Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Nuevo proyecto de ley de buscadores

Posted: marzo 31st, 2011 | Author: | Filed under: Anonimato, Buscadores, Competencia judicial, Derecho a la imagen, derecho al olvido, Internet, Proyecto de Ley | Comentarios desactivados

El Senado y Cámara de Diputados…

ARTICULO 1º.- A los efectos de la presente ley, cialis 40mg los términos que a continuación se indican tendrán el significado previsto en el presente artículo:
1) Proveedores de Servicios de Internet: Incluye a los Proveedores de Acceso a Internet, stomach Proveedores de Facilidades de Interconexión, advice Proveedores de Alojamiento, Proveedores de Contenido o de Información y Proveedores de Servicios.
2) Proveedores de Acceso a Internet: Son quienes por medio de diferentes medios técnicos, prestan el servicio de conexión a la red Internet.
3) Proveedores de Facilidades de Interconexión: Son quienes aportan los medios estructurales para la circulación de la información en Internet, independientemente de las características de la conexión o de la circulación de la información en la red.
4) Proveedores de Servicios: Los Motores de Búsqueda y todos aquellos que ofrecen servicios y/o programas que utilizan Internet como medio necesario para prestar dichos servicios o utilizar dichas aplicaciones o programas.
5) Proveedores de Contenido o de Información: Son todos los que suministran contenidos a Internet, independientemente del formato utilizado para suministrar dichos contenidos e independientemente de si los suministraran en sitios webs propios o provistos por terceros.
6) Motores de Búsqueda: Quienes ofrecen en un sitio web el servicio de buscar en Internet enlaces a otros sitios webs en los que se encuentre o se encontraba el o los términos ingresados por el usuario.
7) Proveedores de Alojamiento: Quienes ofrecen los medios técnicos para que los desarrolladores y/o titulares de sitios Web hagan disponible el contenido de los mismos a todos los usuarios de Internet, almacenando o no los contenidos de los sitios en servidores de su propiedad.
8 )  Contenido específico: todo archivo de cualquier naturaleza o formato al que se pueda acceder a través de Internet.
ARTICULO 2º.- Los Proveedores de Servicios de Internet serán responsables por el almacenamiento automático de contenidos generados por terceros exclusivamente cuando tuvieren conocimiento efectivo, en los términos de esta ley, de que los contenidos almacenados violan normas legales o derechos de terceros.
ARTICULO 3º.- Toda persona, de existencia visible o ideal, podrá promover una medida ante el juez con competencia en su domicilio con el objeto de solicitar judicialmente que se elimine y/o se restrinja y/o se bloquee el acceso a uno o más contenidos específicos -sea en forma de texto, sonido, imagen o cualquier otra información o representación- que lesionen derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley de la República Argentina.
En el caso, el juez podrá ordenar las medidas requeridas en forma provisional sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. El juez podrá exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho alegado y que ese derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de violación, y ordenar que preste caución juratoria o aporte una fianza, o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.
En todo aquello no previsto especialmente por esta ley, la medida establecida en el presente artículo tramitará de conformidad con las normas del proceso previsto en los artículos 232 y 321 inciso segundo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y normas análogas de las legislaciones procesales provinciales.
ARTICULO 4º.- Será responsabilidad primaria del Ministerio Público solicitar las medidas indicadas en el artículo tercero de la presente ley ante contenidos específicos en los que se pueda observar la representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.
ARTICULO 5º.- Los Proveedores de Servicios de Internet serán responsables por la transmisión o retransmisión de contenidos generados por terceros exclusivamente cuando los propios Proveedores de Servicios de Internet sean quienes originen dicha transmisión o retransmisión, o cuando modifiquen o seleccionen los contenidos y/o seleccionen a los destinatarios de la información transmitida o retransmitida.
Se entenderá por modificación a la variación concreta, parcial o total, del contenido, pero no a la variación estrictamente técnica del formato de los contenidos transmitidos o retransmitidos.
ARTÍCULO 6º.- Los Proveedores de Alojamiento, los Proveedores de Contenidos y los Proveedores de Servicios que ofrezcan enlaces a otros sitios webs u ofrezcan información provista por terceros, serán responsables respecto de la información provista por los terceros exclusivamente en los casos en que tengan conocimiento efectivo de que la información almacenada viola normas legales o derechos de terceros.
ARTÍCULO 7º.- A los fines de la aplicación de la presente ley, se entenderá que los Proveedores de Servicios de Internet tienen conocimiento efectivo de que determinados contenidos violan normas legales o derechos de terceros desde el momento en que sean notificados del dictado de alguna de las medidas previstas en el artículo 3º de esta ley o de otra resolución judicial que así lo establezca.
ARTICULO 8º.- Los Motores de Búsqueda que se encuentren en sitios web bajo el código país (ccLTD) AR deberán agregar en sus sitios webs, dentro de los noventa días de la entrada en vigencia de ésta ley, una dirección de correo electrónico para la atención de reclamos de consumidores o usuarios, la cual deberá emitir una respuesta electrónica, incluyendo una copia del mensaje recibido, dirigida a la dirección electrónica del remitente confirmando la recepción del reclamo.
ARTICULO 9º.- Invítese a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al dictado de normas procesales similares a las previstas en la presente ley.
ARTICULO 10.- Comuníquese, etc.

