Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Fallo de la cámara comercial sobre derecho al olvido

Posted: junio 20th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, derecho al olvido, Informes comerciales | Tags: | Comentarios desactivados

El “blog de defensa del consumidor bancario”:http://clientesbancarios.blogspot.com/2007/06/camara-comercial-resuelve-borrar.html de Gabriel Martinez comenta una nueva decisión de la cámara comercial sobre el derecho al olvido.

En este caso la Cámara comercial dijo “Del análisis de las pretensiones se desprende que la aja del actor en los registros del BCRA se operó con posterioridad al inicio de la presente acción y una vez transcurrido en exceso el plazo quinquenal previsto por el art. 26 inc 4º de la ley 25.326 para las obligaciones impagas. Más allá de la atribución o no de la deuda al actor, website like this lo cierto es que el aludido plazo se consumió con anterioridad al inicio de la demanda – 17.4.06 – toda vez que la mora denunciada por la demandada data del mes de diciembre de 1999. De esta manera la entidad financiera con su proceder puso al accionante en la necesidad de accionar. Ello determina que deba cargar con las costas del proceso, pues no se hacen presente en el caso las circunstancias previstas por el cpr 70 que permitan eximirla de soportarlas-.
CNCOM SALA B, ZJV c. COMPANIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. S/ AMPARO (Expte 15021/2006), Sentencia de fecha 18 de mayo de 2007. Votos de los Dres Alonso de Diaz Cordero y Bargalló. Juzgado de origen cuya sentencia es revocada, Jdo 6 Sec 11.

*La doctrina del derecho al OLVIDO, el VERAZ y el habeas data.
Gabriel Martinez Medrano (www.oficinajuridica.com.ar)*

Recientemente se dio a publicidad la sentencia de la Sala B de la Camara Comercial de la Ciudad de Buenos Aires recaí­da en el expediente Z///// c. CIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. en la que intervinimos representando al Sr. Z por la parte actora.

En dicha sentencia la Camara Comercial reconoció el derecho al olvido que resulta expresamente legislado en el art. 26 inc 4) de la ley 25.326, mas comúnmente llamada ley de protección de datos o de habeas data.

En una sentencia sencilla pero muy clara, la Excma Camara distingue entre la existencia de la deuda del actor respecto de la obligación que tiene la Entidad Financiera de eliminar la información de los registros de morosos.

Aún en el caso de que una deuda aún sea exigible, si el hecho generador de la misma tiene mas de 5 años de antigí¼edad, la entidad acreedora debe cesar de informarla en el Banco Central y en las demas empresas de riesgo crediticio.

Este es un tema que generó resistencia en las Entidades Financieras, pero tambien fue un tema de amplio debate en el Congreso al momento de la sanción de la norma.

Del debate parlamentario emerge clara la solución que tiende a privilegiar el derecho de privacidad del ciudadano informado por sobre el interes del acreedor de que su deudor siga siendo informado. Como contrapartida, el derecho al olvido en nada influye en el derecho del acreedor de obtener el cobro de su deuda por los medios legales.

El articulo 26 inc 4) de la ley de habeas data dice:

“solo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho.”

Leyendo el art. 26 inciso 4) se observa que existen dos plazos, uno breve de 2 años que comienza a correr desde el pago o extinción de la obligación y otro largo de 5 años que comienza a correr desde que se genera la información en la Base de Datos.

El plazo breve se aplica a deudas pagadas, por eso se beneficia con la reducción. El plazo largo -“ 5 años -“ se aplica a deudas aún impagas.

La jurisprudencia ya habí­a tenido ocasión de pronunciarse en sentido similar. En un caso de 2005 en el que representamos a la parte actora se dijo:

-El art. 26 inc 4 ley 25.326 establece dos plazos, uno de cinco años y uno de dos para deudas pagas o extinguidas…la interpretación que efect{ua la a quo de comenzar el computo del plazo de cinco años desde que la obligación resulta inexigible, no resulta congruente con lo dispuesto por la norma que, como ya se dijo, establece un plazo mayor de cinco años, para deudas en mora y que debe contarse desde que la información es volcada al centro de datos y otro de dos años para las deudas inexigibles…-

G-¦ Juan Jose c. BCRA s. Habeas data de fecha 4 de febrero de 2005 Camara Federal Contencioso Administrativo.

La Excma Camara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, dijo:

El art 26 inc 4 ha establecido -“ en lo atinente a la prestacion de servicios de informacion crediticia -“ que solo se poran archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia economica financiera de los afectado durante los ultimos cinco años.Dicho plazo se reducira a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligacion, debiendose hacer constar dicho hecho…. Esta legislacion consagra el denominado derecho al olvido… constituye la faculad de las personas de exigir que las entidades informantes eliminen de sus registros datos que, aún exactos, son de vieja data…Sentado ello, la acción de habeas data -“ envirtud de los articulos 19, 33 y 43 de la Constitucion Nacional -“ permite el control de los datos personales y la proteccion de la intimidad no solo cuando exista falsedad o discriminacion, sino tambien cuando ese derecho se ejerza suprimiento informacion caduca, esto es que ha perdido virtualidad por el transcurso del tiempo… en el sub lite… surge que la deuda del actor data del 13 de septiembre de 1991. Y ponderando que, en virtud de lo prescripto por la normativa citada prededentemente, ha transcurrido en exceso el plazo de cinco años desde la ultima informacion adversa -“ que alcanza a la fecha de la sentencia del juicio ejecutivo -20 de febrero de 1995- y que no ha sido cuestionada por lal accionada la validez constitucional de la ley 25.326, resulta ajustado a derecho lo resuelto por el aquo, ello así­ se impone concluir en que la cancelación de la información resulta independiente del derecho que tiene la entidad financiera -“ como acreedor -“ a perseguir el credito en tanto no hubiera prescripto.

R-¦ Atilio Fernando c/ Organización Veraz y otro s/ Habeas Data, Expte 686/2005, Sala III, Camara Nacional en lo Civil y Comercial Federal.Votos de la Dra Medina y el Dr. Recondo, sentencia de fecha 3 de noviembre de 2005.

Más recientemente, el Procurador General del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, dictaminó en un Expediente de la Dirección Nacional de Protección de Datos y sentó la misma doctrina, que es obligatoria para las bases de datos publicas (en particular la del Banco Central).

Allí­ se dijo:

La interpretación que cabe asignar al artí­culo 26 de la Ley N* ° 25.326 no requiere, en modo alguno, la previa indagación acerca de la exigibilidad de la deuda de que se trate. En este sentido, el inciso 4* ° de dicho artí­culo establece un plazo de cinco años para el archivo, el registro o la cesión de los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados -“y de dos años para el supuesto de haber sido cancelada la deuda sin requerir, a tales fines, una evaluación previa acerca de la exigibilidad o no del crédito en cuestión. En consecuencia, a efectos de establecer si un dato debe ser informado por una entidad bancaria a la Central de Deudores del Sistema Financiero, administrada por el Banco Central de la República Argentina, sólo corresponde atender a la fecha en que la deuda se tornó exigible y, a partir de allí­, computar los cinco o dos años que establece el artí­culo 26, inciso 4* °, de la Ley N* ° 25.326, según corresponda.
Dict. Nº 338/06, 20 de noviembre de 2006. Expte. Nº 144.241/04. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (Dictámenes 259:197)

Conclusión:

El fallo que se ha dado a publicidad de la Sala B de la Camara Comercial está en lí­nea con la jurisprudencia predominante, según la cual existen dos plazos, vencidos los cuales no se puede informar a los morosos.

Un plazo de 5 años que comienza con la mora del deudor y un plazo de 2 años que comienza con el pago. El primer plazo que se cumpla implica inmediatamente que la Entidad Financiera acreedora debe dejar de informar los datos al Banco Central y que las bases de datos crediticias (p.ej. VERAZ entre otras) deben cesar de informar a la persona en cuestión como deudor moroso.

*Gabriel Martinez Medrano.* Es abogado especialista en Derecho y Economia de las Nuevas Tecnologí­as (Universidad Nacional de Mar del Plata) y en Derecho de Propiedad Intelectual (Universidad de Alicante, España). Desarrolla su especialidad representando clientes bancarios en la defensa de la privacidad en temas vinculados con la Ley de Habeas Data. www.oficinajuridica.com.ar


COLOMBIA: La nueva ley de habeas data no es tan buena como la pintan

Posted: junio 14th, 2007 | Author: | Filed under: Acceso a la Información pública, Colombia, Informes comerciales, Proyecto de Ley, Público en general | Comentarios desactivados

¡Cuidado! * ¡La nueva ley de datos personales no es como la pintan!

por Andrea Cristina BONNET LÓPEZ

El martes 29 de mayo se aprobó la ley 221/07 sobre el derecho de Habeas Data en Colombia. Este derecho consagrado en el artí­culo 15 de la Constitución Nacional, cough protege que los datos personales de las personas sean manejados o administrados correctamente y bajo ciertos principios.

Es evidentemente importante y urgente tener una ley de carácter estatutario que regule este derecho de la forma más completa y garantizadora, porque si no es porque hemos tenido una Constitución que lo establece, además de la acción de de tutela que nos ha permitido que no nos lo vulneren, estarí­amos en la desprotección absoluta.
Desde hace tiempo se han presentado varias iniciativas legislativas de diversos sectores, unas buenas otras no tan buenas, pero ninguna logró ser sancionada.
Hoy, tenemos una nueva Ley, la que ha diferencia de los proyectos anteriores, no encontró ningún obstáculo para su aprobación y el único freno que puede tener es el que le haga la Corte Constitucional.

Eso a simple vista parecerí­a una maravilla, por que parecerí­a que logramos una regulación de este derecho fundamental, pero no. Se ha aprobado una ley que no garantiza suficientemente el cuidado de nuestros datos personales; una ley que no crea un mecanismo efectivo que estábamos buscando para el mismo objetivo. Tenemos una ley que en primer lugar que no ofrece un nivel adecuado de protección, segundo, cuenta con grandes deficiencias conceptuales básicas y tercero, no cumple con los parámetros internacionales de regulación. Es decir, tenemos una regulación incompleta.

Miremos cada uno de estos tres puntos:

Bajo nivel de protección. Este se refleja en la redacción de varios de los artí­culos, que apartan de cobertura legal a ciertas bases de datos e impone restricciones para ejercer derechos fundamentales. Por ejemplo:
*1* Las bases de datos manejadas por las entidades de fuerza pública. Estas se libran de sanciones por malos tratamientos escudándose en el hecho de que manejan información en pro de la seguridad nacional, desconociendo que en cualquier caso puede mantenerse información equivocada de alguien y pueden generarse perjuicios; * ¿a cuántas personas han detenido a la salida del aeropuerto el Dorado cuando pretenden salir de vacaciones con su familia por que equivocadamente guardan el nombre de su homónimo en las bases de datos de alguna institución de investigación?.
*2* La excepción en la regulación a los operadores de bases de datos. A ellos también les va bien con la aprobación de esta nueva ley. “Salvo que el operador sea la misma fuente de la información, este no tiene relación comercial o de servicio con el titular y por ende no es responsable por la calidad de los datos que le sean suministrados por la fuente” así­ dice el proyecto. Quiere decir esto que si el operador no es la misma persona que recolecta la información ese no será responsable por su mal manejo. * ¿Qué pasa entonces en el evento en que este operador trate información personal inexacta o errada?, * ¿No es responsable por no coincidir con la función de fuente? * ¿Qué pasa si al operador se le pierde mi información?, * ¿No tiene sanción? Pues, según la redacción del artí­culo 3, así­ es.
*3* Deja por fuera el consentimiento del titular para manejar sus datos financieros. La ley le resta la importancia que debe tiene el consentimiento del dueño de la información personal. Establece este que no será necesaria la autorización del titular de la información, en el caso del dato financiero y crediticio, permitiendo amplia y abiertamente que se publiquen en las bases de datos de esta calidad, información falsa sin que el titular siquiera se entere; a diferencia de todos los paí­ses europeos quienes respetan que el dueño de la información financiera negativa, por lo menos conozca previamente qué se le va a publicar.
*4* Cobra por ejercer un derecho fundamental. También, esta ley deja ver que su intención, no es la de proteger un derecho fundamental al permitir que los que manejan datos personales le cobren al ciudadano por ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación que claramente consagra y protege la Constitución. El artí­culo 11 limita a que la consulta de la base de datos podrá ser gratuita “por lo menos una vez al año” permitiendo que el resto de ocasiones al colombiano le toque pagar para hacerlo.

Deficiencias conceptuales básicas. Resaltemos dos ejemplos dentro de los varios que presenta el proyecto:
*1. Ausencia de consagración del principio de consentimiento.* Primero y en concordancia con lo expuesto anteriormente, se desconoce el gran principio base de la Protección de los Datos personales: El principio de Consentimiento. Este elemento esencial en cualquier normatividad de Protección de Datos personales, debe hacer parte de las primeras lí­neas del tí­tulo dedicado a los principios de esta. Aquí­, ni siquiera se menciona además de desconocerlo en determinados casos de bases datos. Es el consentimiento del titular el que debe permanecer en esta ley para que no se viole la libertad de las personas y para que haya suficiente legitimidad para tratar la información personal y desafortunadamente en esta ley que se aprueba no se tiene en cuenta como deberí­a.

*2.Se olvida de proteger datos sensibles.* Segundo, es la evidente concentración de la ley en la regulación de las bases de datos financieros y crediticios. Tanto así­, que algunos medios de comunicación mal informados, la han denominado * ¡”Ley de amnistí­a para morosos”!. Están desaprovechando la oportunidad de sacar una ley lo suficientemente amplia para que se respete cada dato personal y se están dejando de lado datos tan importantes y sensibles como los de salud, los religiosos o los de í­ndole sexual, para los que no hay protección alguna, permitiendo, por ejemplo, que se publique en Internet que tengo VIH y que pierda mi empleo además de sufrir un posible rechazo social.

No cumple con los parámetros internacionales de regulación. Por dos razones principales:

*1. Establece un ente de control sin independencia.* El ente de control que establece, carece de autonomí­a e independencia y no se sujeta en primer lugar, a las exigencias de las normativas de otros paí­ses en los que existe y exigen de otros, para el intercambio de bases de datos, una entidad con la suficiente capacidad de sanción a cualquier tipo de administrador de bases de datos sin ninguna sujeción o preferencia.

*2. No hay apropiada regulación para el intercambio de datos.* La transferencia internacional de datos no puede estar sujeta únicamente a la autorización del titular sino por el contrario debe estar limitada a la existencia de parámetros internacionales de exportación o importación de bases de datos claros y garantizadores de los derechos.

