Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

El Salvador regula los informes comerciales

Posted: diciembre 8th, 2011 | Author: | Filed under: América Latina, Informes comerciales | Comentarios desactivados

Se trata de una norma aprobada recientemente que establece limitaciones y regulaciones sobre los informes crediticios.

 


Derecho al olvido: fallo CSJN “Catania”

Posted: noviembre 17th, 2011 | Author: | Filed under: América Latina, Argentina, derecho al olvido, Informes comerciales | Tags: | Comentarios desactivados

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011

     Vistos los autos: “Catania, Américo Marcial c/BCRA – (Base Datos) y otros s/ hábeas data”.

Considerando:

1°) Que el actor inició una acción de hábeas data contra el Banco Central de la República Argentina con el objeto de acceder a los datos que sobre su persona obran en la base de datos de dicha entidad (“Central de Deudores del Sistema Financiero”) y contra el Citibank N.A., pues son las entidades financieras las que califican a sus clientes según el grado de cumplimiento de sus obligaciones y/o sus posibilidades de hacerlo, y remiten dicha información al Banco Central de la República Argentina. Adujo que mediante un informe emitido por la Organización Veraz, el 15 de marzo de 2004, tomó conocimiento de que el Citibank  N.A. comunicó al Banco Central información adversa relativa a su condición de deudor de aquella entidad financiera.

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Fuerte debate en Chile sobre los datos crediticios

Posted: septiembre 29th, 2011 | Author: | Filed under: América Latina, Chile, Informes comerciales, Proyecto de Ley | Comentarios desactivados

Se vienen presentando varios proyectos para regular el tema, pues la ley actual lo hace en forma deficiente frente a los estándares internacionales… A continuación el proyecto de ley 9655 y la opinión del experto Renato Jijena Leiva…

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Comentario al libro sobre Informes comerciales de Eduardo Molina Quiroga

Posted: junio 11th, 2011 | Author: | Filed under: Informes comerciales, Libro | Comentarios desactivados

Responsabilidad derivada de informes crediticios, Editorial La ley, 2011. Comentario por Pablo A. Palazzi

Eduardo Molina Quiroga acaba de publicar su tesis por editorial La Ley bajo el nombre “Responsabilidad derivada de informes crediticios” y me ha pedido que la comente.

Además de ser una tesis doctoral, lo que es muy importante y meritorio porque son pocos los abogados que se animan a dar el paso y escribirla para ser verdaderos doctores, la obra tiene de por sí un gran atractivo por el análisis muy elaborado y profundo de la temática y sobre todo de las nuevas cuestiones que su autor introduce en la doctrina nacional, que no habían sido tratadas con anterioridad en el medio. Además debe señalarse que no es la primera vez que el autor incursiona en estos temas pues dese hace años viene escribiendo notas y artículos en la materia.

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Nuevo libro sobre datos personales

Posted: abril 10th, 2011 | Author: | Filed under: Argentina, Habeas Data, Honor, Informes comerciales, Libro | Tags: , , , | Comentarios desactivados

NOTA: El 16 de junio la Dra. Aída Kemelmajer presentará esta obra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, salon Verde, a las 18,30 hs. Están todos invitados.

Eduardo Molina Quiroga acaba de publicar su tesis por editorial La Ley bajo el nombre “responsabilidad derivada de informes crediticios”. La obra, algunos de cuyos capitulos pude leer antes de su publicación por gentileza del autor, analiza las implicancias de la responsabidad civil generada por la creación de informes de crédito.

 


Habeas data y protección de datos en Costa Rica

Posted: septiembre 27th, 2010 | Author: | Filed under: América central, Costa Rica, Habeas Data, Informes comerciales, Proyecto de Ley | Comentarios desactivados

Lic. Wendy Singer Plá
¿Cual es la situación en Costa Rica respecto a la protección de datos personales? ¿Cuales son los primeros problemas que se perfilan?

Los primeros problemas que se perfilan en Costa Rica, es sobre la recopilación y transmisión de datos de las protectoras de crédito. Pues su uso se ha vuelto muy común, no solo ya para las entidades financieras, sino también por bufetes, servicios de recursos humanos, servicios de factoreo, etc.  No vamos a negar la importancia social y económica que tienen las protectoras de crédito para desplegar esta información (claro esta que no solo reportan su puntaje crediticio, sino también direcciones, números de teléfonos, antiguos trabajos y sus respectivos salarios, entre otros). Pues proteger el mercado es de interés para todos y más en una economía como la que estamos en este momento.

