Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

La cámara comercial considera constitucional el decreto reglamentario en cuanto regula el derecho al olvido (y altera la ley)

Posted: febrero 21st, 2008 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | Tags: , | Comentarios desactivados

Si bien en el caso no fue planteado expresamente, website los jueces se pronuncian sobre el texto del decreto reglamentario y lo consideran constitucional y ajustado a la letra y espiritu de la norma, disinfection aunque en un tramo señalan la solución como opinable.

TEXTO DEL FALLO

CNCom, Sala D, 7/12/2007

En Buenos Aires a los 7 dí­as del mes de diciembre de 2007, reúnense los señores Jueces de la Sala D de la Excelentí­sima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa -Oderigo Romualdo íngel y otro contra The First National Bank of Boston N.A. y otro sobre Ordinario” Registro N* ° 14.432/02, procedente del JUZGADO N* ° 11 del fuero (SECRETARIA N* ° 21), donde está identificada como expediente 90.605, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debí­an votar en el siguiente orden, Doctores: Dieuzeide, Vassallo y Heredia.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
* ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Dieuzeide, dijo:

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Presentan denuncia contra Facebook en Inglaterra

Posted: enero 24th, 2008 | Author: | Filed under: Casos | Tags: | No Comments »

La “BBC”:http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7196803.stm informa que un usuario de Facebook ha presentado la primera denuncia ante el Comisionado de protección de datos (“Information Commissioner’s Office”:http://www.ico.gov.uk/ o ICO) de ese paí­s por infracción a la ley de protección de datos personales. Se basa en que el sitio denunciado no borra todos los datos personales en cuestión.

Cuando se borra una cuenta, hospital la misma en ralidad es desactivada pero esa información queda en los ordenadores de facebook, dentist con la finalidad de reactivar la cuenta si el usuario desea volver. Pero esto implica que los datos no se borran y pueden quedar indefinidamente en contra del principio de protección de datos personales que ordena minimizar la recolección de datos personales. Existe una forma de borrar completamente la información pero no es de fácil acceso para el usuario comun. Además se pone la carga de esta tarea sobre el usuario de internet, y no todos son experimentados como los jóvenes que usan Facebook. Según la noticia que comentamos en este nota, publicada en el sitio de la BBC News, la ICO investigará la polí­tica de privacidad de Facebook y sus consecuencias sobre sus usuraios. Con anterioridad Facebook se vio obligada a desactivar su “sistema beacon de alerta”:http://bits.blogs.nytimes.com/2007/11/29/the-evolution-of-facebooks-beacon/ “por los problemas de privacidad que causó en Estados Unidos.”:http://www.nytimes.com/2007/11/30/technology/30face.html?_r=1&oref=slogin

En Argentina la “ley de protección de datos personales”:http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm establece que “Los datos *deben ser destruidos* cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados” (art. 4.7 ley 25.326). Esta norma es importante porque podrí­a resultar de aplicación para los miles de argentinos que usan Facebook.


Fallos sobre anonimato de usuario de blogspot – Libertad de expresión

Posted: enero 15th, 2008 | Author: | Filed under: América del norte, Anonimato, Casos, Derecho a la imagen | Comentarios desactivados

In the Matter of the Application Pursuant to CPLR 3102 of Pamela Greenbaum, viagra Petitioner, visit this site against Google, pilule Inc. d/b/a Blogger and Blogspot.com, Re-spondent.

102063/07

SUPREME COURT OF NEW YORK, NEW YORK COUNTY

2007 NY Slip Op 27448; 18 Misc. 3d 185; 845 N.Y.S.2d 695; 2007 N.Y. Misc. LEXIS 7274

October 23, 2007, Decided

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Hábeas data por exceso de antigí¼edad de los datos y su relación con la imposición de costas

Posted: octubre 23rd, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | No Comments »

Publicado en El Derecho, allergy Nº 11.864, hemophilia Año XLV, urticaria del 18 de octubre de 2007, pág. 1.

*Hábeas data por exceso de antigí¼edad de los datos y su relación con la imposición de costas*
*por Luis R. Carranza Torres*

_Ningún juego puede ser jugado sin reglas_
Ví€CLAV HAVEL, dramaturgo y polí­tico checo

Sumario: 1. El fallo y sus cuestiones. 2. Finalidad del registro de datos de solvencia patrimonial. 3. Algunas puntualizaciones respecto de la imposición de las costas en el hábeas data. 4. La necesidad de resguardo de los datos de las personas en el derecho del siglo XXI.

