Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

What is habeas data?

Posted: junio 11th, 2011 | Author: | Filed under: América central, América del norte, América Latina, Habeas Data, Habeas Data colectivo, Internacional, Law | Tags: | Comentarios desactivados

Habeas data is the first step taken in Latin America to regulate data protection issues. It all started with the inclusion into national constitutions that in the eighties started to create an habeas data remedy. The right of habeas data basically comprises two main rights: right of access and correction of personal data.

The right is defined usually as a judicial action. This remedy is known in Latin America as “habeas data” (usually located next to it cousins: habeas corpus or the writ of amparo). It provides a judicial action to protect constitutional rights, and, in the case of databases, to access and rectify inaccurate information.

 

However, it also started to be viewed as a right to privacy over personal data, thus introducing as a fundamental right more than a judicial action: right to control the personal information of the data subject or a right to informational self determination. Several supreme courts of Latin America reached this conclusion in interpreting this right of habeas data. In reaching these conclusions they also framed the right within its boundaries.

 

With the trend to legislate data protection laws, these statutes started to regulate also the procedure to sue private or state entities for data protection right. So this habeas data action is clearly regulated in some sections of the data protection acts in Latin America. This also expanded the scope of the habeas data cause of action: not only provides a remedy to a denial of the right of access and correction but also to challenge in court any other infringement of data protection rights and any other situation related with privacy rights (e.g. spam, credit reporting, identity theft, etc.).

 

The data protection statutes in Latin America usually provides a specific judicial remedy to access and rectify personal information and then define the standing to sue and be sued under habeas data, the terms to file a complaint and to answer it, the decision of the court, etc.

 

With the more recent trend to mix consumer protection rights with data protection rights, some countries started to regulate collective or class action rights between habeas data.

 

 

 

More information:

www.habeasdata.org

http://es.wikipedia.org/wiki/Habeas_data

http://en.wikipedia.org/wiki/Habeas_data

Pablo Palazzi

 


Nuevo libro sobre datos personales

Posted: abril 10th, 2011 | Author: | Filed under: Argentina, Habeas Data, Honor, Informes comerciales, Libro | Tags: , , , | Comentarios desactivados

NOTA: El 16 de junio la Dra. Aída Kemelmajer presentará esta obra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, salon Verde, a las 18,30 hs. Están todos invitados.

Eduardo Molina Quiroga acaba de publicar su tesis por editorial La Ley bajo el nombre “responsabilidad derivada de informes crediticios”. La obra, algunos de cuyos capitulos pude leer antes de su publicación por gentileza del autor, analiza las implicancias de la responsabidad civil generada por la creación de informes de crédito.

 


Diez años de habeas data en Argentina

Posted: noviembre 14th, 2010 | Author: | Filed under: Doctrina | Tags: , | Comentarios desactivados

Seminario para celebrar la década de protección de datos personales en la Argentina. Mas información en http://www.habeasdata2010.com.ar


Respuestas a las preguntas mas frecuentes sobre spam en Argentina

Posted: septiembre 4th, 2010 | Author: | Filed under: Argentina, FAQ, Spam | Tags: , | Comentarios desactivados

Respuestas a las preguntas mas frecuentes sobre Spam en Argentina

1)  ¿Que es el Spam?
Son mensajes electrónicos (habitualmente de tipo comercial) no solicitados y en cantidades masivas. Aunque se puede hacer por distintas ví­as, la más utilizada entre el público en general es la basada en el correo electrónico. Otras tecnologí­as de internet que han sido objeto de spam incluyen mensajes, grupos de noticias usenet, motores de búsqueda y blogs. El spam también puede tener como objetivo los teléfonos móviles (a través de mensajes de texto) y los sistemas de mensajerí­a instantánea. Recientemente el spam apareció en los wikies y en los blogs. Como se puede apreciar, nadie se salva del spam. Fuente: Wikipedia.org (con modificaciones)

2)  ¿Que se puede hacer para evitarlo?
Si le molesta el spam, pida la remoción de su correo electrónico de la base de datos a la persona que le envió la publicidad no solicitada. Si lo agregaron sin pedirle permiso a una lista, pí­dale la remoción al moderador o al webmaster del sitio o de la lista.

