Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Jornadas de Datos Personales en San Isidro

Posted: abril 21st, 2008 | Author: | Filed under: Argentina, Conferencias, Daños | No Comments »

Area Académica – Jornada de Actualización
-Ley de Protección de Datos Personales. Vigencia de la Información de las Deudas Bancarias-
Organizada por los Institutos de Derecho Concursal y Derecho Bancario.
Coordinador: Dr. Gerónimo M. De Francesco
Miércoles 7 de Mayo de 2008, more about 16 a 20 horas
Temario:
SISTEMA DE TRANSMISION DE DATOS. Informes Comerciales.
Disertante: Dr. Ricardo Abecassis

EL NUEVO MUNDO DIGITAL, page LA PREVENCION Y LA QUIEBRA.
Disertante: Dr. Arnoldo Kleidermacher

CADUCIDAD DEL DATO. Derecho al Olvido.
Disertante: Dr. Alejandro Drucaroff.

RECTIFICACION DE INFORMACION ERRONEA. Habeas Data.
Disertante: Dr. Eduardo Barreira Delfino

Actividad no arancelada:

CERTIFICADOS: se expedirán certificados de asistencia con costo del solicitante.

INFORMES ES INSCRIPCION:
Colegio de Abogados de San Isidro -“ Area Académica.
Acassuso 442 (1642) San Isidro Tel 4743 5720 (int. 227/228/240258) Fax 4732 2835.
email: areacademica@casi.com.ar / institutos@casi.com.ar
internet: www.casi.com.ar


HRH Prince of Wales v Associated Newspapers Ltd

Posted: diciembre 31st, 2006 | Author: | Filed under: Casos, Daños, Derecho a la imagen, Europa, UK, Unión Europea | Tags: , , | Comentarios desactivados

HRH Prince of Wales v. Associated Newspapers Ltd

COURT OF APPEAL, somnology CIVIL DIVISION
JUDGMENT: APPROVED BY THE COURT FOR HANDING DOWN (SUBJECT TO EDITORIAL CORRECTIONS)

[2006] EWCA Civ 1776, doctor [2006] All ER (D) 335 (Dec), treatment (Approved judgment)

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Caso de daño Moral por Información errónea

Posted: septiembre 25th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Daños | No Comments »

*Daño Moral – Información errónea*
CNCiv., pills Sala B, 17/03/2006. – Francini, Patricia Claudia c. Citibank s/daños y perjuicios

El hecho de que la institución bancaria demandada hubiera rectificado en el término de noventa y seis horas la errónea información comunicada en relación a la actora, en virtud de la cual fue calificada de morosa de una tarjeta de crédito cancelada desde hací­a tres años, no purga lo que si bien latente para la ví­ctima era patente para cualquiera que consultase la base de datos informatizados, tanto que fue descubierto por un tercero.

Existe una probabilidad suficiente que una persona con acceso al crédito, por mí­nimo que éste sea esté posicionada en mejor condición comercial que aquella que se ve impedida por el obrar negligente de un tercero. El conocimiento de esta circunstancia de pérdida de oportunidades que temporalmente le causó el demandado, sumado a haber sido portador de una imagen oculta de descrédito social, cuando en realidad honró todas sus hipotéticas deudas, es lo que debe serle resarcido a la actora.

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 17 dí­as del mes de marzo de dos mil seis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: *Francini, Patricia Claudia c. Citibank s/daños y perjuicios* respecto de la sentencia de fs. 128/132, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: * ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debí­a efectuarse en el siguiente orden señores jueces doctores: Claudio Ramos Feijóo; Mauricio Luis Mizrahi; Gerónimo Sansó.

A la cuestión planteada el doctor Ramos Feijóo, dijo:

1. La sentencia de fs. 128/132 condenó a la demandada a pagar la suma de $ 5000 en concepto de daño moral. Esta se agravia a fs. 150/152. Manifiesta en la pieza procesal indicada que coincide con la jueza en que en la valoración del daño moral debe analizarse la influencia en la personalidad de la ví­ctima y su equilibro espiritual. Cita a la actora en la narración de sus hechos, en cuanto a que al fundar los mismos destacó la vergí¼enza y el descrédito que habrí­a generado en su persona y a su familia aparecer en el Veraz Risk en situación morosa.