Siendo así­ las cosas, * ¿será que nos hubiera convenido quedarnos como estábamos?, * ¿Hubiéramos dejado que nos hubiera seguido protegiendo solamente la Constitución Polí­tica y los pronunciamientos de la Corte Constitucional y hubiéramos seguido utilizando la acción de tutela para proteger este derecho fundamental?

Andrea Cristina BONNET LÓPEZ

B&R Soluciones Legales


IX Congreso Internacional de Derecho de Daños

Posted: junio 13th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Conferencias, Informes comerciales | No Comments »

*Reglamento del IX Congreso Internacional de Derecho de Daños*
*DERECHO TECNOLÓGICO*

CONFERENCIAS, clinic COMISIONES, MESAS REDONDAS Y TALLERES

A. CONFERENCIAS:
- -Perspectivas éticas y jurí­dicas de las Tecnologí­as Convergentes- Conferencista: Dr. Atilio A. Alterini
- Presentador/a:
- -Responsabilidad del Estado y Urbanismo-
- Conferencista: Dra. Aí­da Kemelmajer de Carlucci
- Presentadora: Marcela Hernández
- -Fundamentos constitucionales de la responsabilidad civil-
- Conferencista: Dr. Ricardo Lorenzetti
- Presentador: José Marí­a Pizzorno
- Comparación entre el Derecho francés y argentino (titulo a confirmar)
- Conferencista: Dr. Francois Chabas
- Presentador: Sebastián Picasso
- -Reparación y Punición-
- Conferencista; Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni
- Presentadora: Matilde Scaletzky

B. COMISIONES:
1. -Daños causados por accidentes de la circulación-
Expositor invitado: Félix A. Trigo Represas.
Presidentes: Rubén Compagnucci de Caso -“ Ramón Daniel Pizarro -“ Carlos Ghersi
Secretarios: Fernando Sagarna Jorge M. Galdós Lidia E. Viggiola
Coordinadores: Manuel Cuiñas Rodrí­guez -“ Rosana Aguilar
2. -Daños causados por productos y servicios de consumo-
Expositores invitadas: Claudia Lima Márques y B. Miragem.
Presidentes: Oscar J. Ameal -“ Gabriel Stiglitz -“ Horacio Bersten
Secretarios: Javier Wajntraub Lucrecia Córdoba Celia Weingarten
Coordinadores: Carlos Tambusi -“ Lorena González Rodrí­guez
3. -Daños causados al trabajador por violencia en el ámbito laboral y despido discriminatorio-
Expositores invitados: Roberto Pompa
Presidentes: : Rodolfo Capón Filas -“ Héctor Recalde -“ Pedro Kesselman Secretarios: Lelio Freidenberg Roberto Alonso Oscar Jorge Birgin
Coordinadoras: Marí­a Graciela Dí­az Colodrero Mabel Allegrone
4. -Daños causados mediante Internet-
Expositora invitada: Graciela Messina de Estrella Gutiérrez
Presidentes: Daniel Altmark -“ Edgardo Saux Delia Lipszyc
Secretarios: Luciana Scotti -“ Federico P. Vibes -“ Carlos Acquistapace
Coordinadores: Mario Rosemblit-“ Gonzalo López del Carril

5. -Daños causados por el uso de bases de datos-
Expositor invitado: Juan Antonio Travieso
Presidentes: Miguel Federico de Lorenzo -“ Guillermo F. Peyrano -“ Pablo Palazzi
Secretarios: Marisa Herrera -“ Sandra Wierzba -“ Oscar Pucinelli
Coordinadores: Paula Rómulo -“ Guillermo Navarro
6. -Daños derivados de la tecnologí­a en la práctica médica-
Expositores invitados: Alberto J. Bueres y Noemí­ Nicolau
Presidentes: -“ Ignacio Maglio -“ Aní­bal Piaggio. Alfredo J. Kraut
Secretarios: Aurora Besalú Parkinson Gonzalo Sozzo -“ Miriam Smayevsky
Coordinadores: Alejandra Perrupato -“ Marisa Aizenberg
7. -Daños al medio ambiente-
Expositor invitado: Antonio Herman Benjamin.
Presidentes: Silvia Coria -“ Lily Rosa Flah -“ Mario Valls
Secretarios: Marcelo López Alfonsí­n -“ Juan Pablo Mas Velez.
Coordinadores: Atilio Librandi Daniel Bastian
8. -Acciones colectivas derivadas de daños tecnológicos-
Expositor invitado: Jorge Kielmanovich.
Presidentes: Arturo Caumont -“ Enrique Mí¼ller Carlos A. Hernández
Secretarios: Sebastián Picasso Gabriela Nasser -“
Coordinadores: Marcos Massri

C. MESAS REDONDAS CON DEBATE ABIERTO:
- -Relaciones de Familia y tecnologí­a-
- Panelistas Eduardo Zannoni -“ Gustavo Bossert -“ Carlos Arianna
- Moderadora: Ana Marí­a Carrasco
- -El mundo del homo faber: producir y consumir-
- Panelistas: Mario Ackerman -“ Adela Seguí­ -“ Horacio Roitman
- Moderador: Enrique Luis Suárez
- -Biomedicina-
- Panelistas: Salvador Marí­a Bergel -“ Mordechai Benyakar -“ Marcos Córdoba.
- Moderador: Leandro Vergara
- -El ciberespacio-
- Panelistas: Sara Feldstein de Cárdenas -“ Eduardo Molina Quiroga -“ Carlos Parellada.
- Moderador: Pedro Less Andrade
- -Derecho a vivir, derecho a morir-
- Panelistas: Miguel Angel Ciuro Caldani -“ Cecilia Grosman -“ Nelly Minyersky Dr. Santiago Brugo Olmedo
- Moderadora: Sandra Fodor
- -Transgénicos-
- Panelistas: Jorge Kors -“ Ing. Agr. Daniel Salamone Elena Marta Schiavone
- Moderadora; Silvia Tanzi
- -El impacto ambiental y las zonas saturadas-
- Panelistas: Arq. Roberto Fernández -“ Andrés Napoli -“ Dr. Osvaldo Canziani
- Moderador: Flavio Lowenrosen
- -El Derecho Tecnológico en la Constitución Nacional-
- Panelistas: Eduardo Barbarosch -“ Humberto Quiroga Lavié -“ Osvaldo Siseles.
- Moderador: Diego Duquelsky Gómez
- -Medidas de acción positiva para garantizar los derechos humanos afectados por la tecnologí­a-
- Panelistas: Alejandro Tullio -“ Mónica Pinto -“ Juan V. Sola
- Moderadora: Marí­a Magdalena Iraizoz
- -Violencia y género-
- Panelistas: Dora Barrancos Haydée Birgin Lic. Juan José Fariña
- Moderadora: Nina Brugo Marcó

D. TALLERES:
-Pruebas con ADN-
Expositor: Dr. Daniel Corach
-Pericias accidentenlogicas-
Expositor: Ing. Jorge Geretto
-Pericias médicas-
Expositor: Dr. Alfredo Achaval
-Pericias informáticas-
Expositor: Lic. Darí­o Piccirilli

Anexo II CRONOGRAMA

MIí‰RCOLES 10 DE OCTUBRE
14,00 a 15,00 hs
ACREDITACIONES

15 a 18,00 hs
TALLERES
-¢ Taller A: Pericia accidentológica
-¢ Taller B: Pruebas de ADN
-¢ Taller C:.Pericias médicas
-¢ Taller D: Pericias informáticas
18,30 /21 hs.

MESAS REDONDAS CON DEBATE ABIERTO
-¢ Tecnologí­a y relaciones de familia
-¢ Violencia y género

JUEVES 11 DE OCTUBRE

9,00 a 12,00 hs
COMISIONES
-¢ Comisión 1 Daños causados por accidentes de la circulación
-¢ Comisión 2 Daños causados por productos de servicios y consumo
-¢ Comisión 3 Daños causados al trabajador por violencia en el ámbito laboral y despido discriminatorio
-¢ Comisión 4 Daños causados mediante Internet
12,00 a 14,00 hs.

ACTO de APERTURA (Aula Magna)
-¢ Presidente AABA
-¢ Saludo Rector UBA
-¢ Saludo Dra. Elena Highton
-¢ Conferencia del Presidente Congreso Dr. Atilio Alterini: -Perspectivas éticas y jurí­dicas de las Tecnologí­as Convergentes-
-¢ Conferencia de la Dra. Aí­da Kemelmajer de Carlucci: -Responsabilidad del Estado y Urbanismo-
-¢ Presentación libro homenaje a Francois Chabas
14,30 a 17 hs
COMISIONES
-¢ Comisión 1 Daños causados por accidentes de la circulación
-¢ Comisión 2 Daños causados por productos de servicios y consumo
-¢ Comisión 3 Daños causados al trabajador por violencia en el ámbito laboral y despido discriminatorio
-¢ Comisión 4 Daños causados mediante Internet

17 a 19 hs:
MESAS REDONDAS con DEBATE ABIERTO
-¢ El mundo del homo faber: producir y consumir
-¢ Biomedicina
-¢ El ciberespacio
-¢ Derecho a vivir, derecho a morir
19,00 a 21 hs
CONFERENCIA
Dr. Ricardo Lorenzetti (Aula Magna)

VIERNES 12 de OCTUBRE
COMISIONES
9,00 a 12,30 hs:
-¢ Comisión 5 Daños causados por el uso de Bases de datos
-¢ Comisión 6: Daños derivados de la tecnologí­a en la práctica médica
-¢ Comisión 7: Daños al medio ambiente
-¢ Comisión 8: Acciones colectivas derivadas de daños tcnológicos
12,45 a 13,30 hs
CONFERENCIA
Francois Chabas (Aula Magna)

14,00 a 16,30
COMISIONES
-¢ Comisión 5 Daños causados por el uso de Bases de datos
-¢ Comisión 6: Daños derivados de la tecnologí­a en la práctica médica
-¢ Comisión 7: Daños al medio ambiente
-¢ Comisión 8: Acciones colectivas derivadas de daños tcnológicos
16,45 a 18,30 hs.
MESAS REDONDAS CON DEBATE
-¢ Transgénicos
-¢ El impacto ambiental y las zonas saturadas
-¢ El Derecho Tecnológico en la Constitución Nacional
-¢ Medidas de acción positiva para garantizar los derechos humanos afectados por la tecnologí­a
18,45 a 21,00 hs
CONFERENCIA Y CIERRE
Raúl Zaffaroni Reparación y Punición (Aula Magna)
Entrega de certificados

