Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

El derecho al olvido en internet al tribunal europeo

Posted: marzo 9th, 2012 | Author: | Filed under: Doctrina | Tags: , , | Comentarios desactivados

La audiencia nacional le pidio al TECJ que se pronuncie sobre el derecho a olvido en internet en los casos que la AEPD lleva contra Google.


Fallo sobre Google Suggest en Italia

Posted: abril 7th, 2011 | Author: | Filed under: Google | Tags: , , | Comentarios desactivados

Un tribunal de milan ha condena a Google a filtrar el nombre de un empresario. La busqueda del nombre del empresario sugeria la palabra “estafador” y el tribunal ordenó eliminar dicho resultado.


Reabren investigación del caso Google StreetView

Posted: noviembre 14th, 2010 | Author: | Filed under: Data Breach, Google | Tags: , , | Comentarios desactivados

Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido se acaban de volver a abrir cuando esas mismas autoridades los habian cerrado. En españa fue cerrado en San Sebastian pero aun no hay pronunciamiento del tribunal que lo investiga en Madrid.


Revocan condena a buscadores en la cámara civil

Posted: agosto 24th, 2010 | Author: | Filed under: América Latina, Argentina, Buscadores, Derecho a la imagen, Google | Tags: , , | Comentarios desactivados

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, D. C., V. c. Yahoo de Argentina S.R.L. y otro, 10/08/2010

2ª Instancia. — Buenos Aires, agosto 10 de 2010.

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:

I) Vienen estos autos a esta Sala, a fin de entender respecto de los recursos interpuestos contra la sentencia dictada a fs. 1935/1951, que hizo lugar a la demanda promovida por V. D. C. y condenó a Google Inc. y a Yahoo de Argentina S.R.L.

II) Las apelaciones:

La sentencia fue apelada por la actora a fs. 1953, por la codemandada Yahoo Argentina S.R.L. a fs. 1962 y por la codemandada Google Inc. a fs. 1967, recursos concedidos libremente a fs. 1954, 1965 vta. y 1970 vta., respectivamente.

Asimismo, los profesionales intervinientes, abogados, mediador, peritos y consultores técnicos, apelaron los honorarios que les fueran regulados.

III) Los antecedentes:

La accionante V. D. C. promovió demanda por derecho propio contra Yahoo de Argentina S.R.L. y Google Inc. por la suma de $200.000 en concepto de daño moral y material solicitando además se condenara a las demandadas al cese definitivo del uso antijurídico y no autorizado de su imagen y de su nombre y a su eliminación de los sitios de contenido sexual, erótico y pornográfico y sus vinculaciones con dichos sitios y actividades.

Señaló que se desempeña como modelo, cantante y actriz, habiendo tomado conocimiento de la aparición de su fotografía y de su nombre en distintas páginas web de dudosa reputación y comprobado que incluyendo su nombre en el campo de búsqueda de las accionadas o de búsqueda por imágenes, sus fotografías, nombre e imagen eran utilizados sin autorización o consentimiento e indebidamente en sitios de contenido sexual, pornográfico, de acompañantes y otras actividades vinculadas al tráfico de sexo.

Fundó su reclamo en la circunstancia de haber visto avasallados sus derechos personalísimos a su imagen, su honor, su nombre y a su intimidad, y en su uso no autorizado, ofreciendo prueba y solicitando se hiciera lugar a la demanda promovida.

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Caso Google France (fallo)

Posted: marzo 24th, 2010 | Author: | Filed under: Google | Tags: | Comentarios desactivados

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 23 de marzo de 2010

«Marcas – Internet – Motor de búsqueda – Publicidad a partir de palabras clave (“keyword advertising”) – Presentación en pantalla, a partir de palabras clave correspondientes a marcas, de enlaces a sitios de competidores de los titulares de dichas marcas o a sitios en los que se ofrecen productos de imitación – Directiva 89/104/CEE – Artículo 5 – Reglamento (CE) nº 40/94 – Artículo 9 – Responsabilidad del operador del motor de búsqueda – Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre el comercio electrónico)»

En los asuntos acumulados C‑236/08 a C‑238/08,

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial presentadas, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour de cassation (Francia), mediante resoluciones de 20 de mayo de 2008, recibidas en el Tribunal de Justicia el 3 de junio de 2008, en los procedimientos entre

Google France SARL,

Google Inc.

y

Louis Vuitton Malletier SA (asunto C‑236/08),

entre

Google France SARL

y

Viaticum SA,

Luteciel SARL (asunto C‑237/08),

y entre

Google France SARL

y

Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,

Pierre-Alexis Thonet,

Bruno Raboin,

Tiger SARL (asunto C‑238/08),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts y E. Levits, Presidentes de Sala, y los Sres. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilešič (Ponente), J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh y J.-J. Kasel, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;

Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de marzo de 2009;

consideradas las observaciones presentadas:

–      en nombre de Google France SARL y Google Inc., por Mes A. Néri y S. Proust, avocats, y por el Sr. G. Hobbs, QC;

–      en nombre de Louis Vuitton Malletier SA, por Me P. de Candé, avocat;

–      en nombre de Viaticum SA y Luteciel SARL, por Me C. Fabre, avocat;

–      en nombre de Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y del Sr. Thonet, por Mes L. Boré y P. Buisson, avocats;

–      en nombre de Tiger SARL, por Me O. de Nervo, avocat;

–      en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. de Bergues y B. Cabouat, en calidad de agentes;

–      en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. H. Krämer, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de septiembre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

1        Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), y del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178, p. 1).

2        Dichas peticiones se han presentado en el marco de los litigios sustanciados, en relación con la presentación en Internet de enlaces promocionales en respuesta a palabras clave correspondientes a marcas, entre, en el asunto C‑236/08, las sociedades Google France SARL y Google Inc. (en lo sucesivo, de manera conjunta o individual, «Google»), por un lado, y la sociedad Louis Vuitton Malletier SA (en lo sucesivo, «Vuitton»), por otro, y, en los asuntos C‑237/08 y C‑238/08, Google, por un lado, y las sociedades Viaticum SA (en lo sucesivo, «Viaticum»), Luteciel SARL (en lo sucesivo, «Luteciel»), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (en lo sucesivo, «CNRRH») y Tiger SARL (en lo sucesivo, «Tiger») y dos particulares, los Sres. Thonet y Raboin, por otro.

I.      Marco jurídico

 A.     Directiva 89/104

3        El artículo 5 de la Directiva 89/104, bajo el título «Derechos conferidos por la marca», dispone:

«1.      La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a)      de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b)      de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2.      Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3.      Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones [e]nunciadas en los apartados 1 y 2:

a)      poner el signo en los productos o en su presentación;

b)      ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c)      importar productos o exportarlos con el signo;

d)      utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[…]»

4        El artículo 6 de la Directiva 89/104, titulado «Limitación de los efectos de la marca», dispone:

«1.      El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a)      de su nombre y de su dirección;

b)      de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c)      de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

[…]»

5        El artículo 7 de la Directiva 89/104, con el título «Agotamiento del derecho conferido por la marca», establecía en su versión inicial:

«1.      El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2.      El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

6        De conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), en relación con el anexo XVII, apartado 4, de éste, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, en su versión inicial, se modificó a efectos de dicho Acuerdo y la expresión «en la Comunidad» se sustituyó por los términos «en una Parte Contratante».

7        La Directiva 89/104 fue derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. No obstante, habida cuenta de la fecha en que tuvieron lugar los hechos, en los litigios principales sigue siendo de aplicación la Directiva 89/104.

 B.     Reglamento nº 40/94

8        El artículo 9 del Reglamento nº 40/94, con el título «Derecho conferido por la marca comunitaria», dispone:

«1.      La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular [estará] habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a)      de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b)      de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c)      de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.

2.      Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse en particular:

a)      poner el signo en los productos o en su presentación;

b)      ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo;

c)      importar o exportar los productos con el signo;

d)      utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[…]»

9        El artículo 12 del Reglamento nº 40/94, titulado «Limitación de los efectos de la marca comunitaria», establece:

«El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

a)      de su nombre o de su dirección;

b)      de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c)      de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas;

siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

10      Con arreglo al artículo 13 del mismo Reglamento, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria»:

«1.      El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

2.      El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

11      El Reglamento nº 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, los litigios principales siguen rigiéndose por el Reglamento nº 40/94, habida cuenta de la fecha en que se produjeron los hechos.

 C.     Directiva 2000/31

12      A tenor del vigésimo noveno considerando de la Directiva 2000/31:

«Las comunicaciones comerciales son esenciales para financiar los servicios de la sociedad de la información y el desarrollo de una amplia variedad de servicios nuevos y gratuitos. En interés de los consumidores y en beneficio de la lealtad de las transacciones, las comunicaciones comerciales […] deben respetar algunas obligaciones en cuanto a su transparencia; […]»

13      Conforme a los considerandos cuadragésimo a cuadragésimo sexto de la Directiva 2000/31:

«(40) La divergencia de las normativas y jurisprudencias nacionales actuales o futuras en el ámbito de la responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios entorpece el correcto funcionamiento del mercado interior al obstaculizar, en especial, el desarrollo de servicios transfronterizos [...]. En algunos casos, los prestadores de servicios tienen el deber de actuar para evitar o poner fin a actividades ilegales. Lo dispuesto en la presente Directiva deberá constituir una base adecuada para elaborar mecanismos rápidos y fiables que permitan retirar información ilícita y hacer que sea imposible acceder a ella; […]

(41)      La presente Directiva logra un justo equilibrio entre los diferentes intereses en presencia y establece principios sobre los que pueden basarse acuerdos y normas industriales.

(42)      Las exenciones de responsabilidad establecidas en la presente Directiva sólo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información se limita al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más eficiente. Esa actividad es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada.

(43)      Un prestador de servicios puede beneficiarse de las exenciones por mera transmisión (mere conduit) y por la forma de almacenamiento automático, provisional y temporal, denominada “memoria tampón” (caching) cuando no tenga participación alguna en el contenido de los datos transmitidos; […]

(44)      Un prestador de servicios que colabore deliberadamente con uno de los destinatarios de su servicio a fin de cometer actos ilegales rebasa las actividades de mero transporte (mere conduit) o la forma de almacenamiento automático, provisional y temporal, denominada “memoria tampón” (caching) y no puede beneficiarse, por consiguiente, de las exenciones de responsabilidad establecidas para dichas actividades.

(45)      Las limitaciones de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios establecida[s] en la presente Directiva no afecta[n] a la posibilidad de entablar acciones de cesación de distintos tipos. […]

(46)      Para beneficiarse de una limitación de responsabilidad, el prestador de un servicio de la sociedad de la información consistente en el almacenamiento de datos habrá de actuar con prontitud para retirar los datos de que se trate o impedir el acceso a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades ilícitas. […]»

14      El artículo 2, letra a), de la Directiva 2000/31 define los «servicios de la sociedad de la información» por remisión al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998 (DO L 217, p. 18), y, en consecuencia, como:

«todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios».

15      El artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, en su versión modificada por la Directiva 98/48, precisa:

«[…]

A efectos de la presente definición, se entenderá por:

–      “a distancia”, un servicio prestado sin que las partes estén presentes simultáneamente;

–      “por vía electrónica”, un servicio enviado desde la fuente y recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento […] y de almacenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético;

–      “a petición individual de un destinatario de servicios”, un servicio prestado mediante transmisión de datos a petición individual.

[…]»

16      El artículo 6 de la Directiva 2000/31 dispone:

«Además de otros requisitos en materia de información establecidos en el Derecho comunitario, los Estados miembros garantizarán que las comunicaciones comerciales que forman parte [de] un servicio de la sociedad de la información cumplan al menos las condiciones siguientes:

[…]

b)      será claramente identificable la persona física o jurídica en nombre de la cual se hagan dichas comunicaciones comerciales;

[…]»

17      El capítulo II de la Directiva 2000/31 incluye una sección 4, que, bajo el título «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios», engloba los artículos 12 a 15.

18      El artículo 12 de la Directiva 2000/31, titulado «Mera transmisión», dispone:

«1.      Los Estados miembros garantizarán que, en el caso de un servicio de la sociedad de la información que consista en transmitir en una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a una red de comunicaciones, no se pueda considerar al prestador de servicios de este tipo responsable de los datos transmitidos, a condición de que el prestador de servicios:

a)      no haya originado él mismo la transmisión;

b)      no seleccione al destinatario de la transmisión; y

c)      no seleccione ni modifique los datos transmitidos.

2.      Las actividades de transmisión y concesión de acceso enumeradas en el apartado 1 engloban el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos transmitidos siempre que dicho almacenamiento sirva exclusivamente para ejecutar la transmisión en la red de comunicaciones y que su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para dicha transmisión.

3.       El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida.»

19      El artículo 13 de la misma Directiva, bajo el título «Memoria tampón (Caching)», establece:

«1.      Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en transmitir por una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador del servicio no pueda ser considerado responsable del almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de éstos, a condición de que:

a)      el prestador de servicios no modifique la información;

b)      el prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la información;

c)      el prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de manera ampliamente reconocida y utilizada por el sector;

d)      el prestador de servicios no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información; y

e)      el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar la información que haya almacenado, o hacer que el acceso a ella [sea] imposible, en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilitado el acceso a dicha información o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.

