Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Debate en la feria del libro sobre la responsabilidad de los buscadores

Posted: mayo 6th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Conferencias, Derecho a la imagen | No Comments »

El 3 de mayo en la Feria del libro tuvo lugar un debate sobre derecho de autor en el mundo editorial. Lo organizaron CADRA, tooth OMPI e IFPRO.

Se expusieron estos temas:

*Copia Privada y Derechos reprográficos: impacto en el sector editorial*
Moderador: Sr. Carlos Pazos, infection Presidente “CADRA”:http://www.cadra.org.ar/
Panelistas: Dr. Federico Villalba Dí­az, here Abogado.
Dra. Ana Marí­a Cabanellas, Abogada, Presidenta de la Unión Internacional de Editores

*La cesión de los derechos de autor en Argentina y en el exterior*
Moderador: Dr. Gerardo Filippelli, Abogado
Panelista: Dr. Carlos Fernández Ballesteros, Abogado. OMPI
Dra. Mónica Boretto, Abogada.

*Los derechos intelectuales en el ámbito digital. Responsabilidad de los de los motores de búsqueda de Internet*
Moderador: Dra. Magdalena Iraizoz, Abogado, Gerente CADRA
Panelistas: Dr. Eduardo Molina Quiroga, Abogado.
Dr. Pablo Palazzi, Abogado

En este último panel, Eduardo Molina Quiroga (“powerpoint de su presentación”:http://www.habeasdata.org/documentos/EMQ.ppt) luego de explicar muy claramente el funcionamiento de Internet se dedicó a analizar los problemas de la responsabilidad desde el punto de vista de la “LSSI española”:http://www.lssice.com/68/lssice, la DMCA y el discutible caso argentino “jujuy-com”:http://www.habeasdata.org/Caso-Jujuy

Se mencionó también el problema de las modelos argentinas que plantean la remoción del í­ndice de Google y Yahoo mediante cautelares y los casos judiciales que han hecho lugar a esta clase de planteos en nuestro paí­s (ver casos “Sosa v. Google”:http://www.pablopalazzi.net/wp-content/uploads/2006/11/caso-sosa-v-yahoo-y-google.pdf, Citino, “Zamolo”:http://www.habeasdata.org/Caso-Zamolo-v-Yahoo-Google, “Pitra”:http://www.habeasdata.org/Google-Petrina-Melina entre muchos otros).

Pablo Palazzi habló sobre los casos relacionados con buscadores y derecho de autor en internet en especial los problemas de derecho de autor ocasionados con los proyecots Google Books y Google Library. Para profundizar este tema ver las opiniones de “Jon Band”:http://www.policybandwidth.com/doc/googleprint.pdf (“en español”:http://www.policybandwidth.com/doc/GLP_bland.pdf), el “excelente blog sobre Copyright de Google”:http://googlecopyright.blogspot.com/ (escrito por un estudiante de derecho de NYU) y “Lessig en video”:http://www.youtube.com/watch?v=5l2nrbmBQXg.


Durand v. Google

Posted: abril 30th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Derecho a la imagen, Público en general | No Comments »

DURAND INCHAUSTE BARBARA c/ YAHOO DE ARGENTINA SRL s/MEDIDAS PRECAUTORIAS
Buenos Aires, sale Abril de 2007.
En atención a lo peticionado en el pto. I del escrito en despacho, viagra 60mg lo demás manifestado, lo que resulta de las constancias acompañadas, lo decidido a fs. 72 pto.II), que fuera confirmado a fs. 224/vta. por la “Sala C” de la Cámara Civil, y teniendo en consideración que “prima facie” seguirí­an existiendo fotografí­as de la actora a las que se accede a través de los servidores Yahoo y Google con posterioridad a la medida dispuesta y antes referida, en los mismos términos que la ya decretada habré de acceder a la ampliación de la cautelar solicitada.
En consecuencia y teniendo en cuenta la caución prestada en la forma indicada a fs. 72, pto. II primer párrafo, ordénase a las demandadas YAHOO! DE ARGENTINA S.R.L. y GOOGLE INC. para que en el plazo de
dos dí­as de notificadas – en caso de no contar con autorización de la actora que pueda ser acreditada de
manera fehaciente dentro del mismo término – eliminen de sus patrones de búsqueda por imágenes las
fotografí­as de Bárbara Durand Inchauspe que exhiben los sitios de internet que informa la documental acompañada y a los que se accede a través de los servidores “www.yahoo.com.ar” y “www.google.com.ar”.
Notifí­quese con habilitación de dí­as y horas inhábiles, con caracter de urgente con adjunción de copias.-

Jorge A. Cebeiro
Juez Subrogante
Fecha Firma: 24/04/2007


Ley Orgánica 1/1982, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen

Posted: febrero 1st, 2007 | Author: | Filed under: Derecho a la imagen, España, Europa, Google, Honor, Normas | Tags: , | Comentarios desactivados

Ley Orgánica 1/1982, disorder de 5 de mayo, patient de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen

(BOE núm. 115, de 14-05-1982).

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme al artí­culo 18.1 de la Constitución, los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen tienen el rango de fundamentales, y hasta tal punto aparecen realzados en el texto constitucional que el artí­culo veinte, cuatro, dispone que el respeto de tales derechos constituya un lí­mite al ejercicio de las libertades de expresión que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de fundamentales.

El desarrollo mediante la correspondiente Ley Orgánica, a tenor del artí­culo 81.1 de la Constitución, del principio general de garantí­a de tales derechos contenidos en el citado artí­culo 18.1 de la misma, constituye la finalidad de la presente ley.

Establece el artí­culo 1 de la misma la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, frente a todo género de injerencia o intromisiones ilegí­timas. Pero no puede ignorar que algunos de esos derechos gozan o previsiblemente gozarán de una protección penal. Así­ ocurre con el derecho al honor, amparado por las prescripciones contenidas en el libro II, tí­tulo X, del vigente Código Penal,y con determinados aspectos del derecho a la intimidad personal y familiar que son objeto de una protección de esa naturaleza en el proyecto del nuevo Código Penal recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.

Por ello, en los casos que exista la protección penal tendrá ésta preferente aplicación, por ser sin duda la de más fuerte efectividad, si bien la responsabilidad civil derivada del delito se deber fijar de acuerdo con los criterios que esta ley establece.

Los derechos garantizados por la ley han sido encuadrados por la doctrina jurí­dica más autorizada entre los derechos de la personalidad, calificación de la que obviamente se desprende el carácter de irrenunciable, irrenunciabilidad referida con carácter genérico a la protección civil que la ley establece.

En el artí­culo 2 se regula el ámbito de protección de los derechos a que se refiere. Además de la delimitación que pueda resultar de las leyes, se estima razonable admitir que en lo no previsto por ellas la esfera del honor, de la intimidad personal y familiar y del uso de la imagen está determinada de manera decisiva por las ideas que prevalezcan en cada momento en la Sociedad y por el propio concepto que cada persona según sus actos propios mantenga al respecto y determine sus pautas de comportamiento. De esta forma, la cuestión se resuelve en la ley en términos que permiten al juzgador la prudente determinación de la esfera de protección en función de datos variables según los tiempos y las personas.