Reglamento del IX Congreso Internacional de Derecho de Daños
Artí­culo 1. Denominación. Sede. Fecha
El IX Congreso Internacional de Derecho de Daños, llevará como tí­tulo -Derecho Tecnológico-.
Se llevará a cabo los dí­as 10,11 y 12 de octubre de 2007 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en Avda. Figueroa Alcorta 2263 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artí­culo 2. Comité Ejecutivo. Funciones
El Comité Ejecutivo, designado por la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Buenos Aires tiene las siguientes funciones
a) La organización del Congreso, definiendo conjuntamente con el Presidente del Congreso el número y temario de las Comisiones, Mesas Redondas, Talleres y conferencias que se desarrollarán en el Congreso;
b) La obtención de los espacios fí­sicos adecuados para el funcionamiento de los distintos ámbitos del Congreso, así­ como la infraestructura de apoyo;
c) El estudio de los trabajos y ponencias presentados, estableciendo los criterios de ordenamiento para su exposición y consideración, con la colaboración de los Secretarios y Coordinadores designados en las Comisiones
d) La compilación y publicación de las disertaciones, los trabajos e informes de los relatores de las comisiones;
e) La difusión previa y posterior de todo lo relacionado con el Congreso
Todo aquello que no haya sido previsto en el presente reglamento, será resuelto por el Comité Ejecutivo.
Artí­culo 3. Autoridades
a) Presidencia: estará a cargo del Dr. Atilio Aní­bal Alterini.
b) Comité Ejecutivo: Presidente: Dr. Eduardo Molina Quiroga; Vicepresidentes: Dres. Matilde Scaletezky y José Marí­a Pizzorno; Secretarias Dras. Lucrecia Córdoba, Marcela Hernández y Sandra Fodor; Secretario DE Prensa: Dr. Carlos A. Acquistapace. El Comité Ejecutivo puede integrar a otros miembros de acuerdo a las necesidades que surjan y determinará la asignación de funciones a sus integrantes de conformidad con sus necesidades.
c) Comité Académico: Presidenta; Dra. Nelly Minyersky; Secretaria: Dra. Lily Rosa Flah.
Artí­culo 4 .Miembros
1. Miembros plenos: Serán miembros plenos del IX Congreso Internacional de Derecho de Daños:
a) Los/las abogados/as, magistrados/as y funcionarios/as públicos que soliciten su inscripción al Comité Ejecutivo y abonen la matricula correspondiente.
b) Los/las participantes del paí­s o del extranjero, especialmente invitados,
2. Miembros asistentes: Serán miembros asistentes del IX Congreso Internacional de Derecho de Daños
a) los estudiantes de abogací­a que se inscriban en forma directa o por intermedio del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA
b) Las personas que no reúnan las condiciones previstas en los párrafos precedentes y soliciten su inscripción, la que debe ser aceptada por el Comité Ejecutivo, el que establecerá en cada caso los requisitos arancelarios a cumplir.
Artí­culo 5. Ponencias
Los miembros plenos pueden presentar ponencias sobre los temas incluidos en Comisiones del IX Congreso Internacional de Derecho de Daños.
1. La fecha lí­mite para la presentación de ponencias es el dí­a 17 de setiembre de 2007, a las 18,00 hs.
2. El tratamiento de las ponencias que resulten admitidas por el Comité Ejecutivo es de resorte exclusivo de las autoridades de cada comisión, las que ordenarán y seleccionarán, en su caso, el modo y tiempo de exposición.
3. Los ponentes deben estar inscriptos en el Congreso, siendo su responsable el primer autor informado.
3. Formato: Los trabajos deberán ser presentados ajustándose a las siguientes normas:
a) Preferentemente por correo electrónico, a la dirección aaba@pccp.com.ar ó aaba@fibertel.com.ar adjuntando archivo (attach) conforme se indica más adelante.
b) Por correo postal o personalmente en Uruguay 485, piso 3* ° (Código Postal C1015ABI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un original y tres (3) copias, acompañando disquete conforme se indica más adelante.
c) El texto debe estar escrito en formato Word 97 o posterior; letra Arial 11, utilizando mayúsculas solamente para la primera letra de la frase u oración; hoja formato A4, márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho 2 cm., sin ningún formato especial (sin encabezados, pie de pagina, tablas, esquemas, subrayado o negrita, etc); interlineado simple. Extensión máxima de dos (2) carillas
d) Al inicio de la ponencia debe indicarse nombre/s y apellido/s del/de la o los/las ponentes, y la comisión o comisiones en las que pretende presentar su trabajo
f) En el disquete, debe colocarse una etiqueta que identifique autor/es/as, nombre del archivo, tí­tulo de la ponencia, comisión, teléfono y dirección de correo electrónico para consultas.
g) Si se enví­a por correo electrónico deben aclararse los mismos datos en el inicio de la ponencia.
4. Contenido:
a) La ponencia debe consistir en un sumario o resumen que no exceda de una carilla, en el que se exponga en forma propositiva, las conclusiones que se proponen al Congreso. Pueden agregarse consideraciones o fundamentos que no excedan la extensión máxima de dos carillas
b) Los trabajos serán publicados en el web site de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (http://www.aaba.org.ar)
Artí­culo 6. Comisiones
El Congreso tendrá 8 (ocho) Comisiones, cada una de las cuales funcionará un (1) dí­a, en dos turnos: de 9,00 a 12,00 hs por la mañana y de 14,30 a 17,00 hs el dí­a jueves 11 de octubre y de 14,00 a 16,30 hs. El dí­a viernes 12 de octubre, de acuerdo al cronograma que como Anexo II integra el presente
Cada Comisión tendrá como autoridades tres Presidentes/as, tres Secretarios/as y dos
Coordinadores/as, de acuerdo a lo que figura en el Anexo I que integra el presente.
a) Los/as Presidentes/as y los/las expositores/as invitados/as tendrán a su cargo disertaciones que no deben exceder de 20 minutos cada uno, que servirán como apertura y/o dinamizadores del trabajo en comisión, de acuerdo al cronograma que los Secretarios y o coordinadores presentarán previamente al Comité Ejecutivo, y que será adecuadamente publicitado.
b) Los/las Secretarios y coordinadores/as de cada Comisión clasificarán por áreas temáticas las ponencias que les sean giradas, y presentarán una propuesta de exposiciones de ponentes a las restantes autoridades, con la finalidad de permitir en la medida de lo posible que todos los trabajos sean presentados y debatidos.
c) El orden de las exposiciones y los temas de debate serán establecidos por las autoridades de cada Comisión.
d) Las ponencias seleccionadas podrán ser presentadas por su autor/a o por uno/a de ellos/as durante un máximo de cinco (5) minutos.
e) Los miembros no ponentes podrán, previa autorización de la presidencia, exponer sus puntos de vista, y no podrán exceder en ningún caso de dos (2) minutos. Si las autoridades de la Comisión consideran que existe derecho a réplica otorgarán dos (2) minutos a esos efectos.
f) Las conclusiones serán elaboradas en conjunto y exclusivamente por las autoridades de la Comisión. Las autoridades de la Comisión podrán invitar a participar a algún miembro ponente o no ponente que consideren conveniente por su prestigio o destacada actuación académica, o por la participación que ha tenido en las deliberaciones.
g) Las conclusiones serán entregadas a la Presidenta del Congreso o al Presidente del Comité Ejecutivo a más tardar a las 18,30 horas del dí­a viernes 12 de octubre, para su posterior publicación por los medios que establezca el Comité Ejecutivo.
Artí­culo 7: Mesas redondas con debate abierto
En el Congreso funcionarán Mesas Redondas con debate abierto, integradas por tres o cuatro panelistas y un moderador, de acuerdo al detalle que figura en el Anexo I del presente
Las Mesas redondas funcionarán los dí­as miércoles, jueves y viernes, conforme al cronograma del Anexo II
Cada panelista tendrá 20 (veinte) minutos para exponer sus puntos de vista.
El/la moderador/a hará las presentaciones correspondientes y en su caso, coordinará las preguntas del público.
Artí­culo 8. Talleres
En el Congreso se desarrollarán cuatro talleres a cargo de los expertos convocados, quienes podrán ser asistidos por uno o más integrantes del Comité Ejecutivo o quienes este designe
Los Talleres tendrán lugar el dí­a miércoles 10 de octubre, en el horario de 15 a 18,00 hs, de acuerdo al Cronograma del Anexo II
Artí­culo 9. Aranceles
Se establecen los siguientes aranceles, con vigencia hasta el dí­a 15 de agosto de 2007, los que podrán ser actualizados por el Comité Ejecutivo, luego de esa fecha.
a- Socios AABA, empleados judiciales y docentes de la UBA $ 100 (pesos cien)
b- No incluidos en la categorí­a anterior $ 200. (pesos doscientos)
c- Asistentes extranjeros U$S 100. (dólares estadounidenses cien)
d- Inscripciones institucionales, para Colegios de Abogados adheridos a la F.A.C.A.: por cada 5 (cinco) inscriptos, se abonará $ 600 (pesos seiscientos), a petición oficial del Colegio al que pertenezcan los inscriptos.
Artí­culo 10. De forma
Publí­quese en el sitio web de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (www.aaba.org.ar), infórmese a los Colegios de Abogados y Facultades de Derecho, a las autoridades de Comisiones, panelistas y moderadores de Mesas Redondas y Expositores en talleres y hágase entrega a cada uno de los inscriptos que así­ lo solicite.


Entrevista a Roberto Mónaco Presidente de la CEIC

Posted: junio 4th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Entrevista, Informes comerciales, Público en general | No Comments »

*Entrevista a Roberto Mónaco, store Presidente de Fidelitas y de la CEIC*

Roberto Mónaco es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires, viagra buy Presidente de Fidelitas S.A., diagnosis Presidente de la CEIC -“ “Cámara de Empresas de Información Comercial”:http://www.ceic.org.ar/ -“ y Presidente de la ALEIC -“ Asociación Latinoamericana de Empresas de Informes Comerciales; tiene 53 años, es casado y tiene 5 hijos.

*P.P.:Qué es Fidelitas y que servicios brinda?*

*Roberto Mónaco (RM):* Es una Central de Riesgo Crediticio, de capital nacional, fundada en el año 1958; el año entrante cumplirá sus primeros 50 años de vida.

La Empresa tiene una gama de servicios provistos por internet, con datos almacenados en una importante Base de Datos Relacional, siendo los mas conocidos el Informe Comercial Fidelitas, orientado a proveer información Patrimonial de las Empresas, y el Compacto Fidelitas con Score orientado a dar información de las Personas Fí­sicas.
En el mercado argentino se le suele llamar genéricamente a este tipo de servicios Informe Comercial, pero es muy diferente el contenido del Producto orientado a brindar información de las personas que el que está confeccionado para brindar información de Empresas y de su Estado Patrimonial comparado con los ejercicios anteriores.
Nuestro producto estrella es el Lí­mite de Crédito Sugerido On Line, que le permite a nuestros abonados monitorear -diariamente- a sus Clientes y modificar automáticamente el lí­mite de crédito asignado, ví­a internet.
Finalmente este año hemos lanzado la primer Central de Balances de Argentina y empezamos a ofrecer las -medias de actividad- para scorear con modelos mas predictivos.

*P.P.:Con respecto de la información que brindan de las Empresas, nos puede comentar de donde obtienen los datos?*

*RM:* Hay múltiples fuentes, siendo las mas frecuentes el BCRA, con la “Central de Deudores del Sistema Financiero”:http://www.bcra.gov.ar/ y la Central de Cheques Rechazados; la información proporcionada directamente por los Bancos y Financieras integrantes del Sistema Financiero; la información proveniente de los Juzgados Comerciales Nacionales y Provinciales; la información suministrada por la AFIP referida a la CUIT, código de actividad, fecha de inicio de la misma y el domicilio fiscal; la información pública suministrada por la ANSES, por la SRT y por la Dirección General de Aduanas; los Boletines Oficiales de la Capital Federal y de las Provincias; la Inspección General de Justicia donde se presentan los Estados Contables de las Empresas; los Registros de Propiedad del Inmueble y del Automotor y finalmente los datos aportados por las propias Empresas.

*P.P.:Toda la información que obtienen es de fuente pública de acceso irrestricto?*

*RM:* En el caso de Fidelitas S.A., como del resto de las Empresas integrantes de la Cámara (CEIC), estamos regulados por el “art. 26 de la Ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326 que establece que los datos deben ser de fuente pública o facilitados por el interesado o con su consentimiento.

*P.P.:Toda la información que se vende en el mercado es legal?*

*RM:* NO. Como en muchas actividades del mercado existen jugadores legales y otos que no lo son tanto pues venden información absolutamente prohibida por la legislación vigente; como seguramente me va a pedir que le dé algunos ejemplos de información en contravención a la ley de protección de datos personales le recomiendo que consulte en www.infodataweb.com.ar , site que al 09/05/2007 ofrece: evaluaciones y rendimiento de un trabajador, el informe socio ambiental, el legajo del trabajador, las sanciones que tuvo, la historia clí­nica, datos clí­nicos preocupacionales, la afiliación sindical, sueldos y jornales, preferencias de consumo, viajes, datos bancarios nacionales e internacionales, etc.

*P.P.:Existe algún organismo público o privado que se encargue de controlar o regular el tráfico de los datos personales?*

*R.M.:* Considerando que este tipo de accionar irregular me afecta directamente, dado que mancha mi actividad profesional y la de mis colegas, confundiendo al ciudadano común sobre que datos tenemos de ellos almacenados en nuestras Bases, no tengo otra alternativa que combatirlos y denunciarlos.
Por otra parte existe la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que es el Ente que tiene la responsabilidad de imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la “Ley 25.326 de Protección de Datos Personales”:http://www.habeasdata.org/ley25326 y su “Decreto Reglamentario 1558/2001″:http://www.habeasdata.org/reglamentacion.

*P.P.:Por este u otro caso, se hizo alguna denuncia?*

*R.M.:* Obviamente. No puedo quejarme si no me quejo en el lugar que corresponde y aportar las pruebas para que el Órgano de Control proceda, de acuerdo a la Ley.

En el caso que le comentaba antes, como toda mercaderí­a o servicio pirateado, utilizan el logotipo de Empresa Inscripta en la DNPDP, sin estarlo, y confunden a cualquier usuario de este tipo de servicio aparentando ser una Empresa que brinda información legal.

No es la única Empresa que he denunciado por malas prácticas, pero prefiero esperar a que se expida la DNPDP, que está en un proceso de cambio de funcionarios.

*P.P.:Ha mencionado en varias oportunidades a la CEIC, en qué consiste ésta camara y cuál es su finalidad?*

*RM:* Es la Cámara de Empresas de Información Comercial, que fue fundada el 22 de Septiembre de 1987, y sus “principales objetivos”:http://www.ceic.org.ar/infinst/obj_soc.htm son:

a) Agrupar a todas las Empresas con actuación en el ámbito de la información comercial,
b) Representar a sus afiliados, en forma individual o colectiva ante las autoridades competentes,
c) Propender a la jerarquización de la información y estimular su utilización,
d) Promover y propiciar medidas en todos los sectores del quehacer nacional para erradicar la clandestinidad y competencia desleal,
e) Fomentar el espí­ritu de solidaridad, asistencia y recí­proca colaboración, extensible a entes o empresas vinculadas a la información comercial,
f) Participar como entidad representativa de las empresas asociadas en congresos nacionales o internacionales vinculados a la información comercial,
g) Ejercer la representación de las asociadas ante los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales,
h) Constituir y/ó integrar Federaciones y/ó Confederaciones para la defensa de los intereses comunes.

*P.P.:Cual es su visión del Derecho al olvido?*

*RM:* Tengo un amigo, que se mudó al interior del Paí­s, y se fue debiéndole a un Banco de la Capital $ 10.000 de un préstamo que contrajo en abril del año 2002 ; la semana pasada vino a Buenos Aires, y en su visita a la oficina consultamos sus antecedentes en la Base de Datos y además de la deuda ahora le figura un juicio iniciado por el Banco en el año 2005; él pensaba que ya no deberí­a figurar porque lo habí­an asesorado que según el art. 26.4 de la Ley 25.326, sus datos debí­an ser borrados porque habí­an pasado cinco años desde el momento que habí­a entrado en mora con la entidad financiera y me preguntaba porqué Fidelitas S.A. no cumplí­a con la Ley, y en particular, con el derecho al olvido respecto de sus datos personales.

También se sentí­a perjudicado porque no podí­a sacar una tarjeta de crédito en un Banco de su Provincia y querí­a tramitar un préstamo personal y el hecho de figurar en nuestra Base se lo impedí­a.
Cuando le pregunté porque no habí­a cancelado su compromiso, su respuesta fue que como los Bancos se habí­an portado mal con la gente en el perí­odo 2001/2002, él no tení­a intención de pagar su deuda.

Este es un tema bastante complejo y le quiero hacer dos reflexiones: en primer lugar el “Decreto Reglamentario en su art. 26″:http://www.habeasdata.org/reglamentacion establece que – en el cómputo de CINCO (5) años, estos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años -; en segundo lugar interpreto que cuando el legislador dispuso dos años de permanencia para incumplimientos resueltos y cinco para deudas impagas, trató de establecer un equilibrio entre el Derecho a la Privacidad de las Personas y el Derecho a la Información de quienes otorgan créditos, de conocer los antecedentes crediticios de quién solicita un préstamo, tutelando por igual los derechos del deudor y el acreedor.

En mi opinión el derecho al olvido es bueno para las personas que, aunque tardí­amente, honran sus deudas y por ello el legislador estableció que se borre la publicación de esa conducta morosa a los dos años a partir del momento del pago de la deuda; no comparto la idea de borrar datos por el mero trascurso del tiempo y que queden equiparados con las personas que han hecho el esfuerzo de honrar sus compromisos en tiempo y forma.

*P.P.:Porque los legisladores están interesados en modificar “la Ley de Habeas Data”:http://www.habeasdata.org/ley25326 y en particular el tema de los Informes Comerciales; que Proyectos se han presentado?*

*R.M.:* A fines del año pasado fui invitado, en mi condición de Presidente de la Cámara de Empresas de Información Comercial, por los Presidentes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, para dar nuestro punto de vista sobre los veintitrés Proyectos presentados sobre modificaciones a la “Ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326.

Como mayorí­a de los mismos tienen como objetivo modificar el art. 26, que es el que regula la Prestación de servicios de información crediticia, fundamenté mi dialogo sobre el “Proyecto de la Diputada Mercedes Marco Del Pont”:http://www.habeasdata.org/Pry_Ley_Marco, que contemplaba la mayorí­a de las modificaciones solicitadas por sus pares.