Para hacerlo solo tiene que enviarle el siguiente mensaje:

Me dirijo a Ud. en mi caracter de titular del correo electrónico nombre@dominio.com.ar a fin de solicitarle la remoción de todos mis datos personales de la lista o base de datos en los términos del art. 27 de la ley 25.326 y del decreto reglamentario.

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Revocan condena a buscadores en la cámara civil

Posted: agosto 24th, 2010 | Author: | Filed under: América Latina, Argentina, Buscadores, Derecho a la imagen, Google | Tags: , , | Comentarios desactivados

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, D. C., V. c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otro, 10/08/2010

2ª Instancia. — Buenos Aires, agosto 10 de 2010.

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:

I) Vienen estos autos a esta Sala, a fin de entender respecto de los recursos interpuestos contra la sentencia dictada a fs. 1935/1951, que hizo lugar a la demanda promovida por V. D. C. y condenó a Google Inc. y a Yahoo de Argentina S.R.L.

II) Las apelaciones:

La sentencia fue apelada por la actora a fs. 1953, por la codemandada Yahoo Argentina S.R.L. a fs. 1962 y por la codemandada Google Inc. a fs. 1967, recursos concedidos libremente a fs. 1954, 1965 vta. y 1970 vta., respectivamente.

Asimismo, los profesionales intervinientes, abogados, mediador, peritos y consultores técnicos, apelaron los honorarios que les fueran regulados.

III) Los antecedentes:

La accionante V. D. C. promovió demanda por derecho propio contra Yahoo de Argentina S.R.L. y Google Inc. por la suma de $200.000 en concepto de daño moral y material solicitando además se condenara a las demandadas al cese definitivo del uso antijurídico y no autorizado de su imagen y de su nombre y a su eliminación de los sitios de contenido sexual, erótico y pornográfico y sus vinculaciones con dichos sitios y actividades.

Señaló que se desempeña como modelo, cantante y actriz, habiendo tomado conocimiento de la aparición de su fotografía y de su nombre en distintas páginas web de dudosa reputación y comprobado que incluyendo su nombre en el campo de búsqueda de las accionadas o de búsqueda por imágenes, sus fotografías, nombre e imagen eran utilizados sin autorización o consentimiento e indebidamente en sitios de contenido sexual, pornográfico, de acompañantes y otras actividades vinculadas al tráfico de sexo.

Fundó su reclamo en la circunstancia de haber visto avasallados sus derechos personalísimos a su imagen, su honor, su nombre y a su intimidad, y en su uso no autorizado, ofreciendo prueba y solicitando se hiciera lugar a la demanda promovida.

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Ley 25.326 de Protección de datos personales

Posted: abril 30th, 2010 | Author: | Filed under: Argentina, Normas, Público en general | Tags: , | Comentarios desactivados

Ley 25.326 -Habeas Data y Protección de Datos Personales

Sancionada: Octubre 4 de 2000. Promulgada Parcialmente: Octubre 30 de 2000.

Ver normas complementarias: Reglamentación y modificación del año 2010. Normas sobre seguridad informática, sanciones, registro y robo de identidad.

Ley de Protección de los Datos Personales

Capí­tulo I

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Ciudad de Buenos Aires aprueba ley sobre videovigilancia en lugares públicos

Posted: mayo 13th, 2008 | Author: | Filed under: Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Leyes provinciales, Videovigilancia | Tags: , , , | Comentarios desactivados

Ley 2.602 – Se regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Publicación en el B.O.: 12/05/2008

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Publicación en el B.O.: 12/05/2008

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley:

Tí­tulo I – Disposiciones generales

Artí­culo 1 – Objeto. La presente ley regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y su posterior tratamiento, estableciendo especí­ficamente el régimen de garantí­as de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de grabación y uso de las imágenes.

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Hasta cuándo se pueden informar las deudas bancarias?

Posted: abril 15th, 2008 | Author: | Filed under: Argentina, Colombia, Informes comerciales | Tags: , , | Comentarios desactivados

¿Hasta cuándo se pueden informar las deudas bancarias ?

Por Geronimo De Francesco
publicado en -EL DERECHO- del dí­a 06 02 2008, texto facilitado por el autor.

I. Introducción
El presente artí­culo tiene por finalidad precisar un tema muy controvertido en la jurisprudencia y poco debatido por la doctrina especializada, consistente en el momento hasta el cuál las entidades financieras tienen derecho a seguir informando la deuda en cabeza del obligado al pago a la “Central de Deudores del BCRA”.