2.      El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios poner fin a una infracción o impedirla.»

20      El artículo 14 de la Directiva 2000/31, con el título «Alojamiento de datos», dispone:

«1.      Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

a)      el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad [o] la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,

b)      en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

2.      El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios.

3.      El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios [...] poner fin a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o [se] impida el acceso a ellos.»

21      El artículo 15 de la Directiva 2000/31, titulado «Inexistencia de obligación general de supervisión», establece:

«1.      Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14.

2.      Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que los prestadores de servicios de la sociedad de la información comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de éstas, información que les permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento.»

II.    Litigios principales y cuestiones prejudiciales

 A.     El servicio de referenciación «AdWords»

22      Google opera un motor de búsqueda en Internet. Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras, el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Éstos son los resultados «naturales» de la búsqueda.

23      Por otro lado, Google ofrece un servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords». Este servicio permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.

24      Los enlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica mencionada.

25      El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación cada vez que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calcula principalmente en función del «precio máximo por clic» que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratar el servicio de referenciación de Google y del número de veces en que los internautas pulsen en dicho enlace.

26      La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio máximo por clic, del número de veces en que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.

27      Google ha establecido un procedimiento automatizado para la selección de palabras clave y la creación de anuncios. Los anunciantes seleccionan las palabras clave, redactan el mensaje comercial e insertan el enlace a su sitio.

 B.     Asunto C‑236/08

28      Vuitton, que se dedica fundamentalmente al comercio de bolsos de lujo y de otros productos de marroquinería, es titular de la marca comunitaria «Vuitton» y de las marcas nacionales francesas «Louis Vuitton» y «LV». La notoriedad de estas marcas está acreditada.

29      A principios del año 2003, Vuitton comprobó que la introducción en el motor de búsqueda de Google de los términos que integran las marcas de Vuitton daba lugar a la aparición, bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», de enlaces a sitios en los que se comercializaban imitaciones de productos de Vuitton. Se demostró también que Google ofrecía a los anunciantes la posibilidad no sólo de seleccionar palabras clave correspondientes a las marcas de Vuitton, sino también de combinarlas con expresiones que denotan imitación, como «imitación» y «copia».

30      Vuitton presentó demanda contra Google por violación de sus derechos de marca.

31      Mediante sentencia de 4 de febrero de 2005 del tribunal de grande instance de Paris, confirmada en apelación por sentencia de 28 de junio de 2006 de la cour d’appel de Paris, se condenó a Google por violación de los derechos de marca de Vuitton. Google recurrió en casación.

32      En este contexto, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      En el caso del prestador de un servicio remunerado de referenciación que pone a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas y, mediante el contrato de referenciación, organiza la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos falsificados, ¿deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, letras a) y b), de la [Directiva 89/104] y 9, apartado 1, letras a) y b), del [Reglamento nº 40/94] en el sentido de que el prestador de dicho servicio hace un uso de estas marcas que el titular de las mismas está facultado para prohibir?

2)      En el supuesto de que las marcas de que se trata sean marcas de renombre, ¿puede el titular de las mismas oponerse a dicho uso en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva [89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento [nº 40/94]?

3)      En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté facultado para prohibir, en aplicación de la Directiva [89/104] y del Reglamento [nº 40/94], ¿puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de referenciación suministra un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del artículo 14 de la [Directiva 2000/31], de modo que no puede incurrir en responsabilidad hasta que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso ilícito de dicho signo?»

 C.     Asunto C‑237/08

33      Viaticum es titular de las marcas francesas «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» y «BDV», registradas para servicios de organización de viajes.

34      Luteciel ejerce una actividad de prestación de servicios informáticos para agencias de viajes. Se encarga de la edición y mantenimiento del sitio de Internet de Viaticum.

35      Viaticum y Luteciel obtuvieron constatación fehaciente de que la introducción en el motor de búsqueda de Google de los términos que integran las marcas mencionadas daba lugar a la aparición, bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», de enlaces a sitios de competidores de Viaticum. Se demostró también que Google ofrecía a los anunciantes la posibilidad de seleccionar con este fin palabras clave correspondientes a dichas marcas.

36      Viaticum y Luteciel presentaron demanda contra Google. Mediante sentencia de 13 de octubre de 2003, el tribunal de grande instance de Nanterre estimó que Google había incurrido en violación de derechos de marca y condenó a dicha empresa a reparar el perjuicio sufrido por Viaticum y Luteciel. Google interpuso recurso de apelación ante la cour d’appel de Versailles. Este último órgano jurisdiccional, mediante sentencia de 10 de marzo de 2005, consideró que Google había coadyuvado a la violación de derechos de marca y confirmó la sentencia de 13 de octubre de 2003. Google recurrió en casación.

37      En este contexto, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      En el caso del prestador de un servicio remunerado de referenciación que pone a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas y, mediante el contrato de referenciación, organiza la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos idénticos o similares a aquellos para los que se han registrado dichas marcas, ¿debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la [Directiva 89/104] en el sentido de que el prestador de dicho servicio hace un uso de estas marcas que el titular de las mismas está facultado para prohibir?

2)      En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté facultado para prohibir en aplicación de la Directiva [89/104] y del Reglamento [nº 40/94], ¿puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de referenciación presta un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del artículo 14 de la [Directiva 2000/31], de modo que no puede incurrir en responsabilidad hasta que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso ilícito de dicho signo?»

 D.     Asunto C‑238/08

38      El Sr. Thonet es titular de la marca francesa «Eurochallenges», registrada, en particular, para servicios de agencia matrimonial. CNRRH ejerce la actividad de agencia matrimonial y es titular de la marca mencionada, concedida por el Sr. Thonet.

39      En el año 2003, el Sr. Thonet y CNRRH obtuvieron constatación fehaciente de que la introducción en el motor de búsqueda de Google del término que integra la marca mencionada daba lugar a la aparición, bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», de enlaces a sitios de competidores de CNRRH, explotados respectivamente por el Sr. Raboin y Tiger. Se demostró también que Google ofrecía a los anunciantes la posibilidad de seleccionar con este fin dicho término como palabra clave.

40      En el marco de la demanda presentada por el Sr. Thonet y CNRHH, el Sr. Raboin, Tiger y Google fueron condenados por violación del derecho de marca mediante sentencia de 14 de diciembre de 2004 del tribunal de grande instance de Nanterre, confirmada en apelación mediante sentencia de 23 de marzo de 2006 de la cour d’appel de Versailles. Google recurrió en casación.

41      En este contexto, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿El hecho de que una empresa reserve, mediante un contrato de referenciación remunerado a sitios en Internet, una palabra clave que haga aparecer en pantalla, en el caso de una búsqueda que incluya dicha palabra, un enlace que proponga conectarse a un sitio explotado por dicha empresa para ofrecer en venta productos o servicios y que reproduzca o imite una marca registrada por un tercero para designar productos idénticos o similares, sin autorización del titular de dicha marca, constituye en sí mismo una vulneración del derecho exclusivo que el artículo 5 de la [Directiva 89/104] garantiza al titular de la marca?

2)      En el caso del prestador de un servicio remunerado de referenciación que pone a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas y, mediante el contrato de referenciación, organiza la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos idénticos o similares a aquellos para los que se han registrado dichas marcas, ¿debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la [Directiva 89/104] en el sentido de que el prestador de dicho servicio hace un uso de estas marcas que el titular de las mismas está facultado para prohibir?

3)      En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté facultado para prohibir en aplicación de la Directiva [89/104] y del Reglamento [nº 40/94], ¿puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de referenciación presta un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del artículo 14 de la [Directiva 2000/31], de modo que no puede incurrir en responsabilidad hasta que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso ilícito de dicho signo?»

 III. Sobre las cuestiones prejudiciales

 A.         Sobre el empleo de palabras clave correspondientes a marcas ajenas en un servicio de referenciación en Internet

 1.     Consideraciones preliminares

42      En el origen de los litigios principales se encuentra el empleo, no autorizado por los titulares de las marcas de que se trata, de signos que se corresponden con éstas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet. Estas palabras clave han sido escogidas por clientes del prestador del servicio, que las acepta y almacena. Los clientes en cuestión comercializan bien imitaciones de productos del titular de la marca (asunto C‑236/08), bien, simplemente, productos competidores (asuntos C‑237/08 y C‑238/08).

43      Mediante la primera cuestión formulada en el asunto C‑236/08, la primera cuestión en el asunto C‑237/08 y las cuestiones primera y segunda en el asunto C‑238/08, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si los artículos 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero que, a partir de una palabra clave, idéntica o similar a la marca, que haya seleccionado o almacenado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, presente un anuncio, o encargue su presentación, sobre productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca.

44      La primera cuestión formulada en el asunto C‑236/08, la primera cuestión en el asunto C‑237/08 y la segunda cuestión en el asunto C‑238/08 se centran, a este respecto, en el almacenamiento de dicha palabra clave por el prestador del servicio de referenciación y en la organización por éste de la aparición en pantalla del anuncio de su cliente a partir de tal palabra, mientras que la primera cuestión en el asunto C‑238/08 versa sobre la selección por el anunciante del signo como palabra clave y en la aparición del anuncio que se deriva, gracias al referenciación, de dicha selección.

45      Los artículos 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94 autorizan, en algunas circunstancias, a los titulares de las marcas a prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o similares a sus marcas para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se han registrado las marcas.

46      En los litigios principales, el empleo de signos correspondientes a marcas como palabras clave tiene por objeto y por efecto la aparición en pantalla de enlaces promocionales a sitios en los que se ofrecen productos o servicios idénticos a aquellos para los que se han registrado dichas marcas, es decir, productos de marroquinería, servicios de organización de viajes y servicios de agencia matrimonial.

47      Por consiguiente, el Tribunal de Justicia, para el análisis de la cuestión descrita en el apartado 43 de la presente sentencia, tendrá principalmente en cuenta los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 y sólo de manera incidental tomará en consideración la letra b) del mismo apartado de ambos artículos, dado que esta última disposición se refiere, cuando el signo es idéntico a la marca, al supuesto en que los productos o los servicios ofrecidos por el tercero son sólo similares a aquellos para los que se ha registrado la marca.

48      Una vez efectuado este examen, habrá de responderse a la segunda cuestión formulada en el asunto C‑236/08, por la que se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre el mismo interrogante, pero esta vez a la luz de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, que se refieren a los derechos conferidos por las marcas que gozan de renombre. Sin perjuicio de la comprobación de este extremo por el órgano jurisdiccional remitente, se desprende de la petición de decisión prejudicial que la normativa aplicable en Francia incluye la norma prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha precisado que esta disposición no debe interpretarse exclusivamente de manera literal, sino también tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en el que se inserta. Por lo tanto, la norma del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 no se refiere únicamente a los casos en que un tercero utiliza un signo idéntico o similar a una marca de renombre para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que se haya registrado la marca, sino que abarca también las situaciones en que se emplea para productos o servicios que sean idénticos o similares a los cubiertos por la marca registrada (sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff, C‑292/00, Rec. p. I‑389, apartados 24 a 30, y de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C‑102/07, Rec. p. I‑2439, apartado 37).

 2.     Sobre la interpretación de los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94

49      De conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, si se trata de una marca comunitaria, con el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, el titular de la marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (véanse, en particular, la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Céline, C‑17/06, Rec. p. I‑7041, apartado 16; el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America, C‑62/08, Rec. p. I‑1279, apartado 42, y la sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros, C‑487/07, Rec. p. I‑0000, apartado 58).

 a)     Uso en el tráfico económico

50      El uso del signo idéntico a la marca se produce en el tráfico económico si se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Rec. p. I‑10273, apartado 40, y Céline, antes citada, apartado 17; auto UDV North America, antes citado, apartado 44).

51      En lo que atañe, en primer lugar, al anunciante que paga por el servicio de referenciación y elige como palabra clave un signo idéntico a una marca que no le pertenece, debe señalarse que hace uso de dicho signo en el sentido de la jurisprudencia citada.

52      Desde el punto de vista del anunciante, la selección de una palabra clave idéntica a la marca tiene por objeto y por efecto la aparición en pantalla de un enlace promocional al sitio en el que comercializa sus productos y servicios. Dado que el signo seleccionado como palabra clave es el medio que determina la aparición del anuncio publicitario, no puede negarse que el anunciante utiliza dicho signo en el contexto de sus actividades comerciales y no en la esfera privada.

53      Por lo que respecta al prestador del servicio de referenciación, consta que ejerce una actividad comercial y que actúa con ánimo de lucro cuando almacena como palabras clave, por cuenta de algunos de sus clientes, signos idénticos a marcas y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tales palabras.

54      Consta asimismo que este servicio no sólo se presta a los titulares de dichas marcas o a los operadores autorizados para ofrecer los productos o servicios de éstos, sino que también, al menos en los asuntos de que se trata, se efectúa sin que medie el consentimiento de los titulares y es accesible a quienes ofrecen productos o servicios competidores o imitaciones.

