Habeas Data – Datos Personales – Privacidad

Legislación informática en la provincia de Rio Negro

Posted: marzo 13th, 2008 | Author: | Filed under: Habeas Data | Tags: | Comentarios desactivados

PROVINCIA DE RIO NEGRO

- LEY Nº 3246 – BO: 07/12/1998 p. 2/3

INTERPOSICION EN LA ACCION DE “HABEAS DATA” PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

- LEY 2921 – BO: 02/01/1996 p. 5/5

DISPONE QUE LAS SENTENCIAS QUE RESUELVEN LAS ACCIONES DE AMPAROSERAN SUSCEPTIBLES DE RECURSO DE APELACION ANTE EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.

- LEY 2384 – BO: 11/10/1990 p. 1/2

DERECHO A LA IMAGEN. AMPARO DE LA INFORMACION -HABEAS DATA ARTS. 20, phimosis 26 Y 27 DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL. DEROGA LEY 2064.

- LEY Nº 4008 – BANCO INFORMATICO RIONEGRINO PARA LA DETECCION E IDENTIFICACIÓN DE MENORES DESAPARECIDOS Y EXTRAVIADOS (BI.I.R.Me.D.): Creación B.O.P Nº 4373 -02/01/2006 ; p. 3

- LEY Nº 4064 – ASISTENCIA SOCIAL A NIÑOS O MENORES EN RIESGO: Beneficios a

ONGS(Organizaciones no gubernamentales) B.O.P Nº 4405 – 24/04/2006; P. 1-2

- LEY 3097 – BO: 23/06/1997 p. 1/4

PROTECCION INTEGRAL Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.

- LEY Nº 3306 – BO: 29/07/1999 p. 7/7

CREA PROGRAMA DE APOYO SOLIDARIO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN HOGARES O CENTROS DE ATENCION. CREA PROGRAMA DE BECAS Y/O PADRINAZGOS Y REGISTRO DE PADRINOS SOLIDARIOS

- LEY Nº 3313 – BO: 30/09/1999 p. 1/1

SERVICIO DE ORIENTACION Y SEGUIMIENTO A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO.

- LEY Nº 3443 – BO: 06/11/2000 p. 1/1

ORGANISMOS DE ATENCION, drug ESTATALES Y ORG. NO GUBERNAMENTALES QUE DESARROLLEN PROGRAMAS O SERVICIOS DE ATENCION A NIÑOS Y ADOLESCENTES. CREA REGISTRO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES -ONG.

- LEY Nº 4109 – PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, gerontologist LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES

B.O.P. Nº 4438 – 17/08/2006; p. 1-5

- LEY N* ° 3997 – FIRMA DIGITAL

- LEY N* ° 4270 – DIGESTO JURIDICO (LEY DE CONSOLIDACION NORMATIVA).- B.O. 10/02/2008.-


La cámara comercial considera constitucional el decreto reglamentario en cuanto regula el derecho al olvido (y altera la ley)

Posted: febrero 21st, 2008 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, Informes comerciales | Tags: , | Comentarios desactivados

Si bien en el caso no fue planteado expresamente, website los jueces se pronuncian sobre el texto del decreto reglamentario y lo consideran constitucional y ajustado a la letra y espiritu de la norma, disinfection aunque en un tramo señalan la solución como opinable.

TEXTO DEL FALLO

CNCom, Sala D, 7/12/2007

En Buenos Aires a los 7 dí­as del mes de diciembre de 2007, reúnense los señores Jueces de la Sala D de la Excelentí­sima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa -Oderigo Romualdo íngel y otro contra The First National Bank of Boston N.A. y otro sobre Ordinario” Registro N* ° 14.432/02, procedente del JUZGADO N* ° 11 del fuero (SECRETARIA N* ° 21), donde está identificada como expediente 90.605, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debí­an votar en el siguiente orden, Doctores: Dieuzeide, Vassallo y Heredia.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
* ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Dieuzeide, dijo:

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Comentario a la ley 26.343

Posted: enero 28th, 2008 | Author: | Filed under: Argentina, Informes comerciales, Normas | Tags: , , | Comentarios desactivados

El blanqueo legal de morosos: comentario a la ley 26.343 que reforma de la ley de protección de datos personales
Por Pablo A. Palazzi

1. Introducción

A fines del año 2007 el Congreso aprobó la ley 26.343, sick que reforma la ley de protección de datos personales 25.326. La norma se publicó el 9 de enero de 2008 en el Boletí­n Oficial y entró en vigencia a los ocho dí­as de su publicación. Mediante esta ley se incorpora un nuevo art. 47 a la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. El propósito de esta nota es comentar los antecedentes de la reforma, pill sus principales aspectos y cómo deberá ser interpretada en la práctica.

