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Buenos Aires, 29 de julio de 2009.

Y VISTOS; estos autos caratulados “DA CUNHA, VIRGINIA C/ YAHOO DE ARGENTINA S.R.L. Y OTRO” (Expte. Nº: …), en condiciones de dictar Sentencia, de los que RESULTA;
I. A fs. 72/99 se presenta VIRGINIA DA CUNHA por derecho propio e inicia demanda contra YAHOO DE ARGENTINA S.R.L. y contra GOOGLE INC reclamando la suma de pesos … por reparación del daño material y moral. Pide además que se condene a los demandados al cese definitivo del uso antijurí­dico y no autorizado de su imagen y de su nombre y a la eliminación de su imagen y nombre de los sitios de contenido sexual, erótico y pornográfico denunciados y/o a eliminar las vinculaciones de su nombre, imagen y fotografias con esos sitios y actividades.
Relata que se desempeña como modelo, cantante y actriz, que realizó campañas publicitarias y desfiles de modelos, con participaciones en programas vinculados con el mundo de la moda, la publicidad, la conducción televisiva y el espectáculo.
Manifiesta que a raiz de comentarios de familiares y amigos sobre la aparición de su nombre y fotografí­as en distintas páginas web de dudosa reputación, así­ como en la búsqueda por imágenes de los portales accesibles desde los buscadores de los demandados, accedió a través de los web sites www.yahoo.com.ar y www.google.com.ar y comprobó que al incluir su nombre en el campo de búsqueda, encontró su nombre, fotografí­as e imágenes que eran vinculadas y utilizadas en forma indebida y sin consentimiento con sitios de contenido sexual, pornográfico, de acompañantes y otras actividades ligadas con el tráfico de sexo.
Refiere además que a través de la búsqueda por imágenes observó que se difundí­an fotografias suyas en los portales por todo el mundo pese a que no prestó su consentimiento. Explica que de las búsquedas publicadas por los accionados se desprende que cualquier persona que ingrese su nombre en esos buscadores obtiene como resultado una serie de enlaces a diferentes páginas web que la ligan con actividades sexuales agraviantes a su persona e incompatibles con su forma de vida y conducta, además de la búsqueda por imágenes que permite imprimir, ampliar, modificar y formar un “book” con esas fotografí­as.
Funda su reclamo en el uso comercial no autorizado de su imagen y en el avasallamiento de sus derechos personalí­simos al honor, al nombre, a la imagen y a la intimidad, al haberla vinculado e incluí­do arbitrariamente en páginas de internet que en nada se compadecen con su pensamiento y actividad profesional de las caracterí­sticas que señala.
Ofrece prueba y solicita se haga lugar a la demanda.

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El presente artí­culo tiene por finalidad precisar un tema muy controvertido en la jurisprudencia y poco debatido por la doctrina especializada, consistente en el momento hasta el cuál las entidades financieras tienen derecho a seguir informando la deuda en cabeza del obligado al pago a la “Central de Deudores del BCRA”.

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En virtud de la Comunicación “A” 2389 del 1.11.95 el Banco Central dispuso la creación de un Registro o Base de Datos, con la información que mensualmente le deben suministrar las entidades bancarias, financieras y las empresas de tarjetas de crédito, respecto de sus respectivos clientes.
Conforme la citada disposición la información que las entidades deberán remitir mensualmente al BCRA será: denominación, identificación, actividad principal, total de deuda, deuda sin garantí­a ni contragarantí­as preferidas, y situación de los deudores comprendidos.
Con dicha información se conformó la denominada “Central de Información Crediticia” que incluyó dichos datos y especificando además la entidad informante.
Este Banco de Datos es supervisado y administrado por el Ente Rector, y atento lo establecido por la Circular “A” 1/95, se procede mensualmente a agrupar los deudores en base a las informaciones que suministran las entidades financieras.
La referida Base de Datos fue es puesta a disposición de dichas entidades así­ como también de las empresas especializadas en el seguimiento de riesgos crediticios.
En el punto 6 de la referida Comunicación -A- 2389 se establece expresamente que la información contenida en la Central de Deudores y retransmitida por el citado Banco Central “es de exclusiva responsabilidad de las entidades que las suministraron en cuanto a su veracidad” (bancos, entidades financieras o no financieras emisoras de tarjetas de crédito, etc.).
Posteriormente, mediante Comunicación A 2562 de fecha 17.7.97 el BCRA dispuso efectuar modificaciones al régimen informativo de “Total de Deudores” y “Principales Deudores del Sistema Financiero” unificándolos en la denominada “Central de Deudores del Sistema Financiero”.

