Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Nuevo libro sobre datos personales

Posted: abril 10th, 2011 | Author: | Filed under: Argentina, Habeas Data, Honor, Informes comerciales, Libro | Tags: , , , | Comentarios desactivados

NOTA: El 16 de junio la Dra. Aída Kemelmajer presentará esta obra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, rx salon Verde, hospital a las 18,30 hs. Están todos invitados.

Eduardo Molina Quiroga acaba de publicar su tesis por editorial La Ley bajo el nombre “responsabilidad derivada de informes crediticios”. La obra, algunos de cuyos capitulos pude leer antes de su publicación por gentileza del autor, analiza las implicancias de la responsabidad civil generada por la creación de informes de crédito.

 


La provincia de San Luis aprueba ley procesal de habeas data

Posted: noviembre 6th, 2010 | Author: | Filed under: América Latina, Argentina, Competencia judicial, Datos sensibles, Derecho a la imagen, GPS, Habeas Data, Habeas Data colectivo, Honor, Leyes provinciales, San Luis | Tags: | Comentarios desactivados

LEY Nº I-0733-2010  – BOLETIN OFICIAL del 5 de noviembre de 2010.

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE

SAN LUIS, recipe SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

GARANTIA A LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD

ARTÍCULO 1°.- El Estado Provincial garantiza los derechos fundamentales a la privacidad y a la intimidad, reconocidos en la Constitución de la provincia de San Luis.-

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Ley Orgánica 1/1982, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen

Posted: febrero 1st, 2007 | Author: | Filed under: Derecho a la imagen, España, Europa, Google, Honor, Normas | Tags: , | Comentarios desactivados

Ley Orgánica 1/1982, disorder de 5 de mayo, patient de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen

(BOE núm. 115, de 14-05-1982).

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme al artí­culo 18.1 de la Constitución, los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen tienen el rango de fundamentales, y hasta tal punto aparecen realzados en el texto constitucional que el artí­culo veinte, cuatro, dispone que el respeto de tales derechos constituya un lí­mite al ejercicio de las libertades de expresión que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de fundamentales.

El desarrollo mediante la correspondiente Ley Orgánica, a tenor del artí­culo 81.1 de la Constitución, del principio general de garantí­a de tales derechos contenidos en el citado artí­culo 18.1 de la misma, constituye la finalidad de la presente ley.

Establece el artí­culo 1 de la misma la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, frente a todo género de injerencia o intromisiones ilegí­timas. Pero no puede ignorar que algunos de esos derechos gozan o previsiblemente gozarán de una protección penal. Así­ ocurre con el derecho al honor, amparado por las prescripciones contenidas en el libro II, tí­tulo X, del vigente Código Penal,y con determinados aspectos del derecho a la intimidad personal y familiar que son objeto de una protección de esa naturaleza en el proyecto del nuevo Código Penal recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.

Por ello, en los casos que exista la protección penal tendrá ésta preferente aplicación, por ser sin duda la de más fuerte efectividad, si bien la responsabilidad civil derivada del delito se deber fijar de acuerdo con los criterios que esta ley establece.

Los derechos garantizados por la ley han sido encuadrados por la doctrina jurí­dica más autorizada entre los derechos de la personalidad, calificación de la que obviamente se desprende el carácter de irrenunciable, irrenunciabilidad referida con carácter genérico a la protección civil que la ley establece.

En el artí­culo 2 se regula el ámbito de protección de los derechos a que se refiere. Además de la delimitación que pueda resultar de las leyes, se estima razonable admitir que en lo no previsto por ellas la esfera del honor, de la intimidad personal y familiar y del uso de la imagen está determinada de manera decisiva por las ideas que prevalezcan en cada momento en la Sociedad y por el propio concepto que cada persona según sus actos propios mantenga al respecto y determine sus pautas de comportamiento. De esta forma, la cuestión se resuelve en la ley en términos que permiten al juzgador la prudente determinación de la esfera de protección en función de datos variables según los tiempos y las personas.

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ECUADOR- Ley de Buros de información

Posted: enero 15th, 2007 | Author: | Filed under: Ecuador, Habeas Data, Honor, Informes comerciales, Normas | Comentarios desactivados

ECUADOR – LEY DE BUROS DE INFORMACION CREDITICIA Nº 2005-13

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el artí­culo 81 de la Constitución Polí­tica de la República, for sale establece que el Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a
buscar, men’s health recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general,
que preserve los valores de la comunidad;

Que es necesario dictar una ley que permita a las instituciones del sistema financiero, a las del sistema de seguros privados, a las del sistema
nacional de seguridad social y a las del sector real de la economí­a, contar con información completa que les permita tomar adecuadas decisiones de
riesgo, con la finalidad de proteger los intereses de los depositantes y del público en general;

Que es fundamental proteger el derecho de los titulares de la información de crédito respecto a que ésta sea correcta y veraz, y, en adición, que no

lesione su derecho constitucional a la intimidad personal o familiar; y,En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente:

LEY DE BUROS DE INFORMACION CREDITICIA

TITULO I

DE LOS BUROS DE INFORMACION CREDITICIA

Art. 1.- Esta Ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de los burós de información crediticia, cuya
actividad exclusiva será la prestación de los servicios de referencia crediticia.

