entrega de información.

68. En cuanto a la determinación de quiénes habrí­an solicitado información cuya falta de entrega se alega en el presente caso, tanto la Comisión como el representante señalaron que las presuntas ví­ctimas serí­an los señores Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola, e indicaron que el Estado violó su derecho de acceso a la información pública porque se negó a brindarles la información solicitada por ellos, sin una justificación válida. En este sentido, el señor Cox Urrejola manifestó en su declaración escrita -que asociados con Marcel Claude y Arturo Longton presenta[ron] la demanda de información al Comité de Inversiones Extranjeras [en] mayo de 1998- (supra párr. 48). Asimismo, el señor Arturo Longton en su declaración escrita señaló que en la reunión que se llevó a cabo el 19 de mayo de 1998 solicitó -diversa información respecto del inversionista extranjero involucrado [-¦] y, en particular, los antecedentes que mostraran su idoneidad y seriedad- (supra párr. 48).

69. En el presente caso, en que se alega la violación al derecho de acceder a información bajo el control del Estado, la determinación de las presuntas ví­ctimas requiere conocer las solicitudes de información que habrí­an realizado y cuáles habrí­an sido denegadas.

70. Del análisis de la prueba, quedan claros los hechos sobre las solicitudes de información realizadas al Comité de Inversiones Extranjeras por el señor Marcel Claude Reyes, en su calidad de Director Ejecutivo de la Fundación Terram (supra párr. 57.13, 57.14 y 57.16), así­ como que en la reunión sostenida con el Vicepresidente del referido Comité también participó el señor Arturo Longton Guerrero (supra párr. 57.14) y se solicitó información, parte de la cual no les habrí­a sido entregada. El Estado no presentó ningún argumento que contradiga que el señor Longton Guerrero solicitó información al Comité que no le habrí­a sido entregada. En cuanto al señor Sebastián Cox Urrejola, el Tribunal considera que la Comisión y el representante no acreditaron cuál fue la información que éste habrí­a solicitado al Comité de Inversiones Extranjeras y que no le hubiere sido entregada, sino que este señor participó recién en la interposición del recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago (supra párr. 57.23).

71. Por las anteriores consideraciones, el Tribunal analizará la violación del artí­culo 13 de la Convención Americana en relación con los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, personas respecto de quienes se probó que solicitaron información al Comité de Inversiones Extranjeras.

*

Información que no fue entregada (Objeto de la controversia)

72. Por otro lado, la Corte destaca que, tal como ha quedado demostrado y ha sido reconocido tanto por la Comisión, por el representante y por el Estado, éste entregó información correspondiente a 4 de los 7 puntos solicitados mediante comunicación de 7 de mayo de 1998 (supra párr. 57.13, 57.14, 57.15 y 57.19).

73. El Tribunal encuentra claro que la información que no fue entregada por el Estado era de interés público, ya que guardaba relación con un contrato de inversión extranjera celebrado originalmente entre el Estado y dos empresas extranjeras y una empresa chilena receptora, con el fin de desarrollar un proyecto de industrialización forestal, que por el impacto ambiental que podí­a tener generó gran discusión pública (supra párr. 57.7). Además, dicho pedido de información guardaba relación con la verificación del adecuado actuar y cumplimiento de funciones por parte de un órgano estatal: el Comité de Inversiones Extranjeras.

74. El presente caso no versa sobre la denegatoria absoluta de entrega de información, ya que el Estado cumplió parcialmente con su obligación de suministrar información que estaba bajo su control. La controversia se plantea en relación con la falta de entrega de parte de la información solicitada en los puntos 3, 6 y 7 de la referida carta de 7 de mayo de 1998 (supra párr. 57.13 y 57.17).

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A) Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión

75. La jurisprudencia del Tribunal ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artí­culo 13 de la Convención, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social, de las cuales ha desprendido una serie de derechos que se encuentran protegidos en dicho artí­culo .

76. En este sentido la Corte ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende -no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda í­ndole- . Al igual que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información.

77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artí­culo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a -buscar- y a -recibir- -informaciones-, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artí­culo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legí­tima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea .

78. Al respecto, es importante destacar que existe un consenso regional de los Estados que integran la Organización de los Estados Americanos (en adelante -la OEA-) sobre la importancia del acceso a la información pública y la necesidad de su protección. Dicho derecho ha sido objeto de resoluciones especí­ficas emitidas por la Asamblea General de la OEA . En la última Resolución de 3 de junio de 2006 la Asamblea General de la OEA -inst[ó] a los Estados a que respeten y hagan respetar el acceso a la información pública a todas las personas y [a] promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva- .

79. La Carta Democrática Interamericana destaca en su artí­culo 4 la importancia de -la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa- como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Asimismo, en su artí­culo 6 la Carta afirma que -[l]a participación de la ciudadaní­a en las decisiones relativas a su propio desarrollo [-¦ es] una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia-, por lo que invita a los Estados Parte a -[p]romover y fomentar diversas formas de participación [ciudadana]-.

80. En la Declaración de Nuevo León, aprobada en el 2004, los Jefes de Estado de las Américas se comprometieron, entre otras cosas, -a contar con los marcos jurí­dicos y normativos, así­ como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información-, reconociendo que -[e]l acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana [...]- .

81. En igual sentido se debe destacar lo establecido en materia de acceso a la información en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Declaración de Rí­o sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo . Asimismo, en el ámbito del Consejo de Europa, ya desde 1970 la Asamblea Parlamentaria realizó recomendaciones al Comité de Ministros del Consejo de Europa en materia de -derecho a la libertad de información- , así­ como también emitió una Declaración, en la cual estableció que respecto del derecho a la libertad de expresión debe existir -el correspondiente deber de las autoridades públicas de hacer accesible la información sobre asuntos de interés público dentro de los lí­mites razonables [-¦]- . Asimismo, se han adoptado recomendaciones y directivas , y en 1982 el Comité de Ministros adoptó una -Declaración sobre libertad de expresión e información-, en la cual expresó el objetivo de buscar una polí­tica de apertura de información en el sector público . En 1998 se adoptó la -Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales-, en el marco de la Conferencia Ministerial -Medio Ambiente para Europa-, celebrada en Aarhus, Dinamarca. Además, el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió una recomendación sobre el derecho de acceso a documentos oficiales en poder de las autoridades públicas , en cuyo principio IV establece las posibles excepciones, señalando que -[dichas] restricciones deberán exponerse de manera precisa por ley, ser necesarias en una sociedad democrática y ser proporcionales al objetivo de protección-.

82. Asimismo, el Tribunal considera de especial relevancia que a nivel mundial, muchos paí­ses han adoptado normativa dirigida a proteger y regular el derecho de acceder a la información bajo el control del Estado.

83. Finalmente, la Corte estima relevante hacer notar que, con posterioridad a los hechos de este caso, Chile ha realizado importantes avances en materia de consagración normativa del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que incluyen entre otros una reforma constitucional, y que actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley sobre dicho derecho.

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84. Este Tribunal ha expresado que -[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte-, y constituye -un -˜principio-™ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano- . La Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadaní­a ejerce sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información .

85. La Corte Interamericana ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que

[-¦] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos polí­ticos, los sindicatos, las sociedades cientí­ficas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre .

86. En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso.

87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública . Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.

B) Las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado impuestas en este caso

88. El derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Este Tribunal ya se ha pronunciado, en otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión .

89. En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, en primer término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben dictarse -por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas-. Al respecto la Corte ha enfatizado que

En tal perspectiva no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artí­culo 30, como sinónimo de cualquier norma jurí­dica, pues ello equivaldrí­a a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general.
[-¦]
El requisito según el cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa que deben haber sido adoptadas en función del “bien común” (art. 32.2), concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden público del Estado democrático [-¦] .

90. En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana. Al respecto, el artí­culo 13.2 de la Convención permite que se realicen restricciones necesarias para asegurar -el respeto a los derechos o a la reputación de los demás- o -la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas-.

91. Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legí­timo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho .

92. La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones.

93. Corresponde al Estado demostrar que al establecer restricciones al acceso a la información bajo su control ha cumplido con los anteriores requisitos.

94. En el presente caso, está probado que la restricción aplicada al acceso a la información no se basó en una ley. En esa época no existí­a en Chile legislación que regulara la materia de restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado.

95. Asimismo, el Estado no demostró que la restricción respondiera a un objetivo permitido por la Convención Americana, ni que fuera necesaria en una sociedad democrática, ya que la autoridad encargada de responder la solicitud de información no adoptó una decisión escrita fundamentada que pudiera permitir conocer cuáles fueron los motivos para restringir el acceso a tal información en el caso concreto.

96. A pesar de que en su momento oportuno la autoridad pública ante quien se planteó la solicitud de información no adoptó una decisión fundamentada sobre la denegatoria al realizar tal limitación al derecho, la Corte nota que, posteriormente, en el proceso internacional el Estado ha sostenido varios argumentos con el fin de justificar la falta de entrega de la información solicitada en los puntos 3, 6 y 7 de la solicitud de 7 de mayo de 1998 (supra párr. 57.13).

97. Asimismo, fue recién durante la audiencia pública celebrada el 3 de abril de 2006 (supra párr. 32) que quien desempeñaba el puesto de Vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras en la época de los hechos y declaró como testigo ante el Tribunal, detalló los motivos por los cuales no entregó cada uno de los tres puntos de información solicitada (supra párr. 57.20). Señaló básicamente que -el Comité de Inversiones Extranjeras [-¦] no entregó antecedentes financieros propios de la empresa teniendo presente que la entrega de aquellos antecedentes iba contra el interés colectivo-, el cual era -el desarrollo del paí­s-, y que era una práctica del Comité de Inversiones no entregar a terceros la información financiera de la empresa que pudiera afectarla en su competencia. Además, manifestó que otra parte de la información no la tení­a dicho Comité, ni era su obligación tenerla ni recabarla.

98. Tal como ha quedado acreditado, la restricción aplicada en el presente caso no cumplió con los parámetros convencionales. Al respecto, la Corte entiende que el establecimiento de restricciones al derecho de acceso a información bajo el control del Estado a través de la práctica de sus autoridades, sin la observancia de los lí­mites convencionales (supra párrs. 77 y 88 a 93), crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado en la clasificación de la información como secreta, reservada o confidencial, y se genera inseguridad jurí­dica respecto al ejercicio de dicho derecho y las facultades del Estado para restringirlo.

99. Por otro lado, es necesario destacar que al solicitar la información al Comité de Inversiones Extranjeras el señor Marcel Claude Reyes se -propuso evaluar los factores comerciales, económicos y sociales del proyecto [Rí­o Cóndor], medir el impacto sobre el medio ambiente [-¦] y activar el control social respecto de la gestión de órganos del Estado que tienen o han tenido injerencia- en el desarrollo de dicho proyecto -de explotación del Rí­o Cóndor- (supra párr. 57.13). Asimismo, el señor Arturo Longton Guerrero expresó que acudió a pedir la información -preocupado por la posible tala indiscriminada de bosque nativo en el extremo sur de Chile- y que -[l]a denegación de información pública, significó [-¦] un impedimento a [su] tarea de fiscalizador- (supra párr. 48). Al no recibir la información solicitada, ni una contestación motivada sobre las restricciones a su derecho al acceso a la información bajo el control del Estado, los señores Claude Reyes y Longton Guerrero vieron afectada la posibilidad de realizar un control social de la gestión pública.

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100. La Corte valora los esfuerzos realizados por Chile con el fin de adecuar su normativa a la Convención Americana en materia de acceso a información bajo el control del Estado, en particular la reciente reforma a la Constitución Polí­tica realizada en el año 2005 que dispone que la reserva o secreto de la información debe establecerse por ley (supra párr. 57.41), disposición que no existí­a en la época de los hechos de este caso.

101. Sin embargo, la Corte considera necesario reiterar que, de conformidad con el deber dispuesto en el artí­culo 2 de la Convención, el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos protegidos en la Convención, lo cual implica la supresión tanto de las normas y prácticas que entrañen violaciones a tales derechos, así­ como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantí­as. En particular, ello implica que la normativa que regule restricciones al acceso a la información bajo el control del Estado debe cumplir con los parámetros convencionales y sólo pueden realizarse restricciones por las razones permitidas por la Convención (supra párrs. 88 a 93), lo cual es también aplicable a las decisiones que adopten los órganos internos en dicha materia.

102. Es preciso indicar que las violaciones en el presente caso ocurrieron antes que el Estado realizara tales reformas, por lo que la Corte concluye que, en este caso, el Estado no cumplió con las obligaciones que le impone el artí­culo 2 de la Convención Americana de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero.

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103. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artí­culo 13 de la Convención Americana en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artí­culo 1.1 de dicho tratado. Asimismo, al no haber adoptado las medidas necesarias y compatibles con la Convención para hacer efectivo el derecho al acceso a la información bajo el control del Estado, Chile incumplió la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artí­culo 2 de la Convención.

VIII
ARTíCULO 23 (DERECHOS POLíTICOS)
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
EN RELACIÓN CON LOS ARTíCULOS 1.1 Y 2 DE LA MISMA

104. La Comisión no alegó que se hubiere violado el artí­culo 23 de la Convención.

Alegatos del representante de las presuntas ví­ctimas:

105. El representante alegó que Chile violó el artí­culo 23 de la Convención, en relación con los artí­culos 1.1. y 2 de la misma, apreciación que no figura en la demanda presentada por la Comisión. El representante señaló que:

a) el Estado vulneró el derecho a la participación directa en los asuntos públicos ya que éste no se encuentra legalmente reconocido en Chile. Para su efectividad, es imprescindible que los ciudadanos puedan ejercer también el derecho a acceder a la información pública, ya que éstos dos derechos -confluyen, legitiman y sustentan el derecho al control social-;

b) -la negativa injustificada a entregar la información solicitada representa una clara infracción al derecho de participación polí­tica, al inhibir la participación de las presuntas ví­ctimas en el debate público respecto de un aspecto relevante y de interés para la ciudadaní­a de la inversión extranjera orientada a la explotación de los recursos naturales del paí­s, cual es el conocimiento de inversionista, su idoneidad y seriedad-; y

c) el Estado infringió las obligaciones generales establecidas en los artí­culos 1 y 2 de la Convención Americana al carecer de prácticas y medidas que promuevan el ejercicio del derecho general a la participación ciudadana y al no disponer de recursos legales expresos que permitan su protección.

106. El Estado no presentó alegatos sobre la supuesta violación del artí­culo 23 de la Convención Americana.

Consideraciones de la Corte

107. Este Tribunal no examinará la alegada violación al artí­culo 23 de la Convención porque ya ha tomado en cuenta los argumentos formulados por el representante al respecto, al analizar la violación del artí­culo 13 de la Convención Americana.