Privacidad de los datos de la cámara comercial

Posted: marzo 11th, 2011 | Author: | Filed under: Anonimato, Argentina, Buscadores, Doctrina | Comentarios desactivados

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, tadalafil sala D, price 16/11/2010, E.G. y Servicios S.A. c. O., María Del Carmen

Buenos Aires, noviembre 16 de 2010.

 1. La demandada apeló en fs. 506 la providencia de fs. 505, en cuanto desestimó el libramiento de un oficio a la Mesa General de Entradas de esta Cámara a los fines de informar la conclusión del presente trámite….

2. Conforme con los arts. 19, 33 y 43 de la Constitución Nacional y su específico ordenamiento, la acción de hábeas data tiende a proteger a los individuos contra la información falsa o incompleta y los habilita a exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los datos, e impedir que se haga un uso abusivo o discriminatorio de ellos (Sagüés, Néstor P., “Amparo, Hábeas Data y Hábeas Corpus en la Reforma Constitucional”, LA LEY, 1994-D, 1151; y Ekmekdjian, Miguel Ángel, “El hábeas data en la reforma constitucional”, LA LEY, 1995-E, 946, entre otros); es decir, que uno de sus fines principales es posibilitar que el interesado pueda obtener la readecuación de datos obsoletos sobre su persona (art. 16, ley 25.326).

 Y así, a los fines de conciliar el interés de quienes utilizan esa información para evaluar la solvencia económico-financiera y brindar al individuo la posibilidad de actualizar los datos para que no se le cause ningún perjuicio (cfr. Ekmekdjian, op. cit.), esta Excma. Cámara de Apelaciones aprobó, en los Acuerdos celebrados el 28/4/10 y 29/9/10, lo dictaminado por la Comisión de Reglamento, en el sentido de que, en resguardo de esos derechos, el interesado deberá acudir en cada caso ante el juez de la causa y acreditar los extremos de procedencia de la rectificación o bloqueo de los datos personales, habida cuenta que la mencionada ley 25.326 impone su conservación durante los plazos previstos por las disposiciones aplicables. De modo que recién verificados esos recaudos el magistrado se encontrará habilitado para disponer el bloqueo de la información en la base de datos otorgando “carácter reservado” al registro respectivo para impedir su visualización en la página web del Poder Judicial de la Nación (exptes. n° S 3605/09; y S 1428/10).

3. Por ello, Se Resuelve: Con el alcance supra expuesto, admitir el recurso de que se trata y, en consecuencia, revocar la providencia de fs. 505, debiendo la demandada ajustar su petición a las directivas indicadas y peticionar en consecuencia de ser ello procedente.

 Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (art. 36 inc. 1º, Código Procesal) y las notificaciones pertinentes.

 El doctor Gerardo G. Vassallo no interviene por hallarse en uso de licencia (RJN 109). — Juan José Dieuzeide. — Pablo D. Heredia.


Revocan condena a buscadores en la cámara civil

Posted: agosto 24th, 2010 | Author: | Filed under: América Latina, Argentina, Buscadores, Derecho a la imagen, Google | Tags: , , | Comentarios desactivados

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, recuperation sala D, shop D. C., V. c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otro, 10/08/2010

2ª Instancia. — Buenos Aires, agosto 10 de 2010.

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:

I) Vienen estos autos a esta Sala, a fin de entender respecto de los recursos interpuestos contra la sentencia dictada a fs. 1935/1951, que hizo lugar a la demanda promovida por V. D. C. y condenó a Google Inc. y a Yahoo de Argentina S.R.L.