*b. Transmisión de la Información*
La información recopilada por el Banco Central, hasta el mes de septiembre de 1997, era transmitida a todo el sistema través de cintas magnéticas (Comunicación -A- 2389 del O1.11.95 y “A” 2481).
A partir de abril de 1998 la citada información es difundida al público en general por medio del CD ROM (Compact Disc) entregado por el BCRA, conforme Comunicación “A” 2679 del 30.03.98 y Comunicación “A” 2686 de fecha 14.04.98.
La información rectificativa de las entidades debe realizarse con arreglo a lo dispuesto en la Comunicación “B” 6329 del 22.05.99.

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Por medio de la Comunicación “A” 2216 del 09.06.94 el BCRA estableció que “…a partir de junio de 1994, los deudores de las entidades financieras se clasificarán conforme las normas de las contenidas en el Anexo I de la presente comunicación …”
A su vez, el citado Anexo I estableció lo siguiente:
Clasificación de los deudores comerciales:
a) En situación Normal (1);
b) Cumplimiento inadecuado (2);
c) Cumplimiento deficiente (3);
d) De difí­cil recuperación (4);
e) Irrecuperable (5);
f) Irrecuperable por disposición técnica (6).
En base a la clasificación de sus deudores comerciales, establecida en la mencionada Circular, las entidades financieras quedaron obligadas a informar al Banco Central la situación de dichos deudores.
En efecto, en virtud de lo dispuesto en la Comunicación “A” 2216 del 09.06.94 y la Circular “A” 2587 del 09.01.98 del BCRA:
-¢ Las entidades bancarias, financieras y emisoras de tarjetas de crédito, por disposición del BCRA, deben informar sus tomadores de crédito y calificar dichas operaciones, de acuerdo al cumplimiento que registren.
-¢ A su vez esa información, conforma e integra la denominada “Central de Información Crediticia” (hoy denominada ‘Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina’) del Banco Central de la República Argentina, que es comunicada a toda la plaza financiera, es decir a las entidades financieras y empresas autorizadas expresamente.
Dicha información es retransmitida a todo el sistema financiero a través de los sistemas, cuyo funcionamiento fuera explicado precedentemente.
La información al respecto también es suministrada por el Banco Central y difundida al público en general por medio del CD ROM (Compact Disc) entregado por el BCRA, y ví­a Internet, accediendo al sitio

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El artí­culo 26, apartado 4* ° de la ley 25.326 establece que -sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho-.

Se consagra el instituto que en doctrina se denomina -derecho al olvido-, el cual ha sido definido como -el principio a tenor del cual ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido un determinado lapso desde el momento en que acaeció el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado- 1)

Se trata, pues, de un derecho reconocido objetivamente, sin que sea necesario más que demostrar la existencia del transcurso del plazo respectivo, ya que para que comience a correr el plazo de cinco años no es necesario que la deuda haya sido cancelada o extinguida, caso contrario, carecerí­a de sentido que el mismo artí­culo luego fijara un plazo menor de dos años para solicitar la supresión de aquella información que se refiere a deudas ya extinguidas.

A su vez, dicha norma es complementada por el decreto 1558/2001, que al reglamentar el citado art. 26 dispone -…para apreciar la solvencia económico financiera de una persona … se tendrí­a en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco años, éstos se contarán a partir de la fecha de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible…-

La jurisprudencia no se ha desenvuelto en forma pací­fica en torno al momento a partir del cual se debe comenzar a computar el plazo de cinco años que estipula la normativa analizada, estableciéndose en algunos precedentes que debe ser desde la mora y en otros que debe ser desde la última información adversa archivad.

Del simple cotejo del decreto reglamentario podrí­amos concluir que lo relevante para la ley es la diligencia que el acreedor debe tener en la actualización de la comunicación acerca de la vigencia de la deuda, pues su falta de diligencia opera en favor del titular de los datos otorgándole la posibilidad de suprimir el dato una vez transcurrido el plazo legal, aún cuando la deuda sea exigible.

Es decir, a primera vista parecerí­a lógico comenzar a computar el plazo de caducidad desde que la entidad deja de informar que la deuda está vigente, pues también resultarí­a legí­timo el derecho de los interesados de conocer la solvencia patrimonial de la persona que les ha solicitado un préstamo, la cual no serí­a en tal caso pasada sino actual.