IX
VIOLACIÓN DE LOS ARTíCULOS 8 Y 25 (GARANTíAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTíCULO 1.1 DE LA MISMA

108. La Comisión no alegó ninguna violación del artí­culo 8 de la Convención, pero en cuanto al artí­culo 25, en relación con los artí­culos 1.1 y 2 de dicho tratado, indicó que:

a) la falta de un recurso judicial efectivo para reparar violaciones de derechos protegidos por la Convención constituye una violación de la misma. La efectividad del recurso implica que el órgano judicial evalúe los méritos de la denuncia; y

b) el Estado tiene la obligación de brindar un recurso judicial efectivo ante las presuntas violaciones al derecho de acceso a la información. Chile no otorgó ese recurso a las presuntas ví­ctimas de este caso, toda vez que -la justicia chilena nunca intentó siquiera superficialmente determinar los derechos de las ví­ctimas-, -ni ha asegurado un mecanismo o un procedimiento adecuado para que una persona pueda acceder a una instancia judicial reguladora independiente y eficaz para garantizar el derecho del acceso a la información de los requirentes-.

109. El representante de las presuntas ví­ctimas presentó sus alegatos sobre las presuntas violaciones a los artí­culos 8 y 25, en relación con los artí­culos 1.1 y 2 de dicho tratado, de forma conjunta, por lo que así­ se resumen a continuación:

a) la Corte de Apelaciones de Santiago no conoció la petición de los recurrentes, sino que la declaró inadmisible -sin desarrollar en forma alguna el razonamiento para arribar a dicha conclusión-, y ese criterio fue ratificado por la Corte Suprema. Dicha -declaración de inadmisibilidad del recurso impidió que las ví­ctimas fuer[a]n oí­das con las debidas garantí­as para la satisfacción del derecho reclamado-; y

b) en sus alegatos finales señaló que el Estado incumplió lo dispuesto en los artí­culos 1 y 2 de la Convención, ya que el procedimiento formal de tramitación del recurso judicial para la protección de los derechos fundamentales, contenido en el artí­culo 20 de la Constitución chilena, no se encuentra incorporado al ordenamiento mediante ley como lo exige la Convención, sino mediante resolución de la Corte Suprema. La práctica del Poder Judicial muestra una aplicación restrictiva de los criterios de admisibilidad de dicho recurso. Solicitó a la Corte que declare que el auto acordado de la Corte Suprema de Justicia que regula el referido recurso -vulnera [los] artí­culo[s] 8 y 25 de la Convención-.

110. El Estado no se refirió a la supuesta violación del artí­culo 8 de la Convención Americana, pero en relación al artí­culo 25 indicó que:

a) el artí­culo 25 de la Convención -impone al Estado una obligación de medios y no de resultados-. A partir de 1999, Chile cuenta con un recurso de habeas data que ofrece -todas las garantí­as necesarias para obtener el acceso a la información pública-. Este recurso puede ser interpuesto en cualquier momento, por lo tanto las supuestas ví­ctimas, en caso de negativa de información, pudieron haberlo interpuesto; y

b) las presuntas ví­ctimas, -entre las que se encontraba el Diputado Arturo Longton-, disponí­an además de otro recurso en el orden interno ante la Cámara de Diputados, el cual pudieron interponer. Anunciaron su interposición, pero nunca lo hicieron a pesar de su efectividad. Mediante este recurso cualquier diputado -podrá solicitar, en el tiempo destinado a los incidentes, informes o antecedentes especí­ficos a los organismos de la Administración del Estado a través de la Secretarí­a de la Cámara de Diputados-.

Consideraciones de la Corte

111. En cuanto a la alegada violación del artí­culo 8 de la Convención, esta Corte reitera su jurisprudencia sobre la posibilidad de que las presuntas ví­ctimas o sus representantes invoquen derechos distintos de los comprendidos en la demanda de la Comisión .

112. Como ha quedado establecido en los hechos probados (supra párr. 57.12 a 57.17 y 57.23 a 57.30), el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras (en el ámbito administrativo) y la Corte de Apelaciones de Santiago (en el ámbito judicial) adoptaron decisiones en relación con la solicitud de acceso a información bajo el control del Estado realizada por los señores Claude Reyes y Longton Guerrero.

113. En primer término, la Corte analizará si la referida decisión administrativa fue adoptada de conformidad con la garantí­a de la debida fundamentación protegida en el artí­culo 8.1 de la Convención. En segundo lugar, el Tribunal determinará si la decisión judicial cumplió con dicha garantí­a y si, en el presente caso, Chile garantizó el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo consagrado en el artí­culo 25.1 de la Convención.

1) Aplicación del artí­culo 8.1 de la Convención respecto de la decisión del órgano administrativo

114. El artí­culo 8.1 de la Convención señala que:

1. Toda persona tiene derecho a ser oí­da, con las debidas garantí­as y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

115. Seguidamente, la Corte analizará si en el presente caso Chile cumplió con la garantí­a de la fundamentación de la decisión adoptada por el Vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras, de acuerdo a la cual no se entregó una parte de la información solicitada.

116. El artí­culo 8 de la Convención Americana se aplica al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, cualesquiera que ellas sean, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos .

117. De acuerdo a lo dispuesto en el artí­culo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar -las debidas garantí­as- que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso . El incumplimiento de una de esas garantí­as conlleva una violación de dicha disposición convencional.

118. El artí­culo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a jueces y tribunales judiciales. Las garantí­as que establece esta norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos.

119. De esta forma, las garantí­as contempladas en el artí­culo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen tales derechos , tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí­ debe cumplir con aquellas garantí­as destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria.

120. La Corte ha establecido que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serí­an decisiones arbitrarias .

121. Como ha quedado probado (supra párr. 57.17), frente a la solicitud de información bajo control del Estado planteada por los señores Claude Reyes y Longton Guerrero, el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras decidió negar una parte de la información. Como ha sido analizado por este Tribunal (supra párrs. 88 a 103), la referida decisión que adoptó dicho funcionario afectó negativamente el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero.

122. En el presente caso la autoridad estatal administrativa encargada de resolver la solicitud de información no adoptó una decisión escrita debidamente fundamentada, que pudiera permitir conocer cuáles fueron los motivos y normas en que se basó para no entregar parte de la información en el caso concreto y determinar si tal restricción era compatible con los parámetros dispuestos en la Convención, con lo cual dicha decisión fue arbitraria y no cumplió con la garantí­a de encontrarse debidamente fundamentada protegida en el artí­culo 8.1 de la Convención.

123. Por lo anteriormente indicado, la Corte concluye que la referida decisión de la autoridad administrativa violó el derecho a las garantí­as judiciales consagrado en el artí­culo 8.1 de la Convención, en relación con el artí­culo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero.

2) Aplicación del artí­culo 8.1 de la Convención respecto de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y Derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo consagrado en el artí­culo 25.1 de la Convención

124. El artí­culo 25.1 de la Convención señala que:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la [-¦] Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

125. El artí­culo 2 establece que

[s]i el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artí­culo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

126. La Corte ha establecido que todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantí­as del debido proceso establecidas en el artí­culo 8.1 de la Convención Americana .

127. El Tribunal ha señalado que el recurso efectivo del artí­culo 25 de la Convención debe tramitarse conforme a las normas del debido proceso establecidas en el artí­culo 8.1 de la misma, todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artí­culo 1.1) . Por ello, el recurso de protección de garantí­as planteado ante la Corte de Apelaciones de Santiago debió tramitarse respetando las garantí­as protegidas en el artí­culo 8.1 de la Convención.

128. El artí­culo 25.1 de la Convención ha establecido, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantí­a allí­ consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley .

129. La salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos . La inexistencia de recursos internos efectivos coloca a las personas en estado de indefensión .

130. La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones de los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte . Los Estados Partes en la Convención tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de dicho recurso efectivo.

131. Para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artí­culo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad , en los términos de aquél precepto. La existencia de esta garantí­a -constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención- . Esta Corte ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación, y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente .

132. En el presente caso los señores Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago el 27 de julio de 1998 (supra párr. 57.23), con fundamento, inter alia, en que -la conducta omisiva del Comité de Inversiones Extranjeras- afectaba la garantí­a constitucional contemplada en el artí­culo 19 Nº 12 (-libertad de emitir opinión y de informar-) de la Constitución Polí­tica, -en relación con el artí­culo 5º inciso 2 de la misma[ ] y los artí­culos 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, toda vez que por su intermedio se configura[ba] una omisión arbitraria en el acceso a información pública, no permitida por el ordenamiento jurí­dico que inhabilita a los recurrentes [-¦] a efecto[s d]el control social sobre los órganos de la Administración del Estado-.

133. El referido recurso de protección se encuentra contemplado en el artí­culo 20 de la Constitución Polí­tica, el cual puede ser interpuesto por una persona -por sí­ o por cualquiera a su nombre- ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando por -causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legí­timo ejercicio de los derechos y garantí­as- establecidos en determinados numerales del artí­culo 19 de la Constitución (supra párr. 57.24).

134. Al pronunciarse sobre dicho recurso, la Corte de Apelaciones de Santiago no resolvió la controversia suscitada por la actuación del Vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras, pronunciándose sobre la existencia o no en el caso concreto del derecho de acceso a la información solicitada, ya que la decisión judicial fue declarar inadmisible el recurso de protección interpuesto (supra párr. 57.25).

135. En primer término, este Tribunal encuentra que esa decisión judicial careció de fundamentación adecuada. La Corte de Apelaciones de Santiago únicamente señaló que adoptaba tal decisión con base en que de -los hechos descritos [-¦] y de los antecedentes aparejados al recurso, se desprende que éste adolece de manifiesta falta de fundamento-. Además, la Corte de Apelaciones señaló que tení­a presente que -el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legí­timo de alguna de las garantí­as taxativamente numeradas en el artí­culo 20 de la Constitución Polí­tica de la República, dejando a salvo las demás acciones legales-, sin desarrollar ninguna consideración al respecto.

136. La referida resolución judicial no contiene otra fundamentación que la señalada anteriormente. La Corte de Apelaciones de Santiago no realizó ni la más mí­nima indicación respecto de las razones por las que se -desprend[í­a]- de los -hechos- y -antecedentes- del recurso su -manifiesta falta de fundamento-. Tampoco realizó una evaluación respecto de si la actuación de la autoridad administrativa, al no entregar una parte de la información solicitada, guardaba relación con alguna de las garantí­as que pueden ser objeto del recurso de protección, o si procedí­a algún otro recurso ante los tribunales ordinarios.

137. El Estado debe garantizar que, ante la denegatoria de información bajo el control estatal, exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita que se determine si se produjo una vulneración del derecho del solicitante de información y, en su caso, se ordene al órgano correspondiente la entrega de la información. En este ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta que la celeridad en la entrega de la información es indispensable en esta materia. De acuerdo a lo dispuesto en los artí­culos 2 y 25.2.b) de la Convención si el Estado Parte en la Convención no tiene un recurso judicial para proteger efectivamente el derecho tiene que crearlo.

138. Respecto de la alegada violación del artí­culo 25 de la Convención, Chile se limitó a señalar que -los peticionarios ejercieron el recurso de protección de las garantí­as constitucionales sin obtener los resultados apropiados a sus pretensiones-, y explicó las reformas realizadas a partir de noviembre de 1999 que, inter alia, establecieron un -recurso [judicial] especí­fico en materia de acceso a la información-.

139. La Corte considera que en el presente caso Chile no cumplió con garantizar un recurso judicial efectivo que fuera resuelto de conformidad con el artí­culo 8.1 de la Convención y que permitiera que se resolviera el fondo de la controversia sobre la solicitud de información bajo el control del Estado, es decir, que se determinara si el Comité de Inversiones Extranjeras debí­a o no dar acceso a la información solicitada.

140. La Corte valora los esfuerzos realizados por Chile en 1999 al crear un recurso judicial especial para amparar el acceso a la información pública. Sin embargo, es preciso indicar que las violaciones en el presente caso ocurrieron antes de que el Estado realizara tal avance en su legislación, por lo que no es de recibo el argumento del Estado de que las presuntas ví­ctimas de este caso -pudieron haberlo interpuesto-, ya que no se encontraba consagrado en la época de los hechos de este caso.

141. La Corte considera como ví­ctimas a las tres personas que interpusieron el recurso judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes son los señores Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola, ya que no obstante este Tribunal ha determinado que se violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión solamente de Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero (supra párrs. 69 71 y 103), correspondí­a al órgano judicial chileno pronunciarse en caso de que no hubiere lugar al recurso respecto de alguno de los recurrentes por motivos de legitimación activa.

142. Con base en lo expuesto, el Tribunal concluye que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artí­culo 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artí­culo 1.1 de la misma, en perjuicio de Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola, al no garantizarles un recurso sencillo, rápido y efectivo que les amparara ante actuaciones estatales que alegaban como violatorias de su derecho de acceso a la información bajo el control del Estado.

143. Asimismo, la Corte concluye que la referida decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible el recurso de protección no cumplió con la garantí­a de encontrarse debidamente fundamentada, por lo que el Estado violó el derecho a las garantí­as judiciales consagrado en el artí­culo 8.1 de la Convención, en relación con el artí­culo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola.

144. La pretendida violación a los artí­culos 8 y 25 de la Convención respecto de la regulación del procedimiento formal de tramitación del recurso judicial para la protección de los derechos fundamentales (supra párr. 109.b), no fue alegada por el representante en su debida oportunidad procesal. Sin embargo, la Corte estima necesario recordar que la regulación de la tramitación del recurso a que se refiere el artí­culo 25 de la Convención debe ser compatible con dicho tratado.

X
REPARACIONES
APLICACIÓN DEL ARTíCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN
Obligación de Reparar

Alegatos de la Comisión

145. Solicitó a la Corte que ordene al Estado que:

a) otorgue -reparaciones adecuadas a Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero por las violaciones de sus derechos, incluido el suministro de la información solicitada-. Aún si el Estado argumenta que todos estos puntos resultan ahora inválidos porque el proyecto Rí­o Cóndor nunca se ejecutó, tal información -era relevante para evaluar el funcionamiento del Comité de Inversiones Extranjeras, y no simplemente un proyecto particular-. -Compete a las [presuntas] ví­ctimas y no al Estado, decidir si la información sigue siendo de interés para ellas-;

b) en cuanto a las medidas de satisfacción y garantí­as de no repetición, -reconozca que retuvo erróneamente información solicitada por las ví­ctimas e inmediatamente [les] otorg[ue] acceso a la información que procuraban del Comité de Inversiones Extranjeras-; y que -adopte leyes y prácticas que garanticen el efectivo acceso a información en poder de órganos del Estado, de acuerdo con los términos del Artí­culo 13 de la Convención-, pues -la Comisión considera que la legislación chilena actualmente vigente no basta para garantizar el acceso a información en poder del Estado-; y

c) en cuanto a las costas y gastos, pague las costas originadas a nivel nacional en la tramitación de los procesos judiciales seguidos por las ví­ctimas en el fuero interno, así­ como las originadas a nivel internacional en la tramitación del caso ante la Comisión y las que se originaren como consecuencia de la tramitación ante la Corte.