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La cámara comercial admite el habeas data colectivo

Posted: mayo 21st, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Habeas Data, Habeas Data colectivo, Honor | Comentarios desactivados

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, health Sala E, “UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ CITIBANK S/ SUMARISIMO”

Ver dictamen de la Fiscal General Dra. Alejandra Gils Carbó – Nota de Liliana Schvartz – Antecedentes: ver Caso S. v. Citibank

Buenos Aires, 12 de mayo de 2006.

Y VISTOS:
1. Viene apelada por la accionante la sentencia de fs. 57/62 que rechazó la presente acción por considerar el magistrado que la Unión de Usuarios y Consumidores carece de legitimación activa para promover un “hábeas data colectivo” en virtud de lo dispuesto por el “art. 34 de la ley 25.326″:, reglamentario del párrafo tercero del art. 43 de la Constitución Nacional.

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Reglas de Heredia

Posted: noviembre 7th, 2003 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, América Latina, Anonimato, Blogs, Buscadores, Datos sensibles, Documento, Google, Habeas Data, Honor, Internacional | Comentarios desactivados

REGLAS MÍNIMAS

PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN JUDICIAL EN INTERNET

Reglas de Heredia

Finalidad

Regla 1. La finalidad de la difusión en Internet de las sentencias y resoluciones judiciales será:

(a) El conocimiento de la información jurisprudencial y la garantía de igualdad ante la ley;

(b) Para procurar alcanzar la transparencia de la administración de justicia.

Regla 2. La finalidad de la difusión en Internet de la información procesal será garantizar el inmediato acceso de las partes o quienes tengan un interés legitimo en la causa, generic a sus movimientos, citaciones o notificaciones.

Derecho de oposición del interesado

Regla 3. Se reconocerá al interesado el derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto de difusión, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. En caso de determinarse, de oficio o a petición de parte, que datos de personas físicas o jurídicas son ilegítimamente siendo difundidos, deberá ser efectuada la exclusión o rectificación correspondiente.

Adecuación al fin

Regla 4. En cada caso los motores de búsqueda se ajustarán al alcance y finalidades con que se difunde la información judicial.

Balance entre transparencia y privacidad

Regla 5. Prevalecen los derechos de privacidad e intimidad, cuando se traten datos personales que se refieran a niños, niñas, adolescentes (menores) o incapaces; o asuntos familiares; o que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos; así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad; o victimas de violencia sexual o domestica; o cuando se trate de datos sensibles o de publicación restringida según cada legislación nacional aplicable o hayan sido así considerados en la jurisprudencia emanada de los órganos encargados de la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales.

En este caso se considera conveniente que los datos personales de las partes, coadyuvantes, adherentes, terceros y testigos intervinientes, sean suprimidos, anonimizados o inicializados, salvo que el interesado expresamente lo solicite y ello sea pertinente de acuerdo a la legislación.

Regla 6. Prevalece la transparencia y el derecho de acceso a la información pública cuando la persona concernida ha alcanzado voluntariamente el carácter de publica y el proceso esté relacionado con las razones de su notoriedad. Sin embargo, se considerarán excluidas las cuestiones de familia o aquellas en los que exista una protección legal específica.

En estos casos podrán mantenerse los nombres de las partes en la difusión de la información judicial, pero se evitarán los domicilios u otros datos identificatorios.

Regla 7. En todos los demás casos se buscará un equilibro que garantice ambos derechos. Este equilibrio podrá instrumentarse:

(a) en las bases de datos de sentencias, utilizando motores de búsqueda capaces de ignorar nombres y datos personales;

(b) en las bases de datos de información procesal, utilizando como criterio de búsqueda e identificación el número único del caso.

Se evitará presentar esta información en forma de listas ordenadas por otro criterio que no sea el número de identificación del proceso o la resolución, o bien por un descriptor temático.

Regla 8. El tratamiento de datos relativos a infracciones, condenas penales o medidas de seguridad, sólo podrá efectuarse bajo el control de la autoridad pública. Sólo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de los poderes públicos.

Regla 9. Los jueces cuando redacten sus sentencias u otras resoluciones y actuaciones, harán sus mejores esfuerzos para evitar mencionar hechos inconducentes o relativos a terceros, buscaran sólo mencionar aquellos hechos y datos personales estrictamente necesarios para los fundamentos de su decisión, tratando no invadir la esfera íntima de las personas mencionadas. Se exceptúa de la anterior regla la posibilidad de consignar algunos datos necesarios para fines meramente estadísticos, siempre que sean respetadas las reglas sobre privacidad contenidas en esta declaración. Igualmente se recomienda evitar los detalles que puedan perjudicar a personas jurídicas (morales) o dar excesivos detalles sobre los moda operandi que puedan incentivar algunos delitos. Esta regla se aplica en lo pertinente a los edictos judiciales.