Sin embargo, que pasa cuando estas protectoras de crédito actúan a la libre?

Nuestra situación dista mucho de la de Argentina, México, Colombia donde ya cuentan con una ley de protección de datos, es decir un control a priori, que protege a los titulares de la información.

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Respuestas a las preguntas mas frecuentes sobre informes comerciales

Posted: septiembre 5th, 2010 | Author: | Filed under: Argentina, FAQ, Informes comerciales, Público en general | Tags: | Comentarios desactivados

1) Que es el habeas data? Es el derecho constitucional a acceder y corregir datos personales cuando estos son falsos o discriminatorios. La Constitución Nacional de 1994 lo define así­ -…Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos … y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos…”.

2) En qué consiste el derecho a la protección de los datos personales? Es el derecho que toda persona tiene a controlar los datos personales que existen en bancos de datos. En el año 2000 el Congreso Nacional reglamentó la acción de habeas data a través de la ley 25.326.

3) Que son los informes comerciales? Son documentos donde se consigna si una persona tiene deudas con el sistema financiero y si sus acreedores le han iniciado reclamos judiciales. También suelen contener información sobre la calificación realizada a través de la base de datos de deudores del sistema financiero que es elaborado por cada banco y publicada por el BCRA (calificación que va de 1 a 5 siendo 1 situación normal y 5 irrecuperable). También incluyen datos sobre el sistema no financiero, por ejemplo deudas con comercios o servicios públicos.

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Sancionan a Globinfo

Posted: mayo 3rd, 2009 | Author: | Filed under: Argentina, Informes comerciales, Sanciones | Comentarios desactivados

Tal como informamos en un post anterior hace mas de un año, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (antes de la creación del centro de protección de datos personales de la Ciudad dependiente de la Dirección de Derechos y Garantías), le había pedido a la Dirección Nacional de Datos Personales que investigara al sitio www.globinfo.com.ar en relación al cumplimiento de la ley 25.326.

Pues bien, luego de una larga investigación, en el caso “Globinfo” (Disp. DNPDP 5/2009 de abril de 2009) la DNPDP sancionó a la empresa Open Discovery SA, titular de la página www.globinfo.com.ar, con una multa de 50.000 pesos y le ordenó clausurar sus bases de datos hasta que demuestre que el Informe Globinfo cumple con los extremos de la ley 25.326.

Enrte otras cosas la decisión de la DNPDP establece importantes principios a saber:

-       el hecho de que la denunciada haya registrado sus bases de datos no significa que luego no pueda incurrir en conductas contrarias a la ley de protección de datos personales; dicho de otro modo, el registro y su aprobación no sanean nada y el control que en el momento del registro hace la DNPDP es meramente formal. El deber de inscripción es condiciones necesaria para la licitud del tratamiento de datos personales pero no condición única ya que el responsable de la base de datos debe cumplir con el resto de la normativa de la ley 25.326.

-       La DNPDP cuestinó el exceso de información contenido en los informes vendidos por Globinfo. En efecto, se señaló que en los informes comerciales vendidos había datos de carácter patrimonial y otros que no compartían esa naturaleza, como datos identificatorios de vecindad y parentesco, entre otros.

-       Se recuerda que el art. 26.1 de la ley 25.326 que dispone: “En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento”.

-       La DNPDP concluye que no corresponde admitir en los informes crediticios información que no sea patrimonial, con excepción de aquella que sea netamente identificatoria, a fin de no faltar al principio de calidad del dato (art. 4 ley 25.326) que dispone “Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido”.

-       La empresa no cumple con ese principio en tanto no distingue entre los intereses de los cesionarios y brinda la totalidad de la información recabada. A modo de ejemplo, para el caso de obtención de informes comerciales, los datos excesivos y no pertienentes son todos aquellos que exceden la situación económica y financiera de su titular, como ser los datos de parientes y vecinos.

La DNPDP confirmó a habeasdata.org que esta decisión fue apelada y por tanto no estaría firme.


Book about credit reporting in Latin America

Posted: agosto 7th, 2008 | Author: | Filed under: Argentina, Informes comerciales, Law | Comentarios desactivados

Credit Reporting by Pablo A. Palazzi. Published by Astrea (2007) Buenos Aires

This book presents the legal framework governing the use of personal data contained in credit reports. Its objective is to summarize case law and jurisprudence, Argentine as well as international, which for more than a decade have established the rights of data subjects with respect to credit reports. As a research work, this study pertains to personal rights, commercial law and personal data protection.