Alegatos del representante

146. Solicitó a la Corte que ordene al Estado que:

a) -ajus[te] la legislación interna, gener[e] mecanismos independientes autónomos de supervisión y control y adopt[e] las medidas necesarias para el desarrollo de prácticas que garanticen a los individuos el acceso efectivo a la información pública [y a la participación directa en la gestión de los asuntos públicos], incluida la generación de información relacionada con asuntos que involucren el bienestar social como la protección de los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y la seguridad pública-;

b) -dispon[ga] la entrega de la información en poder del Comité de In[versiones] referida al Inversionista Forestal Trillium Ltda-;

c) -pida excusas públicas a las ví­ctimas a través del Comité de Inversiones Extranjeras, como medida de reparación moral-;

d) -publi[que] copia í­ntegra de los puntos resolutivos de la [-¦] sentencia en los medios de circulación nacional, [y] difund[a] su contenido y las excusas públicas-;

e) en sus alegatos finales solicitó que se ordene a Chile que -adopt[e] medidas legislativas destinadas a conferir marco legal al procedimiento de tramitación del recurso de protección consagrado en el artí­culo 20 de la Constitución Polí­tica-; y

f) en cuanto a las costas y gastos, reembolse los gastos y costas que ha significado para las ví­ctimas y sus representantes el ejercicio de las acciones en el derecho interno y en el sistema interamericano. Por concepto de honorarios profesionales ante los tribunales nacionales y ante el sistema interamericano solicitó US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América); por concepto de -gastos de operación y gestión- solicitó US$ 4.000,00 (cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América) y por concepto de -comparecencia de los representantes de las ví­ctimas ante la Comisión y ante la Corte- solicitó US$ 6.000,00 (seis mil dólares de los Estados Unidos de América).

Alegatos del Estado

147. En cuanto a las reparaciones Chile señaló que:

a) -[l]as peticiones de la demanda adolecen de objeto, pues la información solicitada ya fue entregada y las garantí­as solicitadas se encuentran en la nueva legislación chilena sobre el derecho a la información-. -[D]e acreditarse responsabilidad internacional del Estado en las supuestas violaciones, no ha existido un daño que justifique la reparación-; y

b) -partiendo de la base que en su informe de Fondo, la Comisión concluyó que el Estado habí­a vulnerado los derechos consagrados en los artí­culos 13 y 25 de la Convención Americana, se informó [a la Comisión] que se estaba analizando [-¦] una reparación de carácter simbólic[o] que pu[diera] recoger la situación de vulneración de derechos de que fueron ví­ctimas los Sres. Claude, Cox y Longton, como así­ mismo publicitar los avances que en materia de acceso a la información puede exhibir [Chile]-.

Consideraciones de la Corte

148. De acuerdo con lo expuesto en los capí­tulos anteriores, la Corte decidió que el Estado es responsable por la violación del artí­culo 13 de la Convención Americana en relación con los artí­culos 1.1. y 2 de la misma, en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, y de los artí­culos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artí­culo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola.

149. En su jurisprudencia, este Tribunal ha establecido que es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente . A tales efectos, la Corte se ha basado en el artí­culo 63.1 de la Convención Americana, según el cual,

[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Por consiguiente, el Tribunal pasa a considerar las medidas necesarias para reparar los daños causados a los señores Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola, por dichas violaciones a la Convención.

150. El artí­culo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilí­cito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparar y de hacer cesar las consecuencias de la violación .

151. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no serlo, el Tribunal debe determinar medidas que garanticen los derechos conculcados y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron . Es necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso . La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno .

152. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. En este sentido, las reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones declaradas en los capí­tulos anteriores en esta Sentencia .

153. De conformidad con los elementos probatorios recogidos durante el proceso, y a la luz de los anteriores criterios, la Corte procede a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y el representante respecto a las reparaciones, costas y gastos con el objeto de determinar, en primer lugar, quiénes son los beneficiarios de las reparaciones, para luego disponer las medidas de reparación pertinentes y las costas y gastos.

A) BENEFICIARIOS

154. La Corte ha determinado que los hechos del presente caso constituyeron una violación del artí­culo 13 de la Convención Americana en relación con los artí­culos 1.1. y 2 de la misma, en perjuicio de Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, y de los artí­culos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artí­culo 1.1 de la misma, en perjuicio de Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola, quienes, en su carácter de ví­ctimas de las mencionadas violaciones, son acreedores de las reparaciones que fije el Tribunal.

B) DAÑO MATERIAL

155. En el presente caso el representante de las ví­ctimas no realizó ningún planteamiento ni solicitud en cuanto a un eventual daño material, y la Corte ha constatado que de las violaciones declaradas y la prueba aportada no deriva un daño de este tipo que requiera que se disponga una reparación.

C) DAÑO INMATERIAL

156. El Tribunal estima que la presente Sentencia constituye, per se, una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para las ví­ctimas . Sin embargo, para efectos de la reparación del daño inmaterial en este caso, el Tribunal determinará aquellas medidas de satisfacción y garantí­as de no repetición que no tienen alcance pecuniario, sino que tienen una repercusión pública .

Medidas de satisfacción y garantí­as de no repetición

C.1) Solicitud de información bajo el control del Estado

157. En cuanto al argumento sostenido por Chile ante este Tribunal en el sentido de que ya no existe interés en la entrega de la información dado que el Proyecto -Rí­o Cóndor- no se realizó, es preciso señalar que el control social que se buscaba con el acceso a la información bajo el control del Estado y el carácter de la información solicitada son motivos suficientes para atender al requerimiento de información, sin que deba exigirse al requirente que acredite una afectación directa o un interés especí­fico.

158. Por lo tanto, debido a que en este caso el Estado no ha entregado una parte de la información solicitada y tampoco ha emitido una decisión fundamentada respecto de la petición de información, la Corte considera que el Estado, a través de la entidad correspondiente, debe entregar la información solicitada por las ví­ctimas, en su caso, o adoptar una decisión fundamentada al respecto.

159. Si el Estado considera que no correspondí­a al Comité de Inversiones Extranjeras procurar una parte de la información que fue solicitada por las ví­ctimas de este caso, deberá explicar fundamentadamente por qué no dio la información.

C.2) Publicación de las partes pertinentes de la presente Sentencia

160. Como lo ha dispuesto en otros casos, como medida de satisfacción , el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capí­tulo relativo a los Hechos Probados de esta Sentencia, los párrafos 69 a 71, 73, 74, 77, 88 a 103, 117 a 123, 132 a 137 y 139 a 143 de la presente Sentencia, que corresponden a los capí­tulos VII y VIII sobre las violaciones declaradas por la Corte, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma. Para esta publicación se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia.

C.3) Adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado

161. La Corte también estima importante recordar al Estado que, de conformidad con lo dispuesto en el artí­culo 2 de la Convención, si el ejercicio de los derechos y libertades protegidos por dicho tratado no estuviere ya garantizado, tiene la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

162. La Corte valora los importantes avances normativos que Chile ha emprendido en materia de acceso a información bajo el control del Estado, que se encuentra en trámite un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, así­ como los esfuerzos realizados al crear un recurso judicial especial para amparar el acceso a la información pública (supra párr. 57.35).

163. Sin embargo, el Tribunal considera necesario reiterar que el deber general comprendido en el artí­culo 2 de la Convención implica la supresión tanto de las normas como de las prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violaciones a las garantí­as previstas en la Convención, así­ como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantí­as (supra párr. 64). Por ello, Chile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, dentro de las cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados.

C.4) Realizar la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos sobre el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado

164. En el presente caso la autoridad administrativa encargada de resolver la solicitud de información de los señores Claude Reyes y Longton Guerrero observó una actitud vulneratoria del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado. Al respecto, este Tribunal observa con preocupación que diversos elementos probatorios aportados al expediente de este caso coinciden en afirmar que los funcionarios públicos no responden efectivamente a solicitudes de información.

165. La Corte considera que el Estado debe realizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo control del Estado sobre la normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información (supra párrs. 77 y 88 a 101).

D) COSTAS Y GASTOS

166. Como ya lo ha señalado la Corte, las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artí­culo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por la ví­ctima con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto a su reembolso, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así­ como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por la Comisión Interamericana y por los representantes, siempre que su quantum sea razonable .

167. La Corte toma en cuenta que las ví­ctimas incurrieron en gastos durante las gestiones realizadas en el ámbito judicial interno, y actuaron representados a través de un abogado representante en ese ámbito y ante la Comisión y esta Corte en el proceso internacional. Al no contar con prueba documental que acredite los gastos en que se incurrió en el proceso internacional ni en el ámbito interno, este Tribunal establece en equidad la cantidad total de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda chilena, que deberá ser entregada en partes iguales a los señores Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola por concepto de costas y gastos, en el plazo de un año. í‰stos entregarán a su representante legal la cantidad que corresponda, conforme a la asistencia que les hubiese prestado.

E) MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO

168. El Estado debe cumplir las medidas de reparación establecidas en los párrafos 158, 159 y 160 de esta Sentencia en el plazo de seis meses; y las medidas establecidas en los párrafos 163 y 165 en un plazo razonable. Dichos plazos se deben contar a partir de la notificación de la presente Sentencia.

169. El Estado deberá pagar la cantidad fijada como reintegro de las costas y gastos en el plazo de un año, en la forma señalada en el párrafo 167 de la presente Sentencia.

170. El Estado deberá cumplir su obligación de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda chilena, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el dí­a anterior al pago.

171. La cantidad asignada en la presente Sentencia por reintegro de costas y gastos no podrá ser afectada, reducida o condicionada por motivos fiscales actuales o futuros. En consecuencia, deberá ser entregada a las ví­ctimas en forma í­ntegra conforme a lo establecido en la Sentencia.

172. En caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Chile.

173. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento í­ntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, Chile deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma.

XI
PUNTOS RESOLUTIVOS

174. Por tanto,

LA CORTE

DECLARA,

Por unanimidad, que:

1. El Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artí­culo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos y libertades y de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en los artí­culos 1.1 y 2 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 61 a 103 de la presente Sentencia.

Por cuatro votos contra dos, que:

2. El Estado violó el derecho a las garantí­as judiciales consagrado en el artí­culo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes y Arturo Longton Guerrero, con respecto a la decisión de la autoridad administrativa de no entregar información, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades establecida en el artí­culo 1.1 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 114 a 123 de la presente Sentencia.
Disienten el Juez Abreu Burelli y la Jueza Medina Quiroga.

Por unanimidad, que:

3. El Estado violó los derechos a las garantí­as judiciales y a la protección judicial consagrados en los artí­culos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola, con respecto a la decisión judicial del recurso de protección, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades establecida en el artí­culo 1.1 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 124 a 144 de la presente Sentencia.

Por unanimidad, que:

4. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del párrafo 156 de la misma.

Y DECIDE,

Por unanimidad, que:

5. El Estado debe, a través de la entidad correspondiente y en el plazo de seis meses, entregar la información solicitada por las ví­ctimas, en su caso, o adoptar una decisión fundamentada al respecto, en los términos de los párrafos 157 a 159 y 168 de la presente Sentencia.

6. El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capí­tulo relativo a los Hechos Probados de esta Sentencia, los párrafos 69 a 71, 73, 74, 77, 88 a 103, 117 a 123, 132 a 137 y 139 a 143 de la presente Sentencia, que corresponden a los capí­tulos VII y VIII sobre las violaciones declaradas por la Corte, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma, en los términos de los párrafos 160 y 168 de la presente Sentencia.

7. El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, de acuerdo al deber general de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artí­culo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 161 a 163 y 168 de la presente Sentencia.

8. El Estado debe realizar, en un plazo razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo el control del Estado sobre la normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información, en los términos de los párrafos 164, 165 y 168 de la presente Sentencia.

9. El Estado debe pagar a los señores Marcel Claude Reyes, Arturo Longton Guerrero y Sebastián Cox Urrejola, en el plazo de un año, por concepto de costas y gastos, la cantidad fijada en el párrafo 167 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 167 y 169 a 172.

10. Supervisará el cumplimiento í­ntegro de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 173 de la presente Sentencia.

El Juez Abreu Burelli y la Jueza Medina Quiroga hicieron conocer a la Corte su Voto Disidente conjunto sobre el punto resolutivo segundo. El Juez Garcí­a Ramí­rez hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente Razonado sobre el punto resolutivo segundo. Dichos votos acompañan esta Sentencia.

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 19 de septiembre de 2006.

Sergio Garcí­a Ramí­rez
Presidente
Alirio Abreu Burelli Antí´nio A. Caní§ado Trindade
Cecilia Medina Quiroga Manuel E. Ventura Robles

Diego Garcí­a Sayán

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

Comuní­quese y ejecútese,

Sergio Garcí­a Ramí­rez
Presidente

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

VOTO DISIDENTE DE LOS JUECES
ALIRIO ABREU BURELLI Y CECILIA MEDINA QUIROGA

1. Lamentamos disentir de la decisión de la Corte de aplicar el artí­culo 8.1 a la decisión del Vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras de negar una información a las ví­ctimas de este caso (ver párrafos 115 a 123 de la sentencia). El artí­culo 8.1 consagra el derecho a ser oí­do -con las debidas garantí­as y dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial-¦para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter-. Esta disposición busca proteger el derecho de los individuos a que se resuelvan con la máxima justicia posible, las controversias que se susciten entre dos partes, sean ellas particulares u órganos del Estado y se refieran ellas a materias que estén o no en el ámbito de los derechos humanos. Esta disposición es, por excelencia, la garantí­a de todos los derechos humanos y un requisito sine qua non para la existencia de un Estado de derecho. Estimamos que su importancia no puede ser trivializada aplicándola a situaciones que, en nuestra opinión, no pueden ser objeto de esta regulación.

2. Es presupuesto para la aplicación de este derecho que se haya producido un desconocimiento por parte del Estado de algún derecho o que éste no haya amparado el desconocimiento del mismo por un particular. Producida la negación de un derecho la Convención crea a través del artí­culo 8 el derecho para las personas de que un órgano con las caracterí­sticas que dicha disposición señala resuelva la controversia, es decir, el derecho a que se inicie un proceso, donde las partes que discrepan puedan, inter alia, argumentar en su favor, presentar pruebas, objetar al contrario.

