Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Competencia en el habeas data en demandas contra el BCRA

Posted: septiembre 14th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Reino Unido | No Comments »

*Apostillas acerca de la inclusión de particulares en las bases de datos de deudores del BCRA y la problemática respecto de su competencia.*
_Por Lucas F. Tamagno_

Comúnmente se sostiene la competencia contenciosa administrativa federal cuando el demandado sea el “BCRA”:http://www.bcra.gov.ar/, more about sin embargo y dejando de lado cualquier análisis que se pueda hacer, dosage la competencia en el caso del pedido de acceso, more about cancelación y/o rectificación a los datos requerido al Banco Central es, a nuestro entender, competencia de la Justicia Civil y Comercial Federal como a continuación se expondrá.

Nuestros tribunales le han otorgado en estos casos la competencia al fuero contencioso administrativo por entender que el “BCRA”:http://www.bcra.gov.ar/ ejerce el poder de policí­a. Sin embargo al hacer referencia al Poder de Policí­a que ejerce el Estado debemos decir que el mismo ejerce la función financiera y bancaria solo ante dos supuestos (ello en consonancia con lo sostenido por Mertheikian), al emitir moneda de curso legal forzoso en todo el ámbito de la República Argentina, y al autorizar, regular y fiscalizar el funcionamiento del sistema financiero y bancario. Es de destacar al respecto que es el propio BCRA el cual al momento de efectuar una consulta sobre la base de datos de deudores del sistema financiero informa que los datos se publican sin alteraciones de acuerdo a lo establecido por la Comunicación -B- 7074 y 8103 y agrega que su difusión no implica conformidad por parte del Banco Central.

Por esta razón nos inclinamos por sostener que el acto que realiza el BCRA lejos se encuentra de constituir un acto administrativo, toda vez la entidad no realiza proceso intelectivo alguno, se estarí­a en todo caso ante una actuación material del órgano.

Otro de los puntos que distan a la actividad del BCRA de la esfera de la competencia contencioso administrativa es la carencia de motivación suficiente, entendiendo por tal a la exteriorización en el acto de la existencia de causa y finalidad conforme lo dispone el art. 7 de la ley 19549.

En el marco de la ley nacional de procedimiento administrativo es posible concebir al acto administrativo como a una declaración emitida por un órgano estatal, o un ente público no estatal, en ejercicio de la función administrativa (en el presente caso el -poder de policí­a- sobre el sistema bancario y financiero) bajo un régimen jurí­dico exorbitante, productora de efectos jurí­dicos directos e individuales respecto de terceros. Resaltemos nuevamente que el “BCRA”:http://www.bcra.gov.ar/ no ejerce sobre los datos que recibe tratamiento alguno que implique una declaración en los términos que la misma debe recibir a la luz del Derecho Administrativo.

Otro de los elementos que se exigen para que un acto administrativo pueda ser considerado como tal es que el mismo posea un objeto y que este sea cierto y defina a su vez todas las cuestiones propuestas, el acto decisorio debe hacer expresa consideración de los principales argumentos y de las consideraciones propuestas.

Por todo ello cabe preguntarnos * ¿toda actividad de la administración implica la existencia o nacimiento de un acto administrativo?; como bien señala el autor español Garcí­a Trevijano Fos, en cuanto a la distinción que formula entre la relación orgánica y la relación de servicio ejercida por la administración, entendemos que el actuar del BCRA solo hace referencia en este orden de cosas, a una relación de servicio prestada por dicha entidad.

De esta forma fue la propia Cámara de Apelaciones del Fuero Comercial la que dispuso -debe destacarse que de acuerdo a la exposición del sub lite no se cuestionan facultades policiales o reglamentarias del Banco Central de la República Argentina (-Busaniche Iturraspe Hernán C/BCRA s/habeas data-; Expte: 27497/05, Juzgado Contencioso Administrativo Federal N* ° 10 Secretarí­a N* ° 19).

Por ello podemos decir que la competencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal no aparece definida en virtud del órgano productor del acto, sino por la subsunción del caso al derecho administrativo (Fallos 164:188; 244:252; 295:112).

Por ello, y a modo de conclusión es dable poner de resalto que en los casos en los que se requiera la intervención del Banco Central de la República Argentina por un supuesto de inclusión en sus listados de deudores y de cheques rechazados será el juez federal civil y comercial el que resulte competente para entender en el proceso judicial a llevarse adelante.

“Lucas Tamagno”:http://www.lft.com.ar/


Habeas Data – Competencia – Regla amplia

Posted: junio 25th, 2006 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Reino Unido | No Comments »

HABEAS DATA. CONFLICTO DE COMPETENCIA. SCBA.