*1. El fallo y sus cuestiones*

Lo decidido en los autos “Zappino Jorge Salvador c/ Compañí­a Financiera Argentina s.a. s/ amparo”, por la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, una vez más nos pone frente a dos cuestiones de acentuada importancia en materia de protección de datos.
La primera de ellas, respecto del tiempo que deben guardarse los registros relativos a la solvencia patrimonial de las personas. Tema que nos conduce a tener que considerar la finalidad misma del registro y publicidad de tales datos.
En segundo lugar, el fallo realiza algunas consideraciones a destacar, respecto de la imposición de costas en el hábeas data. Debiendo repararse en el punto, que siendo dicha acción de protección de datos personales, una garantí­a constitucional de ribetes acusadamente especí­ficos, resulta por tanto lógico que en la materia de las costas procesales tengamos que estar a ciertos parámetros propios.
Tanto en uno como otro caso, fallos como el que aquí­ comentamos, no hace sino confirmar el impacto de las nuevas tecnológicas en la vida diaria de las personas, y la consiguiente necesidad que el derecho atienda sus continuas, y muchas veces mutantes, necesidades de amparo jurí­dico.

*2. Finalidad del registro de datos de solvencia patrimonial*

Solvencia, según el Diccionario de la Lengua Española realizado por le Real Academia, admite varios significados, a saber: 1) Acción y efecto de solver o resolver; 2) Carencia de deudas; 3) Capacidad de satisfacerlas; 4) Cualidad de solvente.
A su vez, solvencia deriva de solver, vocablo que proviene del latí­n solvÄ•re, siendo un término en desuso que refiere a la capacidad de resolver una duda o hallar la solución de un problema.
De todas las significaciones expresadas, la que nos interesa aquí­, es la que alude a la capacidad de satisfacer deudas
En este sentido, con la voz solvencia se alude a la situación fáctica de tener o contar con medios suficientes para satisfacer las propias deudas y cumplir con los compromisos adquiridos. Circunstancia que se traduce en un nivel de prestigio comercial, intelectual o moral.
En su artí­culo 26 la ley de protección de datos personales establece que solamente se podrá registrar y difundir en la prestación de servicios de información crediticia, –¦datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito-, así­ como –¦datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial-.
Estamos entonces hablando de datos que pueden ayudar a indicar un comportamiento de pago futuro. Tales registros, para cumplir con dicha función, deben poseer, inexcusablemente, actualidad. Ya que los datos de un pasado no reciente carecen de toda habilidad para mostrar o permitir inferir dicho comportamiento, atneto el tiempo transcurrido.
Es por ello que la ley, en el cuarto párrafo de dicho artí­culo 26 , impone un plazo para su difusión, determinando que los datos cuya antigí¼edad supere los cinco años, que se reduce a dos en el caso de regularizarse la obligación, no pueden ser difundidos. Sin que obste a ello que la obligación se halle o no prescripta, desde que la información no tiene otra función que ayudar a determinar la solvencia de una determinada persona.
Resulta claro asimismo que la antigí¼edad a que hace mención la norma debe computarse a partir del acaecimiento del hecho, cualquiera sea su tiempo de registro. Pues la ley habla de datos y no de registro, para empezar. Y en segundo lugar por una cuestión de lógica elemental. Es el hecho del cumplimiento o incumplimiento y no su registro, lo que resulta hábil para ponderar la capacidad de afrontar sus obligaciones futuras de una persona.
Esto último determina, asimismo, que sólo pueden registrarse datos efectivamente ocurridos (cumplimientos o incumplimientos), y no potenciales.
Es por ello que, como nos dice Palazzi, ante la difusión de datos que superan la antigí¼edad fijada en la ley, o que por otra causa no resulten hábiles para evaluar la solvencia económica de una determinada persona, la entidad de provisión de información crediticia del caso “… esta ejerciendo abusivamente el derecho a informar y a trabajar que le asiste, en detrimento del derecho a la privacidad del registrado” (