2. Antecedentes

Cuando a fines del año 2000 se sancionó la ley 25.326 de protección de datos personales, viagra approved el Congreso incluyó un -blanqueo de morosos- en el art. 47 por el cual se buscaba -limpiar- los datos negativos de deudores existentes a la época de la sanción de la ley. Esa norma, muy criticada por la doctrina y generadora de una gran polémica , fue observada por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad prevista en el art. 83 de la Constitución Nacional y el Congreso nunca insistió.

Luego de la crisis del año 2001, se presentaron diversos proyectos de leyes tendientes a paliar la situación informativa de deudores de entidades financieras que aparecí­an en situación irregular, informados en bancos de datos de informes comerciales y en la base de datos del Banco Central. En el primer semestre del año 2006 existí­an mas de una veintena de proyectos de ley con tal finalidad en la cámara de diputados. Los proyectos se debatieron durante todo ese año, e incluso el PEN dictó una prórroga de sesiones a través del decreto 1670/06, que posibilitó que en la cámara baja se aprobara esa reforma en el mes de diciembre de aquel año.

Pero para poder ser tratado, el proyecto de reforma se desdobló en dos proyectos que recibieron aprobación el mismo dí­a en la cámara baja. El primero obligaba a través de la modificación del art. 47 de la ley de 25.326, a eliminar de los registros de las empresas de riesgo crediticio a los morosos que se hubiesen endeudado durante la última crisis económica -siempre y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o regularizadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley o lo sean dentro de los 180 dí­as posteriores a la misma-. Este es el proyecto convertido en ley que comentamos.

El segundo proyecto de reforma de la ley 25.326 , era una reforma muy amplia y controvertida del art. 26 de la ley 25.326 por la cual se introducí­an toda una serie de nuevos requisitos para incluir información en bancos de datos de informes comerciales y se encomendaba a la Dirección de Protección de datos personales (que a la fecha no cuenta con recursos suficientes para realizar todas las tareas que le encomienda el art. 29 de la ley 25.326) la creación de un registro de juicios finalizados. De aprobarse, constituirá una reforma integral de la regulación de informes comerciales, en especial del art. 26 de la ley 25.326 .

3. Principales aspectos de la ley 26.343
Como se señaló, la ley tiene un sólo artí­culo integrado por cuatro párrafos mediante el cual se incorpora un nuevo artí­culo 47 a la ley 25.326 con la siguiente redacción:

-Artí­culo 47: Los bancos de datos destinados a prestar servicios de información crediticia deberán eliminar y omitir el asiento en el futuro de todo dato referido a obligaciones y calificaciones asociadas de las personas fí­sicas y jurí­dicas cuyas obligaciones comerciales se hubieran constituido en mora, o cuyas obligaciones financieras hubieran sido clasificadas con categorí­a 2, 3, 4 o 5, según normativas del Banco Central de la República Argentina, en ambos casos durante el perí­odo comprendido entre el 1º de enero del año 2000 y el 10 de diciembre de 2003, siempre y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o regularizadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley o lo sean dentro de los 180 dí­as posteriores a la misma. La suscripción de un plan de pagos por parte del deudor, o la homologación del acuerdo preventivo o del acuerdo preventivo extrajudicial importará la regularización de la deuda, a los fines de esta ley.

El Banco Central de la República Argentina establecerá los mecanismos que deben cumplir las Entidades Financieras para informar a dicho organismo los datos necesarios para la determinación de los casos encuadrados. Una vez obtenida dicha información, el Banco Central de la República Argentina implementará las medidas necesarias para asegurar que todos aquellos que consultan los datos de su Central de Deudores sean informados de la procedencia e implicancias de lo aquí­ dispuesto.

Toda persona que considerase que sus obligaciones canceladas o regularizadas están incluidas en lo prescripto en el presente artí­culo puede hacer uso de los derechos de acceso, rectificación y actualización en relación con lo establecido.

Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, el acreedor debe comunicar a todo archivo, registro o banco de datos al que hubiera cedido datos referentes al incumplimiento de la obligación original, su cancelación o regularización-.

A continuación se comentan los aspectos salientes de la norma.