Se queja porque la sentencia no indica cuál ha sido la afectación personal que está indemnizando.

Dice asimismo que la actora no prueba el sufrimiento de una alteración espiritual ni daño a su personalidad.

Al no resultar la condena de una apreciación crí­tica de las (inexistentes) pruebas obrantes en autos y desde que no aplica razonablemente el derecho vigente, debe ser revocada.

A f. 152, la actora, que consintió la sentencia, contesta los agravios.

3. La sentencia se encuentra firme en lo que hace a la responsabilidad del Citibank. Puntualmente la Sra. jueza parafrasea la contestación de demanda: “Citibank informó al BCRA de la deuda que en sus registros figuraba y que correspondí­a a la actora. Ahora bien, producido el reclamo, se advirtió que la deuda en cuestión correspondí­a a cuota de renovación y gastos de resumen de una tarjeta cuya baja ya se habí­a producido. Así­ es que se registró un involuntario error al informar de aquella deuda. Error que, como bien señala la actora, fue inmediatamente revertido…”.

Está reconocido que la demandada informó al BCRA que la actora revestí­a la calidad de “morosa” y fue calificada y expuesta en el Veraz Risk como “categorí­a 4″, de alto grado de insolvencia. En el Veraz Risk se le informó, el 28 de febrero del 2000, que resultaba deudora de una tarjeta de crédito MasterCard (la cual habí­a sido dado de baja debidamente en septiembre de 1997).

La demandada se presenta asimisma como “una reconocida institución bancaria con una larga trayectoria en el mercado financiero y bancarios de nuestro paí­s. Como tal, se ha caracterizado a lo largo de los años por la seriedad y capacidad con la que se desenvuelve en cada uno de los servicios que presta al público en general, lo que le ha permitido obtener un reconocimiento innegable” (f. 53 vta.). Son su propias palabras (art. 34, inc. 4º, CPCC) las que la encuadran en la letra de los arts. 512, 902, 904 y 1109, cód. civil.)

El cumplimiento de la comunicación “A” 2216 y en su caso las concordantes (“A” 2440, “A” 2580) no morigera y mucho menos autoriza a la entidad crediticia a propagar información errónea.

La aludida circunstancia de haber rectificado el error en el término de 96 hs. (f. 59) no purga lo que si bien latente para la ví­ctima (en griego estar cubierto, oculto, se dice lathein, con la misma raí­z de nuestro latente, latir. Decimos del corazón que late, no porque pulse y se mueva, sino porque es una ví­scera, porque es lo oculto o latente dentro del cuerpo. Cuando logramos sacar claramente a la luz el ser oculto, de la cosa decimos que hemos averiguado su verdad. Por lo visto, averiguar significa adverar, hacer manifiesto algo oculto, y el vocablo con que los griegos decí­an verdad aletheia resulta significar lo mismo: “a” equivale a “des”, por tanto aletheia es des-ocultar, descubrir, des-latentizar” (Ortega y Gasset, “Idea del Teatro”, Revista de Occidente, Madrid, 1958, pág. 26) era patente para cualquiera que lo consultase, tanto que fue descubierto por un tercero. Es decir reuní­a el bifronte carácter de latente (para el perjudicado) y patente (para terceros).

Es en función de las consultas a las bases de datos informatizadas, que los terceros elaboran el perfil personal comercial de un cliente, en función del cual tomarán sus decisiones.

Bueno es recordar en el punto a Rudolph von Ihering “Permí­tasenos aducir un tercer ejemplo: el del comerciante. El crédito es para él, lo que honor es para el campesino; debe de mantenerlo porque es la condición de su vida. El que le acusara de no tener cumplidas todas sus obligaciones y llenos sus compromisos, le lastimarí­a más sensiblemente que si le atacase en su personalidad o en su propiedad, mientras que el militar se reirí­a de tal acusación y el campesino la sentirí­a bien poco. Es tal, por esto, la situación del comerciante, que hace las leyes actuales, especialí­simas en ciertos casos, y que le sean exclusivo y peculiares ciertos caos, y que le sean exclusivos y peculiares ciertos delitos, como el de la bancarrota simple y el crimen de la quiebra fraudulenta” (“La lucha por el Derecho”, pág. 81, versión al castellano del prof. Adolfo Posada, prólogo de L. Alas -a. Clarí­n-, Araujo, Buenos Aires, 1939).