3. Algunas puntualizaciones respecto de la imposición de las costas en el hábeas data

En relación a las costas, no se halla en la ley 25326 una regulación particular, por lo que en virtud del art. 37 corresponde aplicar las normas relativas al amparo, en donde se sigue el criterio general de imponerlas a la parte vencida, en virtud de la aplicación del principio objetivo de la derrota.
En los autos “Zappino Jorge Salvador c/ Compañí­a Financiera Argentina s.a. s/ amparo”, la Sala impone las mismas a la entidad demandada, no obstante haber dado de baja el dato durante el proceso, entendiendo que con su mora en suprimir el dato, -puso al accionante en la necesidad de accionar-.
De nuestra parte, hemos entendido que respecto de las acciones de hábeas data, sólo procede para el caso de allanamiento, lo preceptuado por al art. 70 inc. 1 del CPCCN, si éste, no hubiese sido intimado de modo extrajudicial por idéntico objeto al de la pretensión de la acción interpuesta, o si siendo intimado, no se hubiese negado a cumplir con lo pedido por el ahora actor.
Existiendo una intimación previa al retiro de los datos, que resulta condición necesaria para admitir la acción judicial, la negativa u omisión del requerido a cumplimentar con lo pedido, no deja otra salida al titular de los datos que recurrir a la autoridad judicial por la ví­a del hábeas data a fin de hacer cesar dicha situación. Por lo que la baja del dato o incluso un allanamiento expreso carece de significación para eximirse de las costas del proceso. Sin perjuicio que tal acto sea meritado respecto del -quantum- de ellas, al haber posibilitado una finalización anticipada del pleito.
En el mismo sentido se ha entendido que siendo un deber de la empresa que lucra con la emisión de informes de los que surge la eventual solvencia comercial de las personas, el instrumentar las medidas necesarias para que la información suministrada se ajuste a la realidad o soportar sus consecuencias, sin que sean los propios sujetos pasivos de la información los que deban aportar los datos pertinentes, consecuentemente, si fue necesaria la iniciación del proceso para rectificar la información existente en los respectivos archivos informáticos que se encontraban desactualizados, resulta justificada la imposición de costas a la accionada .
Asimismo, se ha entendido por parte de la jurisprudencia, que en las acciones de hábeas data no resulta procedente la eximición de costas del art. 68 párr. 2º del Cód Procesal fundado en el argumento de que la falsa o incorrecta información que brindó la demandada fue suministrada por otra entidad .

*4. La necesidad de resguardo de los datos de las personas en el derecho del siglo XXI*

El constante avance tecnológico de nuestra época genera, a la par de nuevas formas de consumo, y mayor multiplicidad de bienes, nuevos riesgos jurí­dicos para las personas.
La mediatización de las relaciones humanas, en virtud de dicho factor tecnológico, pensado este último para atender de modo masivo y despersonalizado cada vez mayores porciones de nuestra vida diaria, coloca no pocas veces al ser humano, como sujeto de derechos, como titular de sus propios datos, en una situación de desprotección no por otro ser humano, sino frente a tecnologí­as inanimadas o estructuras burocráticas no estatales, pero con similar .capacidad de afectarlo en sus derechos básicos.
Frente a ello, la leal actuación de la acción de hábeas data, por parte de todos los actuarios comprometidos en ella (titular de datos, entidad registrante, jueces, abogados) se presenta como una de las pocas soluciones para resguardar la dignidad de las personas en el contexto tecnológico.


Nuevo dictamen de la Dirección de Datos Personales sobre derecho al olvido

Posted: octubre 17th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | No Comments »

Como informamos con anterioridad “en este blog”:http://www.habeasdata.org/Dicamen-2007-PTN, viagra la “Procuración del Tesoro de la Nación”:http://www.habeasdata.org/Dicamen-2007-PTN, medicine a diferencia de la DNPDP (ver “dictamenes”:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/dictamenes/2005/D2005_061.pdf), health care sostuvo que a efectos de establecer si un dato debe ser informado por una entidad bancaria a la Central de Deudores del Sistema Financiero, administrada por el Banco Central de la República Argentina, sólo corresponde atender a la fecha en que la deuda se tornó exigible y, a partir de allí­, computar los cinco o dos años que establece el artí­culo 26, inciso 4* °, de la Ley N* ° 25.326, según corresponda.

Ahora la DNPDP, a pedido del BCRA, en un nuevo dictamen cuya copia se adjunta en este post sostiene una nueva tesis sobre el derecho al olvido.

Ver en “este sitio”:http://www.habeasdata.org/documentos/Dict2007150.pdf y “DNPDP – Dictamen 150/2007, sobre derecho al olvido”:http://www.pablopalazzi.net/wp-content/uploads/2007/11/dict_2007_150.pdf

Ref.: Actuación 366/1381 B.C.R.A.

DICTAMEN DNPDP Nº /07

BUENOS AIRES,

SEÑORES GERENTE Y SUBGERENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con relación a las actuaciones de referencia, por las que se adjunta, para conocimiento y opinión de esta Dirección Nacional, el Dictamen S.E.F.y C. Nº 178/07, emitido por el servicio jurí­dico permanente del BANCO CENTRAL DE LA REPíšBLICA ARGENTINA con relación a la interpretación del artí­culo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, de Protección de Datos Personales.