Read the rest of this entry »


HRH Prince of Wales v Associated Newspapers Ltd

Posted: diciembre 31st, 2006 | Author: | Filed under: Casos, Daños, Derecho a la imagen, Europa, UK, Unión Europea | Tags: , , | Comentarios desactivados

HRH Prince of Wales v. Associated Newspapers Ltd

COURT OF APPEAL, somnology CIVIL DIVISION
JUDGMENT: APPROVED BY THE COURT FOR HANDING DOWN (SUBJECT TO EDITORIAL CORRECTIONS)

[2006] EWCA Civ 1776, doctor [2006] All ER (D) 335 (Dec), treatment (Approved judgment)

Read the rest of this entry »


Cámara Federal confirma cautelar que ordena remover ví­nculos a imagen y nombre de modelo

Posted: noviembre 24th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Derecho a la imagen | No Comments »

*Medida cautelar para que un motor de búsqueda en internet elimine nombre de la actora y su ví­nculo a sitios de contenido sexual, viagra pornográfico, troche de acompañantes y otras actividades vinculadas al tráfico de sexo.*

Tribunal: Cámara Nacional en lo civil y Comercial Federal, store Sala I, 14/11/2006, expediente, Número 10.411/2006, “Zamolo Sofí­a Karina c/ Yahoo de Argentina S.R.L. y otro s/ incidente de apelación”.

Casos similares: “Pitra, Melina v. Yahoo”:http://www.habeasdata.org/Google-Petrina-Melina

*Texto del fallo*
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2006.//

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 312/314 y fundado a fs. 358/376 cuyo traslado fue contestado a fs. 3 7 8/3 9 8 contra la resolución de fs. 230/233, y

CONSIDERANDO:

1. El señor juez hizo lugar a la medida innovativa solicitada por la actora a fs. 212/229, ordenando a las demandadas Yahoo! de Argentina SRL y Google Inc. realizar los actos necesarios para la eliminación del nombre de la actora y su vinculación con los sitios detallados en la demanda de contenido sexual, pornográfico, de acompañantes y otras actividades vinculadas al tráfico de sexo a los que se accede a través de sus respectivos servidores “www.yahoo.com.ar”:http://ar.yahoo.com/ y “www.google.com.ar”:http://www.google.com/.

Para así­ decidir, tuvo en cuenta en orden a la verosimilitud del derecho que se encuentra en juego el derecho a la intimidad, al honor y al nombre, de rango constitucional y que la inclusión del nombre de la actora en los sitios identificados sin autorización , constituye un uso indebido del aquél, que su titular tiene derecho a preservar. Asimismo, valoró que prima facie el rechazo de la medida solicitada es susceptible de acarrear consecuencias más gravosas para la actora que los eventuales perjuicios que su admisión podrí­a producir a su contraria, en tanto los últimos aparecerí­an circunscriptos a la esfera patrimonial, mientras que las primeras pueden comprometer derechos de mayor jerarquí­a.

2. Esta decisión suscita los agravios de la codemandada “Yahoo! de Argentina S.R.L.”

La recurrente cuestiona la verosimilitud del derecho en virtud de la inexistencia de veinticinco de las veintiséis vinculaciones con sitios que señala la actora. Manifiesta que de la prueba aportada por la peticionante, sólo surgen cinco de las vinculaciones individualizadas en el escrito inicial.

Invoca su falta de legitimación pasiva en razón de ser un mero intermediario de acceso a contenidos que terceros publican en la red, por lo cual no se le puede atribuir conductas ilí­citas que sostiene no () realiza.

Advierte que, a su juicio, la medida resulta ineficaz puesto que la vinculación del nombre de la actora con los sitios cuestionados subsistirá a través de otros buscadores. En este sentido, señala que mientras los propietarios de los sitios no remuevan el nombre de la actora de aquellos, dicha vinculación continuará activa, por lo que la medida debe dirigirse contra ellos. Añade que resulta imposible para su parte acceder a los sitios determinados y remover la mención de la actora.

Afirma que lo decidido importa la violación de los derechos de los usuarios de acceder por el buscador a toda la información de la red , de los propietarios de sitios a que ante una búsqueda se muestre su sitio en los resultados y de su parte de proveer resultados completos a los usuarios . Asimismo arguye que se vulnera su derecho constitucional a trabajar y ejercer toda industria lí­cita y también la libertad de acceso a la información y expresión, prevista, asimismo, en tratados internacionales.

3. En primer lugar, es pertinente mencionar que según reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces no están obligados a seguir todas las argumentaciones que se les presenten, bastando el examen de las conducentes para resolver el conflicto (Fallos: 258:304;; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre muchos otros)).

4. En segundo término, se debe recordar que la verosimilitud del derecho, como requisito esencial para la procedencia de la medida cautelar, se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontrastable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite (cfr. esta Sala, causa 2849/00 del 30/5/00 y sus citas). Al respecto se ha señalado que la naturaleza de las medidas precautorias no exige a los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud y que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (cfr. Corte Suprema de Justicia, Fallos: 306:260;; esta Sala, causa 39.380/95 del 19/3/96 y otras).

Desde esta perspectiva corresponde señalar que no está controvertida la vinculación sin autorización del nombre de la actora con sitios de contenido relacionado con el tráfico de sexo, y que ésta afecta derechos de rango constitucional de la accionante. Sobre el punto, es del caso advertir que la cantidad de páginas web en las que se verifique la vinculación cuestionada es irrelevante a los fines de valorar la verosimilitud del derecho, por lo que ese argumento de la recurrente no puede ser atendido.

5. Ahora bien, se debe distinguir entre el destinatario de la medida y quien pudiera resultar responsable por los daños susceptibles de ser atribuidos a la vinculación mencionada. En este sentido, es dable señalar que lo atinente a la determinación de una eventual responsabilidad, como también el debate propuesto por la apelante relativo a implicancias en las relaciones entre usuarios, propietarios de sitios y prestadores de servicios, son cuestiones que exceden el estrecho marco de conocimiento y la finalidad provisional que son propios de las medidas cautelares (cfr. esta Sala, causas 9643/01 del 14/12/01, 11.018/02 del 18/3/03 y 4739/03 del 27/5/03, entre muchas otras).

6. Ello sentado, cabe puntualizar que las partes están de acuerdo en que el buscador facilita a los usuarios el acceso a los sitios de Internet (cfr. fs. 358/361, punto 2.2.1.1 y fs. 380/385, punto II. a). En este sentido, se ha sostenido que ante un material dañoso, reclamada su eliminación por el sujeto damnificado, el proveedor debe actuar y, de ser técnicamente posible, debe acoger esa petición, por estar en mejores condiciones técnicas y tácticas de actuar ante la prevención o reparación del daño injusto. Como también que ante la entidad objetiva y fácilmente verificable de la ilicitud del contenido, no puede la empresa responsable del servicio amplificar, con su divulgación, los efectos dañosos en curso. Si bien parece al menos por ahora dificultosa la prevención del daño, no lo es la cesación de sus consecuencias (cfr. Galdós. Jorge Mario, “Responsabilidad civil de los proveedores de servicios en Internet”, LL 2001 D pág. 953). De igual manera, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, contempla la facultad de un tribunal o una autoridad administrativa de exigir al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o la impida (cfr. arts. 12, 13 y 14).

