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La legitimación activa colectiva, es una figura nueva en nuestro derecho, superadora del tradicional concepto de parte del derecho procesal y se impone en nuestra legislación como instrumento idóneo para la protección de los derechos de incidencia colectiva.

La primera norma en nuestro derecho, que reconoció la legitimación activa colectiva es la ley 24240, anterior al art. 43 de la Constitución Nacional, introducido por la reforma del 1994, que consagra el amparo colectivo.
Luego diversas normas legales extendieron la figura a distintas situaciones en las que un conglomerado social indeterminado y disperso, se viera afectado por un acto único dañoso.