I

En primer lugar, corresponde hacer una reseña de los presentes actuados.

El dictamen a que se ha hecho referencia precedentemente ha sido elaborado por el servicio jurí­dico permanente del BANCO CENTRAL DE LA REPíšBLICA ARGENTINA a pedido de la GERENCIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, en su carácter de administradora de la CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO.

Asimismo, lo ha sido como consecuencia de lo dictaminado por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, en el Dictamen Nº 388 de fecha 20 de noviembre de 2006, el que oportunamente fuera girado por esta Dirección Nacional a la entidad bancaria mencionada a fin de que tomara conocimiento de sus términos.

En esta ocasión, se someten a consideración de esta Dirección Nacional las conclusiones que, respecto de la interpretación del citado artí­culo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, efectuara el referido servicio jurí­dico a tenor de lo dictaminado por la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

En consecuencia, corresponde ahora emitir opinión en cuanto al fondo del asunto sometido a consulta.

1. La postura de este Órgano de Control ha sido puesta de manifiesto en los Dictámenes DNPDP Nos. “61″:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/dictamenes/2005/D2005_061.pdf y “185″:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/dictamenes/2005/D2005_185.pdf, ambos del año 2005 y reposa en el fundamento que tanto el artí­culo 26 de la Ley 25.326, como de su homónimo de la reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01, deben ser interpretados en forma armónica, ya que una de las principales reglas de la hermenéutica obliga a que frente a dos interpretaciones posibles, una que opte por la integración entre dos normas y otra por su contradicción, habrá de estarse a la primera de ellas.

Por ello se concluyó que mientras la deuda sea exigible, la fuente puede seguir renovando la información de que la deuda sigue vigente. Ello, dado que el plazo de cinco años se cuenta desde la última información adversa que revele la vigencia de la deuda. De esta manera se integran los postulados del artí­culo 26 de la Ley Nº 25.326 y del artí­culo 26 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1558/2001.

Dicho de otra manera, el plazo de 5 años de la información archivada por la empresa de riesgo crediticio se computará a partir de la última información difundida por fuente legí­tima (el titular del dato, el acreedor, fuentes de acceso público), siempre y cuando la información se produzca mientras la obligación se encuentre vigente.

Se arribó a dicha conclusión teniendo en cuenta que la reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01 goza de los caracteres de presunción de legitimidad y de fuerza ejecutoria, de conformidad con el artí­culo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Ley 19.549). Existiendo un modo de interpretar en forma armónica Ley y Decreto, no hay nulidad manifiesta, siguiendo la regla de hermenéutica antes señalada, que justifique a la Administración dejar de cumplir lo dispuesto por un acto administrativo.

En virtud de ello, la DNPDP, en su carácter de órgano administrativo, está obligada a regirse no sólo por los preceptos de la Ley 25.326, sino también con lo dispuesto por la reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01.

2. Por otro lado, no debe perderse de vista que el artí­culo 26 de la Ley Nº 25.326 implica una excepción al principio del consentimiento del titular para tratar sus datos, autorización permitida por un lapso de cinco años, el que se reduce a dos, en el caso que se extinga la obligación.

Ese plazo de caducidad de la información debe ser aplicado sin perder de vista otros principios que rigen la protección de datos personales.

De lo contrario, a partir de que se deje de informar a una persona porque se venció ese término de cinco años, las ulteriores consultas que se efectúen sobre ella dejarán de cumplir con el principio de calidad contemplado en el artí­culo 4º de la Ley Nº 25.326, pues se informará que no debe quien en realidad todaví­a es deudor.

De ese modo, la información suministrada no será cierta. Pero, la falta de calidad del dato que cederán las bases de datos de riesgo crediticio estarí­a -“entonces justificada por el inciso 4º del artí­culo 26 de la Ley 25.326.

3. No obstante lo hasta aquí­ expuesto, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACION ha esbozado en su Dictamen Nº 338/06 una interpretación que, a la vez de armonizar las normas bajo examen, es más favorable para el titular del dato, sujeto de protección de la Ley Nº 25.326.

Dicho de otra manera, la hermenéutica desarrollada en esa opinión, compatibiliza los postulados del inciso 4º del artí­culo 26 de la Ley Nº 25.326 con el artí­culo homónimo de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1558/01, al igual que la postura de esta Dirección Nacional manifestada en los ya citados Dictámenes DNPDP Nos. 61 y 185 del año 2005, pero que resulta más favorable para el sujeto de derecho de la Ley 25.326 que es el titular del dato.