It covers habeas data and credit reporting legal frameworks in Argentina and in comparative law, strongly focused on Latin America, and also other uncommon topics such as identity theft -“ dealt with for the first time on a publication in South America- the right to oblivion, the right to privacy with respect to the gathering of personal data, habeas data procedural features, and the criteria for assigning liability in this area of the law.

The reporting of credit historical data is crucial to our society today: it adds transparency to the market by making available the past and present behavior of individuals. Personal Data Protection law -“ the reaction against the general gathering and handling of personal data- grants individuals the power to control the use of personal data through rules and principles related to the quality of the data consent to deal with it legal actions, limitations imposed on databanks according to content, time and manner of information handling; assignment and transference of information to third parties; and the engagement of government authorities to oversee the protection of such rights.

The book-™s content is structured as follows. Chapter 1 provides an introduction on how credit reporting works, the related business practices, and an overview of the applicable regulations in comparative law. Chapter 2 describes the applicable law governing the use of personal data for financial solvency reports. Chapter 3 focuses on the Right to Oblivion, the opinions of jurists and the adoption of this legal concept in the Argentine legal framework through law 25,326. Chapter 4 deals with the identity theft issue and its significance to the banking and credit reporting industries. The last chapter elaborates on the judicial and administrative actions available to data subjects to ensure the accuracy of the information stated on credit reports.


Hasta cuándo se pueden informar las deudas bancarias?

Posted: abril 15th, 2008 | Author: | Filed under: Argentina, Colombia, Informes comerciales | Tags: , , | Comentarios desactivados

¿Hasta cuándo se pueden informar las deudas bancarias ?

Por Geronimo De Francesco
publicado en -EL DERECHO- del dí­a 06 02 2008, texto facilitado por el autor.

I. Introducción
El presente artí­culo tiene por finalidad precisar un tema muy controvertido en la jurisprudencia y poco debatido por la doctrina especializada, consistente en el momento hasta el cuál las entidades financieras tienen derecho a seguir informando la deuda en cabeza del obligado al pago a la “Central de Deudores del BCRA”.

II. El Marco Regulatorio
a. Central de Deudores del Sistema Financiero

En virtud de la Comunicación “A” 2389 del 1.11.95 el Banco Central dispuso la creación de un Registro o Base de Datos, con la información que mensualmente le deben suministrar las entidades bancarias, financieras y las empresas de tarjetas de crédito, respecto de sus respectivos clientes.
Conforme la citada disposición la información que las entidades deberán remitir mensualmente al BCRA será: denominación, identificación, actividad principal, total de deuda, deuda sin garantí­a ni contragarantí­as preferidas, y situación de los deudores comprendidos.
Con dicha información se conformó la denominada “Central de Información Crediticia” que incluyó dichos datos y especificando además la entidad informante.
Este Banco de Datos es supervisado y administrado por el Ente Rector, y atento lo establecido por la Circular “A” 1/95, se procede mensualmente a agrupar los deudores en base a las informaciones que suministran las entidades financieras.
La referida Base de Datos fue es puesta a disposición de dichas entidades así­ como también de las empresas especializadas en el seguimiento de riesgos crediticios.
En el punto 6 de la referida Comunicación -A- 2389 se establece expresamente que la información contenida en la Central de Deudores y retransmitida por el citado Banco Central “es de exclusiva responsabilidad de las entidades que las suministraron en cuanto a su veracidad” (bancos, entidades financieras o no financieras emisoras de tarjetas de crédito, etc.).
Posteriormente, mediante Comunicación A 2562 de fecha 17.7.97 el BCRA dispuso efectuar modificaciones al régimen informativo de “Total de Deudores” y “Principales Deudores del Sistema Financiero” unificándolos en la denominada “Central de Deudores del Sistema Financiero”.