II. El Marco Regulatorio
a. Central de Deudores del Sistema Financiero

En virtud de la Comunicación “A” 2389 del 1.11.95 el Banco Central dispuso la creación de un Registro o Base de Datos, con la información que mensualmente le deben suministrar las entidades bancarias, financieras y las empresas de tarjetas de crédito, respecto de sus respectivos clientes.
Conforme la citada disposición la información que las entidades deberán remitir mensualmente al BCRA será: denominación, identificación, actividad principal, total de deuda, deuda sin garantí­a ni contragarantí­as preferidas, y situación de los deudores comprendidos.
Con dicha información se conformó la denominada “Central de Información Crediticia” que incluyó dichos datos y especificando además la entidad informante.
Este Banco de Datos es supervisado y administrado por el Ente Rector, y atento lo establecido por la Circular “A” 1/95, se procede mensualmente a agrupar los deudores en base a las informaciones que suministran las entidades financieras.
La referida Base de Datos fue es puesta a disposición de dichas entidades así­ como también de las empresas especializadas en el seguimiento de riesgos crediticios.
En el punto 6 de la referida Comunicación -A- 2389 se establece expresamente que la información contenida en la Central de Deudores y retransmitida por el citado Banco Central “es de exclusiva responsabilidad de las entidades que las suministraron en cuanto a su veracidad” (bancos, entidades financieras o no financieras emisoras de tarjetas de crédito, etc.).
Posteriormente, mediante Comunicación A 2562 de fecha 17.7.97 el BCRA dispuso efectuar modificaciones al régimen informativo de “Total de Deudores” y “Principales Deudores del Sistema Financiero” unificándolos en la denominada “Central de Deudores del Sistema Financiero”.

*b. Transmisión de la Información*
La información recopilada por el Banco Central, hasta el mes de septiembre de 1997, era transmitida a todo el sistema través de cintas magnéticas (Comunicación -A- 2389 del O1.11.95 y “A” 2481).
A partir de abril de 1998 la citada información es difundida al público en general por medio del CD ROM (Compact Disc) entregado por el BCRA, conforme Comunicación “A” 2679 del 30.03.98 y Comunicación “A” 2686 de fecha 14.04.98.
La información rectificativa de las entidades debe realizarse con arreglo a lo dispuesto en la Comunicación “B” 6329 del 22.05.99.

c. Calificación de los Deudores:
Por medio de la Comunicación “A” 2216 del 09.06.94 el BCRA estableció que “…a partir de junio de 1994, los deudores de las entidades financieras se clasificarán conforme las normas de las contenidas en el Anexo I de la presente comunicación …”
A su vez, el citado Anexo I estableció lo siguiente:
Clasificación de los deudores comerciales:
a) En situación Normal (1);
b) Cumplimiento inadecuado (2);
c) Cumplimiento deficiente (3);
d) De difí­cil recuperación (4);
e) Irrecuperable (5);
f) Irrecuperable por disposición técnica (6).
En base a la clasificación de sus deudores comerciales, establecida en la mencionada Circular, las entidades financieras quedaron obligadas a informar al Banco Central la situación de dichos deudores.
En efecto, en virtud de lo dispuesto en la Comunicación “A” 2216 del 09.06.94 y la Circular “A” 2587 del 09.01.98 del BCRA:
-¢ Las entidades bancarias, financieras y emisoras de tarjetas de crédito, por disposición del BCRA, deben informar sus tomadores de crédito y calificar dichas operaciones, de acuerdo al cumplimiento que registren.
-¢ A su vez esa información, conforma e integra la denominada “Central de Información Crediticia” (hoy denominada ‘Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina’) del Banco Central de la República Argentina, que es comunicada a toda la plaza financiera, es decir a las entidades financieras y empresas autorizadas expresamente.
Dicha información es retransmitida a todo el sistema financiero a través de los sistemas, cuyo funcionamiento fuera explicado precedentemente.
La información al respecto también es suministrada por el Banco Central y difundida al público en general por medio del CD ROM (Compact Disc) entregado por el BCRA, y ví­a Internet, accediendo al sitio http://www.bcra.gov.ar

III. El -Derecho al Olvido
El artí­culo 26, apartado 4* ° de la ley 25.326 establece que -sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho-.