Por ello, a la luz de la interpretación del artí­culo 26 de la reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01 que habilita la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, este Órgano de Control entiende que debe adecuar el criterio expuesto en los mencionados dictámenes, en el sentido que debe computarse el plazo de los cinco años que establece el artí­culo 26, inciso 4º, de la Ley Nº 25.326, desde que la obligación se tornó exigible, por considerarse que esta es la última información adversa que revela que dicha deuda era exigible, en los términos del artí­culo 26 de reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01.

4. Ahora bien, la GERENCIA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN del BANCO CENTRAL DE LA REPíšBLICA ARGENTINA consulta la opinión de esta Dirección Nacional adjuntando el Dictamen S.E.F.y C. Nº 178/07 producido por la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

En dicho informe, que toma en consideración los términos del “Dictamen Nº 338/06 de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN”:http://www.habeasdata.org/Dicamen-2007-PTN, que a la sazón resulta obligatorio y vinculante para esa dependencia opinante (conf. Dictamen PTN 192:52), se lleva adelante una distinción entre las obligaciones con vencimiento único y las obligaciones con vencimiento en cuotas.

El fundamento tomado en consideración para efectuar la diferenciación aludida, radica en entender que el dictamen de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, sentó una norma general de interpretación y aplicación del artí­culo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, derivado del análisis de una obligación con un solo vencimiento, que además no presentó dudas en cuanto al momento en que la deuda se tornó exigible, pero -“según indica no surge de tal dictamen el modo de computar el plazo del derecho al olvido en los supuestos de pagos en cuotas, los que tienen particularidades que no fueron consideradas, en razón de no corresponder a la consulta concreta sometida a consideración de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.

Conforme la distinción efectuada, la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes del BANCO CENTRAL DE LA REPíšBLICA ARGENTINA termina concluyendo que:

a) Si se trata de obligaciones con vencimiento único o en cuotas, el plazo del denominado derecho al olvido comienza a correr a partir de la fecha en la que la deuda se tornó exigible, es decir, con prescindencia de la prescripción.

b) En los casos de obligaciones con vencimiento único la mora se configura en el momento estipulado para el cumplimiento del total de la obligación y la información susceptible de ser incluida en la central de deudores serí­a la relacionada con el total de lo adeudado.

c) En los casos de obligaciones en cuotas, la mora y, consecuentemente, el inicio del plazo del derecho al olvido se produce con el vencimiento de la primera cuota impaga y se interrumpe y reinicia con cada nuevo vencimiento en tanto el banco acreedor no haga uso de la facultad de dar por decaí­dos todos los plazos y exigir el pago de la totalidad de la deuda. Dentro de ese plazo y en virtud del principio de integridad del pago, se puede informar la totalidad de la deuda existente desde el inicio de la obligación.

Al respecto, entiende esta Dirección Nacional que el criterio esbozado con respecto a las deudas de pago en cuotas se adecua al temperamento analizado.

En efecto, no cabrí­a darle otro sentido a la frase -la última información adversa que revela que la deuda era exigible- ya analizada, en tanto que mientras se sigan sucediendo los consecutivos vencimientos de las cuotas, habrá distintas fechas de exigibilidad parciales correspondientes a cada cuota vencida, siempre y cuando el acreedor no exija el pago de la totalidad de la deuda, momento desde el cual la obligación se tornará exigible en su totalidad y dará comienzo al plazo del derecho al olvido.

En lo que hace a lo manifestado para las obligaciones de pago único, no cabe duda que el criterio esbozado se adecua a lo analizado en la presente opinión, así­ como al Dictamen Nº 338/06 de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.

II
En virtud de lo expuesto precedentemente, esta Dirección Nacional en lo que es materia de su competencia no tiene observaciones que formular al criterio manifestado por el servicio jurí­dico permanente del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en el Dictamen S.E.F.y C. Nº 178/07.

Saluda a Ud. muy atentamente.