3. Es claro que el caso que se examina en esta sentencia no constituye un proceso. Una petición de acceso a información y la negativa a otorgarlo no son un fenómeno jurí­dico en que un órgano del Estado, habilitado para ello, determina la aplicación del derecho en una situación concreta en la cual la norma que consagra el derecho ha sido controvertida o violada. Por el contrario, el acto de denegar el acceso a la información, crea la controversia y de allí­ emerge el derecho para los afectados de poder recurrir a un órgano que la decida, que resuelva el conflicto en razón de su jurisdicción y competencia. Este órgano en el ordenamiento jurí­dico del Estado es la Corte de Apelaciones respectiva a través del proceso que se inicia con la interposición de un recurso de protección. Transformar la secuencia -petición negativa- en un proceso, exigiendo la aplicación del artí­culo 8 para tramitar la petición, implicarí­a sostener que esta petición debe ser recibida y decidida por un órgano independiente e imparcial y con todas las garantí­as que esta disposición establece (inter alia, el respeto a los principios de igualdad y de contradicción), puesto que el artí­culo 8.1 debe aplicarse en su integridad y cualquier elemento que se infrinja de él constituirá una violación del mismo. Esto traerí­a consecuencias que no son quizás las más favorables

para el peticionario en términos de dificultades y plazos. Significarí­a, a su vez, exigir para casos no penales la obligación de dos procedimientos jurisdiccionales, uno que regule la petición de la información y otro que revise su denegación, lo que no es una obligación de los Estados que emane de la Convención.

4. El hecho de que el artí­culo 8.1 se aplica a los procesos que determinan (y no que afectan) derechos u obligaciones y que se abre cuando un acto del Estado ha afectado un derecho, aparece claramente establecido por la Corte en los precedentes que cita en este fallo. En el caso del Tribunal Constitucional, en el que se examinaba la aplicación de una sanción de destitución de las tres ví­ctimas por parte del Poder Legislativo (párr. 67), parte por sostener en su considerando 69 que, a pesar de que se titula -Garantí­as Judiciales-, la aplicación del artí­culo 8.1 no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino que constituye -el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos-. Agrega que el ejercicio del poder sancionatorio del Estado -no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurí­dico, sino implica además la concesión de las garantí­as mí­nimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención (párr. 68). En el considerando 71 enfatiza que -si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo-, agregando que, en consecuencia, la expresión -juez o tribunal competente- exigible para la -determinación- de derechos, se refiere -a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas-. La Corte concluye este razonamiento sosteniendo que -cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantí­as del debido proceso legal en los términos del artí­culo 8 de la Convención Americana-.
Esto significa que el artí­culo 8 se aplica cuando un órgano del Estado está ejerciendo facultades jurisdiccionales, lo que no parece posible argí¼ir respecto de la negativa de un funcionario de proveer información a un particular. Acorde con su posición, la Corte, en el caso del Tribunal Constitucional, procede a examinar si la destitución de los jueces, presuntas ví­ctimas en el caso, cumplió con todos y cada uno de los requisitos que este artí­culo exige, tales como la imparcialidad, independencia y competencia del órgano como el derecho de defensa del afectado (considerandos 74, 77, 81 84).

5. En el caso Baena, la Corte tiene esta misma posición, siendo la naturaleza del asunto semejante, pues se trataba también del ejercicio del poder sancionatorio del Estado (ver considerandos 124 y 131). En el caso Bronstein, el considerando 105 repite el párrafo 171 de la sentencia del Tribunal Constitucional y establece como fundamento de la violación del artí­culo 8, los impedimentos que se le habí­an puesto a la ví­ctima para defenderse, tales como no informarle de la pérdida de su expediente, no permitirle reconstruirlo, no comunicarle los cargos de que se le acusaba ni permitirle que presentara testigos (considerando 106). En el caso Yatama, la

Corte repite su posición de que el artí­culo 8 se aplica a las -instancias procesales- (párrafo 147); sostiene que en el caso el Consejo Supremo Electoral ejercí­a funciones jurisdiccionales, no sólo por las actuaciones que realizó en ese caso sino porque la propia normativa nicaragí¼ense describí­a esas funciones como jurisdiccionales (párrafo 151).

6. Nada de esto corresponde al caso que se examina. El acto que afectó el derecho del señor Claude Reyes y otros fue la negativa de un funcionario de permitir a un particular el acceso a una información; el proceso mediante el cual se reclamó de esta negativa fue el del recurso de protección y es por eso que hemos concurrido con la Corte a encontrar una violación del artí­culo 25, puesto que el tribunal de apelación chileno no cumplió con la norma mí­nima de toda resolución judicial, la de ser fundamentada.

7. Esta conclusión, sin embargo, no implica dejar el derecho de solicitar el acceso a una información al libre arbitrio del Estado. El derecho de petición a la autoridad, consagrado de manera general en los ordenamientos jurí­dicos de los paí­ses de la región y ciertamente en Chile (artí­culo 19, No. 14 de la Constitución Polí­tica de Chile) exige una respuesta del Estado, que debe ser, en las palabras de la Corte Constitucional de Colombia, -clara, pronta y sustancial- . El derecho de petición no tendrí­a sentido ni efecto útil si no exigiera esto del Estado. La falta de esta respuesta al señor Claude Reyes y otros ha constituido, en nuestra opinión, una violación al derecho constitucional de petición y, como esta petición era la de acceder a una información, reconocida en la Convención Americana como parte del derecho a la libertad de expresión, viola a ésta.

Alirio Abreu Burelli Cecilia Medina Quiroga
Juez Jueza

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCíA RAMíREZ
PARA LA SENTENCIA DICTADA POR LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
EN EL CASO CLAUDE REYES Y OTROS VS. CHILE
DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006

1. En un cuarto de siglo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha debido explorar el sentido y alcance de numerosos derechos y libertades contenidos en la Convención Americana. Esta relectura del ordenamiento internacional, a la luz del objeto y fin del tratado que se concentran en la tutela más amplia de los derechos humanos y bajo el apremio de circunstancias renovadas, ha llevado a precisar evolutivamente el significado de los preceptos convencionales sin extraviar el rumbo de la Convención ni alterar su signo fundamental. Por el contrario, éstos se han afirmado y fortalecido. La relectura de los textos caracterí­stica de los tribunales constitucionales en el sistema nacional y de los tribunales convencionales en el internacional permite mantener al dí­a la tutela de los derechos y responder a las novedades que aporta el desarrollo en las relaciones entre el individuo y el poder público.

2. Así­ adquiere vigencia el concepto sustentado por la Corte Interamericana, informada en este extremo por la jurisprudencia europea, cuando afirma que -los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el (-¦) artí­culo 29 (de la Convención Americana), así­ como las establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados-.

3. Desde luego, nada de esto implica que el tribunal ponga en movimiento su imaginación y altere los lineamientos de la Convención, sin pasar por las instancias normativas formales. No se trata, en suma, de -reformar- el texto de aquélla, sino de desarrollar las decisiones jurí­dicas del ordenamiento para que mantenga su -capacidad de respuesta- frente a situaciones que los autores del instrumento no tuvieron a la vista, pero que implican cuestiones esencialmente iguales a las consideradas en esa normativa, y que traen consigo problemas especí­ficos y requieren soluciones puntuales, extraí­das, por supuesto, de los valores, principios y normas en vigor. En esta dirección ha marchado la jurisprudencia interamericana, gobernada por las disposiciones suscritas en 1969, en las que ha sabido encontrar, generalmente, el significado actual y pertinente para enfrentar y resolver las condiciones de cada nueva etapa. Abundan los ejemplos de este desarrollo.

4. Entre los temas examinados con mayor frecuencia por la Corte Interamericana se halla el llamado debido proceso legal, concepto desenvuelto por la regulación y la jurisprudencia angloamericana. El Pacto de San José no invoca, literalmente, el -debido proceso-. Con otras palabras, sin embargo, organiza el sistema de audiencia, defensa y decisión entrañado en aquel concepto. Cumple esta misión esencial para la tutela de los derechos humanos con diversas expresiones y en distintos preceptos, entre ellos el artí­culo 8º, que figura bajo el rubro de -Garantí­as judiciales-. Lo que se pretende con ello es asegurar al individuo que los órganos del Estado llamados a determinar sus derechos y deberes en múltiples vertientes lo harán a través de un procedimiento que provea a la persona con los medios necesarios para defender sus intereses legí­timos y obtener pronunciamientos debidamente motivados y fundados, de manera que se halle bajo el amparo de la ley y al abrigo del arbitrio.

5. Si el destinatario de la tutela que ofrece la Convención y el aplicador de ésta se detienen en la letra de las expresiones, conforme fueron escritas hace varias décadas, limitará la expectativa de protección aquél y la posibilidad de otorgarla éste a los supuestos de juicio formal seguido ante los órganos judiciales. En efecto, el artí­culo 8º alude a garantí­as -judiciales-, y en seguida se refiere a un -juez o tribunal-. Sin embargo, este alcance limitado serí­a notoriamente insuficiente, hoy dí­a, para alcanzar los objetivos que se ha propuesto el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Si las garantí­as provistas por el artí­culo 8º, que gobierna los más relevantes asuntos de la tutela procesal, se contrajeran al desempeño de los órganos judiciales, quedarí­a en desamparo la definición de derechos y libertades que se realiza por otras ví­as, formalmente distintas de la judicial, pero materialmente cercanas a ésta en cuanto sirven al mismo fin: definir derechos y fijar deberes.

6. Por ejemplo, en diversos paí­ses la solución de las controversias entre la Administración Pública y el ciudadano se encomienda a los órganos judiciales; en otros, se entrega a órganos localizados fuera del Poder Judicial, bajo rubros jurisdiccionales o administrativos. En algunos Estados, la investigación de los delitos y la decisión sobre el empleo de la ví­a penal, una vez establecidos ciertos datos de hecho y derecho, queda en manos de una autoridad administrativa, el Ministerio Público que ciertamente no es juez o tribunal , mientras en otros se confí­a a jueces de instrucción, que tienen aquella naturaleza formal y material. Algunas decisiones trascendentales sobre afectación de propiedades, definición de derechos entre miembros de distintos sectores sociales, responsabilidad de servidores públicos y medidas de protección de niños y adolescentes (diferentes de las que son consecuencia de la violación de la ley penal) se han depositado en instancias judiciales, pero otras que implican privación de derechos y sujeción a deberes quedan a cargo de instancias de carácter diferente. Las experiencias nacionales históricas y contemporáneas permitirí­an agregar nuevos y abundantes ejemplos.

7. La jurisprudencia de la Corte Interamericana a propósito del debido proceso, la tutela judicial, las garantí­as procesales o la preparación y el ejercicio de la defensa de los particulares expresiones que coinciden en una sola preocupación ha desarrollado en sentido progresivo invariablemente garantista los datos del debido proceso. Esa jurisprudencia ha establecido, de esta forma, lo que denominé la -frontera actual del procedimiento- (Voto razonado a la Opinión Consultiva OC 16), que se mueve como resulta necesario, sin capricho ni aventura, para ajustar la defensa de los seres humanos frente a requerimientos emergentes.

8. Así­, la Corte ha establecido que el derecho del detenido extranjero a ser informado acerca de la asistencia consular que puede recibir -“un derecho que no se plantea frente a órganos judiciales constituye un derecho dentro del marco del debido proceso; que las garantí­as previstas en el proceso penal contempladas en el párrafo 2 del artí­culo 8º son igualmente aplicables al procedimiento administrativo, en tanto éste implica, como aquél, una expresión del poder sancionador del Estado; que los derechos estatuidos en favor del inculpado en el ámbito penal deben ser atraí­dos, igualmente, a otros órdenes del procedimiento, en cuanto resulte aplicable a éstos, etcétera.

9. Todo ello y desde luego me percato de que se trata de hipótesis de distinto signo, pero vinculadas por un mismo hilo conductor pone de manifiesto una sola orientación tutelar que se identifica por el propósito de que las decisiones de las autoridades que definen derechos y deberes individuales, cualesquiera que aquéllas y éstos sean, satisfagan condiciones mí­nimas de objetividad, racionalidad y legalidad.

10. En el Caso Claude Reyes he sostenido que la decisión del órgano administrativo que dispuso la información a la que tendrí­an acceso los solicitantes y aquella otra que no podrí­an recibir, constituyó un acto de definición de derechos en la especie, el derecho de buscar y recibir determinada información, en los términos del artí­culo 13 del Pacto de San José en cuya emisión no se observaron ciertas garantí­as previstas en el artí­culo 8º de la misma Convención. Esta inobservancia determinó que además de la afectación del artí­culo 13, sobre libertad de pensamiento y expresión, declarada por unanimidad de los integrantes de la Corte Interamericana, se presentase una vulneración del artí­culo 8º, a juicio de la mayorí­a, no seguido por dos integrantes de la Corte, por cuyo parecer tengo el mayor aprecio. De ahí­ que me permita expresar, en consecuencia de ese aprecio que me merecen mis colegas lo mismo cuando coinciden que cuando difieren , mis puntos de vista personales en un cotejo de opiniones legí­timo y constructivo.

11. Obviamente, en la etapa administrativa de sus gestiones, los solicitantes de información no se encontraban dentro de un proceso judicial seguido ante un juez o tribunal, sino intervení­an en un procedimiento administrativo desarrollado ante una autoridad de esta naturaleza. Sin embargo, ésta se hallaba obligada en mi concepto a actuar dentro del mismo cauce previsto por el artí­culo 8º, en todo lo que resultase pertinente y aplicable, en la medida en que su decisión definirí­a el derecho de los solicitantes.

12. La necesidad de atender las exigencias del artí­culo 8º no deriva, a mi entender, del carácter de la autoridad dentro de la estructura del Estado, sino de la naturaleza de la función que ésta ejerce en el caso concreto y de la trascendencia que dicho ejercicio puede tener en relación con los derechos y los deberes del ciudadano que comparece ante ella, esgrimiendo el derecho que considera tener y aguardando la decisión fundada que debe recaer a la pretensión que manifiesta.

13. La decisión de aquella autoridad administrativa podí­a ser combatida ante un órgano judicial como en efecto se intentó para que éste dispusiera en definitiva, y la garantí­a del artí­culo 8.1 de la Convención era claramente aplicable al mencionado órgano judicial. Sin embargo, también es cierto que la existencia de un medio de control de la legalidad, por ví­a judicial, no implica que el primer tramo en el ejercicio del poder de decisión sobre derechos y deberes individuales quede sustraí­do a las garantí­as del procedimiento, a cambio de que éstas existan cuando se ingresa al segundo tramo de aquel ejercicio, una vez abierto un proceso ante la autoridad judicial. En rigor, es preciso observar las garantí­as en todas las etapas, cada una de las cuales lleva, de manera provisional o definitiva, a la determinación de los derechos. El control que la última etapa promete al particular, no justifica que en la primera cualquiera que sea, técnicamente, su encadenamiento se dejen de lado esas garantí­as con la expectativa de recibirlas posteriormente.

14. Considero, en fin, que las garantí­as del artí­culo 8º, en el sentido que encuentra en ellas la actual jurisprudencia de la Corte, no se aplican solamente al juicio o proceso, sino al procedimiento del que depende, como he señalado reiteradamente, la definición de derechos y deberes. De nuevo subrayo que esa aplicabilidad tiene el alcance que en cada caso permiten las caracterí­sticas del procedimiento correspondiente. Por ello me refiero al deber de fundamentación y no a todos y cada uno de los deberes abarcados en el artí­culo 8º, tanto literalmente como a través de los renovados alcances que ha establecido la jurisprudencia interamericana.