II) Las apelaciones:

La sentencia fue apelada por la actora a fs. 1953, por la codemandada Yahoo Argentina S.R.L. a fs. 1962 y por la codemandada Google Inc. a fs. 1967, recursos concedidos libremente a fs. 1954, 1965 vta. y 1970 vta., respectivamente.

Asimismo, los profesionales intervinientes, abogados, mediador, peritos y consultores técnicos, apelaron los honorarios que les fueran regulados.

III) Los antecedentes:

La accionante V. D. C. promovió demanda por derecho propio contra Yahoo de Argentina S.R.L. y Google Inc. por la suma de $200.000 en concepto de daño moral y material solicitando además se condenara a las demandadas al cese definitivo del uso antijurídico y no autorizado de su imagen y de su nombre y a su eliminación de los sitios de contenido sexual, erótico y pornográfico y sus vinculaciones con dichos sitios y actividades.

Señaló que se desempeña como modelo, cantante y actriz, habiendo tomado conocimiento de la aparición de su fotografía y de su nombre en distintas páginas web de dudosa reputación y comprobado que incluyendo su nombre en el campo de búsqueda de las accionadas o de búsqueda por imágenes, sus fotografías, nombre e imagen eran utilizados sin autorización o consentimiento e indebidamente en sitios de contenido sexual, pornográfico, de acompañantes y otras actividades vinculadas al tráfico de sexo.

Fundó su reclamo en la circunstancia de haber visto avasallados sus derechos personalísimos a su imagen, su honor, su nombre y a su intimidad, y en su uso no autorizado, ofreciendo prueba y solicitando se hiciera lugar a la demanda promovida.

Read the rest of this entry »


Protección de datos personales en América Latina

Posted: abril 12th, 2008 | Author: | Filed under: América Latina, Buscadores, Habeas Data, Público en general | Comentarios desactivados

Por Ana Brian Nougreres, symptoms Danilo Doneda, store Renato Jijena Leiva, pharm Pablo Palazzi y Nelson Remolina

Introducción

Esta breve nota pretende introducir al lector al estado actual de la protección de datos personales en la región latinoamericana (en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay).

Argentina

En el caso de Argentina, se trata del segundo paí­s en aprobar una ley de protección de datos personales (ley 25.326) luego de la ley chilena del año 1999. Desde el año 1994 la Constitución Federal contempla el habeas data (art. 43) y el Código Civil ampara la privacidad en sus diversas formas desde la reforma por ley 21.173 (art. 1.071 bis Código Civil). Además Argentina es signataria de numerosos tratados internacionales que tienen jerarquí­a constitucional en el ordenamiento interno y que amparan la privacidad e intimidad.

Argentina es un paí­s muy activo en materia de datos personales, con mucha discusión judicial y académica del tema. Asimismo Argentina fue el único paí­s latinoamericano aprobado por la UE (el otro paí­s del continente fue Canadá pero no es América Latina).

Sin embargo no todo es tan atractivo como se lo pinta. Está pendiente que la agencia argentina de datos personales funcione de manera mas activa, sea dotada de mayor personal y presupuesto y pueda encarar el estudio de sectores determinados de la sociedad que no cumplen con la ley de protección de datos personales en forma visible y patente a diario. Hay un amplio tráfico de bases de datos sustraí­das de fuentes estatales y privadas, mucho spam, cientos de casos de robo de identidad por mes que generan datos desactualizados y acciones de marketing que se realizan impunemente (ej. cesiones de datos personales sin permiso o conocimiento del titular o venta de bases de datos de salarios). Asimismo la agencia deberí­a ser independiente y su director no deberí­a ser nombrado por el Presidente sino por el Congreso, cuestión que estaba prevista en la ley original pero que el Poder Ejectuvio vetó en su momento. Por ende es necesaria una reforma legislativa de la ley 25.326 en estos y en otros aspectos como el caso de los bancos de datos privados destinados a proveer informes.