Se consagra el instituto que en doctrina se denomina -derecho al olvido-, el cual ha sido definido como -el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado lapso desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado- 1)

Se trata, pues, de un derecho reconocido objetivamente, sin que sea necesario más que demostrar la existencia del transcurso del plazo respectivo, ya que para que comience a correr el plazo de cinco años no es necesario que la deuda haya sido cancelada o extinguida, caso contrario, carecerí­a de sentido que el mismo artí­culo luego fijara un plazo menor de dos años para solicitar la supresión de aquella información que se refiere a deudas ya extinguidas.

A su vez, dicha norma es complementada por el decreto 1558/2001, que al reglamentar el citado art. 26 dispone -…para apreciar la solvencia económico financiera de una persona … se tendrí­a en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco años, éstos se contarán a partir de la fecha de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible…-

La jurisprudencia no se ha desenvuelto en forma pací­fica en torno al momento a partir del cual se debe comenzar a computar el plazo de cinco años que estipula la normativa analizada, estableciéndose en algunos precedentes que debe ser desde la mora y en otros que debe ser desde la última información adversa archivad.

Del simple cotejo del decreto reglamentario podrí­amos concluir que lo relevante para la ley es la diligencia que el acreedor debe tener en la actualización de la comunicación acerca de la vigencia de la deuda, pues su falta de diligencia opera en favor del titular de los datos otorgándole la posibilidad de suprimir el dato una vez transcurrido el plazo legal, aún cuando la deuda sea exigible.

Es decir, a primera vista parecerí­a lógico comenzar a computar el plazo de caducidad desde que la entidad deja de informar que la deuda está vigente, pues también resultarí­a legí­timo el derecho de los interesados de conocer la solvencia patrimonial de la persona que les ha solicitado un préstamo, la cual no serí­a en tal caso pasada sino actual.

Si bien podrí­a decirse que tal interpretación restringirí­a en cierto modo el instituto del -derecho al olvido- -“ conforme se concibiera en sus orí­genes al hacerlo depender de la diligencia del acreedor en mantener la información permanentemente actualizada y no del mero transcurso de un cierto plazo, lo cierto es que en el orden de ideas que venimos desarrollando la reglamentación consignada precedentemente no deberí­a ser tildada de irrazonable pues, en definitiva, no harí­a mas que reflejar una situación patrimonial del deudor que se mantiene vigente.

En sí­ntesis, si bien se intenta proteger el derecho a la intimidad de las personas, dicho derecho debe ser compatibilizado con el derecho de los acreedores o potenciales acreedores de tener acceso a aquellos datos que permitan evaluar la solvencia económica de tales personas.

Además, no se está condenando a los deudores a que sus datos permanezcan a perpetuidad en diferentes registros, pues cuando las deudas dejen de ser exigibles (por prescripción, novación o cualquier otro modo de extinción) comenzará a regir el plazo de dos años (que se computa desde el momento preciso en que se extingue la obligación) previsto en el segundo apartado del citado art. 26 de la ley 25.326; mientras ello no ocurra, si el acreedor mantiene actualizados los datos, el plazo de caducidad no operará.

*IV. Concurso o Quiebra del Deudor*
La ley, mediante el instituto que denominamos “concurso”, procede a establecer diversas ví­as para la superación del estado de cesación de pagos: una saneatoria o rehabilitatoria, que teniendo en miras la capacidad de generación de ingresos del sujeto en cesación persigue que, previa detención de la acciones de agresión patrimonial, éste pueda, a través de un acuerdo de mayorí­as con sus acreedores, obtener las quitas, esperas o modificaciones de la especie debida que le permitan “repagar” tales pasivos mutados y continuar como sujeto útil en el mercado, y otra quirúrgica o liquidativa, que procede al rápido desapoderamiento y liquidación de los activos del cesante para pagar lo que buenamente se pueda con el producido, para permitir que los bienes vuelvan al mercado en manos teóricamente más aptas y para brindar al quebrado la chance de un nuevo comienzo, liberado del pasivo antiguo, el que sólo podrá ser cobrado de los bienes objeto de desapoderamiento.