Los cuatro temas principales fueron:
- el derecho de acceso (art. 14),
- el de rectificación, actualización o supresión (art. 16),
- el derecho al olvido ( art. 26.4), y finalmente,
- el tema de notificar al deudor de manera previa antes de su incorporación a una Base de Datos o ante un cambio de situación (artí­culos 5.1, 6.e, 11.1, 26.2, 26.4 y 26.5).

Nuestra postura, para cada una de las modificaciones, fue la siguiente:

*Derecho de acceso (art.14) y Derecho de rectificación, actualización o supresión (art. 16)*
Artí­culo 1* ° Modificase el punto 3 del Artí­culo 14* ° de la Ley 25.326, siendo reemplazado por el siguiente texto:
3. El derecho de acceso a que se refiere este artí­culo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a dos meses, salvo que se acredite un interés legí­timo al efecto. (Expediente 4539 D 06, presentado por la “Diputada Mercedes Marco Del Pont”:http://www.habeasdata.org/Pry_Ley_Marco).

*Comentarios:*
La CEIC considera que los datos personales del ciudadano son parte de su patrimonio y si bien en la práctica son contados los casos de ciudadanos que ejercieron la opción de consultar gratuitamente sus datos cada seis meses (plazo actual), y no teniendo objeciones de nuestra parte para que lo hagan gratuitamente con mayor frecuencia, no advertimos la ventaja de modificar la Ley por este fundamento.

*Derecho al olvido (art.26.)*
Artí­culo 2* ° Modificase el punto 4 del Artí­culo 26* °, siendo reemplazado por el siguiente texto:
4. Sólo se pueden archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reduce a un año cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicha cancelación en los informes que emitieren durante ese año.
(Expediente 4539 D 06, presentado por la Diputada Mercedes Marco Del Pont).

Reducir a 2 años el plazo para mantener las obligaciones no canceladas y a 60 dí­as las canceladas. Diputado Lamberto, 06/09/2006.

Acortar a 1 año el plazo de mantenimiento de las obligaciones canceladas. Senadora Curletti, 25/04/2006.

Solo se pueden archivar los datos por 3 años y dicho plazo se reduce a treinta dí­as cuando la obligación se cancele. Diputada Garcí­a, 04/09/2006

*Comentarios:*
El derecho al olvido fue un tema ampliamente debatido por el legislador en oportunidad de sancionar la Ley, y en mi opinión, este derecho mantuvo un equilibrio razonable entre las partes, es decir, dadores y tomadores de crédito. El sistema financiero, en su conjunto, ha otorgado créditos personales durante el año 2006 en un 40,1% mas que en el año 2004 y se han emitido Tarjetas de Crédito (plásticos) un 55,8 % mas que en el año 2004 (fuente BCRA), con la actual legislación .
Lo que deberí­a analizarse con mas profundidad es si la reducción de los plazos facilitará o dificultará el otorgamiento de un crédito, que en la actualidad con el solo hecho de presentar un DNI se tiene acceso y respuesta on line a cada consulta. En primer lugar hay que entender que la información difundida por el BCRA mediante el CD mensual se encuentra en poder de todo el mercado financiero, comercial, empresas de servicio, centrales de riesgo, particulares, organismos públicos, etc.; asumiendo esta realidad, las preguntas que realizo son: el mercado financiero argentino desea aumentar o reducir el actual derecho al olvido?; cuando se prohí­be utilizar datos de morosidad de un perí­odo determinado, los operadores del mercado dejan automáticamente de hacerlo o lo consultarí­an igual para conocer la historia reciente de la persona fí­sica o jurí­dica en cuestión?; si las Empresas integrantes de la CEIC dejasen de publicar los datos que la modificación de la ley exigiese, los operadores del mercado dejarí­an de consultarlo en el mercado paralelo o en su propios CD* ´S, oportunamente comprados?; quien podrí­a controlar que no se estén consultando datos prohibidos por la modificación de la ley a Empresas que se mueven al margen de la ley , que no integran la CEIC y que históricamente han incumplido con las buenas prácticas de esta actividad?; se le dirí­a al cliente que no se le otorga el crédito en cuestión por sus antecedentes de morosidad caducos?; ante una eventual falta de información, las tasas de interés serí­an las mismas?

La unión de un tema interesante, actual y polémico con un autor ilustrado, de buena pluma, con sólido bagaje teórico y conocedor de las prácticas del asunto, no pueden sino generar una obra apasionante. PROLOGO del Régimen Legal de las Bases de Datos y Habeas Data, de Alejandra M. GILS CARBÓ, La Ley Abril 2001.
En la pág. 151 de este libro, y con referencia a la caducidad de los datos, GILS CARBÓ escribió:
- En primer lugar, hay que hacer una distinción entre los datos positivos y negativos. Los de contenido positivo son datos de cumplimiento que reflejan una buena conducta del deudor, vgr. que determinada persona pagó puntualmente su saldo de tarjeta de crédito durante diez años. Estos datos favorables al titular no deberí­an caducar ya que el derecho al olvido debe funcionar sólo en su beneficio, porque con ese fin ha sido instituido. De modo que el lí­mite legal de cinco años para conservar los datos tiene sentido respecto de los datos negativos que reflejan una historia de morosidad.

El tema es cómo se cuentan esos cinco años. Algunos interpretan que el plazo se computa desde que se suministra el informe hacia atrás, de modo que toda información que date de un tiempo anterior a cinco años quedarí­a suprimida, cualquiera sea la fecha de origen o vencimiento de la obligación y aunque esté pendiente de cumplimiento. Adoptar esta hermenéutica significarí­a que al emitir el informe se borrarán deudas que se encuentran en mora y son exigibles, de manera que el que debe y no paga hace cinco, seis, siete años o más quedarí­a equiparado en su historia crediticia al que siempre estuvo al dí­a con sus pagos.
Esta interpretación es objetada porque los datos sobre deudas que aún son exigibles y se encuentran en mora, de acuerdo a los fines de un informe comercial que hemos examinado, son pertinentes, adecuados y sobre todo necesarios para reflejar un estado de morosidad que no ha perdido actualidad. Esto crea desprotección y genera desigualdades que no tienen una justificación razonable-

Notificación al deudor (art. 26)

Continuando con los Proyectos de modificación de la Ley propuestos por los señores diputados y con respecto a la problemática de la notificación previa, menciono los siguientes:

Las entidades, empresas u organismos que cedan, informen o remitan datos al Banco Central de la República Argentina, deben notificar de modo fehaciente al titular del dato en el marco de lo dispuesto por el párrafo anterior en aquellos casos en que se produjere un cambio de calificación desde normal a irregular, moroso o similares. Esta notificación fehaciente se realiza dentro de los 10 dí­as hábiles de establecida la nueva calificación e ineludiblemente con carácter previo al momento de cesión o información de los datos al Banco Central de la República Argentina.
(Expediente 4539 D 06, presentado por la Diputada Mercedes Marco Del Pont).

*Comentario:*
Con el objeto de no incrementar los costos de los mecanismos de comunicación actuales que terminarí­an siendo trasladados a los usuarios de los bienes o servicios, proponemos que los cambios de situación que se produjeren por el atraso del cliente en el cumplimiento de sus obligaciones, se efectúen únicamente por medio de los Resúmenes de Cuenta, pantallas y tickets de los cajeros automáticos, páginas de homebanking u otro medio de comunicación fehaciente.

*P.P.:* Que crí­ticas podrí­a realizar a estos proyectos y en que beneficiarí­an al titular del dato y al mercado financiero, en particular el Proyecto de Blanqueo de Datos?

*RM:* En mi opinión el legislador busca modificar la ley de manera tal que permita a la persona fí­sica o jurí­dica reinsertarse al sistema financiero lo antes posible y por otro lado que no se vea sorprendido en algún mostrador donde se le niegue una operación de compra de un electrodoméstico, un teléfono celular, un préstamo bancario o un contrato de alquiler.
Este tema tiene varias aristas que intentaré resumir, dado que mucho se habla de la industria del dato crediticio y su impacto en la vida de la gente y en estos veinte años que llevo en la actividad he aprendido que no son muchas las personas que intentan compatibilizar la legislación vigente con la vida económica real.
En primer lugar hay que conocer que existen dos clases de Informes Comerciales: (i)Informes Comerciales Patrimoniales (_Busines Report_) y (ii) informes Comerciales Crediticios (_Credit Report_).

Los primeros están contemplados en el art. 26.1 LPDP cuando hace mención a los datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito. Son los denominados informes – Taylor made-, es decir, hechos a pedido de un interesado en conocer los antecedentes de una persona fí­sica y jurí­dica para evaluar la posibilidad de concretar un negocio.

Distinta es la situación de los informes crediticios previstos en el art. 26.2 -“ que también se alimentan de información extraí­da de registros de acceso público y de los datos sobre cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quién actúe por su cuenta e interés. Es que serí­a impensable que esta clase de registros pudiera funcionar si el suministro de los datos dependiera de la buena voluntad de los deudores, que consintieran la divulgación de datos negativos sobre su conducta comercial.
Fuente: Régimen Legal de las Bases de Datos y Habeas Data -“ Alejandra M. Gils Carbó ( pág. 141 )

Los Informes Patrimoniales solicitados, son en su mayorí­a, sobre personas jurí­dicas y recabar y consistir la información lleva un tiempo aproximado de 5 dí­as, dependiendo del tipo de sociedad y del lugar geográfico donde desarrolla la actividad; conceptualmente es información denominada bachera. Es vital la obtención de los Estados Contables y realizar una comparativa con los últimos ejercicios a los efectos de ver la tendencia y la evolución de la Empresa en cuestión y también comparar los ratios económicos con las medias de su propia actividad.
Los Informes Crediticios son utilizados para el sector del consumo y con el solo hecho de presentar un documento se obtiene una respuesta on line de la persona consultada.

En el párrafo anterior intento explicar que las modificaciones de la ley que apuntan a notificar al ciudadano sobre su cambio de situación con diez dí­as de antelación antes de incorporarlo a una base impactarí­an en el actual sistema de consulta y respuesta on line y se convertirí­a en un sistema bachero, sin posibilidad de otorgamiento del crédito o producto en el momento, afectando a todo el sistema de los otorgantes de crédito y en particular a las personas de menores recursos financieros.

Finalmente y con referencia al Proyecto que cuenta con media sanción respecto de la eliminación de las obligaciones financieras clasificadas con categorí­a 2, 3, 4 ó 5 durante el perí­odo comprendido entre el 1* ° de enero del año 2.000 y el 10 de diciembre de 2.003, siempre y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o regularizadas al momento de entrada en vigencia de la presente Ley, ya no tiene sentido dado que en la condición descripta esas deudas deberí­an estar eliminadas automáticamente de las Bases de las Empresas de Riesgo Crediticio que cumplen con la actual normativa.

*P.P.:Cuál es su opinión sobre el “reciente fallo de la Corte Suprema argentina”:http://www.habeasdata.org/Caso-Veraz-v-Estado-Nacional respecto a la Ley de Tarjetas de Crédito?*

*RM:* En algún momento de la entrevista he manifestado el _divorcio_ que percibo entre determinados fallos judiciales y la realidad económica diaria; no emito opinión respecto del tema estrictamente jurí­dico, porque no soy profesional del derecho, y aunque lo fuera, respeto el fallo.

La sensación térmica que me quedó es que por un lado existe una información importantí­sima como lo es la morosidad en las tarjetas de crédito que solo puede ser entregada por los emisores al Banco Central, como intermediario legal, y a los 45 o 60 dí­as es publicada por el BCRA para ser tomada por las Centrales de Riesgo para incorporar a sus bases y suministrar a sus Clientes; en definitiva y en términos prácticos a quién favoreció ?, al deudor moroso por un tiempo donde nadie se entera que está incumpliendo con su obligación y mientras tanto nosotros informamos que NO REGISTRA ANTECEDENTES.

Espero que los señores legisladores subsanen este tema modificando “el art. 53 de la Ley de Tarjetas de Crédito”:http://www.habeasdata.org/ley-tarrjetas-de-credito para darle transparencia y eficiencia al mercado.

*P.P:* Muchas gracias por su tiempo.

*ENTREVISTA por el Dr. Pablo PALAZZI, 09 05 2007*


ley de tarjetas de crédito

Posted: mayo 29th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Informes comerciales, Normas | No Comments »

TARJETAS DE CREDITO

Ley 25.065

Establécense normas que regulan diversos aspectos vinculados con el sistema de Tarjetas de Crédito, viagra order Compra y Débito. Relaciones entre el emisor y titular o usuario y entre el emisor y proveedor. Disposiciones Comunes.

Sancionada: Diciembre 7 de 1998.

Promulgada Parcialmente: Enero 9 de 1999.

Ver Antecedentes Normativos

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

TARJETAS DE CREDITO

TITULO I

De las relaciones entre emisor y titular o usuario

CAPITULO I

Del sistema de la Tarjeta de Crédito

ARTICULO 1* ° -” Se entiende por sistema de Tarjeta de Crédito al conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales cuya finalidad es:

a) Posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema, en los comercios e instituciones adheridos.

b) Diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme alguna de las modalidades establecidas en el contrato.

c) Abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos pactados.

CAPITULO II

ARTICULO 53. -” Prohibición de informar. Las entidades emisoras de Tarjetas de Crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de Tarjetas de Crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación. Sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiere al Banco Central de la República Argentina.

Las entidades informantes serán solidaria e ilimitadamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los beneficiarios de las extensiones u opciones de Tarjetas de Crédito por las consecuencias de la información provista.

(Nota Infoleg: Artí­culo vetado por art. 14 del Decreto N* ° 15/99 B.O. 14/1/99, pero confirmado por Mensaje del Senado de fecha 1/9/99 B.O. 24/9/99).


Nuevo fallo de la Corte Suprema argentina sobre habeas data y tarjetas de crédito

Posted: mayo 29th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Informes comerciales | No Comments »

Como informamos en un “post anterior”:http://www.habeasdata.org/Caso-Veraz-v-Estado-Nacional, dentist la “Corte Suprema de Justicia de la Nación”:http://www.csjn.gov.ar/ convalidó la constitucionalidad de la “ley de tarjetas de crédito”:http://www.habeasdata.org/ley-tarrjetas-de-credito en un fallo donde la actora era una “agencia de informes comerciales”:http://www.habeasdata.org/Caso-Veraz-v-Estado-Nacional. Ahora este nuevo fallo de la Corte en el “caso Magoia v. Citibank”:http://www.habeasdata.org/documentos/magoia.pdf vuelve a tratar el mismo tema, tadalafil remitiéndose a lo decidido en aquella oportunidad, pero esta vez el planteo fue realizado por los bancos.