*b. Transmisión de la Información*
La información recopilada por el Banco Central, hasta el mes de septiembre de 1997, era transmitida a todo el sistema través de cintas magnéticas (Comunicación -A- 2389 del O1.11.95 y “A” 2481).
A partir de abril de 1998 la citada información es difundida al público en general por medio del CD ROM (Compact Disc) entregado por el BCRA, conforme Comunicación “A” 2679 del 30.03.98 y Comunicación “A” 2686 de fecha 14.04.98.
La información rectificativa de las entidades debe realizarse con arreglo a lo dispuesto en la Comunicación “B” 6329 del 22.05.99.

c. Calificación de los Deudores:
Por medio de la Comunicación “A” 2216 del 09.06.94 el BCRA estableció que “…a partir de junio de 1994, los deudores de las entidades financieras se clasificarán conforme las normas de las contenidas en el Anexo I de la presente comunicación …”
A su vez, el citado Anexo I estableció lo siguiente:
Clasificación de los deudores comerciales:
a) En situación Normal (1);
b) Cumplimiento inadecuado (2);
c) Cumplimiento deficiente (3);
d) De difí­cil recuperación (4);
e) Irrecuperable (5);
f) Irrecuperable por disposición técnica (6).
En base a la clasificación de sus deudores comerciales, establecida en la mencionada Circular, las entidades financieras quedaron obligadas a informar al Banco Central la situación de dichos deudores.
En efecto, en virtud de lo dispuesto en la Comunicación “A” 2216 del 09.06.94 y la Circular “A” 2587 del 09.01.98 del BCRA:
-¢ Las entidades bancarias, financieras y emisoras de tarjetas de crédito, por disposición del BCRA, deben informar sus tomadores de crédito y calificar dichas operaciones, de acuerdo al cumplimiento que registren.
-¢ A su vez esa información, conforma e integra la denominada “Central de Información Crediticia” (hoy denominada ‘Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina’) del Banco Central de la República Argentina, que es comunicada a toda la plaza financiera, es decir a las entidades financieras y empresas autorizadas expresamente.
Dicha información es retransmitida a todo el sistema financiero a través de los sistemas, cuyo funcionamiento fuera explicado precedentemente.
La información al respecto también es suministrada por el Banco Central y difundida al público en general por medio del CD ROM (Compact Disc) entregado por el BCRA, y ví­a Internet, accediendo al sitio http://www.bcra.gov.ar

III. El -Derecho al Olvido
El artí­culo 26, apartado 4* ° de la ley 25.326 establece que -sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho-.

Se consagra el instituto que en doctrina se denomina -derecho al olvido-, el cual ha sido definido como -el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado lapso desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado- 1)

Se trata, pues, de un derecho reconocido objetivamente, sin que sea necesario más que demostrar la existencia del transcurso del plazo respectivo, ya que para que comience a correr el plazo de cinco años no es necesario que la deuda haya sido cancelada o extinguida, caso contrario, carecerí­a de sentido que el mismo artí­culo luego fijara un plazo menor de dos años para solicitar la supresión de aquella información que se refiere a deudas ya extinguidas.

A su vez, dicha norma es complementada por el decreto 1558/2001, que al reglamentar el citado art. 26 dispone -…para apreciar la solvencia económico financiera de una persona … se tendrí­a en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco años, éstos se contarán a partir de la fecha de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible…-

La jurisprudencia no se ha desenvuelto en forma pací­fica en torno al momento a partir del cual se debe comenzar a computar el plazo de cinco años que estipula la normativa analizada, estableciéndose en algunos precedentes que debe ser desde la mora y en otros que debe ser desde la última información adversa archivad.

Del simple cotejo del decreto reglamentario podrí­amos concluir que lo relevante para la ley es la diligencia que el acreedor debe tener en la actualización de la comunicación acerca de la vigencia de la deuda, pues su falta de diligencia opera en favor del titular de los datos otorgándole la posibilidad de suprimir el dato una vez transcurrido el plazo legal, aún cuando la deuda sea exigible.

Es decir, a primera vista parecerí­a lógico comenzar a computar el plazo de caducidad desde que la entidad deja de informar que la deuda está vigente, pues también resultarí­a legí­timo el derecho de los interesados de conocer la solvencia patrimonial de la persona que les ha solicitado un préstamo, la cual no serí­a en tal caso pasada sino actual.

Si bien podrí­a decirse que tal interpretación restringirí­a en cierto modo el instituto del -derecho al olvido- -“ conforme se concibiera en sus orí­genes al hacerlo depender de la diligencia del acreedor en mantener la información permanentemente actualizada y no del mero transcurso de un cierto plazo, lo cierto es que en el orden de ideas que venimos desarrollando la reglamentación consignada precedentemente no deberí­a ser tildada de irrazonable pues, en definitiva, no harí­a mas que reflejar una situación patrimonial del deudor que se mantiene vigente.