3.1. Sujetos que deben cumplir con la ley

La norma se aplica a los -bancos de datos destinados a prestar servicios de información crediticia-. La norma coincide con la terminologí­a usada por el art. 26 de la ley 25326 (esta se refiere a -prestación de servicios de información crediticia-) pero su campo es mas amplio porque alcanza a todo aquel que vende informes comerciales .

La norma alcanza también a los bancos y entidades financieras que les informan estos datos, ya que éstos también también deberán cumplir con el mandato legal para que lo dispuesto por el Congreso sentido. Ello surge además del último párrafo del art. 47 que hace referencia a la obligación del acreedor de comunicar (a la empresa de informes comerciales o al BCRA) la cancelación o regularización de la obligación.

Como veremos, la norma también alcanza a las bases de datos que mantiene el BCRA pues en definitiva al haber creado esta base de datos, el BCRA actúa como una central de riesgos de carácter público o estatal.

3.2. Derechos de los titulares de datos frente a esta norma
La ley dispone, un tanto sobreabundantemente, que -toda persona que considerase que sus obligaciones canceladas o regularizadas están incluidas en lo prescripto en el presente artí­culo puede hacer uso de los derechos de acceso, rectificación y actualización en relación con lo establecido (en esta norma)-.

Está claro que si la norma se inserta en el art. 47 de la ley 25.326 tales derechos integraban el plexo de recursos que dispone el titular de los datos personales. Pero la aclaración ayuda al interprete a concluir que el incumplimiento de estas disposiciones dejará habilitada la acción de protección de datos personales prevista en el art. 33 de la ley 25.326.

3.3. Obligación de comunicar
La norma finaliza señalando que -Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, el acreedor debe comunicar a todo archivo, registro o banco de datos al que hubiera cedido datos referentes al incumplimiento de la obligación original, su cancelación o regularización-.

Esta norma refuerza lo que decí­amos al comienzo acerca de su aplicación a todo acreedor, incluidos bancos y entidades financieras. Es que no tiene ningún sentido que solo se imponga su cumplimiento a las empresas de informes comerciales y no a quienes le suministran los datos en cuestión. Por otra parte tampoco servirí­a a los propósitos de la ley que los bancos cesen de informar si el dato sigue figurando históricamente, por ende la norma impone una obligación activa dentro de los supuestos contemplados en el art. 47, que recae tanto sobre la entidad financiera como sobre la proveedora de informes comerciales. El acreedor debe comunicar a todos aquellos a quienes hubiera cedido datos referentes al incumplimiento de la obligación original su cancelación o regularización en los términos de esta ley y el receptor debe borrar la deuda histórica respectiva. No alcanza, como sostuvo algún fallo adecuadamente, con dejar de informar el dato negativo .

4. Conclusiones y sugerencias
La ley introduce una modificación de poca importancia en la ley de protección de datos personales. Hay muchas e importantes reformas pendientes respecto de la materia que deberí­an implementarse en nuestro paí­s; y no todas requieren que se modifique la ley 25.326. Entre otras señalamos las reformas requeridas por la Unión Europea al aprobar a Argentina como paí­s adecuado y otras que la práctica y aplicación diaria de la ley, que ya cumple siete años, requiere decididamente tanto en materia de fondo como la procesal. Estas reformas deberán hacerse con el consenso y participación de todos los interesados, porque en la sociedad de la información la protección de datos personales y la privacidad deberí­a ser una polí­tica de estado. Por otra parte, como hemos señalado en otra ocasión , los temas sobre informes comerciales, si bien suelen ser los más abordados en nuestra doctrina y jurisprudencia, no son por ello los mas importantes dentro del amplio campo del Derecho de la Protección de los Datos Personales.


Fallo de la cámara comercial sobre derecho al olvido

Posted: junio 20th, 2007 | Author: | Filed under: Argentina, Casos, derecho al olvido, Informes comerciales | Tags: | Comentarios desactivados

El “blog de defensa del consumidor bancario”:http://clientesbancarios.blogspot.com/2007/06/camara-comercial-resuelve-borrar.html de Gabriel Martinez comenta una nueva decisión de la cámara comercial sobre el derecho al olvido.