Desde este punto de vista, es indudable que el servicio prestado por la apelante, por sus propias caracterí­sticas, contribuye a facilitar la difusión de las páginas cuestionadas por la actora, por lo cual, la decisión adoptada por el “a quo”, resulta el medio más idóneo para evitar la prolongación de la situación se quiere hacer cesar. No obsta lo expuesto la ineficacia alegada por la apelante, habida cuenta de que la elección de los medios procesales es de exclusiva incumbencia de la actora. A lo que cabe añadir la posibilidad aún en el caso de que los titulares de los sitios excluyeran toda relación con la accionante o los eliminaran de acceder a versiones anteriores de las páginas a través de la función “en caché”, disponible en los resultados de las búsquedas, tal como lo advierte la actora (cfr. fs. 390).

7. Asimismo, se debe destacar que, como surge de la prueba documental aportada por la actora, en algunos casos “Yahoo! Argentina” se guarda el derecho a elegir los sitios que incluye en su directorio (cfr. fs. 195/196). En tales condiciones, no se advierte cuál es el gravamen que le genera la resolución apelada desde que sólo comporta el ejercicio, por orden judicial, de la facultad que se reserva.

8. Sólo resta señalar que las dificultades que la apelante arguye para la ejecución de la medida precautoria han sido salvadas, de conformidad con lo que se. desprende del escrito de fs. 312/314, y su cumplimiento ha sido admitido por la actora (cfr. fs. 317/320).

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto, con costas por su orden, en atención a las dificultades de la cuestión y su novedad (arts. 68, segundo párrafo, y 69 del Código Procesal).

El juez de las Carreras no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase.//

FDO.: MARTIN D. FARRELL MARIA SUSANA NAJURIETA


Fallo contra Google en Bélgica

Posted: septiembre 23rd, 2006 | Author: | Filed under: Casos, Derecho a la imagen, Unión Europea | No Comments »

Esta nota en el “NYTimes online”:http://www.nytimes.com/2006/09/23/technology/23google.html?ref=technology informa que inicialmente Google intentó apelar el fallo y evitar su publicación online pero su pedido fue rechazado.

Este es el texto del fallo tal cual fue publicado en la página de “http://www.google.be/”:http://www.google.be/ y en Google News.

Aprí¨s l’audience du 5 Septembre 2006, endocrinologist le Tribunal de Premií¨re Instance de Bruxelles a publié le jugement suivant.
TRIBUNAL DE PREMIíˆRE INSTANCE DE BRUXELLES N* ° 2006/9099/A du rí´le des référés Action en cessation