B. 68.253 “LICARI, population health ALFREDO Y OTRO CONTRA COLEGIO RECONOCIDO JOSE MA-NUEL ESTRADA SOBRE HABEAS DATA. CONFLICTO DE COMPETENCIA. ART. 7 INC. 1º LEY 12.008″

//Plata, disease 22 de junio de 2.005.
AUTOS Y VISTOS:
I. La presente acción de Hábeas Data ha sido promovida por ante un Juzgado en lo Civil y Comercial de Olavarrí­a, sick Departamento Judicial de Azul (ver ficha de re-ceptorí­a de fs. 1 y sello fechador de fs. 53 vta.), con posterioridad al inicio del funcionamiento de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, hecho que tuvo lugar el 15 de diciembre de 2003 (art. 27 y concs. ley 12.074 -texto según ley 13.101- y Acuerdo nº 3034 del 18-XI-03 de esta S.C.J.B.A.).
Por esta ví­a los actores solicitan información que sobre su hijo, Alan Alfredo Licari Arrighi, esté regis-trada en los archivos o banco de datos del Colegio Recono-cido José Manuel Estrada de Olavarrí­a y, subsidiariamente, exigen para el evento de que fueran discriminatorios que los mismos sean suprimidos.
A fs. 54 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 de Olavarrí­a, resuelve declararse in-competente para entender en la presente causa y remitirla al Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul.
El Juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Azul, resolvió no aceptar la declina-ción de la competencia realizada por la jueza que previno y remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia, en atención a lo normado por los artí­culos 20 incs. 2º y 3º de la Constitución de la Provincia, 4º de la ley 7.166, en la ley 25.326 y conforme la doctrina de este Tribunal en la causa B. 67.530 “Maciel” de fecha 11-II-04. Recuerda juris-prudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional Civil y concluye que la acción -…tiende a suprimir supuestas conductas discriminatorias de una presunta base de datos privada…-, careciendo ese órgano jurisdiccional de competencia en la materia -“fs. 57/62-.
El 27-V-05 se recibe la causa en la Secretarí­a de Actuación y se ordena su pase a la Secretarí­a de Deman-das Originarias y Contencioso Administrativo, donde es re-cepcionada el 3-VI-05 -fs. 64-.
II. De acuerdo a lo relatado en el considerando anterior, ha quedado planteado en autos un conflicto entre un juez en lo contencioso administrativo y un juez de otro fuero que, de acuerdo a lo preceptuado por el artí­culo 7 inc. 1º de la ley 12.008 -“texto según ley 13.101-, debe ser resuelto por esta Suprema Corte.
III. La forma o manera de determinar y fijar la competencia o la capacidad del juez para conocer de un de-terminado litigio, es materia de fundamental importancia para la correcta instrucción y decisión y tiene raí­ces constitucionales (art. 18 de la Constitución Nacional; 10 y 15 de la Constitución de la Provincia). Así­, la competencia del juez es un presupuesto del proceso que puede ser discu-tido in limine litis y sobre el cual debe pronunciarse el juez de oficio (arts. 4 y 336 del C.P.C.C.; 8 y 31 ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Por otro lado, y con relación a la acción impe-trada por Alfredo Licari y Carmen Raquel Arrighi de Licari, debe recordarse que la Constitución de la Provincia de Bue-nos Aires, a partir de la reforma del año 1994, otorga je-rarquí­a constitucional a la -garantí­a de Habeas Data- -“art. 20 inc. 3º- a través de la cual -toda persona podrá conocer lo que conste de la misma en forma de registro, archivo o banco de datos de organismos públicos o privados destinados a proveer informes, así­ como la finalidad a que se destine esa información, y a requerir su rectificación, actualiza-ción o cancelación…-.
Esta misma garantí­a se encuentra tipificada en el art. 43, tercer párrafo, de la Constitución nacional.
En ese marco, la ley 25.326 de -Protección de Datos Personales-, cuyas normas son de orden público y de aplicación en lo pertinente en todo el territorio nacional -“art. 44-, determina que es competente para entender en la acción de protección de datos personales o habeas data -“art. 33- el juez del domicilio del actor, el del domicilio del demandado, el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor -“art. 36-.
Asimismo prescribe que la acción de habeas data tramitará según las disposiciones de esa ley y por el pro-cedimiento que corresponde a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo atinente al juicio sumarí­simo -“art. 37-.
En efecto: el régimen jurí­dico de mención arti-cula una ví­a judicial rápida para la protección de los da-tos personales o habeas data que guarda clara similitud con la acción de amparo, a tal punto que comparten el procedi-miento a aplicar, por lo que no corresponde alejarse en la especie de la doctrina que ha establecido este Tribunal pa-ra la determinación del órgano judicial competente para en-tender en la acción de amparo.
En tal sentido, tal como lo ha resuelto esta Corte (causa B. 67.530 “Maciel”, res. 11-II-04), y de con-formidad a lo dispuesto por el art. 20 inc. 2º de la Cons-titución Provincial que establece la regla amplia de compe-tencia de “cualquier juez” y su reglamentación legal que precisa “de primera instancia” (art. 4 de la ley 7.166, t.o. decreto 1.067/95), deben remitirse estos autos al ór-gano judicial que previno.
Por lo tanto, corresponde declarar que resulta competente para decidir en autos el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº2 de Olavarrí­a, Departamento Judicial de Azul, a quien se le devolverá el expediente por Secretarí­a me-diante oficio al que se adjuntará copia de la presente (cfr. arts. 4, 7 y ss. y 352 inc. 1º y concs. del C.P.C.C.; 7 inc. 1º, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 36 y 37 de la ley 25.326; doctr. causas B. 67.530 “Maciel”, cit., en-tre otras).
Por Secretarí­a, lí­brese oficio al Juez en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Azul, para que tome cono-cimiento de lo aquí­ resuelto.
Regí­strese.

FDO. NE.GE.KO.PE.SO.
Reg. 534
www.scba.gov.ar/falloscompl/SCBA/Inter/2005/06-22/B68253.doc