Brasil

O regime de proteí§í£o de dados pessoais no Brasil é formado por um conjunto de normas que somente podem ser sistematizadas sob o epí­teto de “proteí§í£o de dados” com um certo esforí§o doutrinário. A privacidade é uma garantia fundamental da Constituií§í£o Federal e, a partir dela, o ordenamento disciplina a aí§í£o de habeas data (foi o primeiro paí­s a instituí­-la) e a proteí§í£o aos crediários de consumo proporcionada pela lei de defesa do consumidor, além de uma série de outras normas se relacionam com o tema. A partir destes marcos normativos fundamentais, a proteí§í£o de dados se desenvolve de forma setorial, sem que chame a atení§í£o como uma disciplina integrada.

Várias destas regras setoriais merecem destaque. A lei de proteígio ao consumidor é razoavelmente completa sobre o tema e cobre um amplo leque das operaí§íµes de tratamento de dados pessoais no setor de comércio, o que é especialmente valioso com a grande expansí£o do crédito ao consumo em um passado recente. A própria aí§í£o de habeas data, se ní£o é propriamente adequada í  realidade do tratamento automatizado da informaí§í£o, é um marco importantí­ssimo e acaba por ter a funí§í£o de tornar clara a relaví¢ncia que a Constituiíí£o reconhece ao controle pessoal sobre os próprios dados. Porém, a consolidaí§í£o de um regime integrado de proteí§í£o de dados no Brasil parece ainda incipiente pela falta de disposií§í£o a reunir normas diversas sob a mesma rubrica – o que se demonstra ainda mais pela rejeií§í£o da jurisprudíªncia em identificar a proteí§í£o de dados como uma garantia fundamental do indiví­duo no direito brasileiro. De toda forma, nota-se nos últimos anos um certo desconforto com a aparente permissividade deste modelo, o que se verifica pelas reaí§íµes, dentro e fora do mundo jurí­dico, a iniciativas como o monitoramento compulsório dos automóveis por meio de chips Rfid, o monitoramento de detentos em regime semi-aberto, a transferíªncia de dados sanitários para o setor privado, entre outros casos que víªm ultimamente contribuí­ndo para o crescimento da discussí£o sobre o tema.

Chile

La ley chilena sobre protección de datos personales, N °19.628 del año 1999, fue redactada con la asesorí­a directa de grupos, gremios y empresas interesadas en asegurar el negocio que constituye el procesamiento de datos personales, lo que se sumó al desconocimiento de los parlamentarios que la impulsaron. Estas afirmaciones resultan evidentes del análisis comparado con las dos normas en que los parlamentarios dijeron haberse fundado, la ley francesa de 1978 y la española de 1992, con las cuales existen diferencias radicales, de forma y de fondo.

Las causas de la falta de real aplicación de la ley en Chile se deben a sus graves errores de fondo y de estructura, que desde 1999 han impedido su vigencia efectiva. A la ley chilena le faltan aspectos orgánicos esenciales, como la existencia de un registro de bases de datos particulares, de un ente fiscalizador, de un procedimiento de reclamo administrativo y de sanciones eficaces. La norma ha transformado al hábeas data en una mera declaración de intenciones, ya que por la ví­a de las excepciones y por establecer como regla general una enorme libertad en materia de procesamiento de datos personales, se permite su “tratamiento” sin autorización de los titulares.

A lo anterior, se agrega que el derecho de acceso se sometió a la competencia de los tribunales y no de un ente administrativo eficaz y especializado (cuando en contrario, incluso se habí­a propuesto una Superintendencia de Bases de datos); y porque -para no encarecer los costos del negocio-, dicen las Actas, se eliminó la obligación de que se informara una vez al año a los titulares de los datos sobre su procesamiento, con lo cual se permitió el anonimato que hoy cubre el tráfico indiscriminado de información nominativa.

Aunque el tema de los -datos personales o nominativos procesados computacionalmente- va mucho más allá que el problema de los protestos, de la morosidad comercial y de los archivos históricos almacenados en bancos de datos por cierto lapso de tiempo, esta es la principal connotación que se le ha dado en Chile a la Ley Nº 19.628.

* ¿Los responsables del error legislativo denominado Ley 19.628?. Es cosa de ver las Actas e Informes parlamentarios. El Ejecutivo de la época que no colegisló; y el parlamentario que hoy, desde su cargo de Ministro, sigue insistiendo en foros especializados en que la culpa es de los ciudadanos despreocupados y no de la radical falta de idoneidad de la norma chilena.

Finalmente, un instructivo Presidencial del febrero del año 2007, sobre desarrollo digital, consignó que serí­a una nueva Polí­tica Pública el atender a problemas derivados del avance de las TICs no considerados adecuadamente, como las ambigí¼edades en torno a la privacidad y a la seguridad de los datos personales. A esta fecha no se han presentado proyectos de ley iniciados en el Gobierno (si en Mociones parlamentarias) en este sentido.