En este caso la Cámara comercial dijo “Del análisis de las pretensiones se desprende que la aja del actor en los registros del BCRA se operó con posterioridad al inicio de la presente acción y una vez transcurrido en exceso el plazo quinquenal previsto por el art. 26 inc 4º de la ley 25.326 para las obligaciones impagas. Más allá de la atribución o no de la deuda al actor, website like this lo cierto es que el aludido plazo se consumió con anterioridad al inicio de la demanda – 17.4.06 – toda vez que la mora denunciada por la demandada data del mes de diciembre de 1999. De esta manera la entidad financiera con su proceder puso al accionante en la necesidad de accionar. Ello determina que deba cargar con las costas del proceso, pues no se hacen presente en el caso las circunstancias previstas por el cpr 70 que permitan eximirla de soportarlas-.
CNCOM SALA B, ZJV c. COMPANIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. S/ AMPARO (Expte 15021/2006), Sentencia de fecha 18 de mayo de 2007. Votos de los Dres Alonso de Diaz Cordero y Bargalló. Juzgado de origen cuya sentencia es revocada, Jdo 6 Sec 11.

*La doctrina del derecho al OLVIDO, el VERAZ y el habeas data.
Gabriel Martinez Medrano (www.oficinajuridica.com.ar)*

Recientemente se dio a publicidad la sentencia de la Sala B de la Camara Comercial de la Ciudad de Buenos Aires recaí­da en el expediente Z///// c. CIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. en la que intervinimos representando al Sr. Z por la parte actora.

En dicha sentencia la Camara Comercial reconoció el derecho al olvido que resulta expresamente legislado en el art. 26 inc 4) de la ley 25.326, mas comúnmente llamada ley de protección de datos o de habeas data.

En una sentencia sencilla pero muy clara, la Excma Camara distingue entre la existencia de la deuda del actor respecto de la obligación que tiene la Entidad Financiera de eliminar la información de los registros de morosos.

Aún en el caso de que una deuda aún sea exigible, si el hecho generador de la misma tiene mas de 5 años de antigí¼edad, la entidad acreedora debe cesar de informarla en el Banco Central y en las demas empresas de riesgo crediticio.

Este es un tema que generó resistencia en las Entidades Financieras, pero tambien fue un tema de amplio debate en el Congreso al momento de la sanción de la norma.

Del debate parlamentario emerge clara la solución que tiende a privilegiar el derecho de privacidad del ciudadano informado por sobre el interes del acreedor de que su deudor siga siendo informado. Como contrapartida, el derecho al olvido en nada influye en el derecho del acreedor de obtener el cobro de su deuda por los medios legales.

El articulo 26 inc 4) de la ley de habeas data dice:

“solo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho.”

Leyendo el art. 26 inciso 4) se observa que existen dos plazos, uno breve de 2 años que comienza a correr desde el pago o extinción de la obligación y otro largo de 5 años que comienza a correr desde que se genera la información en la Base de Datos.

El plazo breve se aplica a deudas pagadas, por eso se beneficia con la reducción. El plazo largo -“ 5 años -“ se aplica a deudas aún impagas.

La jurisprudencia ya habí­a tenido ocasión de pronunciarse en sentido similar. En un caso de 2005 en el que representamos a la parte actora se dijo:

-El art. 26 inc 4 ley 25.326 establece dos plazos, uno de cinco años y uno de dos para deudas pagas o extinguidas…la interpretación que efect{ua la a quo de comenzar el computo del plazo de cinco años desde que la obligación resulta inexigible, no resulta congruente con lo dispuesto por la norma que, como ya se dijo, establece un plazo mayor de cinco años, para deudas en mora y que debe contarse desde que la información es volcada al centro de datos y otro de dos años para las deudas inexigibles…-

G-¦ Juan Jose c. BCRA s. Habeas data de fecha 4 de febrero de 2005 Camara Federal Contencioso Administrativo.

La Excma Camara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, dijo:

El art 26 inc 4 ha establecido -“ en lo atinente a la prestacion de servicios de informacion crediticia -“ que solo se poran archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia economica financiera de los afectado durante los ultimos cinco años.Dicho plazo se reducira a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligacion, debiendose hacer constar dicho hecho…. Esta legislacion consagra el denominado derecho al olvido… constituye la faculad de las personas de exigir que las entidades informantes eliminen de sus registros datos que, aún exactos, son de vieja data…Sentado ello, la acción de habeas data -“ envirtud de los articulos 19, 33 y 43 de la Constitucion Nacional -“ permite el control de los datos personales y la proteccion de la intimidad no solo cuando exista falsedad o discriminacion, sino tambien cuando ese derecho se ejerza suprimiento informacion caduca, esto es que ha perdido virtualidad por el transcurso del tiempo… en el sub lite… surge que la deuda del actor data del 13 de septiembre de 1991. Y ponderando que, en virtud de lo prescripto por la normativa citada prededentemente, ha transcurrido en exceso el plazo de cinco años desde la ultima informacion adversa -“ que alcanza a la fecha de la sentencia del juicio ejecutivo -20 de febrero de 1995- y que no ha sido cuestionada por lal accionada la validez constitucional de la ley 25.326, resulta ajustado a derecho lo resuelto por el aquo, ello así­ se impone concluir en que la cancelación de la información resulta independiente del derecho que tiene la entidad financiera -“ como acreedor -“ a perseguir el credito en tanto no hubiera prescripto.