Hace ya tres décadas se afirmaba “en la sociedad moderna, muchas decisiones que afectan a individuos están basadas en información almacenada en archivos de computadoras, pay roll, archivos de seguridad social, médicos, etcétera” (Consejo de Europa, Convenio sobre la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, Convenio núm., 108, 1981, BOE, 15 de noviembre de 1985, citado en “La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional de datos personales”, Olga Estadella Yuste, Generalitat de Catalunya, Centre d’Investigación de la Comunicación, pág. 14, nota 1, Madrid, Tecnos, 1995).

Existe una probabilidad suficiente que una persona con acceso al crédito, por mí­nimo que este sea, esté posicionada en mejor condición comercial, que aquella que se ve impedida por el obrar negligente de un tercero. El conocimiento de esta circunstancia de pérdida de oportunidades que temporalmente le causó el demandado, sumado a haber sido portador de una imagen oculta de descrédito social, cuando en realidad honró todas sus hipotéticas deudas, es lo que debe resarcirle a la actora.

Esto me basta para colegir que frente a la toma de conocimiento por parte del perjudicado de su mal calificada situación de deudor moroso de una tarjeta cancelada desde hací­a tres años, haya sufrido afecciones legí­timas que trascienden lo patrimonial, configurando un daño moral cuantificable (arts. 1078 y 522, cód. civil) como lo determinó la sentencia atacada.

En atención a las constancias de autos parafraseadas el monto arribado por concepto de daño moral, resulta razonable y compadece con antecedentes de esta sala (“Riestra, Graciela Beatriz c. Banco Bansud s/daños y perjuicios” expte. L 61.0554/2003 -J.32- rta. 13-6-05).

Por lo hasta aquí­ expuesto propongo al acuerdo la confirmación de la sentencia atacada. Las costas se imponen a la demandada vencida (art. 68, CPCC).

Los doctores Mizrahi y Sansó, por análogas razones a las aducidas por el doctor Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Y Vistos: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia atacada. Las costas se imponen a la demandada vencida (art. 68, CPCC). Notifí­quese y devuélvase. – Claudio Ramos Feijóo. – Mauricio L. Mizrahi. – Gerónimo Sansó.


Condena a pagar $20.000 a un banco por difundir datos inexactos

Posted: junio 14th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Daños | No Comments »

*Jdo Comercial 5, prescription secretaria 10 de la Ciudad de Buenos Aires*
*Caso -CME C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ Ordinario-*
Buenos Aires, capsule 5 de junio de 2006.-

*I. El expediente*
Llega este expediente caratulado “CME c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario” individualizado mediante nº 59328 del registro de la Secretarí­a nº 10 de este Juzgado, order a los fines de dictar sentencia.

*II. Los hechos y la causa*
1. MEC promovió la presente acción contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (en adelante Banco Provincia), procurando cobrar la suma de $ 20.000 con más los intereses y costas correspondientes.

En su escrito liminar de fs. 7/15, la pretensora relató que la base de su reclamo se sustenta en la falsa información que fuera suministrada por el banco demandado al Banco Central de la República Argentina y su ulterior difusión en las bases de datos de empresas de riesgo crediticio.
Al respecto, señaló que en el mes de noviembre de 2000 tomó conocimiento de que el banco Provincia la habí­a calificado en situación 4, pero que ello no se correspondí­a con la realidad en tanto la única vinculación que mantení­a con la entidad bancaria era un crédito hipotecario el que no estaba en deuda.
Ante tal circunstancia, promovió una acción de habeas data, proceso en el que se advirtió que la falsa información se habrí­a atribuido a un error de tipeo en el CUIT efectuado por personal del banco.