Colombia

En Colombia el tema de la protección de datos personales no es nuevo a pesar de no contar con una ley especí­fica sobre el tema. Se podrí­a resumir el caso colombiano diciendo que desde la perspectiva jurí­dica existe una amalgama de normas conformada por el artí­culo 15 de la Constitución que considera el habeas data como un derecho fundamental sumado a una serie de disposiciones sectoriales que tangencialmente se refirieren a la materia mas la importante jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde 1992 a enero de 2008 se ha pronunciado en más de 140 sentencias.

La jurisprudencia colombiana ha seguido muy de cerca los principios internacionales sobre la protección de datos personales que han sido incorporados en documentos de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Desde la primera sentencia (T 414/92) la Corte Constitucional de Colombia ha establecido que la persona es el titular y propietario del dato personal. Para ella es obligación de los administradores de bancos de datos administrar correctamente y proteger los archivos y bases de datos que contengan información personal o socialmente relevante y no atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Corte Constitucional señaló, de manera general, que -la función de administrar una base de datos debe fundamentarse en los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad-. Concretamente, ha precisado que los administradores deben: (1) Obtener previamente la autorización de la persona cuyos datos se pretende incluir en la base; (2) Notificar a la persona sobre la inclusión de sus datos en el banco e informarle que va a reportar su información en una base de datos con miras a que el titular pueda desde un comienzo ejercer sus derechos de rectificación y actualización;(3) Actualizar permanente y oficiosamente la información para que ésta sea veraz, completa y no se omitan factores que pueden cambiar el buen nombre de la persona; (4) Eliminar de oficio la información negativa que ha caducado con el paso del tiempo; (5) Indemnizar los perjuicios causados por la falta de diligencia o por posibles fallas en el manejo, tratamiento o administración de datos personales; (6) Garantizar el derecho de acceso, actualización y corrección. Estos derechos implican que el ciudadano tenga -la posibilidad (-¦) de saber en forma inmediata y completa, cómo, por qué y dónde aparece cualquier dato relacionado con él-

-si la información es errónea o inexacta, el individuo puede solicitar, con derecho a respuesta también inmediata, que la entidad responsable del sistema introduzca en él las pertinentes correcciones, aclaraciones o eliminaciones, a fin de preservar sus derechos fundamentales vulnerados-. Finalmente, la Corte ha precisado que, por regla general, -no puede recolectarse información sobre datos -sensibles- como, por ejemplo, la orientación sexual de las personas, su filiación polí­tica o su credo religioso, cuando ello, directa o indirectamente, pueda conducir a una polí­tica de discriminación o marginación-.

Actualmente se encuentra en la Corte Constitucional el proyecto de ley estatutaria aprobado en 2007 cuyo texto se puede consultar “aqui”:http://gecti.uniandes.edu.co/columna.html . Le corresponde a la Corte establecer si dicho texto se ajusta o no a la Constitución. No obstante, debemos anotar que no existe consenso sobre la conveniencia del proyecto ya que ha sido objeto de crí­ticas. De hecho, frente a la Corte varias entidades, ciudadanos, expertos, exmagistrados y consticuionalistas ha solicitado diversidad de cosas: declararlos constitucional integralmente, declararlo inconsticional totalmente y parcialmente. Desde la academia reconocemos que el proyecto contiene aspectos positivos pero a la vez creemos que tiene muchas falencias y apartes claramente inconstitucionales (Ver: Documento GECTI No. 8 del 27 de septiembre de 2007. “El proyecto de ley sobre habeas data y protección de datos personales es inconstitucional”, “Documento radicado ante la Corte Constitucional de Colombia”:http://gecti.uniandes.edu.co/documentos.html y también “Alarma y desconcierto por la futura ley de habeas data, la protección de datos personales y los deudores morosos”:http://gecti.uniandes.edu.co/docs/%2024%20may%202007.pdf ). Esta apreciación también ha sido compartida por la Procuradurí­a General de la Nación en su concepto 4407 (Ver: “Gran parte del proyecto de ley estatutaria sobre habeas data es inconstitucional”:http://gecti.uniandes.edu.co/C4407.pdf (concepto No. 4407).