R-¦ Atilio Fernando c/ Organización Veraz y otro s/ Habeas Data, Expte 686/2005, Sala III, Camara Nacional en lo Civil y Comercial Federal.Votos de la Dra Medina y el Dr. Recondo, sentencia de fecha 3 de noviembre de 2005.

Más recientemente, el Procurador General del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, dictaminó en un Expediente de la Dirección Nacional de Protección de Datos y sentó la misma doctrina, que es obligatoria para las bases de datos publicas (en particular la del Banco Central).

Allí­ se dijo:

La interpretación que cabe asignar al artí­culo 26 de la Ley N* ° 25.326 no requiere, en modo alguno, la previa indagación acerca de la exigibilidad de la deuda de que se trate. En este sentido, el inciso 4* ° de dicho artí­culo establece un plazo de cinco años para el archivo, el registro o la cesión de los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados -“y de dos años para el supuesto de haber sido cancelada la deuda sin requerir, a tales fines, una evaluación previa acerca de la exigibilidad o no del crédito en cuestión. En consecuencia, a efectos de establecer si un dato debe ser informado por una entidad bancaria a la Central de Deudores del Sistema Financiero, administrada por el Banco Central de la República Argentina, sólo corresponde atender a la fecha en que la deuda se tornó exigible y, a partir de allí­, computar los cinco o dos años que establece el artí­culo 26, inciso 4* °, de la Ley N* ° 25.326, según corresponda.
Dict. Nº 338/06, 20 de noviembre de 2006. Expte. Nº 144.241/04. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (Dictámenes 259:197)

Conclusión:

El fallo que se ha dado a publicidad de la Sala B de la Camara Comercial está en lí­nea con la jurisprudencia predominante, según la cual existen dos plazos, vencidos los cuales no se puede informar a los morosos.

Un plazo de 5 años que comienza con la mora del deudor y un plazo de 2 años que comienza con el pago. El primer plazo que se cumpla implica inmediatamente que la Entidad Financiera acreedora debe dejar de informar los datos al Banco Central y que las bases de datos crediticias (p.ej. VERAZ entre otras) deben cesar de informar a la persona en cuestión como deudor moroso.

*Gabriel Martinez Medrano.* Es abogado especialista en Derecho y Economia de las Nuevas Tecnologí­as (Universidad Nacional de Mar del Plata) y en Derecho de Propiedad Intelectual (Universidad de Alicante, España). Desarrolla su especialidad representando clientes bancarios en la defensa de la privacidad en temas vinculados con la Ley de Habeas Data. www.oficinajuridica.com.ar


Fallo de juezgado civil reconoce el derecho al olvido en la Argentina

Posted: noviembre 23rd, 1999 | Author: | Filed under: Argentina, derecho al olvido | Tags: , , | Comentarios desactivados

Buenos Aires, global burden of disease noviembre 12 de 1999.

Considerando:

1.- De la información que integra el banco de datos de la demandada, try y cuya difusión a pedido de terceros realiza, malady el actor sólo pretende la supresión del dato queda cuenta de una inhabilitación en todo el país para operar en cuenta corriente por infracción al art. 302    del CPen.

No se encuentra controvertida la veracidad del informe, ni la facultad que le asiste a la demandada de ejercer la actividad comercial que lleva a cabo.

En la causa penal 1398 caratulada “C…, Alberto y Barembuen, Víctor s/ art. 302 del CPen.    ” se dictó sentencia el 31/10/1989 condenándose al actor a 1 año y 8 meses de inhabilitación especial para ser titular de cuenta corriente bancaria o para ser autorizado para operar en las de terceras personas. Cumplida la condena, la causa fue archivada el 18/2/1991. La condena dictada en ese proceso es la que da lugar a la información antes aludida.

El actor sostiene que, en orden a lo normado en el art. 51 inc. 3    del CPen., el dato difundido y cuya supresión pretende, se encuentra caduco. Que al haberse cumplido la pena el 31/4/1991 dicho dato podía difundirse -conf. al art. 51    del CPen.- hasta el 31/4/1996 y no por un plazo de 10 años como lo hace la demandada.

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