55      Si bien estos datos revelan que el prestador del servicio de referenciación desarrolla su actividad «en el tráfico económico» cuando pone a disposición de los anunciantes, como palabras clave, signos que son idénticos a marcas, cuando los almacena y cuando muestra los anuncios de sus clientes en respuesta a la introducción de tales signos, no se desprende de ellos que el prestador haga por sí mismo «uso» de dichos signos en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94.

56      A este respecto, basta con señalar que el uso de un signo idéntico o similar a una marca por un tercero implica, como mínimo, que éste utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial. El servicio de referenciación permite a los clientes utilizar signos idénticos o similares a marcas, sin que el prestador de dicho servicio haga por sí mismo uso de estos signos.

57      No pone en entredicho esta conclusión el hecho de que el prestador reciba una remuneración de sus clientes por el uso de dichos signos. Crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el prestador del servicio haga por sí mismo uso del signo. Dado que posibilita que su cliente utilice el signo, su papel no debe examinarse a la luz de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94, sino, en su caso, de otras normas jurídicas, como las mencionadas en el apartado 107 de la presente sentencia.

58      De lo que antecede se desprende que el prestador del servicio de referenciación no hace un uso en el tráfico económico en el sentido de las disposiciones mencionadas de la Directiva 89/104 y del Reglamento nº 40/94.

59      Por consiguiente, los requisitos de que el uso se produzca «para productos y servicios» y de que se menoscaben las funciones de la marca deben examinarse únicamente en relación con el uso del signo idéntico a la marca por el anunciante.

 b)     Uso «para productos o servicios»

60      La expresión «para productos o servicios» idénticos a aquellos para los que se haya registrado la marca, que figura en los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, se refiere, en principio, a los productos o los servicios del tercero que hace uso del signo idéntico a la marca [véanse las sentencias de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C‑48/05, Rec. p. I‑1017, apartados 28 y 29, y de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C‑533/06, Rec. p. I‑4231, apartado 34]. Eventualmente, puede también referirse a los productos o servicios de otro, por cuya cuenta actúe el tercero (véase el auto UDV North America, antes citado, apartados 43 a 51).

61      Como ha señalado ya el Tribunal de Justicia, las actividades enumeradas en los artículos 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, que consisten en poner el signo en los productos o en su presentación, comercializar productos o servicios con el signo,  importar o exportar los productos con el signo y utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad, constituyen usos para productos o servicios (véanse las sentencias, antes citadas, Arsenal Football Club, apartado 41, y Adam Opel, apartado 20).

62      Las circunstancias que han dado lugar al litigio principal en el asunto C‑236/08 se asemejan a algunas de las situaciones descritas en las disposiciones mencionadas de la Directiva 89/104 y del Reglamento nº 40/94, concretamente a la oferta de los productos del tercero con el signo idéntico a la marca y al uso del signo en la publicidad. De los autos se desprende que en los anuncios que se muestran bajo la rúbrica «enlaces patrocinados» aparecían signos idénticos a las marcas de Vuitton.

63      Sin embargo, los supuestos que han dado lugar a los asuntos C‑237/08 y C‑238/08 se caracterizan por el hecho de que en los anuncios de los terceros no aparece el signo idéntico a la marca.

64      Google sostiene que, si no se hace ninguna mención al signo en el propio anuncio, no puede considerarse que el uso del signo como palabra clave se haga para productos o servicios. Tanto los titulares de marcas que han actuado contra Google como el Gobierno francés defienden la tesis contraria.

65      A este respecto, debe recordarse que en los artículos 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 figura únicamente una enumeración no exhaustiva de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir (sentencias Arsenal Football Club, antes citada, apartado 38; de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C‑228/03, Rec. p. I‑2337, apartado 28, y Adam Opel, antes citada, apartado 16). Por lo tanto, la circunstancia de que el signo que utilice el tercero con fines publicitarios no aparezca en la propia publicidad no significa, por sí sola, que este uso no encaje en el concepto de «uso […] para productos o servicios» en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104.

66      Además, interpretar dicha enumeración en el sentido de que sólo los usos que menciona son relevantes supone ignorar que se redactó antes de la plena aparición del comercio electrónico y del desarrollo de la publicidad en este medio. Sin embargo, estas formas electrónicas de comercio y publicidad son las que más pueden dar lugar, mediante el uso de tecnologías informáticas, a usos distintos de los enumerados en los artículos 5, apartado 3, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

67      En el caso del servicio de referenciación, consta que el anunciante que selecciona como palabra clave un signo idéntico a una marca ajena pretende que los internautas que introduzcan esta palabra como término de búsqueda pulsen no sólo en los enlaces del titular de la marca que se muestren, sino también en el enlace promocional del anunciante.

68      Resulta también manifiesto que en la mayor parte de los casos el internauta que introduce el nombre de una marca como término de búsqueda pretende encontrar información u ofertas sobre los productos o los servicios de dicha marca. Por lo tanto, cuando se muestran, a un lado o encima de los resultados naturales de la búsqueda, enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos o servicios de competidores del titular de la marca, el internauta puede percibir estos enlaces, si no los descarta de entrada por considerarlos irrelevantes ni los confunde con los del titular de la marca, como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca.

69      En esta situación, caracterizada por la selección por un competidor del titular de la marca de un signo idéntico a ésta como palabra clave, para proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios del titular, se hace un uso de dicho signo para los productos o los servicios del competidor.

70      A este respecto, debe recordarse que, como ha declarado ya el Tribunal de Justicia, un anunciante que utiliza, en publicidad comparativa, un signo idéntico o similar a la marca de un competidor para identificar, explícita o implícitamente, los productos o servicios ofrecidos por éste y comparar con ellos sus propios productos o servicios hace uso de dicho signo «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 [véanse las sentencias, antes citadas, O2 Holdings y O2 (UK), apartados 35, 36 y 42, y L’Oréal y otros, apartados 52 y 53].

71      Sin que sea necesario examinar si la publicidad en Internet a partir de palabras clave idénticas a marcas de competidores constituye o no una forma de publicidad comparativa, ha de considerarse, en cualquier caso, que, al igual que se observa en la jurisprudencia citada en el apartado precedente, el uso que el anunciante hace del signo idéntico a la marca de un competidor para que lleguen a conocimiento del internauta no sólo los productos o servicios ofrecidos por este competidor, sino también los del propio anunciante, constituye un uso para los productos o los servicios de dicho anunciante.

72      Por otro lado, aun en los casos en que el anunciante no pretende, al utilizar el signo idéntico a la marca como palabra clave, que se presenten sus productos o sus servicios como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca, sino más bien inducir a error a los internautas sobre el origen de sus productos o servicios, haciéndoles creer que proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste, se constata un uso «para productos o servicios». Como ha declarado el Tribunal de Justicia, se produce este uso, en todo caso, cuando el tercero utiliza el signo idéntico a la marca de manera que se establezca un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero (sentencia Céline, antes citada, apartado 23, y auto UDV North America, antes citado, apartado 47).

73      De todo lo anterior se deriva que el empleo por el anunciante del signo idéntico a la marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet está comprendido en el concepto de uso «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104.

74      Del mismo modo, se trata de un uso «para productos o servicios» en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, cuando el signo que es objeto de uso es idéntico a una marca comunitaria.

 c)     Uso que puede menoscabar las funciones de la marca

75      El derecho exclusivo previsto en los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Arsenal Football Club, apartado 51; Adam Opel, apartados 21 y 22, y L’Oréal y otros, apartado 58).

76      De la jurisprudencia citada se desprende que el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca, si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de ésta (véanse las sentencias, antes citadas, Arsenal Football Club, apartado 54, y L’Oréal y otros, apartado 60).

77      Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio (en lo sucesivo, «función de indicación del origen»), sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad (sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 58).

78      La protección conferida por los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 es, a este respecto, más amplia que la prevista en la letra b) del mismo apartado de ambos artículos, cuya puesta en práctica exige la existencia de riesgo de confusión (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Davidoff, apartado 28, y L’Oréal y otros, apartado 59).

79      De la jurisprudencia citada se deriva que, en el supuesto contemplado en los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, en que el tercero usa el signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado ésta, el titular de la marca está facultado para prohibir este uso si puede menoscabar alguna de las funciones de la marca, bien sea la función de indicación del origen, bien alguna de las demás funciones.

80      El titular de la marca no puede prohibir este uso en los supuestos excepcionales previstos en los artículos 6 y 7 de la Directiva 89/104 y en los artículos 12 y 13 del Reglamento nº 40/94. Sin embargo, no se ha afirmado que concurra alguno de estos supuestos en el presente caso.

81      Las funciones pertinentes que deben examinarse en este caso son la de indicación del origen y la de publicidad.

 i)     Menoscabo de la función de indicación del origen

82      La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 28, y de 6 de octubre de 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, apartado 23).

83      La determinación de si dicha función de la marca resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio.

84      Se menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando el anuncio no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero (véase, en este sentido, la sentencia Céline, antes citada, apartado 27 y jurisprudencia citada).

85      En tal situación, que se caracteriza, por otro lado, por la aparición instantánea del anuncio en cuestión en respuesta a la introducción de la marca en el área de búsqueda y por su coincidencia en pantalla con la marca, en su posición de término de búsqueda, el internauta puede verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios de que se trate. En estas circunstancias, puesto que desencadena la aparición del anuncio, el uso que el tercero hace del signo idéntico a la marca, como palabra clave, puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos y servicios de que se trata y el titular de la marca (véanse, por analogía, las sentencias Arsenal Football Club, antes citada, apartado 56, y de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, Rec. p. I‑10989, apartado 60).

86      También por lo que respecta al menoscabo de la función de indicación del origen, resulta útil tener en cuenta que la normativa de la Unión sobre comercio electrónico insiste en la necesidad de que la visualización de los anuncios en Internet sea transparente. Habida cuenta del interés en garantizar la lealtad de las transacciones y la protección de los consumidores, subrayado en el vigésimo noveno considerando de la Directiva 2000/31, el artículo 6 de esta Directiva establece la norma de que la persona física o jurídica en cuyo nombre se haga una comunicación comercial que forme parte de un servicio de la sociedad de la información debe ser claramente identificable.

87      Si bien se constata, de este modo, que la responsabilidad de los anunciantes en Internet puede generarse en aplicación de normas de otros ámbitos jurídicos, como las relativas a la competencia desleal, no deja de ser cierto que el supuesto uso ilícito en Internet de signos idénticos o similares a marcas se presta a un examen con arreglo al Derecho de marcas. Teniendo en cuenta la función esencial de la marca, que, en el contexto del comercio electrónico, consiste, en particular, en permitir a los internautas que recorren los anuncios mostrados en respuesta a una búsqueda sobre una marca concreta distinguir entre los productos o servicios del titular de la marca y los que tienen otra procedencia, debe facultarse al titular de la marca a prohibir que se muestren anuncios de terceros que los internautas pueden atribuirle erróneamente.

88      Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, si los hechos que han dado lugar al litigio de que conoce se caracterizan por el menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen descrita en el apartado 84 de la presente sentencia.

89      Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, se constata un menoscabo de la función de indicación del origen.

90      Cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que dicha función de la marca resulta menoscabada.

 ii)   Menoscabo de la función de publicidad

91      Dado que el tráfico económico se caracteriza por la variada oferta de productos y servicios, el titular de una marca puede tener por objetivo no sólo indicar con dicha marca el origen de sus productos o servicios, sino también utilizar su marca con fines publicitarios para informar y atraer al consumidor.

92      Por lo tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial.

93      En lo que atañe al uso por los anunciantes en Internet del signo idéntico a una marca ajena, como palabra clave para la aparición en pantalla de mensajes publicitarios, es evidente que este uso puede tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial.

94      Dado el importante lugar que ocupa la publicidad en Internet en el tráfico económico, es posible que el titular de la marca inscriba su propia marca como palabra clave en el servicio de referenciación para que aparezca un anuncio bajo la rúbrica «enlaces patrocinados». En este caso, el titular de la marca deberá eventualmente comprometerse al pago de un precio por clic más elevado que el que corresponde a otros operadores económicos, si desea que su anuncio aparezca antes del de los otros operadores que han seleccionado también su marca como palabra clave. Además, aun cuando el titular de la marca esté dispuesto a pagar un precio por clic más elevado que el que ofrecen los terceros que hayan seleccionado también dicha marca, no puede estar seguro de que su anuncio vaya a aparecer antes del de los terceros, dado que en la determinación del orden de aparición de los anuncios intervienen más factores.

95      Sin embargo, estas repercusiones del uso de un signo idéntico a la marca por terceros no constituyen por sí mismas un menoscabo de la función de publicidad de la marca.

96      Según lo manifestado por el propio órgano jurisdiccional remitente, la situación sobre la que versan las cuestiones prejudiciales se concreta en la aparición de enlaces promocionales en respuesta a la introducción por el internauta de un término de búsqueda que corresponde a la marca seleccionada como palabra clave. Consta también en estos asuntos que los enlaces promocionales aparecen al lado o encima de la lista de resultados naturales de la búsqueda. Por último, no se discute que el orden de los resultados naturales se deriva de la pertinencia de los respectivos sitios en relación con el término de búsqueda introducido por el internauta y que el operador del motor de búsqueda no cobra por mostrar estos resultados.