En cause de: La société civile sous forme d-™une société coopérative í¢ responsabilité limitée COPIEPRESSE, refractionist inscrite dans la SCE 0471.612.218, dont le sií¨ge social est établi í  1070 Anderlecht, boulevard Paepsem, 22, partie demanderesse, représentée par Me Bernard MAGREZ avocat í  1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 149; contre: La société de droit américain GOOGLE Inc., dont le sií¨ge social est établi í  Mountain View, 94043 California, USA, 1600 Amfitheather Park Way, partie défenderesse, défaillante; Dans cette cause, il est conclu et plaidé en franí§ais í  l-™audience publique du 29 aoí»t 2006; Aprí¨s délibéré le président du tribunal de premií¨re instance rend l-™ordonnance suivante: Vu : – la citation introductive d-™instance signifiée le 3 aoí»t 2006; OBJET DE LA DEMANDE La demande portée devant le tribunal de céans est fondée sur l-™article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d-™auteurs et aux droits voisins. Elle vise í  – constater que les activités de Google News et l-™utilisation du * « cache * » de Google violent notamment les lois relatives aux droits d-™auteurs et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998); – condamner la défenderesse í  retirer de tous ses sites (Google News et * « cache * » Google sous quelque dénomination que ce soit), tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne, francophone et germanophone représentés par la demanderesse í  dater de la signification de l-™ordonnance, sous peine d-™astreinte de 2.000.000,-€ par jour de retard; – condamner en outre la défenderesse í  publier, de manií¨re visible, claire et sans commentaire de sa part sur la home page de -˜google.be-™ et de news.google.be-™ pendant une durée ininterrompue de 20 jours l-™intégralité du jugement í  intervenir í  dater de la signification de l-™ordonnance, sous peine d-™astreinte de 2.000.000,- € par jour de retard. CADRE DU LITIGE 1. La qualité de la demanderesse Attendu que la demanderesse est la société de gestion des droits des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone autorisée (par les Arríªtés ministériels des 14 février 2000 et 20 juin 2003 publiés au Moniteur belge du 10 mars 2000 et du 14 aoí»t 2003) í  exercer ses activités sur le territoire belge ; Attendu que son objet est la défense des droits d-™auteur de ses membres (droits propres aux éditeurs et droits acquis auprí¨s des journalistes) et le contrí´le de l-™usage par des tiers des oeuvres protégées de ses membres; Attendu que les journaux et sites de la presse écrite sont notamment protégés par les lois sur le droit d-™auteur (1994 et 2005) et sur les bases de données (1998) ; Attendu que la production des oeuvres journalistiques est réalisée par la publication classique de quotidiens, magazines suppléments sous forme í  papier ou, depuis l-™émergence des nouvelles technologies, sous format numérique ou digital ; Attendu que l-™exploitation secondaire se réalise par la copie du document papier et, depuis l-™émergence des nouvelles technologies de l-™information et de la communication, l-™exploitation secondaire peut íªtre effectuée par des procédés électroniques (scanning, capture de site web et rediffusion via des sites web ou internet ou extranet ou emailing, etc…) ; Attendu que cette exploitation secondaire par la voie électronique d-™articles de presse est également régie par les lois sur le droit d-™auteur (1994 -” 2005) et sur les bases de données (1998) ; Attendu dí¨s lors que la demanderesse, qui représente les intéríªts des éditeurs de journaux, a intéríªt et qualité pour agir aux fins de protéger leurs droits; 2. Les faits Attendu que le moteur de recherche Google a, dans le courant de l-™année 2003, présenté un nouveau service appelé Google News ou Google Actualité, exercé par la société défenderesse; Attendu que la nouvelle fonctionnalité vise í  offrir aux internautes une revue de presse qui se base sur une sélection automatique des informations contenues dans les serveurs web de la presse écrite ; Que, pour ce faire, Google News doit scruter dans les serveurs web de la presse écrite et en extraire les articles pour les copier et/ou en faire des résumés automatiques, alors que les sites dont émanent les articles diffusés, et notamment les sites des éditeurs de journaux dont les intéríªts sont défendus par la demanderesse, comportent les mentions selon lesquelles ces sites sont protégés par le droit d-™auteur; Attendu que Google n-™a pas recueilli l-™accord de ces différents sites pour procéder í  cette ordonnancement de l-™information qui est laissée en quelque sorte í  sa seule discrétion dí¨s lors qu-™elle est titulaire de la technologie et des algorithmes permettant l-™automatisation et la systématisation, de la reproduction des articles disponibles sur internet ; Attendu que cette situation a suscité des difficultés non seulement en Belgique mais dans d-™autres pays ; Attendu qu-™en Belgique, la demanderesse a déposé une requíªte en saisie description fondée sur les articles 1481 et suivants du Code judiciaire entre les mains du juge des saisies du tribunal de céans ; Que, par ordonnance du 27 mars 2006, l-™expert Luc GOLVERS a été désigné; Attendu que l-™ordonnance le désignant a été signifiée í  la défenderesse le 13 avril 2006; 3. Le rapport d-™expertise Attendu que l-™expert GOLVERS, qui avait notamment pour mission de décrire la manií¨re dont sont présentés les articles de presse et l-™interactivité entre le visiteur et le site web de Google News, conclut que * « Google News est í  considérer comme un portail d-™information et non un moteur de recherche. * »; Qu-™il relí¨ve que le service Google News se qualifie lui-míªme comme un site d-™information en ligne, en ces termes * « Cette diversité de perspective et d-™approche est unique parmi les sites d-™information en ligne et nous considérons comme une tí¢che essentielle de vous aider í  rester informés sur les sujets qui vous importent le plus. * »; Attendu qu-™il relí¨ve que le site est alimenté í  l-™aide des informations puisées dans la presse, ce qu-™il a mis en évidence en procédant í  de nombreux tests í  partir de sites d-™information de différents quotidiens francophones belges ; Attendu que ces recherches l-™ont notamment conduit í  mettre en évidence que, lorsqu-™un article est toujours en ligne sur le site de l-™éditeur belge, Google renvoie directement, via le mécanisme d-™hyperliens profonds, vers la page ou se trouve l-™article mais que, dí¨s que cet article n-™est plus présent sur le site de l-™éditeur de presse belge, il est possible d-™en obtenir le contenu via l-™hyperlien * « en cache * » qui renvoie vers le contenu de l-™article que Google a enregistré dans la mémoire * « cache * » qui se trouve dans la gigantesque base de données que Google maintient dans son énorme parc de serveurs ; Attendu enfin qu-™il se déduit du rapport de l-™expert que : – le mode de fonctionnement actuel de Google News fait perdre aux éditeurs de presse quotidienne le contrí´le de leurs sites web et de leur contenu (voir í  ce sujet les tests menés par l-™expert qui montrent les effets d-™un retrait d-™article, pages 42 í  67 du rapport) ; – l-™utilisation de Google News contourne les messages publicitaires des éditeurs lesquels tirent une partie importante de leurs revenus de ces insertions publicitaires (pages 13 í  18, 108 í  119 du rapport) ; – l-™utilisation de Google News court-circuite de nombreux autres éléments comme les mentions relatives í  l-™éditeur, les mentions relatives í  la protection des droits d-™auteur et aux usages autorisés ou non des données, des liens vers d-™autres rubriques (par ex. les dossiers thématiques constitués par les éditeurs, pages 108 í  119 du rapport); – l-™utilisation du * « cache * » de Google d-™une part permet de contourner l-™enregistrement demandé par l-™éditeur et d-™éluder le paiement de l-™article de presse (voit le cas du Soir en ligne décrit par l-™expert en pages 35 í  38), d-™autre part stocke, en vue de sa rediffusion, l-™entií¨reté de l-™article (dans l-™état oí¹ Il se trouvait lors de son édition la plus récente) (pages 68 í  98-99 du rapport) 4. Identification de l-™identité de l-™exploitant de Google et de Google News Attendu que l-™expert s-™est notamment vu conférer la mission de déterminer l-™identité de l-™exploitant du DNS -˜Google.be-™, -˜Google.fr-™ et -˜Google.com-™; Attendu que les examens qu-™il a menés í  cet égard (pages 124 í  134) mettent en évidence que le propriétaire du site -˜news.google.be-™ ainsi que celui des domaines -˜google.be-™ et -˜google.fr-™ est í  chaque fois la partie défenderesse, Google Inc., 1600 Amfitheater Park Way, Mountain View, California 94043; 5. Le préjudice occasionné í  la demanderesse Attendu que la demanderesse se plaint de ce que les activités de Google Inc. mettent en péril la vente électronique des articles de presse mais également toute la presse quotidienne ainsi qu-™í  court terme la qualité des articles puisque les éditeurs risquent de ne plus bénéficier de ressources suffisantes pour rémunérer correctement leurs journalistes ; Qu-™en effet, et comme l-™a mis en évidence le rapport d-™expertise, l-™activité de la défenderesse est de nature í  faire perdre aux éditeurs une part importante de leurs revenus tirés des recettes publicitaires qu-™ils perí§oivent ; Qu-™indépendamment de ce préjudice financier immédiat, la vente électronique d-™articles est menacée, ainsi que le ressources tirées de l-™archivage des articles, dont la consultation est payante; 6. Mesures sollicitées Attendu que la violation des dispositions relatives aux droits d-™auteur justifie que les mesures telles que sollicitées par la demanderesse et reprises au dispositif des présentes soient ordonnées; 7. L-™astreinte Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal qu-™en cas de manquement aux mesures dont elle demande le bénéfice, une astreinte de 2.000.000,- € par jour de retard soit prononcée dans l-™hypothí¨se oí¹ la défenderesse ne se conformerait pas í  l-™ordre de retirer de tous ses sites les articles, photographies, représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone ainsi qu-™une astreinte de 2.000.000,- € par jour de retard faute pour la défenderesse de publier sur la home page de -˜google.be-™ et de -˜news.google.be-™ pendant une durée ininterrompue de 20 jours l-™intégralité du jugement í  intervenir í  dater de la signification de l-™ordonnance ; Attendu qu-™elle motive l-™importance de cette demande par le fait que la défenderesse affiche un chiffre d-™affaires de prí¨s de 13 millions de dollar par jour; Qu-™elle met également en évidence la capacité technique de la défenderesse de retirer du contenu de ses bases de données les articles et informations litigieuses en manií¨re telle qu-™elle ne s-™expose pas í  de grandes difficultés pour s-™exécuter; Attendu que le tribunal de céans ne manque pas d-™íªtre surpris par l-™attitude de la défenderesse qui n-™a pas jugé utile de participer í  la mission d-™expertise, malgré les invitations qui lui avaient été adressées par l-™expert judiciaire, et qui ne comparaí®t pas ; Attendu que cette attitude constitue une indication de ce que les craintes que nourrit la demanderesse sur la mauvaise volonté que mettra í  la défenderesse í  s-™exécuter pourraient íªtre fondées ; Qu-™il ne peut íªtre admis par ailleurs qu-™elle persiste í  retirer un bénéfice élevé í  l-™aide, notamment, du travail intellectuel d-™autrui, tout en spéculant sur les difficultés qu-™éprouvent les auteurs et éditeurs de journaux dans un contexte technologique extríªmement complexe pour mettre fin í  cette appropriation illégitime de leur travail ; Que l-™attitude de la défenderesse est d-™autant plus surprenante que dans d-™autres pays, certes plus importants que la Belgique, la défenderesse s-™est engagée dans des négociations avec les éditeurs de journaux pour résoudre la question du respect des droits d-™auteur; Attendu qu-™il résulte de l-™expertise que les capacités techniques dont dispose la défenderesse, et qui sont hors de proportion avec les moyens de la presse écrite francophone d-™un pays comme la Belgique, lui permettent d-™adopter une attitude qui confine í  l-™indifférence, alors qu-™elle retire un bénéfice de la diffusion sur la toile d-™un contenu qui a nécessité la mise en commun de moyens rédactionnels et éditoriaux importants de la part de journalistes et d-™éditeurs de journaux, dont l-™activité est essentielle dans une société démocratique ; Attendu que dans cette mesure, il paraí®t effectivement indiqué d-™assortir les mesures d-™interdiction ordonnées d-™une astreinte, au risque qu-™elles soient dépourvues de toute efficacité; Qu-™il paraí®t approprié au tribunal que celle-ci soit déterminée comme suit: – retrait des articles de tous les sites : 1.000.000,- € par jour de retard dans les 10 jours de la signification de l-™ordonnance í  intervenir; – la publication pendant 5 jours de l-™intégralité du présent jugement : 100.000,- € par jour de retard dans les 10 jours de la signification de l-™ordonnance í  intervenir; PAR CES MOTIFS, Nous, G.M.R. Tassin, juge désignée pour remplacer le Président du Tribunal de premií¨re instance de Bruxelles; Assistée de V. Hubrich, greffier; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l-™emploi des langues en matií¨re judiciaire; Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires; Déclarons la demande recevable et fondée dans la mesure ci-aprí¨s: – constatons que la défenderesse ne peut se prévaloir d-™aucune exception prévue par les lois relatives aux droits d-™auteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998); – constatons que les activités de Google News et l-™utilisation du * « cache de Google * » violent notamment les lois relatives aux droits d-™auteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998); – condamnons la défenderesse í  retirer de tous ses sites (Google News et * « cache * » Google sous quelque dénomination que ce soit), tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone représentés par la demanderesse dans les 10 jours de la signification de l-™ordonnance í  Intervenir, sous peine d-™une astreinte de 1.000.000,- € par jour de retard ; – condamnons en outre la défenderesse í  publier, de manií¨re visible, claire et sans commentaire de sa part sur la home page de -˜google1be-™ et de -˜news.google.be-™ pendant une durée ininterrompue de 5 jours l-™intégralité du jugement í  intervenir dans les 10 jours de la signification de l-™ordonnance í  intervenir, sous peine d-™une astreinte de 500.000,- € par jour de retard Condamnons la défenderesse aux dépens liquidés í  941,63 € (citation) et 121,47 € (indemnité de procédure); Ainsi jugé et prononcé í  l-™audience publique des référés du 5 septembre 2006. V. HUBRICH G.M.R.TASSIN