Sergio Garcí­a Ramí­rez
Juez

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario


Convenio sobre cibercriminalidad

Posted: junio 4th, 2006 | Author: | Filed under: Delitos, Normas, Venezuela | No Comments »

*Convenio sobre cibercriminalidad*
*Budapest, pills 23.XI.2001*
Traducción no oficial.

Preámbulo

Los Estados miembros del Consejo de Europa y los otros Estados firmantes, resuscitation

Considerando que el objetivo del Consejo de Europa es lograr una unión más estrecha entre sus miembros;

Reconociendo el interés de intensificar la cooperación con los otros Estados parte en el Convenio;

Convencidos de la necesidad de llevar a cabo, con prioridad, una polí­tica penal común destinada a prevenir la criminalidad en el ciberespacio y, en particular, de hacerlo mediante la adopción de una legislación apropiada y la mejora de la cooperación internacional;

Conscientes de los profundos cambios suscitados por el incremento, la convergencia y la mundialización permanente de las redes informáticas;

Preocupados por el riesgo de que las redes informáticas y la información electrónica sean utilizadas igualmente para cometer infracciones penales y que las pruebas de dichas infracciones sean almacenadas y transmitidas por medio de esas redes;

Reconociendo la necesidad de una cooperación entre los Estados y la industria privada en la lucha contra la cibercriminalidad y la necesidad de proteger los intereses legí­timos vinculados al desarrollo de las tecnologí­as de la información;

Estimando que una lucha bien organizada contra la cibercriminalidad requiere una cooperación internacional en materia penal acrecentada, rápida y eficaz;

Convencidos de que el presente Convenio es necesario para prevenir los actos atentatorios de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, de las redes y de los datos, así­ como el uso fraudulento de tales sistemas, redes y datos, asegurando la incriminación de dichos comportamientos, como los descritos en el presente Convenio, y la atribución de poderes suficientes para permitir una lucha eficaz contra estas infracciones penales, facilitando la detección, la investigación y la persecución, tanto a nivel nacional como internacional, y previendo algunas disposiciones materiales al objeto de una cooperación internacional rápida y fiable;

Persuadidos de la necesidad de garantizar un equilibrio adecuado entre los intereses de la acción represiva y el respeto de los derechos fundamentales del hombre, como los garantizados en el Convenio para la protección de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa (1950), en el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y polí­ticos de las Naciones Unidas (1966), así­ como en otros convenios internacionales aplicables en materia de derechos del hombre, que reafirman el derecho de no ser perseguido por la opinión, el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, obtener y comunicar informaciones e ideas de toda naturaleza, sin consideración de fronteras, así­ como el derecho al respeto de la vida privada;

Conscientes, igualmente, de la protección de los datos personales, como la que confiere, por ejemplo, el Convenio de 1981 del Consejo de Europa para la protección de las personas en lo referente al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal;

Considerando el Convenio de Naciones Unidas relativo a los derechos del niño y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil (1999);

Teniendo en cuenta los convenios existentes del Consejo de Europa sobre la cooperación en materia penal, así­ como otros tratados similares suscritos entre los Estados miembros del Consejo de Europa y otros Estados, y subrayando que el presente Convenio tiene por objeto completarlos con el fin de hacer más eficaces las investigaciones y procedimientos penales relativos a las infracciones penales vinculadas a sistemas y datos informáticos, así­ como permitir la recogida de pruebas electrónicas de una infracción penal;

Felicitándose por las recientes iniciativas destinadas a mejorar la comprensión y la cooperación internacional para la lucha contra la criminalidad en el ciberespacio y, en particular, las acciones organizadas por las Naciones Unidas, la OCDE, la Unión europea y el G8;

Recordando la Recomendación N.º (85) 10 sobre la aplicación práctica del Convenio europeo de ayuda mutua judicial en materia penal respecto a las comisiones rogatorias para la vigilancia de las telecomunicaciones, la Recomendación N.º (88) 2 sobre medidas dirigidas a combatir la piraterí­a en el ámbito de los derechos de autor y de los derechos afines, la Recomendación N.º (87) 15 dirigida a regular la utilización de datos de carácter personal en el sector de la policí­a, la Recomendación N.º (95) 4 sobre la protección de los datos de carácter personal en el sector de los servicios de telecomunicación, teniendo en cuenta, en particular, los servicios telefónicos y la Recomendación N.º (89) 9 sobre la delincuencia relacionada con el ordenador, que indica a los legisladores nacionales los principios directores para definir ciertas infracciones informáticas, así­ como la Recomendación N.º (95) 13 relativa a los problemas de procedimiento penal vinculados a las tecnologí­as de la información;

Vista la Resolución N.º 1, adoptada por los Ministros europeos de Justicia, en su 21* ª Conferencia (Praga, junio 1997), que recomienda al Comité de Ministros mantener las actividades organizadas por el Comité europeo para los problemas penales (CDPC) relativas a la cibercriminalidad a fin de acercar las legislaciones penales nacionales y permitir la utilización de medios de investigación eficaces en materia de infracciones informáticas, así­ como la Resolución N.º 3, adoptada en la 23* ª Conferencia de Ministros europeos de Justicia (Londres, junio 2000), que anima a las partes negociadoras a persistir en sus esfuerzos al objeto de encontrar soluciones adecuadas, que permitan al mayor número posible de Estados ser partes en el Convenio y reconoce la necesidad de disponer de un mecanismo rápido y eficaz de cooperación internacional, que tenga en cuenta las especí­ficas exigencias de la lucha contra la cibercriminalidad;

Tomando igualmente en cuenta el Plan de acción adoptado por los Jefes de Estado y de gobierno del Consejo de Europa, con ocasión de su Décima Cumbre (Estrasburgo, 10-11 octubre 1997) a fin de buscar respuestas comunes al desarrollo de las nuevas tecnologí­as de la información, fundadas sobre las normas y los valores del Consejo de Europa;

Han convenido lo siguiente:

Capí­tulo I -“ Terminologí­a

Artí­culo 1 -“ Definiciones

A los efectos del presente Convenio, la expresión:

a. “sistema informático” designa todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o unidos, que aseguran, en ejecución de un programa, el tratamiento automatizado de datos;

b. “datos informáticos” designa toda representación de hechos, informaciones o conceptos expresados bajo una forma que se preste a tratamiento informático, incluido un programa destinado a hacer que un sistema informático ejecute una función;

c. “prestador de servicio” (1) designa:

i. toda entidad pública o privada que ofrece a los usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar a través de un sistema informático;

ii. cualquier otra entidad que trate o almacene datos informáticos para ese servicio de comunicación o sus usuarios;

d. “datos de tráfico” (2) designa todos los datos que tienen relación con una comunicación por medio de un sistema informático, producidos por este último, en cuanto elemento de la cadena de comunicación, indicando el origen, el destino, el itinerario, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente.

Capí­tulo II -“ Medidas que deben ser adoptadas a nivel nacional

Sección 1 -“ Derecho penal material

Tí­tulo 1 -“ Infracciones contra la confidencialidad, la integridad
y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos

Artí­culo 2 -“ Acceso ilí­cito

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, el acceso doloso (3) y sin autorización a todo o parte de un sistema informático. Las Partes podrán exigir que la infracción sea cometida con vulneración de medidas de seguridad, con la intención de obtener los datos informáticos o con otra intención delictiva, o también podrán requerir que la infracción se perpetre en un sistema informático conectado a otro sistema informático.

Artí­culo 3 -“ Interceptación ilí­cita

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la interceptación, dolosa y sin autorización, cometida a través de medios técnicos, de datos informáticos -“ en transmisiones no públicas-“ en el destino, origen o en el interior de un sistema informático, incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que transporta tales datos informáticos. Las Partes podrán exigir que la infracción sea cometida con alguna intención delictiva o también podrán requerir que la infracción se perpetre en un sistema informático conectado a otro sistema informático.

Artí­culo 4 -“ Atentados contra la integridad de los datos

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la conducta de dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir dolosamente y sin autorización los datos informáticos.

2. Las Partes podrán reservarse el derecho a exigir que el comportamiento descrito en el párrafo primero ocasione daños que puedan calificarse de graves.

Artí­culo 5 -“ Atentados contra la integridad del sistema

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la obstaculización grave, cometida de forma dolosa y sin autorización, del funcionamiento de un sistema informático, mediante la introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos.

Artí­culo 6 -“ Abuso de equipos e instrumentos técnicos (4)

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, las siguientes conductas cuando éstas sean cometidas dolosamente y sin autorización:

a. la producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otras formas de puesta a disposición:

i. de un dispositivo, incluido un programa informático, principalmente concebido o adaptado para permitir la comisión de una de las infracciones establecidas en los artí­culos 2 a 5 arriba citados;

ii. de una palabra de paso (contraseña), de un código de acceso o de datos informáticos similares que permitan acceder a todo o parte de un sistema informático, con la intención de utilizarlos como medio para cometer alguna de las infracciones previstas en los artí­culos 2 a 5; y

b. la posesión de alguno de los elementos descritos en los parágrafos (a) (1) o (2) con la intención de utilizarlos como medio para cometer alguna de las infracciones previstas en los artí­culos 2-5. Los Estados podrán exigir en su derecho interno que concurra un determinado número de elementos para que nazca responsabilidad penal (5).

2. Lo dispuesto en el presente artí­culo no generará responsabilidad penal cuando la producción, venta, obtención para la utilización, importación, difusión u otras formas de puesta a disposición mencionadas en el párrafo 1 no persigan la comisión de una infracción prevista en los artí­culos 2 a 5 del presente Convenio, como en el caso de ensayos autorizados o de la protección de un sistema informático.

3. Las Partes podrán reservarse el derecho de no aplicar el párrafo 1, a condición de que dicha reserva no recaiga sobre la venta, distribución o cualesquiera otras formas de puesta a disposición de los elementos mencionados en el parágrafo 1 (a)(2).

Tí­tulo 2 -“ Infracciones informáticas

Artí­culo 7 -“ Falsedad informática

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la introducción, alteración, borrado o supresión dolosa y sin autorización de datos informáticos, generando datos no auténticos, con la intención de que sean percibidos o utilizados a efectos legales como auténticos, con independencia de que sean directamente legibles e inteligibles. Las Partes podrán reservarse el derecho a exigir la concurrencia de un ánimo fraudulento o de cualquier otro ánimo similar para que nazca responsabilidad penal.

Artí­culo 8 -“ Estafa informática

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la producción de un perjuicio patrimonial a otro, de forma dolosa y sin autorización, a través de:

a. la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos,

b. cualquier forma de atentado al funcionamiento de un sistema informático,

con la intención, fraudulenta o delictiva, de obtener sin autorización un beneficio económico para sí­ mismo o para tercero.

Tí­tulo 3 -“ Infracciones relativas al contenido

Artí­culo 9 -“ Infracciones relativas a la pornografí­a infantil

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, las siguientes conductas cuando éstas sean cometidas dolosamente y sin autorización:

a. la producción de pornografí­a infantil con la intención de difundirla a través de un sistema informático;

b. el ofrecimiento o la puesta a disposición de pornografí­a infantil a través de un sistema informático;

c. la difusión o la transmisión de pornografí­a infantil a través de un sistema informático;

d. el hecho de procurarse o de procurar a otro pornografí­a infantil a través de un sistema informático;

e. la posesión de pornografí­a infantil en un sistema informático o en un medio de almacenamiento de datos informáticos.

2. A los efectos del párrafo 1 arriba descrito, la * «pornografí­a infantil* » comprende cualquier material pornográfico que represente de manera visual:

a. un menor adoptando un comportamiento sexualmente explí­cito;

b. una persona que aparece como un menor adoptando un comportamiento sexualmente explí­cito (6);

c. unas imágenes realistas que representen un menor adoptando un comportamiento sexualmente explí­cito (7).

3. A los efectos del párrafo 2 arriba descrito, el término * «menor* » designa cualquier persona menor de 18 años. Las Partes podrán exigir un lí­mite de edad inferior, que debe ser como mí­nimo de 16 años.

4. Los Estados podrán reservarse el derecho de no aplicar, en todo o en parte, los párrafos 1 (d) y 1 (e) y 2 (b) y 2 (c).

Tí­tulo 4 -“ Infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad intelectual y a los derechos afines

Artí­culo 10 -“ Infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad intelectual y a los derechos afines

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, los atentados a la propiedad intelectual definida por la legislación de cada Estado, conforme a las obligaciones que haya asumido por aplicación de la Convención Universal sobre los Derechos de Autor, revisada en Parí­s el 24 de julio de 1971, del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artí­sticas, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, a excepción de cualquier derecho moral conferido por dichas Convenciones, cuando tales actos sean cometidos deliberadamente, a escala comercial y a través de un sistema informático.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, los atentados a los derechos afines definidos por la legislación de cada Estado, conforme a las obligaciones que haya asumido por aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecha en Roma (Convención de Roma), del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, a excepción de cualquier derecho moral conferido por dichas Convenciones, cuando tales actos sean cometidos deliberadamente, a escala comercial y a través de un sistema informático.

3. Las Partes podrán, de concurrir determinadas circunstancias, reservarse el derecho de no imponer responsabilidad penal en aplicación de los párrafos 1 y 2 del presente artí­culo, siempre que se disponga de otros recursos eficaces para su represión y que dicha reserva no comporte infracción de las obligaciones internacionales que incumban al Estado por aplicación de los instrumentos internacionales mencionados en los párrafos 1 y 2 del presente artí­culo.

Tí­tulo 5 -“ Otras formas de responsabilidad y sanción

Artí­culo 11 -“ Tentativa y complicidad

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, cualquier acto de complicidad que sea cometido dolosamente y con la intención de favorecer la perpetración de alguna de las infracciones establecidas en los artí­culos 2 a 10 del presente Convenio.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, la tentativa dolosa de cometer una de las infracciones establecidas en los artí­culos 3 a 5, 7, 8, 9 (1) a y 9 (1) c del presente Convenio.

3. Las Partes podrán reservarse el derecho de no aplicar, en todo o en parte, el párrafo 2 del presente artí­culo.

Artí­culo 12 -“ Responsabilidad de las personas jurí­dicas

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para permitir que las personas jurí­dicas puedan ser tenidas por responsables de las infracciones establecidas en el presente Convenio, cuando éstas sean cometidas por una persona fí­sica, actuando ya sea a tí­tulo individual, ya sea como miembro de un órgano de la persona jurí­dica, que ejerce un poder de dirección en su seno, cuyo origen se encuentre en:

a. un poder de representación de la persona jurí­dica;

b. una autorización para tomar decisiones en nombre de la persona jurí­dica;

c. una autorización para ejercer control en el seno de la persona jurí­dica.