La sentencia recaí­da en dicho expediente habrí­a dispuesto la rectificación de la información del BCRA.
Continuó su relato diciendo que años después, en octubre de 2003 volvió a tener inconvenientes de la misma í­ndole, en tanto aparecí­a nuevamente como deudora de alto riesgo y de carácter incobrable. Explicó que promovió otra acción de habeas data en tanto el banco la habrí­a calificado de tal modo fundado en una supuesta deuda hipotecaria que no existió.
Más adelante, aclaró que se desempeña como administradora de edificios y que tuvo un episodio en una de las reuniones de consorcio, en la que uno de los propietarios le habrí­a planteado que detectó por la página web del BCRA que ella tení­a problemas de morosidad por una suma muy elevada. Ello, la hizo temer que perderí­a la administración de ese y otros edificios, debido a la pérdida de confianza de los propietarios en su persona.
Enmarcó su relación con el banco, y por ende el daño, dentro del área contractual; en tanto ella mantení­a un crédito que fue pagado oportunamente. Y que esa difusión de la falsa información crediticia afectó su buen nombre, causándole un daño moral.
Destacó que el banco debí­a responder por su doble error, conducta que reprochó de negligente, máxime por tratarse de un profesional. Ofreció prueba solicitando se hiciera lugar í­ntegramente a su reclamo.

2. Corrido el pertinente traslado, a fs. 30/2 se presentó Banco Provincia a través de su apoderada, quien solicitó el rechazo de la acción iniciada en su contra, negando todos y cada uno de los hechos de la pretensión material de la actora.
De otro lado, reconoció que efectivamente se produjeron de modo involuntario los dos informes erróneos acerca de la situación de la actora. Pero, en su defensa, arguyó que actuó con celo a fin de subsanar el inconveniente.

Adicionalmente, opuso excepción de prescripción respecto del primer episodio ocurrido, pues sostuvo que desde noviembre de 2000 hasta la fecha de interposición de la demanda, transcurrió con holgura el plazo de 2 años previsto en el CCiv 4037. Y agregó que el hecho no guarda relación con la vinculación contractual que uniera a las partes, por lo cual, se estarí­a ante una responsabilidad extracontractual cuya prescripción serí­a de plazo bienal.

De otro lado, y con respecto al segundo incidente, explicó que el hecho objetivo del error no tiene como contrapartida necesaria un daño y menos de naturaleza moral. Por ello, sostuvo que la actora no padeció un daño efectivo derivado del hecho. Impugnó asimismo el monto pretendido por considerarlo elevado y, a todo evento, indicó que no corresponderí­a integrar una eventual condena con intereses.

3. La accionante respondió la excepción de prescripción opuesta en los términos de fs. 38/40.

4. La causa fue abierta a prueba produciéndose la que surge del certificado actuarial de fs.124, tras lo cual se pusieron los autos para que las partes presentaran sus alegatos. La actora presentó su alegato a fs. 139/144, y la demandada lo hizo a fs. 146/8; finalmente, se llamaron los autos para dictar sentencia (fs. 151).

*III. El análisis de la cuestión*

1. La pretensora instó la presente acción a fin de que le sean resarcidos los daños que se habrí­an generado por la errónea información brindada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a las bases de datos del BCRA que la habrí­a identificado como deudora de categorí­a 4 en dos oportunidades (noviembre de 2000 y octubre de 2003), pues sostuvo que nunca existieron motivos para que la entidad crediticia accionada informara tal errónea información.

Asimismo, alegó que ello afectó su desempeño como administradora de consorcios, en tanto dijo que cierto propietario la habrí­a confrontado en una reunión de consorcistas citada al efecto en la que éste le recriminó encontrarse anotada en las bases del BCRA por una deuda de monto elevado.
La demandada reconoció su falta en ambas oportunidades, pero con relación a la primera, opuso la excepción de prescripción. Y respecto a la segunda, sostuvo la ausencia de daño.
Ahora bien, el banco accionado sostiene que operó la prescripción bienal prevista en el CCiv: 4037. Ello así­, en tanto no hubo una responsabilidad de orden contractual, sino bien, una responsabilidad extracontractual.
De su lado, la actora alega que sí­ se trata de una responsabilidad contractual, en tanto su ví­nculo se originaba en un préstamo hipotecario y en una cuenta corriente cuya titularidad es de una sociedad de hecho de la cual ella es socia. Por esa razón, opina que debe encuadrarse la situación en una responsabilidad que nace de una relación contractual y, por ende, debe aplicarse el plazo decenal.