Un tribunal argentino ordena a Google remover ví­nculos a contenidos

Posted: septiembre 19th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Derecho a la imagen | No Comments »

Una modelo tomó conocimiento que al ingresar su nombre en varios buscadores de Internet, order en el caso Google y Yahoo, information pills éstos la dirigí­an mediante hiperví­nculos en los primeros resultados a sitios de contenidos sexual donde su nombre civil era utilizado sin su consentimiento para promocionar esa clase de sitios. También tomó conocimiento que fotografí­as suyas aparecí­an en sitios de terceros sin su consentimiento.

Por ello decidió demandar a estos sitios pero también a los buscadores Google y Yahoo. Invocando el derecho a la privacidad y el “derecho a la imagen”:http://www.habeasdata.org/derechoalaimagen a través de una medida cautelar obtuvo una orden de remoción de los hiperví­nculos en los buscadores incluyendo una modificación de los patrones de búsqueda de estos buscadores.

El caso se llama “Pitra Melina Marisol v. Yahoo y otros”. El fallo completo está publicado online en “Chilling Efects”:http://www.chillingeffects.org/international/notice.cgi?NoticeID=4967.


Google y el derecho a la privacidad sobre las búsquedas realizadas en Internet

Posted: septiembre 10th, 2006 | Author: | Filed under: Derecho a la imagen, EEUU, Google, Habeas Data, Jurisprudencia, Público en general | Comentarios desactivados

El 3 de abril del año 2006, diagnosis la empresa Google entregó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos los registros sobre búsquedas realizadas por usuarios en Internet. El pedido de facilitar estos registros fue inicialmente resistido por Google por diversos motivos que comentaremos en esta nota. Finalmente un juez federal en California admitió parcialmente el pedido del gobierno.

Este caso es el primero en abordar un tema singular y generalmente poco tratado: el derecho a la privacidad sobre el historial de búsquedas realizadas en Internet. Aunque no nos da una solución definitiva al problema y además la información que se entregó era anónima (pese a la confusión de muchos medios que informaron que el gobierno querí­a saber qué buscaba la gente online), cialis 40mg el fallo señala ciertas pautas que servirán de guí­a en futuros casos. Lo que sigue es el comentario del fallo y nuestra opinion del mismo.

Introducción al caso
¿Porqué se requirió esta información a Google? El gobierno estadounidense necesitaba esta información para elaborar su defensa de la ley conocida como “Child Online Protection Act” cuya validez constitucional esta siendo cuestionada por la ACLU en el caso Ashcroft v. A.C.L.U En ese juicio iniciado por la A.C.L.U. ante un tribunal federal de Pennsylvania, el Departamento de Justicia solicitó como prueba informativa (por medio de una “subpoena”) que varias empresas (Yahoo!, Microsoft MSN, AOL, y Google) elaboraran cada una un informe con los textos de cada búsqueda ingresada en sus herramientas de búsqueda por cada usuario y de cada sitio de Internet que el motor de búsqueda hubiera indexado. Con dicho pedido el gobierno pretende demostrar que una gran cantidad de búsquedas en la red están relacionadas con material pornográfico y que éste resulta muy difí­cil (o imposible) de filtrar o bloquear por medio de software (lo que en cierta forma justificarí­a la constitucionalidad de los medios dispuestos por el gobierno). Para ello el experto del gobierno en ese caso, Philip Stark necesitaba una muestra bastante amplia de aquello que los usuarios buscan y encuentran frecuentemente en Internet.

A diferencia de los otros requeridos, el pedido a Google iba al core de su negocio: las búsquedas en Internet. Google se encontró frente al siguiente dilema: si sus usuarios saben que tarde o temprano se revelará lo que buscan en la red, probablemente dejen de usarlo con tanta frecuencia o directamente no lo usen. Pero su polí­tica de privacidad claramente lo obligaba a dar estos datos. Por otra parte, Google debí­a diferenciarse de sus competidores, sobre todo luego del “problema de privacidad que tuvo con las cuentas de Gmail. Todos los requeridos cumplieron con la petición, excepto Google, que se opuso cuestionando la falta de relevancia (o pertinencia) del pedido y la carga indebida que le provocaba la recopilación de la información solicitada.

La oposición de Google se fundó en varios motivos:
(i) el costo tecnológico de cumplir el pedido (poco creí­ble tratandose de Google…),
(ii) la pérdida de confianza que ocasionarí­a en sus usuarios si se revelaban los textos de búsqueda, lo que implicaba claramente la privacidad y el anonimato de dichos usuarios: imagí­nese que pensará la gente si le andamos contando a todo el mundo qué buscó anoche en Internet…,
(iii) el secreto comercial del algoritmo del motor de búsqueda: es decir, no queremos que se sepa cómo funciona Google internamente.

A raí­z de esta negativa, las partes entraron en negociaciones y el gobierno redujo voluntariamente su pedido a sólo una muestra de 50.000 sitios que hayan sido obtenidos mediante estas búsquedas y a todos los textos de los pedidos de las búsquedas realizadas por usuarios en el término de una semana. Al negarse Google nuevamente, al Estado no le quedó otra alternativa que iniciar una demanda judicial para forzar el pedido que dio origen al presente caso. En este caso el juez tuvo que resolver la oposición de Google. Sus argumentos los exploraremos en el punto siguiente.