Pero hay un agregado mas: las demandadas eran una entidad financiera y una empresa de tarjetas que plantearon a través de una falta de legitimación pasiva que no se les aplicaba la ley 25.326. Un voto que acompaña a la mayorí­a sostiene que sí­ se les aplica la ley 25.326 porque tení­an información personal de la actora en su poder y la comunicaron a terceros. Es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre este tema de la legitimación pasiva de las entidades financieras. Pero es una señal que el alto Tribunal cada vez se interesa mas por estas cuestiones.


Nuevo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre la ley 25.326

Posted: abril 26th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Doctrina, Informes comerciales | No Comments »

HíBEAS DATA. Protección de datos personales. Centrales de Deudores del Sistema Financiero del BCRA. Régimen jurí­dico. Interpretación. Recurso jerárquico. Improcedencia.
Dict. Nº 338/06, women’s health 20 de noviembre de 2006. Expte. Nº 144.241/04. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (Dictámenes 259:197)

Dictámenes Tomo 259 Página 197

HíBEAS DATA. Protección de datos personales. Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA. Régimen jurí­dico. Interpretación.

La interpretación que cabe asignar al artí­culo 26 de la Ley N* ° 25.326 no requiere, en modo alguno, la previa indagación acerca de la exigibilidad de la deuda de que se trate. En este sentido, el inciso 4* ° de dicho artí­culo establece un plazo de cinco años para el archivo, el registro o la cesión de los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados -“y de dos años para el supuesto de haber sido cancelada la deuda- sin requerir, a tales fines, una evaluación previa acerca de la exigibilidad o no del crédito en cuestión. En consecuencia, a efectos de establecer si un dato debe ser informado por una entidad bancaria a la Central de Deudores del Sistema Financiero, administrada por el Banco Central de la República Argentina, sólo corresponde atender a la fecha en que la deuda se tornó exigible y, a partir de allí­, computar los cinco o dos años que establece el artí­culo 26, inciso 4* °, de la Ley N* ° 25.326, según corresponda.

HíBEAS DATA. Protección de datos personales. Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA. Régimen jurí­dico. Interpretación.

Interpretando armónicamente el artí­culo 26 inciso 4* ° de la Ley N* ° 25.323 y la reglamentación contenida en el Anexo I del Decreto N* ° 1558/01, surge que esta última norma indica qué información deberá tenerse en cuenta (toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción) por el plazo de 5 años, y que dicho plazo debe computarse (a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible) desde que la obligación se tornó exigible.

HíBEAS DATA. Protección de datos personales. Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA. Régimen jurí­dico. Interpretación.

Del análisis de la Ley N* ° 25.326 surge que el legislador ha consagrado el derecho al olvido de quienes registran o registraron una deuda en una base de datos, independientemente de su exigibilidad, fijando plazos diferentes para uno u otro supuesto. No se trata de la prescripción de la deuda sino simplemente de su antigí¼edad a los efectos de su mantenimiento en el registro de datos. Aún cuando la deuda hubiera sido saldada deberí­a figurar en el sistema aunque por un plazo menor. En consecuencia no se trata de que el tribunal examine la relación contractual entre el actor y la entidad demandada y la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones pendientes. Simplemente se debe determinar si la información respecto de esa deuda -“hállese prescripta o no- debe figurar en los registros en cuestión atento a la antigí¼edad que registra. Y, en tal sentido, parece claro que si la deuda se originó y devino exigible el 31 de julio de 1995- tal como lo sostiene la demandada- al momento de iniciación del presente juicio se hallaba cumplido el plazo de 5 años previsto en el artí­culo 26 de la ley 25.326.

HíBEAS DATA. Protección de datos personales. Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA. Régimen jurí­dico. Interpretación. Recurso jerárquico. Improcedencia.

Corresponde rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la entidad bancaria contra la providencia del 9 de septiembre de 2005 dictada por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, toda vez que dicha Dirección ejerció la potestad genérica que, como organismo de control, cabe reconocerle y que, por ello, corresponde entender comprendida en los términos de la primera parte del inciso 1* ° del artí­culo 29 de la Ley N* ° 25.326, que dispone que el órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la citada ley. En efecto, al dictar la providencia del 9 de septiembre, el órgano de control no ejerció la facultad prevista en el artí­culo 31 de la Ley N* ° 25.326, puesto que dicho acto no contiene una sanción impuesta a la entidad bancaria, sino una orden dirigida a que se rectifiquen datos que, a su entender, vulneraban las disposiciones de la norma de referencia.

Dict. N* ° 338/06, 20 de noviembre de 2006. Expte. N* ° 144.241/04. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (Dictámenes 259:197).

“texto completo del dictamenen(PDF)”:http://www.habeasdata.org/pdfs/dictamen_ptn_nov_2006.pdf

Ver comentario de “Gabriel Martinez Medrano”:http://clientesbancarios.blogspot.com/2007/05/procurador-del-tesoro-de-la-nacion.html


Clarin publica nota sobre informes comerciales y marketing

Posted: marzo 25th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Informes comerciales, Noticias | No Comments »

El diario clarin publicó hoy una nota en el “suplemento ZONA”:http://www.clarin.com/suplementos/zona/2007/03/25/index.html sobre informes comerciales y marketing a 6 años de la ley 25.326. Se cita ademas las opiniones de Gustavo Tanus sobre el poco acatamiento de la ley 25.326 y de la Fiscal Alejandra Gils Carbó. La nota está acompañada de un artí­culo de Pablo Palazzi sobre cómo funcionan estos derechos en Estados Unidos y Europa que se transcribe a continuación.

** ¿Cómo se legisla en otros paí­ses el uso de datos personales?*
*por Pablo A. Palazzi*

En Estados Unidos se privilegia la libertad de información por sobre la privacidad. Esto se debe a una visión que considera que el mercado se beneficia con el acceso a esta información, approved y que serán mayores los réditos a largo plazo si se permite la difusión de información verdadera pues ello genera transparencia en el mercado. Por ejemplo, prostate en materia de informes comerciales, éstos existen desde hace casi un siglo y constituyen uno de los pilares del sistema de acceso fácil y rápido al crédito bancario. Recién fueron regulados en forma concreta en el año 1970 a través de la ley llamada Fair Credit Reporting Act. Se trató de una norma destinada a permitir su funcionamiento y limitar su responsabilidad a contados supuestos. Lo mismo sucede en el ámbito del marketing. En Estados Unidos no hay leyes que regulen en forma limitada esta forma de comercializar bienes o servicios salvo en casos puntuales como el fax o el correo electrónico. Por eso, las listas y bases de datos de clientes con datos sobre consumo circulan libremente. A raí­z de ello, los norteamericanos ven invadidas sus casillas de correo con cientos de ofertas y reciben llamados de todo tipo con ofertas. Esta libertad de uso de datos, a no dudarlo, es un fuerte motor de la economí­a pero ello no significa que los consumidores lo acepten sin reparos. Prueba de ellos es que cuando se habilitó un registro -no llame- a nivel nacional, en pocos meses se anotaron cerca de 50 millones de consumidores para evitar llamadas molestas.
Finalmente en Estados Unidos la privacidad no tiene rango de derecho constitucional ni resulta oponible a los particulares (solo al Estado), lo que dificulta su regulación.
En Europa en general las leyes de protección de datos son mas estrictas que en Estados Unidos, pues se parte de la base que el derecho a la privacidad es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Europea.
En España, cuya ley es modelo de la ley argentina de protección de datos, se adoptó un modelo regulatorio estricto como sucede en el resto de Europa. Pero en materia de informes comerciales estos se permiten siempre que no sean falsos ni contengan datos caducos (esto es mas de seis años de antigí¼edad). Argentina copió esta regulación pero limitó a dos años el plazo si se pagó la deuda, y a cinco años si no pagó Además el consumidor tiene un derecho de acceder y corregir el dato personal. En materia de marketing el consumidor tiene derecho a acceder a sus datos y a que lo borren de la base de datos: esto significa que si pidió que no le enví­en mas datos, deben cesar el enví­o de correo, email o llamados con ofertas.

Pablo Palazzi
www.habeasdata.org


Fallo de la Corte Suprema sobre la ley de tarjetas de crédito

Posted: marzo 14th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | No Comments »