2. Fuera de los casos previstos en el párrafo 1, las Partes adoptarán las medidas necesarias para asegurar que una persona jurí­dica puede ser tenida por responsable cuando la ausencia de vigilancia o de control por parte de cualquier persona fí­sica mencionada en el párrafo 1 haya permitido la comisión de las infracciones descritas en el párrafo 1 a través de una persona fí­sica que actúa bajo autorización de la persona jurí­dica.

3. La responsabilidad de la persona jurí­dica podrá resolverse en sede penal, civil o administrativa, dependiendo de los principios jurí­dicos propios del Estado.

4. Esta responsabilidad se establecerá sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas fí­sicas que hayan cometido la infracción.

Artí­culo 13 -“ Sanciones y medidas

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para permitir que las infracciones penales establecidas en los artí­culos 2 a 11 sean castigadas con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas las penas privativas de libertad.

2. Las Partes velarán para que las personas jurí­dicas que hayan sido declaradas responsables según lo dispuesto en el artí­culo 12 sean objeto de sanciones o medidas penales o no penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas las sanciones pecuniarias.

Sección 2 -“ Derecho procesal

Tí­tulo 1 -“ Disposiciones comunes

Artí­culo 14 -“ ímbito de aplicación de las medidas de derecho procesal

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para instaurar los poderes y procedimientos previstos en la presente sección a los efectos de investigación o de procedimientos penales especí­ficos.

2. Salvo disposición en contrario, prevista en el artí­culo 21, las Partes podrán aplicar los poderes y procedimientos mencionados en el párrafo 1:

a. a las infracciones penales establecidas en los artí­culos 2 a 11 del presente Convenio;

b. a cualquier otra infracción penal cometida a través de un sistema informático; y

c. a la recogida de pruebas electrónicas de cualquier infracción penal.

3. a. Las Partes podrán reservarse el derecho de aplicar la medida mencionada en el artí­culo 20 a las infracciones especificadas en sus reservas, siempre que el número de dichas infracciones no supere el de aquellas a las que se aplica la medida mencionada en el artí­culo 21. Las Partes tratarán de limitar tal reserva de modo que se permita la aplicación lo más amplia posible de la medida mencionada en el artí­culo 20.

b. Cuando un Estado, en razón de las restricciones impuestas por su legislación vigente en el momento de la adopción del presente Convenio, no esté en condiciones de aplicar las medidas descritas en los artí­culos 20 y 21 a las comunicaciones transmitidas en un sistema informático de un prestador de servicios que

i. es utilizado en beneficio de un grupo de usuarios cerrado, y

ii. no emplea las redes públicas de telecomunicación y no está conectado a otro sistema informático, público o privado, ese Estado podrá reservarse el derecho de no aplicar dichas medidas a tales comunicaciones. Los Estados tratarán de limitar tal reserva de modo que se permita la aplicación lo más amplia posible de las medidas mencionadas en los artí­culos 20 y 21.

Artí­culo 15 -“ Condiciones y garantí­as

1. Las Partes velarán para que la instauración, puesta en funcionamiento y aplicación de los poderes y procedimientos previstos en la presente sección se sometan a las condiciones y garantí­as dispuestas en su derecho interno, que debe asegurar una protección adecuada de los derechos del hombre y de las libertades y, en particular, de los derechos derivados de las obligaciones que haya asumido en aplicación del Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales del Consejo de Europa (1950) y del Pacto internacional de derechos civiles y polí­ticos de Naciones Unidas (1966) o de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos del hombre, y que debe integrar el principio de proporcionalidad.

2. Cuando ello sea posible, en atención a la naturaleza del poder o del procedimiento de que se trate, dichas condiciones y garantí­as incluirán, entre otras, la supervisión judicial u otras formas de supervisión independiente, la motivación justificante de la aplicación, la limitación del ámbito de aplicación y la duración del poder o del procedimiento en cuestión.

3. Las Partes examinarán la repercusión de los poderes y procedimientos de esta Sección sobre los derechos, responsabilidades e intereses legí­timos de terceros, como exigencia dimanante del interés público y, en particular, de una correcta administración de justicia.

Tí­tulo 2 -“ Conservación inmediata de datos informáticos almacenados

Artí­culo 16 -“ Conservación inmediata de datos informáticos almacenados

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para permitir a sus autoridades competentes ordenar o imponer de otro modo la conservación inmediata de datos electrónicos especificados, incluidos los datos de tráfico, almacenados a través de un sistema informático, especialmente cuando hayan razones para pensar que son particularmente susceptibles de pérdida o de modificación.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para obligar a una persona a conservar y proteger la integridad de los datos -“ que se encuentran en su poder o bajo su control y respecto de los cuales exista un mandato previo de conservación en aplicación del párrafo precedente -“ durante el tiempo necesario, hasta un máximo de 90 dí­as, para permitir a las autoridades competentes obtener su comunicación. Los Estados podrán prever que dicho mandato sea renovado posteriormente.

3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para obligar al responsable de los datos o a otra persona encargada de conservarlos a mantener en secreto la puesta en ejecución de dichos procedimientos durante el tiempo previsto por su derecho interno.

4. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artí­culo deben quedar sometidos a los artí­culos 14 y 15.

Artí­culo 17 -“ Conservación y divulgación inmediata de los datos de tráfico

1. A fin de asegurar la conservación de los datos de tráfico, en aplicación del artí­culo 16, las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para:

a. procurar la conservación inmediata de los datos de tráfico, cuando uno o más prestadores de servicio hayan participado en la transmisión de dicha comunicación; y

b. asegurar la comunicación inmediata a la autoridad competente del Estado, o a una persona designada por dicha autoridad, de datos de tráfico suficientes para permitir la identificación de los prestadores de servicio y de la ví­a por la que la comunicación se ha transmitido.

2. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artí­culo deben quedar sometidos a los artí­culos 14 y 15.

Tí­tulo 3 -“ Mandato de comunicación

Artí­culo 18 -“ Mandato de comunicación

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes para ordenar:

a. a una persona presente en su territorio que comunique los datos informáticos especificados, en posesión o bajo el control de dicha persona, y almacenados en un sistema informático o en un soporte de almacenaje informático; y

b. a un prestador de servicios que ofrezca sus prestaciones en el territorio del Estado firmante, que comunique los datos en su poder o bajo su control relativos a los abonados y que conciernan a tales servicios;

2. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artí­culo deben quedar sometidos a los artí­culos 14 y 15.

3. A los efectos del presente artí­culo, la expresión * «datos relativos a los abonados* » designa cualquier información, expresada en datos informáticos o de cualquier otro modo, poseí­da por un prestador de servicio y que se refiere a los abonados de sus servicios, así­ como a los datos de tráfico o relativos al contenido, y que permite establecer:

a. el tipo de servicio de comunicación utilizado, las disposiciones técnicas adoptadas al respecto y el tiempo del servicio;

b. la identidad, la dirección postal o geográfica y el número de teléfono del abonado o cualquier otro número de acceso, los datos relativos a la facturación y el pago, disponibles por razón de un contrato o de un alquiler de servicio;

c. cualquier otra información relativa al lugar donde se ubican los equipos de comunicación, disponible por razón de un contrato o de un alquiler de servicio.

Tí­tulo 4 -“ Registro y decomiso de datos informáticos almacenados

Artí­culo 19 -“ Registro y decomiso de datos informáticos almacenados

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes para registrar o acceder de un modo similar:

a. a un sistema informático o a una parte del mismo, así­ como a los datos informáticos que están almacenados; y

b. a un soporte de almacenamiento que permita contener datos informáticos

en su territorio.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para procurar que, cuando sus autoridades registren o accedan de un modo similar a un sistema informático especí­fico o a una parte del mismo, conforme al párrafo 1 (a), y tengan motivos para creer que los datos buscados se hallan almacenados en otro sistema informático o en una parte del mismo situado en su territorio, y que dichos datos son igualmente accesibles a partir del sistema inicial o están disponibles a través de ese primer sistema, dichas autoridades estén en condiciones de ampliar inmediatamente el registro o el acceso y extenderlo al otro sistema.

3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes para decomisar u obtener de un modo similar los datos informáticos cuyo acceso haya sido realizado en aplicación de los párrafos 1 o 2. Estas medidas incluyen las prerrogativas siguientes:

a. decomisar u obtener de un modo similar un sistema informático o una parte del mismo o un soporte de almacenaje informático;

b. realizar y conservar una copia de esos datos informáticos;

c. preservar la integridad de los datos informáticos almacenados pertinentes; y

d. hacer inaccesibles o retirar los datos informáticos del sistema informático consultado.

4. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes para ordenar a cualquier persona, que conozca el funcionamiento de un sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos que contiene, que proporcione todas las informaciones razonablemente necesarias, para permitir la aplicación de las medidas previstas en los párrafos 1 y 2.

5. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artí­culo deben quedar sometidos a los artí­culos 14 y 15.

Tí­tulo 5 -“ Recogida en tiempo real de datos informáticos

Artí­culo 20 -“ Recogida en tiempo real de datos informáticos

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes para:

a. recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su territorio;

b. obligar a un prestador de servicios, en el ámbito de sus capacidades técnicas existentes, a

i. recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su territorio, o

ii. prestar a las autoridades competentes su colaboración y su asistencia para recopilar o grabar, en tiempo real, los datos de tráfico asociados a comunicaciones especí­ficas transmitidas en su territorio a través de un sistema informático.

2. Cuando un Estado, en razón de los principios establecidos en su ordenamiento jurí­dico interno, no pueda adoptar las medidas enunciadas en el párrafo 1 (a), podrá, en su lugar, adoptar otras medidas legislativas o de otro tipo que estime necesarias para asegurar la recogida o la grabación en tiempo real de los datos de tráfico asociados a comunicaciones especí­ficas transmitidas en su territorio mediante la aplicación de medios técnicos existentes en ese territorio.

3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para obligar a un prestador de servicios a mantener en secreto la adopción de las medidas previstas en el presente artí­culo, así­ como cualquier información al respecto.

4. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artí­culo deben quedar sometidos a los artí­culos 14 y 15.

Artí­culo 21 -“ Interceptación de datos relativos al contenido

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar a sus autoridades competentes respecto a infracciones consideradas graves conforme a su derecho interno para:

a. recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su territorio; y

b. obligar a un prestador de servicios, en el ámbito de sus capacidades técnicas existentes, a

i. recoger o grabar mediante la aplicación de medios técnicos existentes en su territorio, o

ii. prestar a las autoridades competentes su colaboración y su asistencia para recopilar o grabar,

en tiempo real, los datos relativos al contenido de concretas comunicaciones en su territorio, transmitidas a través de un sistema informático.

2. Cuando un Estado, en razón de los principios establecidos en su ordenamiento jurí­dico interno, no pueda adoptar las medidas enunciadas en el párrafo 1 (a), podrá, en su lugar, adoptar otras medidas legislativas o de otro tipo que estime necesarias para asegurar la recogida o la grabación en tiempo real de los datos relativos al contenido de concretas comunicaciones transmitidas en su territorio mediante la aplicación de medios técnicos existentes en ese territorio.

3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para obligar a un prestador de servicios a mantener en secreto la adopción de las medidas previstas en el presente artí­culo, así­ como cualquier información al respecto.

4. Los poderes y procedimientos mencionados en el presente artí­culo deben quedar sometidos a los artí­culos 14 y 15.

Sección 3 -“ Competencia

Artí­culo 22 -“ Competencia

1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para atribuirse la competencia respecto a cualquier infracción penal establecida en los artí­culos 2 a 11 del presente Convenio, cuando la infracción se haya cometido:

a. en su territorio;

b. a bordo de una nave que ondee pabellón de ese Estado;

c. a bordo de una aeronave inmatriculada en ese Estado;

d. por uno de sus súbditos, si la infracción es punible penalmente en el lugar donde se ha cometido o si la infracción no pertenece a la competencia territorial de ningún Estado.

2. Las Partes podrán reservarse el derecho de no aplicar, o de aplicar sólo en ciertos casos o condiciones especí­ficas, las reglas de competencia definidas en los párrafos 1b a 1d del presente artí­culo o en cualquiera de las partes de esos párrafos.

3. Las Partes adoptarán las medidas que se estimen necesarias para atribuirse la competencia respecto de cualquier infracción mencionada en el artí­culo 24, párrafo 1 del presente Convenio, cuando el presunto autor de la misma se halle en su territorio y no pueda ser extraditado a otro Estado por razón de la nacionalidad, después de una demanda de extradición.

4. El presente Convenio no excluye ninguna competencia penal ejercida por un Estado conforme a su derecho interno.

5. Cuando varios Estados reivindiquen una competencia respecto a una infracción descrita en el presente Convenio, los Estados implicados se reunirán, cuando ello sea oportuno, a fin de decidir cuál de ellos está en mejores condiciones para ejercer la persecución.

Capí­tulo III -“ Cooperación internacional

Sección 1 -“ Principios generales

Tí­tulo 1 -“ Principios generales relativos a la cooperación internacional

Artí­culo 23 -“ Principios generales relativos a la cooperación internacional

Las Partes cooperarán con arreglo a lo dispuesto en el presente capí­tulo, aplicando para ello los instrumentos internacionales relativos a la cooperación internacional en materia penal, acuerdos basados en la legislación uniforme o recí­proca y en su propio derecho nacional, de la forma más amplia posible, con la finalidad de investigar los procedimientos concernientes a infracciones penales vinculadas a sistemas y datos informáticos o para recoger pruebas electrónicas de una infracción penal.

Tí­tulo 2 -“ Principios relativos a la extradición

Artí­culo 24 -“ Extradición

1. a. El presente artí­culo se aplicará a la extradición por alguna de las infracciones definidas en los artí­culos 2 a 11 del presente Convenio, siempre que éstas resulten punibles por la legislación de los dos Estados implicados y tengan prevista una pena privativa de libertad de una duración mí­nima de un año.

b. Aquellos Estados que tengan prevista una pena mí­nima distinta, derivada de un tratado de extradición aplicable a dos o más Estados, comprendido en la Convención Europea de Extradición (STE nº 24), o de un acuerdo basado en la legislación uniforme o recí­proca, aplicarán la pena mí­nima prevista en esos tratados o acuerdos.

2. Las infracciones penales previstas en el apartado 1 del presente artí­culo podrán dar lugar a extradición si entre los dos Estados existe un tratado de extradición. Las Partes se comprometerán a incluirlas como tales infracciones susceptibles de dar lugar a extradición en todos los tratados de extradición que puedan suscribir.

3. Si un Estado condiciona la extradición a la existencia de un tratado y recibe una demanda de extradición de otro Estado con el que no ha suscrito tratado alguno de extradición, podrá considerar el presente Convenio fundamento jurí­dico suficiente para conceder la extradición por alguna de las infracciones penales previstas en el párrafo 1 del presente artí­culo.

4. Las Partes que no condicionen la extradición a la existencia de un tratado podrán levar a cabo la extradición siempre que prevean como infracciones las previstas en el párrafo 1 del presente artí­culo.

5. La extradición quedará sometida a las condiciones establecidas en el derecho interno del Estado requerido o en los tratados de extradición vigentes, quedando asimismo sometidos a estos instrumentos jurí­dicos los motivos por los que el paí­s requerido puede denegar la extradición.