En tanto las partes se encuentran contestes en la existencia de cierta información errónea que fuera comunicada por el Banco Provincia en dos oportunidades, en las fechas señaladas y con los alcances descriptos, resta a este judicante establecer si la defensa opuesta debe prosperar o no, y en el segundo de los casos, si existió un daño a la actora derivado del obrar del banco.

*2. La prescripción.*

Tiene dicho el Superior que el plazo de prescripción de toda acción por daño moral debe computarse desde el momento en que finaliza el comportamiento antijurí­dico generador del perjuicio (CNCom, Sala A, in re -Serafino, Gustavo Adrián c/ Banco de La Provincia de Buenos Aires s/ Ordinario-, del 6/02/04).

En la especie, adviértase de la causa caratulada -CME c/ Organización Veraz SA y otro s/ habeas data-, venida ad effectum videndi et probandi y que en este acto se tiene a la vista, que de la documental de fs. 92 de esos autos, la actora continuaba apareciendo como deudora irrecuperable a enero de 2004, conforme la fuente del BCRA (ver sentencia fs. 118 vta). De otro lado, nótese que la demanda por daños y perjuicios promovida en esta sede fue interpuesta el dí­a 28/4/04, tal cual da cuenta el cargo mecánico estampado a fs. 4vta.

De lo anterior se desprende que tan sólo transcurrieron a lo sumo tres meses desde que la situación crediticia de la actora fue corregida de las bases de información. Ergo, la demanda fue interpuesta temporáneamente, sea el caso de una responsabilidad contractual o extracontractual.

Por lo expuesto, y desde que no amerito necesario dilucidar en la especie la naturaleza jurí­dica de la responsabilidad debido al exiguo tiempo transcurrido entre la corrección de la información y el inicio de la demanda, rechazaré la defensa de prescripción opuesta por el banco demandado.

*3. El daño*

Sentado lo anterior, corresponde que me pronuncie acerca de la existencia o no del daño moral que la actora alega haber padecido.

No es cuestión debatida que el banco demandado actuó erróneamente al informar a la actora como deudora al BCRA cuando, como surge de los propios dichos de la entidad accionada, ésta no mantení­a deuda con la entidad. La actitud del Banco Provincia fue inexcusable; máxime valorando que esta situación se repitió transcurridos escasos años. Debe tenerse en cuenta que la gravedad de los hechos ocurridos y sus consecuencias pudieron evitarse con un mí­nimo de diligencia (cfr. arts. 512, 902, 909 y cctes. Código Civil).

En jurisprudencia que comparto, el Superior dijo que el banco es un comerciante profesional con alto grado de especialización y también es un colector de fondos públicos; ello le otorga superioridad sobre el actor y lo obliga a obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (arts. 512, 902 y 909 Código Civil; 5 10 1999, in re -Minniti, Oscar Vicente c/ Thriocar SA y o-.; idem, 20-9-1999, in re -Banesto Banco Shaw SA c/ Dominutti, Cristina-; bis idem, 29-6-2000, in re -Caimez, Oscar Rene c/ Banco Francés SA-; cfr. Benélbaz, Héctor A. Responsabilidad de los bancos comerciales…, RDCO 16-503; Garrigues, Joaquin, Contratos bancarios, ed. 1958, pag. 519 y ss.). En otros términos, su condición lo responsabiliza de manera especial y le exige una diligencia y organización acorde con su objeto haciendal, para poder desarrollar idóneamente su actividad negocial.

Parece de toda obviedad que la conducta del banco no puede apreciarse con los parámetros aplicables a un neófito sino que debe ajustarse a un standard de responsabilidad agravada en tanto profesional titular de una empresa con alto nivel de especialización (conf. CNCom, Sala B, in re Del Giovannino, Luis Gerardo contra Banco del Buen Ayre SA s/ ordinario, del 1.11.00).