Si bien podrí­a decirse que tal interpretación restringirí­a en cierto modo el instituto del -derecho al olvido- -“ conforme se concibiera en sus orí­genes al hacerlo depender de la diligencia del acreedor en mantener la información permanentemente actualizada y no del mero transcurso de un cierto plazo, lo cierto es que en el orden de ideas que venimos desarrollando la reglamentación consignada precedentemente no deberí­a ser tildada de irrazonable pues, en definitiva, no harí­a mas que reflejar una situación patrimonial del deudor que se mantiene vigente.

En sí­ntesis, si bien se intenta proteger el derecho a la intimidad de las personas, dicho derecho debe ser compatibilizado con el derecho de los acreedores o potenciales acreedores de tener acceso a aquellos datos que permitan evaluar la solvencia económica de tales personas.

Además, no se está condenando a los deudores a que sus datos permanezcan a perpetuidad en diferentes registros, pues cuando las deudas dejen de ser exigibles (por prescripción, novación o cualquier otro modo de extinción) comenzará a regir el plazo de dos años (que se computa desde el momento preciso en que se extingue la obligación) previsto en el segundo apartado del citado art. 26 de la ley 25.326; mientras ello no ocurra, si el acreedor mantiene actualizados los datos, el plazo de caducidad no operará.

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La ley, mediante el instituto que denominamos “concurso”, procede a establecer diversas ví­as para la superación del estado de cesación de pagos: una saneatoria o rehabilitatoria, que teniendo en miras la capacidad de generación de ingresos del sujeto en cesación persigue que, previa detención de la acciones de agresión patrimonial, éste pueda, a través de un acuerdo de mayorí­as con sus acreedores, obtener las quitas, esperas o modificaciones de la especie debida que le permitan “repagar” tales pasivos mutados y continuar como sujeto útil en el mercado, y otra quirúrgica o liquidativa, que procede al rápido desapoderamiento y liquidación de los activos del cesante para pagar lo que buenamente se pueda con el producido, para permitir que los bienes vuelvan al mercado en manos teóricamente más aptas y para brindar al quebrado la chance de un nuevo comienzo, liberado del pasivo antiguo, el que sólo podrá ser cobrado de los bienes objeto de desapoderamiento.

a. El Concursamiento del Deudor:
En el caso de presentación del deudor informado en concurso preventivo, si bien el art. 55 de la ley 24.522 establece que -el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso-, entendida ésta como la -transformación de una obligación en otra- conforme lo prevé el art. 801 del Código Civil, en la práctica las entidades financieras aplican una normativa administrativa especí­fica -Clasificación de Deudores del BCRA- (to. al 04/05/07) que las obliga a informar a sus deudores en situación -4- (punto 6.5.4.7) cuando hayan solicitado su concurso preventivo; en situación -3 (punto 6.5.3.6) cuando hayan abonado mas del 20% del importe involucrado en convenios de pago resultantes de concordatos judiciales o extrajudiciales homologados, o en situación -2- (punto 6.5.2.1. VI) cuando hayan abonado menos del 20% citado.

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En el caso de quiebra del deudor informado, cotidianamente se presenta una primera confusión relacionada con el instituto de la -rehabilitación- del fallido prevista en el art. 236 de la Ley 24.522.
Sobre el punto, tenemos que la rehabilitación produce el cese de las inhabilitaciones personales propias de la quiebra , más no producirí­a, según la letra de la ley, la extinción de las obligaciones de titulo o causa anterior al decreto de quiebra.
Por ello, el art. 231 de la ley 24.522 nos aclara el panorama al proyectar los efectos de la quiebra respecto del fallido hasta que se produzca la conclusión de la misma por el transcurso de dos años desde la clausura del procedimiento, ya sea por falta de activo (art. 232 LCQ) o por distribución final (art. 230 LCQ).
Dicho estadio procesal y no otro, resulta ser el momento oportuno a partir del cual el dato perderí­a vigencia.

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El presente trabajo tiene por objetivo pretender despejar el interrogante planteado en el tí­tulo que da origen al mismo, mediante algunas aproximaciones acerca de los casos que cotidianamente afrontan las entidades financieras en su actividad comercial habitual.
Por dicho motivo, entiendo que dada las diferentes posturas existentes en torno a la interpretación de la normativa que regula la materia, se tornarí­a necesaria una armonización, por ejemplo, entre el artí­culo 26, apartado 4 ° de la ley 25.326 y el decreto 1558/2001 que lo reglamenta, como así­ también entre los arts. 55 y 231 de la ley 24.522 y el -Clasificador de Deudores del BCRA-, pues tal como están redactadas dichas normas parecerí­an, en principio, contradecirse, generando confusión y contiendas judiciales totalmente evitables.