97      De lo anterior se desprende que cuando el internauta introduce el nombre de una marca como término de búsqueda, la página de inicio del sitio promocional del titular aparece en la lista de resultados naturales, normalmente en uno de los primeros lugares. Mediante la aparición en pantalla de este sitio, que, por otro lado, es gratuita, se hacen visibles los productos o servicios del titular de la marca al internauta, con independencia de si el titular consigue o no que su anuncio ocupe también uno de los primeros lugares bajo la rúbrica «enlaces patrocinados».

98      Habida cuenta de estas circunstancias, procede declarar que el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio de referenciación como el controvertido en los asuntos principales no puede menoscabar la función de publicidad de la marca.

d)      Conclusión

99      En atención a las anteriores consideraciones, debe responderse a la primera cuestión formulada en el asunto C‑236/08, a la primera cuestión en el asunto C‑237/08 y a las cuestiones primera y segunda en el asunto C‑238/08 que:

–      los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

–      el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 o del artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94.

 3.     Sobre la interpretación de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94

100    Mediante la segunda cuestión formulada en el asunto C‑236/08, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo correspondiente a una marca de renombre y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo hace un uso de dicho signo que el titular de la marca está facultado para prohibir con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 o, cuando el signo es idéntico a una marca comunitaria, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

101    Según lo expuesto por el órgano jurisdiccional remitente, consta en dicho asunto que Google permitía a anunciantes que ofrecían a los internautas imitaciones de productos de Vuitton seleccionar palabras clave correspondientes a las marcas de Vuitton y asociarlas a otras palabras clave como «imitación» y «copia».

102    El Tribunal de Justicia ha declarado ya, en relación con la comercialización de imitaciones, que cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo idéntico o similar a ésta, para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal (sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 49).

103    Esta jurisprudencia resulta pertinente en los casos en que los anunciantes en Internet comercializan, mediante el uso de signos idénticos a marcas de renombre como «Louis Vuitton» o «Vuitton», imitaciones de los productos del titular de dichas marcas.

104    Sin embargo, en lo que atañe a la cuestión de si, cuando almacena como palabras clave estos signos, asociados a términos como «imitación» y «copia», y permite que desencadenen la aparición de anuncios, el prestador del servicio de referenciación hace por sí mismo un uso que el titular de tales marcas está facultado para prohibir, procede recordar, como se indica en los apartados 55 a 57 de la presente sentencia, que estos actos del prestador no configuran el uso al que se refieren los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94.

105    Por consiguiente, debe responderse a la segunda cuestión planteada en el asunto C‑236/08 que el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca de renombre y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 o del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

 B.     Sobre la responsabilidad del prestador del servicio de referenciación

106    Mediante las cuestiones tercera, segunda y tercera en los asuntos C‑236/08, C‑237/08 y C‑238/08, respectivamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si el artículo 14 de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que un servicio de referenciación en Internet constituye un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el anunciante, de modo que dichos datos son objeto de un «alojamiento» en el sentido de dicho artículo y que, por tanto, el prestador del servicio de referenciación no puede incurrir en responsabilidad hasta que se le informe de que el anunciante hace un uso ilícito de dicho signo.

107    La sección 4 de la Directiva 2000/31, que, bajo el título «Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios», engloba los artículos 12 a 15 de ésta, pretende restringir los casos en los que, conforme al Derecho nacional aplicable en la materia, puede generarse la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. Por tanto, los requisitos para que se declare la existencia de esta responsabilidad se encuentran en el Derecho nacional, en el bien entendido de que, conforme a la sección 4 de la misma Directiva, algunos supuestos no dan lugar a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. A partir de la expiración del plazo fijado para la adaptación del Derecho nacional a la Directiva, las normas internas relativas a la responsabilidad de tales prestadores deben incluir las limitaciones de responsabilidad previstas en dichos artículos.

108    Vuitton, Viaticum y CNRRH afirman, no obstante, que un servicio de referenciación como AdWords no es un servicio de la sociedad de la información en el sentido de las mencionadas disposiciones de la Directiva 2000/31, de tal modo que el prestador de este servicio no puede acogerse en ningún caso a dichas limitaciones de responsabilidad. Google y la Comisión sostienen la opinión contraria.

109    La limitación de responsabilidad prevista en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 se aplica en caso de «un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio» y significa que el prestador de tal servicio no puede ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a menos que, tras llegar a su conocimiento, gracias a la información recibida de un perjudicado o de otro modo, la ilicitud de estos datos o de las actividades del destinatario, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

110    Tal como se ha indicado en los apartados 14 y 15 de la presente sentencia, el legislador engloba en el concepto de «servicio de la sociedad de la información» los servicios prestados a distancia, mediante equipos electrónicos de tratamiento y de almacenamiento de datos, a petición individual de un destinatario de servicios y normalmente a cambio de una remuneración. Teniendo en cuenta las características del servicio de referenciación controvertido en los asuntos principales, resumidas en el apartado 23 de la presente sentencia, debe llegarse a la conclusión de que reúne todos los elementos de dicha definición.

111    Tampoco puede negarse que el prestador de un servicio de referenciación transmite información del destinatario de dicho servicio, que es el anunciante, en una red de comunicación accesible a los internautas y almacena, es decir, graba en su servidor, ciertos datos, como las palabras clave seleccionadas por el anunciante, el enlace promocional, el mensaje comercial que acompaña al enlace y la dirección del sitio del anunciante.

112    Es también necesario, para que el almacenamiento por el prestador del servicio de referenciación quede incluido en el artículo 14 de la Directiva 2000/31, que su comportamiento se ciña al de un «prestador intermediario» en el sentido que el legislador ha querido dar a esta expresión en la sección 4 de esta Directiva.

113    A este respecto, se desprende del cuadragésimo segundo considerando de la Directiva 2000/31 que las exenciones de responsabilidad establecidas en dicha Directiva sólo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza «meramente técnica, automática y pasiva», lo que implica que el prestador «no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada».

114    Por lo tanto, para comprobar si la responsabilidad del prestador del servicio de referenciación podría verse limitada con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2000/31, es necesario examinar si el papel desempeñado por el prestador es neutro, es decir, si su comportamiento es meramente técnico, automático y pasivo, lo que implica que no tiene conocimiento ni control de la información que almacena.

115    En lo que atañe al servicio de referenciación controvertido en los asuntos principales, se deriva de los autos y de la descripción que figura en los apartados 23 y siguientes de la presente sentencia que Google procede, utilizando los programas que ha desarrollado, a un tratamiento de los datos introducidos por los anunciantes, del que resulta la aparición en pantalla de anuncios en condiciones que Google controla. De este modo, Google determina el orden de aparición, que depende, en particular, de la cantidad pagada por los anunciantes.

116    Ha de señalarse que la mera circunstancia de que el servicio de referenciación sea remunerado, de que Google fije las formas de remuneración o, incluso, de que dé información general a sus clientes no puede implicar que se excluya a Google de las exenciones de responsabilidad previstas por la Directiva 2000/31.

117    De igual modo, la concordancia de la palabra clave seleccionada y del término de búsqueda introducido por un internauta no basta por sí mismo para que se considere que Google tiene conocimiento o control de los datos introducidos en su sistema por los anunciantes y grabados en su servidor.

118    Sin embargo, sí es pertinente, en el marco del examen al que alude el apartado 114 de la presente sentencia, el papel que desempeña Google en la redacción del mensaje comercial que acompaña al enlace promocional o en el establecimiento o la selección de palabras clave.

119    El órgano jurisdiccional nacional, que es el mejor situado para determinar el modo concreto en que se presta el servicio controvertido en los asuntos principales, debe partir de las anteriores consideraciones al apreciar si el papel que desempeña Google en ese contexto se corresponde con el descrito en el apartado 114 de la presente sentencia.

120    Por consiguiente, procede responder a las cuestiones tercera, segunda y tercera en los asuntos C‑236/08, C‑237/08 y C‑238/08, respectivamente, que el artículo 14 de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

IV.    Costas

121    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1)      Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca, que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

2)      El prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 o del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

3)      El artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

Firmas


* Lengua de procedimiento: francés.


Primera condena a buscador por uso no autorizado de imagenes

Posted: julio 30th, 2009 | Author: | Filed under: Argentina, Derecho a la imagen | Tags: , , | Comentarios desactivados

Juzgado Civil 75 -“ Ciudad de Buenos Aires
DA CUNHA VIRGINIA c/ YAHOO DE ARGENTINA SRL s/DAÑOS Y PERJUICIOS.

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.

Y VISTOS; estos autos caratulados “DA CUNHA, VIRGINIA C/ YAHOO DE ARGENTINA S.R.L. Y OTRO” (Expte. Nº: …), en condiciones de dictar Sentencia, de los que RESULTA;
I. A fs. 72/99 se presenta VIRGINIA DA CUNHA por derecho propio e inicia demanda contra YAHOO DE ARGENTINA S.R.L. y contra GOOGLE INC reclamando la suma de pesos … por reparación del daño material y moral. Pide además que se condene a los demandados al cese definitivo del uso antijurí­dico y no autorizado de su imagen y de su nombre y a la eliminación de su imagen y nombre de los sitios de contenido sexual, erótico y pornográfico denunciados y/o a eliminar las vinculaciones de su nombre, imagen y fotografias con esos sitios y actividades.
Relata que se desempeña como modelo, cantante y actriz, que realizó campañas publicitarias y desfiles de modelos, con participaciones en programas vinculados con el mundo de la moda, la publicidad, la conducción televisiva y el espectáculo.
Manifiesta que a raiz de comentarios de familiares y amigos sobre la aparición de su nombre y fotografí­as en distintas páginas web de dudosa reputación, así­ como en la búsqueda por imágenes de los portales accesibles desde los buscadores de los demandados, accedió a través de los web sites www.yahoo.com.ar y www.google.com.ar y comprobó que al incluir su nombre en el campo de búsqueda, encontró su nombre, fotografí­as e imágenes que eran vinculadas y utilizadas en forma indebida y sin consentimiento con sitios de contenido sexual, pornográfico, de acompañantes y otras actividades ligadas con el tráfico de sexo.
Refiere además que a través de la búsqueda por imágenes observó que se difundí­an fotografias suyas en los portales por todo el mundo pese a que no prestó su consentimiento. Explica que de las búsquedas publicadas por los accionados se desprende que cualquier persona que ingrese su nombre en esos buscadores obtiene como resultado una serie de enlaces a diferentes páginas web que la ligan con actividades sexuales agraviantes a su persona e incompatibles con su forma de vida y conducta, además de la búsqueda por imágenes que permite imprimir, ampliar, modificar y formar un “book” con esas fotografí­as.
Funda su reclamo en el uso comercial no autorizado de su imagen y en el avasallamiento de sus derechos personalí­simos al honor, al nombre, a la imagen y a la intimidad, al haberla vinculado e incluí­do arbitrariamente en páginas de internet que en nada se compadecen con su pensamiento y actividad profesional de las caracterí­sticas que señala.
Ofrece prueba y solicita se haga lugar a la demanda.

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Caso Google Books (THE AUTHORS GUILD et al., v. GOOGLE INC.)

Posted: septiembre 11th, 1970 | Author: | Filed under: Google | Tags: | Comentarios desactivados

THE AUTHORS GUILD et al., Plaintiffs, – against – GOOGLE INC., Defendant.

05 Civ. 8136 (DC)

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

2011 U.S. Dist. LEXIS 29126

March 22, 2011, Decided

March 22, 2011, Filed

COUNSEL: For Author Plaintiffs: Michael J. Boni, Esq, Joanne Zack, Esq., BONI & ZACK LLC, Bala Cynwyd, PA.

 

For Publisher Plaintiffs: Bruce P. Keller, Esq., Jeffrey P. Cunard, Richard S. Lee, Esq., DEBEVOISE & PLIMPTON LLP, New York, NY.

 

For Google Inc., Defendant: Daralyn J. Durie, Esq., Joseph C. Gratz, Esq., DURIE TANGRI LLP, San Francisco, CA.

 

For United States of America: John D. Clopper, Esq., Owen Knedler, Esq., Assistant United States Attorneys, PREET BHARARA, Esq., United States Attorney, for the Southern District of New York, New York, NY; WILLIAM F. CAVANAUGH, Esq., Deputy Assistant Attorney General, Antitrust Division, U.S. Department of Justice, Washington, D.C.

 

JUDGES: DENNY CHIN, United States Circuit Judge. Sitting By Designation.

 

OPINION BY: DENNY CHIN

 

OPINION

CHIN, Circuit Judge

Before the Court is plaintiffs’ motion pursuant to Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure for final approval of the proposed settlement of this class action on the terms set forth in the Amended Settlement Agreement (the “ASA”). The question presented is whether the ASA is fair, adequate, and reasonable. I conclude that it is not.