¿Qué dijo el tribunal en el caso Gonzalez v. Google?
El caso lleva ese nombre porque Alberto Gonzales actuó en su condición de “attorney general de los Estados Unidos” Al no ser apelada por ninguna de las partes el fallo quedó firme. El caso fue decidido el 17 de marzo de 2006  por un tribunal federal de primera instancia de California . La decisión deniega parcialmente el pedido del gobierno, porque por una parte autoriza la entrega de la muestra de sitios que hayan sido obtenidos mediante estas búsquedas pero por la otra rechaza todos los textos de los pedidos de búsqueda realizados por usuarios por considerar que duplicaba la prueba anterior de sitios encontrados. Además el juez consideró que el pedido del gobierno de esos textos de búsqueda planteaba cuestiones relacionadas con los secretos comerciales de los algoritmos de búsqueda de Google, la privacidad de los usuarios y la carga que implicaba para Google por la perdida de confianza de sus usuarios.

Respecto a la relevancia, el tribunal criticó las explicaciones del gobierno y sus fundamentos, pero ante la duda, prefirió autorizar el pedido respecto a 50.000 URLs seleccionados al azar de la base de datos de Google para el estudio de la relevancia de los filtros. En cuanto a la posibilidad que la medida constituya una carga indebida por el costo de la entrega de la información, tal planteo es rechazado habida cuenta de la oferta del gobierno de costear la búsqueda.

Respecto a los secretos comerciales de los algoritmos de búsqueda de Google, el tribunal consideró que el í­ndice de búsquedas y el registro de búsquedas sí­ eran secretos comerciales, sobre todo si se trataba de una muestra significativa del resultado de las muestras del buscador. Pero dado que el gobierno habí­a disminuido sus pretensiones se consideró que no era probable que se afectara el secreto comercial de Google.

Respecto a la privacidad de los usuarios y la carga que implicaba para Google por la pérdida de confianza de éstos, el juez recordó que la polí­tica de privacidad de Google admití­a expresamente la posibilidad de dar datos de búsqueda al gobierno y que si un cuarto de las búsquedas constituí­a pornografí­a, era de esperar cierta expectativa de privacidad por parte de los usuarios de Internet en esas búsquedas. Añadió que si bien tal derecho no era absoluto, sí­ indicaba un carga potencial para Google.

Por ende este aspecto, así­ como la potencial afectación a la privacidad, tuvo cierta gravitación en la decisión del juez de minimizar la información a otorgar al gobierno. La decisión discute estas cuestiones sin revolverlas al sostener: -El Gobierno plantea que su pedido del texto de búsquedas no genera problemas de privacidad porque el mero texto de las búsquedas no revela información identificatoria. Si bien el Gobierno sólo ha requerido los textos ingresados, puede hallarse información identificatoria básica en los casos en los que los usuarios buscan información personal tales como su número de seguridad social o números de tarjetas de crédito a través de Google a fin de determinar si tal información está accesible en Internet. El Tribunal también conoce la existencia de las así­ llamadas -búsquedas vanidosas- en las que un usuario pregunta por su propio nombre tal vez combinado con otro dato. La capacidad de Google para manejar grandes cadenas de búsqueda complejas puede llevar a los usuarios a embarcarse en tales búsquedas en Google. De tal modo, en tanto el texto de búsqueda de un usuario que dijera -(nombre del usuario) Stanford grupo de canto- no puede generar serias preocupaciones por la privacidad, la búsqueda de un usuario que dijera -(nombre del usuario) aborto tercer trimestre san jose- puede generar ciertas cuestiones de privacidad de las que todaví­a no se ocuparon los escritos de las partes. Esta preocupación, combinada con la preponderancia de las búsquedas de material de sexo explí­cito en Internet -“una información que generalmente nadie desea revelar públicamente plantea a este Tribunal una duda en cuanto a si los textos de búsqueda en sí­ mismos pueden constituir potencialmente información sensible”.

Nos vamos a centrar en este último aspecto: el derecho a la privacidad de los datos que constituye el historial de las búsquedas en Internet y que señala qué es lo que una persona busca y encuentra en Internet.

Comentarios: el futuro de la privacidad en Internet
Actualmente todos leemos el diario, consultamos su correo electrónico, nos informamos, escribimos y nos comunicamos online. Muchos de esas actividades se realizan a través de portales únicos como Google o Yahoo! Allí­ también se completan formularios, se descargan programas y se registran todos estos movimientos a través de historiales ,logs, cachés y cookies.

No me queda ninguna duda que hoy dí­a una persona no sólo se define por lo que piensa o expresa, sino también y sobre todo para terceros por lo que busca y encuentra en Internet. Pensemos que las búsquedas usando Google se han vuelto tan frecuentes que ya es común oir el verbo googlear para representar la acción de buscar un determinado contenido en Internet, pero solo a través de Google. Sus autores supieron transformar una compleja tesis doctoral en una de las compañí­as mas brillantes de Internet. Es mas, el verbo “to google” fue incluido recientemente en varios diccionarios (ej. “Merriam Webster y Oxford English Dictionary). Ello es demostrativo de cómo éste buscador concentra la mayor parte de las búsquedas (no existe un verbo similar, por ejemplo, para Yahoo) pese a que existen otros buscadores y metabuscadores.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, para sorpresa de muchos, todas estas actividades de busqueda de datos online quedan guardadas en forma indefinida en la red.

Si bien la demanda del Departamento de Justicia no solicitaba datos personales de usuarios de la red, el hecho que oficialmente se pidiera qué era lo que buscaban los usuarios de Internet a través de Google (aunque no se los identificara) generó cierta preocupación. Es que el listado de lo que se busca en la red necesariamente revelará algo de información personal de los usuarios que ingresaron esas búsquedas. Por otra parte, como “Google retiene la dirección de IP de la conexión del usuariol, cualquier proceso posterior donde esta información sea solicitada judicialmente (o por pedido de un abogado) permitirá conocer no solo qué buscó una persona en Internet sino también la identidad de esa persona. La dirección de IP es claramente un dato personal. A ello se suma el hecho que en Estados Unidos todaví­a ningún precedente judicial ha determinado aun si legalmente los motores de búsqueda pueden ampararse en una ley aprobada en el año 1986, denominada Electronic Communications Privacy Act, que protege la privacidad de las comunicaciones electrónicas .

Pero el problema no es tanto un pedido de gobierno, pues si hay un delito para investigar y una orden judicial fundada para obtener esos datos, la medida es constitucional. El problema es que toda esta información estará allí­ disponible para que en un juicio civil o penal se ventile si se pide y se busca judicialmente.

El almacenamiento de datos personales sobre sitios visitados no es patrimonio exclusivo de Google. El sistema operativo y su navegador almacenan en forma automática y por defecto infinidad de datos tales como sitios visitados, el sistema operativo utilizado, y la fecha y hora del acceso. Cada búsqueda que el usuario realiza en el navegador es guardada automáticamente pero a diferencia de un buscador, el usuario siempre tiene la posibilidad de borrarla. Toda esta información puede ser utilizada en una investigación posterior y de hecho es cada vez mas frecuentemente usada. El historial de búsquedas suele ser muy útil para cualquier investigación policial, como también lo son los bookmarks porque demuestran claramente los sitios en los cuales existe particular interés del usuario en volver a visitarlos.