A LOS SEÑORES GERENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y

SUBGERENTE DE OPERACIÓN TECNICO CONTABLE

DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

D. Gustavo O., BRICCHI y Oscar A. DEL RIO

S / D


Sentencia TS sobre control empresarial del correo electrónico

Posted: octubre 10th, 2007 | Author: | Filed under: Casos, Google, Internet, Laboral, Público en general | Comentarios desactivados

TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA

Sentencia de fecha: 26 de septiembre de 2007
Ponente: Excmo. Sr. D. Aurelio Desdentado Bonete

SENTENCIA

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Perú: multa de 5400 dólares por spam

Posted: agosto 25th, 2007 | Author: | Filed under: Casos, Internacional, Público en general, Spam | No Comments »

El blog “Peru sin Spam”:http://perusinspam.wordpress.com/ nos informa que se acaba de imponer la primera multa a un spammer en ese paí­s aplicando “la norma anti-spam que se aprobó en el año 2005″:http://www.habeasdata.org/Peru_ley_anti_Spam junto a “su reglamentación”:http://www.indecopi.gob.pe/antispam/reglamento-antispam.html . Luego de un proceso que duró 6 meses, recuperation finalmente el “INDECOPI”:http://www.indecopi.gob.pe/ emitió la resolución sancionadora. El documento es bastante extenso y detallado (tiene 22 páginas) pero aquí­ les transcribimos la decisión final de la comisión que multó a la empresa con la suma de 5 Unidades Impositivas Tributarias, lo que equivale a aproximadamente 5,400 dólares americanos (*). Gracias a Alfredo San Martin Piaggio por la noticia.

*4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN*

PRIMERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor San Martí­n en contra de Escuela de Empresa S.A.C. por infracción a la Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM) y a la Ley de Protección al Consumidor.

SEGUNDO: ordenar a Escuela de Empresa S.A.C., como medida correctiva de oficio, que cumpla con abstenerse de enviar, correos electrónicos comerciales a la dirección de correo del denunciante. Asimismo, a efectos de salvaguardar el interés colectivo de los consumidores, se ordena que Escuela de Empresa S.A.C. cumpla con adecuar el enví­o de sus correos electrónicos comerciales, según lo prescrito en las normas vigentes en materia de regulación de correos electrónicos comerciales no solicitados.

En ese sentido, se requiere a Escuela de Empresa S.A.C. para que en un plazo no mayor de diez (10) dí­as hábiles de notificada la presente resolución, informe a la Comisión sobre las acciones adoptadas para el cumplimiento de la medida correctiva ordenada.

TERCERO: declarar improcedente la solicitud efectuada por el señor San Martí­n respecto al pago de una indemnización. (NOTA: Pedí­ que se solicitará el pago de indemnización a cada una de las personas afectadas por el SPAM. Según la ley la indemnización es de 1% de la UIT por cada email recibido).

CUARTO: sancionar a Escuela de Empresa S.A.C. con una multa ascendente a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la cual será rebajada en 25% si la denunciada consiente la resolución y procede a cancelar la misma dentro del plazo de cinco (5) dí­as de su notificación, conforme a lo establecido en los artí­culos 37* ° y 38* ° del Decreto Legislativo N* ° 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley N* ° 27809, Ley General del Sistema Concursa.
QUINTO: ordenar Escuela de Empresa S.A.C. que en un plazo no mayor a cinco (5) dí­as hábiles de notificada la presente, cumpla con pagar al señor San Martí­n las costas del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de S/.34.50; Ello, sin perjuicio del derecho del denunciante de solicitar la liquidación de costas y costos, una vez concluida la instancia administrativa.

Con la intervención de los señores Comisionados: Dr. Alonso Morales, Dr. Juan Luis Daly, Dr. Uriel Garcí­a, Dra. Lorena Masias, Sr. Diego Cisneros, y Dr. Mauricio Novoa.
***

( * ) 1 UIT unidad impositiva tributaria = 3,400 soles; un dolar=3.14 soles.-


Tribunal Constitucional de Chile reconoce el derecho de acceso a la información pública

Posted: agosto 17th, 2007 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, Casos, Chile | No Comments »

Santiago, hair nueve de agosto de dos mil siete.
VISTOS:
Por Oficio Nº 82, de 17 de octubre de 2006, complementado por Oficios Nº 114, de 30 de noviembre del mismo año, y Nº 14, de 24 de enero de 2007, la Ilustrí­sima Corte de Apelaciones de Valparaí­so solicita a este Tribunal se pronuncie sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artí­culo 13 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, según texto refundido, coordinado y sistematizado fijado por Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, del año 2001, del Ministerio Secretarí­a General de la Presidencia, especí­ficamente, -en cuanto dispone como una de las causales en cuya virtud se podrá denegar la entrega de documentos o antecedentes de carácter público, el que su divulgación o entrega afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el jefe superior del órgano requerido-.
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Acceder al correo electrónico sin autorización del titular es ilegal

Posted: julio 12th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Delitos | No Comments »

Sala II Causa n* ° 25.062 -Ilic, discount Dragoslav s/ medios de prueba-.
Juzg. Fed. n* ° 7 Secret. n* ° 14.
Expte. n* ° 6924/2006/3.