While the digitization of books and the creation of a universal digital library would benefit many, the ASA would simply go too far. It would permit this class action — which was brought against defendant Google Inc. (“Google”) to challenge its scanning of books and display of “snippets” for on-line searching — to implement a forward-looking business arrangement that would grant Google significant rights to exploit entire books, without permission of the copyright owners. Indeed, the ASA would give Google a significant advantage over competitors, rewarding it for engaging in wholesale copying of copyrighted works without permission, while releasing claims well beyond those presented in the case.

Accordingly, and for the reasons more fully discussed below, the motion for final approval of the ASA is denied. The accompanying motion for attorneys’ fees and costs is denied, without prejudice.

 

BACKGROUND

 

A.The Facts and Prior Proceedings

In 2004, Google announced that it had entered into agreements with several major research libraries to digitally copy books and other writings in their collections. Since then, Google has scanned more than 12 million books. It has delivered digital copies to the participating libraries, created an electronic database of books, and made text available for online searching. See generally Emily Anne Proskine, Google’s Technicolor Dreamcoat: A Copyright Analysis of the Google Book Search Library Project, 21 Berkeley Tech. L.J. 213, 220-21 (2006) (describing project). Google users can search its “digital library” and view excerpts — “snippets” — from books in its digital collection.1

 

1   The term “digital library” apparently first appeared in the 1980s, see Mary Murrell, Digital + Library: Mass Book Digitization as Collective Inquiry, 55 N.Y.L. Sch. L. Rev. 221, 230 (2010), although the notion of a “universal library — the utopian dream of gathering [] all human knowledge and, especially, all the books ever written in one place” — has been with us for many centuries, id. at 226; see also id. at 226-36 (detailing that history). It is estimated that there are 174 million unique books. (Clancy Decl. ¶ 11, ECF No. 946). The Republic of Germany reports that certain “European nations have taken affirmative steps to create a European Digital Library (‘Europeana’) that balances the needs of authors and publishers with those of users in a way that meets the interests of both.” (Mem. in Opp’n to ASA of Republic of Germany 2, ECF No. 852 (“Germany Mem.”)).

The benefits of Google’s book project are many. Books will become more accessible. Libraries, schools, researchers, and disadvantaged populations will gain access to far more books. Digitization will facilitate the conversion of books to Braille and audio formats, increasing access for individuals with disabilities. Authors and publishers will benefit as well, as new audiences will be generated and new sources of income created. Older books — particularly out-of-print books, many of which are falling apart buried in library stacks — will be preserved and given new life.2

 

2   See, e.g., Matthew Sag, The Google Book Settlement & the Fair Use Counterfactual, 55 N.Y.L. Sch. L. Rev. 19, 73 (2010) (“There is no doubt that approval of the settlement will yield enormous cultural, intellectual, and educational benefits. It will expand access to millions of out-of-print books for all readers; it will also facilitate a revolution in access for print-disabled persons and users in remote locations without immediate geographic access to the nation’s marquee research libraries. . . . From the perspective of authors and publishers, the GBS [Google Book Search] settlement promises new ways to profit from out-of-print works, as well as the possibility that increased access will draw in new readers and open up new niche markets.”).

Millions of the books scanned by Google, however, were still under copyright, and Google did not obtain copyright permission to scan the books.3 As a consequence, in 2005, certain authors and publishers brought this class action and the related case, respectively, charging Google with copyright infringement. The authors seek both damages and injunctive relief, and the publishers seek injunctive relief. Google’s principal defense is fair use under § 107 of the Copyright Act, 17 U.S.C. § 107.

 

3   “Google proceeded to scan, digitize, and copy books . . . without attempting to contract with rightsholders beforehand to obtain rights and licenses to copy in-copyright books and display portions of them on its website. In doing so, Google reversed the default copyright arrangement by shifting the burden to rightsholders to assert their rights.” Alessandra Glorioso, Google Books: An Orphan Works Solution, 38 Hofstra L. Rev. 971, 992 (2010) (footnotes omitted).

The parties engaged in document discovery and, in the fall of 2006, began settlement negotiations. On October 28, 2008, after extended discussions, the parties filed a proposed settlement agreement. The proposed settlement was preliminarily approved by Judge John E. Sprizzo by order entered November 17, 2008 (ECF No. 64). Notice of the proposed settlement triggered hundreds of objections. As a consequence, the parties began discussing possible modifications to the proposed settlement to address at least some of the concerns raised by objectors and others. On November 13, 2009, the parties executed the ASA and filed a motion for final approval of the ASA pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 23(e) (ECF No. 768). I entered an order preliminarily approving the ASA on November 19, 2009 (ECF No. 772).

Notice of the ASA was disseminated. As was the case with the original proposed settlement, hundreds of class members objected to the ASA. A few wrote in its favor. The Department of Justice (“DOJ”) filed a statement of interest raising certain concerns (ECF No. 922). Amici curiae weighed in, both for and against the proposed settlement. The Court conducted a fairness hearing on February 18, 2010.

 

B.The ASA

The ASA is a complex document. It is 166 pages long, not including attachments. Article I sets forth 162 definitions, including the capitalized terms discussed below. I will not describe the ASA in detail, but will summarize its principal provisions.

The Class consists of all persons (and their heirs, successors, and assigns) who, as of January 5, 2009, own a U.S. copyright interest in one or more Books or Inserts4 implicated by a use authorized by the ASA. Certain individuals and entities are excluded. (ASA § 1.13). The Author Sub-Class consists principally of members of the Class who are authors and their heirs, successors, and assigns. (ASA § 1.17). The Publisher Sub-Class consists of all members of the Class that are publishing companies that own a U.S. copyright interest in an Insert or have published a Book. (ASA § 1.122).

 

4   An Insert includes, for example, a foreword, prologue, or essay that is independently copyrighted, if certain other requirements are met. (ASA § 1.75).

Under the ASA, Google is authorized to (1) continue to digitize Books and Inserts, (2) sell subscriptions to an electronic Books database, (3) sell online access to individual Books, (4) sell advertising on pages from Books, and (5) make certain other prescribed uses. (ASA §§ 3.1, 4.1-4.8; see also ASA § 1.149). The rights granted to Google are non-exclusive; Rightsholders retain the right to authorize others, including competitors of Google, to use their Books in any way. (ASA §§ 2.4, 3.1(a)). Google will pay to Rightsholders 63% of all revenues received from these uses, and revenues will be distributed in accordance with a Plan of Allocation and Author-Publisher Procedures. (ASA §§ 2.1-2.4, 4.5, 5.4 & Attachs. A, C).

The ASA will establish a Book Rights Registry (the “Registry”) that will maintain a database of Rightsholders, and the Registry will administer distributions of revenues. (ASA § 6.1(b)). Google will fund the establishment and initial operations of the Registry with a payment of $34.5 million (which will also cover the costs of notice to the Class). (ASA § 2.1(c)). The Registry will be managed by a Board consisting of an equal number of Author Sub-Class and Publisher Sub-Class representatives (at least four each). (ASA § 6.2(b)). The ASA will also create an “independent” Unclaimed Works Fiduciary to represent interests with respect to, and assume responsibility for certain decisions pertaining to, unclaimed works, including pricing and book classification. (ASA §§ 3.2(e)(i), 3.3, 3.10, 4.2(c)(i), 4.3, 4.5(b)(ii), 4.7, 6.2(b)(ii)).

Rightsholders can exclude their Books from some or all of the uses listed above, and they can remove their Books altogether from the database. At any time Rightsholders can ask Google not to digitize any Books not yet digitized, and Google will use “reasonable efforts” not to digitize any such Books. (ASA §§ 1.124, 3.5(a)(i)). A Rightsholder may also request removal from the Registry of a Book already digitized, and Google is obligated to remove the Book “as soon as reasonably practicable, but it any event no later than thirty (30) days.” (ASA § 3.5(a)(i)).

As for Books and Inserts digitized before May 5, 2009, Google will pay $45 million into a Settlement Fund to make Cash Payments to Rightsholders — at least $60 per Principal Work, $15 per Entire Insert, and $5 per Partial Insert, for which at least one Rightsholder has registered a valid claim on or before the agreed-upon deadline. (ASA §§ 2.1(b), 13.4; see also Stip. & Order to Extend Cash Payment Deadline 1-2, Feb. 18, 2011, ECF No. 970). These are minimum amounts, and if more than $45 million becomes necessary to pay all eligible claims, Google will provide additional funds. If payment of all eligible claims requires less than $45 million, the Registry will distribute greater amounts up to a maximum of $300 per Principal Work, $75 per Entire Insert, and $25 per Partial Insert. (ASA § 5.1).

Going forward, the ASA provides for Google to split revenues with Rightsholders. For works covered by the ASA, Google will pay to the Registry, on behalf of Rightsholders, 70% of net revenues from sales and advertising; net revenues reflect a 10% deduction for Google’s operating costs. (ASA §§ 1.89, 1.90, 4.5(a)(i)-(ii)). Revenue splits can be renegotiated by individual Rightsholders. (ASA § 4.5(a)(iii)).

The ASA obligates the Registry to use “commercially reasonable efforts” to locate Rightsholders. (ASA § 6.1(c)). The Registry will receive payments from Google on behalf of Rightsholders and will in turn distribute them to registered Rightsholders. (ASA § 6.1(d)). Funds unclaimed after five years may be used, in part, to cover the expense of locating owners of unclaimed works. (ASA § 6.3(a)(i)(2)). After ten years, unclaimed funds may be distributed to literary-based charities. (ASA § 6.3(a)(i)(3)).5

 

5   The States of Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, Texas, and Washington objected specifically to provisions of the ASA dealing with unclaimed funds. (See Objection to ASA of Massachusetts, Pennsylvania & Washington, ECF No. 860; Objection of Connecticut to ASA, ECF No. 851; Letter from Att’y Gen. of Tex. to Court (Jan. 27, 2010) (ECF No. 887)). I need not rule on these objections at this time, as no unclaimed funds yet exist (see Pls.’ Suppl. Mem. Responding to Specific Objections 154-55, ECF No. 955 (“Pls.’ Suppl. Mem.”)), and in light of my rulings below.

The ASA distinguishes between in-print (Commercially Available) and out-of-print (not Commercially Available) Books. (ASA §§ 1.31, 3.2, 3.3). Google may not display in-print Books at all unless and until it receives prior express authorization from the Books’ Rightsholders. The ASA does give Google the right to make Non-Display Uses of in-print Books. (ASA § 3.4). Google may display out-of-print Books without the prior express authorization of the Books’ Rightsholders, but its right to do so ceases when and if the Rightsholder directs Google to stop.

 

C.The Objections

Approximately 500 submissions were filed commenting on the ASA and the original proposed settlement. The vast majority objected to the ASA.6 Some 6800 class members opted out. (Fairness Hr’g Tr. 166, Feb. 18, 2010 (Michael J. Boni)). The major objections are as follows:

 

6   Plaintiffs argue that the number of objections received is small when “viewed in light of the size of the Class, which numbers in the hundreds of thousands, or millions.” (Pls.’ Suppl. Mem. 1-2 & n.2, ECF No. 955). Some wrote in support of the ASA. (See, e.g., Letter from Gregory Crane to Court 1 (Aug. 7, 2009) (ECF No. 898) (“I am writing to support making the millions of books that Google has digitized reach the widest possible audience as quickly as possible. . . . This is a watershed event and can serve as a catalyst for the reinvention of education, research and intellectual life.”); Letter from Nat’l Fed’n of the Blind to Court 2 (Jan. 19, 2010) (ECF No. 858) (“[I]f this Court approves the settlement, the NFB and its members, as well as the estimated thirty million Americans who cannot read print due to other disabilities, will benefit from unprecedented access to information.”); Letter from Publishers Ass’n to Court 1-2 (Jan. 27, 2010) (ECF No. 825); Letter from Canadian Publishers’ Council to Court (Jan. 27, 2010) (ECF No. 826)).

 

1.Adequacy of Class Notice

Certain objectors contend that class members were given inadequate notice of the original proposed settlement as well as of the ASA. For example, the Science Fiction and Fantasy Writers of America, Inc., the American Society of Journalists and Authors, Inc., and certain foreign publisher and authors associations object to the adequacy of notice.

 

2.Adequacy of Class Representation

Certain objectors, including some foreign authors, academic authors, Insert authors, and others object to the adequacy of representation, contending that their interests are at odds with the interests of the representative plaintiffs.

 

3.Scope of Relief Under Rule 23

Certain objectors as well as the United States argue that the ASA will improperly use Rule 23 to shape a “forward-looking” business arrangement that would release claims not before the Court. They contend that the case is about the scanning of books and the display of “snippets,” while the ASA will release claims regarding the display and sale of entire books.

 

4.Copyright Concerns

Certain objectors, including two of Google’s major competitors, Amazon.com, Inc. (“Amazon”) and Microsoft Corp. (“Microsoft”), object to the ASA on the grounds it would violate existing copyright law. They contend, for example, that judicial approval of the ASA would infringe on Congress’s constitutional authority over copyright law. They contend further that the provisions of the ASA pertaining to “orphan works” would result in the involuntary transfer of copyrights in violation of the Copyright Act, as copyrighted works would be licensed without the owners’ consent. See 17 U.S.C. § 201(e).