a. El Concursamiento del Deudor:
En el caso de presentación del deudor informado en concurso preventivo, si bien el art. 55 de la ley 24.522 establece que -el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso-, entendida ésta como la -transformación de una obligación en otra- conforme lo prevé el art. 801 del Código Civil, en la práctica las entidades financieras aplican una normativa administrativa especí­fica -Clasificación de Deudores del BCRA- (to. al 04/05/07) que las obliga a informar a sus deudores en situación -4- (punto 6.5.4.7) cuando hayan solicitado su concurso preventivo; en situación -3 (punto 6.5.3.6) cuando hayan abonado mas del 20% del importe involucrado en convenios de pago resultantes de concordatos judiciales o extrajudiciales homologados, o en situación -2- (punto 6.5.2.1. VI) cuando hayan abonado menos del 20% citado.

*b. La Quiebra del Deudor*
En el caso de quiebra del deudor informado, cotidianamente se presenta una primera confusión relacionada con el instituto de la -rehabilitación- del fallido prevista en el art. 236 de la Ley 24.522.
Sobre el punto, tenemos que la rehabilitación produce el cese de las inhabilitaciones personales propias de la quiebra , más no producirí­a, según la letra de la ley, la extinción de las obligaciones de titulo o causa anterior al decreto de quiebra.
Por ello, el art. 231 de la ley 24.522 nos aclara el panorama al proyectar los efectos de la quiebra respecto del fallido hasta que se produzca la conclusión de la misma por el transcurso de dos años desde la clausura del procedimiento, ya sea por falta de activo (art. 232 LCQ) o por distribución final (art. 230 LCQ).
Dicho estadio procesal y no otro, resulta ser el momento oportuno a partir del cual el dato perderí­a vigencia.

V. Conclusión
El presente trabajo tiene por objetivo pretender despejar el interrogante planteado en el tí­tulo que da origen al mismo, mediante algunas aproximaciones acerca de los casos que cotidianamente afrontan las entidades financieras en su actividad comercial habitual.
Por dicho motivo, entiendo que dada las diferentes posturas existentes en torno a la interpretación de la normativa que regula la materia, se tornarí­a necesaria una armonización, por ejemplo, entre el artí­culo 26, apartado 4 ° de la ley 25.326 y el decreto 1558/2001 que lo reglamenta, como así­ también entre los arts. 55 y 231 de la ley 24.522 y el -Clasificador de Deudores del BCRA-, pues tal como están redactadas dichas normas parecerí­an, en principio, contradecirse, generando confusión y contiendas judiciales totalmente evitables.


Justicia argentina impone multa a Yahoo por no cumplir con medida cautelar

Posted: marzo 4th, 2008 | Author: | Filed under: Argentina | Tags: | No Comments »

*Se trata de un juicio iniciado por una modelo argentina. Alegaba que sus datos e imagenes habian sido publicados en forma no autorizada e indexada por Yahoo!. Se dictó una cautelar pero el demandado no la cumplió.*

El sitio de “Clarin online”:http://www.clarin.com/diario/2008/03/04/um/m-01620902.htm informó hoy lo sigiuente de un cable de Telam. La Justicia condenó a la empresa Yahoo! de Argentina a pagar *16.000 pesos de multa*, por no haber eliminado de sus motores de búsqueda los sitios que vinculaban a una modelo con servicios de acompañantes.

En noviembre del año pasado, el sitio fue intimado a eliminar esos ví­nculos, bajo condición de que si no lo hací­a, deberí­a pagar 200 pesos por cada dí­a de retraso en el cumplimiento de la disposición judicial.

La medida, dictada por el juez en lo Civil y Comercial Federal Raúl Tettamanti (del mismo fuero que dictó la “primera sentencia de spam en Argentina”:http://www.habeasdata.org/spam), no fue obedecida por Yahoo!, pero tampoco apelada, por lo que el fallo quedó firme y las multas sin pagar.

El magistrado ordenó que los 16.000 pesos que deberá ahora pagar la empresa se destinarán a la dotación de las Bibliotecas de los Tribunales Nacionales.
(Fuente: Télam)

*texto del fallo*
Autos -MAILLARD, Julieta c/ YAHOO DE ARGENTINA S.R.L. y otro s/ Medidas cautelares-, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nro. 10, Secretaria Nro. 19.