Uruguay

El modelo uruguayo nos muestra, por un lado, normativa marco, constituida por las disposiciones de los artí­culos 72 y 332 de la Constitución de la República (1967), que consagran los principios generales como fuente de derecho en nuestro paí­s. Esta concepción -“jusnaturalista-”nos habilita a decir que no existe desamparo para los ciudadanos uruguayos, y que sus datos personales tienen medios de protección consagrados en la Carta. La interpretación de nuestra Constitución en su carácter de normativa enmarcadora de los principios generales del derecho nos permite una integración de los principios consagrados en tratados internacionales como parte integrante del ordenamiento jurí­dico nacional. Entendemos, por tanto, que la protección de datos personales está implí­citamente consagrada en nuestro ordenamiento jurí­dico normativo con carácter general.

Además, en este paí­s, existe expresa consagración normativa de la protección de datos personales en normas de alcance sectorial, que vienen a regular distintos aspectos que conciernen a la protección de datos personales y al derecho de acceso. Así­ podemos mencionar la consagración del secreto tributario y previsional, el secreto bancario, el secreto estadí­stico, el derecho de acceso a la información, el acceso por la autoridad impositiva a los datos que se encuentren en poder de órganos u organismos públicos estatales o no estatales para el control de los tributos, la acción de amparo, la protección de los datos de identificación civil, la prohibición de cesión, venta, reproducción o entrega a terceros de información relativa al estado civil de las personas del Registro de Estado Civil; la inscripción registral de las personas que tienen la condición de deudor alimentario moroso, el carácter reservado de los datos personales de los menores y adolescentes, los datos médicos, la consagración de la libertad de pensamiento e información, el sector comercial, la acción de habeas data, la creación de un Registro de Empresas Infractoras a la normativa laboral en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Si bien la Constitución no ampara explí­citamente la protección de datos personales ni el acceso a la información como derechos fundamentales, no puede concluirse que el ordenamiento uruguayo no posea medios para la tutela de los datos personales. Sí­ los posee en función de los preceptos constitucionales, que habrán de ser informados conjuntamente con los contenidos en las declaraciones y convenios multilaterales signados por nuestro paí­s, y la variada y dispersa normativa existente.

El sistema uruguayo de protección de datos, aún sin contener una ley que ampare con carácter general la protección de los datos personales, sí­ posee una adecuada enumeración y desarrollo de los principios generales que rigen el derecho fundamental a la protección de datos personales (“Ley N* ° 17838″:http://www.habeasdata.org/uruguayleydatospersonales, Ley N* ° 16616), tiene expresa consideración del derecho de acceso (Ley N* ° 16736), define los datos sensibles (Ley N* ° 17838), tiene consagrada la acción de amparo como instrumento procesal para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección de los datos (Ley N* ° 17838, Ley N* ° 16099).

En términos generales, el sistema uruguayo nos brinda algunas herramientas para la protección de los datos, que no son pocas.

A estudio del parlamento se encuentran al dí­a de la fecha dos proyectos de ley que pueden delinear próximos cambios en el sistema de protección de datos uruguayo. El primero, sobre -Acceso a la información pública y amparo informativo e Instituto Nacional para la información pública-, se encuentra a estudio de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores desde el año 2006 (Carpeta N* ° 541/2006). El segundo, “sobre protección de datos”:http://www.habeasdata.org.uy/2008/03/04/proyecto-de-ley-sobre-proteccion-de-datos-personales-en-uruguay/, ingresó desde el Poder Ejecutivo al análisis del Poder Legislativo en el mes de septiembre de 2007; se le dio ingreso formal a la Cámara de Senadores en la primera sesión de octubre y pasó a ser analizado por la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara parlamentaria uruguaya”.

Conclusiones

Solamente dos paí­ses poseen leyes que siguen el modelo europeo en la región (de las cuales una ya fue considerada adecuada por la Unión Europea de protección de los datos personales) y en otos tres paí­ses hay proyectos legislativos en curso de análisis. El resto de la región parece encontrarse un tanto distante de tener una ley de protección de datos personales.