 

5.Antitrust Concerns

Certain objectors oppose the ASA on antitrust grounds, arguing that (1) certain pricing mechanisms would constitute horizontal agreements that would violate the Sherman Act; (2) the ASA would effectively grant Google a monopoly over digital books, and, in particular, orphan books; and (3) such a monopoly would further entrench Google’s dominant position in the online search business.

 

6.Privacy Concerns

Certain objectors, including the Center for Democracy and Technology and the Electronic Privacy Information Center, contend that the ASA raises significant privacy issues, as the digitization of books would enable Google to amass a huge collection of information, including private information about identifiable users, without providing adequate protections regarding the use of such information.

 

7.International Law Concerns

Certain foreign authors and entities contend that the ASA, even with its narrowed coverage of non-U.S. works, would violate international law by, for example, requiring foreign rightsholders to determine whether they are covered and therefore must “opt out,” and also by favoring rightsholders from certain nations.

The parties have submitted detailed responses to all of the objections.

 

DISCUSSION

 

A.Applicable Law

Under Rule 23(e) of the Federal Rules of Civil Procedure, a settlement of a class action requires approval of the court. Fed. R. Civ. P. 23(e). The court may approve a settlement that is binding on the class only if it determines that the settlement is “fair, adequate, and reasonable, and not a product of collusion.” Joel A. v. Giuliani, 218 F.3d 132, 138 (2d Cir. 2000); see Fed. R. Civ. P. 23(e)(2). This analysis requires the court to consider both “the settlement’s terms and the negotiating process leading to settlement.” Wal-Mart Stores, Inc. v. Visa U.S.A. Inc., 396 F.3d 96, 116 (2d Cir.), cert. denied, 544 U.S. 1044, 125 S. Ct. 2277, 161 L. Ed. 2d 1080 (2005). “A ‘presumption of fairness, adequacy, and reasonableness may attach to a class settlement reached in arm’s-length negotiations between experienced, capable counsel after meaningful discovery.’” Id. (quoting Manual for Complex Litigation (Third) § 30.42 (1995)).

Rule 23(e) does not set forth the factors a court is to consider in determining whether an agreement is fair, reasonable, and adequate. In this Circuit, courts traditionally consider the following factors, commonly referred to as the Grinnell factors: (1) the complexity, expense, and likely duration of the litigation; (2) the reaction of the class to the settlement; (3) the stage of the proceedings and the amount of discovery completed; (4) the risks of establishing liability; (5) the risks of establishing damages; (6) the risks of maintaining a class action through trial; (7) the ability of defendants to withstand greater judgment; (8) the range of reasonableness of the settlement fund in light of the best possible recovery; and (9) the range of reasonableness of the settlement fund in light of the attendant risks of litigation. City of Detroit v. Grinnell Corp., 495 F.2d 448, 463 (2d Cir. 1974) (internal citations omitted), abrogated on other grounds by Goldberger v. Integrated Res., Inc., 209 F.3d 43 (2d Cir. 2000); see also Wal-Mart Stores, 396 F.3d at 117-19 (applying Grinnell factors in considering approval of settlement). The weight given to any particular factor varies based on the facts and circumstances of the case. 7B Charles Alan Wright, Arthur R. Miller & Mary Kay Kane, Federal Practice and Procedure: Civil § 1797.1, at 77 (3d ed. 2005).

Public policy, of course, favors settlement. Wal-Mart Stores, 396 F.3d at 116-17; accord Williams v. First Nat’l Bank, 216 U.S. 582, 595, 30 S. Ct. 441, 54 L. Ed. 625 (1910) (“Compromises of disputed claims are favored by the courts.”); TBK Partners, Ltd. v. W. Union Corp., 675 F.2d 456, 461 (2d Cir. 1982) (noting “the paramount policy of encouraging settlements”). Consequently, when evaluating a settlement agreement, the court is not to substitute its judgment for that of the parties, nor is it to turn consideration of the adequacy of the settlement “into a trial or a rehearsal of the trial.” Grinnell, 495 F.2d at 462. “Rather, the Court’s responsibility is to reach an intelligent and objective opinion of the probabilities of ultimate success should the claims be litigated and to form an educated estimate of the complexity, expense and likely duration of such litigation and all other factors relevant to a full and fair assessment of the wisdom of the proposed compromise.” In re Met. Life Derivative Litig., 935 F. Supp. 286, 292 (S.D.N.Y. 1996) (quoting Lewis v. Newman, 59 F.R.D. 525, 527-28 (S.D.N.Y. 1973) (internal quotation marks and ellipsis omitted)).

In this case, the fairness and reasonableness of the ASA has been challenged on the basis that it would release claims not properly before the Court. The Second Circuit has observed that “[b]road class action settlements are common,” and that consequently “[p]laintiffs in a class action may release claims that were or could have been pled in exchange for settlement relief.” Wal-Mart Stores, 396 F.3d at 106. But the Second Circuit has recognized that there are limits. First, “class action releases may include claims not presented and even those which could not have been presented as long as the released conduct arises out of the ‘identical factual predicate’ as the settled conduct.” Id. at 107 (quoting TBK Partners, 675 F.2d at 460). Second, the released claims must be adequately represented prior to settlement, in the sense that “[c]laims arising from a shared set of facts will not be precluded where class plaintiffs have not adequately represented the interests of class members.” Id. at 106-07, 110.7

 

7   In the context of a consent decree resolving a race discrimination class action, the Supreme Court has identified similar concerns while addressing the scope of a federal court’s remedial authority. In Local No. 93, Int’l Ass’n of Firefighters, AFL-CIO C.L.C. v. City of Cleveland (Firefighters), it held that a consent decree must (1) “spring from and serve to resolve a dispute within the court’s subject-matter jurisdiction”; (2) “com[e] within the general scope of the case made by the pleadings”; and (3) “further the objectives of the law upon which the complaint was based.” 478 U.S. 501, 525, 106 S. Ct. 3063, 92 L. Ed. 2d 405 (1986) (alteration in original) (internal quotation marks omitted). Although the consent decree in Firefighters permitted forward-looking conduct, the conduct was remedial in nature and was intended to address the harm that was the subject of the lawsuit, i.e., the past discrimination. The consent decree did not create new and independent forward-looking business arrangements.

 

B.Application

I consider the “settlement’s terms” and the “negotiating process” in the context of discussing the Grinnell factors. As the Second Circuit did in Wal-Mart Stores, I combine certain of the factors and discuss them together. See 396 F.3d at 118 (combining fourth, fifth, and sixth factors), 119 (combining eighth and ninth factors). Of course, I consider also the objections to the ASA.

As a preliminary matter, I conclude that most of the Grinnell factors favor approval of the settlement. The ASA was the product of arm’s length negotiations between experienced, capable counsel, with assistance from DOJ. Further litigation would be complex, expensive, and time-consuming. Although the parties have conducted only limited discovery, the case has been pending for some years. The legal and factual issues are complex, and there is a risk that if plaintiffs were to proceed to trial, they would be unable to establish liability or prove damages. As discussed further below, substantial questions exist as to whether the case could be maintained as a class action, in its present form, through trial. In light of the attendant risks, the financial aspects of the ASA fall well within the range of reasonableness.

Only two of the Grinnell factors weigh against approval of the settlement: the reaction of the class and defendant’s ability to withstand judgment. As for the latter, there is no real risk that a judgment following trial would render Google insolvent, and thus the avoidance of insolvency is not an issue. The former, however, is important. Not only are the objections great in number, some of the concerns are significant. Further, an extremely high number of class members — some 6800 — opted out. See In re Gen. Motors Corp. Pick-Up Truck Fuel Tank Prods. Liab. Litig., 55 F.3d 768, 785, 812 (3d Cir. 1995) (noting that “the number and vociferousness of the objectors” is a factor to consider in weighing reasonableness of proposed settlement). I turn to the objections now.

 

1.Adequacy of Class Notice

The objections to the adequacy of the class notice are rejected. I am satisfied that the class received adequate notice. More than 1.26 million individual notices in thirty-six languages were sent directly to copyright owners, potential class members, and publisher and author associations worldwide. (Pls.’ Suppl. Mem. 36-37, 54-60, ECF No. 955). Plaintiffs also established a website to provide information about the case, the original proposed settlement, and the ASA. Of course, the case has received enormous publicity, and it is hard to imagine that many class members were unaware of the lawsuit. (But see Objections of Wash. Legal Found. to ASA & Class Certification, ECF No. 901 (objecting to notice)).

 

2.Adequacy of Class Representation

The adequacy of representation inquiry considers whether “1) plaintiff’s interests are antagonistic to the interest of other members of the class and 2) plaintiff’s attorneys are qualified, experienced and able to conduct the litigation.” Baffa v. Donaldson, Lufkin & Jenrette Sec. Corp., 222 F.3d 52, 60 (2d Cir. 2000). Here, representative plaintiffs are represented by counsel highly experienced in class action and copyright litigation. I am confident that they are qualified, experienced, and able to conduct the litigation.

As to the first prong of the analysis, however, as discussed below, I conclude that there is a substantial question as to the existence of antagonistic interests between named plaintiffs and certain members of the class. See Amchem Prods., Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591, 595, 117 S. Ct. 2231, 138 L. Ed. 2d 689 (1997) (“[T]he settling parties achieved a global compromise with no structural assurance of fair and adequate representation for the diverse groups and individuals affected.”). While it is true, as plaintiffs argue, that “differences in views or characteristics between class members do not mean the Class has not been adequately represented” (Pls.’ Suppl. Mem. 24, ECF No. 955), the differences here are troubling.

 

3.Scope of Relief Under Rule 23

The ASA can be divided into two distinct parts. The first is a settlement of past conduct and would release Google from liability for past copyright infringement. The second would transfer to Google certain rights in exchange for future and ongoing arrangements, including the sharing of future proceeds, and it would release Google (and others) from liability for certain future acts. (See, e.g., ASA §§ 10.1(f), 10.1(g), 10.2(a)).8 I conclude that this second part of the ASA contemplates an arrangement that exceeds what the Court may permit under Rule 23. As articulated by the United States, the ASA “is an attempt to use the class action mechanism to implement forward-looking business arrangements that go far beyond the dispute before the Court in this litigation.” (DOJ Statement of Interest 2, Feb. 4, 2010, ECF No. 922 (“DOJ SOI”)).9 Moreover, the Rules Enabling Act provides that the rules of procedure “shall not abridge, enlarge or modify any substantive right.” 28 U.S.C. § 2072(b). As the Supreme Court noted in Amchem: “Rule 23 . . . must be interpreted with fidelity to the Rules Enabling Act and applied with the interests of absent class members in close view.” 521 U.S. at 629.

 

8   The United States is of the view that the first part of the settlement — settling claims for past infringement based on digitization for use of snippets — is a matter that is appropriately settled in this case, while the second part — the series of forward-looking commercial arrangements — is not. (Hr’g Tr. 117-18 (William Cavanaugh)).

9   But see Uhl v. Thoroughbred Tech. & Telecomms., Inc., 309 F.3d 978 (7th Cir. 2002) (affirming approval of settlement of class action based on forward-looking business arrangement).

Although I am persuaded that the parties are seeking in good faith to use this class action to create an effective and beneficial marketplace for digital books, I am troubled in several respects.

 

a.A Matter for Congress

First, the establishment of a mechanism for exploiting unclaimed books is a matter more suited for Congress than this Court. The ASA would create, for example, the Registry and the Fiduciary. Together, they would represent — purportedly on an independent basis — the interests of Rightsholders, including those who have not registered but are covered merely because they did not opt out.

The questions of who should be entrusted with guardianship over orphan books, under what terms, and with what safeguards are matters more appropriately decided by Congress than through an agreement among private, self-interested parties. Indeed, the Supreme Court has held that “it is generally for Congress, not the courts, to decide how best to pursue the Copyright Clause’s objectives.” Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186, 212, 123 S. Ct. 769, 154 L. Ed. 2d 683 (2003); accord Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 429, 104 S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2d 574 (1984) (“[I]t is Congress that has been assigned the task of defining the scope of the limited monopoly that should be granted to authors or to inventors in order to give the public appropriate access to their work product.”).10 In Sony, the Supreme Court noted that it was Congress’s responsibility to adapt the copyright laws in response to changes in technology:

 

From its beginning, the law of copyright has developed in response to significant changes in technology. Indeed, it was the invention of a new form of copying equipment — the printing press — that gave rise to the original need for copyright protection. Repeatedly, as new developments have occurred in this country, it has been the Congress that has fashioned new rules that new technology made necessary.

 

 

464 U.S. at 430-31 (footnotes omitted).

 

10   See also Amchem Prods., 521 U.S. at 628-29 (“The argument is sensibly made that a nationwide administrative claims processing regime would provide the most secure, fair, and efficient means of compensating victims of asbestos exposure. Congress, however, has not adopted such a solution.”).

In fact, Congress has made “longstanding efforts” to enact legislation to address the issue of orphan works. (Objections of Microsoft to ASA & Certification of Class 4-5 & nn.10-11, ECF No. 874 (quoting Statement of Marybeth Peters)). “Orphan Books” legislation was proposed in Congress in 2006 and 2008, but the proposed laws were not enacted. See Glorioso, supra n.3, at 980 (reviewing proposed legislation).