En el caso de un juicio penal estos datos pueden tener una importancia extrema. A fines del 2005, en el juicio contra Robert James Petrick. El imputado habí­a buscado información a través de Google con términos tales como -rotura del cuello- o cómo -deshacerse del cuerpo-, -rigor mortis y descomposición-, y estado de las mareas (pues intentó esconder el cuerpo en un lago cercano). Las búsquedas cerraron las dudas que habí­a en el caso. Es muy probable que en cada caso penal que se investigue se procederá a revisar el ordenador y sus registros de conexión a Internet .

Todo esta información va a ser buscada por investigadores: no sólo las búsquedas en Internet quedan almacenadas en Google, sino también las búsquedas realizadas en la barra de Google y dentro de la cuenta de Gmail, incluido también el correo electrónico allí­ recibido y borrado. En el caso “FTC v. Ameridebt, Inc” un tribunal ordenó a una parte que Google entregara todos los documentos que tuviera en su poder, incluidos los correos de la cuenta que hayan sido borrados por su usuario .

No es de extrañar entonces que con todo estos hechos se comenzó a plantear la regulación de los datos personales en éstos ámbitos. Así­, Wendy Seltzerl, del “Berkman Center” de la Universidad de Harvard planteó dos alternativas: o se obliga a los motores de búsqueda a guardar menos información, o se aprueba una ley federal que aumente la privacidad existente en materia de búsquedas en Internet.

En el Congreso estadounidense se presentó un proyecto de ley titulado “Eliminate Warehousing of Consumer Internet Data Act of 2006″ que siguiendo el estilo de la normativa europea en materia de protección de datos personales, obligarí­a a un operador de un sitio de Internet a borrar la información de las visitas al sitio si la información ya no resulta necesaria para un fin legí­timo del negocio. El proyecto de ley sin embargo fue criticado por McCullagh porque en realidad tendrá escaso efecto sobre el historial de búsquedas dado que la definición de información personal que no menciona a las direcciones de Internet o a los términos de búsqueda .

Desde una visión mas (económicamente) liberal, la organización NetCoalition un grupo de lobby que representa a empresas de Internet manifestó que este proyecto legislativo permitirí­a al gobierno, y no a particulares, definir qué es un -fin legí­timo del negocio-. De esa forma se podrí­a regular a los motores de búsqueda y obligar a retener ciertos datos.

No cabe ninguna duda que este almacenamiento de datos personales será cada vez más amplio. Hace un tiempo, Google inauguró una opción dentro de su motor de búsqueda por la cual se permite al usuario personalizar la búsqueda (se llama Búsqueda Personalizada y sobre el mismo Google presentó “una patente). El usuario se identifica con un nombre y clave de acceso (que coincide con su cuenta de Gmail) y de esa forma Google puede mejorar la información de búsquedas en relación a un usuario particular. Google describe de la siguiente manera las ventajas de este servicio:
– Obtenga los resultados de búsqueda más relevantes para usted. La Búsqueda personalizada ordena los resultados de búsqueda en función de lo que usted buscó en el pasado. Al principio, es posible que no note un gran cambio en sus resultados de búsqueda, pero éstos mejorarán a medida que vaya usando Google.
- Vea y administre sus búsquedas del pasado. Navegue y busque en sus búsquedas del pasado, incluyendo páginas web, imágenes y titulares de noticias sobre los que haya hecho clic. Puede eliminar elementos de su Historial de búsquedas en cualquier momento.
- Cree marcadores a los que puede acceder desde cualquier sitio. Ponga marcadores en sus sitios web favoritos y añada etiquetas y notas a los mismos. Después podrá hacer búsquedas de sus etiquetas y notas, y podrá acceder a sus marcadores desde cualquier ordenador con simplemente registrarse-.

La Polí­tica de privacidad que regula este servicio, dispone que:
–la Búsqueda personalizada registra información acerca de su actividad en Google, incluyendo sus búsquedas, los resultados sobre los que hace clic, y la fecha y hora de sus búsquedas para mejorar los resultados de sus búsquedas y mostrar su historial de búsquedas. A lo largo del tiempo, el servicio podrá también usar información adicional sobre su actividad en Google u otra información que usted nos facilite a efectos de proporcionar mejores resultados de búsquedas-¦. la Búsqueda personalizada usa la información antes descrita para mejorar sus resultados de búsquedas. Esta información será transmitida de modo seguro a los servidores de Google y guardada asociada a la información de su Cuenta de Google para proporcionarle el servicio-.

Por supuesto, como es un servicio voluntario, el usuario en cualquier momento puede borrar todos estos registros. Sin embargo se señala mas adelante en la misma Polí­tica que:
Usted puede borrar información de la Búsqueda personalizada utilizando el historial de búsquedas, y se eliminará del servicio. Sin embargo, como es una práctica habitual en el sector, y tal como se indica en la Polí­tica de Privacidad de Google, Google mantiene un sistema separado de registros a efectos de auditoria y para ayudarnos a mejorar la calidad de nuestros servicios a los usuarios.

La Polí­tica General de Privacidad de Google no aclara por cuánto tiempo se guardará esa información. Esto significa que será la propia empresa la que decidirá por cuanto tiempo almacenar esta información, algo que sucede comúnmente con las empresas de Internet. Las leyes son reemplazadas por las polí­ticas determinadas que aplica una empresa. Esto no es necesariamente negativo pero nos sugiere que en Internet las polí­ticas de privacidad y los estándares corporativos son una nueva fuente _de facto_ del Derecho.

Es importante entonces que las empresas que acumulan esta información piensen en términos de privacidad porque en cierta forma con sus acciones ellas son custodios de todos estos datos. Como han señalado en su reciente libro Bennet y Raab: hoy en dí­a las polí­ticas y actividades de compañí­as como IBM o Microsoft tienen mucho mas impacto que las acciones de una determinada Nación, ambas pueden amenazar o proteger la privacidad en el contexto de sus transacciones comerciales. Esto es exactamente así­, recordemos sino el número de serie en los procesadores Intel, los códigos similares en los archivos del programa MS Word o el actual debate sobre el sistema WGA de activación de Windows XP.

Pero mas allá de que esta preocupación realmente exista a nivel corporativo, lo cierto es que el problema volverá a repetirse como lo demuestra lo que ocurrió unos meses después del caso Google con la empresa America Online.

En julio del 2006 en una investigación sobre la conducta de los usuarios de Internet, AOL reveló datos personales de más de 658.000 suscriptores, que vieron expuestas públicamente sus términos de búsqueda en la red. Durante unos 10 dí­as la firma -subió- a Internet datos personales sobre unos 19 millones de “búsquedas” hechas por suscriptores de AOL durante tres meses. La idea de esta publicación era suministrar datos a la comunidad cientí­fica para que tuvieran material que les permitiera conocer el comportamiento de los usuarios de Internet en forma anónima.