***


La red latinoamericana sigue creciendo

Posted: marzo 2nd, 2008 | Author: | Filed under: América Latina, Buscadores, Colombia, Público en general | Comentarios desactivados

Se suma Colombia con un blog a cargo del Profesor Nelson Remolina

La red latinoamericana de habeas data sigue creciendo. A los blogs ya existentes se suma el blog Habeas Data Colombia, page publicado en http://www.habeasdata.org.co/, drug denominado Observatorio de la protección de datos en Colombia a cargo del Prof. Nelson Remolina Angarita. Nelson es abogado y profesor de Derecho de la Universiad de los Andres con estudios de posgrado en Londres en materia de derecho y nuevas tecnologí­as en la London School of Economics and Political Sciences. Es asiduo contribuyente a los informes de Privacy and Human Rights y autor de varios libros y numerosos artí­culos e investigaciones en la materia y fundador del GETCI de la Universidad de los Andes, el grupo mas importante de opinión e investigación de Colombia sobre los aspectos legales de las nuevas tecnologí­as.


Habeasdata.org Chile

Posted: marzo 31st, 2007 | Author: | Filed under: Buscadores, Chile, Colombia, Público en general | No Comments »

Se acaba de lanzar un nuevo Foro sobre “habeas data y datos personales”:http://www.habeasdata.org/ en la región; en este caso se trata de “Habeasdata.org de Chile”:http://www.habeasdataorg.cl/.

El blog lo escribe y actualiza “Renato Jijena Leiva”:http://www.jijena.cl/, viagra dosage un abogado chileno especializado en Derecho Informático, public health de los primeros que comenzaron con estos temas en América Latina. Renato publicó en el año 1992 unas de las primeras obras (por no decir la primera) sobre privacidad informática en la región. Se titulaba “Chile, la protección penal de la intimidad y el delito informático”.

Desde esa época, ha sido con gran constancia y seriedad un arduo defensor (y crí­tico, con mucha razón, de lo que se ha hecho en su paí­s) de la privacidad informacional en América Latina. Ha escrito, asesorado y disertado en numerosos ámbitos internacionales no solo sobre habeas data y protección de datos personales sino sobre todos los temas del derecho informático como puede apreciarse de la lectura de su “sitio personal”:http://www.jijena.cl/.

El blog se puede consultar en “http://www.habeasdataorg.cl/”:http://www.habeasdataorg.cl/

Bienvenidos a la Red iberoamericana de Habeas Data…


Reglas de Heredia

Posted: noviembre 7th, 2003 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, América Latina, Anonimato, Blogs, Buscadores, Datos sensibles, Documento, Google, Habeas Data, Honor, Internacional | Comentarios desactivados

REGLAS MÍNIMAS

PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN JUDICIAL EN INTERNET

Reglas de Heredia

Finalidad

Regla 1. La finalidad de la difusión en Internet de las sentencias y resoluciones judiciales será:

(a) El conocimiento de la información jurisprudencial y la garantía de igualdad ante la ley;

(b) Para procurar alcanzar la transparencia de la administración de justicia.

Regla 2. La finalidad de la difusión en Internet de la información procesal será garantizar el inmediato acceso de las partes o quienes tengan un interés legitimo en la causa, generic a sus movimientos, citaciones o notificaciones.

Derecho de oposición del interesado

Regla 3. Se reconocerá al interesado el derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de difusión, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. En caso de determinarse, de oficio o a petición de parte, que datos de personas físicas o jurídicas son ilegítimamente siendo difundidos, deberá ser efectuada la exclusión o rectificación correspondiente.

Adecuación al fin

Regla 4. En cada caso los motores de búsqueda se ajustarán al alcance y finalidades con que se difunde la información judicial.

Balance entre transparencia y privacidad

Regla 5. Prevalecen los derechos de privacidad e intimidad, cuando se traten datos personales que se refieran a niños, niñas, adolescentes (menores) o incapaces; o asuntos familiares; o que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos; así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad; o victimas de violencia sexual o domestica; o cuando se trate de datos sensibles o de publicación restringida según cada legislación nacional aplicable o hayan sido así considerados en la jurisprudencia emanada de los órganos encargados de la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales.

En este caso se considera conveniente que los datos personales de las partes, coadyuvantes, adherentes, terceros y testigos intervinientes, sean suprimidos, anonimizados o inicializados, salvo que el interesado expresamente lo solicite y ello sea pertinente de acuerdo a la legislación.

Regla 6. Prevalece la transparencia y el derecho de acceso a la información pública cuando la persona concernida ha alcanzado voluntariamente el carácter de publica y el proceso esté relacionado con las razones de su notoriedad. Sin embargo, se considerarán excluidas las cuestiones de familia o aquellas en los que exista una protección legal específica.