/////////////////nos Aires, ambulance 5 de junio de 2.007.
Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I Llegan estas actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud de la apelación deducida a f. 20/4 por Dragoslav Ilic, con el patrocinio letrado de los Dres. José M. Ubeira y Juan J. Ribelli, contra la resolución del Magistrado a quo que declaró ilegí­tima la utilización como medio de prueba de los mails agregados a f. 2/38 del principal y la imposibilidad de pronunciarse, a partir de ello, con respecto a su solicitud de ser tenido como parte querellante (puntos dispositivos I y II).

El recurrente se agravia de lo así­ resuelto básicamente por entender que el acceso ilegí­timo a una cuenta de correo electrónico, si bien un hecho claramente inmoral y enemistoso, no resulta tí­pico a la luz de las normas penales que sancionan la violación de las comunicaciones arts. 153 y siguientes , por lo que las piezas obtenidas de tal modo no pueden reputarse -prueba ilí­cita- ni por tanto ser excluida su valoración. Subsidiariamente, planteó la existencia en autos de ví­as independientes que habilitarí­an de igual modo la investigación de esta hipótesis delictiva.
II Advierten los suscriptos que la pretensión del recurrente parte de un enfoque equivocado: es que se considere o no al hecho como tí­pico del delito de violación de correspondencia debate que, inversamente a lo sostenido, no se encuentra zanjado en la jurisprudencia (Fallos 328:3324) no es lo que en su caso determinará la inadmisibilidad como prueba en el proceso de los elementos de tal forma adquiridos, sino la circunstancia de haberse obtenido mediante la transgresión a un derecho constitucional.
Sentado lo anterior y ya en estricta relación al caso en estudio, cabe recordar que el artí­culo 19 de la Constitución Nacional también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 17 y 11) consagra el derecho a la privacidad y con ello la existencia de un ámbito de autonomí­a individual reservado a cada persona sólo penetrable por su libre voluntad, comprensivo de los sentimientos, hábitos, costumbres, aspectos de la personalidad y en suma de aquellas acciones, hechos o datos no destinados a ser difundidos (CSJN, in re -Ponzetti de Balbí­n-, Fallos 306:1892).

Es en protección de éste área de reserva que sin agotar su alcance el propio texto constitucional establece como garantí­as la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia epistolar y de los papeles privados (cf. en especial, Considerando 20 del voto del ministro Petracchi), las cuales encuentran su correlato a nivel legislativo en las respectivas disposiciones de los códigos sustantivos, los de procedimiento y otras normas, como la ley n* ° 25.520 que, en lo aquí­ pertinente, dispone: -Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsí­mil o cualquier otro sistema de enví­o de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así­ como cualquier tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario- (artí­culo 5* °).
Una adecuada y progresiva exégesis de las cláusulas involucradas revela entonces sin mayor dificultad que los intercambios que mantienen los individuos mediante el uso de nuevas tecnologí­as, como el correo electrónico, están comprendidas en el ámbito de autonomí­a propio del derecho a la privacidad (cf. en este sentido, Gelli, Marí­a Angélica, -Constitución de la Nación Argentina. Concordada y Comentada-. La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 203/8; y Maier, Julio B. J., -Derecho Procesal Penal. Fundamentos-. Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, p. 694), que como tal importa un lí­mite al poder estatal, pero también a la acción de los particulares, sólo franqueable por el consentimiento libre de su titular o en los casos que mediante una reglamentación razonable se establezcan por ley. Tal es, por otra parte, el criterio también adoptado por otros tribunales (cf. de la C.C.C., Sala IV, causa n* ° 25.065 -Redruello- del 15/11/04, y de la Sala I, causa n* ° 19.418 -Grimberg- del 11/2/03 y causa n* ° 20.009 -Yelma- del 22/4/03).
Ahora bien, ninguna de esas situaciones de excepción se presenta en el supuesto de autos: el acceso a la cuenta de correo electrónico de donde se extrajeron copia de los mails en cuestión no fue autorizada por su titular (cf. el testimonio del periodista Daniel Santoro a f. 54 del principal) como tampoco por alguna autoridad judicial en el regular ejercicio de su jurisdicción, por ejemplo, en uso de las facultades regladas en el artí­culo 231 o siguientes del Código Procesal Penal de la Nación.