Un sitio web resaltó el hecho de que muchos suscriptores habí­an hecho búsquedas usando sus nombres propios . Pero pese a ser anónimos, como cada usuario era identificado numéricamente, en algunos casos era posible identificar con el conjunto de las búsquedas quién era el sujeto en cuestión. De hecho el diario New York Times publicó el 9 de agosto una nota en la cual explicaba cómo a partir de estas búsquedas anónimas habí­a llegado a individualizar a los usuarios de AOL en un caso concreto.

Los efectos que genera la disponibilidad de información personal online son muy fuertes. Recientemente, un juez de North Carolina ordenó a Google que removiera contenidos personales que todaví­a estaban disponibles en el cache de Google, pese a que la administración pública por error habí­a permitido que estuvieran allí­. Se trataban de nombres, celulares, números de seguridad social, etc. Goole respondió que tardarí­an cinco dí­as y por eso se solicitó una restraining order que fue concedida.

Para terminar….
A partir del presente caso, numerosos autores han planteado que las búsquedas deberí­an ser anónimas (ver Fred von Lohmann- Tim Wu- etc). Se argumenta que no existe ninguna necesidad de identificar al usuario. Otros plantean destruir la información o limitar “esta retención de datos” (Geist).

También …obvio… aparecieron empresas ofreciendo este servicio, aunque ya existí­an antes.

Pero esta acumulación tiene una justificación empresaria: Google explica que le permite mejorar sus servicios de las mas diversas formas. Por ejemplo, alguna vez se dio cuenta que Google le reformula la búsqueda corrigiendo errores de ortografí­a comunes. ¿Como lo hicieron? Simple: al poder comparar los millones de búsquedas que luego son corregidas en forma inmediata por los propios usuarios, Google pudo implementar en su buscador la opción -Quizás quiso decir:- (“o Did you mean?”l) que corrige en forma automática la búsqueda con un error de ortografí­a … en cualquier idioma de los usados por Google. Sin embargo… no creo que para esto deban identificar a cada usuario y luego guardar esta información… Por eso me parece acertada la decisión de Google de resistir la entrega de datos al gobierno (es mas, confí­o mas en Google que en el Estado). Además el mismo argumento no autorizarí­a al dueño de un restaurant a instalar micrófonos en cada mesa para saber si sus comensales están conformes con la calidad del servicio. He ahí­ la razón del planteo de anonimizar estos datos.

Por supuesto que todo tiene una explicación técnica: los ordenadores necesitan de nuestros datos personales para poder funcionar en forma mas eficiente. Pero puede suceder que algún dí­a esta eficiencia y utilidad no superen en importancia para un usuario la necesidad de tener confidencialidad o privacidad sobre sus datos personales. A partir de ese momento probablemente el sistema deberá adaptarse a lo que quiera el usuario o el usuario cambiará de sistema… Pero el anonimato probablemente tiene precio: la falta de comodidad.

Para finalizar, no podemos dejar de contrastar el debate sobre el acceso a las búsquedas o por cuanto tiempo se guardarán éstas con el problema de los datos de tráfico que tanta crí­tica y debate produjeron en Argentina y Europa . Recordemos que en aquel entonces se criticó el plazo de diez años para datos de tráfico establecido en la ley 25.873. Pues bien, en este caso, parece ser que los datos de búsquedas en Internet pueden almacenarse en forma indefinida, conforme la polí­tica de privacidad de una empresa privada.

La información sobre las búsquedas en Internet parece no tener lí­mites. Es decir, parece no haber un derecho al olvido en el mundo digital. La idea central del derecho a la protección de datos, esto es, intentar minimizar la recolección de información y otorgar un mayor control sobre sus datos personales al usuario, deberí­a alcanzar su máxima expresión en Internet donde todo parece quedar registrado en forma indefinida. Si aplicamos las normas de protección de datos personales ley 25.326 a los motores de búsqueda en Internet probablemente nos encontraremos con una tarea impracticable por varios motivos: la diversidad de normas existentes, las dificultades de determinar “el derecho aplicable como ocurrió con Google Orkut Brasil” e incluso el problema de aplicar un régimen que probablemente no tuvo en cuenta estas situaciones en forma especí­fica. De allí­ que Spiros Simitis haya planteado recientemente la necesidad de crear normas especí­ficas en cada nuevo sector…

Las grandes acumulaciones de datos personales que la tecnologí­a ha creado han generado mas fuentes de información que están disponibles para que terceros las soliciten o accedan y consulten por los mas diversos motivos. * ¿Es necesario entonces repensar los tradicionales derechos y garantí­as constitucionales en función del paradigma que plantea el cambio tecnológico?. Nos parece que sí­, que es una necesidad que se viene planteando desde hace varios años y que debe afinarse frente a estos nuevos desarrollos. Es necesario entonces reflexionar sobre cómo aplicar las leyes de protección de datos en Internet, y tal vez en este caso concreto comenzar a pensar en crear normas especí­ficas que hagan referencia al anonimato. El caso en comentario es sólo el comienzo de una alerta sobre los necesarios resguardos que deberemos adoptar para preservar la privacidad en Internet.

****

Pablo Palazzi


Google debe entregar datos de usuarios en Brasil

Posted: septiembre 5th, 2006 | Author: | Filed under: Brasil, Casos, Derecho a la imagen | No Comments »

Un juez federal de Brasil le ordenó al buscador Google que entregue información sobre los usuarios que forman parte de una “comunidad virtual Orkut”:https://www.orkut.com/GLogin.aspx?done=http%3A%2F%2Fwww.orkut.com%2F, sick varios de cuyos miembros están acusados de pornografí­a infantil y racismo. La Justicia impuso ante un eventual incumplimiento astreintes de aproximadamente 23.000 dólares diarios. Google recibió “pedidos similares en Estados Unidos”:http://www.google.com/press/images/subpoena_20060317.pdf respecto de los ingresos de busquedas pero un juez limitó mucho ese pedido en un “fallo en abril de 2006″:http://googleblog.blogspot.com/2006/03/judge-tells-doj-no-on-search-queries.html. Ver el comentario a este último caso en el “Foro de habeas data: Google y el derecho a la privacidad sobre las búsquedas realizadas en la web”:http://www.habeasdata.org/Dont_Be_evil

Ver fallo brasilero completo en

“http://producao.prsp.mpf.gov.br/news/internews/liminar.pdf”:http://producao.prsp.mpf.gov.br/news/internews/liminar.pdf

Fallo estadounidense completo en:

“http://googleblog.blogspot.com/2006/03/judge-tells-doj-no-on-search-queries.html”:http://googleblog.blogspot.com/2006/03/judge-tells-doj-no-on-search-queries.html

Mas

“http://www.csmonitor.com/2006/0908/p01s03-woam.html”:http://www.csmonitor.com/2006/0908/p01s03-woam.html

“http://www.broadbandreports.com/shownews/77999″:http://www.broadbandreports.com/shownews/77999


Censura de Internet en China

Posted: agosto 13th, 2006 | Author: | Filed under: Colombia, Derecho a la imagen | No Comments »

En 149 páginas el informe de “HRW”:http://www.hrw.org/ explica cómo se censura Internet en China, contagion incluyendo un amplio capí­tulo sobre Google. Hay versión en formato “PDF”:http://www.hrw.org/reports/2006/china0806/china0806webwcover.pdf … Imperdible…

Ver “http://www.hrw.org/reports/2006/china0806/”:http://www.hrw.org/reports/2006/china0806/