O. 180. XXXVI.
Organización Veraz S.A. c/ E.N. P.E.N. M* ° E. y O.S.P. s/ amparo ley 16.986.

Buenos Aires, thumb 6 de marzo de 2007
Vistos los autos: “Organización Veraz S.A. c/ E.N. P.E.N. M* ° E. y O.S.P. s/ amparo ley 16.986″.
Considerando:
1* °) Que contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que, pharm al confirmar la de primera instancia, rechazó la demanda que perseguí­a la declaración de inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 25.065 en cuanto prohí­be a las entidades emisoras de tarjetas de crédito informar a las bases de datos de antecedentes financieros personales sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito en situaciones de incumplimiento, la actora interpuso recurso extraordinario (fs. 476/528) el que previa sustanciación, fue concedido a fs. 536.
2* °) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (fs. 420/422 vta.), al confirmar la sentencia de la anterior instancia (fs. 369/376 vta.), rechazó el amparo.
Para así­ resolver, el tribunal a quo, en primer término, hizo suyos los fundamentos del fallo del juez anterior en grado, según los cuales el derecho constitucional de trabajar y ejercer industria lí­cita no se halla exento de determinadas regulaciones o limitaciones como la del citado art. 53, el cual supone “un razonable ejercicio del poder de policí­a en salvaguarda de intereses de orden general que involucran los derechos de los usuarios y de los eventuales destinatarios de la información” (fs. 375 vta.). Puntualizó que la norma impugnada procura preservar a los usuarios de que al quedar en mora “sean incluidos inmediatamente en bases de datos en atención a la naturaleza y caracterí­sticas propias del contrato y el contexto que promueve el uso de las tarjetas de crédito” (fs. 374). De igual modo, consideró que no se halla conculcada la libertad de expresión, pues ésta, al aludir a la difusión y expresión de pensamientos, ideas o valores no comprende a la “mera información sobre aspectos comerciales”, más allá de que la ausencia de información sobre los deudores en todo caso comprometerí­a a los afectados por la falta de aquélla y no a la actora.
A ello el tribunal de alzada añadió que Organización Veraz S.A. no ha acreditado el perjuicio que le ocasionarí­a la aplicación de la norma impugnada, y que no advertí­a la existencia de una lesión a los derechos constitucionales invocados por aquélla.
3* °) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible toda vez que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia y validez de normas federales y lo resuelto por el superior tribunal de la causa es contrario al derecho que la recurrente sustentó en esas disposiciones (art. 14, inc. 3* ° de la ley 48).
4* °) Que la empresa actora persiguió en autos la declaración de inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 25.065. La ley en cuestión regula diversos aspectos vinculados con el sistema de Tarjetas de Crédito, Compra y Débito y las relaciones entre el emisor y titular o usuario y entre sus previsiones, el referido artí­culo dispone que “Las entidades emisoras de tarjetas de crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las ‘bases de datos de antecedentes financieros personales’ sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación. Sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiere al Banco Central de la República Argentina”. A su juicio, la prohibición transcripta resultarí­a violatoria de las garantí­as de los arts. 14, 17, 19, 32 y 43 de la Constitución Nacional, y de los tratados enumerados por el art. 75, inc. 22.
5* °) Que en su dictamen de fs. 542/546 el señor Procurador General de la Nación entiende que el dictado de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales -”de fecha posterior a la decisión recurrida-” que no contiene semejante prohibición, ha importado dejarla sin efecto en los términos de la doctrina de Fallos: 317:1282; 319:2185 y 320:2609.
6* °) Que este Tribunal no comparte la conclusión precedentemente reseñada, pues ella no se compadece con sus precedentes en materia de derogación implí­cita o tácita de la ley, ni con su doctrina sobre interpretación legislativa.
En efecto, ha dicho reiteradamente esta Corte que para que una ley derogue implí­citamente disposiciones de otra, es necesario que el orden de cosas establecido por ésta sea incompatible con el de aquélla (Fallos: 214:189: 221:102; 258:267; 260:62; 295:237; 318:567, entre muchos otros). Ello, porque la derogación de las leyes no puede presumirse (Fallos: 183:470).
Del mismo modo, el Tribunal ha afirmado que como norma “una ley general no es nunca derogatoria de una ley o disposición especial, a menos que aquélla contenga alguna expresa referencia a ésta o que exista una manifiesta repugnancia entre las dos en la hipótesis de subsistir ambas y la razón se encuentra en que la legislatura que ha puesto toda su atención en la materia y observado todas las circunstancias del caso y previsto a ellas, no puede haber entendido derogar por una ley general superior, otra especial anterior, cuando no ha formulado ninguna expresa mención de su intención de hacerlo así­. 185. U.S. 88. Como corolario de la doctrina, según la cual, debe Blakstone, (Interpretation of Laws, 116), las derogaciones implí­citas no son favorecidas, ha llegado a sentarse como regla en la interpretación de las leyes que una ley posterior de carácter general sin contradecir las cláusulas de una ley especial anterior, no debe ser considerada como que afecta previsiones de la primera a menos que sea absolutamente necesario interpretarlo así­ por las palabras empleadas” (Fallos: 150:150). En el mismo sentido puede citarse el precedente de Fallos: 321:2413, voto del juez Petracchi.
7* °) Que en el caso no parece prudente interpretar que exista la mencionada incompatibilidad. Para arribar a tal conclusión deberá partirse necesariamente de una de las pautas interpretativas de mayor arraigo en la doctrina de este Tribunal, conforme a la cual la inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en el legislador y por esto se reconoce como principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 312:1614).
A la luz de tal principio corresponde estudiar entonces si la prohibición cuestionada dirigida a las entidades emisoras de tarjetas de crédito resulta compatible con registro del dato por parte de los bancos de datos. Y desde este ángulo, la conclusión afirmativa se impone si se tiene en cuenta que nada obsta al registro y almacenamiento de tal tipo de información, en la medida en que sea suministrada a las empresas que se dedican a su registración con la intermediación del Banco Central de la República Argentina, a quien la propia ley 25.065 atribuye el carácter de autoridad de aplicación en todo lo concerniente a los aspectos financieros vinculados a las tarjetas de crédito (ver art. 50, inc. a). En tales condiciones no puede resultar extraño que sea el encargado de recibir la información por parte de las entidades emisoras de tarjetas de crédito y sea quien, a su vez, la suministre a los registros que prestan servicios de información crediticia.
8* °) Que no obsta a esta conclusión el hecho de que las normas reglamentarias del decreto 1558/2001 contemplen el registro de los datos en cuestión. En efecto, es sabido que las normas reglamentarias son válidas sólo en la medida en que se ajusten al texto y al espí­ritu de la ley a reglamentar (Fallos: 311:2339, entre muchos otros).
La derogación tácita de la ley no puede entonces extraerse de una norma de inferior jerarquí­a, ya que sólo puede producirse -”en lo que al caso interesa-” entre disposiciones homogéneas (Diez Picazo, Luis Marí­a La derogación de las leyes, págs. 285 y sgtes., Ed-”. Civitas, Monografí­as, Madrid 1990). “La derogación tendrá lugar solamente si ha sido estipulada por una autoridad creadora de normas”, tal como lo ha afirmado Hans Kelsen (“Derogación” en Boletí­n Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, año VII, número 21, págs. 259 y sgtes.).
Por lo demás, y en lo que a la reglamentación se refiere, no puede pasarse por alto que el Registro Nacional de Bases de Datos previsto por el art. 21 de la ley 25.326 fue creado en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos, recién mediante la disposición 2/2005, publicada en el Boletí­n Oficial el 18 de febrero de 2005 y comenzó a funcionar el 19 de mayo de ese mismo año. Hasta esa fecha, la ausencia del registro en cuestión obstaba a que el interesado pudiera controlar -”con algún grado de efectividad-” la existencia, exactitud, actualidad, etc. de los datos que afectaren su crédito, pues las empresas destinadas a esta finalidad no se encontraban aun inscriptas ante el registro pertinente. De este modo no es exacto que, en los hechos y por la mera sanción de la ley 25.326, la situación fuera diversa de la que el legislador tuvo en cuenta al centralizar la información sobre incumplimientos de pago de saldos de tarjeta de crédito en el Banco Central de la República Argentina.
9* °) Que no cabe inferir, por otra parte, que esa ausencia de prohibición en la ley 25.326 haya obedecido a la intención del legislador de derogar la limitación cuestionada al no haberla reiterado en la nueva ley de habeas data.
En efecto, porque en primer lugar, en nuestro paí­s -”como en otros-” los bancos de datos destinados a recopilar y suministrar información financiera son muy anteriores a toda regulación legal sobre el punto. Baste recordar que en autos la propia actora afirma haber sido fundada en el año 1957. Es evidente que se trata y se trataba de una actividad comercial lí­cita y legí­tima que brinda además -”y como se ha señalado en el debate parlamentario de la ley de habeas data (ver exposición de los diputados Soria y Castañón, en la sesión del 14 de septiembre de 2000)-” un servicio útil a los fines de disminuir los costes de la contratación y otorgar seguridad al crédito.
Sin embargo, es por demás obvio que la proliferación de este tipo de empresas y los potenciales daños a las personas que pueden causar han sido los claros inspiradores tanto de la previsión constitucional del art. 43 como de la ley reglamentaria.
Se sigue de lo expuesto que la actividad de los bancos de datos existí­a y era lí­cita antes de la regulación legal introducida por la ley 25.326, y que esta regulación no tuvo por finalidad prioritaria ampliar esa actividad sino, en todo caso, proteger a los titulares de los datos de los posibles errores o abusos que puedan resultar del mecanismo de recolección, almacenamiento y suministro de información.
10) Que a igual conclusión se arriba si se tiene en cuenta los antecedentes parlamentarios de las leyes en cuestión
La ley 25.065 establece normas que regulan diversos aspectos vinculados con el sistema de Tarjetas de Crédito, Compra y Débito, como así­ también las relaciones entre el emisor y titular o usuario y entre el emisor y proveedor. En ese ámbito y no en el de la regulación de los bancos de datos se inscribe su art. 53 cuya constitucionalidad es materia de la presente causa en cuanto establece -”se reitera-” la prohibición para “las entidades emisoras de tarjetas de crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las bases de datos de antecedentes financieros personales -˜sobre la situación de incumplimiento de los titulares y beneficiarios de tarjetas-™, “sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiere al Banco Central de la República Argentina”.
La citada ley 25.065 fue sancionada el 7 de diciembre de 1998, promulgada parcialmente el 9 de enero de 1999 mediante decreto 15 que entre otras disposiciones vetó el art. 53 transcripto. Sin embargo, el 1º de septiembre de 1999 el presidente del Senado comunicó al P.E.N. que “el H. Senado, en sesión de la fecha, ha considerado la confirmación de la H. Cámara de Diputados de su sanción anterior en la observación parcial al proyecto de ley registrado bajo el Nº 25.065, relacionado con el sistema de tarjetas de crédito, compra y débito, y ha tenido a bien confirmar también la propia por mayorí­a de dos tercios de votos, quedando así­ definitivamente sancionado el proyecto según lo dispuesto en el artí­culo 83 de la Constitución Nacional”.
La ley de habeas data 25.326 fue por su parte sancionada originalmente por el Senado de la Nación el 26 de noviembre de 1998; la Cámara de Diputados lo hizo el 14 de septiembre de 2000, pero con modificaciones, lo que motivó la nueva intervención y sanción del Senado el 4 de octubre de 2000.
Como se advierte, la contemporaneidad de tratamiento legislativo de ambas disposiciones y, fundamentalmente, la que existe entre la insistencia de ambas cámaras en los términos del art. 83 de la Constitución Nacional respecto del texto cuestionado en autos -”ambos de fecha 1* ° de septiembre de 1999-” con el tratamiento legislativo de la ley de habeas data de la que pretende inferirse una derogación tácita del precepto, excluirí­a esta conclusión porque importarí­a tanto como presumir la inconsecuencia del legislador: el H. Senado habrí­a dado sanción -”en el mes de noviembre de 1998-” a un proyecto de ley que derogarí­a tácitamente una disposición en la que a raí­z del veto presidencial, insiste 10 meses después.
11) Que ello establecido, corresponde concluir en la absoluta razonabilidad de la regulación legal cuestionada que tiene la obvia finalidad de preservar la exactitud de los datos registrados, en beneficio de sus titulares y de la seriedad de la información que se pone a disposición del público en general. Del mismo modo, obedece a la necesaria protección del usuario de las tarjetas de crédito que, de lo contrario -”esto es, sin la centralización de la fuente de registro-” podrí­a verse materialmente imposibilitado de ejercer cualquiera de los mecanismos de control sobre sus datos autorizados por el art. 43 de la Constitución Nacional y transformado entonces un paria en el mundo de las relaciones de crédito.
Por lo expuesto, y oí­do el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifí­quese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto) CARLOS S. FAYT ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI JUAN CARLOS MAQUEDA E. RAUL ZAFFARONI CARMEN M. ARGIBAY.
ES COPIA

VO //

// TO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.
HIGHTON DE NOLASCO
Considerando:
1* °) Que Organización Veraz S.A. promovió acción de amparo con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 25.065 en cuanto prohí­be a las entidades emisoras de tarjetas de crédito informar a las bases de datos de antecedentes financieros personales sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o etapa de refinanciación.
2* °) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar la sentencia de la instancia anterior, rechazó el amparo.
Para así­ resolver, el tribunal a quo, en primer término, hizo suyos los fundamentos del fallo del juez anterior en grado, según los cuales el derecho constitucional de trabajar y ejercer industria lí­cita no se halla exento de determinadas regulaciones o limitaciones como la del citado art. 53, el cual supone “un razonable ejercicio del poder de policí­a en salvaguarda de intereses de orden general, que involucran los derechos de los usuarios y de los eventuales destinatarios de la información”. Puntualizó que la norma impugnada procura preservar a los usuarios de que al quedar en mora “sean incluidos inmediatamente en bases de datos en atención a la naturaleza y caracterí­sticas propias del contrato y el contexto que promueve el uso de las tarjetas de crédito”.
De igual modo, consideró que no se halla conculcada la libertad de expresión, pues ésta, al aludir a la difusión y expresión de pensamientos, ideas o valores no comprende a la “mera información sobre aspectos comerciales”, mas allá de que la ausencia de información sobre los deudores en todo caso comprometerí­a a los afectados por la falta de aquélla y no a la actora.
La sentencia de cámara añadió asimismo que “la propia amparista reconoce que la información que la norma veda, llega a su conocimiento a través del Banco Central, aunque -”según señala-” tarde e incompleta” (fs. 420/422). A ello el tribunal de alzada agregó que Organización Veraz S.A. no ha acreditado el perjuicio que le ocasionarí­a la aplicación de la norma impugnada, y que no advertí­a la existencia de una lesión a los derechos constitucionales invocados por aquélla.
3* °) Que contra tal sentencia la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 476/528 vta., que contestado por el Estado Nacional, fue concedido a fs. 536, y que resulta formalmente admisible en razón de que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia y validez de normas federales y lo resuelto por el superior tribunal de la causa es contrario al derecho invocado por la recurrente con sustento en dichas cláusulas (art. 14, incs. 1* ° y 3* °, de la ley 48). A ello cabe agregar que los agravios deducidos con apoyo en la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad habrán de ser tratados en forma conjunta, pues ambos aspectos guardan entre sí­ estrecha conexidad (Fallos: 321:2764, y sus citas, entre muchos otros).
4* °) Que evacuada la vista al señor Procurador General (fs. 541), éste emitió el dictamen que se encuentra agregado a fs. 542/546. Al hacerlo, ponderó en particular el hecho de que encontrándose los autos en la Procuración General se dictó la ley 25.326 de “Protección de Datos Personales” que a su entender constituyó una regulación orgánica y especí­fica en materia de recolección, tratamiento y prestación de los servicios referentes a datos personales, en la que no se prevé la prohibición reseñada en el considerando 1* ° de la presente, razón por la cual consideró que al resultar incompatible el art. 53 de la ley de tarjeta de crédito 25.065 con el nuevo sistema legal establecido por la ley 25.326 (arts. 4 y 26), se habí­a producido, en el aspecto examinado, la derogación tácita del citado art. 53.
5* °) Que este Tribunal, con el fin de garantizar un adecuado ejercicio del derecho de defensa y debido a la necesidad de adecuar sus pronunciamientos a las circunstancias existentes al momento de su dictado, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos: 310:670) concedió un plazo de cinco dí­as para que las partes manifestaran “lo que estimen pertinente sobre la validez de la ley 25.326 y su decreto reglamentario” (fs. 547). La actora compartió el criterio del señor Procurador General por considerar que la nueva ley ha producido una derogación “tácita u orgánica” del ordenamiento anterior (fs. 550/557), a lo cual añadió, en defensa de su postura, que el art. 26 del decreto 1558/2001, reglamentario de la nueva ley 25.326, habí­a incorporado una expresa alusión a las “tarjetas de crédito” (fs. 558). En forma coincidente se manifestó el Estado Nacional al expresar que “…la situación fáctico legal que diera lugar a la oportuna posición de mi mandante se ha modificado, toda vez que se encuentra en plena vigencia la nueva ley 25.326…De allí­ la eventual coherencia de resolución de estos actuados bajo el criterio sustentado por el señor Procurador de esa Excma. Corte Suprema de Justicia atento la nueva normativa que rige en la materia” (fs. 559).
6* °) Que las sentencias de la Corte Suprema deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario y la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio (Fallos: 316:479, entre otros).
7* °) Que la nueva normativa no ha tornado abstracto el pronunciamiento de esta Corte Suprema pues, conforme se expresa en los considerandos que siguen, no existe tal derogación orgánica, a lo que cabe agregar que estando en juego el orden público que ambas leyes declaran tutelar (arts. 57 de la ley 25.065 y 44 de la ley 25.326), corresponde un pronunciamiento expreso de este Tribunal.
8* °) Que en lo relativo a la incompatibilidad entre el sistema de la ley 25.326 -”de protección de datos personales-” y la restricción establecida por el art. 53 de la ley 25.065 cabe señalar que esta Corte no comparte el criterio expresado en el dictamen del señor Procurador General.
9* °) Que el art. 26 de la ley 25.326 -”que regula lo atinente a la “prestación de servicios de información crediticia”-”, se limita a expresar, en lo que aquí­ interesa, que en la prestación de tales servicios “sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial” (inc. 1* °) y que “pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés” (inc. 2* °).
Ninguna referencia contiene dicha norma -”ni ninguna otra de la referida ley-” que pueda considerarse incompatible con una disposición especí­fica anterior que establece una restricción en lo atinente a un ámbito determinado y circunscripto, como lo es el de las tarjetas de crédito. En consecuencia, no media la “verdadera incompatibilidad” que, en los términos de conocida jurisprudencia de esta Corte, debe caracterizar a las leyes generales para tener por configurada la derogación tácita de una ley especial anterior (Fallos: 214:189; 221:102; 226:270; 260:62; 305:353; 315:1274; 318: 567; 319:2594).
10) Que en el caso de autos cabe asimismo tener en cuenta el escaso plazo transcurrido entre la aprobación de ambos ordenamientos (ley 25.065 -”B.O. del 24 de septiembre de 1999-” y ley 25.326 -”B.O. 2 de noviembre de 2000-”) que lleva a concluir que el legislador no pudo haber aprobado en tan corto tiempo dos normas contradictorias, pues la inconsecuencia o falta de previsión en el legislador jamás se presumen (Fallos: 312:1614, entre muchos otros). En efecto, el plazo de catorce meses fue muy breve comparado con el de otros casos de derogación orgánica aceptados por este Tribunal como el de Fallos: 319:2185 (derogación orgánica del decreto ley 8655/63 por la ley 21.932/79, 16 años) y el de Fallos: 320:2609 (en relación a la derogación orgánica del decreto 812/73 por decreto 3318/79 -”6 años-”), a lo que cabe agregar que en los casos citados en último término, existí­a una clara superposición entre ambos ordenamientos.
A ello cabe sumar la insistencia del Poder Legislativo -”en ejercicio de la facultad prevista en el art. 83 de la Constitución Nacional-” frente a la observación del art. 53 de la ley 25.065 por parte del Poder Ejecutivo; es decir, que el Congreso Nacional se pronunció en forma expresa dos veces en el plazo de 9 meses sobre su voluntad de sancionar el art. 53 de la ley de tarjetas de crédito, al insistir y comunicarlo al Poder Ejecutivo por medio del Mensaje del Senado del 1* ° de septiembre de 1999 (B.O. 24 de septiembre de 1999).
11) Que por otra parte, el silencio del legislador en materia de tarjeta de crédito al aprobar la ley 25.326 no puede interpretarse como su voluntad de derogar el art. 53 de la ley de tarjetas de crédito casi un año después. En el caso, como se expuso en el considerando anterior, el legislador insistió y superó con las mayorí­as legales una observación -”veto parcial-” del Poder Ejecutivo Nacional. Tal como sostuvo la doctrina norteamericana, cuando la Corte interpreta el silencio legislativo el riesgo de error y manipulación está siempre presente (confr. Daniel Rotenberg, Congressional Silence in the Supreme Court, University of Miami Law Review, Vol. 47, Nov. 1992, pág. 375).
12) Que por último, tal silencio del legislador tampoco puede suplirse con el decreto reglamentario de la ley 25.326. En ese marco, tampoco obsta a ello lo dispuesto en el art. 26 del decreto 1558/01 -”reglamentario de la ley de protección de datos personales-”, que menciona a las “tarjetas de crédito”, que establece que a los efectos del art. 5, inc. 2* °, letra e de la ley, el concepto de entidad financiera comprende a las empresas emisoras de tarjeta de crédito, argumento que la actora esgrimió a fs. 558. Ello es así­ pues el decreto reglamentario no tiene aptitud para modificar lo dispuesto por una ley anterior. Una interpretación contraria implicarí­a avanzar sobre la ley, contrariando el marco del art. 99, inc. 2* °, de la Constitución Nacional.
13) Que, concordantemente, esta conclusión se ve reforzada al comparar la finalidad de ambas normas. La ley 25.326 tiene por finalidad proteger el honor, la intimidad y otros derechos personalí­simos de aquellos registrados en bancos de datos (art. 1* °) reglamentando el tercer párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional. De tal modo estableció toda una serie de derechos y obligaciones para quienes tratan datos personales, entre los que se encuentran la prohibición de utilizar los datos con una finalidad distinta a la que motivó su recopilación, la obligación de exactitud, la limitación temporal del registro de datos (art. 4), el consentimiento en ciertos supuestos (art. 5), la notificación del ingreso de datos en registros (art. 6), y las prohibiciones para la cesión de datos y para la transferencia internacional de la información personal (arts. 11 y 12). Asimismo se crea un organismo de aplicación de la normativa (art. 29) y se reglamenta también la acción de protección de datos personales (arts. 33 a 43).
Por su parte, la ley 25.065 reglamenta el contrato de tarjeta de crédito y las relaciones entre los usuarios y emisores. Dentro de este contexto, el art. 53 de la ley 25.065, al prohibir que los datos personales de usuarios de tarjetas de crédito sean cedidos a bases de datos de antecedentes financieros, tiene como finalidad evitar la identificación del deudor y las conocidas consecuencias negativas que genera la difusión de esa información a través de empresas de informes crediticios.
Si bien no surge en forma expresa del debate legislativo, es evidente que la norma impugnada procura evitar que el usuario de tarjeta de crédito -”cuando no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación-” sea inmediatamente incluido en bases de datos, transformándolo en un “muerto civil”.
A mayor abudamiento, se recuerda el caso “Whalen v. Roe” (429 U.S. 589) donde la Corte Suprema de Estados Unidos esbozó los elementos de un derecho constitucional sobre la privacidad de la información. El caso se referí­a a una ley del Estado de Nueva York que habí­a creado un registro centralizado con los nombres y direcciones de todas las personas que obtení­an ciertas drogas recetadas por médicos. Al analizar la regulación estatal -”declarada válida en el caso-”, la Corte Suprema consideró que esta recopilación de datos personales podí­a afectar dos intereses. Uno era el interés del individuo en evitar la revelación de asuntos personales; el otro, el interés en poder adoptar en forma independiente decisiones importantes (confr. Joel R. Reidenberg & Paul M. Schwartz, Data Privacy Law. A study of United States Data Protection, Michie, Virginia, 1996, pág. 76).
Hoy en dí­a existen infinidad de registros que acumulan información personal tanto en poder del Estado como de los particulares. Así­, es posible enumerar a modo de ejemplo, el registro de juicios universales (decreto 3003/56), el registro nacional de concursos y quiebras (art. 296, ley 24.522), los registros de deudores alimentarios morosos (ley 269 de la ciudad de Buenos Aires, y leyes provinciales concordantes), el registro nacional de reincidencia y estadí­stica criminal (ley 22.117), el registro de la propiedad inmueble (ley 17.801, y leyes provinciales concordantes), el registro nacional de las personas (ley 13.482), el registro de huellas digitales genéticas (resolución 415/2004 del Ministerio de Justicia) y los registros de informes crediticios como el que mantiene la aqui actora. Los intereses que impulsaron la creación de estos registros son muy diversos y atienden a finalidades distintas. Pero en general, la idea detrás de cada registro es centralizar cierta información para que esté accesible y de ese modo se pueda consultar facilitando la toma de decisiones en función de la información que ellos contengan. Estas grandes acumulaciones de datos personales han planteado problemas a los registrados, y una de las formas de resolverlo es estableciendo normas como la del art. 53 de la ley 25.065.
14) Que en virtud de todo lo expuesto en los considerandos anteriores no es posible concluir que exista la incompatibilidad indudable y manifiesta que ha exigido la jurisprudencia de este Tribunal.
15) Que debido a que la nueva normativa de protección de datos personales no ha derogado el art. 53 de la ley 25.065 y por ende no ha tornado abstracto el pronunciamiento de esta Corte Suprema, corresponde analizar los agravios que la apelante plantea en su recurso extraordinario de fs. 476/528.
16) Que la recurrente sostiene que el primer párrafo del art. 53 de la ley 25.065 vulnera el derecho a trabajar y ejercer una actividad lí­cita. Señala que se trata de una actividad sumamente útil para la comunidad como lo es la de aportar información comercial y crediticia, tanto positiva como negativa, de las personas, información que no reviste carácter privado o sensible.
17) Que el derecho constitucional de trabajar y ejercer industria lí­cita no se halla exento de determinadas regulaciones o limitaciones como la del citado art. 53, el cual supone un razonable ejercicio del poder de policí­a en salvaguardia de intereses de orden general que involucran los derechos de los usuarios y de los eventuales destinatarios de la información. Como ya se señaló en el considerando 10, la norma impugnada procura preservar a los usuarios de que al quedar en mora sean incluidos inmediatamente en bases de datos en atención a la naturaleza y caracterí­sticas propias de contrato de tarjeta de crédito. Está claro que el art. 53 de la ley 25.065 tiene por finalidad prohibir a las empresas que participan en el sistema de tarjetas de crédito -”que incluye entidades financieras y emisoras-”, que divulguen datos personales relacionados con las tarjetas de crédito, ya que dicha información tiene consecuencias negativas directas en las relaciones comerciales de las personas.
18) Que en otro agravio los recurrentes sostienen que la interpretación del art. 53 por la que se adscribe carácter confidencial o sensible a la información relativa a las tarjetas de crédito, contrarí­a los arts. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 13, inc. 1* °, del Pacto de San José de Costa Rica y arts. 14, 16, 32, 33, 38, 42 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.
19) Que la libertad de expresión contiene la de dar y recibir información, y tal objeto ha sido especialmente señalado por el art. 13, inc. 1* °, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que al contemplar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, declara como comprensiva de aquella “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda í­ndole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artí­stica, o por cualquier otro procedimiento de su elección” (Fallos: 310:508), libertad que, como ha dicho esta Corte, es inherente a todas las personas y no exclusivo y excluyente de los titulares o permisionarios de los medios de difusión (Fallos: 315:1943).
La actora tiene entonces un derecho a difundir datos personales, que constituyen información, de conformidad con la definición del término “datos personales” prevista en el art. 2* ° de la ley 25.326. Por otra parte, como bien señala la actora, si el tercer párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional permite suprimir información falsa, de alguna manera también ampara el tratamiento y difusión de información veraz y objetiva.
20) Que, sin embargo, este Tribunal tiene reiteradamente dicho que el derecho a la libre expresión e información no reviste carácter absoluto en cuanto a las responsabilidades y restricciones que el legislador puede determinar (Fallos: 310:508; 315:632; 316:703 y 324:2895).
21) Que por ende, la libertad de informar que los recurrentes alegan no se aplica a todo tipo de información que esté en su poder en virtud de las relaciones comerciales que tengan con sus clientes o de la posibilidad de acceder a los mismos por obtenerlos de registros de acceso público irrestricto, como es el caso de la base de datos del Banco Central de la República Argentina. El Congreso Nacional puede establecer restricciones en función de la protección de otros intereses, tales como la posibilidad de los registrados de acceder al crédito, la privacidad, y la protección de los datos personales (arts. 19, 43 y 75 inc. 32 de la Constitución Nacional).
22) Que, en las particularidades de este caso cobra relevancia la jurisprudencia norteamericana que ha aplicado el referido estándar de la Primera Enmienda a empresas que comercian información sobre solvencia y evaluación crediticia de las personas concluyendo que no existe menoscabo a la libertad de información por el hecho de que una norma determinada restrinja o limite ciertos usos de esa información.
Así­, en el caso “Trans Union Corp. v. FTC”, (245 F.3d 809) la Comisión Federal de Comercio sancionó a Trans Union -”empresa dedicada a la provisión de informes comerciales-” por haber utilizado con fines de marketing directo sus listados de datos personales, lo que estaba prohibido por la ley estadounidense de informes crediticios (Fair Credit Reporting Act). La demandada argumentó que su actividad consistente en difundir esa información estaba amparada por la Primera Enmienda que consagra el derecho constitucional a la libertad de expresión. En su razonamiento el tribunal recordó la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso “Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc.” (472 U.S. 749, 1985), donde se sostuvo que un informe crediticio no concerní­a a cuestiones de interés público y por ende tení­a una protección “disminuida” de la Primera Enmienda, a menos que del análisis del mismo surgiera una cuestión de interés público según los sujetos involucrados. Consideró también el tribunal que esta norma que prohibí­a ciertos usos no era inconstitucional por aplicarse sólo a empresas de informes crediticios (“undeinclusive”) y no a otras empresas que venden información. El tribunal entendió que dada la situación en que se encuentran las empresas de informes crediticios, que tienen un acceso -”y difusión-” continuo a datos personales de millones de consumidores, no resultaba irrazonable para el Congreso haberlas regulado en forma especí­fica prohibiendo determinados usos de esos datos personales (en igual sentido ver el caso “Individual Reference Services Group, Inc. v. FTC”, 145 F. Supp. 2d 6, 2001).
23) Que este Tribunal no desconoce la importancia que para la economí­a moderna tiene el acceso a la información relativa al estado de solvencia y al historial de cumplimiento de las obligaciones de los sujetos que intervienen en el mercado, sobre todo si la reclamada transparencia es examinada desde la óptica del análisis económico del Derecho. Sin embargo, en este punto, cabe recordar que esta Corte examina la constitucionalidad de las normas pero no las motivaciones que el Poder Legislativo haya tenido al aprobar la norma en cuestión (Fallos: 313:1513, entre muchos otros) y dentro del marco examinado en los considerandos anteriores no se aprecia una irrazonabilidad tal que permita concluir su inconstitucionalidad. La norma trasunta entonces una polí­tica legislativa destinada a evitar la difusión de cierta información, polí­tica ésta sobre cuyo mérito, oportunidad o conveniencia no cabe a esta Corte, en principio expedirse.
Si el Congreso Nacional ha decidido -”en base a una determinada polí­tica legislativa-” amparar a los usuarios de tarjeta de crédito prohibiendo que esa información se difunda, no es posible invalidar tal disposición porque es mejor para el mercado que exista más y mejor información, o porque se disminuirí­an los costos comerciales, haciendo que esta información esté disponible directamente de las entidades emisoras de tarjetas y de los bancos y no a través de los registros informatizados del Banco Central de la República Argentina, situación que era la vigente antes de la sanción de la ley 25.065. Ello es así­ pues no existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones (Fallos: 325:1297). Por ende la actora no puede pretender que la situación de hecho existente con anterioridad a la sanción de la ley 25.065 se mantenga y poder así­ seguir informando datos sobre tarjetas de crédito.
Por otra parte el acceso a esa información se halla debidamente resguardado con las previsiones del mismo art. 53 de la ley 25.056 y del art. 26 de la ley 25.326 y la posibilidad que la propia actora señaló reiteradamente en estas actuaciones (fs. 16 vta., 432/475; 486) de acceder a la misma información obrante en registros públicos del Banco Central de la República Argentina tal como también lo señaló el a quo: “la propia amparista reconoce que la información que la norma veda, llega a su conocimiento a través del Banco Central, aunque según señala tarde e incompleta” (fs. 420/ 422).
Desde esta última perspectiva, lo que la actora reclama en autos es un derecho a recibir con mayor precisión temporal y con detalle la información comercial, y por ende, en el caso, los agravios constitucionales que se dicen conculcados no guardan relación directa e inmediata con la materia del litigio, en condiciones tales que la pretensión queda reducida a obtener anticipadamente esos datos con un evidente propósito lucrativo, tal como sostuvo este Tribunal en el caso caso “B.I.S.A.” (Fallos: 321:3094).
Por ello, oí­do el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada, con costas. Notifí­quese y devuélvase. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.
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DISI //

// DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI
Considerando:
1* °) Que la Organización Veraz S.A. promovió una acción de amparo con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 25.065 en cuanto prohí­be a las entidades emisoras de tarjetas de crédito informar a las “-˜bases de datos de antecedentes financieros personales’ sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de Tarjetas de Crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o etapa de refinanciación”.
2* °) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar la sentencia de primera instancia, rechazó la acción intentada (fs. 420/422). Contra aquella decisión la actora interpuso el recurso extraordinario (fs. 476/528) que fue contestado por el Estado Nacional (fs. 531/534) y concedido por el a quo a fs. 536.
3* °) Que evacuada la vista al señor Procurador General (fs. 541), éste emitió el dictamen que se encuentra agregado a fs. 542/546. Al hacerlo ponderó, en particular, el hecho de que encontrándose los autos en la Procuración General se dictó la ley 25.326 de “Protección de Datos Personales” que constituyó una regulación orgánica y especí­fica en materia de recolección, tratamiento y prestación de los servicios de información referentes a datos personales, en la que no se prevé la prohibición reseñada en el considerando 1* ° de la presente, razón por la cual consideró que al resultar incompatible el art. 53 de la ley de tarjeta de crédito 25.065 con el nuevo sistema legal establecido por la ley 25.326 (arts. 4 y 26), se habí­a producido, en el aspecto examinado, la derogación del citado art. 53.
4* °) Que este Tribunal con el fin de garantizar un adecuado ejercicio del derecho de defensa y debido a la necesidad de adecuar sus pronunciamientos a las circunstancias existentes al momento de su dictado, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (conf. doctrina de Fallos: 310:670; 311:787, 870, 1810; 313:584; 314:568, 1530, 1834; 315:123, 1553; 316:479; 317:602, 704; 318:625; 319:79, 1558; 320:1653, 2603; 322:1709; 323:600 y 632; 324:448, entre otros), concedió un plazo de cinco dí­as para que las partes manifestaran “lo que estimen pertinente sobre la validez de la ley 25.326 y su decreto reglamentario” (fs. 547). La actora compartió el criterio del señor Procurador General por considerar que la nueva ley ha producido una derogación “tácita u orgánica” del ordenamiento anterior (ver la presentación de fs. 550/557), a lo cual añadió, en defensa de su postura, que el art. 26 del decreto 1558/01, reglamentario de la nueva ley 25.326, habí­a incorporado una expresa alusión a las “tarjetas de crédito” (fs. 558). En forma coincidente se manifestó el demandado al expresar que “…la situación fáctico legal que diera lugar a la oportuna posición de mi mandante se ha modificado, toda vez que se encuentra en plena vigencia la nueva ley 25.326… De allí­ la eventual coherencia de resolución de estos actuados bajo el criterio sustentado por el señor Procurador de esa Excma. Corte Suprema de Justicia atento la nueva normativa que rige en la materia” (fs. 559).
5* °) Que comparto y hago mí­os los fundamentos expuestos por el señor Procurador General en su dictamen, a los que me remito en razón de brevedad, excepto en cuanto al precedente de Fallos: 317:1282 que no suscribí­ y al de Fallos: 315:274, cuya mención obedece a un error de cita. A lo expuesto cabe acotar que el decreto 1558/01, reglamentario de la nueva ley 25.326 refuerza el criterio de dicho dictamen, pues lo que corresponde deducir del nuevo esquema conformado por la ley citada en último término, ha sido esclarecido por el decreto al incluir -”esta vez en forma expresa-” entre la clase de datos personales que pueden ser tratados en la prestación de servicios de información crediticia, aquellos referentes a “tarjetas de crédito” (ver art. 26 del decreto antes citado).
Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto y se declara abstracta la cuestión traí­da a conocimiento de esta Corte. A los fines de evitar eventuales consecuencias que podrí­an derivarse del pronunciamiento del a quo, corresponde revocar la decisión apelada (conf. doctrina del caso “Peso”, Fallos: 307:2061, considerando 6* ° y los allí­ citados). Las costas de todas las instancias correrán por su orden, atento a los fundamentos de la decisión adoptada (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Regí­strese, notifí­quese y, oportunamente, devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.
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Nuevo fallo sobre derecho al olvido del fuero contencioso administrativo federal

Posted: febrero 1st, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | No Comments »

CNCont Adm, nurse Sala IV, prothesis Causa N* ° 9.175/2005. -DIEZ MARIA ELVIRA c/ BCRA Base de Datos (CITIBANK) s/ habeas data-.
///nos Aires, side effects 25 de septiembre de 2006.
CONSIDERANDO:
I. Que la señora Marí­a Elvira Diez inició acción de habeas data contra el Citibank NA y el Banco Central de la República Argentina con el objeto de que se le exhibiera la totalidad de la información contenida en la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA y la justificación documentada de ella por parte de Citibank NA, reservándose el derecho de ampliar la demanda por rectificación, en los términos del artí­culo 42 de la ley 25.326, si lo consideraba pertinente (fs. 2/6).

II. Que, a fs. 191/198 vta., requirió la supresión de la información obrante en la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central con sustento en que si bien habí­a sido verdadera en su origen, correspondí­a retirarla atento a que habí­a transcurrido el plazo máximo de 5 años previsto en el artí­culo 26 inciso 4* ° de “la ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326. Aclaró que más allá de que la deuda respecto de la tarjeta de crédito se encontraba prescripta el Citibank NA habí­a informado dicha deuda en 1996 (fecha de la mora de la primera operación) y la calificación como deudor categorí­a 5 habí­a sido insertada en la Central de Deudores en 1997, manteniéndose incólume dicha información desde esa fecha sin que la entidad bancaria demandada hubiera demostrado su actualización. En ese contexto, y habiéndose cumplido el plazo de 5 años previsto en la aludida norma se configuraba en su favor el llamado -derecho al olvido-. Citó jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura.

III. Que, a fs. 241/243 vta., la señora juez de primera instancia declaró abstracta la acción respecto al derecho de acceso a la información, desestimó el planteo de improcedencia de la acción deducida por el Banco Central de la República Argentina, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Citibank NA e hizo lugar al habeas data respecto de esta entidad, ordenando al Banco Central de la República Argentina titular de la base de datos la eliminación de los datos que colocaban a la actora como deudora de la tarjeta Mastercard y de un préstamo personal individualizados en autos, en virtud del vencimiento del plazo previsto en el artí­culo 26 inciso 4 de la “ley 25.236″:http://www.habeasdata.org/ley25326 y su decreto reglamentario. Para decidir de ese modo sostuvo que:
A) La ví­a elegida por el actor resultaba procedente en atención a la naturaleza del derecho que con ella pretendí­a defenderse no siendo necesaria la existencia de una conducta manifiestamente ilegí­tima o arbitraria, recaudo propio de la acción de amparo, mas no del habeas data.
B) Debí­a desestimarse, asimismo, la falta de legitimación pasiva planteada por el Citibank NA en el entendimiento que no podí­a ser demandada pues no era titular de base de datos alguna toda vez que, si bien su finalidad no era la de proveer informes, se encontraba enumerada como legitimada pasiva en el artí­culo 35 de la ley 25.236, siendo ella la obligada a brindar la información al órgano rector del sistema financiero respecto de la calidad de deudores de sus clientes.
C) La acción deducida por la actora con el objeto de asegurar su derecho al acceso a la información habí­a devenido abstracta, en atención a la documental acompañada por la entidad financiera.
D) Sin perjuicio de que la información suministrada hubiera sido cierta o que las deudas no se encontraran prescriptas la acción deducida por la actora y dirigida a la supresión de esos datos de la mentada base debí­a acogerse ya que habí­a transcurrido con creces el plazo de 5 años previsto en el artí­culo 26 inciso 4* ° de la ley 25.326 desde que la información sobre ella habí­a sido volcada en dicho centro de datos.
Las costas las impuso en el orden causado (fs. 126/129 vta.).

IV. Que, contra esa decisión, la parte actora y el Citibank NA interpusieron y fundaron sendos recursos de apelación (fs. 247/249 vta. y 251/258, respectivamente).
La actora se agravió del modo en que habí­an sido impuestas las costas respecto del Citibank NA. Entendió que la demandada habí­a resultado vencida respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta y con relación a la rectificación de datos ordenada, no existiendo razones para apartarse del principio general en la materia. Al efecto no podí­a soslayarse que no se habí­an cumplido en autos los recaudos establecidos en el artí­culo 14 de la ley de amparo, aplicable al caso, toda vez que el acto que habí­a motivado la demanda seguí­a subsistiendo, no habiéndose modificado la base de datos hasta la fecha.
El Citibank NA, por su parte, expresó, al contrario de lo sostenido por la a quo, que no era sujeto pasivo de la acción intentada pues su objeto no era proveer información como actividad principal.
Consideró, asimismo, errónea la interpretación dada por la magistrada al artí­culo 26 inciso 4* ° de la ley de habeas data en cuanto al comienzo del plazo allí­ fijado para que se configurara el derecho al olvido. Sostuvo, al respecto que de la interpretación de las normas aplicables surgí­a que mientras una deuda se encontrara vigente y fuera, por ende exigible, la información podí­a ser brindada a entidades con registros de información crediticia y sólo a partir de que la deuda dejara de ser exigible podí­a comenzar a computarse el plazo de 5 años para que operara la caducidad del registro.
Además señaló que desde 1996 la actora mantení­a con su mandante una deuda proveniente de un préstamo personal de $ 221,51 y otra deuda de $ 4.364,08 en concepto de capital por el uso de la tarjeta Mastercard que arrastraba desde 1997 y que dichos importes nunca habí­a sido reintegrados por ésta. Por ello, en estricto cumplimiento de la normativa vigente habí­a informado tal circunstancia al BCRA. Si tales registros no habí­an sido cuestionados tampoco podí­a serlo que el banco cumpliendo con la obligación que le imponí­an las comunicaciones -A- 2216 y -A- 2927 del BCRA hubiera comunicado a dicho organismo la existencia de dichos créditos ni que continuara haciéndolo en tanto aquéllas siguieran siendo exigibles.
A ello debí­a agregarse que de tomarse como punto de partida del plazo la última información archivada en la respectiva base, en el caso, como la información al BCRA se renovaba mensualmente, dicho plazo no se encontraba vencido.

V. Que el señor Fiscal General dictaminó en favor del rechazo de la excepción de legitimación pasiva interpuesta por el Citibank NA.
En otro orden de ideas entendió que el plazo previsto en el artí­culo 26 inciso 4* ° de la ley 25.326 no se encontraba vencido no pudiendo el deudor moroso ampararse en él, ni en ninguna otra defensa basada en el transcurso del tiempo, a efectos de que se acogiera su pretensión (fs. 273/275).

VI. Que, en primer término, cabe señalar que la falta de legitimación pasiva opuesta por la entidad financiera demandada debe ser desestimada.
Ello es así­ toda vez que la legitimación surge expresamente de lo dispuesto en el artí­culo 16 del decreto 1558/01, no habiendo sido dicha norma cuestionada por el recurrente.

VII. Que, en otro orden de ideas en el artí­culo 26, apartado 4* ° de la ley 25.326 se prevé que -(s)ólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho-.
Se consagra así­ en la norma el -derecho al olvido- tanto del deudor moroso que no ha cancelado la deuda sin distinguir según sea exigible o no como de aquél que la ha saldado, previéndose diferentes plazos para uno u otro supuesto (conf. en este sentido, CNCiv. y Com. Fed., Sala 3, -Napoli Carlos Alberto c/ Citibank N.A.-, 3 11 05; esta Cámara, Sala III, -Girella, Juan José c/ BCRA-, 4 2 05 y -Gross, Rodolfo Remigio-, 7 2 05). Se ha intentado de este modo preservar el honor o buen nombre del sujeto que se ha visto en alguna de las situaciones descriptas. Se trata de un derecho reconocido objetivamente, sin que sea necesario más que demostrar la existencia del transcurso del plazo respectivo.
En efecto, para que comience a correr el plazo de cinco años no es necesario que la deuda haya sido cancelada o extinguida.
Esa interpretación resulta correcta, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, pues si solamente se pudiera solicitar la supresión en los términos de la mentada norma de los datos referentes a deudas no exigibles, carecerí­a de sentido que el mismo artí­culo luego fijara un plazo menor dos años para solicitar la supresión de aquella información que se refiere a deudas ya extinguidas.
En el caso sub examine las deudas no fueron canceladas por lo que el plazo aplicable para poder ejercer el derecho mencionado es el de cinco años.
Siendo ello así­, debe determinarse entonces el momento desde el cual debe comenzar a computarse dicho plazo.
Al respecto en las partes pertinentes del decreto 1558/2001 se dispone …para apreciar la solvencia económico financiera de una persona … se tendrí­a en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco años, éstos se contarán a partir de la fecha de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible…-.
Si bien se han pronunciado diferentes criterios al interpretar esta norma, debe buscarse aquél que sin desvirtuar el derecho que reglamenta tenga en cuenta la letra de la norma.
En tal sentido, ella resulta clara en cuanto a que no toma para el cómputo del plazo ni el momento en que se originó la deuda, ni la última actividad que realizó el acreedor con miras a obtener su cumplimiento, sino la fecha de la última información archivada.
En ese contexto no puede dejar de advertirse que si bien la interpretación literal de la ley llevarí­a a borrar todo dato que tuviera más de cinco años de antigí¼edad debe considerarse que la norma dice que se podrán informar los datos que sean significativos para evaluar la solvencia económica financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Si durante ese lapso no se ha pagado la deuda que es anterior ése en un dato significativo para evaluar el estado actual de morosidad del deudor debiendo el acreedor actualizar la comunicación acerca de la vigencia de la deuda pues su falta de diligencia opera en favor del titular de los datos y el registro debe ser suprimido aún cuando la deuda sea exigible. Ello ha llevado a las empresas y entidades financieras a suministrar mensualmente la información sobre incumplimientos, pues de ese modo el plazo de caducidad se empieza a contar desde que la entidad deja de informar que la deuda está vigente. El mantenimiento actualizado de la información, torna improcedente el blanqueo del historial bancario del deudor pues es legí­timo el derecho de los interesados de conocer su solvencia patrimonial, que no es pasada sino actual.
Si bien podrí­a decirse que tal interpretación restringe en cierto modo el -derecho al olvido- pues lo hace depender de la diligencia del acreedor en mantener la información permanentemente actualizada, lo cierto es que la norma lo dispone, y no resulta una reglamentación irrazonable toda vez que, en definitiva, refleja una situación patrimonial del deudor que se mantiene vigente.
En sí­ntesis, si bien se intenta proteger el derecho a la intimidad de las personas, ello debe ser compatibilizado con el derecho de los acreedores o potenciales acreedores de tener acceso a aquellos datos que permitan evaluar la solvencia económica de las personas. Además no se está condenando a los deudores a que sus datos permanezcan a perpetuidad en diferentes registros, pues cuando las deudas dejen de ser exigibles (por prescripción o cualquier otro modo de extinción) comenzará a regir el plazo de dos años (que se computa desde el momento preciso en que se extingue la obligación); mientras ello no ocurra, si el acreedor mantiene actualizados los datos, el plazo de caducidad no operará.

VIII. Que, en ese contexto, y teniendo en cuenta que la entidad bancaria recurrente en cumplimiento de lo dispuesto en las Comunicaciones -A- 2216 y -A- 2729 del BCRA renueva mensualmente la información sobre sus deudores hecho que no fue controvertido por la actora no puede considerarse que el citado plazo de caducidad haya empezado a computarse.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada y rechazar la acción de habeas data incoada.

IX. Que no obstante lo resuelto, teniendo en cuenta la particularidad de la cuestión debatida en autos y que la actora pudo razonablemente creerse con derecho a litigar, las costas de ambas instancias deben imponerse en el orden causado.

Por todo lo expuesto SE RESUELVE: REVOCAR el pronunciamiento apelado y. por consiguiente, rechazar la acción intentada, con costas en el orden causado en ambas instancias.

Regí­strese, notifí­quese y devuélvase.

GUILLERMO PABLO GALLI

ALEJANDRO JUAN USLENGHI

LUIS Cí‰SAR OTERO