“Buenos Aires, Noviembre 6 de 2007.-…En atención a lo requerido y la información que se desprende de las impresiones de las páginas web acompañadas, dando cuenta la vinculación a través de los motores de búsqueda de la codemandada Yahoo de Argentina S.R.L. con las páginas de www.diosasdeargentina.com y www.modelosargentinas.tk, que implica un incumplimiento a la medida cautelar dispuesta a fs. 130/131, intí­mesela a fin de que dentro del término de DOS dí­as de notificada, acredite en autos la observancia í­ntegra y regular de la tutela decretada en éstos actuados, bajo apercibimiento de aplicársele una multa que se fija en la suma de pesos doscientos ($200) por cada dí­a de retardo en el cumplimiento de la misma. El destino de la multa será aplicada para la dotación de las Bibliotecas de los Tribunales Nacionales conf. Acordada del 20-12-67 (fallos 269-357), debiéndose en su oportunidad librar oficio al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Sucursal Tribunales, para que se transfiera la suma que se deposite, a la cuenta abierta en la Casa Central de dicha Institución, en la cuenta Nº 289/1 “Corte Suprema de Justicia, art. 8/10, ley 17.116″.-Notifí­quese.”- Fdo: RAUL O. TETTAMANTI. JUEZ FEDERAL

-Buenos Aires, febrero 27 de 2.008.- En atención a lo requerido y la información que se desprende de las impresiones de las páginas web acompañadas, como así­ también de las actuaciones notariales que adjunta, dando cuenta del incumplimiento de la medida cautelar dictada en autos por parte de la codemandada Yahoo de Argentina S.R.L., intí­mesela nuevamente a fin de que dentro del término de DOS DíAS de notificada, acredite en autos la observancia í­ntegra y regular de la tutela decretada en estos actuados, bajo apercibimiento de continuar aplicándose la multa que fuera fijada a fs. 255 y debidamente notificada a fs. 260 vlta. Asimismo intí­mese a Yahoo de Argentina S.R.L. para que en el plazo de 5 dí­as integre la multa adeudada por este incumplimiento (desde 26/11/07 al 15/02/08), bajo apercibimiento de ejecución. El destino de la multa será aplicada para la dotación de las Bibliotecas de los Tribunales Nacionales- Conf. Acordada del 20-12-67 (fallos 269-357), debiéndose en su oportunidad librar Oficio al Banco de la Ciudad de Buenos Aires- Sucursal Tribunales, para que se transfiera la suma que se deposite, a la cuenta abierta en la Casa Central de dicha institución en la cta. Nº289/1 “Corte Suprema de Justicia art. 8/10, ley 17116.”- Fdo: Raúl Tettamanti. Juez Federal-

*Comentario*: si bien desconocemos las particularidades del caso, es importante reconocer que la justicia tenga herramientas procesales para hacer cumplir ordenes dadas a empresas que hacen funcionar sitios de Internet. A menudo nos encontramos con respuestas vagas o evasivas, oficios contestados con el argumento de que los datos no se guardan o se borraron, y lo que es peor, respuestas aludiendo a que los datos los tiene la sociedad matiz localizada en Estados Unidos o Europa. Naturalmente un exhorto tarda meses y hasta años, así­ que la falta de colaboración con la justicia debe tener alguna respuesta de los tribunales.


La cámara comercial considera constitucional el decreto reglamentario en cuanto regula el derecho al olvido (y altera la ley)

Posted: febrero 21st, 2008 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | Tags: , | Comentarios desactivados

Si bien en el caso no fue planteado expresamente, los jueces se pronuncian sobre el texto del decreto reglamentario y lo consideran constitucional y ajustado a la letra y espiritu de la norma, aunque en un tramo señalan la solución como opinable.

TEXTO DEL FALLO

CNCom, Sala D, 7/12/2007

En Buenos Aires a los 7 dí­as del mes de diciembre de 2007, reúnense los señores Jueces de la Sala D de la Excelentí­sima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa -Oderigo Romualdo íngel y otro contra The First National Bank of Boston N.A. y otro sobre Ordinario” Registro N* ° 14.432/02, procedente del JUZGADO N* ° 11 del fuero (SECRETARIA N* ° 21), donde está identificada como expediente 90.605, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debí­an votar en el siguiente orden, Doctores: Dieuzeide, Vassallo y Heredia.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
* ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Dieuzeide, dijo:

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