As discussed below, the ASA would also raise international concerns, and foreign countries, authors, and publishers have asserted that the ASA would violate international law. For this reason as well, the matter is better left for Congress.

 

b.The Scope of the Pleadings

Second, the ASA would release claims well beyond those contemplated by the pleadings. This case was brought to challenge Google’s use of “snippets,” as plaintiffs alleged that Google’s scanning of books and display of snippets for online searching constituted copyright infringement. Google defended by arguing that it was permitted by the fair use doctrine to make available small portions of such works in response to search requests. There was no allegation that Google was making full books available online, and the case was not about full access to copyrighted works. The case was about the use of an indexing and searching tool, not the sale of complete copyrighted works.

The parties argue that the pleadings are not limited to plaintiffs’ claims with respect to the display of snippets, citing the Third Amended Complaint. (Pls.’ Suppl. Mem. 33-34, ECF No. 955 (quoting Third Am. Compl. ¶¶ 4-8, 60, ECF No. 782)). While it is true that the pleadings refer to broader conduct (including the creation of “digital copies” of books (Third Am. Compl. ¶ 4, ECF No. 782; see also Hr’g Tr. 158-59 (“When the publishers sued, they sued for the intial act of scanning our books without permission, cover to cover. We were not so concerned about what uses were made.”) (Bruce P. Keller))), the copying and display of copyrighted material occurred in the context of “Google Book Search,” which “is designed to allow users to search the text of books online. The digital archiving of the Books that are the subject of this lawsuit was undertaken by Google as part of Google Book Search.” (Third Am. Compl. ¶ 41, ECF No. 782; see also id. ¶ 55 (describing Google’s agreements with four university libraries and one public library “to ‘digitally scan books from their collections so that users worldwide can search them in Google’”)).

Google did not scan the books to make them available for purchase, and, indeed, Google would have no colorable defense to a claim of infringement based on the unauthorized copying and selling or other exploitation of entire copyrighted books.11 Yet, the ASA would grant Google the right to sell full access to copyrighted works that it otherwise would have no right to exploit.12 The ASA would grant Google control over the digital commercialization of millions of books, including orphan books and other unclaimed works.13 And it would do so even though Google engaged in wholesale, blatant copying, without first obtaining copyright permissions. While its competitors went through the “painstaking” and “costly” process of obtaining permissions before scanning copyrighted books, “Google by comparison took a shortcut by copying anything and everything regardless of copyright status.” (Hr’g Tr. 43 (Thomas Rubin, counsel for Microsoft)). As one objector put it: “Google pursued its copyright project in calculated disregard of authors’ rights. Its business plan was: ‘So, sue me.’” (Objection of Robert M. Kunstadt to Proposed Settlement 3, ECF No. 74).14

 

11   Counsel for Google acknowledged at the fairness hearing that Google would not have tried to defend digitizing and selling entire books. (Hr’g Tr. 150 (Daralyn J. Durie)).

12   Certain authors note, for example, that the ASA would release other intellectual property claims that were never asserted in the case. (Objections of Arlo Guthrie et al. to Proposed Class Action Settlement Agreement 14, ECF Nos. 209, 849-2 (“This expansive release [ASA § 10.1(f)] bars class members from protecting their most fundamental intellectual property rights, including for example the trademark interests of Catherine Ryan Hyde [to the mark Pay It Forward]. . . . Moreover, the release would preclude authors from pursuing any number of other claims commonly associated with full protection of their intellectual property rights — including for example right of publicity, disparagement, and tortious interference claims — that also were not alleged.”)).

13   As articulated by the academic authors objecting to the ASA: “The Google Book Search (GBS) initiative envisioned in the [ASA] is not a library. It is instead a complex and large-scale commercial enterprise in which Google — and Google alone — will obtain a license to sell millions of books for decades to come.” (Letter from Pamela Samuelson to Court (Jan. 27, 2010) (ECF No. 893) (“Samuelson Letter”)).

14   Some objectors accused Google of engaging in piracy. (See, e.g., Letter from Erika Faith Larsen to Court 1 (Jan. 27, 2010) (ECF No. 818) (“I am opting out because I believe this to be a copyright infringement and a form of pirating.”); Letter from William Ash to Court 1 (Jan. 12, 2010) (ECF No. 884) (“Google . . . is trying to benefit by weakening copyright. It seems to first want to do this with ‘orphaned’ works based on the shady practice of stealing by finding. . . . Google is trying to legalize piracy.”)).

Applying Firefighters, I conclude that the released claims would not come within “the general scope of the case made by the pleadings.” 478 U.S. at 525.15 Applying Wal-Mart Stores, I conclude that the released conduct would not arise out of the “identical factual predicate” as the conduct that is the subject of the settled claims. 396 F.3d at 107 (citation omitted).

 

15   As for the third prong of the Firefighters test, supporters of the proposed settlement argue that it would “serve[] copyright law’s central purpose of advancing knowledge and culture by furthering copyright’s social utility and social justice goals through inclusion of those who have been excluded. The Google Books Project furthers these goals by using an accepted copyright mechanism (i.e., a private, court-supervised settlement) to address the novel copyright problems presented by the new technologies, while still preserving the rights of copyright holders.” Lateef Mtima & Steven D. Jamar, Fulfilling the Copyright Social Justice Promise: Digitizing Textual Information, 55 N.Y.L. Sch. L. Rev. 77, 79-80 (2010); see Harper & Row Pubs., Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539, 545, 105 S. Ct. 2218, 85 L. Ed. 2d 588 (1985) (“[C]opyright is intended to increase and not to impede the harvest of knowledge.”). As discussed below, however, the ASA raises significant copyright concerns as well.

 

c.The Interests of Class Members

Third, the class plaintiffs have not adequately represented the interests of at least certain class members. See Wal-Mart Stores, 396 F.3d at 106-07, 110. The academic author objectors, for example, note that their interests and values differ from those of the named plaintiffs: “Academic authors, almost by definition, are committed to maximizing access to knowledge. The [Authors] Guild and the [Association of American Publishers], by contrast, are institutionally committed to maximizing profits.” (Samuelson Letter 3 (ECF No. 893)).16 In addition, the class representatives have interests that may be at odds, at least in part, with interests of foreign Rightsholders, as discussed below. Likewise, the named plaintiffs have interests different from Rightsholders who do not come forward to register. The parties have little incentive to identify and locate the owners of unclaimed works, as fewer opt-outs will mean more unclaimed works for Google to exploit.17

 

16   Many academic authors, for example, would prefer that orphan books be treated on an “open access” or “free use” basis rather than one where they would be controlled by one private entity. (See Hr’g Tr. 55-57 (Pamela Samuelson)).

17   Plaintiffs contend that “one of the Registry’s core missions is to locate Rightsholders of unclaimed out-of-print books . . . . The Registry will strive to locate the Rightsholders of unclaimed Books.” (Pls.’ Suppl. Mem. 21, ECF No. 955).

Plaintiffs argue that in “virtually every class action settlement, a percentage (often a high percentage) of class members does not file claims or otherwise participate but, nevertheless, their claims are released. From a Rule 23 perspective, there is no more an ‘orphan’ problem here than in any other class action settlement in which less than 100% of the class participates.” (Pls.’ Suppl. Mem. 3-4, ECF No. 955). I disagree. While it is true that in virtually every class action many class members are never heard from, the difference is that in other class actions class members are merely releasing “claims” for damages for purported past aggrievements. In contrast, here class members would be giving up certain property rights in their creative works, and they would be deemed — by their silence — to have granted to Google a license to future use of their copyrighted works.

 

4.Copyright Concerns

As alluded to above, the Copyright Clause of the Constitution grants Congress the power “[t]o promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.” U.S. Const. art. I, § 8, cl. 8. The Supreme Court has recognized that courts should encroach only reluctantly on Congress’s legislative prerogative to address copyright issues presented by technological developments: “Sound policy, as well as history, supports our consistent deference to Congress when major technological innovations alter the market for copyrighted materials.” Sony, 464 U.S. at 431.

The ASA raises statutory concerns as well. Certain objectors contend that the ASA’s opt-out provisions would grant Google the ability to expropriate the rights of copyright owners who have not agreed to transfer those rights. (See, e.g., Objection of Amazon to ASA 9, ECF No. 823). The argument may have merit. The Copyright Act provides:

When an individual author’s ownership of a copyright, or any of the exclusive rights under a copyright, has not previously been transferred voluntarily by that individual author, no action by any governmental body or other official or organization purporting to seize, expropriate, transfer, or exercise rights of ownership with respect to the copyright, or any of the exclusive rights under the copyright, shall be given effect under this title, except as provided under title 11.

 

 

17 U.S.C. § 201(e). Yet, the ASA proposes to expropriate rights of individuals involuntarily.

Plaintiffs argue that § 201(e) was enacted to prevent governmental suppression of copyrights and that it does not apply to private parties. (Pls.’ Suppl. Mem. 113, ECF No. 955 (citing, e.g., In re Peregrine Entm’t, Ltd., 116 B.R. 194, 206 n.16 (C.D. Cal. 1990))). The statute, however, refers to “any governmental body or other official or organization,” and at a minimum a fair question exists as to whether this Court or the Registry or the Fiduciary would be expropriating copyright interests belonging to authors who have not voluntarily transferred them. As Professor Nimmer has written: “By its terms Section 201(e) is not limited to acts by governmental bodies and officials. It includes acts of seizure, etc., by any ‘organization’ as well.” 3 Melville B. Nimmer & David Nimmer, Nimmer on Copyright § 10.04 (Rev. Ed. 2010) (footnote omitted). In any event, I need not decide the precise question of whether the ASA would in fact violate § 201(e); the notion that a court-approved settlement agreement can release the copyright interests of individual rights owners who have not voluntarily consented to transfer is a troubling one. See also 17 U.S.C. § 106(1), (3) (“[T]he owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: . . . reproduce the copyrighted work . . . [and] distribute copies . . . of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership.”) (emphasis added).

A copyright owner’s right to exclude others from using his property is fundamental and beyond dispute. See Fox Film Corp. v. Doyal, 286 U.S. 123, 127, 52 S. Ct. 546, 76 L. Ed. 1010 (1932) (“The owner of the copyright, if he pleases, may refrain from vending or licensing and content himself with simply exercising the right to exclude others from using his property.”). As counsel for Amazon argued: “[T]he law of the United States is a copyright owner may sit back, do nothing and enjoy his property rights untrammeled by others exploiting his works without permission.” (Hr’g Tr. 46-47 (David Nimmer)). Under the ASA, however, if copyright owners sit back and do nothing, they lose their rights. (See id. at 47). Absent class members who fail to opt out will be deemed to have released their rights even as to future infringing conduct. “Copyright owners who are not aware that the [ASA] affects their interest unknowingly leave Google to decide how their books are used.” Glorioso, supra n.3, at 992.

Many objectors highlighted this concern in their submissions to the Court. An author from the United Kingdom states, very simply: “I do not want my books to be digitized.” (Letter from Tony Peake to Settlement Administrator 1 (Dec. 24, 2009) (ECF No. 821)). A 79-year old nature writer and author of 23 books illustrated with photographs of animals in the wild worries that the loss of control over her works could result in their being used to “vilif[y] the wildlife I spent my life trying to help the public come to understand and protect.” (Letter from Hope Ryden to Court 1 (Apr. 17, 2009) (ECF No. 84)). An author from Canada writes: “I am opting out because I believe in the integrity of copyright. I believe that only I, myself, should have the right to determine how my work can be used.” (Letter from Dina E. Cox to Court 1 (Jan. 19, 2010) (ECF No. 783)). Finally, an author from Texas gives the example of her grandfather. He self-published a memoir, Dust and Snow, in 1988. He passed away in the 1990s, and the copyright to the book passed to his three daughters. The author observes:

From Google’s point of view, Dust and Snow is an “orphaned” book. If and when Google scans it, the company is likely to be unsuccessful in trying to locate the publisher, since the book was self-published and my grandfather is now deceased. In essence, the way the settlement is written, such “orphaned” titles are automatically handed to Google free of charge to do with as it will.

From my family’s point of view, Dust and Snow is not orphaned at all. It is very clear who owns the copyright. So why is Google being granted the automatic right to take over the copyright of books like my grandfather’s?

 

 

(Letter from Margaret Jane Ross to Court 2 (Jan. 20, 2010) (ECF No. 787)).

While the named plaintiffs and Google would argue that these authors can simply opt out (see Hr’g Tr. 144 (Daralyn J. Durie)), the comments underscore certain points. First, many authors of unclaimed works undoubtedly share similar concerns. Second, it is incongruous with the purpose of the copyright laws to place the onus on copyright owners to come forward to protect their rights when Google copied their works without first seeking their permission.18 Third, there are likely to be many authors — including those whose works will not be scanned by Google until some years in the future — who will simply not know to come forward.19

 

18   In one submission, two literary agents expressed this concern eloquently:

 

By accepting this settlement, the court will be setting a highly questionable precedent, usurping the role of the legislature by creating a legal loophole for one corporation and reversing the very foundation of copyright protection. We who have devoted our lives to assisting the work of creative individuals are left with a sense of moral indignation. We have pledged, in our contracts with clients, to sell or license their rights to ethically and financially sound purchasers and licensees. And for many years we have toiled over agreements and contracts to accomplish this, aided by the protections of the law. The situation we find ourselves in now is one of dismay and powerlessness, with only the weak ability to “object” or opt out. We beseech you to give authors back their rights. Force Google to negotiate like any other publisher. And let us get back to work.