Regla 10. En la celebración de convenios con editoriales jurídicas deberán ser observadas las reglas precedentes.

Definiciones

Datos personales: Los datos concernientes a una persona física o moral, identificada o identificable, capaz de revelar información acerca de su personalidad, de sus relaciones afectivas, su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio físico y electrónico, número nacional de identificación de personas, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad o su autodeterminación informativa. Esta definición se interpretara en el contexto de la legislación local en la materia.

Motor de búsqueda: son las funciones de búsqueda incluidas en los sitios en Internet de los Poderes Judiciales que facilitan la ubicación y recuperación de todos los documento en la base de datos, que satisfacen las características lógicas definidas por el usuario, que pueden consistir en la inclusión o exclusión de determinadas palabras o familia de palabras; fechas; y tamaño de archivos, y todas sus posibles combinaciones con conectores booleanos.

Personas voluntariamente públicas: el concepto se refiere a funcionarios públicos (cargos electivos o jerárquicos) o particulares que se hayan involucrado voluntariamente en asuntos de interés público (en este caso se estima necesaria una manifestación clara de renuncia a una área determinada de su intimidad)

Anonimizar: Esto todo tratamiento de datos personales que implique que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable.

Alcances

Alcance 1. Estas reglas son recomendaciones que se limitan a la difusión en Internet o en cualquier otro formato electrónico de sentencias e información procesal. Por tanto no se refieren al acceso a documentos en las oficinas judiciales ni a las ediciones en papel.

Alcance 2. Son reglas mínimas en el sentido de la protección de los derechos de intimidad y privacidad; por tanto, las autoridades judiciales, o los particulares, las organizaciones o las empresas que difundan información judicial en Internet podrán utilizar procedimientos más rigurosos de protección.

Alcance 3. Si bien estas reglas están dirigidas a los sitios en Internet de los Poderes Judiciales también se hacen extensivas —en razón de la fuente de información— a los proveedores comerciales de jurisprudencia o información judicial.

Alcance 4. Estas reglas no incluyen ningún procedimiento formal de adhesión personal ni institucional y su valor se limita a la autoridad de sus fundamentos y logros.

Alcance 5. Estas reglas pretenden ser hoy la mejor alternativa o punto de partida para lograr un equilibrio entre transparencia, acceso a la información pública y derechos de privacidad e intimidad. Su vigencia y autoridad en el futuro puede estar condicionada a nuevos desarrollos tecnológicos o a nuevos marcos regulatorios.

Heredia, 9 de julio de 2003.

Recomendaciones aprobadas durante el Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la ciudad de Heredia (Costa Rica), los días 8 y 9 de julio de 2003 con la participación de poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y académicos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay.


Textos constitucionales de Habeas data

Posted: febrero 20th, 2000 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, América Latina, Argentina, Constitucion, Habeas Data, Honor | Comentarios desactivados

ARGENTINA


Provincia de Buenos Aires

Artículo 20.- Se establecen las siguientes garantías de los derechos constitucionales:

1-      Toda persona que de modo actual o inminente, cardiology sufra en forma ilegal o arbitraria, pharm cualquier tipo de restricción o amenaza en su libertad personal, podrá ejercer la garantía de Habeas Corpus recurriendo ante cualquier juez.

Igualmente se procederá en caso de agravamiento arbitrario de las condiciones de su detención legal o en el de desaparición forzada de personas.

La presentación no requerirá formalidad alguna y podrá realizarse por sí mismo o a través de terceros, aún sin mandato.

El juez con conocimiento de los hechos y de resultar procedente, hará cesar inmediatamente y dentro de las veinticuatro horas, la restricción, amenaza o agravamiento, aún durante la vigencia del estado de sitio. Incurrirá en falta grave el juez o funcionario que no cumpliere con las disposiciones precedentes.

2-      La garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos.

El Amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable y no procediese la garantía de Habeas Corpus.

No procederá contra leyes o contra actos jurisdiccionales emanados del Poder Judicial.

La ley regulará el Amparo estableciendo un procedimiento breve y de pronta resolución para el ejercicio de esta garantía, sin perjuicio de la facultad del juez para acelerar su trámite, mediante formas más sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada.

En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivos.

3-      A través de la garantía de Habeas Data que se regirá por el procedimiento que la ley determine, toda persona podrá conocer lo que conste de la misma en forma de registro, archivo o banco de datos de organismos públicos, o privados destinados a proveer informes, así como la finalidad a que se destine esa información, y a requerir su rectificación, actualización o cancelación. No podrá afectarse el secreto de las fuentes y el contenido de la información periodística.

Ningún dato podrá registrarse con fines discriminatorios ni será proporcionado a terceros, salvo que tengan un interés legítimo. El uso de la informática no podrá vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos.

Todas las garantías precedentes son operativas. En ausencia de reglamentación, los jueces resolverán sobre la procedencia de las acciones que se promuevan, en consideración a la naturaleza de los derechos que se pretendan tutelar.

Córdoba

Salta