La ausencia en el cumplimiento de la carga de obrar con prudencia y diligencia que recae en la entidad bancaria, habilita la aplicación de las reglas de la responsabilidad extracontractual y las previstas por los arts. 512, 902, 904, 1006 y 1109 Cód. Civil.

Ello pues, de lo expuesto se verifica que la consecuencia del mentado error fue que durante cierto perí­odo el nombre de la reclamante figuró en el régimen informativo de deudores de entidades financieras del Banco Central, información que no sólo es comunicada a toda la plaza financiera sino que también está al alcance público para quien realice una consulta, tal el caso del propietario del consorcio administrado. Todo ello seguramente dio lugar a que se produjera un efectivo desmedro en su honra, máxime tratándose de una administradora de propiedad horizontal a quien además de afectar su tranquilidad espiritual, afectó su buen nombre comercial y su trayectoria en la actividad en que se desempeña.

Lo aquí­ dicho, sumado al reconocimiento efectuado por el demandado es suficiente para atribuirle responsabilidad por el daño moral que la errónea anotación por partida doble que fuera efectuada.

*IV. La pretensión*

1. La pretensora persigue el resarcimiento del perjuicio de orden moral padecido.

Al respecto, alegó haber padecido daños de diversa í­ndole. Por un lado, señaló que a raí­z de lo sucedido debió promover dos causas de habeas data a fin de que se rectificaran sus datos. De otro, que su buen nombre profesional y trayectoria se vieron afectados frente a sus clientes en oportunidad de una reunión convocada al efecto (ver testimonio de fs. 93/5).

Por esa razón solicitó el resarcimiento del daño moral, rubro que justipreció en $ 20.000 con más los intereses calculados desde la interposición de la demanda.

2. El obrar antijurí­dico del banco seguramente repercutió en el estado de ánimo de la accionante; lo que importa una mortificación y un resultado disvalioso para el espí­ritu. Fue registrada como deudora por error dos veces. Ello importa por el mero hecho de su acaecimiento, un considerable sufrimiento y un estado de impotencia frente a la entidad.

El agravio moral supone una modificación en el desenvolvimiento de la capacidad de querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho (cfr. Zavala de González, Matilde Resarcimiento de daños, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1993, tomo 2-a, pág. 49); esa alteración puede consistir en profundas preocupaciones o estados de irritación que afectan el equilibrio aní­mico de la persona.

El daño moral está dado por la miseria aní­mica y moral al que fue injustamente expuesta MEC quien debió litigar tres veces con una contraparte que si bien no negó los hechos, no hizo mucho para sanear la situación. Esa situación significó una pérdida de tiempo y dinero desde fines del año 2000 hasta la fecha. El reclamo de la accionante es, por ende, legí­timo.

El resarcimiento pautado en esta sentencia por daño moral será comprensivo de los perjuicios que le fueron generados a la actora con prescindencia de la casuí­stica que hubiere tenido lugar.

El obrar antijurí­dico del banco encuadra dentro del CCiv: 1109 dando lugar a la reparación del daño en los términos del art. 1078. En ese contexto normativo, la sola realización del hecho dañoso lleva a presumir la existencia de la lesión de los sentimientos en el damnificado, salvo que la contraparte destruya esa presunción.

*Por todo lo expuesto, estimo en $ 20.000 el resarcimiento del daño causado por todo concepto.*

*V. La solución*
Por todo lo expuesto, FALLO:
(a) admitir la demanda instaurada por MEC contra Banco Provincia de Buenos Aires, y condenarlo a pagar, en el término de 10 (diez) dí­as de notificado, la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) calculados a la fecha de esta sentencia (cfr. Cpr: 163.
(b) Imponer las costas al banco vencido (cpr: 68);
………
(d) Cópiese, regí­strese, notifí­quese por Secretarí­a a las partes y oportunamente archí­vese. Fdo.: Fernando M. Durao (JUEZ P.A.S.).
QUEDA USTED NOTIFICADO
Buenos Aires, 07/06/2006

El siguiente caso fue facilitado al “Foro de Habeas Data”:http://www.habeasdata.org/ por el “Dr. Gabriel Martinez Medrano”:http://www.geocities.com/martinezmedrano/gabriel.html quien fue el abogado de la parte actora en el litigio.