6. Si es denegada la extradición por una infracción comprendida en el párrafo 1 del presente artí­culo, alegando la nacionalidad de la persona reclamada o la competencia para juzgar la infracción del Estado requerido, éste deberá someter el asunto -“ la demanda del Estado requirente -”a sus autoridades competentes a fin de que éstas establezcan la competencia para perseguir el hecho e informen de la conclusión alcanzada al Estado requirente. Las autoridades en cuestión deberán adoptar la decisión y sustanciar el procedimiento del mismo modo que para el resto de infracciones de naturaleza semejante previstas en la legislación de ese Estado.

7. a. Las Partes deberán comunicar al Secretario General del Consejo de Europa, en el momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el nombre y la dirección de las autoridades responsables del enví­o y de la recepción de una demanda de extradición o de arresto provisional, en caso de ausencia de tratado.

b. El Secretario General del Consejo de Europa creará y actualizará un registro de autoridades designadas por las Partes. Las Partes deberán garantizar la exactitud de los datos obrantes en el registro

Tí­tulo 3 -“ Principios generales relativos a la colaboración (8)

Artí­culo 25 -“ Principios generales relativos a la colaboración

1. Las Partes acordarán llevar a cabo una colaboración mutua lo más amplia posible al objeto de investigar los procedimientos concernientes a infracciones penales vinculadas a sistemas y datos informáticos o al de recoger pruebas electrónicas de una infracción penal.

2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que estimen necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artí­culos 27 a 35.

3. Las Partes podrán, en caso de emergencia, formular una demanda de colaboración, a través de un medio de comunicación rápido, como el fax o el correo electrónico, procurando que esos medios ofrezcan las condiciones suficientes de seguridad y de autenticidad (encriptándose si fuera necesario) y con confirmación posterior de la misma si el Estado requerido lo exigiera. Si el Estado requerido lo acepta podrá responder por cualquiera de los medios rápidos de comunicación indicados.

4. Salvo disposición en contrario expresamente prevista en el presente capí­tulo, la colaboración estará sometida a las condiciones fijadas en el derecho interno del Estado requerido o en los tratados de colaboración aplicables y comprenderá los motivos por los que el Estado requerido puede negarse a colaborar. El Estado requerido no podrá ejercer su derecho a rehusar la colaboración en relación a las infracciones previstas en los artí­culos 2 a 11, alegando que la demanda se solicita respecto a una infracción que, según su criterio, tiene la consideración de fiscal.

5. Conforme a lo dispuesto en el presente capí­tulo, el Estado requerido estará autorizado a supeditar la colaboración a la exigencia de doble incriminación. Esa condición se entenderá cumplida si el comportamiento constitutivo de la infracción – en relación a la que se solicita la colaboración -” se encuentra previsto en su derecho interno como infracción penal, resultando indiferente que éste no la encuadre en la misma categorí­a o que no la designe con la misma terminologí­a.

Artí­culo 26 -“ Información espontánea

1. Las Partes podrán, dentro de los lí­mites de su derecho interno y en ausencia de demanda previa, comunicar a otro Estado las informaciones obtenidas en el marco de investigaciones que puedan ayudar a la Parte destinataria a iniciar o a concluir satisfactoriamente las investigaciones o procedimientos relativos a las infracciones dispuestas en el presente Convenio, o a que dicha parte presente una demanda de las previstas en el presente capí­tulo.

2. Antes de comunicar dicha información, ese Estado podrá solicitar que la información sea tratada de forma confidencial o que sea utilizada sólo en ciertas circunstancias. Si el Estado destinatario no pudiera acatar las condiciones impuestas, deberá informar al otro Estado, quien habrá de decidir si proporciona o no la información. Una vez aceptadas estas condiciones por el Estado destinatario, éste quedará obligado a su cumplimiento.

Tí­tulo 4 -“ Procedimientos relativos a las demandas de asistencia en ausencia de acuerdo internacional aplicable

Artí­culo 27 -“ Procedimiento relativo a las demandas de colaboración en ausencia de acuerdo internacional aplicable

1. En ausencia de tratado o acuerdo en vigor de asistencia basado en la legislación uniforme o recí­proca, serán aplicables los apartados 2 al 9 del presente artí­culo. í‰stos no se aplicarán cuando exista un tratado, acuerdo o legislación sobre el particular, sin perjuicio de que las partes implicadas puedan decidir someterse, en todo o parte, a lo dispuesto en este artí­culo.

2. a. Las Partes designarán una o varias autoridades centrales encargadas de tramitar las demandas de colaboración, de ejecutarlas o de transferirlas a las autoridades competentes para que éstas las ejecuten.

b. Las autoridades centrales se comunicarán directamente las unas con las otras.

c. Las Partes, en el momento de la firma o del depósito de sus instrumentos de ratificación, aceptación, de aprobación o de adhesión, comunicarán al Secretario General del Consejo de Europa los nombres y direcciones de las autoridades designadas en aplicación del presente párrafo.

d. El Secretario General del Consejo de Europa creará y actualizará un registro de autoridades designadas por las partes. Las Partes deberán garantizar la exactitud de los datos obrantes en el registro.

3. Las demandas de asistencia basadas en el presente artí­culo serán ejecutadas conforme al procedimiento especificado por el Estado requirente, siempre que resulte compatible con la legislación del Estado requerido.

4. Al margen de los motivos previstos en el artí­culo 15 párrafo 4 para denegar la asistencia, ésta podrá ser rechazada por el Estado requerido:

a. si la demanda se refiere a una infracción que el Estado requerido considera de naturaleza polí­tica o vinculada a una información de naturaleza polí­tica o;

b. si el Estado requerido estima que, de acceder a la colaboración, se pondrí­a en peligro su soberaní­a, seguridad, orden público o otro interés esencial.

5. El Estado requerido podrá aplazar la ejecución de la demanda cuando ésta pueda perjudicar investigaciones o procedimientos en curso llevados a cabo por las autoridades nacionales.

6. Antes de denegar o retrasar la asistencia, el Estado requerido deberá examinar, tras consultar al Estado requirente, si es posible hacer frente a la demanda de forma parcial o si es posible establecer las reservas que estime necesarias.

7. El Estado requerido informará inmediatamente al Estado requirente del curso que pretende dar a la demanda de asistencia. De denegar o retrasar la tramitación de la demanda, el Estado requerido hará constar los motivos. Asimismo, dicho Estado deberá informar al Estado requirente sobre los motivos que hacen imposible, de ser así­, la ejecución de la demanda o que retrasan sustancialmente su ejecución.

8. El Estado requirente podrá solicitar que el Estado requerido mantenga en secreto la propia existencia y objeto de la demanda interpuesta al amparo de este capí­tulo, salvo en aquellos aspectos necesarios para la ejecución de la misma. Si el Estado requirente no pudiera hacer frente a la petición de confidencialidad, éste deberá informar inmediatamente al otro Estado, quien decidirá si la demanda, pese a ello, debe ser ejecutada.

9. a. En caso de urgencia, las autoridades judiciales del Estado requirente podrán dirigir directamente a las autoridades homólogas del Estado requerido las demandas de asistencia y las comunicaciones. En tales casos, se remitirá simultáneamente una copia a las autoridades del Estado requerido con el visado de la autoridad central del Estado requirente.

b. Todas las demandas o comunicaciones formuladas al amparo del presente parágrafo podrán ser tramitadas a través de la Organización Internacional de la Policí­a Criminal (INTERPOL).

c. Cuando una demanda haya sido formulada al amparo de la letra (a) del presente artí­culo, y la autoridad que le dio curso no sea la competente para ello, deberá transferir la demanda a la autoridad nacional competente y ésta informará directamente al Estado requerido.

d. Las demandas o comunicaciones realizadas al amparo del presente párrafo que no supongan la adopción de medidas coercitivas podrán ser tramitadas directamente por las autoridades del Estado requirente y las del Estado requerido.

e. Las Partes podrán informar al Secretario General del Consejo de Europa, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que, por motivos de eficacia, las demandas formuladas al amparo del presente párrafo deberán dirigirse directamente a su autoridad central.

Artí­culo 28 -“ Confidencialidad y restricciones de uso

1. En ausencia de tratado o acuerdo en vigor de asistencia basados en la legislación uniforme o recí­proca, será aplicable lo dispuesto en el presente artí­culo. í‰ste no se aplicará cuando exista un tratado, acuerdo o legislación sobre el particular, sin perjuicio de que las partes implicadas puedan decidir someterse, en todo o parte, a lo dispuesto en este artí­culo.

2. El Estado requerido podrá supeditar la comunicación de la información o del material requerido en la demanda al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. que se mantenga la confidencialidad sobre las mismas, siempre que la demanda corra el riesgo fracasar en ausencia de dicha condición; o

b. que éstas no sean utilizadas en investigaciones o procedimientos diversos a los establecidos en la demanda.

3. Si el Estado requirente no pudiera satisfacer alguna de las condiciones establecidas en el apartado 2 del presente artí­culo, la otra parte informará al Estado requerido, el cual decidirá si la información debe ser proporcionada. Si el Estado requeriente acepta esta condición, dicho Estado estará obligado por la misma.

4. Todo Estado parte que aporte información o material supeditado a alguna de la condiciones previstas en el apartado 2, podrá exigir de la otra parte la concreción de las condiciones de uso de la información o del material.

Sección 2 -“ Disposiciones especí­ficas

Tí­tulo 1 -“ Cooperación en materia de medidas cautelares

Artí­culo 29 -“ Conservación inmediata datos informáticos almacenados

1. Las Partes podrán ordenar o imponer de otro modo la conservación inmediata de datos almacenados en sistemas informáticos que se encuentren en su territorio, en relación a los cuales el Estado requirente tiene intención de presentar una demanda de asistencia para registrar o acceder de otro modo, decomisar u obtener por otro medio, o lograr la comunicación de dichos datos.

2. Una demanda de conservación formulada en aplicación del párrafo 1 deberá contener:

a. la identificación de la autoridad que solicita la conservación;

b. la infracción objeto de investigación con una breve exposición de los hechos vinculados a la misma;

c. los datos informáticos almacenados que deben conservarse y su vinculación con la infracción;

d. todas aquellas informaciones disponibles que permitan identificar al responsable de los datos informáticos almacenados o el emplazamiento de los sistemas informáticos;

e. justificación de la necesidad de conservación; y

f. la acreditación de que el Estado requirente está dispuesto a formular una demanda de asistencia para registrar o acceder de otro modo, decomisar u obtener por otro medio, o lograr la comunicación de dichos datos.

3. Después de recibir la demanda, el Estado requerido deberá adoptar las medidas necesarias para proceder sin dilaciones a la conservación de los datos solicitados, conforme a su derecho interno. Para hacer efectiva la demanda de conservación no resultará condición indispensable la doble incriminación.

4. Si un Estado exige la doble incriminación como condición para atender a una demanda de asistencia para registrar o acceder de otro modo, decomisar u obtener por otro medio, o lograr la comunicación de dichos datos, por infracciones diversas a las establecidas en los artí­culos 2 a 11 del presente Convenio, podrá negarse a la demanda de conservación, al amparo del presente artí­culo, si tiene fundadas sospechas de que, en el momento de la comunicación de los datos, el otro Estado no cumplirá la exigencia de la doble incriminación.

5. Al margen de lo anterior, una demanda de conservación únicamente podrá ser denegada:

a. si la demanda se refiere a una infracción que el Estado requerido considera de naturaleza polí­tica o vinculada a una información de naturaleza polí­tica o;

b. si el Estado requerido estima que de acceder a la demanda se pondrí­a en peligro su soberaní­a, su seguridad, orden público o otro interés esencial.

6. Cuando el Estado requerido considere que la simple conservación no será suficiente para garantizar la disponibilidad futura de los datos informáticos o que ésta podrí­a comprometer la confidencialidad de la investigación o podrí­a hacerla fracasar de otro modo, deberá informar inmediatamente al Estado requirente, quien decidirá la conveniencia de dar curso a la demanda.

7. Todas las conservaciones realizadas al amparo de una demanda de las previstas en el párrafo 1 serán válidas por un periodo máximo de 60 dí­as, para permitir, en ese plazo de tiempo, al Estado requirente formular una demanda de asistencia para registrar o acceder de otro modo, decomisar u obtener por otro medio, o lograr la comunicación de dichos datos. Después de la recepción de la demanda, los datos informáticos deberán mantenerse hasta que ésta se resuelva.

Artí­culo 30 -“ Comunicación inmediata de los datos informáticos conservados

1. Si, en ejecución de una demanda de conservación de datos de tráfico relativos a una concreta comunicación al amparo del artí­culo 29, el Estado requerido descubriera que un prestador de servicios de otro Estado ha participado en la transmisión de la comunicación, comunicará inmediatamente al Estado requirente los datos informáticos de tráfico, con el fin de que éste identifique al prestador de servicios y la ví­a por la que la comunicación ha sido realizada.

2. La comunicación de datos informáticos de tráfico prevista en el párrafo 1 únicamente podrá ser denegada:

a. si la demanda se refiere a una infracción que el Estado requerido considera de naturaleza polí­tica o vinculada a una información de naturaleza polí­tica o;

b. si el Estado requerido estima que de acceder a la demanda se pondrí­a en peligro su soberaní­a, su seguridad, orden público o otro interés esencial.

Tí­tulo 2 -“ Asistencia en relación a los poderes de investigación

Artí­culo 31 -“ Asistencia concerniente al acceso a datos informáticos almacenados

1. Cualquier Estado podrá solicitar a otro el registro o acceso de otro modo, el decomiso u obtención por otro medio, o la comunicación de datos almacenados en un sistema informático que se encuentre en su territorio, incluidos los datos conservados conforme a lo dispuesto en el artí­culo 29.

2. El Estado requerido dará satisfacción a la demanda aplicando los instrumentos internacionales, convenios y la legislación mencionada en el artí­culo 23 siempre que no entre en contradicción con lo dispuesto en el presente capí­tulo.

3. La demanda deberá ser satisfecha lo más rápidamente posible en los siguientes casos:

a. cuando existan motivos para sospechar que los datos solicitados son particularmente vulnerables por existir riesgo de pérdida o modificación; o

b. cuando los instrumentos, convenios o legislación referida en el párrafo 2 prevean una cooperación rápida.

Artí­culo 32 -“ Acceso transfronterizo a los datos informáticos almacenados, con consentimiento o de libre acceso

Cualquier Estado podrá sin autorización de otro:

a. acceder a los datos informáticos almacenados de libre acceso al público (fuentes abiertas), independientemente de la localización geográfica de esos datos; o

b. acceder a, o recibir a través de un sistema informático situado en su territorio, los datos informáticos almacenados situados en otro Estado, si se obtiene el consentimiento legal y voluntario de la persona autorizada para divulgarlos a través de ese sistema informático.