De allí­, que no cabe sino concluir en que los elementos arrimados anónimamente al estudio de uno de los letrados patrocinantes del recurrente fueron obtenidos merced una ilegal intromisión en la privacidad pues más allá de que pueda ello reputarse o no un delito penal, sin dudas constituye un acto ilí­cito en los términos del Código Civil, Libro Segundo, Sección Segunda, Tí­tulo VIII -De los actos ilí­citos-, artí­culo 1071bis en franca violación de un derecho constitucional y, por ello, deviene inadmisible su incorporación al proceso como prueba válida. Repárese en que una solución contraria, de conformidad con los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, comprometerí­a la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilí­cito a través del cual se adquirieron tales evidencias (Fallos 303:1938, 306:1752 y 308:733).
Sólo resta señalar entonces que no es posible tratar a los dichos del damnificado, posteriores al suceso y especí­ficamente relativos a ese actuar ilegí­timo del que fue ví­ctima, como un cauce de investigación independiente. Resulta manifiesto que ellos no pueden ser desvinculados de esa ví­a, máxime si se tiene presente la repercusión pública que adquirió el hecho.
En mérito de todo lo hasta aquí­ expuesto, el punto dispositivo I de la resolución que viene apelada se confirmará.
III Sin perjuicio de lo resuelto, debe señalarse que en su anterior intervención en autos la Sala ordenó sustanciar el debate precedente por considerar que la legitimidad o no de los mails como medio de prueba constituí­a una cuestión sin cuya previa dilucidación no era posible analizar la solicitud del impugnante que apoyándose en el contenido de esas piezas pretendí­a ser tenido como parte querellante (cf. auto del 26/10/06, reg. n* ° 25.928, cuya copia encabeza este legajo).

Así­, superado ese extremo, no existe óbice alguno para pronunciarse sobre su pedido y definir finalmente su situación procesal en estas actuaciones; lo cual, a esta altura, se impone. Por tal motivo, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en el punto dispositivo II, debiendo el Juez a quo expedirse por la procedencia o no de su admisión como parte en el proceso.
Por otra parte, se advierte que ningún temperamento se adoptó en torno a lo dispuesto por la Sala en el Considerando III de la citada decisión.
IV Por último, en punto a la solicitud efectuada a f. 23 cabe hacer notar que tal como se desprende del principal la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura ya ha tomado vista recientemente de la totalidad de este expediente (f. 1143, 1144/5 y 1150).
Por todo lo expuesto, el TRIBUNAL RESUELVE:
I) CONFIRMAR el punto dispositivo I de la decisión impugnada, que declaró ilegí­tima la utilización como medio de prueba de los mails agregados a f. 2/38 del principal.
II) DEJAR SIN EFECTO el punto resolutivo II de ese decisorio, DEBIENDO el Sr. Juez de grado, devueltas que le sean estas actuaciones, proceder del modo indicado en la presente.
Regí­strese, hágase saber al Sr. Fiscal General y remí­tase a primera instancia, donde deberán efectuarse las restantes notificaciones a que hubiere lugar.


Fallo de la Corte Suprema sobre daños ocasionados por el robo de identidad

Posted: junio 28th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Blogs, Casos, Público en general | No Comments »

La Corte Suprema en instancia originaria dictó un fallo en el caso “Serradilla v. Provincia de Mendoza”:http://www.habeasdata.org/pdfs/Serradila.pdf en el cual condena a la provincia de Mendoza y al Estado Nacional a indemnizar los padecimientos sufridos por el actor. En concreto, viagra order el estado extravió el trámite del pedido de triplicado del DNI del actor que se usó para cometer delitos (apertura ilí­cita de cuentas en bancos y estafas), heart con las consiguientes incomodidades que ello provoca para el verdadero titular: aparecer como deudor en bases de datos, cough y el cierre de cuentas y tarjetas.

Actualmente el robo de identidad es un flagelo que no cesa de aumentar.

Hace un año el “diaro clarí­n publicó una nota sobre robo de identidad”:http://www.si.clarin.com.ar/suplementos/zona/2006/08/27/z-03015.htm donde denunciaba que cada mes se realizan 133 denuncias por robo de identidad. Agregaba al respecto que “Es un delito de moda y sin control. Usan datos de otra persona para pedir préstamos, comprar electrodomésticos y hasta autos. Los especialistas culpan a la fragilidad de los documentos, al descontrol de los bancos de datos y a que se dan microcréditos con pocos requisitos”.

Por ahora nada se ha hecho, salvo recargar a la justicia con fallos que llegan tarde para resarcir a las ví­citimas de estos hechos. Es necesario un plan nacional en esta materia destinado a reforzar la seguridad de los datos personales de la gente. Hay muy buenos ejemplos a seguir en Estados Unidos y otros paí­ses, con normas especiales en el ámbito penal y de los informes comerciales.