 

 

(Letter from Stuart Bernstein & Susan Bergholz to Court 3-4 (Jan. 26, 2010) (ECF No. 888)).

19   Google notes that under the ASA — and unlike in other class actions — class members retain “the right to change their mind. They can pull their books from the program at any point in time in the future.” (Hr’g Tr. 152 (Daralyn J. Durie)).

 

5.Antitrust Concerns

The United States, Amazon, and Microsoft, among others, raise a number of antitrust concerns presented by the ASA.

The ASA would give Google a de facto monopoly over unclaimed works. Only Google has engaged in the copying of books en masse without copyright permission. (See DOJ SOI 21, ECF No. 922; Hr’g Tr. 43 (Thomas Rubin)). As the United States observed in its original statement of interest:

This de facto exclusivity (at least as to orphan works) appears to create a dangerous probability that only Google would have the ability to market to libraries and other institutions a comprehensive digital-book subscription. The seller of an incomplete database — i.e., one that does not include the millions of orphan works — cannot compete effectively with the seller of a comprehensive product.

 

 

(DOJ Statement of Interest 24, Sept. 18, 2009, ECF No. 720). And as counsel for the Internet Archive noted, the ASA would give Google “a right, which no one else in the world would have, . . . to digitize works with impunity, without any risk of statutory liability, for something like 150 years.” (Hr’g Tr. 95 (Hadrian Katz)).

The ASA would arguably give Google control over the search market. (See, e.g., Suppl. Mem. of Open Book Alliance in Opp’n to ASA 14-19, ECF No. 840). The ASA would permit third parties to display snippets from books scanned by Google, but only if they “have entered into agreements with Google.” (ASA § 3.9). Likewise, the ASA would permit third parties to “index and search” scanned books only if they are non-commercial entities or they otherwise have Google’s prior written consent. (ASA §§ 1.123, 1.93(e), 7.2(b)). The ASA would broadly bar “direct, for profit, commercial use of information extracted from Books in the Research Corpus” except with the express permission of the Registry and Google. (ASA § 7.2(d)(viii)). Google’s ability to deny competitors the ability to search orphan books would further entrench Google’s market power in the online search market. Cf. United States v. Griffith, 334 U.S. 100, 109, 68 S. Ct. 941, 92 L. Ed. 1236 (1948) (holding that owners of movie theaters with monopoly power in certain towns violated § 2 of Sherman Act by obtaining exclusive licensing agreements for first-run films, allowing them to foreclose competition and establish monopolies in more towns).20 (See Mem. of Internet Archive in Opp’n to ASA 3-4, ECF No. 811 (“Internet Archive Mem.”) (“Google would have the right to make complete copies of orphan works and use them for both display and non-display purposes, with no risk of copyright liability. Competitors that attempted to do the same thing, however, would face exposure to statutory damages.”)).

 

20   Nor is it merely Google’s competitors that have raised antitrust concerns. For example, amicus curiae Public Knowledge, a non-profit public interest organization “devoted to preserving the free flow of information in the digital age,” objects that the ASA would grant Google “a monopoly in the market for orphan books.” (Br. of Pub. Knowledge in Opp’n to ASA 2, ECF No. 895). It argues that “public access to orphan books must be open to all comers on a level playing field.” (Id.). In addition, the Institute for Information Law and Policy at New York Law School argues:

 

The heart of the [ASA] is that it would give Google a license to sell complete copies of out-of-print books unless their copyright owners object. It is all but certain that many orphan copyright owners will be unable to object. This sweeping default license will operate only in Google’s favor, instantly giving it a dominant market position.

 

 

(Letter from Inst. for Info. Law & Policy to Court 5 (Jan. 28, 2010) (ECF No. 856)).

 

6.Privacy Concerns

The Consumer Watchdog, Privacy Authors and Publishers, and others raise privacy concerns. The Consumer Watchdog argues that the ASA would give Google “the ability to collect nearly unlimited data about the activities of users of its Book Search and other programs, including users’ search queries, the identity of books a particular user reads, how long that reader spends on each book, and even what particular pages were read.” (Second Br. of Consumer Watchdog in Opp’n to ASA 11, ECF No. 841). These objectors contend that the ASA fails to provide adequate protections for users of Google Book Search. (Id. at 11-12; Privacy Authors & Publishers’ Objection to Proposed Settlement 16, ECF No. 281). They contend that the ASA fails to follow established law that protects reader privacy by limiting the disclosure of reader information. (Privacy Authors & Publishers’ Objection to Proposed Settlement 16-20, ECF No. 281 (citing case law and state statutes)).

The privacy concerns are real. Yet, I do not believe that they are a basis in themselves to reject the proposed settlement. The ASA provides that contact information provided by Class members to the Registry will not be disclosed to Google or the public if the Class member so requests. (ASA § 6.6(c)(iii), (d)). It also provides that Google shall maintain in confidence any Rightsholder’s personally identifiable information received in connection with the settlement. (ASA § 6.6(f)). Google has “committed” to certain safeguards (Def.’s Br. in Supp. of Approval of ASA 55-56, ECF No. 941), although these are voluntary undertakings only. I would think that certain additional privacy protections could be incorporated, while still accommodating Google’s marketing efforts.

 

7.International Law Concerns

The original settlement included any book subject to a U.S. copyright interest as of the Notice Commencement Date. That definition would have included all books published after 1989 in any country that is a signatory to the Berne Convention because the Berne Convention guarantees that foreign authors be given the same rights and privileges for their works as domestic authors. As the United States signed onto the Berne Convention in 1988, and it became effective in 1989, foreign books are covered by U.S. copyright protection (regardless of formal registration) after the effective date.

The ASA narrowed the definition so that any non-”United States work,” see 17 U.S.C. § 101, is covered only if the copyright was affirmatively registered in Washington, D.C. or if the Book was published in Canada, the United Kingdom, or Australia, on or before January 5, 2009 (ASA § 1.19). Plaintiffs also added “six non-U.S. based Representative Plaintiffs who fairly and adequately represent the interests of Class members whose Books and Inserts were published in the U.K., Canada or Australia.” (Pls.’ Suppl. Mem. 25, ECF No. 955).

Foreign rightsholders remain concerned, however, because many foreign books were registered in the United States to ensure coverage under U.S. law, especially those registered before 1989. (See, e.g., Germany Mem. 2-3, ECF No. 852; Suppl. Decl. of French Republic 2, ECF No. 853; Objections of Carl Hanser Verlag et al. 1-2, ECF No. 868 (publishing and author associations in Germany, Switzerland, Austria, Italy, and New Zealand); Letter from Literar Mechana to Court 1 (Jan. 18, 2010) (ECF No. 797)). VG Wort, a German “collecting society” representing authors and publishers of literary works and the fiduciary owner of some 380,000 German authors and 9000 German publishers, notes that many foreign copyright owners remain members of the class because they registered their works with the U.S. Copyright Office. (Letter from VG Wort to Court 3-4 (Jan. 21, 2010) (ECF No. 857)). Indeed, France and Germany, as well as many authors and publishers from countries such as Austria, Belgium, India, Israel, Italy, Japan, New Zealand, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom continue to object to the ASA, even with the revisions.

Many foreign objectors express concern as to whether the ASA would violate international law, including the Berne Convention and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Indian authors and publishers, for example, object that the ASA “continues to provide Google with sweeping rights to exploit works of Indian authors/publishers under copyright protection without their express permission/consent, a violation of international and Indian copyright laws.” (Objections of Niyogi Books et al. 1, ECF No. 807). An association of Canadian university teachers asserts that the ASA would “put[] the United States in violation of international intellectual property law and specifically in violation of trade agreements among Canada, the United States, and other parties as those agreements relate to copyright.” (Letter from Canadian Ass’n of Univ. Teachers to Court 2 (Jan. 28, 2010) (ECF No. 900)). The Japan P.E.N. Club, an organization consisting of poets, playwrights, essayists, editors, and novelists in Japan, also opposes approval of the ASA, arguing that the settlement would give Google “an almost insurmountable market advantage worldwide in the world of digital book publishing, while granting it a monopoly at home in the United States and other English-speaking countries.” (Japan P.E.N. Club Amicus Curiae Br. in Opp’n to ASA 6, ECF No. 848-2).

Google responds that “this case is about United States copyright interests. It’s about uses of works in the United States.” (Hr’g Tr. 157-58 (Daralyn J. Durie)). This argument, however, ignores the impact the ASA would have on foreign rightsholders. In any event, I need not decide whether the ASA would violate international law. In light of all the circumstances, it is significant that foreign authors, publishers, and, indeed, nations would raise the issue.

A number of foreign objectors also complain that it was difficult for foreign authors to determine whether they were covered by the ASA. (See, e.g., Germany Mem. 6-7, ECF No. 852; Letter from Centro Español de Derechos Reprográficos to Court 1 (Jan. 22, 2010) (ECF No. 827); Letter from Irish Copyright Licensing Agency Ltd. to Court 1 (Jan. 26, 2010) (ECF No. 881); Letter from Assucopie to Court 1 (Jan. 22, 2010) (ECF No. 882)).21 Works registered in the Copyright Office before 1978, for example, are not included in the online directory, and until recently the only way such foreign rightsholders could search the Copyright Office records was to do so in person in Washington, D.C., or by commissioning a member of the Copyright Office staff to conduct a search for a fee of $330. (Objections of Carl Hanser Verlag et al. 12, ECF No. 868).

 

21   There was some support for approval of the ASA from Australia, Canada, and the United Kingdom (see, e.g., Letter from Publishers Ass’n to Court 1 (Jan. 27, 2010) (ECF No. 825) (United Kingdom); Letter from Canadian Publishers’ Council to Court 1 (Jan. 27, 2010) (ECF No. 826); Letter from Australian Publishers Ass’n to Court 1 (Jan. 28, 2010) (ECF No. 830); Letter from Soc’y of Authors to Court 1-2 (Jan. 22, 2010) (ECF No. 876) (United Kingdom)), although not everyone from those countries agreed (see, e.g., Letter from Diana Kimpton to Court 1 (Jan. 10, 2010) (ECF No. 817) (United Kingdom); Letter from Jenny Darling & Assocs. to Court 1 (Jan. 22, 2010) (ECF No. 886) (Australia); Letter from Canadian Ass’n of Univ. Teachers to Court 1 (Jan. 28, 2010) (ECF No. 900)).

In addition, certain foreign objectors emphasize that the problem of orphan books is a global one. As Germany notes: “Courts and class action settlements are not the proper province for creating a cutting edge copyright . . . framework to bind future generations and impact global competition for the future of digital libraries.” (Germany Mem. 11, ECF No. 852). Likewise, France argues:

Concerning «Unclaimed books«, national laws on «orphan« or «unclaimed« books in the digital age are now being elaborated in many countries. Each nation, pursuant to its own governing laws and structure, is the only actor with sufficient legitimacy to make decisions that affect Copyright. France considers that, in the meantime, any digital exploitation of books must abide by the international principles of copyright and, in particular, the prior consent of the rights holders.

 

 

(Suppl. Decl. of French Republic 2, ECF No. 853). The fact that other nations object to the ASA, contending that it would violate international principles and treaties, is yet another reason why the matter is best left to Congress.22

 

22   Germany further argues as follows:

 

The [ASA] still rewards Google — a serial scanning infringer — with a de facto exclusive license regarding copyrights held by authors for books published in the United States, Canada, Australia, and United Kingdom, as well as over German and other international authors whose books have been registered in the United States. Competing digital libraries in Germany (“Deutsche Digitale Bibliothek”) and throughout the world do not enjoy rights to such authors or “Orphan Works” because Germany requires licensing of rights prior to the usage of Orphan Works. Such a sweeping de facto compulsory license system would require legislative action (equivalent to Congressional action) in Germany.

 

 

(Germany Mem. 8, ECF No. 852).

 

CONCLUSION

In the end, I conclude that the ASA is not fair, adequate, and reasonable. As the United States and other objectors have noted, many of the concerns raised in the objections would be ameliorated if the ASA were converted from an “opt-out” settlement to an “opt-in” settlement. (See, e.g., DOJ SOI 23, ECF No. 922; Internet Archive Mem. 10, ECF No. 811). I urge the parties to consider revising the ASA accordingly.

The motion for final approval of the ASA is denied, without prejudice to renewal in the event the parties negotiate a revised settlement agreement. The motion for an award of attorneys’ fees and costs is denied, without prejudice.

The Court will hold a status conference on April 25, 2011, at 4:30 p.m., in Courtroom 11A of the Daniel Patrick Moynihan Courthouse.

SO ORDERED.

Dated: March 22, 2011

New York, New York

/s/ Denny Chin

DENNY CHIN

United States Circuit Judge

Sitting By Designation