Artí­culo 33 -“ Asistencia para la recogida en tiempo real de datos de tráfico

1. Las Partes podrán acordar colaborar en la recogida, en tiempo real, de datos de tráfico, asociados a concretas comunicaciones llevadas a cabo en sus territorios, a través un sistema informático. Dicha colaboración se someterá a las condiciones y procedimientos previstos en el derecho interno, salvo que alguna de las partes se acoja a la reserva prevista en el párrafo 2.

2. Las Partes deberán acordar colaborar respecto a aquellas infracciones penales para las cuales la recogida en tiempo real de datos de tráfico se encuentra prevista en su derecho interno en situaciones análogas.

Artí­culo 34 -“ Asistencia en materia de interceptación de datos relativos al contenido

Las Partes podrán acordar colaborar, en la medida en que se encuentre previsto por tratados o leyes internas, en la recogida y registro, en tiempo real, de datos relativos al contenido de concretas comunicaciones realizadas a través de sistemas informáticos.

Tí­tulo 3 -“ Red 24/7

Artí­culo 35 -“ Red 24/7

1. Las Partes designarán un punto de contacto localizable las 24 horas del dí­a, y los siete dí­as de la semana, con el fin de asegurar la asistencia inmediata en la investigación de infracciones penales llevadas a cabo a través de sistemas y datos informáticos o en la recogida de pruebas electrónicas de una infracción penal. Esta asistencia comprenderá, si lo permite el derecho y la práctica interna, facilitar la aplicación directa de las siguientes medidas:

a. aportación de consejos técnicos;

b. conservación de datos según lo dispuesto en los artí­culos 29 y 30; y

c. recogida de pruebas, aportación de información de carácter jurí­dico y localización de sospechosos.

2. a. Un mismo punto de contacto podrá ser coincidente para dos Estados, siguiendo para ello un procedimiento acelerado.

b. Si el punto de contacto designado por un Estado no depende de su autoridad o autoridades responsables de la colaboración internacional o de la extradición, deberá velarse para que ambas autoridades actúen coordinadamente mediante la adopción de un procedimiento acelerado.

3. Las Partes dispondrán de personal formado y dotado a fin de facilitar el funcionamiento de la red.

Capí­tulo IV -“ Cláusulas finales

Artí­culo 36 -“ Firma y entrada en vigor

1. El presente Convenio está abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa y de los Estados no miembros que hayan participado en su elaboración.

2. El presente Convenio está sometido a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación deberán ser entregados al Secretario General del Consejo de Europa.

3. El presente Convenio entrará en vigor el primer dí­a del mes transcurridos tres meses desde que cinco Estados, de los cuales al menos tres deberán ser miembros del Consejo de Europa, presten su consentimiento a vincularse al Convenio, conforme a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2.

4. Para todos los Estados que hayan prestado su consentimiento a vincularse al Convenio, éste entrará en vigor el primer dí­a del mes transcurridos tres meses desde que hayan expresado su consentimiento, conforme a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2.

Artí­culo 37 -“ Adhesión al Convenio

1. Después de entrar en vigor el presente Convenio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá, tras consultar a las Partes del Convenio y habiendo obtenido el asentimiento unánime de los mismos, invitar a todos los Estados no miembros del Consejo de Europa que no hayan participado en la elaboración del mismo a adherirse al Convenio. Esta decisión deberá tomarse mediante la mayorí­a prevista en el artí­culo 20.d del Estatuto del Consejo de Europa y el asentimiento unánime de los Estados Partes que tengan derecho a formar parte del Comité de Ministros.

2. Para todos aquellos Estados que se adhieran al Convenio conforme a lo previsto en el párrafo precedente, el Convenio entrará en vigor el primer dí­a del mes transcurridos tres meses después del depósito del instrumento de adhesión ante el Secretario General del Consejo de Europa.

Artí­culo 38 -“ Aplicación territorial

1. Las Partes podrán, en el momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, designar el territorio al que resultará aplicable el presente Convenio.

2. Las Partes podrán, en cualquier momento, a través de una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, extender la aplicación del presente Convenio a otros territorios diversos a los designados en la declaración. En tal caso, el Convenio entrará en vigor en dichos territorios el primer dí­a del mes transcurridos tres meses desde la recepción de la declaración por el Secretario General.

3. Toda declaración realizada al amparo de los párrafos precedentes podrá ser retirada, en lo que concierne al territorio designado en la citada declaración, a través de una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. El retracto surtirá efecto el primer dí­a del mes transcurridos tres meses desde la recepción de la notificación por el Secretario General.

Artí­culo 39 -“ Efectos del Convenio

1. El objeto del presente Convenio es completar los tratados o acuerdos multilaterales o bilaterales existentes entre las partes, y comprende las disposiciones:

-“ del Convenio Europeo de extradición abierto a la firma el 13 de diciembre de 1957 en Parí­s (STE nº 24)

-“ del Convenio Europeo de Cooperación judicial en materia penal abierto a la firma el 20 de abril de 1959 en Estrasburgo (STE nº 30),

-“ del Protocolo Adicional del Convenio Europeo de Cooperación judicial en materia penal abierto a la firma el 17 de marzo de 1978 en Estrasburgo (STE nº 99).

2. Si dos o más Estados han concluido un acuerdo o un tratado relativo a la materia objeto de este Convenio o si han establecido de otro modo la relación entre ellos, o si lo hacen en el futuro, dispondrán igualmente de la facultad de aplicar el citado acuerdo o de establecer sus relaciones con base en el mismo, en lugar del presente Convenio. Siempre que los Estados hayan establecido sus relaciones concernientes a la materia objeto del presente Convenio de forma diversa, éstas deberán llevarse a cabo de forma compatible con los objetivos y principios del Convenio.

3. Lo dispuesto en el presente Convenio no afectará a otros derechos, restricciones, obligaciones y responsabilidades de los Estados.

Artí­culo 40 -“ Declaraciones

A través de una declaración escrita dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, las Partes podrán, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que se reservan el derecho a exigir, llegado el caso, uno o varios elementos suplementarios de los dispuestos en los artí­culos 2, 3, 6 del párrafo 1 (b), 7, 9 párrafo 3 y 27 del párrafo 9 (e).

Artí­culo 41 -“ Cláusula federal

1. Un Estado federal podrá reservarse el derecho de desempeñar sus obligaciones, en los términos previstos en el capí­tulo II del presente Convenio, en la medida en que éstas sean compatibles con los principios que presiden las relaciones entre el gobierno central y los Estados federados u otros territorios análogos, siempre que se garantice la cooperación en los términos previstos en el capí­tulo III.

2. Un Estado federal no podrá hacer uso de la reserva adoptada según lo dispuesto en el párrafo 1 para excluir o disminuir de forma substancial las obligaciones contraí­das en virtud del capí­tulo II. En todo caso, el Estado federal deberá dotarse de los medios necesarios para dar cumplimiento a las medidas previstas en el citado capí­tulo.

3. En todo lo que concierne a las disposiciones de este Convenio cuya aplicación dimana de la competencia de cada uno de los Estados federados u otras entidades territoriales análogas, que no están, en virtud del sistema constitucional de la federación, obligados a adoptar medidas legislativas, el gobierno central pondrá, con la aprobación de éstos, en conocimiento de las autoridades competentes de los Estados federados la necesidad de adoptar las citadas medidas animándolos a que las ejecuten.

Artí­culo 42 -“ Reservas

Los Estados podrán, a través de una notificación escrita dirigida al Secretario del Consejo de Europa, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o de adhesión, declarar que invocan la reserva o reservas previstas en el art. 4, párrafo 2, artí­culo 6, párrafo 3, artí­culo 9, párrafo 4, artí­culo 10, párrafo 3, artí­culo 11, párrafo 3, artí­culo 14, párrafo 3, artí­culo 22, párrafo 2, artí­culo 29, párrafo 4 y en el artí­culo 41, párrafo 1. No podrá realizarse ninguna otra reserva diversa a las indicadas.

Artí­culo 43 -“ Mantenimiento y retirada de las reservas

1. El Estado que haya formulado una reserva conforme a lo dispuesto en el artí­culo 42 podrá retirarla total o parcialmente notificando tal extremo al Secretario General. La retirada se hará efectiva en la fecha de recepción por el Secretario General de la notificación. Si en la notificación se hiciera constar que la reserva deberá tener efecto en una determinada fecha, ello se hará efectivo siempre que sea posterior a la recepción por el Secretario General de la notificación.

2. El Estado que haya formulado una reserva conforme a lo dispuesto en el artí­culo 42, podrá retirarla total o parcialmente siempre que lo permitan las circunstancias.

3. El Secretario General del Consejo de Europa podrá solicitar periódicamente a los Estados, que hayan formulado una o varias reservas conforme a lo dispuesto en el artí­culo 42, información sobre la posibilidad de su retirada.

Artí­culo 44 -“ Enmiendas

1. Las enmiendas al presente Convenio podrán ser propuestas por las Partes, y deberán ser comunicadas al Secretario General del Consejo de Europa, a los Estados miembros del Consejo de Europa, a los Estados no miembros del Consejo de Europa que hayan tomado parte en la elaboración del Convenio así­ como a los Estados que se hayan adherido o que hayan sido invitados a adherirse conforme a lo dispuesto en el artí­culo 37.

2. Las enmiendas propuestas por uno de los Estados deberán ser comunicadas al Comité europeo para los problemas criminales (CDPC), quien deberá informar al Comité de Ministros sobre las mismas.

3. El Comité de Ministros examinará la enmienda propuesta y el informe del Comité europeo para los problemas criminales (CDPC) y, después de consultar con los Estados no miembros y partes del Convenio, podrá adoptar la enmienda.

4. El texto de la enmienda adoptado por el Comité de Ministros, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artí­culo, deberá comunicarse a los Estados para su aceptación.

5. Las enmiendas adoptadas conforme al párrafo 3 del presente artí­culo entrarán en vigor el trigésimo dí­a después del que los Estados hayan informado al Secretario General de su aceptación.

Artí­culo 45 -“ Reglamento de controversia

1. El Comité europeo para los problemas criminales (CDPC) está obligado a informar de la interpretación y aplicación del presente Convenio.

2. En caso de diferencias entre los Estados sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio, los Estados intentarán adoptar un reglamento de diferencia a través de la negociación o de cualquier otro medio pací­fico, con el compromiso de someter la controversia al Comité europeo para los problemas criminales, a un tribunal arbitral que tomará las decisiones que los Estados le sometan, o a la Corte internacional de justicia, a partir de un acuerdo adoptado por los Estados en litigio.

Artí­culo 46 -“ Reuniones de los Estados

1. Las Partes deberán reunirse periódicamente a fin de facilitar:

a. el uso y el efectivo cumplimiento del presente Convenio, la identificación de los problemas en esta materia, así­ como el efecto de las declaraciones o reservas formuladas conforme al presente Convenio;

b. el intercambio de información sobre novedades jurí­dicas, polí­ticas o técnicas observadas en la criminalidad informática y recogida de pruebas electrónicas;

c. el examen sobre la posible reforma del Convenio.

2. El Comité europeo para los problemas criminales (CDPC) deberá estar al corriente de las reuniones llevadas a cabo al amparo del párrafo 1.

3. El Comité europeo para los problemas criminales (CDPC) deberá facilitar las reuniones previstas en el párrafo 1 y adoptar las medidas necesarias para ayudar a los Estados a completar o modificar el Convenio. No más tarde de tres años a contar desde la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité europeo para los problemas criminales (CDPC) procederá, en cooperación con los Estados, a un examen conjunto de las disposiciones de la Convención y propondrá, en su caso, las modificaciones pertinentes.

4. Salvo que el Consejo de Europa los asuma, los gastos que ocasione la aplicación de las disposiciones del párrafo 1 deberán ser soportados por los Estados del modo que ellos mismos determinen.

Artí­culo 47 -“ Denuncia

1. Las Partes podrán, en cualquier momento, denunciar el presente Convenio mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa.

2. La denuncia entrará en vigor el primer dí­a del mes transcurridos tres meses desde la recepción de la notificación por el Secretario General.

Artí­culo 48 -“ Notificación

El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo de Europa, a los Estados no miembros que hayan tomado parte en la elaboración del presente Convenio, así­ como a cualquier Estado que se haya adherido o que haya sido invitado a adherirse:

a. cualquier firma;

b. el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

c. la fecha de entrada en vigor del presente Convenio según lo dispuesto en los artí­culos 36 y 37;

d. cualquier declaración hecha por mor de los artí­culos 40 y 41 o cualquier reserva formulada en virtud del artí­culo 42;

e. cualquier acto, notificación o comunicación referida al presente Convenio.

En vista de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.

Hecho en Budapest, el 23 noviembre 2001, en francés y en inglés, ambos textos con el mismo valor, y en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa remitirá copia certificada a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, a los Estados no miembros que hayan participado en la elaboración del Convenio y a cualquier Estado invitado a adherirse.
(1) El Convenio recoge, en la versión francesa, la expresión * «fournisseur de services* », cuya traducción literal serí­a la de * «proveedor de servicios* ». En la presente traducción, se ha optado por emplear el término * «prestador de servicios* », en la lí­nea seguida por la Directiva 2000/31 y el Proyecto de LSSI, como concepto o categorí­a omnicomprensiva que hace referencia a aquellos sujetos que desempeñan, profesionalmente, la actividad de prestación y gestión de accesos y servicios en Internet.
(2) También suele emplearse, para aludir a este tipo de datos, el término * «datos de tránsito* ».
(3) El Convenio emplea el término * «intentionnel* ». Sin embargo, en este caso, se ha preferido utilizar el vocablo * «doloso* » por corresponderse mejor con la categorí­a jurí­dico-penal propia del derecho español.
(4) El original en francés rubrica este ciberdelito como * «Abus de dispositifs* », lo que ha dado lugar a una traducción literal del mismo como * «Abuso de dispositivos* », expresión a la que, sin embargo, se ha preferido renunciar, por estimarse más precisa la empleada en texto.
(5) La interpretación de este último inciso suscita algunos interrogantes. De la literalidad del precepto podrí­a deducirse que la referencia * «elementos* » debe circunscribirse a los propios mecanismos o instrumentos aludidos en el precepto. Sin embargo, también serí­a posible inferir que el término * «elementos* » alude a * «ánimos* » o * «intenciones* », de modo similar a lo exigido en relación a otros delitos. Esta ambigí¼edad es resuelta a favor de la primera de las interpretaciones indicadas, por el Rapport explicatif del Convenio, en su parágrafo 75.
(6) Esta descripción se corresponde con la denominada * «pornografí­a técnica* ».
(7) Esta descripción se corresponde con la denominada* «simulada* » o * «pseudopornografí­a* ».
(8) El Convenio emplea el término * «entraide* », cuya traducción en español resulta multí­voca. Entre las distintas acepciones que puede asumir el vocablo (ayuda mutua, asistencia, colaboración), se han utilizado, de modo indistinto, * «asistencia* » y * «colaboración* ».