En estos casos podrán mantenerse los nombres de las partes en la difusión de la información judicial, pero se evitarán los domicilios u otros datos identificatorios.

Regla 7. En todos los demás casos se buscará un equilibro que garantice ambos derechos. Este equilibrio podrá instrumentarse:

(a) en las bases de datos de sentencias, utilizando motores de búsqueda capaces de ignorar nombres y datos personales;

(b) en las bases de datos de información procesal, utilizando como criterio de búsqueda e identificación el número único del caso.

Se evitará presentar esta información en forma de listas ordenadas por otro criterio que no sea el número de identificación del proceso o la resolución, o bien por un descriptor temático.

Regla 8. El tratamiento de datos relativos a infracciones, condenas penales o medidas de seguridad, sólo podrá efectuarse bajo el control de la autoridad pública. Sólo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de los poderes públicos.

Regla 9. Los jueces cuando redacten sus sentencias u otras resoluciones y actuaciones, harán sus mejores esfuerzos para evitar mencionar hechos inconducentes o relativos a terceros, buscaran sólo mencionar aquellos hechos y datos personales estrictamente necesarios para los fundamentos de su decisión, tratando no invadir la esfera íntima de las personas mencionadas. Se exceptúa de la anterior regla la posibilidad de consignar algunos datos necesarios para fines meramente estadísticos, siempre que sean respetadas las reglas sobre privacidad contenidas en esta declaración. Igualmente se recomienda evitar los detalles que puedan perjudicar a personas jurídicas (morales) o dar excesivos detalles sobre los moda operandi que puedan incentivar algunos delitos. Esta regla se aplica en lo pertinente a los edictos judiciales.

Regla 10. En la celebración de convenios con editoriales jurídicas deberán ser observadas las reglas precedentes.

Definiciones

Datos personales: Los datos concernientes a una persona física o moral, identificada o identificable, capaz de revelar información acerca de su personalidad, de sus relaciones afectivas, su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio físico y electrónico, número nacional de identificación de personas, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad o su autodeterminación informativa. Esta definición se interpretara en el contexto de la legislación local en la materia.

Motor de búsqueda: son las funciones de búsqueda incluidas en los sitios en Internet de los Poderes Judiciales que facilitan la ubicación y recuperación de todos los documento en la base de datos, que satisfacen las características lógicas definidas por el usuario, que pueden consistir en la inclusión o exclusión de determinadas palabras o familia de palabras; fechas; y tamaño de archivos, y todas sus posibles combinaciones con conectores booleanos.

Personas voluntariamente públicas: el concepto se refiere a funcionarios públicos (cargos electivos o jerárquicos) o particulares que se hayan involucrado voluntariamente en asuntos de interés público (en este caso se estima necesaria una manifestación clara de renuncia a una área determinada de su intimidad)

Anonimizar: Esto todo tratamiento de datos personales que implique que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable.

Alcances

Alcance 1. Estas reglas son recomendaciones que se limitan a la difusión en Internet o en cualquier otro formato electrónico de sentencias e información procesal. Por tanto no se refieren al acceso a documentos en las oficinas judiciales ni a las ediciones en papel.

Alcance 2. Son reglas mínimas en el sentido de la protección de los derechos de intimidad y privacidad; por tanto, las autoridades judiciales, o los particulares, las organizaciones o las empresas que difundan información judicial en Internet podrán utilizar procedimientos más rigurosos de protección.

Alcance 3. Si bien estas reglas están dirigidas a los sitios en Internet de los Poderes Judiciales también se hacen extensivas —en razón de la fuente de información— a los proveedores comerciales de jurisprudencia o información judicial.

Alcance 4. Estas reglas no incluyen ningún procedimiento formal de adhesión personal ni institucional y su valor se limita a la autoridad de sus fundamentos y logros.

Alcance 5. Estas reglas pretenden ser hoy la mejor alternativa o punto de partida para lograr un equilibrio entre transparencia, acceso a la información pública y derechos de privacidad e intimidad. Su vigencia y autoridad en el futuro puede estar condicionada a nuevos desarrollos tecnológicos o a nuevos marcos regulatorios.

Heredia, 9 de julio de 2003.

Recomendaciones aprobadas durante el Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la ciudad de Heredia (Costa Rica), los días 8 y 9 de julio de 2003 con la participación de poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y académicos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay.