Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Opt out deficiente…

Posted: septiembre 6th, 2010 | Author: | Filed under: América Latina, Argentina, Experimentos, Spam | Tags: | No Comments »

Hace un tiempo que estoy recibiendo mails de un sitio que hace ofertas con descuentos y sistemáticamente me doy de baja, more about pero no se porque nunca me dan da baja. Pese a que su política de privacidad dice que lo haran…Ya mande mail a info, buy more about hago click en la opción de ellos, etc. En fin se ve que el art. 27 de la ley 25.326 no es conocido por todos… y menos el cumplimiento de la normativa reglamentaria que obliga a remover estos pedidos, a identificar anuncios y a tener capacidad operativa para hacerlo….

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Respuestas a las preguntas mas frecuentes sobre spam en Argentina

Posted: septiembre 4th, 2010 | Author: | Filed under: Argentina, FAQ, Spam | Tags: , | Comentarios desactivados

Respuestas a las preguntas mas frecuentes sobre Spam en Argentina

1)  ¿Que es el Spam?
Son mensajes electrónicos (habitualmente de tipo comercial) no solicitados y en cantidades masivas. Aunque se puede hacer por distintas ví­as, public health la más utilizada entre el público en general es la basada en el correo electrónico. Otras tecnologí­as de internet que han sido objeto de spam incluyen mensajes, grupos de noticias usenet, motores de búsqueda y blogs. El spam también puede tener como objetivo los teléfonos móviles (a través de mensajes de texto) y los sistemas de mensajerí­a instantánea. Recientemente el spam apareció en los wikies y en los blogs. Como se puede apreciar, nadie se salva del spam. Fuente: Wikipedia.org (con modificaciones)

2)  ¿Que se puede hacer para evitarlo?
Si le molesta el spam, pida la remoción de su correo electrónico de la base de datos a la persona que le envió la publicidad no solicitada. Si lo agregaron sin pedirle permiso a una lista, pí­dale la remoción al moderador o al webmaster del sitio o de la lista.

Para hacerlo solo tiene que enviarle el siguiente mensaje:

Me dirijo a Ud. en mi caracter de titular del correo electrónico nombre@dominio.com.ar a fin de solicitarle la remoción de todos mis datos personales de la lista o base de datos en los términos del art. 27 de la ley 25.326 y del decreto reglamentario.

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Regulan el spam y la publicidad no deseada

Posted: marzo 10th, 2009 | Author: | Filed under: DNPDP, Normas, Spam | Tags: | Comentarios desactivados

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dicto la disp. 4-2009 por medio de la cual obliga a los correos de publicidad a poner en el asunto el termino PUBLICIDAD. Con esto queda claro que deberan tener ese mensaje y que podran ser facilmente filtrados…

PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES

Disposición 4/2009

Establécese que la opción para el ejercicio del derecho de retiro o bloqueo contemplada en el artí­culo 27, discount inciso 3, one health de la Ley Nº 25.326, sale deberá aparecer en toda comunicación que se efectúe con fines publicitarios, junto con el mecanismo previsto para su ejercicio.

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Perú: multa de 5400 dólares por spam

Posted: agosto 25th, 2007 | Author: | Filed under: Casos, Internacional, Público en general, Spam | No Comments »

El blog “Peru sin Spam”:http://perusinspam.wordpress.com/ nos informa que se acaba de imponer la primera multa a un spammer en ese paí­s aplicando “la norma anti-spam que se aprobó en el año 2005″:http://www.habeasdata.org/Peru_ley_anti_Spam junto a “su reglamentación”:http://www.indecopi.gob.pe/antispam/reglamento-antispam.html . Luego de un proceso que duró 6 meses, recuperation finalmente el “INDECOPI”:http://www.indecopi.gob.pe/ emitió la resolución sancionadora. El documento es bastante extenso y detallado (tiene 22 páginas) pero aquí­ les transcribimos la decisión final de la comisión que multó a la empresa con la suma de 5 Unidades Impositivas Tributarias, lo que equivale a aproximadamente 5,400 dólares americanos (*). Gracias a Alfredo San Martin Piaggio por la noticia.

*4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN*

PRIMERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor San Martí­n en contra de Escuela de Empresa S.A.C. por infracción a la Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM) y a la Ley de Protección al Consumidor.

SEGUNDO: ordenar a Escuela de Empresa S.A.C., como medida correctiva de oficio, que cumpla con abstenerse de enviar, correos electrónicos comerciales a la dirección de correo del denunciante. Asimismo, a efectos de salvaguardar el interés colectivo de los consumidores, se ordena que Escuela de Empresa S.A.C. cumpla con adecuar el enví­o de sus correos electrónicos comerciales, según lo prescrito en las normas vigentes en materia de regulación de correos electrónicos comerciales no solicitados.

En ese sentido, se requiere a Escuela de Empresa S.A.C. para que en un plazo no mayor de diez (10) dí­as hábiles de notificada la presente resolución, informe a la Comisión sobre las acciones adoptadas para el cumplimiento de la medida correctiva ordenada.

TERCERO: declarar improcedente la solicitud efectuada por el señor San Martí­n respecto al pago de una indemnización. (NOTA: Pedí­ que se solicitará el pago de indemnización a cada una de las personas afectadas por el SPAM. Según la ley la indemnización es de 1% de la UIT por cada email recibido).

CUARTO: sancionar a Escuela de Empresa S.A.C. con una multa ascendente a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la cual será rebajada en 25% si la denunciada consiente la resolución y procede a cancelar la misma dentro del plazo de cinco (5) dí­as de su notificación, conforme a lo establecido en los artí­culos 37* ° y 38* ° del Decreto Legislativo N* ° 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley N* ° 27809, Ley General del Sistema Concursa.
QUINTO: ordenar Escuela de Empresa S.A.C. que en un plazo no mayor a cinco (5) dí­as hábiles de notificada la presente, cumpla con pagar al señor San Martí­n las costas del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de S/.34.50; Ello, sin perjuicio del derecho del denunciante de solicitar la liquidación de costas y costos, una vez concluida la instancia administrativa.

Con la intervención de los señores Comisionados: Dr. Alonso Morales, Dr. Juan Luis Daly, Dr. Uriel Garcí­a, Dra. Lorena Masias, Sr. Diego Cisneros, y Dr. Mauricio Novoa.
***

( * ) 1 UIT unidad impositiva tributaria = 3,400 soles; un dolar=3.14 soles.-


Regulacion del Spam en Chile

Posted: septiembre 8th, 2006 | Author: | Filed under: Chile, Normas, Spam | No Comments »

REF.: APRUEBA NORMA Tí‰CNICA PARA LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A MINIMIZAR LOS EFECTOS PERJUDICIALES DE LOS MENSAJES ELECTRÓNICOS MASIVOS NO SOLICITADOS RECIBIDOS EN LAS CASILLAS ELECTRÓNICAS DE DICHAS REPARTICIONES Y EN LAS DE SUS FUNCIONARIOS.
DECRETO N* °
SANTIAGO, troche
VISTOS:
a) Lo dispuesto en el articulo 32* ° N* ° 8 de la Constitución Polí­tica de la República;
b) La Ley 19.799, de 2002, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma;
c) El Decreto Supremo N* ° 181, de 2002, del Ministerio de Economí­a, Fomento y Reconstrucción, que aprobó el Reglamento de la Ley N* ° 19.799:
d) Lo dispuesto en la resolución NQ 520, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la resolución N* ° 55. de 1992, ambas de la Contralorí­a General de la República.
CONSIDERANDO:
1) Que, el artí­culo 47″ del Decreto Supremo N* ° 181, de 2002, del Ministerio de Economí­a, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de la Ley N* ° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. en adelante el Reglamento, creó el Comité de Normas para el Documento Electrónico;
2) Que, el artí­culo 48* ° del Reglamento dispone que este Comité estará integrado por:
i. El Ministro Secretario General de la Presidencia;
1

ii. El Subsecretario de Economí­a, Fomento y Reconstrucción;
iii. El Subsecretario de Telecomunicaciones; Y.
iv. El Subsecretario de Hacienda.
3) Que el Comité estableció como tarea la elaboración de una norma técnica para los órganos de la Administración del Estado que determinará las directrices esenciales para la adopción de medidas destinadas a minimizar la recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados en las casillas electrónicas de dichos órganos y en las de sus funcionarios, atendido el hecho de que aquéllos, junto con recargar innecesariamente los sistemas informáticos, pueden ser causa de virus, códigos malignos, hoax y, en general, de cualquier tipo de información que pudiera poner en peligro la integridad y persistencia de la documentación electrónica de Gobierno. Asimismo, la adopción de tales medidas contribuirá al aumento de la eficiencia y a la reducción de los costos operacionales de los órganos de la Administración del Estado.
4) Que, para el desarrollo de dicha tarea, la Secretaria Técnica del Comité creó un grupo de trabajo sobre mensajes electrónicos masivos no solicitados, en el que participaron representantes de los miembros del Comité de Normas para el Documento Electrónico, del Ministerio del Interior, de la Contralorí­a General de la República, del Servicio de Impuestos Internos, del Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile, de ario n 2000, de Microsoft, de la Asociación de Proveedores de Internet y de la Asociación de Medios en Internet. y que fue asesorado técnicamente por el Laboratorio de Criptografí­a Aplicada y Seguridad (CASLab) de la Facultad de Ciencias Fí­sicas y Matemáticas, de la Universidad de Chile.
5) Que, el trabajo se realizó de conformidad con la polí­tica gubernamental orientada a la incorporación de las Tecnologí­as de la Información y Comunicaciones en los órganos de la Administración del Estado para mejorar los servicios e Información ofrecidos a los ciudadanos, mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.
6) Que, la labor desarrollada se concretó en la elaboración de una norma técnica destinada a la obtención de los objetivos que a continuación se indican, relativos al manejo adecuado de los mensajes electrónicos masivos no solicitados por parte de los órganos de la Administración del Estado, a saber:
a) Fijar recomendaciones y garantizar estándares mí­nimos sobre el adecuado manejo de los mensajes electrónicos, de manera de mitigar los efectos perjudiciales de los mensajes masivos no solicitados enviados a las casillas electrónicas de los órganos de la Administración del Estado y a las de sus funcionarios.
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b) Fijar recomendaciones que propendan al aseguramiento de la integridad y persistencia de la documentación electrónica de los órganos de la Administración del Estado.
c) Fijar recomendaciones tendientes a evitar que la recepción de mensajes electrónicos masivos no solicitados recargue innecesariamente los sistemas informáticos de los órganos de la Administración del Estado.
d) Facilitar a las personas su relación con los órganos de la Administración del Estado, mediante el uso de mensajes electrónicos de manera segura y confiable.
DECRETO:
ARTíCULO PRIMERO: Apruébase la siguiente norma técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre adopción de medidas destinadas a minimizar los efectos perjudiciales de los mensajes electrónicos masivos no solicitados recibidos en las casillas electrónicas de dichas reparticiones y en las de sus funcionarios.
“NORMA Tí‰CNICA. PROCESAMIENTO Y MANEJO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS MASIVOS NO DESEADOS-
Artí­culo 1* °. La presente norma técnica establece las condiciones mí­nimas que deben cumplir 105 órganos de la Administración del Estado para el procesamiento y manejo de 105 mensajes electrónicos recibidos por sus infraestructuras de comunicaciones, y las demás cuya aplicación se recomienda.
las exigencias y recomendaciones previstas en esta norma tienen por finalidad minimizar, a través del establecimiento e implementación de las medidas de seguridad adecuadas, los efectos perjudiciales de los mensajes electrónicos masivos no solicitados enviados a las casillas electrónicas de los órganos de la Administración de Estado y de sus funcionarios, garantizando, de esa forma, la integridad, permanencia, disponibilidad y acceso de la documentación electrónica de dichos órganos y funcionarios, facilitando, además, las comunicaciones electrónicas seguras y confiables entre los órganos de la Administración del Estado, así­ como entre éstos y los ciudadanos.
La presente norma se aplica a los mensajes electrónicos recibidos por los órganos de la Administración del Estado y sus funcionarios.
Artí­culo 2* °. Cada órgano de la Administración del Estado deberá adoptar las siguientes medidas de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final de este artí­culo:
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a) Identificar y evaluar los riesgos y costos asociados a la recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados, esto es, que no digan relación con el ámbito de competencia del respectivo órgano de la Administración del Estado.
b) Desarrollar, documentar y difundir polí­ticas de uso, almacenamiento, acceso y distribución de mensajes electrónicos y de los sistemas informáticos utilizados en su procesamiento.
c) Diseñar, documentar e implementar los procesos y procedimientos necesarios para poner en práctica las polí­ticas a que se refiere la letra anterior.
d) Monitorear el cumplimiento de los procedimientos establecidos y revisarlos de manera de reducir los costos asociados a la recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados que no guarden relación con el ámbito de competencia del Servicio de que se trate.
e) Capacitar a los usuarios para operar la infraestructura de comunicaciones de acuerdo con las exigencias establecidas.
f) Definir y documentar los roles y responsabilidades de las unidades organizacionales e individuos involucrados en cada uno de los aspectos mencionados en las letras anteriores.
la adopción e implementación de las medidas señaladas quedará sujeta a las consideraciones presupuestarias de cada Servicio. En el caso que los costos involucrados sean muy elevados atendido el presupuesto disponible, el Jefe del Servicio respectivo deberá dictar una resolución fundada en la que exponga las causas que justifiquen la no adopción de todas o parte de las citadas medidas y el plazo propuesto para la adopción e implementación de éstas. Dicha resolución deberá ser puesta en conocimiento de la Secretarí­a Ejecutiva del Comité de Normas para el Documento Electrónico dentro del décimo dí­a Siguiente a su dictación.
Artí­culo 3* °. En la infraestructura de comunicaciones que utilice cada uno de los órganos de la Administración del Estado deberán instalarse el o los sistemas informáticos adecuados para filtrar los mensajes electrónicos a que se refiere esta norma, entrantes a su servidor o servidores de correo. En ningún caso la aplicación de estos sistemas podrá conculcar o vulnerar los derechos que la Constitución garantiza a todas las personas, por lo que en su diseño y operación deberán adaptarse las medidas y protecciones que aseguren el pleno respeto de aquellos
Artí­culo 4* °. Los órganos de la Administración del Estado deben proteger los servidores de correo para evitar un uso indebido de los mismos que pudiera causar detrimento de sus rendimientos o incapacidad de uso por parte de sus legí­timos usuarios, situaciones que podrí­an afectar la fluida comunicación entre los órganos del Estado, así­ como entre éstos y los ciudadanos.
Artí­culo 5* °. Los órganos de la Administración del Estado deberán solicitar a las entidades privadas o públicas que les provean servicios de acceso a Internet, por sí­ o a través de terceros, lo siguiente:
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a) Cautelar la correcta instalación y funcionamiento de los servidores de correo de sus clientes para evitar open relay.
b) Ofrecer un punto de contacto para comunicarse con el encargado de seguridad informática del órgano de la Administración del Estado respectivo.
c) Monitorear al menos semanalmente la red bajo su responsabilidad, debiendo alertar al encargado de seguridad informática de la red responsable para que solucione problemas, en su caso.
d) Poner a disposición de sus clientes, en sus respectivos sitios web, las condiciones particulares de uso del servicio de correo electrónico que presta.
Artí­culo 6* °. Los órganos de la Administración del Estado deberán, salvo circunstancias calificadas, evitar que las casillas electrónicas institucionales sean difundidas a través de su sitio web, construir directorios o í­ndices de usuarios, y suministrar casillas electrónicas personales compartidas.
Cuando fuese necesario difundir las casillas institucionales, los órganos de la Administración del Estado deberán optar por la inclusión de una imagen con la dirección electrónica, el ofuscamiento de ésta, o su despliegue mediante la ejecución de un script por parte de quien la requiera.
Artí­culo 7* °. Los sistemas de procesamiento de mensajes electrónicos que el órgano de la Administración del Estado ponga a disposición de sus usuarios deben entregar facilidades para su filtrado con una configuración que garantice un nivel de protección adecuado, con especial consideración respecto de la inviolabilidad de las comunicaciones electrónicas.
Articulo 8* °. Con la finalidad de asegurar un adecuado funcionamiento de las herramientas de filtrado, deberá realizarse mantenimiento y monitoreo de las mismas, al menos, cada 6 meses, lo que incluirá la actualización de la infraestructura de comunicaciones y de los sistemas de filtrado; la sintonización de filtros de acuerdo a las condiciones del sistema; la generación de estadí­sticas que permitan evaluar la eficacia de los filtros y sistemas de las herramientas de filtrado; la evaluación de nuevas herramientas que puedan tener un mejor desempeño que las existentes, de acuerdo a las condiciones, necesidades y requerimientos locales; y, las demás que el administrador de correo determine.
Articulo 9* °. Los órganos del Estado deberán instruir a sus funcionarios acerca de la adecuada utilización de las casillas institucionales que se les asignen para el cumplimiento de sus funciones, propendiendo a que sean utilizadas exclusivamente para fines relacionados con las competencias propias del respectivo órgano. La utilización de dichas casillas para comunicaciones personales o privadas quedará prohibida cuando así­ lo ordene expresamente la respectiva autoridad o jefe superior de servicio, caso en que se autorizará a los funcionarios para habilitar y acceder a una casilla
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personal desde el terminal o equipo computacional que tengan asignado en la institución.
ARTíCULO SEGUNDO: El Ministerio del Interior, por intermedio del Subcomité de Gestión de Seguridad y Confidencialidad del Documento Electrónico, creado por el Decreto Supremo NC83 de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, deberá poner a disposición del Comité de Normas para el Documento Electrónico, dentro del plazo de 120 dí­as contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto, una “Guí­a Modelo de Protección de Casillas Electrónicas” mediante la cual fijará los detalles técnicos asociados a la regulación mencionada en los artí­culos precedentes.
Asimismo, deberá poner a disposición de los órganos de la Administración del Estado, recomendaciones de soluciones tecnológicas que permitan la implementación de las herramientas de filtrado objeto de esta norma.
ARTíCULO TERCERO: Los Subsecretarios y Jefes de Servicios de los órganos de la Administración del Estado deberán velar por el establecimiento y la adopción de una Guí­a de Protección de Casillas Electrónicas al interior de sus respectivos Servicios, dentro del plazo de un año. contado desde la fecha de publicación del presente decreto. Los organismos del Estado deberán indicar los responsables de su implementación, aplicación y control, no pudiendo recaer en el mismo funcionario la implementación y aplicación, y el control de la misma.
ARTíCULO CUARTO: A petición de parte o de oficio, y con el objeto de sugerir al Presidente de la República la actualización de la norma técnica fijada por este Decreto, el Comité de Normas para el Documento Electrónico podrá iniciar un procedimiento normalización en el que se tengan en consideración los planteamientos del sector público, privado y de las Universidades.
ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLíQUESE
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Ley anti spam de Peru

Posted: agosto 6th, 2006 | Author: | Filed under: Internacional, Normas, Spam | No Comments »

*Perú: Ley N* ° 28493*
*Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM) publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de abril del 2005.*

El Presidente de la República

Por cuanto:

El Congreso de la República ha dado la ley siguiente:

Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM)

ART. 1* °.- Objeto de la ley. La presente ley regula el enví­o de comunicaciones comerciales publicitarias o promocionales no solicitadas, impotent realizadas por correo electrónico, web sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones vigentes en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor.

ART. 2* °.- Definiciones. Para efectos de la presente ley se entiende por:

a) Correo electrónico: Todo mensaje, archivo, dato u otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras o cualquier otro equipo de tecnologí­a similar. También se considera correo electrónico la información contenida en forma de remisión o anexo accesible mediante enlace electrónico directo contenido dentro del correo electrónico.

b) Correo electrónico comercial: Todo correo electrónico que contenga información comercial publicitaria o promocional de bienes y servicios de una empresa, organización, persona o cualquier otra con fines lucrativos.

c) Proveedor del servicio de correo electrónico: Toda persona natural o jurí­dica que provea el servicio de correo electrónico y que actúa como intermediario en el enví­o o recepción del mismo.

d) Dirección de correo electrónico: Serie de caracteres utilizado para identificar el origen o el destino de un correo electrónico.

ART. 3* °.- Derechos de los usuarios. Son derechos de los usuarios de correo electrónico:

a) Rechazar o no la recepción de correos electrónicos comerciales.

b) Revocar la autorización de recepción, salvo cuando dicha autorización sea una condición esencial para la provisión del servicio de correo electrónico.

c) Que su proveedor de servicio de correo electrónico cuente con sistemas o programas que filtren los correos electrónicos no solicitados.

ART. 4* °.- Obligaciones del proveedor. Los proveedores de servicio de correo electrónico domiciliados en el paí­s están obligados a contar con sistemas o programas de bloqueo y/o filtro para la recepción o la transmisión que se efectúe a través de su servidor, de los correos electrónicos no solicitados por el usuario.

ART. 5* °.- Correo electrónico comercial no solicitado. Todo correo electrónico comercial, promocional o publicitario no solicitado, originado en el paí­s, debe contener:

a) La palabra “publicidad”, en el campo del “asunto” (o subject) del mensaje.

b) Nombre o denominación social, domicilio completo y dirección de correo electrónico de la persona natural o jurí­dica que emite el mensaje.

c) La inclusión de una dirección de correo electrónico válido y activo de respuesta para que el receptor pueda enviar un mensaje para notificar su voluntad de no recibir más correos no solicitados o la inclusión de otros mecanismos basados en internet que permita al receptor manifestar su voluntad de no recibir mensajes adicionales.

ART. 6* °.- Correo electrónico comercial no solicitado considerando ilegal. El correo electrónico comercial no solicitado será considerado ilegal en los siguientes casos:

a) Cuando no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el artí­culo 5* ° de la presente ley.

b) Contenga nombre falso o información falsa que se oriente a no identificar a la persona natural o jurí­dica que transmite el mensaje.

c) Contenga información falsa o engañosa en el campo del “asunto” (o subject), que no coincida con el contenido del mensaje.

d) Se enví­e o transmita a un receptor que haya formulado el pedido para que no se enví­e dicha publicidad, luego del plazo de dos (2) dí­as.

ART. 7* °.- Responsabilidad. Se considerarán responsables de las infracciones establecidas en el artí­culo 6* ° de la presente ley y deberán compensar al receptor de la comunicación:

1. Toda persona que envié correos electrónicos no solicitados conteniendo publicidad comercial.

2. Las empresas o personas beneficiarias de manera directa con la publicidad difundida.

3. Los intermediarios de correos electrónicos no solicitados, tales como los proveedores de servicios de correos electrónicos.

ART. 8* °.- Derecho a compensación pecuniaria. El receptor de correo electrónico ilegal podrá accionar por la ví­a del proceso sumarí­simo contra la persona que lo haya enviado, a fin de obtener una compensación pecuniaria, la cual será equivalente al uno por ciento (1%) de la Unidad Impositiva Tributaria por cada uno de los mensajes de correo electrónico transmitidos en contravención de la presente ley, con un máximo de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias.

ART. 9* °.- Autoridad competente. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, a través de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, será la autoridad competente para conocer las infracciones contempladas en el artí­culo 6* ° de la presente ley; cuyas multas se fijarán de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N* ° 716, Ley de Protección al Consumidor, o en el Decreto Legislativo N* ° 691, normas de la publicidad en d efensa del consumidor, según corresponda.

ART. 10.- Reglamento. El Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa (90) dí­as desde su vigencia.

ART. 11.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) dí­as de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Comuní­quese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los dieciocho dí­as del mes de marzo del dos mil cinco.

Antero Flores-Araoz E.

Presidente del Congreso de la República

Judith De La Mata Fernández

Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República

Al señor Presidente Constitucional de la República

Por tanto:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once dí­as del mes de abril del año dos mil cinco.

*Alejandro Toledo*

Presidente Constitucional de la República

Carlos Ferrero

Presidente del Consejo de Ministros

Documento publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de abril del 2005.


Proyecto del Senado sobre regulación y protección jurí­dica del correo electrónico

Posted: junio 26th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Proyecto de Ley, Spam | No Comments »

Proyecto de Ley del Senado Nacional sobre regulación y protección jurí­dica del correo electrónico.

Ver “proyectos presentados en Diputados”:http://www.habeasdata.org/ProyectosDelitosInformaticos2006


(S-1628/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, medicine ..

Artí­culo 1: La regulación y protección jurí­dica del correo electrónico, psychiatrist en el territorio de la República Argentina y en los lugares sometidos a su jurisdicción, se regirá por esta ley y por los tratados internacionales en que la Nación sea parte.

Artí­culo 2: A los efectos de esta ley, entiéndase como
a) Correo Electrónico: todo mensaje, dato o información
transmitido a través de dispositivos electrónicos;
b) Correo Electrónico Comercial: todo Correo Electrónico transmitido con el fin publicitar, comercializar, ofrecer o demandar bienes o servicios;
c) Correo Electrónico Comercial No Solicitado: todo Correo Electrónico Comercial dirigido a un Receptor con quien el Emisor no tiene una relación comercial o personal existente y transmitido sin que medie un pedido expreso del Receptor o sin su previo y expreso consentimiento;
d) Dirección de Correo Electrónico: toda dirección o casilla electrónica expresada mediante cualquier tipo de caracteres, explicitados o no en la pantalla, a la cual se puede enviar un Correo Electrónico;
e) Emisor: toda persona que trasmite un Correo Electrónico;
f) Receptor: toda persona titular de una Dirección de Correo Electrónico al cual un Correo Electrónico fue enviado o recibido
g) Información del Encabezamiento: fuente, destino e información de direccionamiento adjunta a un Correo Electrónico, incluyendo el nombre de dominio y Dirección de Correo Electrónico originarios o cualquier otra información que tenga por objeto identificar a la persona que inicia la transmisión de un Correo Electrónico;
h) Prestador de servicios de correo electrónico: toda persona que presta a sus clientes y usuarios un servicio que permite el enví­o, recepción y almacenamiento de Correo Electrónico;
i) Transmitir incluye pero no se limita al enví­o y reenví­o de Correo Electrónico o cualquier otro acto u operación que consista o tenga por efecto el enví­o de un Correo Electrónico.

Artí­culo 3: El Correo Electrónico se equipará a la correspondencia epistolar, a los efectos legales de resguardar la inviolabilidad de su contenido.

Artí­culo 4: Cuando la Dirección de Correo Electrónico sea provista por el empleador para uso del empleado, se deberá notificar fehacientemente la polí­tica respecto del acceso y uso de dicha dirección de correo electrónico.

Artí­culo 5: El Correo Electrónico Comercial deberá contener y exhibir de forma sencilla, clara y completa:
Datos de identificación del Emisor, incluyendo nombre y apellido o razón social, domicilio fí­sico, teléfono y Dirección de Correo Electrónico;
Una descripción breve, precisa y representativa del contenido del Correo Electrónico y la leyenda “publicidad”; “anuncios”; “circulares”; “ofrecimiento”; “propuesta”; o “invitación”, en el campo del objeto o asunto
Un aviso en que el Receptor pueda declinar la recepción de otros Correos Electrónicos transmitidos por el Emisor; y
Una Dirección de Correo Electrónico de respuesta válida a la que el Receptor pueda transmitir un correo electrónico para notificar su voluntad de no recibir adicionales correos del Emisor.

Artí­culo 6: El Correo Comercial No Solicitado y su Emisor deberán cumplir con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del Artí­culo anterior con más:
a) El tamaño máximo del Correo Electrónico no superará lo regulado por la Autoridad de Aplicación
b) Incluir un aviso en forma clara, simple y visible manifestando que el Receptor puede solicitar expresamente la recepción futura de otros Correos Electrónicos Comerciales enviados por el Emisor, con la inclusión de una Dirección de Correo Electrónico a la que el Receptor puede enviar un Correo Electrónico para notificar su voluntad de seguir recibiendo adicionales Correos Electrónicos Comerciales de parte del Emisor.

Artí­culo 7: Sé prohí­be que toda persona:
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado, con la intención de engañar, por el medio que fuere, a los Receptores acerca de la identidad del Emisor:
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado, desde una Dirección de Correo Electrónico cuyo titular proveyó información falsa, engañosa o incompleta acerca de su identidad;
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado, que incluya una dirección de respuesta distinta a la utilizada para enviar dicho Correo Electrónico;
Transmita Correo Electrónico Comercial, sea o no Solicitado conteniendo información falsa, engañosa o incompleta en el campo del asunto o que no coincida con el contenido del Correo Electrónico;
Transmita Correo Electrónico Comercial a un Receptor que hubiere formulado el pedido para que no se le enví­e dicho Correo Electrónico o no hubiera manifestado su voluntad para una recepción futura.
Falsifique la Información de Encabezamiento en Correos Electrónicos Comerciales e intencionalmente inicie su transmisión;
Omita cualquiera de las condiciones previstas en los Artí­culos 5 y 6 anteriores.

Artí­culo 8: Todo Prestador de servicios de correo electrónico procurará:
Emplear todas las medidas tecnológicas viables tendientes a evitar la transmisión, a través de sus servicios, de Correo Electrónico en infracción a la presente Ley y su reglamentación.
Incluir en los contratos de servicio celebrados con sus clientes, cláusulas especí­ficas que prohí­ban la utilización de su servicio para el enví­o de Correo Electrónico en infracción a esta Ley.
Cancelar, de forma inmediata, el servicio prestado a todo cliente que enví­e Correo Electrónico en infracción a la presente Ley y su reglamentación;
Impedir la transmisión masiva de Correos Electrónicos de acuerdo a lo regulado por la Autoridad de Aplicación desde una misma Dirección de Correo Electrónico salvo que el Prestador de servicios de correo electrónico en cuestión hubiere obtenido fehaciente y verosí­mil evidencia de que dichos enví­os se ajustan a las disposiciones de la presente Ley.

Artí­culo 9: La Autoridad de Aplicación podrá aplicar una multa de pesos tres mil ($3000) a pesos ochenta mil ($80.000) a toda persona que incurriere en alguna de las conductas prohibidas en el artí­culo 7 de la presente ley. Asimismo podrá ordenar el decomiso del equipamiento utilizado en cualquiera de las conductas previstas en el artí­culo 7.

Las sanciones aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente artí­culo serán apelables por ante los Juzgados Nacionales en lo Civil y Comercial Federal en la Capital Federal y por ante los Juzgados Federales con competencia en lo Civil y Comercial en la Provincia de que se trate.

El recurso deberá interponerse por escrito y fundado en el mismo acto por ante la Autoridad de Aplicación, en el plazo de quince (15) dí­as contados a partir de la notificación de la sanción.

La Autoridad e Aplicación remitirá las actuaciones al tribunal competente dentro del quinto dí­a de interpuesto el recurso, debiendo el tribunal dictar resolución en el plazo de quince (15) dí­as.

El recurso se concederá en efecto suspensivo.

Artí­culo 10: Sin perjuicio y en adición de las acciones y sanciones aquí­ previstas, la Autoridad de Aplicación, el Receptor damnificado y el Prestador de servicios de correo electrónico, tendrán derecho a promover contra el Emisor las acciones legales que pudiere corresponder a causa del incumplimiento de lo normado en la presente ley.

Artí­culo 11: La Secretarí­a de Comunicaciones de la Nación será la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Artí­culo 12: Comuní­quese al Poder Ejecutivo.

Guillermo R. Jenefes. -“ Roxana Latorre. -“ Juan C. Marino. -“ Mario D. Daniele. -“ Jorge M. Capitanich.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Hoy constituye una realidad incuestionable tanto los beneficios que genera el uso de la Internet y el correo electrónico, como el grado virtualmente ilimitado que podrí­a experimentar su crecimiento. De forma unánime se reconoce que dicho medio de comunicación se ha convertido en significativo instrumento para el desarrollo humano.

En este entendimiento, en el año 2005, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de este Honorable Cuerpo consideró y analizó distintas iniciativas legislativas. Las mismas fueron ampliamente debatidas en diferentes reuniones y sometidas a consideración de diversas entidades del ámbito académico y empresarial, que expresaron sus puntos de vista sobre el particular.

Fruto de todo ese intenso intercambio de ideas e informaciones, la comisión elaboró, en forma concertada, un dictamen, en el cual se dieron cabida a numerosas observaciones formuladas por los especialistas consultados. Cabe destacar que por imperio de la Ley 13.640, la propuesta ha perdido vigencia, por lo cual considero pertinente volver a abordar la materia dada la importancia de la misma, presentado como texto del citado trabajo, oportunamente consensuado.

La preservación de Internet y del correo electrónico como poderoso instrumento para el desarrollo humano y el crecimiento económico de la sociedad depende, fundamentalmente, de su confiabilidad.

Lamentablemente, esta confiabilidad se halla seriamente amenazada por el constante aumento del correo electrónico comercial no solicitado, conocido como -spam-.

Se calcula que, en la actualidad, aproximadamente 15.000 millones de mensajes -spam- son enviados cada dí­a. Dicha cifra representa aproximadamente el setenta por ciento (70%) de todo el tráfico de correo electrónico, cuando hace sólo cuatro años representaba el 8%.

La mayorí­a de estos mensajes son fraudulentos o engañosos en su contenido. Asimismo, algunos mensajes de correo electrónico comercial no solicitado contienen material que muchos receptores pueden considerar de naturaleza vulgar o pornográfica. El spam se ha convertido en el método elegido por quienes distribuyen pornografí­a y es necesario encontrar mecanismos legales para proteger a los consumidores, y especialmente a los menores, de este tipo de correo.

La recepción de correo electrónico comercial no solicitado genera una serie de inconvenientes para el receptor, quien no puede negarse a aceptar el mensaje y de ese modo incurre en gastos. Asimismo disminuye la utilidad del correo electrónico, tanto comercial como no comercial. Así­, muchos de ellos se pierdan, se pasen por alto o se eliminen en medio de un gran volumen de mensajes no deseados, reduciendo así­ la confianza y utilidad del correo electrónico para el receptor.

En este orden de ideas, recientemente el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº3 de la Capital Federal, en la causa “Tanus Gustavo Daniel y otro c/Cosa Carlos Alberto y otro s/Habeas Data”:http://www.habeasdata.org/spam ha considerado el –¦significado del término SPAM y del daño que se ocasiona a los receptores de los mensajes… Ello genera, además, la necesidad de implementar sistemas para bloquear y, aún lograr, la protección de los virus que pueden dispensar-. El tribunal señaló además, que: –¦Por su parte, el experto explica el proceso de fragmentación que tiene lugar el almacenamiento y la eliminación de archivos y el perjuicio que ello irroga, que se traduce en una notable disminución de la velocidad de almacenamiento y obtención de información. Asimismo, puntualiza que los correos electrónicos son archivos de pequeño tamaño y, consecuentemente, su excesiva grabación y borrado produce una mayor fragmentación del disco rí­gido de la computadora-¦-.

Si bien algunos remitentes de correo electrónico comercial ofrecen al receptor mecanismos simples y confiables para rechazar la recepción de otros correos electrónicos comerciales enviados por esos mismos remitentes, otros remitentes no ofrecen ningún mecanismo de este tipo o se niegan a cumplir el pedido de los receptores de no recibir correo electrónico de tales remitentes en el futuro.

Así­ lo “señaló el Juez de los autos”:http://www.habeasdata.org/spam ut-supra citados –¦además del daño apuntado precedentemente, la actividad de los demandados comporta una invasión en la esfera de la intimidad de los actores y de su tranquilidad, por cuanto se ven sometidos a la intromisión en sus datos personales que se ve reflejada en el enví­o masivo de mensajes no solicitados y la oferta de comercialización de esos datos que efectúan a terceros, cuando ya habí­an requerido el cese del enví­o y el bloqueo de esa información de la base respectiva, conforme lo previsto en el ya citado art. 27 de la ley 25.326.-

También, un correo electrónico, entendido como mensaje, dato o información transmitido a través de dispositivos electrónicos, es muchas veces entendido como una correspondencia privada protegida por el derecho al secreto de las comunicaciones postales, derecho reconocido en la Constitución Nacional. La cláusula constitucional es muy clara: -…El domicilio es inviolable, como también lo es la correspondencia epistolar y los papeles privados….-

Frente a tan presente como acuciante fenómeno, la legislación argentina vigente no tiene respuestas expresas y especí­ficas. Los redactores de la Carta Magna de 1853 nunca pudieron imaginar la existencia de los sistemas informáticos actuales, ni de la posibilidad de recibir correspondencia ví­a dispositivos electrónicos. A tales fines, entonces, en la propuesta legislativa, se tiene presente la garantí­a constitucional y se equiparan ambas modalidades de correspondencia, otorgando de esta manera protección a la nueva modalidad.

En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal el dí­a 4 de marzo de 1999 en la causa Lanata, Jorge c/ s/ sostuvo -…El avance de la tecnologí­a en este sentido pareciera haber dejado en la obsolescencia el bien jurí­dico que tutela el Capí­tulo III, Tí­tulo V del Código Penal, en especial a los artí­culos que se ocupan de la protección de los papeles privados y la correspondencia. Pero queda claro que el tan difundido -e-mail- de nuestros dí­as es un medio idóneo, certero y veloz para enviar y recibir todo tipo de mensajes, misivas, fotografí­as, archivos completos, etc.; es decir, amplí­a la gama de posibilidades que brindaba el correo tradicional al usuario que tenga acceso al nuevo sistema.-

En este orden, los esfuerzos legislativos de otros paí­ses en esta materia son amplios y variados. Dentro del listado de los -tipos de delitos informático- elaborado por la Organización para la Naciones Unidas se encuentra la violación de la intimidad de un individuo a través, por ejemplo, de la lectura o publicación de su correo electrónico. El Parlamento Europeo, aprobó en el año 1995, la directiva relativa a la protección de las personas fí­sicas, en lo que respecta a la circulación de datos, y crea un marco armonizado de normas que permiten proteger la confidencialidad del correo electrónico. Por su parte, el Congreso de las Estados Unidos, luego de un debate extenso sancionó la -Ley de Control de Mensajes de Publicidad y Pornografí­a No Solicitados- o -Ley Can-Spam- por la cual se reglamenta especí­ficamente a los mensajes comerciales no solicitados, imponiendo lí­mites y sanciones a la transmisión de este través de dispositivos electrónicos. Similares leyes fueron sancionadas por diversos paí­ses, como lo son Japón, Australia, Perú o Rusia, para mencionar solo algunos de los más de treinta piases que desde la legislación promovieron herramientas para cooperar en la lucha de este flagelo en las comunicaciones.

Se adelanta que pese a los más diversos esfuerzos de los gobiernos y el sector privado, no existe una solución simple, completa y definitiva a este fenómeno. Toda respuesta a este problema es minimizada por una inagotable innovación financiada por los más diversos intereses económicos y estratégicos. De ahí­ que la experiencia internacional y los consejos de los técnicos más reconocidos sean unánimes en reconocer que la eficacia de cualquier polí­tica requiere del esfuerzo mancomunado del Estado, la industria y los usuarios.

Asimismo la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI) en el apartado especí­ficamente creado en el marco de la Cumbre de la Sociedad de la Información referido a la lucha contra el -spam-, propone distintas acciones que deben encarar los paí­ses para combatirlo, y considera necesario un accionar conjunto entre los distintos actores, la sanción de la legislación correspondiente a cada Nación, como así­ también la cooperación bilateral y multilateral entre las mismas.

En esas circunstancias, entiendo que el presente proyecto establece las bases legislativas necesarias para establecer y promover un legí­timo y eficiente uso de esta nueva modalidad de las comunicaciones electrónicas. Corresponderá, luego, a la administración y a todos los sectores de la comunidad continuar este esfuerzo en la defensa de este medio de comunicación.

Por las razones expuestas, y ante la necesidad de dar respuesta a una problemática mundial que afecta a los habitantes de la República Argentina, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto de ley.

Guillermo R. Jenefes. -“ Roxana Latorre. -“ Juan C. Marino. -“ Mario D. Daniele. -“ Jorge M. Capitanich.
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Proyecto de ley para regular el spam

Posted: junio 4th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Proyecto de Ley, Spam | No Comments »

*PROYECTO DE LEY*
DIP. BISUTTI Y OTROS. CORREO ELECTRONICO. ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES PUBLICITARIAS O PROMOCIONALES NO SOLICITADOS. REGIMEN. (2964-D-2006)

El Senado y Cámara de Diputados, glaucoma

Articulo 1º.- Objeto de la Ley La presente Ley regula el enví­o de comunicaciones comerciales publicitarias o promocionales no solicitadas, realizadas por correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones vigentes en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor.

Articulo 2º.- Definiciones a) Correo electrónico: Se entiende por correo electrónico toda correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medio de una red de interconexión entre computadoras o cualquier otro dispositivo ya disponible o que pudieran estarlo en un futuro próximo que utilice en su origen y destino una dirección de correo electrónico. b) Correo electrónico comercial: Se entiende por correo electrónico comercial a todo correo electrónico que contenga información comercial publicitaria o promocional de bienes y servicios de una empresa, organización, persona o cualquier otra con fines lucrativos. c) Proveedor del servicio de correo electrónico: Se entiende por proveedor del servicio de correo electrónico a toda persona natural o jurí­dica que provea el servicio de correo electrónico y que actúa como intermediario en el enví­o o recepción del mismo. d) Dirección de correo electrónico: Se entiende por dirección de correo electrónico una serie de caracteres utilizados para identificar el origen y el destino de un mensaje de correo electrónico, compuesto por una exclusiva combinación de dos elementos, un nombre de usuario y el nombre de servidor (de correo electrónico) o de dominio, siendo otorgada y administrada por un proveedor de correo electrónico.

Articulo 3º.- Derechos de los usuarios Son derechos de los usuarios de correo electrónico:

a) Aceptar y/o rechazar la recepción de correos electrónicos comerciales. b) Revocar la aceptación de recepción, salvo cuando dicha aceptación sea una condición esencial para la provisión del servicio de correo electrónico. c) Exigir a su proveedor de servicio de correo electrónico los sistemas o programas que filtren los correos electrónicos no solicitados.

Articulo 4º.- Obligaciones del proveedor Los proveedores de servicio de correo electrónico domiciliarios en el paí­s están obligados a contar con sistemas o programas de bloqueo y/o filtro para la recepción y/o la transmisión que se efectúe a través de su servidor, de los correos electrónicos no solicitados por el usuario.

Articulo 5º.- Correo electrónico comercial no solicitado Todo correo electrónico comercial, promocional o publicitario no solicitado, originado en el paí­s, debe contener:

a) La palabra “PUBLICIDAD”, en el campo del “asunto” (o subject) del mensaje. b) Nombre o denominación social, domicilio completo y dirección de correo electrónico de la persona natural o jurí­dica que emite el mensaje. c) La inclusión de una dirección de correo electrónico válido y activo de respuesta para que el receptor pueda enviar un mensaje para notificar su voluntad de no recibir más correos no solicitados o la inclusión de otros mecanismos basados en Internet que permitan al receptor manifestar su voluntad de no recibir mensajes adicionales.

Artí­culo 6º.- Correo electrónico comercial no solicitado considerado ilegal El correo electrónico comercial no solicitado será considerado ilegal en los siguientes casos:

a) Cuando no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el artí­culo 5º de la presente Ley. b) Contenga nombre falso o información falsa que se oriente a no identificar a la persona natural o jurí­dica que transmite el mensaje. c) Contenga información falsa o engañosa en el campo del “asunto” (o subject), que no coincida con el contenido del mensaje. d) Se enví­e o transmita a un receptor que haya formulado el pedido para que no se enví­e dicha publicidad, luego del plazo de dos (2) dí­as.

Artí­culo 7* °.- Excepciones

El enví­o de correo electrónico comercial no solicitado no dará lugar a las acciones y sanciones previstas en la presente ley en los siguientes casos:

a) Cuando el receptor tenga relación comercial o personal preexistente con la persona que enví­a el correo electrónico.

b) Cuando el receptor ha aceptado expresamente recibir el mensaje de correo electrónico enviado.

c) Cuando la recepción de correo electrónico comercial no solicitado sea la condición que un proveedor de correo electrónico ha establecido para otorgar a los usuarios acceso gratuito al servicio de correo electrónico.

d) Cuando se trate de publicidad enviada mediante correo electrónico a la que accede un receptor a través de un Bulletin Board electrónico

Articulo 8º.- Responsabilidad Se considerarán responsables de las infracciones establecidas en el artí­culo 6º de la presente Ley y deberán compensar al receptor de la comunicación:

1. Toda persona que enví­e correos electrónicos no solicitados conteniendo publicidad comercial. 2. Las empresas o personas beneficiarias de manera directa con la publicidad difundida. 3. Los intermediarios de correos electrónicos no solicitados, tales como los proveedores de servicios de correos electrónicos.

Artí­culo 9* °.- Incumplimiento La violación de lo establecido en el artí­culo 5* ° de la presente ley, será considerado ilegal y los responsables serán pasibles de la aplicación de una sanción de multa que graduará la autoridad de aplicación de entre un mí­nimo de pesos Cien ($ 100.-) y un máximo de pesos Diez Mil ($ 10.000.-).

Artí­culo 10* °.- Autoridad de aplicación

Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretarí­a de Comunicaciones de la Nación.

Artí­culo 11* °.- Reglamentación

El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo de sesenta dí­as de su entrada en vigencia.

Artí­culo 12º.- De forma

Comuní­quese al Poder Ejecutivo.
Fundamentos

Señor presidente:

Un mensaje electrónico es “spam” si: (1) la identidad personal del remitente y el contexto son irrelevantes porque el mensaje es igualmente aplicable a gran cantidad de destinatarios; (2) el remitente no cuenta con un permiso comprobable para que sea enviado; y (3) la transmisión y recepción de los mensajes aparentemente para el destinatario dan un desproporcionado beneficio al que enví­a el mensaje.

La palabra “Spam” aplicada a e-mail significa “Mensaje masivo no solicitado”. No solicitado, por que el remitente no tiene un permiso comprobable para enviar los mensajes. Masivo, por que el mensaje es enviado a una gran cantidad de destinatarios, conteniendo en la mayorí­a de los casos, contenido similar.

La palabra inglesa Spam que identifica el enví­o masivo de mensajes publicitarios por correo electrónico no solicitados tiene un origen curioso. Se dice que la empresa norteamericana Hormel Foods lanzó en 1937 una carne en lata originalmente llamada Hormel’s Spiced Ham. Dicho producto alcanzó gran éxito que el fabricante tuvo que recortarle el nombre por aspectos comerciales y lo dejó en SPAM. Este producto alimentó a los soldados rusos y británicos en la II Guerra Mundial, y fue comercializado en todo el mundo en 1957. En los años 60 se hizo aún más popular gracias a su innovadora anilla de apertura automática, que ahorraba al consumidor el uso del abrelatas.

Fue entonces cuando los legendarios Monty Python empezaron a hacer burla de la carne en lata. Su divertidí­sima costumbre de gritar la palabra “SPAM” en diversos tonos y volúmenes se trasladó metafóricamente al correo electrónico no solicitado que perturba con sus ‘grititos’ la conversación normal en Internet.

Como la canción, el spam es una repetición sin fin de texto sin valor alguno. Hay quien piensa, sin embargo, que la palabra proviene del laboratorio informático de la Universidad de California del Sur, que lo bautizó así­ porque tiene rasgos idénticos a la de la carne en lata SPAM: * · Nadie la quiere ni la pide en ningún caso. * · Nadie se la come; es lo primero que se echa a un lado cuando se atacan los entremeses. * · A veces tiene algo de sabor, como ese 1% del correo basura que realmente resulta útil a alguien.

La primera explicación es la más aceptada comúnmente, y es la que seguro que complace menos a los dueños de Hormel Foods, que allá en Minnesota no paran de lamentarse por no haber registrado su SPAM como marca. En su página web actual se limitan a rogar al público que cuando se refieran a su carne enlatada lo hagan con mayúsculas, SPAM, para distinguirla del spam por correo electrónico, que deberá expresarse, sugieren, con minúsculas.

Los siguientes son los contenidos más comunes del Spam:

Cadena. Es común que la bandeja de entrada reciba por lo menos alguna cadena al dí­a, o pidiendo que uno se adhiera a alguna causa, o exigiendo que se enví­e alguna oración religiosa a todos los contactos. Es común en la red encontrar cadenas que solo piden el e-mail para contribuir en una labor solidaria, muchas veces lo único que se busca son generar bases de datos de correos que la gente lee.

Ofertas para trabajar desde la propia casa. No todas las ofertas para trabajar desde casa cumplen sus promesas. Muchos omiten el hecho de que se va a trabajar muchas horas sin recibir nada o no dicen todos los gastos que se van a tener que soportar. Muchas de las ofertas para trabajar desde casa requieren que sean del usuario los costes de las fotocopias, el papel, los sellos y cualquier otro material necesario para el trabajo que en algunos casos es mayor que el beneficio. También es una práctica común que las compañí­as que se encargan de estos trabajos soliciten que abone una cantidad para recibir las instrucciones o los programas tutoriales. Muchos clientes han perdido, además de tiempo y energí­a, mucho dinero.

Ofertas para bajar de peso. Estos son los programas y/o productos que promueven la pérdida de peso de una manera rápida y sin esfuerzo. Perder peso es un tema médico lo suficientemente serio como para hacer caso de las “ofertas milagro” que se reciben por e-mail.

También es probable recibir por e-mail distintos tipos de ofertas en relación con créditos o préstamos personales, u otros con referencia a sitios de contenido para adultos que aseguran ser totalmente gratuitos. En estos casos, generalmente, se trata de un engaño para poder realizar alguna estafa o defraudación a personas poco precavidas.

Es difí­cil que un usuario haga frente a los gastos e incomodidades que la realización de un proceso judicial puede acarrearle para combatir el spam. Mucho mas fácil es notificar al ISP para que le clausure la cuenta o utilizar un software de filtrado. Por otra parte, hay muchos servidores de correo que aún no se han animado a iniciar acciones judiciales en aquellos estados cuya legislación prohí­be o regula el spam.

Algunos de los paí­ses que cuentan con legislación sobre este tema, son: Australia, Estados Unidos, Perú, España, Rusia, Alemania, Grecia, Japón, India, Canadá, Irlanda y Noruega entre otros. En tanto que Brasil, Holanda, Bélgica y Chile tienen en sus respectivos parlamentos anteproyectos de ley que regulan el spam.

A través de este proyecto se pretende controlar la proliferación de este material por la Red.

La publicidad comercial es una actividad perfectamente legí­tima, que se encuentra en nuestro paí­s protegida por la Constitución Nacional, que consagra el derecho a ejercer toda industria lí­cita. Pero el ejercicio de una industria lí­cita implica cargar con los costos para obtener los beneficios comerciales previstos. No puede hablarse de industria lí­cita cuando quien “la ejerce” abusa de los derechos de terceros, evitando todo gasto y obteniendo todo el beneficio económico.

Por eso, no se trata de prohibir expresamente la publicidad por e-mail, sino de proteger a aquél usuario que no tiene interés en recibirla, y menos aún, pagar por publicidad no solicitada.

De esta situación se hizo eco la propia justicia argentina cuando, condenó por primera vez a dos personas por enviar spam, es decir, mensajes de correo no deseados. El fallo fue dictado por el Dr. Roberto Torti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N* ° 3, y en el mismo las pericias acreditaron los múltiples daños causados por el spam, recayendo en quien los enví­a el deber de resarcir a la persona damnificada.

Resulta hoy imprescindible, la sanción de una ley que regule, con carácter general, la publicidad por correo electrónico sin autorización por parte del receptor.

Como antecedente del presente ante-proyecto, se han estudiado, además, las distintas leyes que contemplan esta problemática, los proyectos federales que se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso de los Estados Unidos y la situación en Europa. Asimismo, se ha realizado un estudio pormenorizado de la jurisprudencia existente en los distintos Estados de Norteamérica, de la cual podemos extraer las siguientes conclusiones generales:

Los distintos tribunales estatales de Estados Unidos se declararon competentes para entender en el análisis del litigio cuando el domicilio del usuario que recibió el correo comercial no solicitado, se encontraba en su jurisdicción o bien cuando el domicilio legal del ISP se hallaba en su jurisdicción o cuando el ISP tení­a suscriptores o usuarios que recibí­an el correo no solicitado en la jurisdicción del Tribunal.

En todos los casos, las Cortes han manifestado que la prohibición de enviar correo no solicitado, o el bloqueo del spam por parte de los Servidores de Internet o de correo electrónico, no constituye violación a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ni de las constituciones estatales. Esto es así­, ya que ello no atenta contra la libertad de expresión, teniendo en cuenta que los spammers tienen otras ví­as para hacer llegar sus mensajes publicitarios, como ser la publicidad a través de la World Wide Web, televisión, u otros medios de comunicación masivos.

En casi todos los casos, han declarado que el correo comercial no solicitado viola la privacidad, pudiendo llegar a configurar un acceso o entrada ilegal en la computadora del usuario que lo recibe, como así­ también en las redes de los ISP que los reciben y transmiten.

La argumentación técnica que han asumido los Juzgadores en la mayor parte de los casos para condenar a los spammers al pago de indemnizaciones o para prohibirles el enví­o de correo electrónico no solicitado a usuarios, ha sido que el enví­o de un correo electrónico controla parte de la computadora desde que ingresa hasta que es eliminado de la misma mediante la papelera de reciclaje. El spam priva al usuario final de usar el sistema de correo mientras se produce la bajada del mail. Además del tiempo que se pierde, también se consideran los costos de conexión a cargo del usuario final, quien debe pagar los minutos de tarifa telefónica y de servicio de Internet que lleva el proceso de bajada del correo. Cuando un correo electrónico entra en una computadora desde el servidor de correo, la información que representa queda impresa en la computadora del usuario. Al borrar ese correo, quedan agujeros en el sistema que se llama fragmentación. Esta fragmentación causa daños fí­sicos al sistema, haciendo lento al procesador. Aun cuando se haga correr el programa de desfragmentación, se causa un esfuerzo y desgaste del disco rí­gido. Por lo tanto el correo electrónico no solicitado causa daños fí­sicos en la propiedad personal del usuario. (Mark Ferguson vs. Friendfinders Inc. Corte de Apelaciones del Estado de California).

Este argumento se ha sostenido también en el caso de los ISP (Internet Service Provider) por cuyos sistemas circulan los correos no solicitados, donde el acceso ilegal es superior al del usuario final.

Las acciones por violación a las leyes antispam están en muchos casos relacionadas con otras acciones antijurí­dicas como:

a) con la “dilución de la marca” – “Motorola Inc. vs. Paging America y Otros” de la Corte de Distrito de Illinois, “Matthew Seidl vs. Greentree Mortgage Company” de la Corte de Distrito de Colorado-

b) con la practica del spoofing, que constituye un ataque activo a las redes,

c) con otros delitos informáticos contemplados en la legislación estatal de Estados Unidos y en el Acta Federal de Fraude Informático.

Si bien en algunos juicios los sentenciantes sólo han prohibido a los spammers que enví­en correos comerciales no solicitados a los usuarios de determinados ISP o bien a usuarios especí­ficos demandantes, ya sea en forma provisoria o definitiva, en otros casos han condenado a los spammers a abonar elevadas sumas de dinero en concepto de daños resarcitorios y de daños punitivos.

En la mayorí­a de los casos, los demandantes reclaman, en primer lugar medidas precautorias que impidan a los spammers continuar con el enví­o de correo electrónico no solicitado a sus redes o usuarios, o bien la practica del spoofing.

Por todo lo expuesto, consideramos que esta práctica merece ser contemplada por nuestra legislación y sometemos a vuestra consideración el presente proyecto de ley.
**
Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el “texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario”:http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=2964-D-2006, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.
Nº de Expediente 2964-D-2006
Trámite Parlamentario 62
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Favio Farinella: Algunas notas sobre el spamming

Posted: junio 3rd, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Doctrina, Spam | No Comments »

_Abstract_
El spamming o en español -enví­o de correo electrónico no solicitado- se ha convertido en fuente inagotable de ideas encontradas respecto de su regulación legal. En un extremo se propone la autorregulación del mercado y su utilización casi irrestricta, viagra con fundamento en la necesidad del desarrollo de los negocios en Internet. En el otro extremo, se reclama su prohibición mas completa, en tanto se lesiona la privacidad e intimidad como derechos básicos de la persona.
Nuestro comentario comienza con una breve nota sobre la concepción del spamming, su evolución y utilidad. Luego transitaremos por los inconvenientes generados a partir de casos judiciales que han sido resueltos en diferentes paí­ses. Posteriormente centraremos la atención en el análisis de la normativa vigente en diferentes paí­ses para concluir con una necesaria opinión sobre la procedencia de la regulación del spamming en nuestro ámbito.

*Algunas notas sobre el spamming y su regulación*
_Por Favio Farinella_ (1)

I- Introducción II- Inconvenientes y Soluciones III- Una perspectiva sociológica IV- Una perspectiva normológica doméstica e Internacional V- Conclusiones

*I- Introducción*
Es tal vez repetido mencionar que corrí­a 1993 cuando dos abogados norteamericanos, Laurence A. Canter y Martha S. Siegel, especialistas en migraciones, utilizaron masivamente los mensajes de correo electrónico para ofertar sus servicios de asesorí­a a aquellas personas potencialmente interesadas en obtener la -green card-. Esto fue juzgado negativo por la sociedad, los destinatarios denunciaron el hecho lo que les valió a los abogados la interrupción de su servicio de Internet, su desafiliación como barristers en el Estado de Arizona y posteriormente una mas que importante cantidad de dinero al publicar un libro donde explicaban cómo lo habí­an hecho(2).

Vemos que el spamming como conducta pasible de regulación jurí­dica es básicamente un tema actual.

Utilizaremos el verbo en gerundio inglés -spamming- y el sustantivo -spam- en función de la ya universalización del término, que resulta de combinar -(s) piced (p)ork- y -h(am)-, un producto a base de carne de cerdo, enlatado, al que hací­a referencia un sketch televisivo del famoso grupo satí­rico británico -Monty Phyton-(3). El spam es el correo electrónico que se enví­a sin que haya sido solicitado, en tanto el spamming es la acción de enviar este correo con diferentes fines, aunque el comercial es la mayor parte de las veces, prioritario. El diccionario Merrian Webster incluye el término desde 1994 y brinda su definición que concuerda con lo dicho(4).

Existe consenso en considerar que un mensaje puede ser considerado spam si posee al menos una de estas condiciones: (a) no permite al destinatario dar de baja a futuro la suscripción; (b) el remitente es una persona difí­cilmente identificable; ( c ) en caso de enví­os periódicos, éstos se realizan sin previa suscripción; (d) idéntico mensaje es enviado en forma masiva a personas que no lo han solicitado.

* ¿Y por qué estamos hablando de él?. Pues bien, también existe acuerdo en considerarlo un problema: (a) para los destinatarios porque les implica tiempo de trabajo y de conexión leer mensajes que no les interesan en absoluto y luego descartan; (b) para los proveedores de servicios de Internet que reciben quejas de los usuarios y que además como luego veremos son responsabilizados y potencialmente penados por permitir o no controlar este tipo de enví­os; y ( c ) para los propios spammers, que alegan que ciertas regulaciones que prohí­ben los enví­os, coartan su libertad de comercio, expresión y ejercicio de industrias lí­citas, en tanto cualquier persona puede ofrecer sus productos por la calle, o telefónicamente sin recabar previo permiso.

Sin embargo, es bueno conocer que esta plaga ocupa entre la mitad y las tres cuartas partes de todo el correo electrónico que se enví­a en el mundo. Time is money: el tiempo es dinero. He aquí­ el problema.

Argentina ocupa un lugar de -dudoso honor-, ya que es uno de los primeros productores mundiales de correo electrónico – basura. Se calcula en España que casi la mitad del spam que satura las casillas de correo proviene de Argentina y la organización internacional Spamhaus ubica al paí­s sudamericano en el quinto lugar mundial de generadores de -correspondencia basura-(5).

*II- Inconvenientes y soluciones*

Tecnológicamente, el correo electrónico fue diseñado para permitir una comunicación fluida, sencilla y a bajo costo. En este sentido no discrimina entre mensajes solicitados o no solicitados. Nací­ aquí­ la idea de utilizar este medio para ofertar productos en forma masiva a un costo casi inexistente si se lo compara con los medios de publicidad tradicionales.

La Comisión de la Unión Europea, en una Comunicación del 22/01/2004, señala que el spamming constituye un problema que afecta varias esferas: -intimidad, fraude a los consumidores, protección de los menores y de la dignidad humana, costes suplementarios para las empresas, pérdida de productividad. Más en general, el fenómeno socava la confianza de los consumidores, algo indispensable para el éxito del comercio electrónico, de los servicios en lí­nea e incluso, de la sociedad de la información-. Indica además que este fenómeno -ha alcanzado proporciones inquietantes y podrí­a inducir a los usuarios actuales de mensajes electrónicos o SMS a dejar de utilizar el servicio de correo electrónico -“que es una de las aplicaciones más populares de Internet-“ o los servicios móviles, o a utilizarlos de manera más restringida(6).

Sin embargo, antes que la prohibición lisa y llana, la ví­a pertinente parece constituirse en la regulación legal que permita y controle efectivamente. Si consideramos otras utilidades del correo electrónico, hallamos que trasciende el uso publicitario y comercial que es el considerado perjudicial. Así­, Internet ha desarrollado un red intangible de contactos y afinidades que trasciende fronteras y elude censuras de todo tipo. La prohibición absoluta del enví­o masivo de correo podrí­a ciertamente ser utilizada para silenciar campañas a favor de los fines mas loables dentro de las cuales se encuentran la defensa y promoción de derechos humanos, sobre todo en aquellos paí­ses donde la censura oficial solo puede ser burlada a través de Internet.

En este sentido, rescatamos una nota de Diciembre de 2003 en una revista jurí­dica(7) , donde se afirmaba que el proveedor de servicios le habí­a prohibido al medio -utilizar sus servicios para enviar copias de un mensaje no solicitado, sea cual fuese su contenido o finalidad a más de 30 destinatarios en el curso del dí­a”. En la misma nota y a manera de queja se mencionaba que se -destruirá la red de comunicaciones espontáneas que permitió en su momento organizar cacerolazos y otras formas de manifestación social, recibir advertencias sobre trampas de las concesionarias de los servicios públicos, campañas de esclarecimiento sobre la degradación ambiental, desastres ecológicos, búsqueda de niños, aportes para transplantes urgentes…-.

Podemos dividir las soluciones en -fí­sicas y técnicas- y las de -corte jurí­dico-. Si bien en nuestro comentario nos ocuparemos de estas últimas, existen también respuestas pensadas por los cuadros técnicos (ingenieros, licenciados) que no se limitan a esperar la aprobación de una norma y luego su puesta en práctica. A este fin, la estrategia básica para filtrar el correo basura que se encuentra disponible en casi todos los programas y servicios de correo, consiste en la confección de -listas blancas- de personas conocidas que están registradas en nuestro directorio y -listas negras-. Los enví­os de las primeras se aceptan y los de las segundas se rechazan.

Otra potencial solución es la idea de crear un “sello” informático, que pondrí­a un precio a cada mensaje electrónico enviado, tal como ocurre con la correspondencia epistolar. Microsoft dio detalles sobre el proyecto, llamado “Penny Black”, en referencia al sello que se introdujo en Gran Bretaña en el siglo XIX, el primer método que obligaba a pagar al remitente de las cartas. En lugar de pagar con dinero, se sugiere que el remitente pague con los segundos que emplearí­a en resolver una sencilla ecuación matemática. La fórmula causarí­a un gran trastorno a los spammers, ya que tendrí­an que utilizar equipos informáticos adicionales. En este sentido, Bill Gates a través de Microsoft, dueño de los servicios de correo electrónico MSN y Hotmail, formalizó ya una alianza con America Online (AOL), Earthlink y Yahoo para explorar y coordinar una estrategia “anti-spam” a escala global.

Es bueno conocer este detalle al momento en que cada estado intenta aisladamente a través de su normativa interna, detener este inconveniente global. A problemas globales, soluciones globales y control e instrumentación local.

*III- Una perspectiva sociológica*

Estados Unidos es el paí­s que genera mayor cantidad de correo basura o spam en el mundo, donde como ya dijimos Argentina aparece en un -decoroso- quinto lugar(8). Es por esto que su jurisprudencia y normativa es la mas antigua y desarrollada en el tema. Existen normas anti -“ spam tanto propias de los Estados de la federación como también una ley federal reciente que regula la materia. Sólo a titulo de ejemplo, en el Estado de California, la ley anti-spam asume como delito penal a los mensajes publicitarios no deseados. Es por esto que comenzamos con una referencia a la jurisprudencia norteamericana.

En primer lugar, la causa a la que es obligatorio hacer referencia es “Washington v. Heckel”:http://www.courts.wa.gov/opinions/?fa=opinions.opindisp&docid=512048MAJ(9). Este proceso enfrentó al Estado de Washington y Jason Heckel, un ciudadano de Oregon que actuando en representación de su empresa -Natural Instincts-, habí­a enviado entre cien mil y un millón de mensajes publicitarios a direcciones de correo electrónico obtenidas utilizando el programa -Extractor Pro-. Los mensajes ofertaban una obra de Heckel (-How to Profit from the Internet-, cómo sacar provecho de Internet) que podí­a ser adquirida en lí­nea a 39,95 dólares norteamericanos. El Estado de Washington demandó a Heckel por infracción de la legislación anti-spam local en vigor desde 1999, y según la cual, se considera ilí­cito el enví­o de mensajes utilizando direcciones que ocultan la identidad del remitente, así­ como aquellos que contienen información falsa o engañosa en el encabezado. í‰ste habí­a sido el modus operandi de Heckel, quien refirió haber realizado entre treinta y cincuenta ventas mensuales de su producto.

La Corte Suprema de Washington tuvo la última palabra, en tanto Heckel alegó con éxito en primera instancia en su defensa, que la legislación de Washington en materia de correo electrónico comercial no solicitado, al prohibir este tipo de enví­o de publicidad a los ciudadanos de Washington o desde una computadora ubicada en Washington, no respetaba la llamada -dormant Commerce Clause- de la Constitución estadounidense (artí­culo 1, sección 8, letra c), según la cual es facultad del Congreso reglar el comercio entre los diferentes Estados de la Federación(10). Esto mismo sucede en Argentina (CN, art. 75, inc. 13).

El fallo de la Corte Suprema de Washington es importante porque más allá de reconocer la constitucionalidad de la normativa anti-spam cuestionada, identifica claramente los intereses en juego en la problemática en estudio. La juez Susan Owens reconoció tres tipos de intereses lesionados: en primer lugar, el de los proveedores de servicios de Internet (ISPs en inglés), quienes ven incrementados sus costos, al tener que invertir en la detección de las cuentas desde las cuales se enví­a el spam, o en personal que atienda los reclamos de los usuarios, y/o en equipos adecuados para administrar el tráfico excesivo; en segundo lugar, el de los titulares de nombres de dominios, porque es común que los spammers usen identificaciones ajenas, a estos inocentes terceros los destinatarios terminan enviando equivocadamente y en forma masiva, sus quejas; y en tercer lugar, el de los usuarios, por su pérdida de tiempo y dinero.

Declarada adecuada a las previsiones Constitucionales la ley estatal anti-spam, el caso fue devuelto a la instancia inferior, para nuevo juicio. En 2002, Heckel fue condenado al pago de 98,000 dólares estadounidenses en carácter de multa mas las costas del proceso.

También en Estados Unidos, Jeremy Jaynes pasó a la historia en abril del 2004 como el primer condenado a prisión por cargos de conductas ilí­citas relacionadas con el spam (-felony spam charges-), pocos meses después de haber sido denunciado por el enví­o de decenas de miles de anuncios publicitarios a las cuentas de correo electrónico de clientes de la empresa America Online (AOL)(11).

Vinculado con AOL, fue noticia el caso de Jason Smathers, un ingeniero que trabajaba para la misma, que fue declarado culpable de la venta de 92 millones de direcciones de correo electrónico que poseí­a AOL a un spammer en la suma de 28,000 dólares estadounidenses. En este caso, la pena que podrí­a recaer consiste en una condena de hasta dos años de cárcel, más una reparación civil que oscila entre 200,000 y 400,000 dólares(12).

Continuando con la jurisprudencia Norteamericana, un juez del estado de Iowa dictó sentencia contra las compañí­as AMP Dollar Savings Inc., Cash Link Systems Inc. y TEI Marketing Group, obligándolas al pago de daños que en su conjunto, superan el billón de dólares, a favor de CIS Internet Services, bajo el amparo normativo de la ley federal CAN Spam Act del 2004 que posteriormente comentamos(13) y con el sostén de la legislación federal que reprime severamente las organizaciones criminales y las conductas delictivas en el ámbito industrial(14).

Mientras tanto, el Departamento de Protección al Consumidor dependiente de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (“Federal Trade Commission Bureau of Consumer Protection”:http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/ojo/s-index.htm) ha informado que recibe unas mil comunicaciones diarias sólo de quejas de receptores de spam. Al respecto, el primer caso en que la misma Administración Norteamericana actuó contra el spam involucra a esta dependencia(15). Un juez federal de Las Vegas (Nevada), accedió el 05/01/2005 al pedido de una medida precautoria solicitada por la Comisión Federal de Comercio, imponiendo restricciones a seis compañí­as y a sus directivos, por presunta violación de las normativas que regula el correo electrónico comercial.
Las firmas involucradas son Global Net Solutions, Open Space Enterprises, Southlake Group y WTFRC, todas ellas con sede en Las Vegas, además de Global Net Ventures, de Londres (UK), y Wedlake, con base en Riga (Letonia), lo cual implicará ciertamente cuestiones de jurisdicción y competencia propias del Derecho Internacional privado. A estas empresas y a algunos de sus directivos se les acusa por violar la ley anti spam de EEUU, al enviar miles de correos sin incluir en ellos la advertencia obligatoria de “contenido sexual explí­cito”, además de prometer falsamente la adhesión gratuita a sus respectivas páginas web y de impedir que los destinatarios puedan dejar de recibir los correos no deseados.

Algunos de los mayores proveedores de correo electrónico del mundo, como Microsoft Corp y la unidad de Internet de Time Warner, AOL, han iniciado acciones judiciales contra quienes enví­an correo no solicitado en función de los reclamos de sus propios usuarios.
En diciembre de 2004, un tribunal alemán ordenó a tres compañí­as que dejaran de enviar mensajes pornográficos a usuarios de Hotmail. También recientemente un tribunal francés emitió una orden de cese de actividades comerciales a un hombre que habí­a enviado 150.000 mensajes ofreciendo una “motocicleta eléctrica maleable” a usuarios de AOL y Hotmail.
America Online, EarthLink, Microsoft y Yahoo presentaron seis demandas contra cientos de individuos, en la primera gran acción legal de la industria online Estadounidense bajo la nueva ley anti-spam. Cada uno de los cuatro mayores proveedores de servicio de Internet y correo electrónico de Estados Unidos presentó querellas judiciales ante cortes federales de los estados de California, Georgia, Virginia y Washington, que según indicaron las compañí­as, incluyen a algunos de los más famosos “spammers” del mundo.

Como vemos, la actividad judicial es intensa en EEUU y básicamente es incoada por los grandes proveedores de servicios como también por el propio Estado Norteamericano. Las millonarios indemnizaciones que generalmente se reclaman es poco probable que puedan ejecutarse debido a la casi insolvencia patrimonial que es caracterí­stica de los spammers.

*IV.b. La jurisprudencia en Argentina*
Los abogados “Gustavo Tanús y Pablo Palazzi”:http://www.habeasdata.org/spam, basándose en la Ley de Protección de Datos Personales fueron quienes lograron la primera medida cautelar en Argentina contra un -spammer- o remitente de correo electrónico no solicitado, que ofrecí­a precisamente bases de datos con el fin de realizar posteriores usos publicitarios(16).

Estas bases contení­an datos personales de individuos que no habí­an prestado su consentimiento para el tratamiento de su información. Los actores habí­an solicitado previamente y sin éxito su remoción de la lista de distribución a las direcciones que figuraban en los mensajes, de conformidad con lo dispuesto por la “Ley de Protección de Datos Personales 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326 (arts. 1, 2, 5, 11 y 27)(17). En la acción judicial intentada, acompañaron copias de los mensajes de correo electrónicos recibidos. El juez dispuso en su resolución prohibir a los demandados enviar e-mails a las casillas de los actores, como así­ también “transferir o ceder a terceros las direcciones de correo electrónico u otro dato personal vinculado a ellos hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”.

La idea manifestada de los actores fue crear conciencia: -la idea nuestra fue poner el tema en evidencia, mostrar que se están manipulando datos personales y se hace publicidad sin respetar la “Ley de Protección de Datos”:http://www.habeasdata.org/node/ley25326 (sic…). Estamos tratando de generar un ámbito con propuestas. Por un lado una ley antispam, por otro lado que los principales jugadores en este tema, es decir las ISP (proveedores de Internet), firmen un código de conducta donde se comprometan a no permitir la entrada y salida de spam-. (18)

Un punto importante de esta primera resolución consistió en la contienda negativa de competencia que se habí­a establecido con el fuero comercial de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tras la misma, la causa quedó radicada en la justicia en lo civil y comercial federal, con fundamento en que la ley de protección de datos en su art. 36 así­ lo prevé. Este criterio fue ratificado por la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.

Al respecto, hace ya un lustro que la CSJN se ha expedido en el sentido de reconocer a la justicia federal competencia para entender en un conflicto del -ciberespacio-. En el caso, el conflicto se suscitaba entre usuarios y empresas que proveí­an servicios de remates por Internet(19). Así­, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut fue declarado competente para conocer en la demanda iniciada contra las empresas deremate.com, Multimedia Solutions Daltee y mercado libre S.A. por la cual se pretendí­a que las mismas se abstuvieran de realizar remates a través de sus páginas web sin la actuación de un martillero. Se descartó de esta manera la jurisdicción provincial que era representada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N* ° 1 de la misma localidad.
Se trató aquí­ de una contienda negativa de competencia ya que la titular del Juzgado provincial resistió la radicación de la causa entendiendo que como lo cuestionado era la realización de actos a través de un medio de interrelación global como Internet, que habí­a sido declarada por el PE de interés nacional, y designada que era la Secretarí­a de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación como autoridad de aplicación, se inferí­a de esto la competencia federal de la materia.

Entendemos que no puede ser otra la solución respecto de cualquier conflicto originado en el ciberespacio (Internet) en tanto su caracterí­stica esencial es conectar territorios, trascendiendo fronteras. En las mismas palabras de la CSJN “toda vez que puedan verse comprometidos servicios empleados en el comercio interprovincial o internacional, la sujeción al ámbito local de la causa a que pudiera haber lugar (sic…), afectarí­a intereses que exceden los tribunales provinciales y que, de acuerdo con los arts. 2 inc. 8 a 10 de la ley 13.998, art. 11 inc. 9 de la ley 1893 y 42 inc. b) de la ley 48, se encuentran reservados a la jurisdicción federal”(20).

*IV- Una perspectiva normológica doméstica e internacional*

*IV.a. La normativa doméstica*
Varios paí­ses Latinoamericanos lideran una suerte de -avanzada- normativa que tiende a regular el spam, prohibiendo en lí­neas generales el enví­o de correo comercial no solicitado, aunque con importantes variantes.

Entre estos, Venezuela trató el tema al reformar la -Ley de Protección al Consumidor y al Usuario- (21), que incorpora un breve articulado de orden público sobre comercio electrónico y dentro del mismo, un artí­culo que regula el spam. Establece como obligación de los proveedores de bienes y servicios el deber de instrumentar procedimientos fáciles y efectivos que permitan al usuario o consumidor decidir si quieren o no recibir spam. Se sanciona la inobservancia con una multa. Otra obligación que se establece para los proveedores es la de señalar qué información y bajo qué circunstancias podrá ser compartida con terceros, para su aprobación definitiva por parte de los consumidores o usuarios.
Al igual que Venezuela, México regula la cuestión a partir de la protección al consumidor. Permite llevar un registro de consumidores que no deseen recibir correos no solicitados además de obligar al proveedor de servicios a respetar la decisión del consumidor de no recibir avisos comerciales.

En Perú existe también una ley que reprime el spam(22) , y curiosamente se basa en el anteproyecto de la Secretarí­a de Comunicaciones Argentina del 2001(23). A fin de proteger el derecho a la intimidad, la norma establece el derecho de los usuarios a: (1) rechazar la recepción de los correos comerciales; (2) revocar la autorización de recepción, salvo cuando dicha autorización sea una condición esencial para la provisión del servicio de correo electrónico; y (3) exigir al proveedor de servicios que cuente con sistemas que filtren los correos electrónicos no solicitados. Entre las obligaciones del proveedor destaca el contar con sistemas de bloqueo o de filtro para la recepción o transmisión de spam. Se diferencia al “correo comercial no solicitado”, del “correo comercial no solicitado ilegal”, y se sanciona este ultimo bajo las normas de protección al consumidor con una sanción pecuniaria de hasta 2000 dólares estadounidenses.

Colombia posee una norma especí­fica (24) cuyo fin es regular la comercialización de bienes y servicios a través de Internet. Se hace referencia al spamming al tratar del -uso de los servicios de correo electrónico para difundir mensajes no solicitados de manera indiscriminada a una gran cantidad de destinatarios-. Se impone a los proveedores de servicios de Internet o de alojamiento de páginas web o usuarios corporativos, la obligación de instrumentar sistemas internos de seguridad para su red encaminados a evitar el acceso no autorizado, la realización del spamming o el acceso a la red desde sistemas públicos, con el fin de difundir en ella contenido relacionado con pornografí­a infantil. Vemos que la regulación del spamming es tangencial, ya que solo abarca el especí­fico caso de la pornografí­a infantil, dejando librados los demás aspectos a la autorregulación(25).

Es interesante el caso de Costa Rica, donde sin existir legislación especí­fica, ha funcionado la autorregulación del propio mercado. En este paí­s, la empresa Radiográfica Costarricense que posee el monopolio del servicio en Internet, redactó un reglamento anti-spam. Por el mismo, dependiendo del tipo de suscriptor de que se trate y luego de una primera denuncia en su contra, se le bloquea el servicio por unos dí­as. En caso de repetir la conducta y existir nuevas denuncias, el servicio es interrumpido de manera definitiva.

En los tres centros económicos mundiales y principales generadores de spam, la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, sus legisladores se han ocupado de la cuestión.
En la Unión Europea, hallamos la “Directiva 2002/58/CE”:http://www.lssi.es/futuretense_cs/ccurl/Dir200258es.pdf (26) sobre el -Procesamiento de los Datos Personales y la Protección de la Privacidad en el Sector de las Comunicaciones Electrónicas-. Aunque la norma no hace referencia directa al spam, genera nuevos presupuestos legales que buscan preservar la privacidad en Internet, regular el tráfico de bases de datos y establecer obligaciones a cargo de los proveedores de servicios de Internet. El art. 13 de la “Directiva”:http://www.lssi.es/futuretense_cs/ccurl/Dir200258es.pdf, regula los aspectos referidos a las comunicaciones no deseadas de todo tipo. Se incluye especí­ficamente al correo electrónico, pero sólo cuando se trata de comercialización directa dejando fuera las comunicaciones polí­ticas, mensajes humanitarios y el llamado correo electrónico basura.
La base del sistema la constituye el principio -opt-in- (aceptación para ser incluido), es decir, que los mensajes pueden ser enviados sólo a aquellos usuarios que expresamente hayan manifestado su consentimiento. Debe existir además la posibilidad de que el usuario se oponga a continuar recibiendo comunicaciones futuras. Se prohí­be igualmente el enví­o de mensajes electrónicos destinados a la venta directa que disimulen u oculten la identidad del remitente o contengan una dirección inválida que impida al receptor comunicar su intención de ser excluido en futuros mensajes.
Se deja a cada Estado miembro el aceptar la regla del principio -opt-in- que se aplica ante su silencio. En caso contrario, deberá declarar expresamente que recepta el principio opuesto (opt-out) (27). Queda claro que se intenta conciliar el derecho de los usuarios a no recibir comunicaciones indiscriminadas con los intereses de la industria de usar el correo electrónico como medio de comercialización directa.
El ámbito de aplicación de la “Directiva 2002/58/CE”:http://www.lssi.es/futuretense_cs/ccurl/Dir200258es.pdf incluye a los usuarios que sean personas naturales, dejando a las respectivas normas domésticas la regulación del tema para las personas jurí­dicas.

Recordamos que en el orden normativo Europeo, la Directiva como tal es junto con el Reglamento, el instrumento mas importante de acción comunitaria. El objetivo principal de una Directiva no es unificar el Derecho sino armonizar las legislaciones domésticas. Por esto, se da un plazo determinado a cada Estado miembro para que suprima las diferencias que existan. La directiva es obligatoria respecto del objetivo fijado, dejando a elección de los estados la forma y los medios por los cuales aquél pueda materializarse. Ahora, si una vez concluido el plazo, el estado no armonizó su normativa interna con el objetivo fijado en la directiva, incurrirá en responsabilidad comunitaria por omisión. En 2004, la Comisión Europea amenazó con llevar al Tribunal de Justicia Europeo a ocho estados miembros, entre ellos Bélgica, Francia y Alemania, por no implantar la “Directiva de privacidad 2002/58/CE”:http://www.lssi.es/futuretense_cs/ccurl/Dir200258es.pdf.

Juega también normativamente en la Unión Europea, la Directiva 97/7/CE(28) , relativa a la -Protección de los Consumidores en materia de Contratos a Distancia-. En la introducción señala que -la técnica de promoción consistente en enviar un producto o proporcionar un servicio a tí­tulo oneroso al consumidor sin petición previa o acuerdo explí­cito por parte de éste, siempre que no se trate de un suministro de sustitución, no puede admitirse-. Reconoce luego el derecho del consumidor a la -protección de la vida privada, en particular frente a ciertas técnicas de comunicación especialmente insistentes-. De esta forma les fija a los Estados miembros el objetivo de -tomar las medidas adecuadas para que los consumidores que no deseen ser contactados mediante determinadas técnicas de comunicación puedan ser protegidos de forma eficaz de este tipo de contactos, sin perjuicio de las garantí­as particulares de que disponga el consumidor en virtud de la legislación comunitaria referente a la protección de la intimidad y de los datos personales-.

En julio de 2002 entra en vigencia en Japón, una norma que obliga a los remitentes de correo electrónico a aclarar en el mismo mail, que se trata de un aviso publicitario no solicitado y la forma en que el destinatario puede rechazar futuros avisos. También se prohí­be el enví­o de correos a una gran cantidad de direcciones, entendiéndose que esta práctica es realizada mayormente por los remitentes de correos no solicitados. La sanción consiste en la interrupción del servicio y en casos extremos de desobediencia continua, se prevé condena de prisión de hasta dos años o el pago de hasta 3 millones de yens; en caso de compañí­as, la suma puede ascender hasta 300 millones de yens.

En los Estados Unidos, existe desde hace poco mas de un año la ley federal Estadounidense referida al “Control del ataque de Pornografí­a y Marketing no solicitado” (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act, conocida en inglés como CAN-SPAM)(29). El proyecto tiene origen en la misma Casa Blanca impulsado por George Bush y contó con la aprobación de Republicanos y Demócratas lo que manifiesta el consenso logrado en torno de un tema que en EEUU se ha tornado irritante(30).

La norma crea un registro especial en donde todos los usuarios de Internet con domicilio en EEUU se deberán inscribir y manifestar su voluntad de no recibir ofertas publicitarias en sus cuentas de correo electrónico. En principio, la ley no prohí­be completamente las ofertas comerciales realizadas mediante el correo electrónico, sino que obliga a las empresas a identificarse debidamente además de estar obligadas a ofrecer a usuarios y consumidores la posibilidad de no ser contactados en el futuro, brindando su nombre, dirección fí­sica y hasta su número de teléfono. No obstante, de manera previa el destinatario debe haber expresado afirmativamente su voluntad de recibir los mensajes, lo que la ley llama -affirmative consent- o consentimiento afirmativo (Sección 3 Definiciones).
Se penalizan prácticas especí­ficas que los spammers usan para propagar el correo electrónico basura, tales como poner en la cabecera del mensaje tí­tulos o temas engañosos, direcciones de retorno falsas y el uso de computadoras de terceros para disfrazar el punto de origen. También se castiga con multas que pueden llegar a ser millonarias, el ofertar indiscriminadamente y sin anuencia del destinatario, pornografí­a, y los tan conocidos productos milagrosos para la salud o la imagen fí­sica, o métodos para hacer fortunas en minutos.

La autoridad de aplicación es la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, Sección 7). Es interesante conocer que la legitimación activa no se brinda a los consumidores y usuarios sino que las acciones legales se reservan para los fiscales generales de cada Estado que pueden reclamar indemnizaciones en nombre de los usuarios residentes perjudicados (Sección 7, f.1) salvo que la acción haya sido ya comenzada por el gobierno federal. De igual manera se brinda en especiales casos legitimación activa a los proveedores del servicio de Internet perjudicados (Sección 7, g.1). La jurisdicción en este caso es la de la Corte de Distrito que corresponda según el demandado tenga domicilio en el mismo o se encuentre allí­ alguna sede de sus negocios. Las penas son de multa e incluso prisión (Sección 4).

En Argentina no existe legislación que regule el spam, aunque sí­ pueden mencionarse diferentes proyectos a los que haremos referencia. No obstante, no nos encontramos desamparados ya que tanto la CN en su art. 43, como la ley de “Protección de Datos Personales 25326″:http://www.habeasdata.org/ley25326 mas su “Decreto reglamentario 1558/2001″:http://www.habeasdata.org/reglamentacion, y la ley de Defensa del Consumidor No. 24.240 y Dec. Reglamentario 1798/94, compatibilizada con las leyes de Defensa de la Competencia y de Lealtad Comercial conforman un bloque uniforme tendiente a proteger en lo que nos importa la intimidad, privacidad y la relación de consumo que se ven afectadas por el enví­o masivo de correo electrónico no solicitado.

Aun sin legislación anti -“ spam, en Argentina se realiza un seguimiento sobre la protección de los datos personales. La “Dirección Nacional de Protección de Datos Personales”:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/index.html (DNPDP) (31) es el órgano de control de la Ley 25.326. Su misión primaria consiste en fiscalizar el cumplimiento de la citada norma y asistir a los particulares para el pleno ejercicio de sus derechos. La Disposición 1/2004 de la DNPDP (32) instrumenta de forma obligatoria, el primer censo nacional de archivos, registros, bases o bancos de datos privados(33). Esta Disposición 1/2004 es producto de la anterior Disposición 2/2003 DNPDP (34) que dispuso además de la realización del censo, habilitar el Registro Nacional de Bases de Datos, que funciona en el ámbito de “la misma DNPDP”:http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/index.html.

Es conveniente aclarar que tanto el censo como el Registro la DPDP no recaban datos personales, sino sólo información sobre las caracterí­sticas, la propiedad y la finalidad de los bancos de datos. Ambos elementos cumplen tres funciones: educar; controlar y garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos en función de la acción constitucional de Hábeas Data (art. 43 CN), a la vez que permite a la DNPDP un control homogéneo, eficaz y fácilmente auditable.

Para garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados por la ley 25.326, el acceso al Registro es público y gratuito. No así­ la inscripción, que tendrá un valor proporcional al tamaño de la base de datos cuya inscripción se solicita. El pago del formulario de inscripción también puede realizarse online.

En lo que respecta a los usuarios y consumidores, la norma especifica ley 24.240 en su art. 35 prohí­be expresamente las ofertas al consumidor sobre cosas o servicios que no hayan sido requeridos previamente y que obliguen al consumidor a manifestarse por la negativa. La legislación argentina se pronuncia por el sistema de opt -“ in, reafirmando que el silencio del ofertado no hace presumir su aceptación (CCiv. art. 919).

Ahora bien, respecto de la protección de los datos personales y del consumidor – usuario, podemos afirmar que la República Argentina se encuentra entre los paí­ses lí­deres en lo que hace a la existencia de normativa protectoria. Posee como explicamos las herramientas legales necesarias: una ley, su decreto reglamentario, el organismo de control, la graduación de sanciones y un censo, un Registro de Bases de Datos y las normas mí­nimas de seguridad obligatorias.

Sin embargo como fuimos adelantando en nuestro trabajo, la protección de los datos personales, léase intimidad y privacidad, es solo una de las aristas de la cuestión. Falta conocer la protección de los proveedores de servicios de Internet (ISPs) y de la propia industria que debiera poder utilizar el correo electrónico para publicitar sus servicios.

Los ISPs son convidados de piedra en la discusión del spam. Ellos quieren brindar el servicio a la mayor cantidad de usuarios posible. Ese es su negocio. La inexistencia de normativa especí­fica implica para ellos desamparo legal. La tendencia internacional los considera ví­ctimas de los spammers ya que intermedian entre éstos y los usuarios corrientes del sistema y sufren perjuicios adicionales a los de los usuarios ya que deben invertir en nuevos y mejores equipos para impedir los enví­os masivos, soportar reclamos de los usuarios y atender los mismos.

Por su parte, asumir la realidad implica posibilitar que los ofertantes de bienes y servicios utilicen de manera legal las Nuevas Tecnologí­as de la Información y la Comunicación. Para esto existe la autorregulación que en general es aceptada y observada por las grandes y medianas empresas reconocidas, pero no por la enorme cantidad de oferentes individuales que utilizan el spam de manera corriente por ser la ví­a mas directa y carecer casi de costo. Para esto es esencial una regulación que establezca limites y controle las observancias.

En cuanto a los *antecedentes nacionales anti spam*, es necesario destacar que en 2001 la Secretarí­a de Comunicaciones entonces a cargo de Henoch Aguiar presentó un anteproyecto de ley llamado “Anteproyecto de Ley de protección Jurí­dica del Correo electrónico”:http://secom.psi.gov.ar/municipios/ver.asp?MID=10&tipo=nota&id=131 que tuvimos oportunidad de comentar(35). El mismo distinguí­a entre correo electrónico genérico y comercial, y dentro de éste, el no solicitado, exigiendo requisitos que de no ser cumplidos conducí­an a la imposición de multas. Además del usuario, el proveedor de servicios también era protegido ya que se lo consideraba un intermediario. Lamentablemente este anteproyecto que contení­a importantes soluciones armonizadas internacionalmente, tras sucesivas reuniones en la Comisión de Comunicaciones e Informática, no tuvo tratamiento parlamentario. Paradójicamente, tuvo mejor suerte en Perú donde fue la base de la actual ley anti spam.

Existen varios proyectos de ley referidos al tema (36), entre ellos el oportunamente presentado en la Cámara de Senadores por el senador Guinle (del PJ-Chubut), y otro en Cámara de Diputados presentado en su momento por el diputado Mukdise (de la UCR-Santiago del Estero). El primero estuvo en tratamiento en la Comisión de Sistemas, Medios de comunicación y Libertad de expresión del Senado; el segundo prevé la interrupción del servicio o multa para aquellos spammers que operen dentro del paí­s.
En 2004 la diputada Bertoni presentó una propuesta de modificación de la Ley de Defensa del Consumidor para incluir la temática. Planteaba modificar el art. 8 obligando al oferente a incluir el nombre, domicilio y número de CUIT, debiendo mencionar la leyenda -publicidad- en el asunto y proporcionar una dirección de correo electrónico para que el receptor pueda notificar su voluntad de no recibir enví­os futuros. En el punto reconoce como antecedente el referido Anteproyecto de 2001.

*V- Conclusiones*
Un derecho humano básico como es la privacidad parece oponerse al desarrollo económico y la generación de negocios que redundarán en un mejor nivel de vida. Este aparenta ser el planteo de la cuestión: principios contra resultados.

Sin embargo debemos intentar un planteo conciliador. * ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aceptar una invasión a nuestra privacidad e intimidad para sumar al progreso económico de nuestra sociedad informática?. En otro contexto como es el de la seguridad, la privacidad ya ha cedido terreno, a causa del miedo producido por el terrorismo internacional. No hay derechos absolutos y es previsible que ceda en alguna proporción frente a la necesidad de utilizar y desarrollar las nuevas tecnologí­as. En la Unión Europea, el órgano iniciador de las propuestas de legislación, la Comisión Europea afirma que la atención de esta cuestión es prioritaria ya que estima que Internet y otros medios de comunicación electrónica (como el acceso de banda ancha, el acceso inalámbrico o las comunicaciones móviles) se constituirán en elementos esenciales del crecimiento de la productividad de cualquier economí­a moderna. Por esto ha instado a los Estados miembros a velar para que existan ví­as de recurso y sanciones. -Toda violación de los derechos garantizados por la legislación nacional debe ir acompañada del derecho individual a un recurso judicial [-¦]. Cualquier perjuicio sufrido a causa de un tratamiento o de un acto ilí­citos debe ir acompañado de un derecho individual a una indemnización. Deben estar previstas sanciones en caso de infracción-.

Enfrentados a la realidad, la normativa especí­fica deberá permitir sin lesionar. Permitir la utilización de las modernas herramientas que brindan las Nuevas Tecnologí­as de la Información y la Comunicación, como lo es el correo electrónico o las llamadas cookies, sin que esta habilitación sea en desmedro de los legí­timos derechos e incluso intereses de los usuarios -“ consumidores y los proveedores de servicios de Internet, siempre relegados cuando no olvidados.

En primer lugar, se necesita normativa especifica. El spam causa beneficios y daños. Y estos últimos no pueden ser obviados o dejados a una autorregulación mezquina. El origen del spam es ilegal mas allá que esté prohibido o no. Esto porque se enví­a utilizando bases de datos que han sido obtenidas ilegalmente ya que sus titulares no han prestado su consentimiento.

En segundo lugar, deben protegerse todos los intereses involucrados: los de los usuarios y consumidores, los de los proveedores de servicios de Internet y especialmente de las casillas de correo electrónico, y también los de la industria, oferentes de bienes y servicios que promueven el comercio utilizando las nuevas tecnologí­as.
En este punto sin embargo, habrá que decidir la extensión de la legitimación activa. La misma puede ser amplia y hallarse en cabeza de cada titular de un derecho o interés lesionado o restringida como en el caso de la ley federal de EEUU donde el gobierno federal a través de la autoridad de aplicación o los fiscales generales de cada Estado y en algunos supuestos los proveedores de servicios de Internet son los únicos habilitados para reclamar. Creemos superior esta última solución.

En tercer lugar, hay consenso en el derecho comparado respecto de ciertos elementos que deben estar presentes: la afirmación cierta en el encabezado del mensaje respecto de la oferta que se realiza en el cuerpo del mismo; la certeza de los datos completos y comprobables del remitente; la obligación de la existencia de una dirección electrónica cierta donde poder realizar cualquier reclamo y las sanciones que comienzan con la suspensión e interrupción del servicio, pasan por la aplicación de multas y en algunos casos terminas en penas privativas de la libertad respecto de los spammers recalcitrantes.

En cuarto lugar, en relación con el valor del silencio como declaración de voluntad, nos pronunciamos claramente por el sistema de opt -“ in, no sólo por una cuestión de respeto del derecho a la privacidad sino por el carácter del derecho positivo argentino que ya ha optado por el mismo conforme lo explicamos anteriormente. EEUU y la Unión Europea adoptan igual criterio (37).

En quinto lugar y respecto de la jurisdicción, vimos en la jurisprudencia comentada que existe una tendencia a preferir a los jueces federales, asimilando la navegación por la red como un servicio empleado en el comercio interprovincial y aún internacional agregamos, ya que es caracterí­stica básica de Internet el trascender las fronteras.
Al respecto, además de la ley de Protección de Datos Personales, la ley federal de firma digital No. 25.506 y su Dec. Reg. 2628/02 constituyen un antecedente valioso en este punto ya que dispone la competencia de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal para entender en los conflictos que se susciten entre usuarios -“ consumidores y los certificadores licenciados que son quienes proveen el servicio de firma digital, y establece la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para los conflictos entre particulares y un organismo público certificador licenciado (ley 25.506, art. 46).

En suma, la relación entre derechos privados y derechos sociales debe entenderse conciliadoramente, generando una justa convivencia que no violente libertades de parte alguna. Las Nuevas Tecnologí­as de la Información y Comunicación constituyen una realidad imposible de esconder. Asumirla implica aceptar una regulación efectiva que limite la utilización del correo electrónico comercial siguiendo la tendencia internacional expuesta.

FAVIO FARINELLA
FACULTAD DE DERECHO -“ UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
ENERO DE 2006

*NOTAS*
1) Profesor e Investigador. Master en Nuevas Tecnologí­as de la Información y la Comunicación. Director de los Seminarios I y II de Derecho Informático, Facultad de Derecho, “Universidad Nacional de Mar del Plata”:http://www.mdp.edu.ar/derecho/index.html. Dirección: faviofarinella@ukf.net .
2) El episodio es recordado por SMITH, Reagan, -Eliminating the Spam from your Internet Diet: the Possible Effects of the Unsolicited Commercial Electronic Mail Act of 2001-, en -Texas Tech Law Review-, vol. 35, 2004, p. 416 y nota.
3) La referencia es de STRí–MER, Tobias H., Online-Recht -“ Rechtsfragen im Internet und in Mailboxnetszen, Dpunkt, Heidelberg, 1997, p. 109, nota (279). En el sketch todos los platos del menú de un restaurante incluí­an un mismo ingrediente: ‘spam’, que entonces debí­a inevitablemente ser consumido por los clientes lo hubieran solicitado o no.
4) Dice la entrada en el diccionario: -unsolicited usually commercial E-mail sent to a large number of addresses- correo electrónico no solicitado usualmente comercial enviado a una gran cantidad de direcciones.
5) En el sitio web de SpamHaus: “www.spamhaus.org”:http://www.spamhaus.org/
6) En Leysser, L. León, Spamming y responsabilidad civil (Compensación pecuniaria y protección resarcitoria ordinaria en el régimen jurí­dico del correo electrónico comercial no solicitado) “PDF”:http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2005/Leon1.pdf.
7) Nota editorial, revista jurí­dica -Fojas Cero-, Dirigida por la Dra. Silvia Beatriz Dopazo, en su número 134 de diciembre de 2003. ) Según una lista difundida por la compañí­a de seguridad en Internet Sophos.
8) Washington v. Heckel, 24 P. 3d 404 (2001). La sentencia se encuentra en www.lexis.com, además de la comentada reseña crí­tica publicada en la -Harvard Law Review-, vol. 115, 2002, pp. 931 y ss. (Leysser, L. León).
9) Esta -dormant Commerce Clause- se deduce implí­citamente, y en sentido negativo, de la citada disposición de la Constitución estadounidense. La interpretación jurisprudencial que rige es que la Constitución es contraria a la intromisión singular de los Estados en la regulación del comercio interestatal, al reconocer la potestad federal en dicho ámbito. Con particular referencia a la Internet, GOLDSMITH, Jack L. y Alan O. SYKES, -The Internet and the Dormant Commerce Clause-, en -Yale Law Journal-, vol. 110, 2001, p. 786, recuerdan que la -dormant Commerce Clause is a judge-made doctrine that prohibits states from regulating in ways that unduly burden interstate commerce-, citado por Leysser, León.
10) Véase: “http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A38788-2005Apr8.html”:http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A38788-2005Apr8.html
11) El caso es referido en -Datenschutz-Berater-, año XXIX, 2005, núm. 3, p. 8.
12) La -Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act-, que se puede consultar en: http://www.spamlaws.com/federal/108s877.shtml. En ella se expone que el correo comercial no solicitado supera la mitad del total de la correspondencia electrónica en circulación, y con tendencia a aumentar, lo cual afecta la conveniencia y eficiencia del correo electrónico (Sec. 2.a.2).
13) Véase: http://www.thestandard.com/internetnews/000777.php. Este caso surgió a raí­z del enví­o, por parte de las compañí­as sentenciadas, de millones de -spam pieces- a los cinco mil clientes de CIS Internet Services, entre agosto y diciembre del 2003. Según la legislación del Estado de Iowa, se aplica una sanción de diez dólares por cada mensaje de correo no solicitado.
14) Fuente Agencia EFE en internet www.efe.com del 6/01/2005.
15) Dictada en fecha 11/11/2003 por el titular del “Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal”:http://www.habeasdata.org/spam Nº 3, Secretarí­a N.* ° 6, de la Capital Federal Argentina, Dr. Roberto Torti.
16) Transcribimos el art. 27 de la ley 25.326:- (Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad). 1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obtenidos con su consentimiento. 2. En los supuestos contemplados en el presente artí­culo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de acceso sin cargo alguno. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artí­culo. -
17) En palabras del dr. Gustavo Tanús.
18) En autos -CAMPOLI, Gabriel Andrés s/Acción de Amparo”, CSJN, Buenos Aires, sentencia de 1/06/00.
19) Ver CSJN, doct. de fallos 313:1467.
20) En fecha 04/05/2004.
21) Ley Peruana N* ° 28.493 del 18/03/2005, llamada -Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado-. El Decreto Supremo 031-2005-MTC, que “Aprueba el Reglamento de la Ley No. 28493 que regula el enví­o del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM)” apareció el 4/01/06 en la Pág. 309276 del Diario Oficial Peruano (noticia publicada por Erick Iriarte Ahon ).
22) Puede encontrarse un profundo análisis y critica de esta norma en Leysser, L. León, citado en nota al pie No. 6. En su trabajo el autor se opone de manera enérgica y con sólidos argumentos tanto a la protección exclusiva del usuario como a la responsabilidad que se asigna a quien él considera otra ví­ctima del spamming, como es el proveedor de servicios de Internet.
23) Decreto 1524 de fecha 24/07/2002 expedido por el Ministerio de Comunicaciones de Colombia.
24) Al respecto puede consultarse Ceballos Suárez, Alvaro, en -Nueva regulación Colombiana del mail spamming-, alvaro.ceballos@attla.com.
25) De fecha 12/07/2002, puede hallarse en archivo acrobat en el sitio web “http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf”:http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf
26) El sistema opt -“out es el principio opuesto por el cual el remitente enví­a indiscriminada y masivamente sus mensajes, estando luego legalmente obligado a discontinuar los mismos respecto de aquellas personas que lo soliciten expresamente.
27) De fecha 20/05/1997.
28) Es la Consumer Antispamming Act (CAN-SPAM Act de 2003, Public Law 108-187), aprobada en 8/12/2003 por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y con vigencia desde el 01/01/2004. La ley federal americana se encuentra en http://www.spamlaws.com/federal/can-spam.shtml.
29) La ley tuvo entrada en el Senado de Estados Unidos. Su antecedente inmediato habia sido un proyecto del año 1998 elaborado conjuntamente por representantes de los dos partidos principales, el senador republicano por Alaska Frank Murkowski y el demócrata por New Jersey, Robert Torricelli. En Internet “http://www.el-mundo.es/navegante/98/julio/16/spamming.html”:http://www.el-mundo.es/navegante/98/julio/16/spamming.html
30) Dependiente de la Secretarí­a de Polí­tica Judicial y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
31) Publicada en el Boletí­n Oficial en fecha 26/02/2004.
32) El censo estuvo abierto desde el 01/03/2004 hasta el 30/04/2004, debiendo inscribirse las siguientes bases privadas de datos personales: (i) aquellos archivos, registros, bases o bancos de datos privados destinados a dar informes; (ii) aquellos que exceden el uso exclusivamente personal; y (iii) los que tienen como finalidad la cesión o transferencia de datos personales, independientemente de que la circulación del informe o la información producida sea a tí­tulo oneroso o gratuito (artí­culo 1º de la reglamentación de la ley Nº 25.326, Dec. Nº 1558/01). Existieron dudas respecto de las -zonas grises- donde es difí­cil establecer si una base debe o no ser censada. Como ejemplos, se citan el acceso a una base de datos interna de personal por parte de empresas de un mismo grupo económico; o la tercerización de algunos servicios como la liquidación y pago bancario de sueldos; ciertos servicios de marketing; o el deber de informar a autoridades administrativas como el BCRA, la Superintendencia de Seguros, la AFIP, etc. .
33) Publicada en el Boletí­n Oficial el 27/11/2003.
34) Resoluciones 333/2001 y 338/2001 de la Secretarí­a de Comunicaciones de la Nación, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Vivienda. B.O. 11/09/2001. Puede leerse nuestro comentario en El Derecho, Legislación Argentina, Boletí­n No. 18 del 26/10/2001.
35) Puede leerse un resumen completo de los mismos a mayo de 2005 en el trabajo “Comentario a los proyectos de ley en materia de control del spam y regulación del uso del correo electrónico en Argentina”:http://www.alfa-redi.org/ar-dnt-documento.shtml?x=811 de la Lic. Claudia Fonseca Martí­nez, en Revista Electrónica Alfa Redi, edición de mayo de 2005, www.alfa-redi.org
37) En la Unión Europea, de los 25 Estados Miembros, 10 estados han adoptado el principio (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungria, Italia, Eslovenia, España); 2 lo tienen en tratamiento legislativo (Francia y Suecia) y el resto no lo ha aprobado aún (datos a diciembre de 2005).
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Spam in Argentina

Posted: mayo 26th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Panama, Spam | No Comments »

*First Spam decision in Latin America*

On April 7, viagra here 2006 a federal judge from the City of Buenos Aires (Argentina) issued the “first decision in a spam case”:http://www.habeasdata.org/spam. Plaintiffs Gustavo Daniel Tanus and “Pablo Andres Palazzi”:http://www.habeasdata.org/pablopalazzi sued a spammer under the new data protection law of Argentina.

In their complaint the two plaintiffs argued that “section 27 of the 2000 Argentine Data Protection Law”:http://www.habeasdata.org/Argentine_Data_Protection_Act gives them a right to opt out, mind which the spammer did not comply with when they asked to be removed from the database (They demanded that their email be deleted from the database).

In November 2003, information pills the judge issued an injunction, declaring that during the process the defendant should refrain from sending plaintiffs additional e-mails. The injunction also forbade the transfer of the plaintiffs emails to third parties. His decision was based on “the data protection law”:http://www.habeasdata.org/Argentine_Data_Protection_Act, “section 1, 2, 5, 11 and 27″:http://www.habeasdata.org/Argentine_Data_Protection_Act.

This month the judge issued the final decision, ordering the defendants to stop dealing with, in any way, the personal data of the plaintiffs and delete their personal information. The decision confirmed that the sending of spam infringed the plaintiff* ´s privacy and data protection rights.

Spam is starting to be regulated throughout Latin America. Recently, bills were introduced in Congress in Brazil, “Argentina”:http://www.habeasdata.org/Argentine_Data_Protection_Act and Chile,and there is already a special law in Peru.
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