En sí­ntesis, si bien se intenta proteger el derecho a la intimidad de las personas, dicho derecho debe ser compatibilizado con el derecho de los acreedores o potenciales acreedores de tener acceso a aquellos datos que permitan evaluar la solvencia económica de tales personas.

Además, no se está condenando a los deudores a que sus datos permanezcan a perpetuidad en diferentes registros, pues cuando las deudas dejen de ser exigibles (por prescripción, novación o cualquier otro modo de extinción) comenzará a regir el plazo de dos años (que se computa desde el momento preciso en que se extingue la obligación) previsto en el segundo apartado del citado art. 26 de la ley 25.326; mientras ello no ocurra, si el acreedor mantiene actualizados los datos, el plazo de caducidad no operará.

*IV. Concurso o Quiebra del Deudor*
La ley, mediante el instituto que denominamos “concurso”, procede a establecer diversas ví­as para la superación del estado de cesación de pagos: una saneatoria o rehabilitatoria, que teniendo en miras la capacidad de generación de ingresos del sujeto en cesación persigue que, previa detención de la acciones de agresión patrimonial, éste pueda, a través de un acuerdo de mayorí­as con sus acreedores, obtener las quitas, esperas o modificaciones de la especie debida que le permitan “repagar” tales pasivos mutados y continuar como sujeto útil en el mercado, y otra quirúrgica o liquidativa, que procede al rápido desapoderamiento y liquidación de los activos del cesante para pagar lo que buenamente se pueda con el producido, para permitir que los bienes vuelvan al mercado en manos teóricamente más aptas y para brindar al quebrado la chance de un nuevo comienzo, liberado del pasivo antiguo, el que sólo podrá ser cobrado de los bienes objeto de desapoderamiento.

a. El Concursamiento del Deudor:
En el caso de presentación del deudor informado en concurso preventivo, si bien el art. 55 de la ley 24.522 establece que -el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso-, entendida ésta como la -transformación de una obligación en otra- conforme lo prevé el art. 801 del Código Civil, en la práctica las entidades financieras aplican una normativa administrativa especí­fica -Clasificación de Deudores del BCRA- (to. al 04/05/07) que las obliga a informar a sus deudores en situación -4- (punto 6.5.4.7) cuando hayan solicitado su concurso preventivo; en situación -3 (punto 6.5.3.6) cuando hayan abonado mas del 20% del importe involucrado en convenios de pago resultantes de concordatos judiciales o extrajudiciales homologados, o en situación -2- (punto 6.5.2.1. VI) cuando hayan abonado menos del 20% citado.

*b. La Quiebra del Deudor*
En el caso de quiebra del deudor informado, cotidianamente se presenta una primera confusión relacionada con el instituto de la -rehabilitación- del fallido prevista en el art. 236 de la Ley 24.522.
Sobre el punto, tenemos que la rehabilitación produce el cese de las inhabilitaciones personales propias de la quiebra , más no producirí­a, según la letra de la ley, la extinción de las obligaciones de titulo o causa anterior al decreto de quiebra.
Por ello, el art. 231 de la ley 24.522 nos aclara el panorama al proyectar los efectos de la quiebra respecto del fallido hasta que se produzca la conclusión de la misma por el transcurso de dos años desde la clausura del procedimiento, ya sea por falta de activo (art. 232 LCQ) o por distribución final (art. 230 LCQ).
Dicho estadio procesal y no otro, resulta ser el momento oportuno a partir del cual el dato perderí­a vigencia.

V. Conclusión
El presente trabajo tiene por objetivo pretender despejar el interrogante planteado en el tí­tulo que da origen al mismo, mediante algunas aproximaciones acerca de los casos que cotidianamente afrontan las entidades financieras en su actividad comercial habitual.
Por dicho motivo, entiendo que dada las diferentes posturas existentes en torno a la interpretación de la normativa que regula la materia, se tornarí­a necesaria una armonización, por ejemplo, entre el artí­culo 26, apartado 4 ° de la ley 25.326 y el decreto 1558/2001 que lo reglamenta, como así­ también entre los arts. 55 y 231 de la ley 24.522 y el -Clasificador de Deudores del BCRA-, pues tal como están redactadas dichas normas parecerí­an, en principio, contradecirse, generando confusión y contiendas judiciales totalmente evitables.